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Vigue, señalada de corrupción en todo México y controla la basura de SLP
Red Ambiental ha sido denunciada en diversas ocasiones de prestar un mal servicio, inflar precios y pagar campañas de políticos panistas, ahora busca que Enrique Galindo le renueve su concesión
Por: Ana G Silva
En marzo de 2024, el Ayuntamiento de San Luis Potosí, con Enrique Galindo al frente, deberá decidir si se renueva la concesión a la empresa Red Ambiental Vigue, que es responsable de la recolección y disposición final de la basura en la capital del estado. Esta empresa en una década de prestar el servicio ha tenido una serie de polémicas con los gobiernos en turno, a tal punto que su contrato estuvo a punto de ser rescindido. La compañía es tan grande que hoy tiene presencia en más de 30 ciudades en México, esto a pesar de que el cobro que hacen por prestar el servicio es el más alto del mercado y a pesar de que varios de los ayuntamientos han tenido diversos problemas con su operación.
De acuerdo con el diario Milenio, la empresa Red Ambiental se ha visto beneficiada de favores políticos en las licitaciones de diferentes estados de la República, pues se ha visto involucrada con el financiamiento de campañas políticas del PAN, instituto político del que emanaron los alcaldes que le es otorgaron las conseciones. Por poner algunos ejemplos en Monterrey Red Ambiental fue firmada por Roberto Ugo Ruiz Cortes, en San Pedro Garza García, y Margarita Arellanos en Monterrey en 2014 y en 2009 llegó a San Luis Potosí después de ganar una cuestionada licitación durante la gestión del también panista Jorge Lozano Armengol. Actualmente algunas de las ciudades en las que tiene presencia son Saltillo, Coahuila; Santa Catarina, Escobedo, San Nicolás y Monterrey en Nuevo León; en el Puerto de Veracruz y en la capital de San Luis Potosí.
La Red Ambiental de Horacio Guerra Marroquín, es “artificialmente” exitosa y ocasiona un gran daño social al impactar los bolsillos de los ciudadanos con contratos más caros y con una vigencia prolongada aún no explicada, como en Campeche, donde el Ayuntamiento debe pagar 4.2 millones de pesos al mes, por un contrato que inició en 2002 con Jorge Carlos Hurtado Valdez y que se renovó con la ex alcaldesa panista Beatriz Sélem Trueba en 2014 por 18 años más.
En 2019, el Observatorio Legislativo de Quintana Roo denunció que el Ayuntamiento de Benito Juárez pagó a Red Ambiental una tarifa por tonelada de basura recolectada al doble del precio de mercado, 
En San Luis Potosí, esta empresa ha sido señalada de prestar un servicio deficiente y en 2016 estalló un pleito que afectó durante semanas a la ciudad: el entonces alcalde, Ricardo Gallardo Juárez, rompió con Red Ambiental, pues se tenía una deuda de 100 millones de pesos de las pasadas administraciones, esto provocó que la concesionaria dejara de recolectar la basura en los meses de enero y febrero de ese año, lo que desencadenó una contingencia, por lo que Gallardo tuvo que poner a disposición un plan emergente con más de 100 camiones para realizar esta labor, algunos de estos fueron prestados por el gobierno de la Ciudad de México encabezado por Miguel Angel Mancera.
Algo parecido ocurrió en El Carmen, Nuevo León, donde se dejó de prestar el servicio en el mes de marzo del 2022, pues el gobierno municipal tenía un adeudo con la empresa de los meses de septiembre de 2021 a enero de 2022, lo que provocó que los habitantes empezaran a tirar la basura en las calles; el servicio se restableció hasta finales de abril.
A pesar de autonombrarse una empresa “ambiental”, en dos ocasiones fueron clausurados sus inmuebles: el primero fue en 2020 cuando la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem) cerró un predio ubicado en el Parque Industrial Toluca 2000 pues la fauna era nociva, ya que había un aumento de larvas y moscas.
La segunda clausura se dio porque se encontraron residuos hospitalarios dentro de contenedores, además de que el lugar no contaba con la infraestructura necesaria para el tratamiento y almacenamiento de residuos sólidos de este tipo. Este hecho también fue en Toluca.
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El alcalde capitalino afirmó que el Ayuntamiento administra la plaza y que resistirá la carga; días antes, el Ejecutivo estatal había descartado su uso hasta que se repare y apúntale el inmueble
Por: Redacción
Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, respondió el viernes a la postura del gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, quien días antes descartó el uso de la Plaza de los Fundadores para transmitir los partidos del Mundial.
Galindo hizo énfasis en que la administración del inmueble corresponde al Ayuntamiento. “La plaza aguanta”, afirmó,
El funcionario citó esos antecedentes como evidencia de que la plaza puede habilitarse para eventos masivos sin riesgos para los ciudadanos y aseguró que la transmisión oficial del Mundial se llevará acabo en la emblemática plaza.
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El corte será de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde en Xilitla, Axtla y Matlapa; No descartan afectaciones en Tamazunchale y San Martín Chalchicuautla
Por: Redacción
Miles de habitantes de la Huasteca Sur de San Luis Potosí se quedarán sin energía eléctrica este martes 12 de mayo, luego de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunciara una suspensión masiva del servicio por trabajos de mantenimiento en la red.
De acuerdo con avisos emitidos por ayuntamientos de la región, el corte está programado de las 9:00 de la mañana a las 5:00 de la tarde y tiene como objetivo realizar maniobras para reforzar la confiabilidad de la Red Nacional de Transmisión.
Los municipios confirmados con afectaciones son Xilitla, Axtla de Terrazas y Matlapa; sin embargo, autoridades no descartan interrupciones temporales en otras zonas de Tamazunchale y San Martín Chalchicuautla
En Xilitla, autoridades municipales advirtieron que prácticamente todo el territorio se verá afectado por la suspensión del suministro eléctrico. Mientras tanto, en Axtla y Matlapa también se prevén apagones en comunidades y sectores rurales.
Ante el anuncio, autoridades recomendaron a la población tomar precauciones, como desconectar aparatos eléctricos para evitar daños por variaciones de voltaje, almacenar agua y anticipar posibles afectaciones en comercios, sistemas de bombeo y servicios que dependen de energía eléctrica.
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Estudio identifica además que existe una creciente preocupación respecto al rumbo del país en materia de seguridad pública y estabilidad económica
Por: Redacción
La presidenta Claudia Sheinbaum mantiene una aprobación sólida entre la población mexicana, aunque comienzan a registrarse señales de desgaste en temas sensibles como seguridad, percepción económica y confianza institucional, de acuerdo con el más reciente estudio nacional de evaluación gubernamental elaborado por Demotecnia.
La medición correspondiente a abril de 2026 confirma que la mandataria conserva una base amplia de respaldo ciudadano a siete meses del inicio de su administración, particularmente entre mujeres, adultos mayores y sectores beneficiarios de programas sociales.
Sin embargo, el estudio también revela un cambio importante en el ánimo público: la ciudadanía comienza a dejar atrás la expectativa y entra lentamente a una etapa de evaluación de resultados.
Entre los rubros mejor evaluados se encuentran la cercanía de la presidenta con la población, el manejo de programas sociales y la percepción de liderazgo político. En contraste, los temas relacionados con inseguridad, violencia y situación económica familiar muestran señales de mayor presión social
El estudio identifica además que, aunque la imagen presidencial sigue siendo positiva, existe una creciente preocupación respecto al rumbo del país en materia de seguridad pública y estabilidad económica.
Otro dato relevante es que la aprobación presidencial mantiene diferencias claras según grupos demográficos y regiones del país, lo que confirma que el respaldo a Sheinbaum no es homogéneo, aunque sí mayoritario.
La encuesta de Demotecnia muestra además que la presidenta conserva un capital político importante rumbo a los próximos procesos electorales, aunque enfrenta el desafío de transformar popularidad en percepción de eficacia gubernamental.
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