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Vigue, señalada de corrupción en todo México y controla la basura de SLP
Red Ambiental ha sido denunciada en diversas ocasiones de prestar un mal servicio, inflar precios y pagar campañas de políticos panistas, ahora busca que Enrique Galindo le renueve su concesión
Por: Ana G Silva
En marzo de 2024, el Ayuntamiento de San Luis Potosí, con Enrique Galindo al frente, deberá decidir si se renueva la concesión a la empresa Red Ambiental Vigue, que es responsable de la recolección y disposición final de la basura en la capital del estado. Esta empresa en una década de prestar el servicio ha tenido una serie de polémicas con los gobiernos en turno, a tal punto que su contrato estuvo a punto de ser rescindido. La compañía es tan grande que hoy tiene presencia en más de 30 ciudades en México, esto a pesar de que el cobro que hacen por prestar el servicio es el más alto del mercado y a pesar de que varios de los ayuntamientos han tenido diversos problemas con su operación.
De acuerdo con el diario Milenio, la empresa Red Ambiental se ha visto beneficiada de favores políticos en las licitaciones de diferentes estados de la República, pues se ha visto involucrada con el financiamiento de campañas políticas del PAN, instituto político del que emanaron los alcaldes que le es otorgaron las conseciones. Por poner algunos ejemplos en Monterrey Red Ambiental fue firmada por Roberto Ugo Ruiz Cortes, en San Pedro Garza García, y Margarita Arellanos en Monterrey en 2014 y en 2009 llegó a San Luis Potosí después de ganar una cuestionada licitación durante la gestión del también panista Jorge Lozano Armengol. Actualmente algunas de las ciudades en las que tiene presencia son Saltillo, Coahuila; Santa Catarina, Escobedo, San Nicolás y Monterrey en Nuevo León; en el Puerto de Veracruz y en la capital de San Luis Potosí.
La Red Ambiental de Horacio Guerra Marroquín, es “artificialmente” exitosa y ocasiona un gran daño social al impactar los bolsillos de los ciudadanos con contratos más caros y con una vigencia prolongada aún no explicada, como en Campeche, donde el Ayuntamiento debe pagar 4.2 millones de pesos al mes, por un contrato que inició en 2002 con Jorge Carlos Hurtado Valdez y que se renovó con la ex alcaldesa panista Beatriz Sélem Trueba en 2014 por 18 años más.
En 2019, el Observatorio Legislativo de Quintana Roo denunció que el Ayuntamiento de Benito Juárez pagó a Red Ambiental una tarifa por tonelada de basura recolectada al doble del precio de mercado, pues en el contrato el municipio debía pagar del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021, un monto total de 260 millones de pesos, es decir, 730 pesos por tonelada, cuando la concesionaria Inteligencia México cobraba 372 pesos.
En San Luis Potosí, esta empresa ha sido señalada de prestar un servicio deficiente y en 2016 estalló un pleito que afectó durante semanas a la ciudad: el entonces alcalde, Ricardo Gallardo Juárez, rompió con Red Ambiental, pues se tenía una deuda de 100 millones de pesos de las pasadas administraciones, esto provocó que la concesionaria dejara de recolectar la basura en los meses de enero y febrero de ese año, lo que desencadenó una contingencia, por lo que Gallardo tuvo que poner a disposición un plan emergente con más de 100 camiones para realizar esta labor, algunos de estos fueron prestados por el gobierno de la Ciudad de México encabezado por Miguel Angel Mancera.
Algo parecido ocurrió en El Carmen, Nuevo León, donde se dejó de prestar el servicio en el mes de marzo del 2022, pues el gobierno municipal tenía un adeudo con la empresa de los meses de septiembre de 2021 a enero de 2022, lo que provocó que los habitantes empezaran a tirar la basura en las calles; el servicio se restableció hasta finales de abril.
A pesar de autonombrarse una empresa “ambiental”, en dos ocasiones fueron clausurados sus inmuebles: el primero fue en 2020 cuando la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem) cerró un predio ubicado en el Parque Industrial Toluca 2000 pues la fauna era nociva, ya que había un aumento de larvas y moscas.
La segunda clausura se dio porque se encontraron residuos hospitalarios dentro de contenedores, además de que el lugar no contaba con la infraestructura necesaria para el tratamiento y almacenamiento de residuos sólidos de este tipo. Este hecho también fue en Toluca.
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Hallan sin vida a empresarios de Villa de Reyes en Zacatecas
Las víctimas estaban desaparecidas desde el 7 de febrero; uno de ellos tenía proyección política en el municipio
Por: Redacción
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) confirmó el hallazgo sin vida de Pablo Ortega Venegas, de 36 años, y Óscar Osbaldo Luna Silva, de 38 años, ambos originarios del municipio de Villa de Reyes, quienes habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado sábado 7 de febrero.
Los cuerpos fueron localizados en el municipio de Pinos, Zacatecas, lo que derivó en una coordinación inmediata entre agentes de la Policía de Investigación (PDI) de San Luis Potosí y Zacatecas para llevar a cabo las diligencias correspondientes y esclarecer el doble homicidio.
De acuerdo con la información oficial, desde el momento en que se tuvo conocimiento de la no localización de ambos hombres, la FGESLP activó los protocolos de búsqueda, emitió las fichas correspondientes a través de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y abrió carpetas de investigación tras las denuncias presentadas por familiares.
Las víctimas fueron vistas por última vez en puntos distintos: Pablo Ortega Venegas, conocido como “Pablo Carreta”, en las inmediaciones del rancho “La Carreta”, mientras que Óscar Osbaldo Luna Silva fue reportado por última vez en la entrada al municipio de Jesús María. Las autoridades también solicitaron apoyo ciudadano para localizar dos vehículos en los que presuntamente se transportaban: una camioneta Kia Sportage color vino y un Nissan Tsuru blanco.
Pablo Ortega Venegas se perfilaba como posible candidato a la presidencia municipal de Villa de Reyes por Movimiento Ciudadano, mientras que Óscar Osbaldo Luna Silva era productor agrícola y hermano de Aurelio Luna, asesinado en 2024, quien también aspiraba a contender por la alcaldía del municipio, en ese caso por Morena.
Previo a la confirmación del deceso, familiares y amigos habían convocado a una marcha pacífica para este martes 10 de febrero, con el objetivo de exigir la aparición con vida de las personas privadas ilegalmente de la libertad.
La FGESLP informó que ha robustecido las indagatorias para establecer cómo ocurrieron los hechos y dar con los responsables, aunque hasta el momento no se han revelado las condiciones en las que fueron encontrados los cuerpos.
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Tras feminicidios de los últimos días, Fiscalía pide denunciar cualquier tipo de violencia
María Manuela García señaló que la falta de denuncia sigue siendo un tema muy común, incluso cuando ya hay una detención de por medio
Por: Redacción
Tras los dos feminicidios ocurridos en San Luis Potosí en días recientes, María Manuela García Cazares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier tipo de violencia familiar para evitar estos trágicos acontecimientos.
La fiscal señaló que en ninguno de los dos casos existía algún reporte previo por violencia familiar, lo que hace prácticamente imposible la prevención del crimen por parte de las autoridades.
García Cazares indicó que la falta de denuncia sigue siendo un problema muy grande en estas situaciones , ya que incluso es “muy frecuente” que al hacer una detención, la víctima decida no ejercer acciones, por lo que tienen que dejar en libertad al presunto agresor.
Finalmente, recalcó la invitación a las personas que sufran algún tipo de violencia de acercarse a las autoridades a reportar estos hechos, con el fin de que la FGE pueda actuar a tiempo y evitar que la situación trascienda a mayores.
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Extorsión por préstamos ilegales persiste en la zona metropolitana: SSPC
Las autoridades aseguran que sin denuncia directa es difícil proceder legalmente
Por: Redacción
Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reconoció que el fenómeno de extorsión bajo la modalidad de “gota a gota” continúa presente en la zona metropolitana de San Luis Potosí, particularmente en la capital y en Soledad de Graciano Sánchez, aunque aseguró que ya se han realizado detenciones y acciones de seguimiento para contener este delito.
Cuestionado sobre las denuncias relacionadas con presuntos extorsionadores de origen colombiano que operan en la capital potosina, el funcionario explicó que han sido principalmente la Policía Municipal de Soledad y la Guardia Civil Estatal quienes han logrado detener a personas vinculadas con este esquema de préstamos ilegales.
Juárez Hernández reconoció que se trata de un fenómeno complejo, ya que este tipo de extorsión se origina a partir de préstamos informales, lo que dificulta la acreditación del delito ante la Fiscalía General del Estado y la posibilidad de realizar detenciones en flagrancia.
“Es algo complicado porque se necesita la denuncia de la persona afectada. Al derivar de un préstamo, jurídicamente se complica demostrar el delito; sin embargo, cuando existe señalamiento directo y la víctima está dispuesta a denunciar, se logra la detención”, explicó.
El titular de la SSPC señaló que el tema ha sido abordado de manera constante en las mesas de seguridad , donde se mantiene la instrucción de dar seguimiento puntual a este tipo de casos en la zona metropolitana.
En contraste, destacó que en la región Altiplano, particularmente en Matehuala, se ha logrado una reducción significativa de la incidencia delictiva relacionada con extorsión y cobro de piso, tras la detención de integrantes de un grupo criminal que también estaba vinculado con venta de droga, robo al autotransporte y homicidios.
Indicó que estas acciones no corresponden únicamente a operativos recientes, sino a un trabajo sostenido de al menos dos años, lo que ha permitido debilitar de forma considerable a dicha organización criminal.
Finalmente, Juárez Hernández reiteró que, en el caso de la zona metropolitana, el combate a la extorsión requiere no solo de operativos policiacos, sino también de la colaboración de las víctimas mediante la denuncia, para poder proceder legalmente contra quienes incurren en estas prácticas.
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