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Vigue, señalada de corrupción en todo México y controla la basura de SLP
Red Ambiental ha sido denunciada en diversas ocasiones de prestar un mal servicio, inflar precios y pagar campañas de políticos panistas, ahora busca que Enrique Galindo le renueve su concesión
Por: Ana G Silva
En marzo de 2024, el Ayuntamiento de San Luis Potosí, con Enrique Galindo al frente, deberá decidir si se renueva la concesión a la empresa Red Ambiental Vigue, que es responsable de la recolección y disposición final de la basura en la capital del estado. Esta empresa en una década de prestar el servicio ha tenido una serie de polémicas con los gobiernos en turno, a tal punto que su contrato estuvo a punto de ser rescindido. La compañía es tan grande que hoy tiene presencia en más de 30 ciudades en México, esto a pesar de que el cobro que hacen por prestar el servicio es el más alto del mercado y a pesar de que varios de los ayuntamientos han tenido diversos problemas con su operación.
De acuerdo con el diario Milenio, la empresa Red Ambiental se ha visto beneficiada de favores políticos en las licitaciones de diferentes estados de la República, pues se ha visto involucrada con el financiamiento de campañas políticas del PAN, instituto político del que emanaron los alcaldes que le es otorgaron las conseciones. Por poner algunos ejemplos en Monterrey Red Ambiental fue firmada por Roberto Ugo Ruiz Cortes, en San Pedro Garza García, y Margarita Arellanos en Monterrey en 2014 y en 2009 llegó a San Luis Potosí después de ganar una cuestionada licitación durante la gestión del también panista Jorge Lozano Armengol. Actualmente algunas de las ciudades en las que tiene presencia son Saltillo, Coahuila; Santa Catarina, Escobedo, San Nicolás y Monterrey en Nuevo León; en el Puerto de Veracruz y en la capital de San Luis Potosí.
La Red Ambiental de Horacio Guerra Marroquín, es “artificialmente” exitosa y ocasiona un gran daño social al impactar los bolsillos de los ciudadanos con contratos más caros y con una vigencia prolongada aún no explicada, como en Campeche, donde el Ayuntamiento debe pagar 4.2 millones de pesos al mes, por un contrato que inició en 2002 con Jorge Carlos Hurtado Valdez y que se renovó con la ex alcaldesa panista Beatriz Sélem Trueba en 2014 por 18 años más. 
En 2019, el Observatorio Legislativo de Quintana Roo denunció que el Ayuntamiento de Benito Juárez pagó a Red Ambiental una tarifa por tonelada de basura recolectada al doble del precio de mercado, 
En San Luis Potosí, esta empresa ha sido señalada de prestar un servicio deficiente y en 2016 estalló un pleito que afectó durante semanas a la ciudad: el entonces alcalde, Ricardo Gallardo Juárez, rompió con Red Ambiental, pues se tenía una deuda de 100 millones de pesos de las pasadas administraciones, esto provocó que la concesionaria dejara de recolectar la basura en los meses de enero y febrero de ese año, lo que desencadenó una contingencia, por lo que Gallardo tuvo que poner a disposición un plan emergente con más de 100 camiones para realizar esta labor, algunos de estos fueron prestados por el gobierno de la Ciudad de México encabezado por Miguel Angel Mancera.
Algo parecido ocurrió en El Carmen, Nuevo León, donde se dejó de prestar el servicio en el mes de marzo del 2022, pues el gobierno municipal tenía un adeudo con la empresa de los meses de septiembre de 2021 a enero de 2022, lo que provocó que los habitantes empezaran a tirar la basura en las calles; el servicio se restableció hasta finales de abril.
A pesar de autonombrarse una empresa “ambiental”, en dos ocasiones fueron clausurados sus inmuebles: el primero fue en 2020 cuando la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem) cerró un predio ubicado en el Parque Industrial Toluca 2000 pues la fauna era nociva, ya que había un aumento de larvas y moscas.
La segunda clausura se dio porque se encontraron residuos hospitalarios dentro de contenedores, además de que el lugar no contaba con la infraestructura necesaria para el tratamiento y almacenamiento de residuos sólidos de este tipo. Este hecho también fue en Toluca.
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La Fiscalía informó que tres de los presuntos responsables ya fueron detenidos y llamó a denunciar cualquier caso de violencia familiar
Por: Redacción
Cinco mujeres han sido asesinadas por razones de género en San Luis Potosí en lo que va de 2026, según el registro de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí. Un juez de control ya calificó tres de esos casos como feminicidios; los otros dos siguen en investigación.
María Manuela García Cázares, fiscal general del Estado de San Luis Potosí, explicó que el criterio para catalogar un homicidio como feminicidio depende de si hay una cuestión de género de por medio. “Cuestiones de género, si hay una cuestión de género es un feminicidio”, sostuvo.
Del total de casos, la Fiscalía cuenta con tres personas detenidas, todas parejas de las víctimas; las detenciones ocurrieron en los primeros meses de 2026. Los dos casos que aún no han sido catalogados como feminicidio u homicidio ocurrieron el mes pasado, indicó García Cázares. No se precisó si hay detenidos en estos dos casos.
En 2025, la Fiscalía registró un total de seis feminicidios. García Cázares afirmó que 2026 va “más o menos” al mismo ritmo y llamó a las víctimas de violencia familiar a denunciar, pues advirtió que ese tipo de violencia suele derivar en agresiones mayores.
No se precisó el estatus procesal de los dos casos pendientes de clasificación ni si las víctimas habían denunciado violencia previa.
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El alcalde citó como prueba la atención con recurso propio a colonias sin servicio de Interapas, en el marco del plan de desincorporación que anunció la semana pasada
Por: Redacción
Juan Manuel Navarro Muñiz, alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, afirmó que el municipio ha demostrado que puede atender por su cuenta las fallas del servicio de agua en colonias donde el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (Interapas) no responde, como argumento a favor del proceso de desincorporación que anunció la semana pasada.
El alcalde dijo que, ante colonias donde Interapas “nada más no responde”, el Ayuntamiento atiende el problema desde el inicio de su administración con pipas, desazolves y reparación de drenajes con recurso propio. Puso como ejemplo la colonia San Antonio, donde dijo que ya se sustituyen calles casi en su totalidad para reparar drenajes colapsados.
Navarro Muñiz explicó que, para el abasto de agua en colonias sin servicio, el municipio aprovecha que las escuelas están de vacaciones
“Lo hemos demostrado que sí podemos… y eso lo hacemos con recurso propio”, afirmó el alcalde, quien sostuvo que, si el organismo de agua que planea crear Soledad llegara a generar ingresos propios por el cobro del servicio, el municipio podría atender aún más necesidades.
El alcalde también reportó buen funcionamiento del colector pluvial de la zona de Privadas tras las lluvias de la semana pasada, lo que dijo confirma que la infraestructura hidráulica construida por su administración “está jalando”. Navarro anunció el 3 de julio que Soledad tiene listo un plan para desincorporarse de Interapas, aunque no ha precisado una fecha para formalizar la salida.
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Los diputados reconocen la intención pero no pueden incluir montos que obliguen a los ayuntamientos a gastar recursos no presupuestados
Por: Redacción
La legislación para respaldar al H. Cuerpo de Bomberos Metropolitanos y avanzar en su municipalización sigue pendiente en el Congreso del Estado, informó el comandante Adolfo Benavente Duque.
El funcionario explicó que los diputados han manifestado la intención de legislar en favor del organismo, pero enfrentan un obstáculo: no pueden incluir montos específicos en el decreto porque eso implicaría obligar a los ayuntamientos a realizar un gasto que posiblemente no tengan contemplado en su presupuesto
“La intención está, pero al final no le pueden poner cantidad, no le pueden poner monto al decreto o a la ley
Mientras la Ley de Bomberos permanece sin avance concreto, el Cuerpo de Bomberos opera con déficit de personal y recursos, y no hay una fecha tentativa para que el tema sea retomado en el próximo periodo ordinario del Congreso.
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