abril 22, 2026

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Vigue, señalada de corrupción en todo México y controla la basura de SLP

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Red Ambiental ha sido denunciada en diversas ocasiones de prestar un mal servicio, inflar precios y pagar campañas de políticos panistas, ahora busca que Enrique Galindo le renueve su concesión

Por: Ana G Silva

En marzo de 2024, el Ayuntamiento de San Luis Potosí, con Enrique Galindo al frente, deberá decidir si se renueva la concesión a la empresa Red Ambiental Vigue, que es responsable de la recolección y disposición final de la basura en la capital del estado. Esta empresa en una década de prestar el servicio ha tenido una serie de polémicas con los gobiernos en turno, a tal punto que su contrato estuvo a punto de ser rescindido. La compañía es tan grande que hoy tiene presencia en más de 30 ciudades en México, esto a pesar de que el cobro que hacen por prestar el servicio es el más alto del mercado y a pesar de que varios de los ayuntamientos han tenido diversos problemas con su operación.

De acuerdo con el diario Milenio, la empresa Red Ambiental se ha visto beneficiada de favores políticos en las licitaciones de diferentes estados de la República, pues se ha visto involucrada con el financiamiento de campañas políticas del PAN, instituto político del que emanaron los alcaldes que le es otorgaron las conseciones. Por poner algunos ejemplos en Monterrey Red Ambiental fue firmada por Roberto Ugo Ruiz Cortes, en San Pedro Garza García, y Margarita Arellanos en Monterrey en 2014 y en 2009 llegó a San Luis Potosí después de ganar una cuestionada licitación durante la gestión del también panista Jorge Lozano Armengol. Actualmente algunas de las ciudades en las que tiene presencia son Saltillo, Coahuila; Santa Catarina, Escobedo, San Nicolás y Monterrey en Nuevo León; en el Puerto de Veracruz y en la capital de San Luis Potosí.

La Red Ambiental de Horacio Guerra Marroquín, es “artificialmente” exitosa y ocasiona un gran daño social al impactar los bolsillos de los ciudadanos con contratos más caros y con una vigencia prolongada aún no explicada, como en Campeche, donde el Ayuntamiento debe pagar 4.2 millones de pesos al mes, por un contrato que inició en 2002 con Jorge Carlos Hurtado Valdez y que se renovó con la ex alcaldesa panista Beatriz Sélem Trueba en 2014 por 18 años más.

En 2019, el Observatorio Legislativo de Quintana Roo denunció que el Ayuntamiento de Benito Juárez pagó a Red Ambiental una tarifa por tonelada de basura recolectada al doble del precio de mercado,

pues en el contrato el municipio debía pagar del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021, un monto total de 260 millones de pesos, es decir, 730 pesos por tonelada, cuando la concesionaria Inteligencia México cobraba 372 pesos.

En San Luis Potosí, esta empresa ha sido señalada de prestar un servicio deficiente y en 2016 estalló un pleito que afectó durante semanas a la ciudad: el entonces alcalde, Ricardo Gallardo Juárez, rompió con Red Ambiental, pues se tenía una deuda de 100 millones de pesos de las pasadas administraciones, esto provocó que la concesionaria dejara de recolectar la basura en los meses de enero y febrero de ese año, lo que desencadenó una contingencia, por lo que Gallardo tuvo que poner a disposición un plan emergente con más de 100 camiones para realizar esta labor, algunos de estos fueron prestados por el gobierno de la Ciudad de México encabezado por Miguel Angel Mancera.

Algo parecido ocurrió en El Carmen, Nuevo León, donde se dejó de prestar el servicio en el mes de marzo del 2022, pues el gobierno municipal tenía un adeudo con la empresa de los meses de septiembre de 2021 a enero de 2022, lo que provocó que los habitantes empezaran a tirar la basura en las calles; el servicio se restableció hasta finales de abril.

A pesar de autonombrarse una empresa “ambiental”, en dos ocasiones fueron clausurados sus inmuebles: el primero fue en 2020 cuando la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem) cerró un predio ubicado en el Parque Industrial Toluca 2000 pues la fauna era nociva, ya que había un aumento de larvas y moscas.

La segunda clausura se dio porque se encontraron residuos hospitalarios dentro de contenedores, además de que el lugar no contaba con la infraestructura necesaria para el tratamiento y almacenamiento de residuos sólidos de este tipo. Este hecho también fue en Toluca.

También lee: ¿La basura de SLP debe seguir en manos de Vigue?

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Conagua en SLP cierra la puerta al fracking: “Mientras yo esté, no habrá permisos”

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El delegado advirtió riesgos graves para mantos acuíferos, además de que la Huasteca es considerada una zona altamente vulnerable

Por: Redacción

Darío Fernando González Castillo, delegado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en San Luis Potosí, aseguró que en la entidad no se otorgarán permisos para la práctica del fracking, al advertir que representa un alto riesgo ambiental, particularmente en la región Huasteca.

El funcionario fue enfático: mientras esté al frente de la dependencia, no se permitirá este tipo de extracción energética en el estado: “Mientras yo esté en la titularidad de la Conagua en San Luis Potosí, no habrá permisos de fracking como se conoce”, declaró.

González Castillo explicó que la técnica de fracturación hidráulica implica riesgos significativos, especialmente por el uso intensivo de agua, químicos y la imposibilidad de controlar completamente la presión en el subsuelo.

Advirtió que en una zona como la Huasteca, caracterizada por su compleja geología, el fracking podría provocar contaminación de mantos acuíferos o alterar corrientes subterráneas.

“Sería un alto riesgo, no solo por la cantidad de agua que se utiliza, sino por la posibilidad de afectar los mantos freáticos”, señaló.

El delegado subrayó que, aunque el río Pánuco ha sido considerado una de las principales fuentes de agua en el país, su disponibilidad no es constante durante todo el año. Detalló que la suficiencia hídrica se concentra en apenas cuatro meses, mientras que el resto del año se presentan periodos de estiaje o sequía

, lo que agrava cualquier riesgo de sobreexplotación.

González Castillo indicó que la postura de Conagua está alineada con la política energética del gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, que prioriza la sostenibilidad.

Aclaró que, aunque se han mencionado nuevas técnicas para la extracción de gas, estas no contemplan el fracking como actualmente se conoce.

El funcionario no descartó completamente la exploración energética, pero condicionó cualquier proyecto a la existencia de estudios previos y al uso de tecnologías que no pongan en riesgo el agua ni el medio ambiente.

Recordó casos como el de la Minera San Xavier en Cerro de San Pedro, donde los daños ambientales han tardado años en ser mitigados.

“Imagínate que le hiciéramos eso a la Huasteca”, advirtió.

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Sin vuelos a Atlanta desde mayo… y sin fecha clara de regreso

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El titular de Sedeco mencionó que siguen a la espera de que la aerolínea defina si la suspensión será temporal o definitiva

Por: Redacción

La suspensión del vuelo entre San Luis Potosí y Atlanta a partir de mayo es un hecho, pero su continuidad más allá de ese mes aún es incierta, reconoció el secretario de Desarrollo Económico del estado, Jesús Salvador González Martínez.

El funcionario explicó que, hasta el momento, no existe información oficial que confirme si la ruta será cancelada de manera definitiva o si únicamente se trata de una pausa temporal. Aunque el Grupo Aeroportuario Centro-Norte (OMA) notificó de forma verbal que en mayo no habrá operaciones, la aerolínea responsable aún no emite un comunicado formal que aclare el futuro del itinerario.

“Seguimos a la espera de una postura oficial para saber si la suspensión será solo por mayo o si se prolongará”, indicó.

En ese sentido, González Martínez admitió que prevalece la incertidumbre, ya que no ha fluido información concreta sobre las causas del paro ni sobre una eventual reactivación. Sin embargo, señaló que versiones dentro del sector aeronáutico —particularmente entre pilotos y operadores— apuntan a que la ruta podría no recuperarse en el corto plazo, debido a distintos factores que influyen en las decisiones comerciales de las aerolíneas.

Por ahora, lo único confirmado es que durante mayo los usuarios no podrán contar con vuelos directos entre San Luis Potosí y Atlanta, una de las conexiones internacionales más relevantes para la entidad.

Pese a este escenario, el secretario destacó que en junio comenzarán a operar nuevas rutas por parte de Volaris y VivaAerobus, las cuales fortalecerán la conectividad nacional y sumarán al menos una opción adicional hacia Estados Unidos.

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Caso Metro Red avanza: uno en prisión domiciliaria y otros dos en espera

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El gobernador Gallardo dijo que Leopoldo Stevens Amaro está “prácticamente sentenciado”; cumple prisión domiciliaria y ya está en proceso de devolver recursos

Por: Redacción

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, informó que ya hay avances importantes en las investigaciones por el presunto desvío millonario de recursos en el proyecto Metro Red, al señalar que uno de los exfuncionarios implicados se encuentra prácticamente sentenciado.

Se trata de Leopoldo Stevens Amaro, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública (Seduvop) durante la administración estatal anterior, quien actualmente cumple prisión domiciliaria mientras avanza el proceso de devolución de recursos.

“Ya tenemos una persona que está prácticamente sentenciada… ya está en el tema de devolución de dinero”, afirmó el mandatario estatal.

Gallardo Cardona agregó que existen al menos otros dos exfuncionarios involucrados en el caso, cuyos expedientes ya fueron judicializados por la Fiscalía; sin embargo, indicó que los procesos se encuentran en espera de resolución por parte del Poder Judicial.

“Ya los mandó a judicializar, pero los juzgados están tardando”, explicó.

Aunque evitó revelar los nombres de los otros implicados, el gobernador aseguró que en breve se conocerán más detalles conforme avancen los procesos legales.

El caso MetroRed ha sido señalado como uno de los principales expedientes relacionados con presuntos actos de corrupción en la pasada administración, particularmente por el manejo irregular de recursos destinados a infraestructura de movilidad.

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