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Vigue, señalada de corrupción en todo México y controla la basura de SLP
Red Ambiental ha sido denunciada en diversas ocasiones de prestar un mal servicio, inflar precios y pagar campañas de políticos panistas, ahora busca que Enrique Galindo le renueve su concesión
Por: Ana G Silva
En marzo de 2024, el Ayuntamiento de San Luis Potosí, con Enrique Galindo al frente, deberá decidir si se renueva la concesión a la empresa Red Ambiental Vigue, que es responsable de la recolección y disposición final de la basura en la capital del estado. Esta empresa en una década de prestar el servicio ha tenido una serie de polémicas con los gobiernos en turno, a tal punto que su contrato estuvo a punto de ser rescindido. La compañía es tan grande que hoy tiene presencia en más de 30 ciudades en México, esto a pesar de que el cobro que hacen por prestar el servicio es el más alto del mercado y a pesar de que varios de los ayuntamientos han tenido diversos problemas con su operación.
De acuerdo con el diario Milenio, la empresa Red Ambiental se ha visto beneficiada de favores políticos en las licitaciones de diferentes estados de la República, pues se ha visto involucrada con el financiamiento de campañas políticas del PAN, instituto político del que emanaron los alcaldes que le es otorgaron las conseciones. Por poner algunos ejemplos en Monterrey Red Ambiental fue firmada por Roberto Ugo Ruiz Cortes, en San Pedro Garza García, y Margarita Arellanos en Monterrey en 2014 y en 2009 llegó a San Luis Potosí después de ganar una cuestionada licitación durante la gestión del también panista Jorge Lozano Armengol. Actualmente algunas de las ciudades en las que tiene presencia son Saltillo, Coahuila; Santa Catarina, Escobedo, San Nicolás y Monterrey en Nuevo León; en el Puerto de Veracruz y en la capital de San Luis Potosí.
La Red Ambiental de Horacio Guerra Marroquín, es “artificialmente” exitosa y ocasiona un gran daño social al impactar los bolsillos de los ciudadanos con contratos más caros y con una vigencia prolongada aún no explicada, como en Campeche, donde el Ayuntamiento debe pagar 4.2 millones de pesos al mes, por un contrato que inició en 2002 con Jorge Carlos Hurtado Valdez y que se renovó con la ex alcaldesa panista Beatriz Sélem Trueba en 2014 por 18 años más.
En 2019, el Observatorio Legislativo de Quintana Roo denunció que el Ayuntamiento de Benito Juárez pagó a Red Ambiental una tarifa por tonelada de basura recolectada al doble del precio de mercado, pues en el contrato el municipio debía pagar del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021, un monto total de 260 millones de pesos, es decir, 730 pesos por tonelada, cuando la concesionaria Inteligencia México cobraba 372 pesos.
En San Luis Potosí, esta empresa ha sido señalada de prestar un servicio deficiente y en 2016 estalló un pleito que afectó durante semanas a la ciudad: el entonces alcalde, Ricardo Gallardo Juárez, rompió con Red Ambiental, pues se tenía una deuda de 100 millones de pesos de las pasadas administraciones, esto provocó que la concesionaria dejara de recolectar la basura en los meses de enero y febrero de ese año, lo que desencadenó una contingencia, por lo que Gallardo tuvo que poner a disposición un plan emergente con más de 100 camiones para realizar esta labor, algunos de estos fueron prestados por el gobierno de la Ciudad de México encabezado por Miguel Angel Mancera.
Algo parecido ocurrió en El Carmen, Nuevo León, donde se dejó de prestar el servicio en el mes de marzo del 2022, pues el gobierno municipal tenía un adeudo con la empresa de los meses de septiembre de 2021 a enero de 2022, lo que provocó que los habitantes empezaran a tirar la basura en las calles; el servicio se restableció hasta finales de abril.
A pesar de autonombrarse una empresa “ambiental”, en dos ocasiones fueron clausurados sus inmuebles: el primero fue en 2020 cuando la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem) cerró un predio ubicado en el Parque Industrial Toluca 2000 pues la fauna era nociva, ya que había un aumento de larvas y moscas.
La segunda clausura se dio porque se encontraron residuos hospitalarios dentro de contenedores, además de que el lugar no contaba con la infraestructura necesaria para el tratamiento y almacenamiento de residuos sólidos de este tipo. Este hecho también fue en Toluca.
También lee: ¿La basura de SLP debe seguir en manos de Vigue?
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Enfrentamientos armados en Tanquián; mencionan a grupo ligado a Sánchez Zumaya
La Guardia Civil Estatal reportó un presunto agresor muerto, dos hombres detenidos y cuatro vehículos asegurados
Por: Redacción
Una serie de enfrentamientos armados registrados la noche del sábado 17 de octubre en Tanquián de Escobedo dejó como saldo un presunto agresor muerto, dos hombres detenidos —uno de ellos lesionado— y cuatro vehículos asegurados, de acuerdo con información atribuida a la Guardia Civil Estatal (GCE).
Los hechos ocurrieron después de reportes sobre la presencia de personas armadas en el municipio. Habitantes señalaron haber escuchado detonaciones durante la noche, particularmente en la zona de la colonia Terraplén, lo que generó temor entre la población.
De acuerdo con una versión publicada por el medio regional Emsavalles, un convoy de aproximadamente 10 camionetas, presuntamente procedente de Tempoal, Veracruz, habría ingresado a Tanquián con la intención de atacar al alcalde Pablo Jonguitud. L a publicación sostiene que personas identificadas como simpatizantes del grupo político de Gerardo Sánchez Zumaya respondieron a la agresión.
Según la información difundida sobre el operativo Escudo Huasteco, elementos estatales intervinieron ante los reportes de personas armadas y repelieron agresiones. El saldo informado fue de dos hombres detenidos, uno de ellos herido, un presunto agresor muerto y cuatro vehículos asegurados, además de armas y otros objetos.
También se reportó que otros dos hombres huyeron hacia una zona de monte. Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar la identidad y participación de las personas involucradas.
Por ahora, las circunstancias del enfrentamiento y su posible relación con el alcalde de Tanquián permanecen bajo investigación.
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Ciudad
HS Hyosung invertirá más de mil 100 mdp en planta automotriz en Villa de Pozos
La empresa surcoreana instalará una fábrica de alfombras para vehículos en el Parque Industrial Colinas, con arranque previsto para 2027
Por: Redacción
La empresa surcoreana HS Hyosung contempla invertir más de mil 100 millones de pesos en una planta para fabricar alfombras automotrices en el Parque Industrial Colinas, en Villa de Pozos. El proyecto se desarrollará en tres etapas y tiene previsto iniciar operaciones en 2027, de acuerdo con información del Gobierno Municipal.
La presidenta concejal de Villa de Pozos, Paty Aradillas Aradillas, sostuvo un primer encuentro con representantes del conglomerado industrial para establecer posibles acuerdos de colaboración entre la empresa y el Ayuntamiento.
Según la información municipal, el acercamiento busca facilitar la coordinación entre ambas partes y contribuir al desarrollo industrial y económico del municipio.
El proyecto representa una nueva inversión industrial prevista para la zona; sin embargo, el comunicado no precisa cuántos empleos generaría la planta ni el calendario de construcción de sus tres etapas.
El Gobierno Municipal señaló que continuará promoviendo vínculos con la iniciativa privada para atraer inversiones y ampliar las oportunidades laborales en Villa de Pozos.
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Fraude en Las Lomas: Padre e hijo presuntamente defraudan a familias por 50 mdp
Una de las personas afectadas refiere denuncias por inversiones sin devolución, presunta doble venta de terrenos y reclamos que superarían los 50 millones de pesos
Por: Ana G Silva
Luis Alberto “N” y su padre, Rodolfo “N”, permanecen detenidos en la Fiscalía General del Estado, luego de ser aprehendidos el viernes 16 de octubre en la zona de Lomas Cuarta Sección, en San Luis Potosí. De acuerdo con la información proporcionada por una de las personas afectadas, el caso estaría relacionado con una investigación por el presunto robo con violencia de más de 100 mil pesos a un familiar.
Sin embargo, los señalamientos contra Luis Alberto “N” también incluyen presuntas operaciones de inversión en las que varias personas habrían entregado dinero con la expectativa de obtener rendimientos, así como la supuesta venta de terrenos que ya habrían sido comercializados a otros compradores.
Según el testimonio compartido con este medio, las detenciones ocurrieron alrededor de las 10:00 horas del viernes. Luis Alberto “N” habría sido interceptado por agentes ministeriales cuando circulaba en una camioneta Volkswagen blanca con placas de Texas, en las inmediaciones de Cordillera Arakan y Sierra Gamón. Su padre habría sido detenido poco después de salir de su domicilio.
La fuente confirmó que ambos se encuentran detenidos en instalaciones de la Fiscalía.
Un robo denunciado desde 2020
Uno de los casos referidos se remonta al 8 de abril de 2020, cuando Alejandro “P”, primo de Luis Alberto “N” y sobrino de Rodolfo “N”, presuntamente fue víctima de un robo con violencia por una cantidad superior a los 100 mil pesos.
En los señalamientos también aparece Lilia Araceli “N”, madre de Luis Alberto y esposa de Rodolfo. Sin embargo, no se cuenta con información verificada sobre su situación jurídica ni sobre una posible participación acreditada en los hechos.
De acuerdo con la persona denunciante, la investigación por este presunto robo estaría relacionada con las detenciones de padre e hijo.
Inversiones sin devolución y terrenos presuntamente vendidos dos veces
Además del caso de robo, la fuente señaló que varias personas habrían entregado dinero a Luis Alberto “N” para participar en inversiones que ofrecían rendimientos. Según los testimonios referidos, algunos afectados no habrían recuperado el capital que entregaron ni las ganancias que presuntamente se les prometieron.
Otros señalamientos están relacionados con operaciones inmobiliarias. Las personas afectadas sostienen que compraron terrenos que, presuntamente, ya habían sido vendidos con anterioridad a otros compradores, situación que habría generado conflictos por la propiedad de los predios y pérdidas económicas.
De acuerdo con el recuento proporcionado por la fuente, las reclamaciones económicas superarían los 50 millones de pesos y estarían vinculadas con ocho carpetas de investigación.
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