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Vigue, señalada de corrupción en todo México y controla la basura de SLP
Red Ambiental ha sido denunciada en diversas ocasiones de prestar un mal servicio, inflar precios y pagar campañas de políticos panistas, ahora busca que Enrique Galindo le renueve su concesión
Por: Ana G Silva
En marzo de 2024, el Ayuntamiento de San Luis Potosí, con Enrique Galindo al frente, deberá decidir si se renueva la concesión a la empresa Red Ambiental Vigue, que es responsable de la recolección y disposición final de la basura en la capital del estado. Esta empresa en una década de prestar el servicio ha tenido una serie de polémicas con los gobiernos en turno, a tal punto que su contrato estuvo a punto de ser rescindido. La compañía es tan grande que hoy tiene presencia en más de 30 ciudades en México, esto a pesar de que el cobro que hacen por prestar el servicio es el más alto del mercado y a pesar de que varios de los ayuntamientos han tenido diversos problemas con su operación.
De acuerdo con el diario Milenio, la empresa Red Ambiental se ha visto beneficiada de favores políticos en las licitaciones de diferentes estados de la República, pues se ha visto involucrada con el financiamiento de campañas políticas del PAN, instituto político del que emanaron los alcaldes que le es otorgaron las conseciones. Por poner algunos ejemplos en Monterrey Red Ambiental fue firmada por Roberto Ugo Ruiz Cortes, en San Pedro Garza García, y Margarita Arellanos en Monterrey en 2014 y en 2009 llegó a San Luis Potosí después de ganar una cuestionada licitación durante la gestión del también panista Jorge Lozano Armengol. Actualmente algunas de las ciudades en las que tiene presencia son Saltillo, Coahuila; Santa Catarina, Escobedo, San Nicolás y Monterrey en Nuevo León; en el Puerto de Veracruz y en la capital de San Luis Potosí.
La Red Ambiental de Horacio Guerra Marroquín, es “artificialmente” exitosa y ocasiona un gran daño social al impactar los bolsillos de los ciudadanos con contratos más caros y con una vigencia prolongada aún no explicada, como en Campeche, donde el Ayuntamiento debe pagar 4.2 millones de pesos al mes, por un contrato que inició en 2002 con Jorge Carlos Hurtado Valdez y que se renovó con la ex alcaldesa panista Beatriz Sélem Trueba en 2014 por 18 años más.
En 2019, el Observatorio Legislativo de Quintana Roo denunció que el Ayuntamiento de Benito Juárez pagó a Red Ambiental una tarifa por tonelada de basura recolectada al doble del precio de mercado, 
En San Luis Potosí, esta empresa ha sido señalada de prestar un servicio deficiente y en 2016 estalló un pleito que afectó durante semanas a la ciudad: el entonces alcalde, Ricardo Gallardo Juárez, rompió con Red Ambiental, pues se tenía una deuda de 100 millones de pesos de las pasadas administraciones, esto provocó que la concesionaria dejara de recolectar la basura en los meses de enero y febrero de ese año, lo que desencadenó una contingencia, por lo que Gallardo tuvo que poner a disposición un plan emergente con más de 100 camiones para realizar esta labor, algunos de estos fueron prestados por el gobierno de la Ciudad de México encabezado por Miguel Angel Mancera.
Algo parecido ocurrió en El Carmen, Nuevo León, donde se dejó de prestar el servicio en el mes de marzo del 2022, pues el gobierno municipal tenía un adeudo con la empresa de los meses de septiembre de 2021 a enero de 2022, lo que provocó que los habitantes empezaran a tirar la basura en las calles; el servicio se restableció hasta finales de abril.
A pesar de autonombrarse una empresa “ambiental”, en dos ocasiones fueron clausurados sus inmuebles: el primero fue en 2020 cuando la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem) cerró un predio ubicado en el Parque Industrial Toluca 2000 pues la fauna era nociva, ya que había un aumento de larvas y moscas.
La segunda clausura se dio porque se encontraron residuos hospitalarios dentro de contenedores, además de que el lugar no contaba con la infraestructura necesaria para el tratamiento y almacenamiento de residuos sólidos de este tipo. Este hecho también fue en Toluca.
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El Gobierno Federal asignó los trabajos que permitirán evaluar los impactos ambientales del tramo de 203 kilómetros
Por: Redacción
El proyecto del tren de pasajeros entre Querétaro y San Luis Potosí registró un nuevo avance luego de que el Gobierno Federal adjudicara los estudios ambientales necesarios para continuar con la planeación de la obra ferroviaria.
Será el consorcio conformado por Ingeniería y Construcción 3G y Ecosfera Consultoría Desarrollo y Supervisión Ambiental el que se encargue de esta parte del proyecto.
Los trabajos forman parte del proceso previo a la construcción del tramo Querétaro-San Luis Potosí, considerado dentro del corredor ferroviario México-Nuevo Laredo, una de las principales apuestas de infraestructura de la administración federal.
De acuerdo con la convocatoria emitida por la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (Attrapi)
El tramo contemplado tiene una longitud aproximada de 203 kilómetros y atravesaría municipios de Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí. En territorio potosino, la ruta considera el paso por Santa María del Río, Villa de Reyes, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.
Como parte de los trabajos también deberá elaborarse la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), así como estudios relacionados con cobertura vegetal, uso de suelo, manejo ambiental y evaluación técnico-económica del proyecto.
El tren Querétaro-San Luis Potosí forma parte de la segunda fase de expansión de la red nacional de trenes de pasajeros impulsada por el Gobierno Federal, junto con los tramos San Luis Potosí-Saltillo, Irapuato-Querétaro y Mazatlán-Los Mochis.
Aunque la adjudicación de los estudios no implica el inicio inmediato de las obras, sí representa uno de los pasos indispensables para obtener las autorizaciones ambientales y definir la viabilidad final del proyecto ferroviario.
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Rubén Guajardo afirmó que la ley se aprobó sin suficiente análisis y reiteró que su bancada votó en contra desde el inicio
Por: Redacción
El grupo parlamentario del PAN en el Congreso de San Luis Potosí anunció que buscará reabrir la discusión sobre la denominada “Ley Serrano”.
El coordinador de la bancada panista, Rubén Guajardo Barrera, adelantó que su partido prepara una nueva propuesta legislativa que será presentada durante el próximo periodo ordinario de sesiones, al tiempo que insistió en mantener abiertos los canales de diálogo con colectivos, especialistas y ciudadanía inconforme.
El legislador recordó que las diputadas y diputados del PAN votaron en contra de la reforma desde su aprobación en el Pleno, al considerar que fue avalada sin un análisis suficientemente amplio y porque contempla sanciones penales en un contexto donde persisten cuestionamientos sobre el uso de medidas cautelares restrictivas de la libertad.
Guajardo Barrera señaló que una de las principales preocupaciones de Acción Nacional es que una persona pueda enfrentar consecuencias penales severas sin que exista todavía una sentencia firme en su contra.
El diputado sostuvo que el Congreso debe privilegiar la construcción de consensos y reconoció que el tema requiere un debate más amplio ante el rápido avance de las tecnologías digitales.
En ese sentido, informó que desde la Junta de Coordinación Política se buscará abrir mesas de diálogo para revisar posibles ajustes a la legislación y construir una propuesta que otorgue certeza jurídica sin afectar derechos fundamentales.
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El sector mayorista lideró el avance con ingresos 7.4% más altos; las remuneraciones en menudeo crecieron 6.4%, aunque el empleo apenas sumó 0.6%.
Por: Redacción
El comercio en San Luis Potosí registró incrementos en ingresos, salarios y empleo durante abril de 2026, de acuerdo con la Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
En el sector al menudeo, los ingresos por suministro de bienes y servicios aumentaron 4.6 por ciento. Las remuneraciones subieron 6.4 por ciento y el personal ocupado creció 0.6 por ciento
El comercio al por mayor registró un desempeño mayor: los ingresos crecieron 7.4 por ciento, las mercancías adquiridas para reventa aumentaron 5.3 por ciento y las remuneraciones medias subieron 2.7 por ciento.
La EMEC es una encuesta mensual del INEGI que mide el desempeño de empresas comerciales en México mediante indicadores de ingresos, empleo y remuneraciones. Los datos de abril de 2026 fueron difundidos por el Gobierno del Estado de San Luis Potosí.
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