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Vigue, señalada de corrupción en todo México y controla la basura de SLP
Red Ambiental ha sido denunciada en diversas ocasiones de prestar un mal servicio, inflar precios y pagar campañas de políticos panistas, ahora busca que Enrique Galindo le renueve su concesión
Por: Ana G Silva
En marzo de 2024, el Ayuntamiento de San Luis Potosí, con Enrique Galindo al frente, deberá decidir si se renueva la concesión a la empresa Red Ambiental Vigue, que es responsable de la recolección y disposición final de la basura en la capital del estado. Esta empresa en una década de prestar el servicio ha tenido una serie de polémicas con los gobiernos en turno, a tal punto que su contrato estuvo a punto de ser rescindido. La compañía es tan grande que hoy tiene presencia en más de 30 ciudades en México, esto a pesar de que el cobro que hacen por prestar el servicio es el más alto del mercado y a pesar de que varios de los ayuntamientos han tenido diversos problemas con su operación.
De acuerdo con el diario Milenio, la empresa Red Ambiental se ha visto beneficiada de favores políticos en las licitaciones de diferentes estados de la República, pues se ha visto involucrada con el financiamiento de campañas políticas del PAN, instituto político del que emanaron los alcaldes que le es otorgaron las conseciones. Por poner algunos ejemplos en Monterrey Red Ambiental fue firmada por Roberto Ugo Ruiz Cortes, en San Pedro Garza García, y Margarita Arellanos en Monterrey en 2014 y en 2009 llegó a San Luis Potosí después de ganar una cuestionada licitación durante la gestión del también panista Jorge Lozano Armengol. Actualmente algunas de las ciudades en las que tiene presencia son Saltillo, Coahuila; Santa Catarina, Escobedo, San Nicolás y Monterrey en Nuevo León; en el Puerto de Veracruz y en la capital de San Luis Potosí.
La Red Ambiental de Horacio Guerra Marroquín, es “artificialmente” exitosa y ocasiona un gran daño social al impactar los bolsillos de los ciudadanos con contratos más caros y con una vigencia prolongada aún no explicada, como en Campeche, donde el Ayuntamiento debe pagar 4.2 millones de pesos al mes, por un contrato que inició en 2002 con Jorge Carlos Hurtado Valdez y que se renovó con la ex alcaldesa panista Beatriz Sélem Trueba en 2014 por 18 años más.
En 2019, el Observatorio Legislativo de Quintana Roo denunció que el Ayuntamiento de Benito Juárez pagó a Red Ambiental una tarifa por tonelada de basura recolectada al doble del precio de mercado, pues en el contrato el municipio debía pagar del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021, un monto total de 260 millones de pesos, es decir, 730 pesos por tonelada, cuando la concesionaria Inteligencia México cobraba 372 pesos.
En San Luis Potosí, esta empresa ha sido señalada de prestar un servicio deficiente y en 2016 estalló un pleito que afectó durante semanas a la ciudad: el entonces alcalde, Ricardo Gallardo Juárez, rompió con Red Ambiental, pues se tenía una deuda de 100 millones de pesos de las pasadas administraciones, esto provocó que la concesionaria dejara de recolectar la basura en los meses de enero y febrero de ese año, lo que desencadenó una contingencia, por lo que Gallardo tuvo que poner a disposición un plan emergente con más de 100 camiones para realizar esta labor, algunos de estos fueron prestados por el gobierno de la Ciudad de México encabezado por Miguel Angel Mancera.
Algo parecido ocurrió en El Carmen, Nuevo León, donde se dejó de prestar el servicio en el mes de marzo del 2022, pues el gobierno municipal tenía un adeudo con la empresa de los meses de septiembre de 2021 a enero de 2022, lo que provocó que los habitantes empezaran a tirar la basura en las calles; el servicio se restableció hasta finales de abril.
A pesar de autonombrarse una empresa “ambiental”, en dos ocasiones fueron clausurados sus inmuebles: el primero fue en 2020 cuando la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem) cerró un predio ubicado en el Parque Industrial Toluca 2000 pues la fauna era nociva, ya que había un aumento de larvas y moscas.
La segunda clausura se dio porque se encontraron residuos hospitalarios dentro de contenedores, además de que el lugar no contaba con la infraestructura necesaria para el tratamiento y almacenamiento de residuos sólidos de este tipo. Este hecho también fue en Toluca.
También lee: ¿La basura de SLP debe seguir en manos de Vigue?
#4 Tiempos
Hagamos Fan Fest, eso lo paga el pueblo | Columna de Haniel Valdés
Acento Ajeno
La clase política potosina parece estar de acuerdo en una sola cosa: es hora de pelearse. Sin embargo para coordinarse y ahorrar dinero público, para cumplir promesas de campaña o terminar las obras conjuntas, para dialogar como adultos o políticos maduros, serios, profesionales, en lugar de andar tirando piedras con cuanta pregunta lanzan mis colegas del gremio, para eso: “no señor, no tenemos tiempo”.
El Mundial de 2026 está dejando una imagen que resume buena parte de la relación entre el gobernador Ricardo Gallardo y el alcalde Enrique Galindo: dos Fan Fest en la misma ciudad, financiados con recursos públicos distintos, promovidos por gobiernos distintos y dirigidos exactamente al mismo público, los potosinos.
Por un lado, el Gobierno del Estado adquirió un paquete de derechos de transmisión para llevar los partidos a San Luis Potosí, Soledad, Ciudad Valles y Rioverde. Por otro, el Ayuntamiento capitalino firmó sus propios acuerdos para organizar transmisiones en Plaza del Carmen.
La pregunta es inevitable: ¿era realmente necesario dos fan fest en la capital del estado?
Porque más allá de los argumentos políticos o administrativos que cada autoridad pueda presentar, el resultado práctico fue que dos gobiernos sostenidos por los mismos contribuyentes terminaron desarrollando estructuras paralelas para ofrecer exactamente el mismo servicio: que los ciudadanos vieran partidos del Mundial en espacios públicos.
Pantallas, logística, promoción, personal operativo, actividades complementarias y derechos de transmisión. Todo por duplicado.
Hasta ahora, ninguna autoridad ha transparentado completamente cuánto costaron los derechos de transmisión en cada caso. Se especula que mientras el Ayuntamiento capitalino gastó unos 11 millones, el “tetrapack” estatal superó los 60 millones.
Estas cifras pueden o no ser ciertas, pero lo que sí se conoce es que tanto el Ayuntamiento como el Gobierno del Estado comprometieron millones de pesos en contratos relacionados con sus Fan Fest destinando recursos para un mismo esquema de transmisiones mundialistas, solo que en dos plazas distintas.
El problema no es que existan eventos para acercar el Mundial a la gente. Eso puede justificarse perfectamente. El problema es la ausencia de coordinación institucional.
¿Alguien analizó cuánto habría costado un solo gran Fan Fest respaldado por ambas administraciones?
¿Alguien calculó cuánto dinero público se habría ahorrado compartiendo infraestructura, producción y permisos?
¿Alguien explicó por qué era mejor tener dos proyectos compitiendo entre sí en lugar de uno complementario?
La impresión que queda es incómoda: la rivalidad política terminó pesando más que la eficiencia administrativa.
Mientras los discursos oficiales hablan de unidad, promoción turística y convivencia familiar, las decisiones muestran otra cosa. Muestran dos gobiernos empeñados en demostrar quién podía organizar el mejor evento, aunque eso implique gastar más recursos públicos de los necesarios.
Yo veo dos niños pequeños, organizando su cumpleaños y peleados por ver quien hace la fiesta más linda. ¿El problema? Como los niños son de la misma familia, el dinero sale de la misma bolsa y los invitados son exactamente los mismos “amiguitos”.
El Mundial dura unas semanas. Las consecuencias de gastar sin coordinación permanecen mucho más tiempo.
Porque el dinero utilizado para financiar proyectos paralelos no pertenece ni al gobernador ni al alcalde. Pertenece a los ciudadanos.
Y los ciudadanos tienen derecho a preguntarse si realmente era indispensable pagar dos veces por lo mismo.
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SLP podría tener vuelos directos a España y Mazatlán
La ruta a España sería una de las conexiones internacionales más ambiciosas para el aeropuerto potosino, declaró la titular de Sectur
Por: Redacción
San Luis Potosí podría sumar en los próximos años nuevas conexiones aéreas nacionales e internacionales. La aerolínea Volaris ya realiza estudios para evaluar la viabilidad de abrir vuelos directos desde el Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga hacia Mazatlán y Madrid, confirmó la titular de la Secretaría de Turismo estatal (Sectur), Yolanda Josefina Cepeda Echavarría.
La funcionaria explicó que la empresa se encuentra en la fase de análisis de aforo de pasajeros y demanda potencial para determinar si ambas rutas pueden operar de manera rentable desde la entidad.
Cepeda Echavarría destacó que existe disposición de las aerolíneas para explorar destinos que actualmente no cuentan con conexión directa desde San Luis Potosí, lo que representa una oportunidad para fortalecer la conectividad aérea del estado y atraer un mayor número de visitantes.
Uno de los proyectos que genera mayor expectativa es la eventual ruta directa entre San Luis Potosí y Madrid, la cual abriría una puerta estratégica hacia el mercado europeo.
“Estamos haciendo todo lo necesario para atraer este tipo de vuelos”, afirmó la secretaria, quien señaló que el Gobierno estatal trabaja paralelamente en la promoción turística internacional para posicionar a San Luis Potosí como un destino atractivo para visitantes españoles.
La funcionaria explicó que la estrategia busca generar las condiciones necesarias para que una conexión aérea de este tipo tenga demanda suficiente tanto para viajeros de negocios como para turistas.
Además de los proyectos relacionados con el aeropuerto de la capital, Cepeda Echavarría informó que también existen avances para fortalecer la conectividad en la Huasteca potosina.
Detalló que en el Aeropuerto Nacional de Tamuín se encuentran en trámite dos posibles rutas aéreas que podrían iniciar operaciones una vez concluida la ampliación de la pista, proyecto que actualmente enfrenta retrasos debido a la adquisición de un terreno necesario para completar la obra.
La negociación, indicó, es encabezada por la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado y presenta avances positivos. De concretarse, la ampliación de la pista podría quedar concluida e inaugurarse a más tardar en 2029, permitiendo la llegada de nuevas operaciones aéreas a la región.
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“Yo puedo vestir lo que quiera”: diputado del PT justifica reloj Cartier
Tomás Zavala defendió sus relojes de lujo asegurando que es un “empresario exitoso”, pese a representar a un distrito con altos niveles de pobreza y mantener una actividad legislativa cuestionada
Por: Redacción
El diputado local del Partido del Trabajo (PT), Tomás Zavala González, salió a defender el uso de un reloj Cartier valuado en hasta 380 mil pesos y aseguró que no tiene por qué ocultar su estilo de vida, pues afirmó que su fortuna proviene de sus negocios y no del servicio público.
Luego de que se exhibiera públicamente el accesorio de lujo, el legislador minimizó las críticas y sostuvo que puede usar “lo que quiera” porque, según dijo, todo lo ha ganado trabajando como empresario.
“Yo puedo vestir lo que yo quiera porque yo me lo gano. A nadie le he robado”, declaró.
Zavala incluso reconoció que además del Cartier también utiliza relojes Rolex y afirmó que posee esos artículos desde hace años, aunque evitó dar detalles sobre el tamaño real de sus negocios.
“No te voy a decir todos”, respondió cuando se le pidió precisar sus empres as y fuentes de ingresos.
El diputado argumentó que la austeridad promovida por la llamada Cuarta Transformación debería aplicarse únicamente a “políticos que engañan al pueblo” , deslindándose así del discurso que Morena y sus aliados han impulsado en los últimos años.
“La austeridad es para los políticos que engañan al pueblo. Yo no estoy engañando al pueblo porque soy un empresario exitoso”, insistió.
Las declaraciones generaron cuestionamientos debido a que Zavala representa a una zona con importantes niveles de rezago social y porque su desempeño legislativo ha sido señalado por mantener baja participación en tribuna y escasa presencia en iniciativas de alto impacto público.
Pese a ello, el legislador sostuvo que fue elegido por la ciudadanía y negó cualquier incongruencia entre portar artículos de lujo y ejercer un cargo público.
“Yo aquí estoy porque el pueblo me eligió y vengo a servir al pueblo. Ya les dí un poco de entrevista, aquí estamos a la orden, aquí hay un amigo diputado”, concluyó.
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