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Vigue, señalada de corrupción en todo México y controla la basura de SLP
Red Ambiental ha sido denunciada en diversas ocasiones de prestar un mal servicio, inflar precios y pagar campañas de políticos panistas, ahora busca que Enrique Galindo le renueve su concesión
Por: Ana G Silva
En marzo de 2024, el Ayuntamiento de San Luis Potosí, con Enrique Galindo al frente, deberá decidir si se renueva la concesión a la empresa Red Ambiental Vigue, que es responsable de la recolección y disposición final de la basura en la capital del estado. Esta empresa en una década de prestar el servicio ha tenido una serie de polémicas con los gobiernos en turno, a tal punto que su contrato estuvo a punto de ser rescindido. La compañía es tan grande que hoy tiene presencia en más de 30 ciudades en México, esto a pesar de que el cobro que hacen por prestar el servicio es el más alto del mercado y a pesar de que varios de los ayuntamientos han tenido diversos problemas con su operación.
De acuerdo con el diario Milenio, la empresa Red Ambiental se ha visto beneficiada de favores políticos en las licitaciones de diferentes estados de la República, pues se ha visto involucrada con el financiamiento de campañas políticas del PAN, instituto político del que emanaron los alcaldes que le es otorgaron las conseciones. Por poner algunos ejemplos en Monterrey Red Ambiental fue firmada por Roberto Ugo Ruiz Cortes, en San Pedro Garza García, y Margarita Arellanos en Monterrey en 2014 y en 2009 llegó a San Luis Potosí después de ganar una cuestionada licitación durante la gestión del también panista Jorge Lozano Armengol. Actualmente algunas de las ciudades en las que tiene presencia son Saltillo, Coahuila; Santa Catarina, Escobedo, San Nicolás y Monterrey en Nuevo León; en el Puerto de Veracruz y en la capital de San Luis Potosí.
La Red Ambiental de Horacio Guerra Marroquín, es “artificialmente” exitosa y ocasiona un gran daño social al impactar los bolsillos de los ciudadanos con contratos más caros y con una vigencia prolongada aún no explicada, como en Campeche, donde el Ayuntamiento debe pagar 4.2 millones de pesos al mes, por un contrato que inició en 2002 con Jorge Carlos Hurtado Valdez y que se renovó con la ex alcaldesa panista Beatriz Sélem Trueba en 2014 por 18 años más.
En 2019, el Observatorio Legislativo de Quintana Roo denunció que el Ayuntamiento de Benito Juárez pagó a Red Ambiental una tarifa por tonelada de basura recolectada al doble del precio de mercado, pues en el contrato el municipio debía pagar del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021, un monto total de 260 millones de pesos, es decir, 730 pesos por tonelada, cuando la concesionaria Inteligencia México cobraba 372 pesos.
En San Luis Potosí, esta empresa ha sido señalada de prestar un servicio deficiente y en 2016 estalló un pleito que afectó durante semanas a la ciudad: el entonces alcalde, Ricardo Gallardo Juárez, rompió con Red Ambiental, pues se tenía una deuda de 100 millones de pesos de las pasadas administraciones, esto provocó que la concesionaria dejara de recolectar la basura en los meses de enero y febrero de ese año, lo que desencadenó una contingencia, por lo que Gallardo tuvo que poner a disposición un plan emergente con más de 100 camiones para realizar esta labor, algunos de estos fueron prestados por el gobierno de la Ciudad de México encabezado por Miguel Angel Mancera.
Algo parecido ocurrió en El Carmen, Nuevo León, donde se dejó de prestar el servicio en el mes de marzo del 2022, pues el gobierno municipal tenía un adeudo con la empresa de los meses de septiembre de 2021 a enero de 2022, lo que provocó que los habitantes empezaran a tirar la basura en las calles; el servicio se restableció hasta finales de abril.
A pesar de autonombrarse una empresa “ambiental”, en dos ocasiones fueron clausurados sus inmuebles: el primero fue en 2020 cuando la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem) cerró un predio ubicado en el Parque Industrial Toluca 2000 pues la fauna era nociva, ya que había un aumento de larvas y moscas.
La segunda clausura se dio porque se encontraron residuos hospitalarios dentro de contenedores, además de que el lugar no contaba con la infraestructura necesaria para el tratamiento y almacenamiento de residuos sólidos de este tipo. Este hecho también fue en Toluca.
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Carretera 57: autoridades actúan contra el robo a transportistas
Se aseguraron 30 inhibidores de señal, 359 antenas inhibidoras, seis montacargas, 10 vehículos y 297 tarimas con mercancía
Por: Redacción
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó en su cuenta de X que personal de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Guardia Nacional y de la Guardia Civil Estatal ejecutó una orden de cateo en San Luis Potosí, en un inmueble relacionado con el robo al autotransporte federal.
García Harfuch detalló que se aseguraron 30 inhibidores de señal, 359 antenas inhibidoras, un arma larga, cartuchos, cargadores, seis montacargas, 110 autopartes, 10 vehículos
y 297 tarimas con mercancía.Según el funcionario, el resultado «representa un avance importante en el combate al robo a transportistas» y contribuye a hacer de la carretera 57 una vía más segura para quienes trabajan y transitan por ella.
García Harfuch agradeció al gobernador Ricardo Gallardo Cardona y a las autoridades de San Luis Potosí su colaboración, y dijo que seguirán trabajando de manera coordinada para proteger a los transportistas y fortalecer la seguridad en las carreteras del país.
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Lluvias cierran cinco parajes de la Huasteca; nueve, en semáforo amarillo
Tamul se queda sin recorridos en lancha hasta nuevo aviso por la crecida del Tampaón
Por: Redacción
Cinco parajes turísticos de la Huasteca potosina suspendieron actividades y otros nueve quedaron en semáforo amarillo por el aumento en el nivel de los ríos Tampaón, Valles y Tamuín tras las lluvias de las últimas horas, informó la Secretaría de Turismo de San Luis Potosí (Sectur).
En los sitios en amarillo se permite el ingreso solo para contemplar el paisaje y tomar fotografías. Las actividades acuáticas no se reanudarán hasta que las condiciones lo permitan con seguridad. El resto de los atractivos reportados sigue en verde y opera con normalidad.
En Aquismón no habrá recorridos en lancha hacia la cascada de Tamul desde los embarcaderos de La Morena y Tanchachín hasta nuevo aviso.
En Tamuín, El Nacimiento permanece cerrado por la crecida del río y es el único atractivo del municipio en semáforo rojo. En cambio, Tamtoc, Tamohí, las aguas termales de Taninul y el balneario La Isleta siguen abiertos.
Ciudad Valles suma dos sitios con cierre total. Entre las actividades detenidas están los recorridos en las trajineras Alubel
por el río Valles. El camino hacia El Sidral está en malas condiciones, por lo que se recomienda entrar únicamente en vehículos con tracción 4×4.No es el primer cierre de la temporada. A mediados de junio, las tormentas tropicales Boris y Cristina obligaron a cerrar seis parajes de la zona. El 10 de julio, la Sectur confirmó que Tamul, Micos y prácticamente todos los parajes de la Huasteca estaban cerrados.
Como las lluvias continúan, las autoridades pidieron a visitantes y habitantes no meterse a ríos o arroyos crecidos, contratar guías certificados y extremar precauciones en los traslados por el riesgo de caminos resbalosos y deslaves, de acuerdo con la Sectur.
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Formar a un policía municipal cuesta 10 mil pesos y cuatro meses
Nohemí Proal dijo que algunos municipios pagan el curso con recursos propios
Por: Redacción
Policías de municipios como Cerritos, Cerro de San Pedro, Rioverde, Soledad de Graciano Sánchez, Matlapa, Santa María del Río, Santa Catarina y Ébano cursan la formación inicial, la capacitación que necesita cualquier persona para trabajar como policía, informó Nohemí Proal Huerta, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
La formación inicial dura cuatro meses y cuesta alrededor de 10 mil pesos por elemento. Proal Huerta explicó que a algunos municipios el estado les cubre el curso con recursos propios, y que otros lo pagan con su propio presupuesto.
La funcionaria dijo que los municipios mandan pocos elementos a la vez, en algunos casos uno o dos, porque sus corporaciones son pequeñas y no pueden dejar sin vigilancia su territorio. Por eso, la intención es abrir cursos de forma constante para que el próximo año los municipios tengan corporaciones más fuertes, “que es lo que demanda la sociedad”.
La falta de policías en los municipios es un tema que el Gobierno del Estado ya puso sobre la mesa. Esta semana, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona
dijo que de nada sirve entregar patrullas a los ayuntamientos “si no tienen policías para que las manejen”, y adelantó que el Congreso buscará inhabilitar a unos 10 alcaldes que no pagaron a sus agentes el salario mínimo de 14 mil pesos que fija la reforma constitucional de abril.En septiembre, Proal Huerta reconoció que solo dos o tres de los 59 municipios habían formalizado ese pago, sobre todo por falta de presupuesto. También informó que este año los ayuntamientos no recibirán patrullas del estado, como en años anteriores, sino equipamiento para sus policías, como chalecos balísticos y uniformes.
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