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Vigue, señalada de corrupción en todo México y controla la basura de SLP
Red Ambiental ha sido denunciada en diversas ocasiones de prestar un mal servicio, inflar precios y pagar campañas de políticos panistas, ahora busca que Enrique Galindo le renueve su concesión
Por: Ana G Silva
En marzo de 2024, el Ayuntamiento de San Luis Potosí, con Enrique Galindo al frente, deberá decidir si se renueva la concesión a la empresa Red Ambiental Vigue, que es responsable de la recolección y disposición final de la basura en la capital del estado. Esta empresa en una década de prestar el servicio ha tenido una serie de polémicas con los gobiernos en turno, a tal punto que su contrato estuvo a punto de ser rescindido. La compañía es tan grande que hoy tiene presencia en más de 30 ciudades en México, esto a pesar de que el cobro que hacen por prestar el servicio es el más alto del mercado y a pesar de que varios de los ayuntamientos han tenido diversos problemas con su operación.
De acuerdo con el diario Milenio, la empresa Red Ambiental se ha visto beneficiada de favores políticos en las licitaciones de diferentes estados de la República, pues se ha visto involucrada con el financiamiento de campañas políticas del PAN, instituto político del que emanaron los alcaldes que le es otorgaron las conseciones. Por poner algunos ejemplos en Monterrey Red Ambiental fue firmada por Roberto Ugo Ruiz Cortes, en San Pedro Garza García, y Margarita Arellanos en Monterrey en 2014 y en 2009 llegó a San Luis Potosí después de ganar una cuestionada licitación durante la gestión del también panista Jorge Lozano Armengol. Actualmente algunas de las ciudades en las que tiene presencia son Saltillo, Coahuila; Santa Catarina, Escobedo, San Nicolás y Monterrey en Nuevo León; en el Puerto de Veracruz y en la capital de San Luis Potosí.
La Red Ambiental de Horacio Guerra Marroquín, es “artificialmente” exitosa y ocasiona un gran daño social al impactar los bolsillos de los ciudadanos con contratos más caros y con una vigencia prolongada aún no explicada, como en Campeche, donde el Ayuntamiento debe pagar 4.2 millones de pesos al mes, por un contrato que inició en 2002 con Jorge Carlos Hurtado Valdez y que se renovó con la ex alcaldesa panista Beatriz Sélem Trueba en 2014 por 18 años más.
En 2019, el Observatorio Legislativo de Quintana Roo denunció que el Ayuntamiento de Benito Juárez pagó a Red Ambiental una tarifa por tonelada de basura recolectada al doble del precio de mercado, 
En San Luis Potosí, esta empresa ha sido señalada de prestar un servicio deficiente y en 2016 estalló un pleito que afectó durante semanas a la ciudad: el entonces alcalde, Ricardo Gallardo Juárez, rompió con Red Ambiental, pues se tenía una deuda de 100 millones de pesos de las pasadas administraciones, esto provocó que la concesionaria dejara de recolectar la basura en los meses de enero y febrero de ese año, lo que desencadenó una contingencia, por lo que Gallardo tuvo que poner a disposición un plan emergente con más de 100 camiones para realizar esta labor, algunos de estos fueron prestados por el gobierno de la Ciudad de México encabezado por Miguel Angel Mancera.
Algo parecido ocurrió en El Carmen, Nuevo León, donde se dejó de prestar el servicio en el mes de marzo del 2022, pues el gobierno municipal tenía un adeudo con la empresa de los meses de septiembre de 2021 a enero de 2022, lo que provocó que los habitantes empezaran a tirar la basura en las calles; el servicio se restableció hasta finales de abril.
A pesar de autonombrarse una empresa “ambiental”, en dos ocasiones fueron clausurados sus inmuebles: el primero fue en 2020 cuando la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem) cerró un predio ubicado en el Parque Industrial Toluca 2000 pues la fauna era nociva, ya que había un aumento de larvas y moscas.
La segunda clausura se dio porque se encontraron residuos hospitalarios dentro de contenedores, además de que el lugar no contaba con la infraestructura necesaria para el tratamiento y almacenamiento de residuos sólidos de este tipo. Este hecho también fue en Toluca.
También lee: ¿La basura de SLP debe seguir en manos de Vigue?
Citlalli Hernández informó que en las otras 16 gubernaturas la coalición de la 4T sí incluye a sus aliados.
Elí Cervantes, coordinador estatal, fue designado sin haberse inscrito y sin encuesta pública
Por: Redacción
San Luis Potosí será la única de las 17 gubernaturas en disputa en 2027 donde Morena irá sin sus aliados, el PVEM y el PT, informó su secretaria general, Citlalli Hernández Mora, al presentar este lunes a Elí César Eduardo Cervantes Rojas como coordinador estatal del partido.
En las otras 16 entidades, la coalición de la 4T sí contempla a sus partidos aliados.
El PVEM ya había descartado la alianza. La senadora Ruth González Silva respondió “con Morena, seguramente no” cuando se le preguntó por una posible coalición. Sobre el PT, dijo que ese partido aún debe definir su postura.
En el reparto nacional de coordinaciones, el PVEM obtuvo dos: Jasmine Bugarín Rodríguez, senadora, en Nayarit, y Manuel Cota Cárdenas, diputado federal, en Baja California Sur. El PT se quedó sin nombramiento propio. En Nayarit, el espacio correspondió al Verde como parte del ajuste de paridad, pese a que Héctor Santana había obtenido el primer lugar en la encuesta.
El proceso electoral 2027 en San Luis Potosí comenzará el 15 de noviembre. Ese mismo día, el PVEM prevé iniciar la negociación de alianzas parciales para diputaciones y ayuntamientos.
Cervantes, designado sin inscripción ni encuesta pública
Cervantes Rojas, delegado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en San Luis Potosí, fue designado por consenso por la Comisión Nacional de Elecciones y coordinará los trabajos del partido rumbo a la elección.
El ex senador no fue parte del registro original de aspirantes, sin embargo, la dirigencia argumentó que la comisión tiene facultades para valorar perfiles distintos a los inscritos.
No obstante, la dirigencia no presentó resultados, porcentajes ni metodología de las encuestas que no tuvieron ninguna utilidad, pues la comisión canceló la encuesta porque ninguno de los 28 inscritos alcanzó el umbral mínimo de 10 por ciento.
La decisión ya provocó inconformidades. Aid Ávila Covarrubias cuestionó que no se mostraran datos, cobertura ni metodología, y acusó a la dirigencia de no respetar sus propios procesos internos. El exdiputado local José Antonio Lorca Valle señaló que la convocatoria original no contemplaba la figura de coordinador estatal en los términos en que fue utilizada.
Ante los reclamos, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, se comprometió a presentar “detalladamente, una por una” las encuestas de las 17 coordinaciones estatales cuando concluyan las designaciones.
Lenia Batres sostuvo que la resolución retira la obligación a alternar el género entre elecciones 2027 y siguientes
Aún queda pendiente resolver la impugnación que redujo precampañas de 40 a 20 días
Por: Redacción
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la alternancia obligatoria de género para las candidaturas a la gubernatura de San Luis Potosí, con lo que quedó sin efecto el mecanismo que habría condicionado la postulación de cada partido en 2033 al género de su candidatura en 2027.
El Ple no resolvió este lunes las acciones de inconstitucionalidad 81/2026 y su acumulada 86/2026
La mayoría de seis ministros invalidó los segundos párrafos de los artículos 36 y 72 de la Constitución estatal, así como las disposiciones de alternancia contenidas en los artículos 9 y 265 de la Ley Electoral del Estado y el segundo transitorio del decreto. En el caso de la regla para candidaturas independientes, la invalidez fue aprobada por siete votos.
La regla que desaparece
La reforma que llegó a la Corte ya no obligaba a los partidos a postular exclusivamente mujeres para la gubernatura en 2027.
Ese planteamiento formaba parte de la propuesta original. El Ceepac presentó la iniciativa el 11 de diciembre de 2025 y el Congreso la aprobó inicialmente con la obligación de que los partidos postularan mujeres en 2027.
Sin embargo, después de las observaciones del gobernador, el Congreso modificó el esquema y el 27 de mayo de 2026 eliminó esa obligación. La versión finalmente publicada permitió que en 2027 los partidos registraran a una persona de cualquier género y trasladó la alternancia a la elección de 2033.
El mecanismo establecía que cada partido debía postular en 2033 a una persona de género distinto al de su candidatura de 2027. Existía, además, una excepción: si en 2027 había postulado a una mujer, podía volver a registrar a una mujer en 2033.
Por ello, la resolución de la SCJN no determina si en 2027 San Luis Potosí tendrá un candidato o una candidata a la gubernatura
¿Qué argumentó la Corte?
El proyecto estuvo a cargo de la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien sostuvo que la paridad de género establecida en la Constitución federal no equivale a imponer una alternancia automática entre elecciones para un cargo unipersonal.
La mayoría consideró que el Congreso local excedió su margen de configuración legislativa al establecer anticipadamente el género que correspondería a futuras candidaturas y con ello restringir el derecho a ser votado.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa votó en contra de invalidar las disposiciones principales. Durante la discusión defendió la constitucionalidad del modelo potosino y anunció un voto particular. En contraste, siete ministros sí respaldaron invalidar la disposición relativa a candidaturas independientes.
La decisión no elimina el principio constitucional de paridad de género ni impide que se establezcan acciones afirmativas para favorecer la participación política de las mujeres. El efecto concreto es dejar sin vigencia la obligación de alternar automáticamente el género de la candidatura a la gubernatura con base en la elección anterior.
La reforma electoral de San Luis Potosí todavía tiene otros asuntos pendientes ante la Corte.
Entre ellos está el Decreto 0571, impugnado por Somos México y por el Ejecutivo federal, así como el Decreto 0586, cuya constitucionalidad fue cuestionada por Somos México el 10 de septiembre por reducir de 40 a 20 días el periodo de precampañas para la gubernatura y por la falta de consulta a pueblos indígenas, afromexicanos y personas con discapacidad, de acuerdo con los planteamientos señalados en las impugnaciones.
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En Central de Abastos, la policía capitalina lleva más de 1,200 dosis decomisadas y 19 detenciones
Por: Haniel Valdés
El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal (SSPC), Juan Antonio Villa Gutiérrez, fue cuestionado sobre el panorama de consumo de drogas entre jóvenes en la capital, luego de la muerte de un adolescente por esta causa la semana pasada, y respondió con cifras de detenciones y decomisos, sin abundar en ese caso en particular.
En un operativo en la Central de Abastos, la corporación reporta más de 19 detenciones y el decomiso de más de 1,200 dosis de droga; uno de los dos objetivos prioritarios señalados obtuvo su libertad a las 24 horas tras ser puesto a disposición de un juez. En el resto de la ciudad, la policía capitalina rinde un promedio semanal de 15 a 16 detenciones
Villa Gutiérrez dijo que menos del 3% de los aseguramientos por consumo corresponde a menores de edad, a quienes se canaliza mediante el programa de justicia cívica a talleres de rehabilitación, atención psicológica y terapias.
El funcionario identificó al cristal y la mariguana como las drogas que más se detectan en los decomisos, seguidas de la cocaína, y dijo que la SSPC no ha encontrado medicamentos controlados entre lo asegurado.
La corporación atiende el tema a través de su área de prevención, con pláticas diarias en escuelas sobre los riesgos del consumo de sustancias ilícitas dirigidas a niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
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