agosto 8, 2026

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Vigue, señalada de corrupción en todo México y controla la basura de SLP

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Red Ambiental ha sido denunciada en diversas ocasiones de prestar un mal servicio, inflar precios y pagar campañas de políticos panistas, ahora busca que Enrique Galindo le renueve su concesión

Por: Ana G Silva

En marzo de 2024, el Ayuntamiento de San Luis Potosí, con Enrique Galindo al frente, deberá decidir si se renueva la concesión a la empresa Red Ambiental Vigue, que es responsable de la recolección y disposición final de la basura en la capital del estado. Esta empresa en una década de prestar el servicio ha tenido una serie de polémicas con los gobiernos en turno, a tal punto que su contrato estuvo a punto de ser rescindido. La compañía es tan grande que hoy tiene presencia en más de 30 ciudades en México, esto a pesar de que el cobro que hacen por prestar el servicio es el más alto del mercado y a pesar de que varios de los ayuntamientos han tenido diversos problemas con su operación.

De acuerdo con el diario Milenio, la empresa Red Ambiental se ha visto beneficiada de favores políticos en las licitaciones de diferentes estados de la República, pues se ha visto involucrada con el financiamiento de campañas políticas del PAN, instituto político del que emanaron los alcaldes que le es otorgaron las conseciones. Por poner algunos ejemplos en Monterrey Red Ambiental fue firmada por Roberto Ugo Ruiz Cortes, en San Pedro Garza García, y Margarita Arellanos en Monterrey en 2014 y en 2009 llegó a San Luis Potosí después de ganar una cuestionada licitación durante la gestión del también panista Jorge Lozano Armengol. Actualmente algunas de las ciudades en las que tiene presencia son Saltillo, Coahuila; Santa Catarina, Escobedo, San Nicolás y Monterrey en Nuevo León; en el Puerto de Veracruz y en la capital de San Luis Potosí.

La Red Ambiental de Horacio Guerra Marroquín, es “artificialmente” exitosa y ocasiona un gran daño social al impactar los bolsillos de los ciudadanos con contratos más caros y con una vigencia prolongada aún no explicada, como en Campeche, donde el Ayuntamiento debe pagar 4.2 millones de pesos al mes, por un contrato que inició en 2002 con Jorge Carlos Hurtado Valdez y que se renovó con la ex alcaldesa panista Beatriz Sélem Trueba en 2014 por 18 años más.

En 2019, el Observatorio Legislativo de Quintana Roo denunció que el Ayuntamiento de Benito Juárez pagó a Red Ambiental una tarifa por tonelada de basura recolectada al doble del precio de mercado,

pues en el contrato el municipio debía pagar del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021, un monto total de 260 millones de pesos, es decir, 730 pesos por tonelada, cuando la concesionaria Inteligencia México cobraba 372 pesos.

En San Luis Potosí, esta empresa ha sido señalada de prestar un servicio deficiente y en 2016 estalló un pleito que afectó durante semanas a la ciudad: el entonces alcalde, Ricardo Gallardo Juárez, rompió con Red Ambiental, pues se tenía una deuda de 100 millones de pesos de las pasadas administraciones, esto provocó que la concesionaria dejara de recolectar la basura en los meses de enero y febrero de ese año, lo que desencadenó una contingencia, por lo que Gallardo tuvo que poner a disposición un plan emergente con más de 100 camiones para realizar esta labor, algunos de estos fueron prestados por el gobierno de la Ciudad de México encabezado por Miguel Angel Mancera.

Algo parecido ocurrió en El Carmen, Nuevo León, donde se dejó de prestar el servicio en el mes de marzo del 2022, pues el gobierno municipal tenía un adeudo con la empresa de los meses de septiembre de 2021 a enero de 2022, lo que provocó que los habitantes empezaran a tirar la basura en las calles; el servicio se restableció hasta finales de abril.

A pesar de autonombrarse una empresa “ambiental”, en dos ocasiones fueron clausurados sus inmuebles: el primero fue en 2020 cuando la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem) cerró un predio ubicado en el Parque Industrial Toluca 2000 pues la fauna era nociva, ya que había un aumento de larvas y moscas.

La segunda clausura se dio porque se encontraron residuos hospitalarios dentro de contenedores, además de que el lugar no contaba con la infraestructura necesaria para el tratamiento y almacenamiento de residuos sólidos de este tipo. Este hecho también fue en Toluca.

También lee: ¿La basura de SLP debe seguir en manos de Vigue?

Congreso del Estado

Deudores alimentarios podrían enfrentar cárcel por ocultar bienes en SLP

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Familiares o terceros que actúen como titulares aparentes de bienes también podrían ser sancionados

Por: Redacción

La diputada María Dolores Robles Chairez  presentó la iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de fortalecer las medidas contra quienes evadan deliberadamente sus obligaciones alimentarias y sancionar la participación de terceras personas que colaboren para impedir su cumplimiento.

La reforma busca cerrar espacios de impunidad mediante la incorporación de disposiciones que permitan identificar y sancionar conductas encaminadas a colocar de manera intencional al deudor alimentario en una situación de insolvencia, así como aquellas acciones realizadas con apoyo de terceros para ocultar o transferir bienes.

Explicó que la propuesta se desarrolla en dos vertientes principales: establecer de manera objetiva determinadas conductas evasivas del deudor alimentario y penalizar la coparticipación de terceras personas que, con conocimiento de la obligación existente, contribuyan a impedir su cumplimiento.

La diputada María Dolores Robles Chairez destacó que la modificación busca brindar mayores herramientas jurídicas para proteger el derecho de niñas, niños y demás personas acreedoras alimentarias, evitando que maniobras de carácter patrimonial sean utilizadas para obstaculizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad judicial.

Señaló que existen casos en los que los deudores alimentarios recurren a actos jurídicos o materiales que aparentemente pueden ser lícitos, pero que tienen como finalidad eludir sus responsabilidades. Entre estas prácticas se encuentran la renuncia voluntaria a empleos estables, la solicitud de licencias sin goce de sueldo durante periodos relacionados con procesos familiares y la transferencia de bienes a familiares o personas de confianza que actúan como titulares aparentes.

Con esta iniciativa se busca establecer que comete el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar quien se coloque intencionalmente en estado de insolvencia con el propósito de eludir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias establecidas por la ley.

La legislación establecerá que, salvo prueba en contrario, se presumirá dicha intención cuando el deudor, sin causa justificada, renuncie a su empleo o solicite licencia sin goce de sueldo, cuando este constituya su único o principal medio para obtener ingresos.

Asimismo, se establecen sanciones para quienes, durante un proceso judicial o existiendo una resolución firme, enajenen intencionalmente de manera parcial o total sus bienes con la finalidad de eludir obligaciones alimentarias.

De igual manera, se sancionará a quienes, teniendo conocimiento de la existencia de una obligación alimentaria o de un proceso judicial en curso, ayuden al deudor a ocultar bienes, acepten figurar como titulares aparentes de estos o realicen actos jurídicos simulados con el propósito de evitar que se cumplan las obligaciones alimentarias.

Para estas conductas se contempla una sanción de seis meses a tres años de prisión, además de una sanción pecuniaria de 60 a 300 días del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

La iniciativa fue turnada a la Comisión Primera de Justicia para su análisis y dictamen correspondiente.

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Ayuntamiento de SLP

SSPC de la Capital implementa operativo vial para agilizar accesos y salidas de la FENAPO 2026

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Durante la feria habrá modificaciones en avenida de las Torres, Simón Díaz y Francisco Martínez de la Vega, con rutas específicas para entrar y salir del recinto

Por: Redacción

Con el objetivo de agilizar la movilidad y facilitar el acceso de las familias a la Feria Nacional Potosina (FENAPO) 2026, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la Capital, a través de la Dirección General de Policía Vial y Movilidad, implementa un operativo especial de circulación vehicular durante el desarrollo del evento.

Para el acceso de vehículos, se realiza cambio a un solo sentido de circulación en  la avenida de las Torres, de norponiente a suroriente, por lo que los vehículos que ingresen a la zona de la FENAPO deberán hacerlo desde Calzada de Guadalupe, utilizando esta vialidad como acceso principal. Como alternativa, se contará con un acceso secundario por avenida Simón Díaz, proveniente de avenida de la Constitución.

Para la salida del recinto, el flujo vehicular se distribuirá principalmente hacia Circuito Potosí, mediante la incorporación desde avenida de las Torres. Como salida secundaria, los automovilistas podrán continuar por esta misma vialidad para incorporarse a avenida Simón Díaz, con dirección a avenida de la Constitución y el fraccionamiento Simón Díaz.

Como parte de la estrategia de movilidad, la avenida Francisco Martínez de la Vega, en el tramo comprendido entre avenida de las Torres y avenida Simón Díaz, permanecerá cerrada al tránsito vehicular. El primer tramo, de avenida de las Torres al callejón peatonal América del Sur,

será habilitado como callejón peatonal, mientras que el segundo tramo funcionará como zona exclusiva para ascenso y descenso de taxis.

La SSPC de la Capital exhorta a las y los asistentes a la FENAPO a planificar sus traslados, respetar la señalización y las indicaciones del personal de Policía Vial, así como considerar el uso de transporte público para facilitar la movilidad en los alrededores del recinto.

Estas medidas buscan mantener un flujo vehicular ordenado y seguro durante la feria, privilegiando tanto la movilidad de quienes acuden al recinto como la seguridad de peatones, usuarios del transporte público y habitantes de las zonas aledañas.

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Ingresa ex gobernador de Guerrero al penal del Altiplano

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Ángel “N” buscó prisión domiciliaria por tener mas de 70 años; el juzgado federal rechazó la petición

Por: Roberto Mendoza

El exgobernador de Guerrero, Ángel “N”, recibió el dictado de prisión preventiva oficiosa en el penal de máxima seguridad del Altiplano, imputado por los delitos de desaparición forzada de personas y contra la administración de justicia. La Fiscalía General de la República (FGR) sustentó la acusación señalando la instrucción directa para desaparecer los videos del Palacio de Justicia de Iguala.

Durante la audiencia inicial, el imputado ingresó a la segunda sala del Centro de Justicia Penal Federal en una silla de ruedas tras presentar alteraciones en su presión arterial que retrasaron la diligencia. La defensa legal solicitó al juez de control la medida cautelar de prisión domiciliaria, argumentando la edad de 70 años del exfuncionario y un cuadro clínico conformado por diabetes, hipertensión y una infección reciente

. El juzgador federal rechazó la petición al determinar que no se acreditaron los requisitos legales probatorios para otorgar el arraigo domiciliario, ratificando la reclusión.

El equipo legal del exgobernador se acogió a la duplicidad del término constitucional, por lo que la resolución sobre su vinculación a proceso se definirá la próxima semana. En su intervención frente a la autoridad judicial, el exmandatario estatal manifestó su postura ante los señalamientos del Ministerio Público de la Federación: “Ayer fui detenido a las 10 de la mañana después de 12 años de la desaparición de los normalistas… Nunca me he escondido“.

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Opinión

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