marzo 6, 2026

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Vigue, señalada de corrupción en todo México y controla la basura de SLP

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Red Ambiental ha sido denunciada en diversas ocasiones de prestar un mal servicio, inflar precios y pagar campañas de políticos panistas, ahora busca que Enrique Galindo le renueve su concesión

Por: Ana G Silva

En marzo de 2024, el Ayuntamiento de San Luis Potosí, con Enrique Galindo al frente, deberá decidir si se renueva la concesión a la empresa Red Ambiental Vigue, que es responsable de la recolección y disposición final de la basura en la capital del estado. Esta empresa en una década de prestar el servicio ha tenido una serie de polémicas con los gobiernos en turno, a tal punto que su contrato estuvo a punto de ser rescindido. La compañía es tan grande que hoy tiene presencia en más de 30 ciudades en México, esto a pesar de que el cobro que hacen por prestar el servicio es el más alto del mercado y a pesar de que varios de los ayuntamientos han tenido diversos problemas con su operación.

De acuerdo con el diario Milenio, la empresa Red Ambiental se ha visto beneficiada de favores políticos en las licitaciones de diferentes estados de la República, pues se ha visto involucrada con el financiamiento de campañas políticas del PAN, instituto político del que emanaron los alcaldes que le es otorgaron las conseciones. Por poner algunos ejemplos en Monterrey Red Ambiental fue firmada por Roberto Ugo Ruiz Cortes, en San Pedro Garza García, y Margarita Arellanos en Monterrey en 2014 y en 2009 llegó a San Luis Potosí después de ganar una cuestionada licitación durante la gestión del también panista Jorge Lozano Armengol. Actualmente algunas de las ciudades en las que tiene presencia son Saltillo, Coahuila; Santa Catarina, Escobedo, San Nicolás y Monterrey en Nuevo León; en el Puerto de Veracruz y en la capital de San Luis Potosí.

La Red Ambiental de Horacio Guerra Marroquín, es “artificialmente” exitosa y ocasiona un gran daño social al impactar los bolsillos de los ciudadanos con contratos más caros y con una vigencia prolongada aún no explicada, como en Campeche, donde el Ayuntamiento debe pagar 4.2 millones de pesos al mes, por un contrato que inició en 2002 con Jorge Carlos Hurtado Valdez y que se renovó con la ex alcaldesa panista Beatriz Sélem Trueba en 2014 por 18 años más.

En 2019, el Observatorio Legislativo de Quintana Roo denunció que el Ayuntamiento de Benito Juárez pagó a Red Ambiental una tarifa por tonelada de basura recolectada al doble del precio de mercado,

pues en el contrato el municipio debía pagar del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021, un monto total de 260 millones de pesos, es decir, 730 pesos por tonelada, cuando la concesionaria Inteligencia México cobraba 372 pesos.

En San Luis Potosí, esta empresa ha sido señalada de prestar un servicio deficiente y en 2016 estalló un pleito que afectó durante semanas a la ciudad: el entonces alcalde, Ricardo Gallardo Juárez, rompió con Red Ambiental, pues se tenía una deuda de 100 millones de pesos de las pasadas administraciones, esto provocó que la concesionaria dejara de recolectar la basura en los meses de enero y febrero de ese año, lo que desencadenó una contingencia, por lo que Gallardo tuvo que poner a disposición un plan emergente con más de 100 camiones para realizar esta labor, algunos de estos fueron prestados por el gobierno de la Ciudad de México encabezado por Miguel Angel Mancera.

Algo parecido ocurrió en El Carmen, Nuevo León, donde se dejó de prestar el servicio en el mes de marzo del 2022, pues el gobierno municipal tenía un adeudo con la empresa de los meses de septiembre de 2021 a enero de 2022, lo que provocó que los habitantes empezaran a tirar la basura en las calles; el servicio se restableció hasta finales de abril.

A pesar de autonombrarse una empresa “ambiental”, en dos ocasiones fueron clausurados sus inmuebles: el primero fue en 2020 cuando la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem) cerró un predio ubicado en el Parque Industrial Toluca 2000 pues la fauna era nociva, ya que había un aumento de larvas y moscas.

La segunda clausura se dio porque se encontraron residuos hospitalarios dentro de contenedores, además de que el lugar no contaba con la infraestructura necesaria para el tratamiento y almacenamiento de residuos sólidos de este tipo. Este hecho también fue en Toluca.

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Por primera vez los 59 municipios de SLP reducen el embarazo adolescente

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La Coespo indicó que el desconocimiento de anticonceptivos influye en embarazo adolescente en SLP: La Huasteca mantiene los focos de atención

Por: Redacción

Mayra Edith Velázquez Loera, titular del Consejo Estatal de Población (Coespo), informó que San Luis Potosí logró reducir en 37 por ciento el embarazo adolescente, además de registrar una disminución del 10.3 por ciento en la tasa específica de fecundidad, lo que coloca al estado en el quinto lugar nacional con mayor reducción en este indicador.

La funcionaria señaló que estos resultados se derivan de las estrategias implementadas para atender a los grupos más vulnerables, particularmente niñas y adolescentes menores de 15 años.

Velázquez Loera destacó que por primera vez los 59 municipios del estado registraron una disminución en el embarazo adolescente, aunque algunos mantienen mayor incidencia y requieren estrategias focalizadas.

Entre estos municipios mencionó Aquismón, San Antonio y Santa Catarina, ubicados en la región Huasteca, donde se han reforzado las acciones en coordinación con comunidades indígenas.

La titular de Coespo explicó que uno de los principales factores que influyen en los embarazos tempranos es el desconocimiento de los métodos anticonceptivos, así como la falta de educación sexual integral desde el entorno familiar y escolar.

“Se detectó que había desconocimiento total de los métodos anticonceptivos y falta de información, por eso se implementaron campañas con distintas instituciones”, explicó.

Indicó que los casos de embarazo infantil se han presentado en edades de entre 12 y 13 años, mientras que anteriormente se habían registrado casos desde los 11 años.

De acuerdo con Velázquez Loera, la meta del gobierno estatal es reducir en al menos 50 por ciento el embarazo adolescente, objetivo hacia el cual se avanza actualmente con una disminución del 37 por ciento.

En cuanto a posibles prácticas de matrimonio forzado o uniones tempranas, la funcionaria señaló que, aunque es un problema presente en México y en varios países de América Latina, en San Luis Potosí no se han detectado casos confirmados.

Añadió que, a través de la estrategia denominada “Alerta Verde”, se han impulsado campañas interinstitucionales para prevenir estos fenómenos y promover que las niñas permanezcan en la escuela y no enfrenten maternidades tempranas.

“Queremos que nuestras niñas estén jugando y estudiando, no siendo madres”, afirmó.

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Caso en la Facultad de Ciencias de la UASLP avanza: profesor es vinculado a proceso

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La FGESLP dio a conocer que el docente es investigado por los delitos de violencia familiar y lesiones

Por: Redacción

María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), informó que un maestro de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) fue vinculado a proceso tras la denuncia presentada por una exalumna.

La fiscal explicó que la resolución judicial se emitió recientemente, luego de que la semana pasada se realizara la audiencia inicial del caso.

“El día de antier se resolvió la situación jurídica del maestro y se le vinculó a proceso”, señaló.

Precisó que esta determinación no significa que exista una sentencia condenatoria, sino que el juez consideró que existen elementos suficientes para que el caso continúe su curso en el proceso penal.

“Hay indicios”, indicó la funcionaria al explicar que la vinculación se basa en los datos de prueba presentados durante la audiencia.

De acuerdo con la Fiscalía, el docente es investigado por los delitos de violencia familiar y lesiones, derivados de la denuncia presentada por la exalumna.

García Cázares añadió que también existe una denuncia del maestro contra la joven, sin embargo, ese caso aún no ha sido resuelto y se encuentra pendiente de determinar si será judicializado.

En ese sentido, explicó que corresponderá al Ministerio Público evaluar los elementos de la carpeta de investigación para decidir si el proceso también procede en ese sentido.

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Gallardo asegura que existen “garantías totales” para protección de mujeres en SLP

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El gobernador afirmó que no han recibido información oficial de la Federación sobre un nuevo mecanismo que sustituya la alerta de violencia de género

Por: Redacción

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, aseguró que en el estado se mantienen los protocolos actuales para atender la violencia contra las mujeres y afirmó que existen “garantías totales” para su protección, pese a las versiones sobre la posible eliminación de la alerta de violencia de género a nivel nacional.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que la Federación implemente un nuevo mecanismo que sustituya a la Alerta de Género, el mandatario estatal señaló que hasta el momento no han recibido información oficial al respecto.

“No, no, no todavía, no nos ha pasado la Federación ningún mecanismo nuevo. Seguimos con los mismos protocolos”, indicó.

Gallardo Cardona añadió que actualmente la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí trabaja con los protocolos vigentes y que incluso se analizan posibles ajustes a nivel local, lo cual consideró positivo para fortalecer las acciones de protección.

“Creo que es muy benéfico siempre todo lo que nos ayude al cuidado de la mujer en San Luis Potosí; para nosotros es bien recibido y bienvenido”, expresó.

Al preguntarle si en la entidad existen condiciones suficientes para garantizar la protección de las mujeres, el gobernador respondió: “Totalmente”.

Las declaraciones del mandatario se dan luego de que la diputada local de Morena, Jessica Gabriela López Torres, advirtiera que desde la Secretaría de las Mujeres federal se analiza retirar la Alerta de Violencia de Género en todo el país.

De acuerdo con la legisladora, esta decisión no significa que el problema de la violencia contra las mujeres haya desaparecido, sino que el mecanismo actual es considerado obsoleto, por lo que se trabaja en una nueva estrategia que lo sustituya.

López Torres señaló que el objetivo del nuevo esquema sería establecer acciones más puntuales por parte de los gobiernos locales, así como el uso de estadísticas para evaluar su funcionamiento.

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