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Vigue, señalada de corrupción en todo México y controla la basura de SLP
Red Ambiental ha sido denunciada en diversas ocasiones de prestar un mal servicio, inflar precios y pagar campañas de políticos panistas, ahora busca que Enrique Galindo le renueve su concesión
Por: Ana G Silva
En marzo de 2024, el Ayuntamiento de San Luis Potosí, con Enrique Galindo al frente, deberá decidir si se renueva la concesión a la empresa Red Ambiental Vigue, que es responsable de la recolección y disposición final de la basura en la capital del estado. Esta empresa en una década de prestar el servicio ha tenido una serie de polémicas con los gobiernos en turno, a tal punto que su contrato estuvo a punto de ser rescindido. La compañía es tan grande que hoy tiene presencia en más de 30 ciudades en México, esto a pesar de que el cobro que hacen por prestar el servicio es el más alto del mercado y a pesar de que varios de los ayuntamientos han tenido diversos problemas con su operación.
De acuerdo con el diario Milenio, la empresa Red Ambiental se ha visto beneficiada de favores políticos en las licitaciones de diferentes estados de la República, pues se ha visto involucrada con el financiamiento de campañas políticas del PAN, instituto político del que emanaron los alcaldes que le es otorgaron las conseciones. Por poner algunos ejemplos en Monterrey Red Ambiental fue firmada por Roberto Ugo Ruiz Cortes, en San Pedro Garza García, y Margarita Arellanos en Monterrey en 2014 y en 2009 llegó a San Luis Potosí después de ganar una cuestionada licitación durante la gestión del también panista Jorge Lozano Armengol. Actualmente algunas de las ciudades en las que tiene presencia son Saltillo, Coahuila; Santa Catarina, Escobedo, San Nicolás y Monterrey en Nuevo León; en el Puerto de Veracruz y en la capital de San Luis Potosí.
La Red Ambiental de Horacio Guerra Marroquín, es “artificialmente” exitosa y ocasiona un gran daño social al impactar los bolsillos de los ciudadanos con contratos más caros y con una vigencia prolongada aún no explicada, como en Campeche, donde el Ayuntamiento debe pagar 4.2 millones de pesos al mes, por un contrato que inició en 2002 con Jorge Carlos Hurtado Valdez y que se renovó con la ex alcaldesa panista Beatriz Sélem Trueba en 2014 por 18 años más.
En 2019, el Observatorio Legislativo de Quintana Roo denunció que el Ayuntamiento de Benito Juárez pagó a Red Ambiental una tarifa por tonelada de basura recolectada al doble del precio de mercado, pues en el contrato el municipio debía pagar del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021, un monto total de 260 millones de pesos, es decir, 730 pesos por tonelada, cuando la concesionaria Inteligencia México cobraba 372 pesos.
En San Luis Potosí, esta empresa ha sido señalada de prestar un servicio deficiente y en 2016 estalló un pleito que afectó durante semanas a la ciudad: el entonces alcalde, Ricardo Gallardo Juárez, rompió con Red Ambiental, pues se tenía una deuda de 100 millones de pesos de las pasadas administraciones, esto provocó que la concesionaria dejara de recolectar la basura en los meses de enero y febrero de ese año, lo que desencadenó una contingencia, por lo que Gallardo tuvo que poner a disposición un plan emergente con más de 100 camiones para realizar esta labor, algunos de estos fueron prestados por el gobierno de la Ciudad de México encabezado por Miguel Angel Mancera.
Algo parecido ocurrió en El Carmen, Nuevo León, donde se dejó de prestar el servicio en el mes de marzo del 2022, pues el gobierno municipal tenía un adeudo con la empresa de los meses de septiembre de 2021 a enero de 2022, lo que provocó que los habitantes empezaran a tirar la basura en las calles; el servicio se restableció hasta finales de abril.
A pesar de autonombrarse una empresa “ambiental”, en dos ocasiones fueron clausurados sus inmuebles: el primero fue en 2020 cuando la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem) cerró un predio ubicado en el Parque Industrial Toluca 2000 pues la fauna era nociva, ya que había un aumento de larvas y moscas.
La segunda clausura se dio porque se encontraron residuos hospitalarios dentro de contenedores, además de que el lugar no contaba con la infraestructura necesaria para el tratamiento y almacenamiento de residuos sólidos de este tipo. Este hecho también fue en Toluca.
También lee: ¿La basura de SLP debe seguir en manos de Vigue?
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Pensiones e intereses absorberán uno de cada tres pesos del gasto federal en 2027
En SLP, el presupuesto 2027 tendrá como techo el monto autorizado para 2026
Por: Ana G Silva
El presupuesto federal para 2027 llegará con una tercera parte de sus recursos prácticamente comprometida entre pensiones y el costo financiero de la deuda, mientras San Luis Potosí prepara su propio presupuesto bajo un techo que no podrá superar el monto autorizado para este año.
El Paquete Económico 2027 plantea un gasto neto de 10.515 billones de pesos, pero una parte importante de esos recursos ya tiene destino antes de que el Gobierno Federal decida nuevas prioridades.
El gasto en pensiones ascenderá a 1.841 billones de pesos, mientras que el costo financiero de la deuda alcanzará 1.575 billones. En conjunto, son 3.416 billones de pesos, equivalentes a aproximadamente 32.5 por ciento de todo el gasto federal previsto para 2027.
En otras palabras, uno de cada tres pesos del presupuesto federal se destinará a pensiones y al pago de intereses y otros costos de la deuda.
Los datos forman parte del análisis de México, ¿cómo vamos? sobre el Paquete Económico presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El organismo advierte que estas obligaciones reducen el espacio fiscal disponible para otras prioridades, debido a que se trata de presiones de gasto difíciles de ajustar en el corto plazo.
Una tercera parte del gasto ya está comprometida
Para 2027, el Gobierno Federal prevé ingresos presupuestarios por 9.157 billones de pesos y un gasto neto pagado de 10.515 billones, equivalente a 26.7 por ciento del PIB.
Dentro del gasto, 7.311 billones corresponderían a gasto programable, es decir, recursos destinados a programas, servicios públicos e inversión; mientras que 3.204 billones serían gasto no programable, relacionado principalmente con obligaciones financieras, participaciones a estados y municipios y adeudos de ejercicios anteriores.
El costo financiero por sí solo será de 1.575 billones de pesos, equivalente a 4 por ciento del PIB. El análisis señala que tasas de interés más elevadas incrementan el costo de financiar la deuda y reducen los recursos disponibles para otras prioridades.
A esto se suma el crecimiento de las pensiones, que llegarán a 1.841 billones de pesos, 4.7 por ciento del PIB.
También se necesita dinero para seguir pagando la deuda
El Paquete Económico contempla además 1.479 billones de pesos de ingresos provenientes de financiamiento, equivalentes a 13.9 por ciento de los ingresos totales previstos para 2027.
La proporción de los ingresos públicos que provienen de financiamiento ha aumentado en el largo plazo: pasó de 9.2 por ciento en 2019 a 13.9 por ciento en la propuesta de 2027, aunque el máximo de la serie analizada se registró en 2024, con 19.2 por ciento.
La propia deuda genera, a su vez, una presión sobre los siguientes presupuestos: el análisis estima que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público pasará de 54 por ciento del PIB en 2026 a 55 por ciento en 2027.
¿Y qué significa para San Luis Potosí?
El panorama federal tiene un reflejo particular en San Luis Potosí, que también prepara su Presupuesto de Egresos para 2027 en un escenario de margen financiero limitado.
La Secretaría de Finanzas estatal informó el pasado 30 de agosto que el techo presupuestal para 2027 será equivalente al presupuesto autorizado por el Congreso para 2026. Por ello, las dependencias deberán reducir costos de operación y considerar las previsiones necesarias ante el cambio de administración.
El dato es relevante porque el próximo presupuesto será el sexto y último de la actual administración estatal, por lo que deberá atender las necesidades del último año de gobierno y, al mismo tiempo, dejar condiciones financieras para la transición.
En materia de deuda, San Luis Potosí reportó que durante 2025 destinó 459.2 millones de pesos al servicio de la deuda pública, de los cuales 122.8 millones correspondieron a amortización de capital. Al cierre de ese ejercicio, el saldo reportado fue de 3 mil 105.6 millones de pesos.
La administración estatal también informó que en diciembre de 2024 reestructuró deuda de largo plazo. Según la Secretaría de Finanzas, los créditos que operaban con tasas de TIIE más 0.45 por ciento pasaron a tasas de TIIE más 0.27 y 0.39 por ciento, respectivamente.
La información financiera estatal mantiene disponibles los reportes de endeudamiento neto e intereses de la deuda, tanto para 2025 como para 2026, lo que permitirá dar seguimiento al costo de estas obligaciones conforme avance el ejercicio.
Menos margen para inversión
El problema presupuestal no se limita al monto de la deuda, sino a cuánto dinero queda después de cubrir las obligaciones.
A nivel federal, México, ¿cómo vamos? estima que en 2027 habrá aproximadamente 67 centavos de inversión física por cada peso de Requerimientos Financieros del Sector Público. Aunque representa una mejora frente a 2025, cuando la relación fue cercana a 45 centavos, todavía se encuentra por debajo de la referencia de un peso de inversión física por cada peso de requerimientos financieros.
La presión también aparece al observar las prioridades de inversión. Los programas y proyectos prioritarios suman 560.2 mil millones de pesos, una cantidad menor al costo financiero de la deuda por sí solo.
De esa bolsa de inversión prioritaria, 45.6 por ciento se destinaría a Pemex y 26.9 por ciento a trenes; ambos rubros concentran cerca de 72.5 por ciento de los recursos, mientras las obras hidráulicas representan apenas 4.1 por ciento.
El escenario coloca el debate presupuestal en una pregunta que también alcanza a los estados: no solamente cuánto dinero hay, sino cuánto queda realmente disponible después de cubrir obligaciones que ya están comprometidas.
En San Luis Potosí, el presupuesto 2027 todavía está en proceso de elaboración. La Secretaría de Finanzas estableció que las dependencias deberán trabajar con un techo equivalente al presupuesto autorizado para 2026 y reducir costos de operación, mientras se prepara el último ejercicio presupuestal de la actual administración.
Así, mientras a nivel federal pensiones y deuda consumirán alrededor de uno de cada tres pesos del gasto, en San Luis Potosí el próximo presupuesto tendrá que construirse sin ampliar su techo respecto al ejercicio actual y con obligaciones financieras que seguirán formando parte de los recursos comprometidos.
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Gallardo: urge que Soledad salga ya de Interapas
Gallardo pidió al alcalde de Soledad fijar postura y salir de Interapas
Por: Redacción
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona pidió a Juan Manuel Navarro Muñiz, alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, fijar una postura y sacar al municipio del convenio con el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (Interapas) de una vez.
El mandatario dijo que es urgente que el municipio deje de depender de Interapas para el gasto del agua y comience a operar su propio organismo.
Argumentó que los pozos de Soledad de Graciano Sánchez tienen agua suficiente, pero que el servicio falla por bombas en mal estado y problemas de rebombeo bajo la operación actual de Interapas, al que calificó de organismo inoperante.
La Comisión Estatal del Agua (CEA), a cargo de Pascual Martínez Sánchez, ya confirmó que dará viabilidad técnica para que Soledad de Graciano Sánchez tenga su propio organismo operador, separado de Interapas, luego de reconocer que el decreto de creación de este último “se quedó corto”.
Las mismas deficiencias, según la CEA, alcanzan también a Villa de Pozos y al resto de la zona metropolitana.
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Partido Verde negociará alianzas de 2027 a partir de noviembre
Ignacio Segura, dirigente estatal del Partido Verde, adelantó que la alianza de 2027 excluirá la candidatura al gobierno del estado
Por: Redacción
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se sentará a negociar alianzas para la elección de 2027 a partir del 15 de noviembre, informó Ignacio Segura Morquecho, dirigente estatal del partido en San Luis Potosí.
La coalición sería parcial. “Es decir, en todo sí, menos en la gubernatura”, explicó Segura. Agregó que la definición en cada municipio dependerá de qué partido lo gobierna actualmente.
En algunos estados, dijo, alguno de los partidos de la coalición ya definió a sus coordinadores. En la capital potosina, el PAN también avanza en su propio proceso interno. El Verde, en cambio, espera el calendario que fijen el Instituto Nacional Electoral (INE) y la autoridad electoral estatal. El proceso federal ya inició, pero aún no se define la fecha para el registro de precandidaturas.
El anuncio de alianzas llegará después de la asamblea nacional del Verde, programada para el 23 de septiembre, cuando el partido se siente con el resto de la coalición a negociar el acuerdo en San Luis Potosí.
Segura pidió que se reconozca el lugar del Verde en esa negociación. “Hemos sido aliados respetuosos y le hemos arrojado diputaciones locales y federales a la coalición”, dijo, y pidió equidad “para que las cosas puedan salir bien también en la elección”.
Las candidaturas locales del Verde se definirán mediante encuesta, con tres casas encuestadoras nacionales, señaló Segura. Las candidaturas federales corresponden a la dirigencia nacional del partido.
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