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Van cuatro muertes maternas en SLP durante 2019
A lo largo del año pasado, San Luis Potosí registró 7 muertes maternas, y se ubicó entre las entidades con menor número de casos
Por: El Saxofón
En lo que va del 2019, San Luis Potosí registra cuatro casos de muerte materna, según el Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMM). Con este número, en solo tres meses, la entidad potosina ya superó más del 50% ciento de las muertes maternas registradas en 2018.
Cabe destacar que en los últimos años, la mortalidad materna se ha reducido en el estado. En 2015 se registraron 12 casos, en 2016, 14, y en 2017, 15. Para el 2018 hubo una disminución notable: a lo largo del año pasado, San Luis Potosí registró 7 muertes maternas, y se ubicó entre las entidades con menor número de casos.
En 2018, a nivel nacional se registraron 667 casos de mortalidad materna. En primer lugar se ubicó el estado de Chiapas con 77 casos, seguido del Estado de México con 73; en tercer lugar se colocó Veracruz con 38 casos; en cuarto Jalisco con 36, y en quinto Oaxaca con 31 casos. Por su parte San Luis Potosí se instaló entre las diez entidades con menos casos de muertes maternas.
La entidad en la que menos mujeres perdieron la vida durante el embarazo o el parto fue Colima, con solo 2 casos, seguido de Baja California y Aguascalientes con tres casos cada uno; el estado de Morelos se ubicó en cuarto lugar con solo 5 casos; Campeche y Tlaxcala registraron 6 casos respectivamente, mientras que la entidad potosina registró 7.
Ya en este 2019, hasta la Semana Epidemiológica número 13, se contabilizan 158 casos de muerte materna en todo el país.
En primer lugar se posiciona el Estado de México con 17 casos; en segundo Jalisco con 12; en tercero Veracruz, también con 12; en cuarto Chiapas con 10, y en quinto Michoacán también con 10.
Por su parte San Luis Potosí se integra a un grupo de seis entidades federativas que contabilizan 4 casos de muerte materna, estas son Durango, Hidalgo, Nayarit y Oaxaca.
En los últimos años la mortalidad materna se ha reducido a nivel mundial. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) entre 1990 y 2015, este fenómeno disminuyó en 44 por ciento.
Sin embargo, todavía hoy, casi 830 mujeres mueren por causas relacionadas con el embarazo y el parto: la mortalidad materna es todavía inaceptablemente alta, sobre todo porque las causas de los decesos son prevenibles si se establecen las medidas adecuadas.
El 99 por ciento de las muertes maternas, según la OMS, ocurren en países en vías de desarrollo. Es decir, en aquellos países que han alcanzado niveles óptimos de desarrollo, y que cuentan con servicios de salud adecuados y eficientes, este problema de salud pública apenas se registra.
En cambio, en los países que apenas están en crecimiento y cuyos servicios de salud no alcanzan a cubrir a toda la población, o cuando lo hacen no ofrecen la atención adecuada, la mortalidad materna cobra la mayor parte de las víctimas.
El problema se acentúa o se concentra en las zonas rurales y las comunidades más pobres, y las víctimas, son mujeres que, por carecer de recursos no cuentan con la atención especializada antes, durante y después del parto, que podría salvarles la vida a ellas e incluso a sus hijos recién nacidos.
La OMS señala que “El mayor riesgo de mortalidad materna corresponde a las adolescentes de menos de 15 años. Las complicaciones del embarazo y el parto son una de las causas de muerte principales de las adolescentes en la mayoría de los países en desarrollo”.
Muchas mujeres mueren de complicaciones que se producen durante el embarazo y el parto o después de ellos. La mayoría de esas complicaciones aparecen durante la gestación y la mayoría son prevenibles o tratables; otras pueden estar presentes desde antes del embarazo, pero se agravan con la gestación, especialmente si no se tratan como parte de la asistencia sanitaria a la mujer. Las principales complicaciones, causantes del 75% de las muertes maternas, son: las hemorragias graves (en su mayoría tras el parto); las infecciones (generalmente tras el parto); la hipertensión gestacional (preeclampsia y eclampsia); complicaciones en el parto; los abortos peligrosos.
La OMS señala que “Las hemorragias graves tras el parto pueden matar a una mujer sana en dos horas si no recibe la atención adecuada. La inyección de oxitocina inmediatamente después del parto reduce el riesgo de hemorragia.
“Las infecciones tras el parto pueden eliminarse con una buena higiene y reconociendo y tratando a tiempo los signos tempranos de infección.
“La preeclampsia debe detectarse y tratarse adecuadamente antes de la aparición de convulsiones (eclampsia) u otras complicaciones potencialmente mortales. La administración de fármacos como el sulfato de magnesio a pacientes con preeclampsia puede reducir el riesgo de que sufran eclampsia.
“Para evitar la muerte materna también es fundamental que se eviten los embarazos no deseados o a edades demasiado tempranas. Todas las mujeres, y en particular las adolescentes, deben tener acceso a la contracepción, a servicios que realicen abortos seguros en la medida en que la legislación lo permita, y a una atención de calidad tras el aborto”.
Con todo esto, hay que destacar que ha habido una disminución notable de los casos de mortalidad materna a nivel nacional y en el estado, lo cual prueba que cuando hay esfuerzos coordinados y sostenidos para frenar o evitar un problema social, es posible alcanzar los resultados esperados.
La reducción en San Luis Potosí es notoria, pero no se debe bajar la guardia. Cuatro casos en los primeros tres meses del año, vistos estadísticamente, podrían no generar inquietud, pero si se mira cada caso en particular, y se toma en cuenta que estamos hablando de vidas humanas quizá debamos volver la vista a nuestro sistema de salud e insistir en que la meta es llevar la mortalidad materna a una tasa cero.
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La Fiscalía mantiene abierta la carpeta de investigación; aún no hay sentencias ni castigos definitivos
Por Redacción
Este 7 de junio se cumplió un año de la tragedia ocurrida en el antro Rich, ubicado en la plaza Alttus de San Luis Potosí, donde el colapso de un barandal provocó la muerte de dos jóvenes y lesiones graves a otros ocho asistentes. A doce meses del incidente, el caso continúa abierto: tres personas enfrentan un proceso penal por homicidio y lesiones culposas, mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene la posibilidad de judicializar a funcionarios públicos por omisiones.
La noche del 7 de junio de 2024, un sobrecupo estimado en más de mil 500 personas —cuando la capacidad permitida era de 200— derivó en el colapso estructural de un barandal, causando que varias personas cayeran desde una altura considerable. El saldo fue: dos jóvenes perdieron la vida, varios resultaron con lesiones graves, y algunos aún enfrentan secuelas físicas y psicológicas permanentes.
Tras el accidente, tres personas encargadas de la operación del lugar —Ulises “N.”, Francisco “N.” y Nancy “N.”— fueron vinculadas a proceso por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas. La Fiscalía General del Estado solicitó penas de hasta 40 años de prisión para Nancy “N.”, mientras que el proceso penal continúa en la etapa intermedia, luego del cierre de la investigación complementaria a finales de 2024.
Además, la Fiscalía amplió las investigaciones para determinar si servidores públicos del Ayuntamiento de San Luis Potosí y del Gobierno del Estado incurrieron en alguna responsabilidad. Hasta ahora, cuatro exfuncionarios de la Dirección de Comercio han sido sancionados administrativamente con inhabilitaciones de seis a doce meses, aunque familiares de las víctimas han cuestionado la tibieza de estas medidas.
Por su parte, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) reportó un gasto cercano a los 4.8 millones de pesos para atención médica, funeraria, psicológica y legal a las víctimas y sus familias.
Mientras que la Dirección de Comercio de la capital reformó su reglamento que cumple con compromisos como ordenar y dignificar el espacio público, además de brindar certeza jurídica tanto al comercio formal como al informal.
A lo largo de estos doce meses, familiares de las víctimas han promovido acciones para garantizar justicia completa. Además de exigir sanciones más firmes contra responsables directos y funcionarios omisos, han solicitado reformas para evitar que hechos similares se repitan. Una petición pública en línea recabó firmas solicitando una investigación a fondo y cambios en la supervisión de establecimientos de entretenimiento.
Aunque el proceso penal contra los tres imputados avanza, aún no se ha dictado sentencia. Tampoco se ha determinado si funcionarios públicos serán judicializados. La Fiscalía ha reiterado que la investigación permanece abierta y no se descarta la judicialización de nuevas personas involucradas.
A un año de la tragedia, el caso Rich representa una herida abierta en San Luis Potosí: un recordatorio del costo de la omisión, la impunidad y la negligencia en la vida nocturna. Y también una prueba de que la justicia, cuando llega, lo hace a paso lento.
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Con trabajos en más de 10 kilómetros, las y los potosinos gozarán de una amplia ruta de movilidad
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, supervisó el avance de la obra de ampliación del bulevar Río Santiago, una inversión que transformará significativamente la movilidad en la zona metropolitana.
Con una extensión de casi 10 kilómetros, esta obra no solo facilitará la circulación vehicular, sino que también impulsa una movilidad sin límites, permitiendo a las y los habitantes de la capital y Soledad de Graciano Sánchez reducir sus tiempos de traslado y acceder con mayor facilidad a comunidades que antes estaban prácticamente desconectadas ante el abandono de la herencia maldita.
Durante su recorrido de supervisión, el Mandatario Estatal destacó que esta ampliación beneficiará directamente a más de 823 mil habitantes y forma parte de un conjunto de proyectos que en solo dos años han atendido y resuelto problemas históricos de movilidad en el Estado.
La obra contempla la pavimentación con concreto hidráulico, la rehabilitación de puentes vehiculares y la implementación de un sistema de iluminación con 640 lámparas LED, además de la incorporación de un colector pluvial que prevendrá inundaciones.
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Junto a la Secretaría de Seguridad capitalina, clausuraron un sitio sin permisos, medidas de seguridad ni instalaciones adecuadas en la avenida Himno Nacional
Por: Redacción
La noche del sábado, en atención a un reporte ciudadano, personal del área de SSPC en coordinación con elementos de la Dirección de Comercio Municipal, acudió a un inmueble ubicado sobre avenida Himno Nacional, el cual operaba de manera irregular como centro de eventos.
Durante la inspección se constató que el lugar no cumplía con las medidas mínimas de seguridad establecidas por Protección Civil, carecía de los permisos correspondientes para su operación comercial, y además no se solicitaban identificaciones a los asistentes, lo que representa un riesgo especialmente para menores de edad.
Por estas irregularidades, y en apego a la normatividad vigente, se procedió a la suspensión inmediata de actividades y la colocación de sellos de clausura.
La Dirección de Comercio del Ayuntamiento capitalino señaló que con estas acciones se cumple el compromiso del Alcalde Enrique Galindo de salvaguardar la integridad de las y los potosinos, al investigar, actuar y prevenir el uso de inmuebles no adaptados ni autorizados para eventos, protegiendo así a la ciudadanía de riesgos innecesarios.
Las autoridades reiteran su compromiso con la seguridad de las y los potosinos, y exhortan a la ciudadanía a seguir denunciando espacios que operen fuera del marco legal.
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