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UASLP investiga a la UASLP: un edificio que construyó tendría fallas estructurales
Autoridades reconocen que la torre del campus Pedregal presenta una serie de agrietamientos que le impiden usarse al 100%
Por: Ana G Silva
El pasado 19 de septiembre se registró un sismo de 7.4 grados con epicentro en Michoacán, el cual tuvo repercusiones en el estado, por lo que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) tuvo que evacuar sus edificios para determinar que no hayan sufrido daños. Hasta el momento, todos los inmuebles han regresado a actividades normales, excepto la torre del campus Pedregal donde se encuentra la Facultad de Ciencias Químicas, ubicado al suroeste de la capital potosina, esto debido a que desde hace dos años, es decir desde su inauguración, ha presentado una serie de problemas de construcción, incluso un grupo de alumnos denunció ayer que riesgo de derrumbe por el agrietamiento de techos y muros.
La Orquesta conversó con Jorge Alberto Pérez González, secretario académico e ingeniero civil de la UASLP, quien comentó que la Contraloría Interna de la Universidad lleva a cabo una investigación para determinar por qué se han suscitado las fallas en dicho edificio, que no ha podido ser utilizado al 100% y que fue edificado por el propio Departamento de Construcción de la máxima casa de estudios del estado.
“Finalmente quien construyó el edificio fue nuestro propio Departamento de Construcción y la Contraloría Interna es la que realiza la investigación para determinar qué fue lo que sucedió con el proceso de esta obra, esto por petición del rector Alejandro Zermeño”, apuntó el funcionario universitario.
El secretario académico recordó que luego de todo lo suscitado en la torre del Pedregal, se solicitó una evaluación de una firma especialista en ingeniería estructural, externa a la universidad, en donde los resultados del peritaje fueron: realizar una serie de intervenciones de reforzamiento en algunos sitios del edificio, además de recomendar utilizar un máximo del 30% de su capacidad:
“Las intervenciones de reforz amientos en algunos sitios del edificio lo estaremos llevando a cabo en una o dos semanas, la idea es que lo podamos utilizar en un 100% y supongo que si ya iniciamos, podremos llevarlo a su término a finales de este año o a principios del año que entra ”.
Jorge Alberto Pérez resaltó que los agrietamientos del edificio no son estructurales, sino en los muros: “La estructura es metálica con base de elementos de acero”.
En cuanto al peritaje realizado luego del sismo, Pérez González detalló que el personal especializado por parte de la Facultad de Ingeniería acudió a la Facultad de Ciencias para hacer una inspección visual preliminar, junto con el Departamento de Protección Civil de la propia universidad, donde se determinó que no había daños.
El secretario apuntó que el martes 20 de septiembre el personal de Protección Civil Municipal también realizó una inspección exhaustiva, y corroboraron lo dicho por las autoridades de la UASLP.
“De todos modos, después del sismo se evacuamos los edificios de la universidad, los más altos, por cuestiones de protocolo interno que tenemos, se hizo la evaluación, pero se tomó la decisión de suspender actividades de clases porque estamos a la espera de que las autoridades de Protección Civil Municipal envíe sus propias recomendaciones para hacer uso adecuado del edificio”.
El directivo de la UASLP apuntó que el resto de los edificios volvieron a sus actividades normales, pues luego de las inspecciones del Departamento Interno de Protección Civil de la Universidad no se detectaron afectaciones.
Finalmente, Pérez González resaltó que él interrogó a algunos de los usuarios del edificio, sobre todo aquellos que trabajan en los pisos más altos, quienes le comentaron que sí sintieron el movimiento telúrico. Se debe añadir que a través de redes sociales, alumnos, alumnas y docentes de la Facultad denunciaron que temen que el edificio esté en peligro de colapsar.
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Proponen reforma para delimitar uso de teléfonos en clases
La diputada Sara Rocha aseguró que condicionar la utilización de estos dispositivos ayudará al desarrollo integral de los estudiantes
Por: Redacción
La diputada Sara Rocha Medina presentó una iniciativa de reforma al artículo 60 de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de delimitar el uso de los dispositivos electrónicos en el ámbito educativo.
La reforma establece que “las autoridades educativas determinarán el uso complementario que se dará al uso del celular y demás dispositivos electrónicos como material educativo de apoyo a la enseñanza y aprendizaje de estudiantes del nivel secundaria, estableciendo para ello los lineamientos necesarios para su aplicación dentro de la jornada escolar, quedando prohibido su uso dentro de los planteles de educación primaria”.
Dicho proceso deberá contar con la participación de directivos, docentes, madres, padres o tutores y, de acuerdo con el principio del interés superior de la niñez. Las autoridades educativas participaran en el diseño e implementación en coordinación con las autoridades correspondientes, de manera permanente y transversal, de las estrategias, campañas y programas formativos dirigidos a toda la comunidad educativa sobre el desarrollo del uso responsable de dispositivos electrónicos.
La congresista aseguró que “en un mundo globalizado donde la tecnología juega un papel cada más importante en el desarrollo de las diversas actividades que realizan las personas en todos los ámbitos de su vida, en especial los dispositivos electrónicos como son los teléfonos y relojes inteligentes, tabletas, computadoras, laptops , entre otros; estos equipos ofrecen grandes ventajas, como la eficiencia realizando tareas de manera más rápida y menor esfuerzo y en general automatiza procesos laborales y educativos”.
Sin embargo, recalcó que además de las ventajas que conlleva el uso de la tecnología, también genera efectos nocivos por el uso excesivo que cada vez más se está dando en todo el mundo, afectando la salud mental, los procesos de socialización y en general la forma de interactuar entre las personas.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para su análisis.
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Cita la FGR a comparecer al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya
Los citatorios se abrieron para diez ciudadanos de Sinaloa, mientras que uno alterno incluyó a funcionarios de Chihuahua
Por: Roberto Mendoza
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió citatorios para diez ciudadanos del estado de Sinaloa, entre los que se encuentra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, como parte de una investigación derivada de una acusación formal presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos.
Sobre esta primera acción ministerial, la dependencia federal determinó: “dichas personas están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación, con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad“.
Dentro del expediente judicial radicado en la corte estadounidense se incluye al senador en activo Enrique Inzunza, exsecretario general de Gobierno de Sinaloa. A diferencia del mandatario estatal con licencia, el legislador conserva su escaño y fuero constitucional; su última ubicación reportada en territorio sinaloense data del 10 de mayo, tras registrar ausencias en sus funciones legislativas desde finales de abril.
De forma paralela a esta indagatoria, la instancia de procuración de justicia federal desarrolla una investigación en curso requiriendo la presencia de autoridades de Chihuahua por la cadena de mando en el operativo realizado en la Sierra del Pinal los días 17 y 18 de abril.
Respecto a este caso, el órgano autónomo detalló: “están siendo citados a comparecer, en calidad de testigos, la gobernadora constitucional del estado y el ex fiscal General de Justicia de esa entidad, a fin de que les sea recabada la entrevista ministerial encaminada al esclarecimiento de los hechos que se investigan”.
Los requerimientos ministeriales ejecutados responden al seguimiento de las operaciones logísticas en ambas entidades y a las acciones pertinentes de los respectivos planes de investigación.
Para fundamentar el alcance de las comparecencias y entrevistas en sede federal, la institución de justicia precisó: “En ambos casos se actúa de conformidad con las correspondientes atribuciones constitucionales y legales, así como con plena sujeción al debido proceso”.
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Entrega la FGR citatorio para comparecer a la Gobernadora de Chihuahua
La gobernadora en persona recibe el documento, asegura que se presentará aun con fuero
Por: Roberto Mendoza
Dos agentes ministeriales de la Fiscalía General de la República (FGR) acudieron este 23 de mayo al Palacio de Gobierno de Chihuahua para notificar el requerimiento oficial a la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, quien garantizó su asistencia programada para el próximo miércoles 27 de mayo a las 10:00 horas: “Ahí estaremos, porque siempre he dado la cara”, aseguró.
El origen del citatorio ministerial responde a la investigación federal iniciada tras el desmantelamiento de un laboratorio clandestino el pasado 19 de abril en el municipio de Morelos.
La indagatoria, documentada, examina la participación operativa de dos agentes estadounidenses en territorio estatal con apoyo de la Agencia Estatal de Investigación, con el objetivo de determinar si la administración de Chihuahua violó la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.
Ante el requerimiento de la autoridad federal, la mandataria estatal abordó su situación jurídica frente a la protección constitucional de su cargo y estableció un contraste operativo respecto a las indagatorias dirigidas a otros ejecutivos estatales: “Voy a tener que estar en la FGR compareciendo, aunque yo una servidora tenga fuero constitucional. ¿con Rubén Rocha no se le ha pedido comparecer, ni a ningún otro gobernador de este país? “.
La integración de la carpeta de investigación a cargo del Ministerio Público de la Federación contempla hasta el momento la emisión de citatorios previos dirigidos a 50 funcionarios estatales, como parte de las diligencias para establecer si las autoridades locales incurrieron en una invasión de competencias de jurisdicción federal.
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