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UASLP investiga a la UASLP: un edificio que construyó tendría fallas estructurales
Autoridades reconocen que la torre del campus Pedregal presenta una serie de agrietamientos que le impiden usarse al 100%
Por: Ana G Silva
El pasado 19 de septiembre se registró un sismo de 7.4 grados con epicentro en Michoacán, el cual tuvo repercusiones en el estado, por lo que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) tuvo que evacuar sus edificios para determinar que no hayan sufrido daños. Hasta el momento, todos los inmuebles han regresado a actividades normales, excepto la torre del campus Pedregal donde se encuentra la Facultad de Ciencias Químicas, ubicado al suroeste de la capital potosina, esto debido a que desde hace dos años, es decir desde su inauguración, ha presentado una serie de problemas de construcción, incluso un grupo de alumnos denunció ayer que riesgo de derrumbe por el agrietamiento de techos y muros.
La Orquesta conversó con Jorge Alberto Pérez González, secretario académico e ingeniero civil de la UASLP, quien comentó que la Contraloría Interna de la Universidad lleva a cabo una investigación para determinar por qué se han suscitado las fallas en dicho edificio, que no ha podido ser utilizado al 100% y que fue edificado por el propio Departamento de Construcción de la máxima casa de estudios del estado.
“Finalmente quien construyó el edificio fue nuestro propio Departamento de Construcción y la Contraloría Interna es la que realiza la investigación para determinar qué fue lo que sucedió con el proceso de esta obra, esto por petición del rector Alejandro Zermeño”, apuntó el funcionario universitario.
El secretario académico recordó que luego de todo lo suscitado en la torre del Pedregal, se solicitó una evaluación de una firma especialista en ingeniería estructural, externa a la universidad, en donde los resultados del peritaje fueron: realizar una serie de intervenciones de reforzamiento en algunos sitios del edificio, además de recomendar utilizar un máximo del 30% de su capacidad:
“Las intervenciones de reforz amientos en algunos sitios del edificio lo estaremos llevando a cabo en una o dos semanas, la idea es que lo podamos utilizar en un 100% y supongo que si ya iniciamos, podremos llevarlo a su término a finales de este año o a principios del año que entra 
Jorge Alberto Pérez resaltó que los agrietamientos del edificio no son estructurales, sino en los muros: “La estructura es metálica con base de elementos de acero”.
En cuanto al peritaje realizado luego del sismo, Pérez González detalló que el personal especializado por parte de la Facultad de Ingeniería acudió a la Facultad de Ciencias para hacer una inspección visual preliminar, junto con el Departamento de Protección Civil de la propia universidad, donde se determinó que no había daños.
El secretario apuntó que el martes 20 de septiembre el personal de Protección Civil Municipal también realizó una inspección exhaustiva, y corroboraron lo dicho por las autoridades de la UASLP.
“De todos modos, después del sismo se evacuamos los edificios de la universidad, los más altos, por cuestiones de protocolo interno que tenemos, se hizo la evaluación, pero se tomó la decisión de suspender actividades de clases porque estamos a la espera de que las autoridades de Protección Civil Municipal envíe sus propias recomendaciones para hacer uso adecuado del edificio”.
El directivo de la UASLP apuntó que el resto de los edificios volvieron a sus actividades normales, pues luego de las inspecciones del Departamento Interno de Protección Civil de la Universidad no se detectaron afectaciones.
Finalmente, Pérez González resaltó que él interrogó a algunos de los usuarios del edificio, sobre todo aquellos que trabajan en los pisos más altos, quienes le comentaron que sí sintieron el movimiento telúrico. Se debe añadir que a través de redes sociales, alumnos, alumnas y docentes de la Facultad denunciaron que temen que el edificio esté en peligro de colapsar.
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Rodrigo Lecourtois insiste en revisar los recursos propios de la universidad que encabeza Alejandro Zermeño y advierte que negarse podría tener consecuencias legales tarde o temprano
Por: Jorge Saldaña
El auditor superior Rodrigo Lecourtois afirma que la autonomía universitaria no impide la fiscalización del dinero autogenerado. Advierte que la estrategia jurídica encabezada por la rectoría de Alejandro Zermeño Guerra ha sido derrotada en tribunales y que, si la negativa persiste, podrían venir consecuencias legales
El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Lecourtois, reiteró que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) está obligada a permitir la revisión de sus recursos autogenerados, y advirtió que la estrategia jurídica con la que la rectoría encabezada por Alejandro Zermeño Guerra ha intentado evitar las auditorías ha sido sistemáticamente derrotada en tribunales.
En entrevista, Lecourtois sostuvo que la negativa de la universidad a abrir sus cuentas bajo el argumento de la autonomía universitaria no tiene sustento legal, pues la Constitución establece que todo recurso público debe ser fiscalizado.
El auditor recordó que desde principios de 2026 el IFSE solicitó formalmente la revisión de estos fondos, petición que —según dijo— la universidad prácticamente ignoró.
“Nos mandaron al chori”, dijo entonces Lecourtois, utilizando una expresión coloquial para describir que la solicitud fue desestimada por la rectoría.
Meses después, el conflicto permanece sin resolverse y con un historial jurídico que, según el propio auditor, no favorece a la universidad.
De acuerdo con lo expuesto por el titular del IFSE, cada recurso legal promovido por la defensa jurídica de la UASLP para frenar la auditoría ha sido rechazado por las instancias correspondientes, lo que debilita el argumento central de la rectoría encabezada por Zermeño: que revisar los recursos propios violaría la autonomía universitaria.
Lecourtois sostuvo que la autonomía protege la vida académica y administrativa de la universidad, pero no puede convertirse en un escudo para impedir la fiscalización de dinero público.
En ese contexto, advirtió que si la universidad mantiene su postura de negarse a la revisión, las consecuencias podrían escalar al terreno jurídico.
“La fiscalización no es opcional”, señaló.
El funcionario explicó que el IFSE está obligado por ley a revisar todos los recursos que ejerzan las instituciones públicas, incluidos aquellos que las universidades generan a través de cuotas, servicios, proyectos o convenios.
La disputa entre el IFSE y la UASLP, encabezada por el rector Alejandro Zermeño Guerra, lleva ya varios años en tribunales y se ha convertido en uno de los debates más delicados sobre los límites entre la autonomía universitaria y la rendición de cuentas.
Mientras la rectoría ha insistido en que auditar estos recursos vulneraría la autonomía institucional, el órgano fiscalizador dirigido por Rodrigo Lecourtois sostiene que la transparencia es una obligación constitucional.
Hasta ahora, sin embargo, el conflicto mantiene un matiz incómodo para ambas partes: la universidad ha perdido sus batallas legales, pero el IFSE aún no ha logrado abrir completamente las cuentas que busca revisar.
Por ello, Lecourtois insistió en que la salida más razonable sería que la universidad permita la revisión.
De lo contrario, advirtió, la presión jurídica podría incrementarse.
En otras palabras, el auditor dejó abierta una posibilidad incómoda para la rectoría de Zermeño: que el tema deje de ser una discusión administrativa y termine escalando a responsabilidades legales.
Y en ese escenario, la pregunta que queda en el aire es simple: si este año la universidad volverá a “mandar al chori” al órgano fiscalizador… o si finalmente abrirá sus cuentas.
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El gobernador Ricardo Gallardo detalló que el sistema ferroviario tendría alrededor de 900 kilómetros de recorrido
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, informó que el proyecto del tren de pasajeros que conectará a la entidad con Querétaro y Saltillo contempla varias estaciones dentro del territorio potosino, incluida una posible terminal en la capital.
El mandatario estatal explicó que la propuesta fue revisada durante una reunión con Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la
“Ya tuvimos acceso a todo el proyecto. Contempla estaciones en San Luis Potosí capital y estamos revisando si el Museo del Ferrocarril puede convertirse en una gran estación en La Alameda”, explicó.
El gobernador señaló que la intención es que el tren llegue a la zona de La Alameda, lo que permitiría recuperar el valor histórico d el sistema ferroviario en la ciudad.
De acuerdo con el planteamiento presentado, las estaciones en territorio potosino incluirían Ahualulco, Moctezuma, Venado, Charcas y Real de Catorce, antes de continuar su trayecto hacia Saltillo.
Gallardo Cardona detalló que los nuevos tramos ferroviarios se construirían de manera paralela a las vías existentes, con el objetivo de agilizar los procesos de liberación de derecho de vía y facilitar la ejecución del proyecto.
El sistema ferroviario tendría una extensión aproximada de 900 kilómetros en total, considerando las rutas Querétaro–San Luis Potosí y San Luis Potosí–Saltillo.
En el caso del tramo hacia Querétaro, también se contemplan estaciones en Villa de Reyes y Santa María del Río, antes de llegar a la capital potosina.
El mandatario calificó el plan como “un proyecto muy ambicioso” y adelantó que la intención del gobierno federal es que las obras arranquen este mismo año.
Además, aseguró que el servicio tendría tarifas competitivas: “El costo será muy accesible, a nivel de autobús o incluso más barato”, afirmó.
Finalmente, destacó que el tren de pasajeros ayudaría a reducir la carga de tránsito en la carretera 57, especialmente en el traslado de pasajeros entre estados del Bajío y el norte del país.
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Activistas señalaron que habitantes de Rioverde y Ciudad Valles deben trasladarse hasta la capital para recibir atención
Por: Redacción
A un año de que el aborto fuera despenalizado en San Luis Potosí, integrantes de la Colectiva ILE señalaron que, aunque el derecho ya está reconocido en la ley, el acceso real al servicio aún enfrenta diversos obstáculos en el sistema de salud.
De acuerdo con Quadratín, Nuria, integrante del colectivo, explicó que actualmente las principales instituciones que brindan la interrupción legal del embarazo de manera gratuita son IMSS Bienestar, IMSS e ISSSTE. Sin embargo, advirtió que muchas mujeres todavía desconocen dónde pueden acudir o cuál es el procedimiento para solicitar el servicio.
También señaló que una parte importante de las solicitudes proviene de municipios como Rioverde y Ciudad Valles, cuyos habitantes deben trasladarse hasta la capital potosina para recibir atención, lo que implica gastos de transporte y otras barreras económicas que dificultan el acceso
Otro de los problemas detectados dentro de los hospitales es la objeción de conciencia por parte de personal médico, la cual, afirmó, en muchos casos no se encuentra debidamente justificada y termina funcionando como una barrera para acceder al servicio.
Finalmente, la activista recordó que aún está pendiente una reforma para homologar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de que la negación del servicio de interrupción legal del embarazo pueda ser reconocida como violencia institucional.
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