Autoridades locales indicaron que ya refuerzan la vigilancia epidemiológica

Por: Redacción

San Luis Potosí se sumó oficialmente a la lista de entidades federativas que han registrado casos de sarampión en 2025, luego de que la Secretaría de Salud del Gobierno Federal confirmara un contagio en la zona Centro del estado, según lo establece el Boletín Epidemiológico No. 6 sobre Enfermedades Prevenibles por Vacunación, con fecha del 16 de mayo.

Con esta confirmación, San Luis Potosí se une a Yucatán, Tabasco, Sinaloa, Querétaro y Guanajuato, entidades que también han reportado casos durante el presente año, en el contexto de una oleada de contagios que afecta principalmente a Estados Unidos, pero que ya ha comenzado a impactar distintas regiones del país, incluyendo Chihuahua.

De acuerdo con el informe federal, el caso potosino corresponde a un hombre que se desempeña como piloto de una empresa de paquetería, quien fue atendido en un hospital privado. El paciente presentó los síntomas clásicos de la enfermedad y fue aislado de inmediato como medida preventiva, conforme al protocolo sanitario.

Tras recibir tratamiento y no presentar complicaciones graves, el paciente fue dado de alta, confirmaron autoridades locales.

Hasta el momento, en el estado se han analizado 42 casos probables de sarampión, aunque solo uno ha sido confirmado mediante pruebas de laboratorio. Las autoridades de salud mantienen vigilancia activa en diversas zonas, especialmente en áreas urbanas con alta movilidad.

Además del sarampión, otra enfermedad que mantiene en alerta al sector salud potosino es la tosferina, la cual ha reportado 13 casos confirmados en lo que va de 2025. Aunque el número puede parecer bajo, la letalidad de esta enfermedad es considerable: 15.4 por ciento, colocándose como la segunda más alta del país, solo detrás del estado de Puebla.

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La legisladora potosina reafirmó que su participación responde al compromiso de representar con dignidad a los migrantes

 

 

La senadora Ruth González Silva viajó este martes a Washington D.C., junto con una comitiva plural del Senado mexicano, con el objetivo de expresar ante congresistas estadounidenses la postura de México frente a la propuesta de gravar con un impuesto del 5% los envíos de remesas.

Dicho impuesto, actualmente en discusión en la Cámara de Representantes de EE.UU., afectaría gravemente a la comunidad mexicana en el exterior y a millones de familias de México que dependen de esos recursos.

González Silva, en su calidad de Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, señaló que “la defensa de las remesas es la defensa de nuestras familias. Este tipo de medidas castigan a quienes, con esfuerzo y sacrificio, continúan sosteniendo a sus comunidades desde el extranjero. No se trata solo de números: se trata de niñas y niños que estudian, de adultos mayores que sobreviven con dignidad”.

De las personas que reciben estos recursos, el 62% son mujeres y más de un tercio vive en localidades con menos de 2,500 habitantes, por lo que el gravamen tendría un impacto desproporcionado en los sectores más vulnerables.

La senadora advirtió que aplicar este impuesto, además de representar una doble tributación, podría incentivar el uso de canales informales para el envío de remesas, lo que dificultaría su trazabilidad y pondría en riesgo los avances alcanzados en materia de inclusión financiera entre la comunidad migrante.

La legisladora potosina reafirmó que su participación responde al compromiso de representar con dignidad a los migrantes y velar por los intereses de sus familias: “No merecen castigo. Merecen respeto, reconocimiento y políticas que fortalezcan su papel en el desarrollo de nuestra región”, concluyó.

Se habrían solicitado más de 5 millones de pesos entre abril y mayo de 2024, fechas que también  coinciden con la veda electoral

Por: Ana G Silva

La Secretaría del Bienestar en San Luis Potosí enfrenta una acusación por presuntos actos de corrupción, en la que a través de documentos, se evidencía un supuesto desvío de recursos durante la veda electoral de 2024.

Tras una denuncia hecha a través de redes sociales por un ex empleado de la dependencia llamado Dorian Morua, quien laboraba en el programa federal para adultos mayores, denunció que fue despedido sin justificación, decidió exponer una serie de solicitudes de recursos millonarios realizadas por la dependencia en fechas en las que los programas sociales deberían estar suspendidos por ley, pues se efectuaban las campañas a elecciones de la presidencia de México.

“Solicitaron millones de pesos para operativos inexistentes, en plena veda electoral. Esto no es solo inmoral, es ilegal”, escribió en su publicación, en la que anexó copias de varios oficios internos con detalles de los gastos.

Entre los recursos solicitados durante la veda electoral se encuentran: el 2 de abril de 2024 donde se solicitaron 148 mil 588 pesos con número de oficio BIE/SLP/SDSH/AU/0366/2024 con el concepto “Productos alimenticios para personal en campo”; solo en alimentos, 113 mil 588 pesos. El 23 de abril de 2024 la cantidad fue por 94 mil pesos, con oficio BIE/SLP/SDSH/AU/0349/2024 con el concepto “Gastos para operativos y trabajos de campo en zonas rurales, impresión y material informativo”.

   El 9 de mayo de 2024 se solicitó la cantidad de un millón 180 mil pesos, con el número de oficio BIE/SLP/SDSH/AU/0398/2024 usando el concepto “Arrendamiento de mobiliario (250 mil pesos), operativos en áreas naturales (302 mil pesos), entre otros”. Para el 17 de mayo de 2024 el monto fue por  un millón 136 mil 100 pesos,

con el número de oficio BIE/SLP/SDSH/AU/0419/2024 para una supuesta “Repetición de arrendamiento de mobiliario y operativos en áreas naturales”. Mientras que el 28 de mayo de 2024 (a días de la elección presidencial) se utilizó un total de dos millones 874 mil 575 pesos, con el oficio No.: BIE/SLP/SDSH/AU/0478/2024, usando e concepto “Arrendamiento de mobiliario (506 mil 600 pesos) y vehículos terrestres, aéreos y marítimos para programas públicos (un millón 068 mil 475 pesos)”.

El ex trabajador aseguró que estos recursos no se vieron reflejados en acciones reales, y acusa que fueron parte de una simulación para justificar gastos durante una etapa en la que los programas debían estar detenidos.

Además, denunció prácticas como acoso laboral, represión a empleados críticos y el uso de programas sociales como herramientas de presión política durante procesos electorales. Sumado a ello, denunció que fue despedido sin justificación; razón por la que decidió exhibir dichas prácticas.

Hasta ahora, ni el delegado Guillermo Morales ni la Secretaría del Bienestar han ofrecido una postura pública ante estas acusaciones. La denuncia ya circula en redes sociales y ha comenzado a llamar la atención de organizaciones ciudadanas y medios locales.

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