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Tras 5 años de tropiezos, hoy se inaugura la planta BMW en SLP
La planta de BMW en San Luis Potosí será inaugurada hoy, en un evento encabezado por el gobernador Juan Manuel Carreras y directivos de la empresa.
Según la página web del corporativo alemán fabricante de automóviles, BMW Group Planta San Luis Potosí fabricará la nueva generación del icónico BMW Serie 3.
La planta de San Luis Potosí se caracterizará por un sistema de producción innovador y tendrá los estándares más altos en materia de sustentabilidad. Desde el primer año de producción, la planta será la más eficiente de BMW Group en cuanto a uso de recursos presume la empresa automotriz en su sitio web.
Algunos sectores empresariales criticaron en las últimas semanas que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no estará presenta en la puesta en marcha de la empresa alemana BMW en San Luis Potosí. Al respecto, el diputado José Antonio Zapata Meraz dijo que hay que ser respetuosos de la agenda del presidente. Sin embargo, consideró que es necesario preocuparse más por cumplir con los ofrecimientos que se le hicieron a la armadora para lograr su instalación en territorio potosino que estar pensando en la visita de un personaje político.
En el año 2014, la empresa BMW anunció que llegaría a San Luis Potosí. Sin embargo, la construcción de su planta en el municipio de Villa de Reyes inició hasta junio de 2016.
Con una inversión de mil millones de dólares, esta armadora construirá alrededor de 150 mil unidades al año, y para el año 2019 ofrecerá empleo a mil quinientas personas de manera directa, informó el mandatario estatal.
En diciembre de 2014, el medio de comunicación La Jornada de San Luis presentó una serie de documentos en los que consta que el gobierno de Fernando Toranzo, entonces mandatario estatal, acordó beneficiar a la empresa BMW con más de tres mil quinientos millones de pesos provenientes del presupuesto público.

Entre erogaciones de impuestos y apoyos, la administración torancista dejó un compromiso que trascendió a la administración de Juan Manuel Carreras y que se salió del marco legal. A cambio, San Luis Potosí solo pedía dos cosas a BMW: generar mil 500 empleos antes del 2024 e invertir mil millones de dólares entre su llegada y el año 2029.
Ese convenio fue puesto bajo reserva de siete años por el gobierno de Toranzo, por lo que es inmune a las solicitudes ciudadanas de transparencia.
También en junio de 2016, La Orquesta dio a conocer que de los 972 millones 274 mil pesos destinados a la preparación, levantamiento y nivelación del terreno ubicado en Parque Logistik II, lugar donde se instaló la planta de BMW en Villa de Reyes, no hubo ningún procedimiento de adjudicación o licitación.
Tampoco existe claridad respecto al concepto que en el contrato nombran como “Aportación de activos” y que contempla un ejercicio de más de 655 millones de pesos.
Igual ocurre con las obras que suponen la conexión con el sistema carretero, la construcción de calles de acceso a la planta, la conexión de la fábrica a la vía férrea y la conexión a la red eléctrica.
Esa falta de licitaciones va en contra de lo que estipula el convenio de colaboración entre el gobierno del estado y la empresa BMW, pues las obras con valor de más de 3 mil millones de pesos que se ejecutaron con aportaciones en su mayoría de recursos del estado, necesarias para el inicio de operaciones de la planta, no pasaron por ningún proceso de licitación o concurso y se dejaron al reparto discrecional de un particular.
De acuerdo con el convenio que se firmó en julio del 2014, y al que tuvo acceso LaOrquesta.MX, en sus cláusulas se estipuló que es el gobierno del estado el que se compromete a realizar los trabajos de infraestructura y que se “cumplirá con el marco legal aplicable de obra pública y servicios relacionados con el mismo, a fin de realizar las mismas de conformidad con los mecanismos jurídicos que establecen las disposiciones legales aplicables, sea por licitación pública, invitación a tres personas o adjudicación directa según aplique y sea el caso”.
Sobre la capacitación para 2 mil personas, el convenio contempló 25 millones de pesos, una aportación para conexión a gas, capacitación en el extranjero y “otros gastos” por 93 millones 274 mil pesos, sin contar con la renta por 36 meses de las oficinas temporales de BMW en un edificio también propiedad del parque Logistik y hasta el sueldo de “dos asistentes ejecutivos para ayudar en el manejo de los servicios y trabajo administrativo durante toda la vigencia del contrato gratuito de arrendamiento”.
La suma total de las obras, compras e inversiones que se ejecutaron antes del inicio de las operaciones de la armadora de vehículos de lujo exceden los 3 mil millones de pesos, un 80 por ciento de descuento en los impuestos totales sobre la adquisición de los inmuebles y hasta el pago de los gastos notariales.
En cambio, en el contrato colectivo entre el sindicato CTM y BMW, según publicó El Financiero Bloomberg, se estableció un tope límite de los salarios entre 1.10 y 2.53 dólares por hora. En contraste, Emilio de Jesús Ramírez Guerrero, líder de ese sindicato, negó en 2017 para La Orquesta que el contrato establezca topes.
Según Ramírez Guerrero, el contrato del cual Bloomberg tuvo vista, es el del 2014 y que el del 2017 es distinto, pues se actualiza cada año; aunque cuando se le preguntó cuáles son los sueldos actualizados, respondió: “no tengo los datos, pero el contrato se actualiza todos los años y está en pesos”.
En julio de 2017 trascendió que el Clúster Automotriz habría recibido la noticia de que la armadora alemana sugirió a su cartera de proveedores pendientes de instalarse, que desistieran de venir a San Luis Potosí por la complicación que están encontrando las plantas para reclutar operadores de producción.
Esa misma semana, Herman Bohrer, director de la planta de BMW en San Luis, reenvió un mail al secretario de Desarrollo Económico (Sedeco), Gustavo Puente Orozco, a través del cual un funcionario en Múnich, informaba a los ejecutivos en México, que la información publicada era falsa, según dijo el propio titular de Sedeco.
El secretario Gustavo Puente expresó que según los datos de BMW, para julio de 2017 faltaban alrededor de 30 proveedores por llegar, además de las ampliaciones.
“Según nos dice BMW, estiman estar teniendo una cartera entre nuevas ampliaciones y algunos proveedores, de cerca de cien”, dijo entonces en secretario de Desarrollo Económico. “La empresa directamente me ha negado que en ninguna medida y de ninguna manera ha habido declaraciones”.

No había agua para la fábrica
En febrero de este año, diversas versiones periodísticas anunciaron que la planta de BMW en Villa de Reyes estaba sufriendo desabasto de agua, lo que impedía el avance en los detalles finales de la obra para concretar el inicio de operaciones de esa fábrica.
Al respecto, el presidente y vicepresidente de la Comisión del Agua del Congreso del Estado, Mario Lárraga Delgado y José Antonio Zapata Meraz, afirmaron que no hay información oficial sobre los supuestos problemas de servicio de agua que presenta el terreno donde iniciará operaciones la empresa BMW.
“Fue un tema que conocí a través de una nota que publican, habrá que revisar el tema, habrá que platicar con el titular del Desarrollo Económico, con las personas de la BMW y ver la solución al respecto, si dentro del convenio de atracción de la inversión está el hecho de que la empresa invierte en infraestructura hidráulica, yo lo veo positivo”, explicó Zapata Meraz.
El diputado panista comentó que si los problemas de agua en aquella zona resultan ser ciertos, se buscará garantizar las condiciones para que la BMW opere de manera correcta y así potencializar la economía del estado.
“No se escatimará recurso público en el caso que se tenga que invertir, pero seguro estoy que por la magnitud de la empresa hay una factibilidad técnica de la inversión que se está realizando”, dijo.
Por su parte, Lárraga Delgado, agregó que en la comisión solo se han tratado propuestas que tienen que ver con el uso de agua para la BMW: “teníamos conocimiento extraoficial de esa situación (…) tenemos una propuesta para que no usen agua de primera sino de segunda (agua tratada) y que además que tengan ahí mismo una planta de tratamiento”.
En cambio, Mauricio Ramírez Konishi, diputado de PRI en el Congreso del Estado, consideró que con el inicio de actividades de la planta BMW se demuestra la confianza en San Luis Potosí, en sus instituciones y en la paz laboral de la entidad.
“Esta confianza se va a refrendar en atraer más inversión, generar empleos mejor pagados y una estabilidad laboral única que tiene San Luis Potosí, que hay que preservar para que siga siendo un polo de atracción de inversiones”, mencionó el diputado.
Afirmó que la inauguración de la planta el próximo 6 de junio será un evento representativo para San Luis Potosí, “cuando tengamos ya formalmente y en todos los medios produciendo uno de los vehículos de mayor nivel en el mundo (…) va a ser la planta más moderna, que va a contar con tecnología de punta para hacer uno de los vehículos de una alta calidad que todos conocemos”, sostuvo.
Remírez Konishi dijo que es evidente el despegue económico de la región Bajío, a la cual pertenece San Luis Potosí y que dará beneficios para sus habitantes, “se vuelve ese gran polo de desarrollo, ese triángulo dorado de la industria automotriz que hay en México, que va a generar una potencia de protección para posibles acciones de desestabilidad”.
https://laorquesta.mx/bmw-se-reune-con-trump-y-descarta-cambios-en-inversion-en-slp/
Ciudad
Presunto abuso contra ocho niñas sacude nuevamente a la Iglesia potosina
Arquidiócesis admite salida del señalado y surgen dudas sobre actuación de Fiscalía
A más de una década del escándalo del sacerdote Eduardo Córdova, nuevas denuncias de violencia sexual infantil alcanzan a una capilla de Prados. Familias señalan que la Fiscalía dejó libre al presunto agresor, mientras la Iglesia informa que el trabajador renunció voluntariamente y ofrece colaborar con las investigaciones.
Por: Redacción
La Arquidiócesis de San Luis Potosí enfrenta un nuevo caso de presunto abuso sexual infantil que revive los cuestionamientos sobre la protección de menores en espacios religiosos, la responsabilidad de las autoridades eclesiásticas y la capacidad de las instituciones de justicia para responder a denuncias de esta gravedad.
Esta vez el señalado no es un sacerdote, sino un trabajador de una capilla ubicada en la colonia Prados, a quien se atribuyen presuntas agresiones sexuales contra al menos ocho niñas de entre cinco y 13 años de edad.
La diferencia en su condición laboral o religiosa no disminuye la gravedad de los señalamientos ni elimina la necesidad de esclarecer qué mecanismos de vigilancia y protección existían dentro del recinto, cómo se permitió el contacto del trabajador con las menores y cuál fue la reacción de los responsables de la capilla al conocer las acusaciones.
Mientras las familias exigen justicia, la respuesta pública de la Arquidiócesis se ha concentrado en informar que el señalado dejó de trabajar en el lugar mediante una renuncia voluntaria, que está dispuesta a colaborar con la Fiscalía General del Estado (FGE) y que ofrecerá acompañamiento psicológico a las posibles víctimas.
Sin embargo, permanecen sin respuesta preguntas fundamentales: ¿cuándo conocieron las autoridades religiosas los primeros señalamientos?, ¿qué medidas adoptaron para proteger a las niñas?, ¿se investigó la posible existencia de otras víctimas? y ¿qué responsabilidad corresponde a quienes tenían a su cargo la supervisión del trabajador?
A ello se suma un señalamiento particularmente delicado: de acuerdo con información proporcionada por familiares de las menores, la Fiscalía habría dejado en libertad al presunto agresor, una circunstancia cuya situación jurídica y razones deben ser aclaradas por la autoridad ministerial.
Representantes de la Arquidiócesis confirmaron que el trabajador señalado ya no presta servicios en la capilla y explicaron que presentó su renuncia de manera voluntaria. Según la información proporcionada, habría dejado el lugar desde el pasado viernes.
También reconocieron que, ante la naturaleza de las acusaciones, no podían permitir que continuara teniendo contacto con menores de edad mientras se esclarecen los hechos.
Sin embargo, la salida del trabajador no resuelve las interrogantes sobre la responsabilidad institucional.
La Arquidiócesis no ha explicado públicamente si existieron reportes anteriores sobre su conducta, qué controles se aplicaban al personal que convivía con niñas y niños o si se abrió alguna investigación interna para determinar posibles omisiones de quienes estaban al frente del recinto religioso.
Tampoco ha quedado establecido si la separación ocurrió por una decisión preventiva de la institución o exclusivamente por la renuncia presentada por el propio señalado.
El caso exige respuestas que van mucho más allá de confirmar que el trabajador ya no se encuentra en la capilla.
Familias denuncian liberación del presunto responsable; Fiscalía debe aclarar su situación
Otro de los aspectos que incrementa la preocupación es la actuación de la Fiscalía General del Estado.
Familiares de las menores sostienen que el presunto responsable fue dejado en libertad, pese a la existencia de denuncias por posibles agresiones sexuales.
Hasta ahora, con la información disponible, no se ha establecido oficialmente si el señalado fue detenido, presentado ante el Ministerio Público o sujeto a alguna medida cautelar, ni bajo qué circunstancias habría quedado libre.
Toca a la Fiscalía esclarecer estos puntos, así como precisar el estado procesal de las denuncias y las medidas adoptadas para proteger a las niñas y evitar cualquier riesgo de intimidación o acercamiento por parte del investigado.
La reserva legal de las carpetas de investigación no impide que la autoridad proporcione información general sobre sus actuaciones, sin comprometer las indagatorias ni revelar la identidad de las víctimas.
La activista Marilú González, quien hizo públicos los señalamientos, aseguró que existen ocho carpetas de investigación relacionadas con los hechos y advirtió sobre la posibilidad de que haya más menores afectadas.
De confirmarse la existencia de múltiples víctimas, la investigación tendría que establecer si las presuntas agresiones ocurrieron durante un periodo prolongado y si existieron circunstancias que facilitaron su repetición.
El arzobispo, ausente de la primera respuesta
La actuación de la jerarquía eclesiástica también ha generado cuestionamientos.
Tras hacerse públicas las denuncias, representantes de la Arquidiócesis señalaron inicialmente que el arzobispo no estaba enterado del caso y que se encontraba fuera de la ciudad.
Explicaron que las madres habían anunciado su intención de acudir al Arzobispado, aunque no precisaron horario ni identidades por razones de protección.
La respuesta incluyó la posibilidad de que el arzobispo se reuniera con ellas posteriormente, sin establecer una fecha concreta.
La activista Marilú González denunció que acudió a buscar un acercamiento con el máximo representante de la Iglesia católica potosina, pero no fue recibida.
La situación plantea un cuestionamiento sobre los mecanismos internos de comunicación y atención a víctimas: ¿cómo se informa a la máxima autoridad religiosa sobre acusaciones de violencia sexual contra menores y quién asume la responsabilidad inmediata de atenderlas?
La ausencia física del arzobispo no debería impedir la activación de protocolos de protección ni una respuesta institucional oportuna ante denuncias de esta naturaleza.
La sombra del caso Eduardo Córdova vuelve sobre San Luis Potosí
Las denuncias en Prados adquieren una dimensión particularmente sensible por los antecedentes de la Iglesia católica en San Luis Potosí.
En 2014 estalló públicamente el escándalo del sacerdote Eduardo Córdova Bautista, quien había ocupado cargos de relevancia dentro de la Arquidiócesis, incluido el de representante legal, y fue señalado por múltiples víctimas de abuso sexual.
Las denuncias revelaron una historia de acusaciones que se remontaba a años anteriores y dieron lugar a graves cuestionamientos sobre el conocimiento que las autoridades eclesiásticas tenían de los hechos y su actuación frente a ellos.
El caso se convirtió en uno de los episodios más graves y emblemáticos de las denuncias de abuso sexual clerical en San Luis Potosí.
Más de una década después, las acusaciones de la colonia Prados obligan a revisar si las lecciones de aquel escándalo se tradujeron en mecanismos eficaces de prevención, vigilancia y atención a víctimas.
Aunque los hechos y las personas señaladas en ambos casos son distintos, existe una preocupación institucional común: la seguridad de niñas, niños y adolescentes que participan en actividades religiosas y depositan su confianza en quienes tienen responsabilidades dentro de esos espacios.
La Iglesia potosina enfrenta nuevamente el desafío de demostrar que su compromiso con la protección de menores se traduce en acciones verificables, y no únicamente en declaraciones públicas después de que las denuncias salen a la luz.
Otras posibles víctimas y la obligación de evitar nuevos daños
Representantes de la Arquidiócesis reconocieron que dos madres acudieron a informar sobre los presuntos abusos y señalaron que, de acuerdo con lo que les comunicaron, podría haber más víctimas.
Según la información proporcionada, las madres conocieron los hechos el pasado 10 de noviembre, después de que sus hijas les relataron lo ocurrido, y acudieron a presentar denuncias formales.
La institución religiosa invitó a otras familias que pudieran tener información sobre posibles agresiones a denunciar ante las autoridades.
También ofreció proporcionar a la Fiscalía los expedientes, datos de identificación del trabajador y acceso a los espacios de la capilla que resulten necesarios para las investigaciones, además de acompañamiento psicológico especializado.
Estas medidas deberán traducirse en una atención efectiva, con personal capacitado, protección de la identidad de las niñas y procedimientos que eviten obligarlas a repetir innecesariamente sus testimonios.
La prioridad debe ser la seguridad y recuperación de las posibles víctimas, sin presiones para retirar denuncias, conciliar hechos de naturaleza penal o guardar silencio en nombre de la reputación institucional.
Una prueba para la Iglesia y para la justicia potosina
Las acusaciones de Prados colocan bajo escrutinio a dos instituciones: la Arquidiócesis, por su responsabilidad de garantizar entornos seguros en sus espacios de culto y formación, y la Fiscalía, por su obligación de investigar con diligencia los posibles delitos contra menores de edad.
La presunción de inocencia del trabajador señalado debe respetarse, pero ello no limita el derecho de las niñas a recibir protección ni la obligación de investigar de manera exhaustiva.
La renuncia del acusado tampoco extingue posibles responsabilidades penales ni sustituye el esclarecimiento de eventuales omisiones institucionales.
Para una sociedad que aún recuerda el caso Córdova, las respuestas no pueden reducirse a informar que el presunto responsable ya no trabaja en una capilla o que la autoridad eclesiástica se reunirá eventualmente con las familias.
También lee: Iglesia condena feminicidios, pero rechaza daños en La Compañía
Destacadas
“Hay mucho trabajo que hacer por la capital y estoy listo”: Juan Carlos Valladares
El diputado federal del PVEM dijo que las definiciones para los nombres de las candidaturas del proceso electoral potosino están en su recta final y aseguró que siempre ha estado preparado para participar.
Por: Redacción
Juan Carlos Valladares Eichelmann, diputado federal del PVEM, se declaró listo para el proceso electoral y adelantó que muy pronto habrá noticias sobre las definiciones: “Estamos preparados, siempre he estado… estoy listo”.
A pregunta expresa sobre su posicionamiento en encuestas y las menciones tanto de la dirigencia de su partido como del propio gobernador del estado, el también empresario indicó que en estos momentos se está en la recta final de las definiciones y adelantó que pronto habrá noticias al respecto.
Sobre las encuestas con las que el Verde elegirá a sus candidatos dijo confiar en las que son serias y cree en ellas y anticipó que “Seguramente, si hemos hecho un buen trabajo, vamos a estar arriba”.
Sobre la capital potosina, Valladares Eichelmann indicó que hay todavía “mucho trabajo que hacer, mucho por construir y muchas áreas de oportunidad”
Juan Carlos Valladares es uno de los perfiles que el Partido Verde baraja para la alcaldía de la capital. En julio, Ignacio Segura Morquecho, dirigente estatal del PVEM, lo mencionó junto con Sonia Mendoza Díaz así como el propio gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, que lo ha mencionado en distintas ocasiones.
Las definiciones de los y las candidatas del Partido Verde se tomarán en la primera semana de enero del 2027 como se ha dado a conocer en otras oportunidades.
También lee: Verde será el último en definir candidatos en SLP: Gallardo
Ciudad
SSPC capitalina alista campaña para cuidar el aguinaldo
El director de la SSPC capitalina dijo que la policía cibernética encabezará la campaña y que se reforzará la presencia en el centro histórico y las principales plazas
Por: Redacción
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital prepara una campaña para cuidar el aguinaldo, con énfasis en la policía cibernética, ante la temporada en que muchas personas recibirán su aguinaldo y sus fondos de ahorro. Lo informó su director, Juan Antonio Villa Gutiérrez.
Dijo que reforzarán la presencia en el centro histórico y en las principales plazas, “sin dejar de lado” las colonias.
Cajeros del centro histórico
Villa Gutiérrez explicó que en los cajeros se cubrirán principalmente los del centro histórico, “donde hay una mayor cantidad de gente que acude”. No precisó cuántos elementos se destinarán.
Añadió que estarán atentos a los “desplazadores de tarjetas”
, personas que llegan con engaños a intercambiar una tarjeta mala por una buena. Después, dijo, la víctima no se da cuenta de las disposiciones de efectivo que hacen con ella.Fraudes en línea
El director recordó que en estas fechas aumentan los fraudes, con páginas que ofertan productos a un costo muy bajo, y que “ha habido ocasiones en que la gente cae” en ellos. Durante el Buen Fin, la policía cibernética dio de baja 60 páginas apócrifas.
También lee: “El Buen Fin se desarrolló en completa calma”: Villa
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