El presidente ha solicitado a los involucrados no ampararse y permitir que las investigaciones tomen su curso
Redacción
Ayer, el periodista Carlos Loret de Mola hizo públicos dos videos en su portal de noticias LatinUs donde se puede ver a Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, supuestamente recibiendo dinero por parte de David Eduardo León Romero, entonces operador político del estado de Chiapas y que hasta ayer era el jueves era el titular de la empresa que el gobierno de México montó para la distribución de medicamentos.
“En tanto se aclara la situación por la que atravieso, y para no afectar al gobierno de México, no tomaré protesta como integrante del equipo de la Secretaría de Salud (Ssa)”, expresó David León en sus redes sociales.
De acuerdo con LatinUs, que posee los dos videos y un audio con una tercera conversación privada que tuvieron León Romero y Pío López Obrador, las imágenes fueron grabadas por el mismo exfuncionario, aunque no detallaron cómo obtuvieron dichos documentos.
La primera reunión fue grabada el domingo 31 de mayo de 2015, cuando López Obrador era dirigente nacional de Morena, el partido que fundó y en el cual participó desde un inicio su hermano. En las imágenes se puede ver el momento en que León Romeró le entregó un sobre, y aunque nunca se ve su contenido se puede deducir por el tono de la conversación:
–Aquí te traigo 400. –Entonces se la voy a descontar. –Sí, te voy a deber 30 porque ya no me alcanzó.
Unos momentos después, Pío pasa el sobre a su lado en el sillón donde está sentado. “Lo voy a pasar para abajo”, dice. “No se te vaya a destripar”, le contesta León.
Durante la conversación, se da a entender que los pagos se han realizado durante algunos meses. “Anótale, ‘debo 30, de mayo’”, le dice Pío a León Romero, mientras le acerca lo que parecen una pluma y un cuaderno. “Hemos estado… prácticamente año y medio… he estado tarde algunas veces, pero estamos hoy”.
En aquel momento, León Romero era consultor privado y asesor de comunicación social. Además, de acuerdo con LatinUs, era operador político del entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, que ahora se desempeña como senador por el Partido Verde (PVEM), un aliado del gobierno de Morena.
El segundo video se grabó presuntamente el 26 de junio de 2015, en la casa del hermano del presidente López Obrador. La entrega en este caso es una bolsa de papel marrón:
–Aquí te traigo uno… Para el arranque. –No, pero yo no voy a mandarlos a buscar mañana. Yo los voy a mandar a buscar a partir del martes. El martes me lo echas todos. –Esto es para el tema de apoyarlos en el movimiento aquí… Y te voy a tener la fecha para que vengan, ahorita ellos van a recoger un millón, te voy a tener la fecha exacta para que recojan el segundo millón y terminamos. –Exactamente, la segunda emisión, pero tú me vas a decir cuándo. –Yo te voy a decir el tal, el tal… –Tal día, tal hora, anoten en sus agendas, nos vamos a ver aquí porque va a haber otro apoyo. –Sí. –Pero tú me lo vas a decir.
Uno de los momentos clave es cuando León Romero le indica a Pío: “Hazle saber al licenciado a través de tus medios que lo estamos apoyando”, en una presunta referencia a Andrés Manuel López Obrador.
“Hermano, lo sabe, yo ya le mandé mensajes, lo sabe perfectamente bien”, contestó Pío López Obrador.
En la tercera reunión, de la cual sólo se presentó un audio, David León habla de un hombre llamado César, que supuestamente “entrega las cantidades que digas”. Además, se refiere a su deuda anterior de 30 mil pesos y le dice a Pío que lleve “la biblia”.
Por la conversación, presuntamente dicha “biblia” es el cuaderno que se puede apreciar en el primer video. “Puta, es la biblia esta madre aquí, esta no engaña”, le contesta el hermano del actual presidente. “A ver si luego me dejas tomarle una fotito, para tenerla con claridad”, le revira Romero, cuando el audio presentado finaliza.
León Romero ha tenido un rol importante en la administración, fue el Coordinador de Logística durante el periodo de transición entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y el de López Obrador, que triunfó con una mayoría abrumadora e histórica en julio de 2018. Entre las 31 entidades de las 32 totales donde triunfó se encuentra Chiapas.
Tras la publicación de los videos, López Obrador afirmó que su difusión fue una respuesta de aquellas personas que han visto afectados sus intereses recientemente por la detención de Emilio Lozoya, por el caso de la planta de agronitrogenados y de Genaro García Luna por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa.
Sobre el primer caso, López Obrador apuntó que no puede ser comparado con el video de Pío López, “en uno son mordidas y en el otro son aportaciones en momentos donde era la gente la que apoyaba”. De esta manera, los recursos recibidos por el hermano del ahora presidente habrían sido donaciones de simpatizantes de Morena en 2015, hecho que incluso comparó con la Revolución Mexicana de 1910.
El presidente instó a Carlos Loret de Mola, los expresidente de México y los dirigentes partidistas a presentar una denuncia ante las autoridades correspondientes para deslindar responsabilidad, para lo cual el propio López Obrador se ofreció a declarar si es necesario. “Cero corrupción, cero impunidad, sea quien sea. Si un familiar comete un delito debe ser juzgado sea mi esposa, sea mi hermano… Yo no le voy a fallar al pueblo de México”, afirmó.
Además, López Obrador en la rueda de prensa pidió a su hermano Pío López y a León Romero no interponer ningún amparo bajo el argumento de que “quien nada debe, nada teme”.
López Obrador confirmó que ya sabía de la existencia de estos videos desde hace algunos días, y que la difusión de los mismos busca dañar la imagen que tiene la ciudadanía sobre su gobierno, “pero no lo van a lograr, siempre he salido ileso de la calumnia y tengo mi conciencia tranquila”.
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dio a conocer que la instrucción que tiene del presidente Andrés Manuel López Obrador es iniciar investigaciones en contra de todas las personas que aparezcan en los videos.
“En todos los casos la instrucción que tengo del presidente es la misma, no podemos tener distingos entre uno grupo y otro. La coherencia del presidente López Obrador en eso es incuestionable. Lo que vamos a hacer es iniciar investigaciones en contra de todas las personas que aparecieron en los videos, por un lado, y en el documento que el señor (Emilio) Lozoya presentó ante la Fiscalía General de la República, para poder acreditar o no la existencia de algún tipo de irregularidad, desde el ámbito competencial que nos toca a nosotros que es el análisis del sistema financiero”, explicó el funcionario federal.
Por su parte, el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que investigue los supuestos sobornos entregados a la campaña del presidente López Obrador.
El fiscal Alejandro Gertz Manero, agregó Cortés, tiene la oportunidad histórica de demostrar que efectivamente es independiente, investigando los sobornos para la campaña de López Obrador, o de confirmar que sólo sirve a los intereses presidenciales de desprestigiar a sus adversarios políticos.
“En su toma de posesión dijo que procedería incluso contra sus familiares. Vamos a ver si es cierto”, dijo el presidente del PAN.
Por su parte, el expresidente Felipe Calderón expresó en sus redes sociales, citando el video de los supuesto sobornos: “Dime de qué presumes, y te diré de qué careces”.
Además, el PAN en la Cámara de Diputados, pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) que de a conocer todas las aportaciones que ha recibido Morena desde su fundación.
El diputado federal, Iván Rodríguez Rivera dio a conocer la petición, con la finalidad de saber si dichas aportaciones fueron reportadas ante el instituto por Morena.
“Confiados a la palabra del presidente de la República, nos gustaría corroborar esos dichos y sea el Instituto Electoral quien pueda validar, ya que previo a una campaña electoral, es necesario que los partidos reporten al INE sus entradas de dinero, sean donaciones o depósitos de particulares”, señaló.
La Fiscalía iniciará una investigación para allegarse de toda la información necesaria que demuestren la acusación
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República informa que en este, como en cualquier otro caso de solicitud internacional, debe cumplir todos y cada uno de los procedimientos y protocolos establecidos en la normatividad vigente en la materia.
En este caso, hemos sido notificados por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de las solicitudes de detención provisional con fines de extradición hechas por el Gobierno de los Estados Unidos de América.
Con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Nacional de Procedimientos Penales y las Leyes aplicables en la materia, es obligación de esta Fiscalía, a través de la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales, analizar la documentación recibida, con la finalidad de establecer, con toda exactitud, si existen los elementos probatorios necesarios para tal fin y, en su caso, sobre la viabilidad de la solicitud.
De manera paralela, esta Fiscalía General de la República iniciará una investigación para allegarse de toda la información necesaria para conocer si existen datos de prueba que establezcan la probabilidad de que la acusación hecha por las autoridades estadounidenses cuente con el fundamento legal para solicitar órdenes de aprehensión.
Como es del conocimiento público, la legislación mexicana señala claramente que para solicitar a la autoridad judicial una orden de aprehensión se requiere presentar datos de prueba que infieran la posibilidad de que alguna persona ha cometido un delito.
No obstante, el Tratado Bilateral en la materia refiere, con toda precisión, que solamente se concederá la extradición si se determina que las pruebas son suficientes, conforme a las leyes de la parte requerida, en este caso de nuestro país.
De manera particular, es necesario precisar que dicha solicitud no se acompaña de elementos probatorios suficientes, que aporten evidencias contundentes respecto de los hechos narrados.
Además, es necesario referir que la propia solicitud de los Estados Unidos de América requiere que el Gobierno de México tome las medidas necesarias para asegurar que la información contenida en cualquier solicitud de detención provisional o de extradición que haya sido entregada o vaya a ser entregada, no sea divulgada ni se haga del dominio público, como ocurrió con este caso en particular, por propio dicho de las autoridades estadounidenses.
Lo anterior toma en cuenta, de acuerdo con la propia misiva, que dar a conocer dicha información con otros fines distintos podría ser en detrimento de la naturaleza confidencial de los procedimientos penales en los Estados Unidos y contrario a las normas procesales que los gobiernan.
La propia Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas establece que deben tomarse las medidas correspondientes a fin de que toda la información y documentación que se remite en este tipo de casos se maneje con carácter confidencial y reservado, a efecto de proteger la información que ha sido transmitida.
Por otra parte, la legislación mexicana refiere que en el caso de gobernadores y senadores, se requiere iniciar un juicio de procedencia para obtener una declaratoria que retire la inmunidad procesal a las personas servidoras públicas que ostenten dichos cargos.
Para la Fiscalía General de la República es fundamental cumplir a cabalidad con todo lo que mandata la Ley, con pleno respeto a la soberanía nacional, ya que de lo contrario se violentaría el Estado de Derecho, así como los derechos y las garantías de las personas requeridas, que al igual que en el Estado requiriente, son inalienables.
Al margen de la Ley, nada; por encima de la Ley, nadie.
Serán turnadas a la FGR, aunque en los documentos no se anexan pruebas
Por: Redacción
La Secretaría de Relaciones Exteriores informa que el 28 de abril a las 18 horas se recibieron solicitudes de extradición de diversas personas por parte del Gobierno de Estados Unidos.
De acuerdo con el marco normativo vigente bajo la Ley de Extradición Internacional, se ha turnado la información recibida a la Fiscalía General de la República para que se evalúen dichas solicitudes conforme a la legislación mexicana.
Los documentos que fueron recibidos por parte de la Embajada de los Estados Unidos, de acuerdo a la revisión jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el marco del Tratado de Extradición bilateral, no cuenta con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas de las cuales se solicita la detención provisional con fines de extradición
.
Sin embargo, como debe procederse en estos casos, será la Fiscalía General de la República quien determine si existen elementos probatorios de acuerdo con el sistema jurídico mexicano y la viabilidad de las solicitudes de detención provisional con fines de extradición.
Se informa que en los tratados vigentes hay provisiones específicas que establecen la confidencialidad de la información, por esta razón se enviará un extrañamiento a la Embajada de los Estados Unidos por la forma en que se dio a conocer.
Rubén Rocha Moya es señalado de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir numerosas cantidades de narcóticos en Estados Unidos
Por: Redacción
El Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió una acusación en contra de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y otros nueve políticos de dicho estado por presunto tráfico de droga y ofensas con armas relacionadas.
En el comunicado publicado, se acusó a Rocha Moya de presuntamente asociarse con el Cártel de Sinaloa con el objetivo de distribuir cuantiosas cantidades de sustancias ilícitas hacia los Estados Unidos.
Además del gobernador sinaloense, fueron acusados el senador Enrique Inzunza; Enrique Díaz, antiguo secretario de Administración y Finanzas; el subprocurador Dámaso Castro; el comisario de la Policía de Investigación, Marco Antonio Almanza y su predecesor Alberto Contreras.
Asimismo, en la lista se incluyeron los nombres de Gerardo Mérida, antiguo secretario de Seguridad Pública; José Antonio Dionisio, comandante de la Policía Estatal Preventiva; Juan de Dios Gámez, alcalde de Culiacán; y Juan Valenzuela, comandante de la policía de Culiacán.
Jay Clayton, fiscal del distrito sur de Nueva York (donde se efectuó la acusación), aseguró que el Cártel de Sinaloa no sería capaz de operar con la libertad y el éxito con el que lo han hecho si no tuvieran a políticos en sus filas.
Dentro de la acusación, se señaló que Rocha Moya tendría estrechos vínculos con “Los Chapitos”, facción dominada por los hijos de Joaquín Guzmán Loera, quienes lo impulsaron a ganar la gubernatura en 2021 mediante las amenazas a sus opositores, llegando incluso a secuestrarlos.
A cambio, el gobernador les habría prometido protección para que pudieran exportar drogas a los Estados Unidos, así como permitirles operar libremente dentro de Sinaloa una vez que se hizo con el poder.
Por su parte, a otros funcionarios se les denuncia por haber participado directamente en las operaciones del Cártel de Sinaloa. Por ejemplo, a Juan Valenzuela se le investiga por, a cambio de mil 600 dólares, haber dado acceso libre a los narcotraficantes a la Policía de Culiacán que él comanda, así como poner a su disposición a oficiales municipales.
Rubén Rocha Moya no tardó en manifestarse a través de su cuenta de X, donde rechazó “categórica y absolutamente” las acusaciones en su contra, alegando que se trata de aseveraciones sin veracidad ni fundamento.
Añadió que no solo se trata de una ataque hacia su persona, sino “al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos, y a las y los mexicanos que representamos esa causa”.
El caso fue asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla.
