junio 12, 2026

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Titular de la ASE no ha denunciado a exdiputados, dice Juan José Frías

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ASE

El abogado Juan José Frías dijo que la titular de la ASE ha sido omisa al no presentar denuncias por un posible desvío de recursos en la Legislatura anterior

Por: Ana Dora

Esta mañana, Juan José Frías Aguilera acudió al Congreso del Estado para entregar un escrito dirigido a la Comisión de Vigilancia, en el que señala a la titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Rocío Cervantes Salgado, por omisión al no haber presentado denuncias ante posible desvío de recursos en la Legislatura anterior, “ella es responsable en caso de que existan cuentas prescritas”.

Frías Aguilera puntualizó que en la anterior Legislatura hubo “un desfalco por 100 millones de pesos”, situación que de acuerdo con Frías Aguilera la auditora solapó.

El abogado señaló que el día de ayer se llevó a cabo la comparecencia de Rocío Cervantes, con la Comisión de Vigilancia, que preside José Antonio Zapata Meraz. En dicha reunión “se le pidió a la auditora que explicara cuál es el motivo del rezago en materia de determinación y fiscalización gubernamental“.

Sin embargo, Frías Aguilera considera que la Comisión de Vigilancia debería de fiscalizar “todo el cochinero que dejó José de Jesús Martínez Loredo”. Puntualizó: “Nosotros hemos tenido la audacia de demostrar el desfalco por 110 millones de pesos”.

El abogado mencionó “la auditora quiere sorprendernos con que tiene una denuncia por 34 millones de pesos” y explicó: “Jesús Martínez y sus cómplices hicieron un sobregiro que provocó una ampliación presupuestal por 31 millones, 29 millones de cuentas por pagar a corto plazo,

más aparte 5 millones que Jesús Loredo desvió del pago de creación de un laboratorio en área de obra pública, que fue desviado para pagarse bonos en el 2015”.

Frías Aguilera además señaló que durante la administración de Martínez Loredo “no se pagaron impuestos sobre renta, ni cuotas sindicales o pagos de Fonacot“, indicó que en suma, resultan 110 millones de pesos.

Por todo lo anterior, Frías Aguilera acusa a la auditora de “encubrimiento” y reiteró que Rocío Cervantes “nos quiere sorprender, que está haciendo las denuncias pertinentes”.

Por último, Frías Aguilera cuestionó la plantilla laboral de la ASE: “tienen 340 empleados, además paga despachos externos y no pueden resolver esos casos”.

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¿Por qué hay tan pocas mujeres en las preliberaciones de SLP?

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Las mujeres representan una fracción menor de la población carcelaria en San Luis Potosí, lo que se refleja en los números de cada evento de preliberación

Por: Redacción

Nohemi Proal Huerta, secretaria Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública, aclaró que las preliberaciones en San Luis Potosí no se otorgan con cuotas de género ni se concentran en un solo centro penitenciario: el criterio es exclusivamente la situación procesal de cada persona privada de libertad (PPL).

La funcionaria respondió así a cuestionamientos sobre si existirían eventos de preliberación exclusivos para el penal femenino de Xolol, donde la presencia de mujeres beneficiadas ha sido notoriamente baja en ejercicios anteriores.

“No nos basamos en que sean más hombres o más mujer es. De hecho, la población femenina dentro de los centros es mucho menor a la de los hombres

“, afirmó Proal Huerta.

La secretaria explicó que cada evento de preliberación aplica al universo total de PPL en todos los centros del estado — no a un penal en específico — y que el beneficio se otorga a quienes cumplen los requisitos de acuerdo a su proceso, independientemente del género.

Sobre el evento más reciente, Proal Huerta reconoció que las mujeres fueron la menor parte de las beneficiadas, aunque sostuvo que el resultado fue “mucho más equilibrado que otros”.

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Guardia Civil actuó por orden judicial en desalojo de Tampamolón: Jesús Juárez

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Desalojos de este tipo —ordenados por jueces civiles y mercantiles— ocurren dos o tres veces al día en la entidad, según el funcionario responsable de seguridad estatal

Por: Redacción

Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de San Luis Potosí, afirmó que la participación de la Guardia Civil Estatal en el desalojo de familias indígenas en el predio La Peña de Tampamolón fue realizada como “apoyo” a una orden judicial de restitución de inmueble emanada de un juzgado civil, y que la corporación actúa conforme a “fundamento legal” sin conocer los expedientes específicos de cada caso.

En respuesta a cuestionamientos sobre la intervención de la corporación en el desalojo, que circuló en redes sociales con denuncias de agresiones, detenciones y daños, Juárez Hernández precisó que la Guardia Civil no fue convocada de oficio sino mediante solicitud formal de la autoridad judicial. “No fuimos convocados mediante oficio para apoyar nada más”, dijo durante la entrevista.

El funcionario sostuvo que la corporación cumple un rol limitado en estos operativos: ejecutar la orden sin intervenir en la evaluación de los expedientes civiles que la originan. “No conocemos el expediente, solamente cumplimos con el ordenamiento”, afirmó Juárez Hernández, al reiterar que desconoce el trasfondo específico del desalojo en Tampamolón.

Según el titular de Seguridad, los desalojos con apoyo de fuerzas públicas —ya sean municipales, estatales o de la Policía de Investigación— son procedimientos recurrentes en la entidad. “Son de recurrentes, dos o tres diarias

“, indicó. Precisó que la mayoría corresponde a restituciones civiles de inmuebles: conflictos donde un juez civil resuelve en favor de una de las partes y ordena el desalojo del predio ocupado.

Juárez Hernández justificó la presencia de fuerzas de seguridad en estos actos como medida preventiva ante posibles conflictos entre los actores involucrados. “Precisamente por eso es necesaria la presencia de la fuerza pública para evitar que los actores entren en conflicto“, comentó, aunque aclaró nuevamente que la corporación no revisa ni participa en la decisión judicial que origina el desalojo.

El contexto del desalojo en Tampamolón incluye denuncias en redes sociales de presuntas agresiones, detenciones y daños a viviendas, según reportaron habitantes de la comunidad que identificaron a las familias desalojadas como indígenas náhuatl y tének. La participación de la fuerza pública en estos conflictos agrarios ha generado cuestionamientos sobre represión y supervisión de las corporaciones.

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Ciudad

Valladares promete plan hídrico de largo plazo para San Luis Potosí

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El legislador afirmó que la falta de agua es su prioridad y prometió trabajar en una solución de corto plazo, además de un plan hídrico de mediano y largo plazo para la capital y el estado.

Por: Redacción

Juan Carlos Valladares, diputado federal, se comprometió a resolver el problema de abasto de agua en su distrito en el corto plazo y a impulsar un plan hídrico de largo plazo para San Luis Potosí.

El legislador regresó a su distrito con “buenas noticias” y proyectos en marcha y aprovechó para reiterar que el agua es una prioridad que no data solo de campaña.

“Es un tema que ha generado muchísima problemática y obviamente frustración y hartazgo de la población”, reconoció Valladares, quien sostuvo que existe una solución “en el corto plazo”.

El diputado llamó a construir una visión estructural. “La capital, el estado tiene que tener proyectos muy importantes en cuestión hídrica y creo que tenemos que trabajar en ello”, afirmó.

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