noviembre 21, 2024

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Solo una de cada cuatro jueces o magistradas son mujeres en SLP

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De acuerdo con un censo del Inegi, San Luis Potosí es el estado con el porcentaje más bajo de mujeres en esos cargos a nivel nacional

Por El Saxofón

San Luis Potosí es la entidad con menor número de mujeres magistradas y jueces a nivel nacional, según el Noveno Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), cuyos resultados se dieron a conocer en días pasados.

Según el Censo, en San Luis Potosí, el 73.5 por ciento de los jueces o magistrados son varones, y solo el 26.5 por ciento son mujeres, siendo este el porcentaje más bajo de todas las entidades de la República.

A nivel nacional, el 40.7 por ciento de los jueces y magistrados son mujeres, y el 59.3 por ciento son hombres.

La entidad federativa con el mayor porcentaje de mujeres en dichos cargos fue Yucatán, con 60.6 por ciento, seguido de Morelos, con 55.4 por ciento; en tercer lugar se ubica Tabasco, con 54.8 por ciento de mujeres jueces y magistrados; en cuarto, Guanajuato, con 54.8 y en quinto Zacatecas, con 53.2.

Los estados de la región Bajío, están entre aquellos que tienen mayor porcentaje de mujeres en estos cargos. Guanajuato se ubica en cuarto lugar a nivel nacional, Zacatecas en quinto, Querétaro en noveno, y Aguascalientes en doceavo lugar, mientras que San Luis Potosí refleja un evidente retraso en materia de equidad de género en el Poder Judicial.

En total, en San Luis Potosí hay 68 jueces y magistrados, de los cuales 50 son hombres y solo 18 son mujeres.

En lo que respecta al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, sí hay equidad, pues está integrado por 16 magistrados, 8 mujeres y 8 hombres. Sin embargo, ya en el Consejo de la Judicatura hay disparidad, pues 3 de los cuatro consejeros son hombres y solo una, mujer.

El censo también da a conocer el número de magistrados y jueces en los órganos jurisdiccionales de los tribunales superiores de justicia, por entidad federativa según rango de edad y sexo. Así sabemos que, en el caso de San Luis Potosí, en el rango de los 30 a los 34 años, hay dos hombres ocupando estos cargos, y ninguna mujer.

En el rango de 35 a 39 años, hay dos hombres y dos mujeres; en el rango de 40 a 44 años hay 11 hombres y una sola mujer; en el rango de 45 a 49 años hay 8 hombres y dos mujeres; en el rango de 50 a 54 años hay 11 hombres y 5 mujeres; en el rango de 55 a 59 años hay 2 hombres y 2 mujeres, mientras que de 60 años y más hay 32 hombres y solo 10 mujeres.                                  

El Inegi revela que en 2018 se reportaron 66 mil 648 servidores públicos en los Poderes Judiciales Estatales: 59.4% fueron mujeres y 40.6% hombres. La mayor parte del personal laboró en los órganos jurisdiccionales (47 mil 671 personas, equivalentes a 71.5%), y el resto en sus unidades u órganos administrativos (18 mil 977, que proporcionalmente alcanzan el 28.5%).

La distribución por cargo y/o función desempeñada por el personal en los órganos jurisdiccionales, quedó de la siguiente manera: el 41.8 por ciento corresponde a Personal administrativo y de apoyo; el 17.3 por ciento a Otros servidores de carrera judicial; el 13.5 por ciento Secretarios; el 8.6 por ciento jueces; otro 8.6 por ciento Secretarios de estudio y cuenta y/o proyectistas; el 1.3 por ciento Magistrados, y el 1 por ciento, Otros cargos o funciones.

En cuanto a la relación entre servidores públicos y órganos jurisdiccionales, destaca San Luis Potosí como la cuarta entidad con el promedio más alto, de 19.9 por servidores por cada órgano. Morelos es la entidad con el promedio más alto (26.4), mientras que Puebla tiene el más bajo (2.9).

La equidad de género en la impartición de justicia es muy necesaria en un momento en el cual, urge la perspectiva de género. En primer término hay que reconocer que hay una aproximación diferente al derecho entre hombres y mujeres.

La paridad en los cargos de jueces y magistrados, impulsaría una evolución de la legislación con respecto a crímenes que afectan a las mujeres y que en muchos de los casos quedan en la impunidad, ya sea por lagunas legales o bien por una perspectiva masculina o incluso machista en la aplicación de la ley.

Los expertos destacan que algunos de los aspectos más relevantes vinculados a la violencia de género solo han ganado notoriedad y reconocimiento a través de decisiones judiciales influenciadas por mujeres.

Es un hecho que la violencia de género ha aumentado, del mismo modo han aumentado las denuncias de mujeres víctimas de los distintos tipos de violencia o incluso de delitos sexuales como el acoso y el hostigamiento, por no hablar del abuso y las violaciones. En este contexto, es imprescindible la participación de las mujeres en las posiciones altas del sistema judicial, como son los jueces y magistraturas, con el fin de que la perspectiva de género dé un nuevo horizonte a la impartición de justicia.

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FGR cierra oficialmente investigación contra Gallardo

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El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF 

Por: Redacción

La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.

La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.

La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.

El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.

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David Menchaca usó dinero de la Cegaip para banquetes, pedas y viajes

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A pesar de que ganaba más de 75 mil pesos al mes, el ex comisionado del organismo tomó una tarjeta empresarial para viajes a Colombia y lujosos restaurantes

Por: Redacción

La organización Ciudadanos Observando dio a conocer un abuso de recursos públicos en la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Indormación Pública (Cegaip) de San Luis Potosí por parte de David Enrique Menchaca Zúñiga, ex comisionado presidente, quien contaba con un sueldo mensual neto de 75 mil pesos, más bonos por 16 mil 850 pesos.

David Menchaca utilizó su puesto para costear su vida de excesos y lujos personales, pues durante el periodo de enero de 2023 a abril de 2024, uso el dinero público en costosos banquetes, bebidas en bares de lujo y viajes de primera clase.

De acuerdo a información oficial, obtenida a través de solicitudes de información y datos publicados en la Plataforma Estatal de Transparencia, Menchaca uso una tarjeta empresarial de la Cegaip, asociada a una cuenta bancaria institucional, para pagar sus gastos personales, entre los que destacan:

  • $12,506.00 en el restaurante Mochomos.
  • $19,457.00 en un restaurante de Chetumal.
  • $5,386.00 en Cantina La 20 en Polanco.
  • $4,261.00 en el bar Panteón Taurino.
  • $3,839.00 en La Gran Vía.
  • $3,222.00 en el restaurante-bar La Culpa.
  • $490 por botella en El Mayorista La Loma, compradas de manera reiterada.
  • Retiros constantes del cajero automático en efectivo que al terminar los plazos legales no pudo comprobar.

En las solicitudes de información destacan que Menchaca prefería viajar en vuelos de clase premier, con boletos pagados con recursos públicos. Entre sus viajes se encuentra una visita al país de Colombia en mayo de 2024, con un costo de 30 mil 256 pesos, bajo el pretexto de asistir a un evento cuya necesidad jamás justificó.

Al concluir su periodo, Menchaca se otorgó un “bono de marcha” de 96 mil 879 pesos, algo inédito en la historia de la Cegaip. Todo esto mientras mantenía una pésima gestión, dejando inconclusos mil 680 recursos de queja y sin dar seguimiento a procedimientos judiciales esenciales.

La Auditoría Superior del Estado (ASE) identificó un daño patrimonial por al menos 125 mil 977 pesos en gastos no comprobados solo en 2022. Sin embargo, su deuda total, se presume ya asciende a 220 mil pesos, que prometió pagar sin cumplir hasta el momento.

Será obligación del Instituto de Fiscalización del Estado y del organismo de control interno de la Cegaip, proceder para aclarar este claro abuso de recursos públicos.

Otros gastos en bares y restaurantes:

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SLP crearía cementerios forenses para restos no identificados

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Guadalupe Torres, titular de la SGG, aseguró que este fue uno de los temas que se abordó durante su reunión con Rosa Icela Rodríguez

Por: Redacción

José Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG) de San Luis Potosí, anunció planes para la creación de cementerios forenses donde se almacenarán restos de personas no identificadas. Este proyecto fue discutido durante una reunión con Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría General del Gobierno de México, que busca mejorar la gestión y localización de personas desaparecidas.

Torres Sánchez destacó que San Luis Potosí, junto con Coahuila, es uno de los pocos estados que cuenta con un laboratorio forense especializado en el análisis de muestras como saliva, sangre y restos óseos; además, el estado cuenta con más de 60 funcionarios dedicados a estos temas y sedes regionales en sus cuatro regiones geográficas.

El funcionario mencionó que se están identificando espacios para edificar los cementerios forenses y que la inversión será compartida con subsidios federales.

Durante la reunión también se discutieron estrategias para la depuración del padrón de personas desaparecidas y la gestión de casos donde las personas se ausentan voluntariamente de su entorno familiar o laboral.

Nota completa: Gobiernos estatal y federal refrendan compromiso en materia de protección de derechos

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