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Solo una de cada cuatro jueces o magistradas son mujeres en SLP
De acuerdo con un censo del Inegi, San Luis Potosí es el estado con el porcentaje más bajo de mujeres en esos cargos a nivel nacional
Por El Saxofón
San Luis Potosí es la entidad con menor número de mujeres magistradas y jueces a nivel nacional, según el Noveno Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), cuyos resultados se dieron a conocer en días pasados.
Según el Censo, en San Luis Potosí, el 73.5 por ciento de los jueces o magistrados son varones, y solo el 26.5 por ciento son mujeres, siendo este el porcentaje más bajo de todas las entidades de la República.
A nivel nacional, el 40.7 por ciento de los jueces y magistrados son mujeres, y el 59.3 por ciento son hombres.
La entidad federativa con el mayor porcentaje de mujeres en dichos cargos fue Yucatán, con 60.6 por ciento, seguido de Morelos, con 55.4 por ciento; en tercer lugar se ubica Tabasco, con 54.8 por ciento de mujeres jueces y magistrados; en cuarto, Guanajuato, con 54.8 y en quinto Zacatecas, con 53.2.
Los estados de la región Bajío, están entre aquellos que tienen mayor porcentaje de mujeres en estos cargos. Guanajuato se ubica en cuarto lugar a nivel nacional, Zacatecas en quinto, Querétaro en noveno, y Aguascalientes en doceavo lugar, mientras que San Luis Potosí refleja un evidente retraso en materia de equidad de género en el Poder Judicial.
En total, en San Luis Potosí hay 68 jueces y magistrados, de los cuales 50 son hombres y solo 18 son mujeres.
En lo que respecta al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, sí hay equidad, pues está integrado por 16 magistrados, 8 mujeres y 8 hombres. Sin embargo, ya en el Consejo de la Judicatura hay disparidad, pues 3 de los cuatro consejeros son hombres y solo una, mujer.
El censo también da a conocer el número de magistrados y jueces en los órganos jurisdiccionales de los tribunales superiores de justicia, por entidad federativa según rango de edad y sexo. Así sabemos que, en el caso de San Luis Potosí, en el rango de los 30 a los 34 años, hay dos hombres ocupando estos cargos, y ninguna mujer.
En el rango de 35 a 39 años, hay dos hombres y dos mujeres; en el rango de 40 a 44 años hay 11 hombres y una sola mujer; en el rango de 45 a 49 años hay 8 hombres y dos mujeres; en el rango de 50 a 54 años hay 11 hombres y 5 mujeres; en el rango de 55 a 59 años hay 2 hombres y 2 mujeres, mientras que de 60 años y más hay 32 hombres y solo 10 mujeres.
El Inegi revela que en 2018 se reportaron 66 mil 648 servidores públicos en los Poderes Judiciales Estatales: 59.4% fueron mujeres y 40.6% hombres. La mayor parte del personal laboró en los órganos jurisdiccionales (47 mil 671 personas, equivalentes a 71.5%), y el resto en sus unidades u órganos administrativos (18 mil 977, que proporcionalmente alcanzan el 28.5%).
La distribución por cargo y/o función desempeñada por el personal en los órganos jurisdiccionales, quedó de la siguiente manera: el 41.8 por ciento corresponde a Personal administrativo y de apoyo; el 17.3 por ciento a Otros servidores de carrera judicial; el 13.5 por ciento Secretarios; el 8.6 por ciento jueces; otro 8.6 por ciento Secretarios de estudio y cuenta y/o proyectistas; el 1.3 por ciento Magistrados, y el 1 por ciento, Otros cargos o funciones.
En cuanto a la relación entre servidores públicos y órganos jurisdiccionales, destaca San Luis Potosí como la cuarta entidad con el promedio más alto, de 19.9 por servidores por cada órgano. Morelos es la entidad con el promedio más alto (26.4), mientras que Puebla tiene el más bajo (2.9).
La equidad de género en la impartición de justicia es muy necesaria en un momento en el cual, urge la perspectiva de género. En primer término hay que reconocer que hay una aproximación diferente al derecho entre hombres y mujeres.
La paridad en los cargos de jueces y magistrados, impulsaría una evolución de la legislación con respecto a crímenes que afectan a las mujeres y que en muchos de los casos quedan en la impunidad, ya sea por lagunas legales o bien por una perspectiva masculina o incluso machista en la aplicación de la ley.
Los expertos destacan que algunos de los aspectos más relevantes vinculados a la violencia de género solo han ganado notoriedad y reconocimiento a través de decisiones judiciales influenciadas por mujeres.
Es un hecho que la violencia de género ha aumentado, del mismo modo han aumentado las denuncias de mujeres víctimas de los distintos tipos de violencia o incluso de delitos sexuales como el acoso y el hostigamiento, por no hablar del abuso y las violaciones. En este contexto, es imprescindible la participación de las mujeres en las posiciones altas del sistema judicial, como son los jueces y magistraturas, con el fin de que la perspectiva de género dé un nuevo horizonte a la impartición de justicia.
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Rodrigo Lecourtois insiste en revisar los recursos propios de la universidad que encabeza Alejandro Zermeño y advierte que negarse podría tener consecuencias legales tarde o temprano
Por: Jorge Saldaña
El auditor superior Rodrigo Lecourtois afirma que la autonomía universitaria no impide la fiscalización del dinero autogenerado. Advierte que la estrategia jurídica encabezada por la rectoría de Alejandro Zermeño Guerra ha sido derrotada en tribunales y que, si la negativa persiste, podrían venir consecuencias legales
El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Lecourtois, reiteró que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) está obligada a permitir la revisión de sus recursos autogenerados, y advirtió que la estrategia jurídica con la que la rectoría encabezada por Alejandro Zermeño Guerra ha intentado evitar las auditorías ha sido sistemáticamente derrotada en tribunales.
En entrevista, Lecourtois sostuvo que la negativa de la universidad a abrir sus cuentas bajo el argumento de la autonomía universitaria no tiene sustento legal, pues la Constitución establece que todo recurso público debe ser fiscalizado.
El auditor recordó que desde principios de 2026 el IFSE solicitó formalmente la revisión de estos fondos, petición que —según dijo— la universidad prácticamente ignoró.
“Nos mandaron al chori”, dijo entonces Lecourtois, utilizando una expresión coloquial para describir que la solicitud fue desestimada por la rectoría.
Meses después, el conflicto permanece sin resolverse y con un historial jurídico que, según el propio auditor, no favorece a la universidad.
De acuerdo con lo expuesto por el titular del IFSE, cada recurso legal promovido por la defensa jurídica de la UASLP para frenar la auditoría ha sido rechazado por las instancias correspondientes, lo que debilita el argumento central de la rectoría encabezada por Zermeño: que revisar los recursos propios violaría la autonomía universitaria.
Lecourtois sostuvo que la autonomía protege la vida académica y administrativa de la universidad, pero no puede convertirse en un escudo para impedir la fiscalización de dinero público.
En ese contexto, advirtió que si la universidad mantiene su postura de negarse a la revisión, las consecuencias podrían escalar al terreno jurídico.
“La fiscalización no es opcional”, señaló.
El funcionario explicó que el IFSE está obligado por ley a revisar todos los recursos que ejerzan las instituciones públicas, incluidos aquellos que las universidades generan a través de cuotas, servicios, proyectos o convenios.
La disputa entre el IFSE y la UASLP, encabezada por el rector Alejandro Zermeño Guerra, lleva ya varios años en tribunales y se ha convertido en uno de los debates más delicados sobre los límites entre la autonomía universitaria y la rendición de cuentas.
Mientras la rectoría ha insistido en que auditar estos recursos vulneraría la autonomía institucional, el órgano fiscalizador dirigido por Rodrigo Lecourtois sostiene que la transparencia es una obligación constitucional.
Hasta ahora, sin embargo, el conflicto mantiene un matiz incómodo para ambas partes: la universidad ha perdido sus batallas legales, pero el IFSE aún no ha logrado abrir completamente las cuentas que busca revisar.
Por ello, Lecourtois insistió en que la salida más razonable sería que la universidad permita la revisión.
De lo contrario, advirtió, la presión jurídica podría incrementarse.
En otras palabras, el auditor dejó abierta una posibilidad incómoda para la rectoría de Zermeño: que el tema deje de ser una discusión administrativa y termine escalando a responsabilidades legales.
Y en ese escenario, la pregunta que queda en el aire es simple: si este año la universidad volverá a “mandar al chori” al órgano fiscalizador… o si finalmente abrirá sus cuentas.
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El gobernador Ricardo Gallardo detalló que el sistema ferroviario tendría alrededor de 900 kilómetros de recorrido
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, informó que el proyecto del tren de pasajeros que conectará a la entidad con Querétaro y Saltillo contempla varias estaciones dentro del territorio potosino, incluida una posible terminal en la capital.
El mandatario estatal explicó que la propuesta fue revisada durante una reunión con Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la
“Ya tuvimos acceso a todo el proyecto. Contempla estaciones en San Luis Potosí capital y estamos revisando si el Museo del Ferrocarril puede convertirse en una gran estación en La Alameda”, explicó.
El gobernador señaló que la intención es que el tren llegue a la zona de La Alameda, lo que permitiría recuperar el valor histórico d el sistema ferroviario en la ciudad.
De acuerdo con el planteamiento presentado, las estaciones en territorio potosino incluirían Ahualulco, Moctezuma, Venado, Charcas y Real de Catorce, antes de continuar su trayecto hacia Saltillo.
Gallardo Cardona detalló que los nuevos tramos ferroviarios se construirían de manera paralela a las vías existentes, con el objetivo de agilizar los procesos de liberación de derecho de vía y facilitar la ejecución del proyecto.
El sistema ferroviario tendría una extensión aproximada de 900 kilómetros en total, considerando las rutas Querétaro–San Luis Potosí y San Luis Potosí–Saltillo.
En el caso del tramo hacia Querétaro, también se contemplan estaciones en Villa de Reyes y Santa María del Río, antes de llegar a la capital potosina.
El mandatario calificó el plan como “un proyecto muy ambicioso” y adelantó que la intención del gobierno federal es que las obras arranquen este mismo año.
Además, aseguró que el servicio tendría tarifas competitivas: “El costo será muy accesible, a nivel de autobús o incluso más barato”, afirmó.
Finalmente, destacó que el tren de pasajeros ayudaría a reducir la carga de tránsito en la carretera 57, especialmente en el traslado de pasajeros entre estados del Bajío y el norte del país.
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Activistas señalaron que habitantes de Rioverde y Ciudad Valles deben trasladarse hasta la capital para recibir atención
Por: Redacción
A un año de que el aborto fuera despenalizado en San Luis Potosí, integrantes de la Colectiva ILE señalaron que, aunque el derecho ya está reconocido en la ley, el acceso real al servicio aún enfrenta diversos obstáculos en el sistema de salud.
De acuerdo con Quadratín, Nuria, integrante del colectivo, explicó que actualmente las principales instituciones que brindan la interrupción legal del embarazo de manera gratuita son IMSS Bienestar, IMSS e ISSSTE. Sin embargo, advirtió que muchas mujeres todavía desconocen dónde pueden acudir o cuál es el procedimiento para solicitar el servicio.
También señaló que una parte importante de las solicitudes proviene de municipios como Rioverde y Ciudad Valles, cuyos habitantes deben trasladarse hasta la capital potosina para recibir atención, lo que implica gastos de transporte y otras barreras económicas que dificultan el acceso
Otro de los problemas detectados dentro de los hospitales es la objeción de conciencia por parte de personal médico, la cual, afirmó, en muchos casos no se encuentra debidamente justificada y termina funcionando como una barrera para acceder al servicio.
Finalmente, la activista recordó que aún está pendiente una reforma para homologar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de que la negación del servicio de interrupción legal del embarazo pueda ser reconocida como violencia institucional.
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