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Solo una de cada cuatro jueces o magistradas son mujeres en SLP
De acuerdo con un censo del Inegi, San Luis Potosí es el estado con el porcentaje más bajo de mujeres en esos cargos a nivel nacional
Por El Saxofón
San Luis Potosí es la entidad con menor número de mujeres magistradas y jueces a nivel nacional, según el Noveno Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), cuyos resultados se dieron a conocer en días pasados.
Según el Censo, en San Luis Potosí, el 73.5 por ciento de los jueces o magistrados son varones, y solo el 26.5 por ciento son mujeres, siendo este el porcentaje más bajo de todas las entidades de la República.
A nivel nacional, el 40.7 por ciento de los jueces y magistrados son mujeres, y el 59.3 por ciento son hombres.
La entidad federativa con el mayor porcentaje de mujeres en dichos cargos fue Yucatán, con 60.6 por ciento, seguido de Morelos, con 55.4 por ciento; en tercer lugar se ubica Tabasco, con 54.8 por ciento de mujeres jueces y magistrados; en cuarto, Guanajuato, con 54.8 y en quinto Zacatecas, con 53.2.
Los estados de la región Bajío, están entre aquellos que tienen mayor porcentaje de mujeres en estos cargos. Guanajuato se ubica en cuarto lugar a nivel nacional, Zacatecas en quinto, Querétaro en noveno, y Aguascalientes en doceavo lugar, mientras que San Luis Potosí refleja un evidente retraso en materia de equidad de género en el Poder Judicial.
En total, en San Luis Potosí hay 68 jueces y magistrados, de los cuales 50 son hombres y solo 18 son mujeres.
En lo que respecta al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, sí hay equidad, pues está integrado por 16 magistrados, 8 mujeres y 8 hombres. Sin embargo, ya en el Consejo de la Judicatura hay disparidad, pues 3 de los cuatro consejeros son hombres y solo una, mujer.
El censo también da a conocer el número de magistrados y jueces en los órganos jurisdiccionales de los tribunales superiores de justicia, por entidad federativa según rango de edad y sexo. Así sabemos que, en el caso de San Luis Potosí, en el rango de los 30 a los 34 años, hay dos hombres ocupando estos cargos, y ninguna mujer.
En el rango de 35 a 39 años, hay dos hombres y dos mujeres; en el rango de 40 a 44 años hay 11 hombres y una sola mujer; en el rango de 45 a 49 años hay 8 hombres y dos mujeres; en el rango de 50 a 54 años hay 11 hombres y 5 mujeres; en el rango de 55 a 59 años hay 2 hombres y 2 mujeres, mientras que de 60 años y más hay 32 hombres y solo 10 mujeres.
El Inegi revela que en 2018 se reportaron 66 mil 648 servidores públicos en los Poderes Judiciales Estatales: 59.4% fueron mujeres y 40.6% hombres. La mayor parte del personal laboró en los órganos jurisdiccionales (47 mil 671 personas, equivalentes a 71.5%), y el resto en sus unidades u órganos administrativos (18 mil 977, que proporcionalmente alcanzan el 28.5%).
La distribución por cargo y/o función desempeñada por el personal en los órganos jurisdiccionales, quedó de la siguiente manera: el 41.8 por ciento corresponde a Personal administrativo y de apoyo; el 17.3 por ciento a Otros servidores de carrera judicial; el 13.5 por ciento Secretarios; el 8.6 por ciento jueces; otro 8.6 por ciento Secretarios de estudio y cuenta y/o proyectistas; el 1.3 por ciento Magistrados, y el 1 por ciento, Otros cargos o funciones.
En cuanto a la relación entre servidores públicos y órganos jurisdiccionales, destaca San Luis Potosí como la cuarta entidad con el promedio más alto, de 19.9 por servidores por cada órgano. Morelos es la entidad con el promedio más alto (26.4), mientras que Puebla tiene el más bajo (2.9).
La equidad de género en la impartición de justicia es muy necesaria en un momento en el cual, urge la perspectiva de género. En primer término hay que reconocer que hay una aproximación diferente al derecho entre hombres y mujeres.
La paridad en los cargos de jueces y magistrados, impulsaría una evolución de la legislación con respecto a crímenes que afectan a las mujeres y que en muchos de los casos quedan en la impunidad, ya sea por lagunas legales o bien por una perspectiva masculina o incluso machista en la aplicación de la ley.
Los expertos destacan que algunos de los aspectos más relevantes vinculados a la violencia de género solo han ganado notoriedad y reconocimiento a través de decisiones judiciales influenciadas por mujeres.
Es un hecho que la violencia de género ha aumentado, del mismo modo han aumentado las denuncias de mujeres víctimas de los distintos tipos de violencia o incluso de delitos sexuales como el acoso y el hostigamiento, por no hablar del abuso y las violaciones. En este contexto, es imprescindible la participación de las mujeres en las posiciones altas del sistema judicial, como son los jueces y magistraturas, con el fin de que la perspectiva de género dé un nuevo horizonte a la impartición de justicia.
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Congreso del Estado
Gobierno entrega al Congreso paquete económico 2026; Se ejercerán más de 70 mil millones
La Comisión de Hacienda revisará la propuesta que incluye Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos; analizan contención del gasto y refuerzo a obras y programas sociales.
El Gobierno del Estado entregó este martes a la Comisión de Hacienda del Congreso local el paquete económico para 2026, integrado por las iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, que en conjunto contemplan un gasto superior a los 70 mil millones de pesos.
La presidenta de la Comisión, diputada María Dolores Robles Chairez, informó que el documento ingresó “en tiempo y forma”, como marca la Constitución estatal, y será turnado al Pleno para su envío formal a análisis. Posteriormente, comenzará la revisión técnica en la Comisión de Hacienda, que ya cuenta con un calendario de trabajo para dictaminar dentro de los plazos legales.
Por parte del Ejecutivo, la directora de Planeación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas, Damaris Grajeda Acosta, detalló que la propuesta para 2026 contempla contención en el gasto burocrático y un reforzamiento a las obras públicas y programas sociales, tal como ordena el Plan Estatal de Desarrollo.
La discusión del paquete económico marcará la ruta del financiamiento estatal para el próximo año, donde las prioridades, ajustes y reasignaciones pasarán ahora a manos del Poder Legislativo.
El alcalde señaló que algunos privados permiten entrar pipas para vender agua, lo cual es delito que no está dentro de sus facultades perseguir.
Por: Redacción
El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, aclaró que en San Luis Potosí no existen pozos clandestinos en los términos en que se ha denunciado públicamente, sino una amplia red de pozos privados con concesión federal, cuyo número supera por mucho a los pozos públicos administrados por organismos operadores.
Galindo explicó que en la zona metropolitana —que incluye San Luis Potosí, Soledad, Villa de Pozos y Cerro de San Pedro— existen más de 1,200 concesiones de pozos privados, y de ese número, solo 140 pertenecen al sector público. “Eso representa apenas el 14% de toda el agua disponible”, señaló.
El alcalde subrayó que la confusión sobre el llamado huachicoleo del agua proviene de prácticas que se dan en estos pozos privados, que permiten la entrada de pipas para vender agua, lo cual constituye un delito, mismo que no corresponde a la autoridad municipal perseguirlo sino a las autoridades federales.
“Un hospital tiene pozo privado, hoteles tienen pozo privado, escuelas tienen pozo privado… Cuando ellos permiten que entren pipas para vender agua, están cometiendo un delito, sin embargo eso ya no corresponde a la autoridad municipal.
Galindo aclaró que el huachicol o sustracción clandestina de agua ocurre cuando el robo ocurre en pozos públicos o infraestructura pública para comercializar agua ilegalmente, lo cual sí es materia de investigación.
Finalmente, insistió en que perforar un pozo nuevo sin concesión no es algo que pueda ocurrir “de la nada”, pues implica trámites federales y supervisión de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
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Acusaron al Congreso de incumplir el procedimiento de sustitución: señalaron que el Concejo no fue notificado de la renuncia de Rivera Acevedo
Por: Redacción
La designación de la diputada local con licencia Patricia Aradillas Aradillas, como presidenta concejal del recién creado municipio de Villa de Pozos quedó ahora bajo revisión judicial. Ocho habitantes de la localidad promovieron un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano para impugnar el decreto aprobado por el Congreso del Estado.
El recurso —presentado el 19 de noviembre de 2025 ante la Oficialía Mayor del Congreso y el Tribunal Estatal Electoral de San Luis Potosí (TEESLP)— señala como autoridad responsable al Poder Legislativo, al considerar que se vulneró la ley al aprobar la sustitución tras la renuncia de María Teresa Rivera Acevedo, quien encabezaba el Concejo Municipal.
Los promoventes argumentan que no se siguió el procedimiento de sustitución previsto en la Ley Orgánica del Municipio Libre, que el Concejo Municipal jamás fue notificado formalmente de la renuncia de Rivera Acevedo y que la designación viola el artículo 118, fracción IX, de la Constitución local, que prohíbe nombrar a personas con cargo legislativo en órganos municipales.
El juicio está firmado por ocho habitantes de Pozos, encabezados por el activista y representante vecinal Justino Castro Rodríguez, junto a Ma. de los Ángeles Flores Martínez —con trayectoria en órganos electorales—, así como Francisco Ramírez, Tomás Hernández Carranza, Ma. Concepción Martínez Martínez, José Valentín Fraga Ponce, Gerardo Enrique Castillo Cuevas y José Jorge Enrique Castillo Morua.
En su demanda, solicitan que el Congreso remita el caso al Tribunal Electoral con el informe circunstanciado y los antecedentes del decreto, para que el TEESLP ejerza control constitucional y legal sobre la designación de Aradillas.
Con esta impugnación, la integración del Concejo Municipal de Villa de Pozos entra en una nueva fase de revisión judicial, y si el Tribunal determina que hubo violaciones al proceso, el nombramiento podría modificarse o incluso anularse.
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