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Solo una de cada cuatro jueces o magistradas son mujeres en SLP
De acuerdo con un censo del Inegi, San Luis Potosí es el estado con el porcentaje más bajo de mujeres en esos cargos a nivel nacional
Por El Saxofón
San Luis Potosí es la entidad con menor número de mujeres magistradas y jueces a nivel nacional, según el Noveno Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), cuyos resultados se dieron a conocer en días pasados.
Según el Censo, en San Luis Potosí, el 73.5 por ciento de los jueces o magistrados son varones, y solo el 26.5 por ciento son mujeres, siendo este el porcentaje más bajo de todas las entidades de la República.
A nivel nacional, el 40.7 por ciento de los jueces y magistrados son mujeres, y el 59.3 por ciento son hombres.
La entidad federativa con el mayor porcentaje de mujeres en dichos cargos fue Yucatán, con 60.6 por ciento, seguido de Morelos, con 55.4 por ciento; en tercer lugar se ubica Tabasco, con 54.8 por ciento de mujeres jueces y magistrados; en cuarto, Guanajuato, con 54.8 y en quinto Zacatecas, con 53.2.
Los estados de la región Bajío, están entre aquellos que tienen mayor porcentaje de mujeres en estos cargos. Guanajuato se ubica en cuarto lugar a nivel nacional, Zacatecas en quinto, Querétaro en noveno, y Aguascalientes en doceavo lugar, mientras que San Luis Potosí refleja un evidente retraso en materia de equidad de género en el Poder Judicial.
En total, en San Luis Potosí hay 68 jueces y magistrados, de los cuales 50 son hombres y solo 18 son mujeres.
En lo que respecta al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, sí hay equidad, pues está integrado por 16 magistrados, 8 mujeres y 8 hombres. Sin embargo, ya en el Consejo de la Judicatura hay disparidad, pues 3 de los cuatro consejeros son hombres y solo una, mujer.
El censo también da a conocer el número de magistrados y jueces en los órganos jurisdiccionales de los tribunales superiores de justicia, por entidad federativa según rango de edad y sexo. Así sabemos que, en el caso de San Luis Potosí, en el rango de los 30 a los 34 años, hay dos hombres ocupando estos cargos, y ninguna mujer.
En el rango de 35 a 39 años, hay dos hombres y dos mujeres; en el rango de 40 a 44 años hay 11 hombres y una sola mujer; en el rango de 45 a 49 años hay 8 hombres y dos mujeres; en el rango de 50 a 54 años hay 11 hombres y 5 mujeres; en el rango de 55 a 59 años hay 2 hombres y 2 mujeres, mientras que de 60 años y más hay 32 hombres y solo 10 mujeres.
El Inegi revela que en 2018 se reportaron 66 mil 648 servidores públicos en los Poderes Judiciales Estatales: 59.4% fueron mujeres y 40.6% hombres. La mayor parte del personal laboró en los órganos jurisdiccionales (47 mil 671 personas, equivalentes a 71.5%), y el resto en sus unidades u órganos administrativos (18 mil 977, que proporcionalmente alcanzan el 28.5%).
La distribución por cargo y/o función desempeñada por el personal en los órganos jurisdiccionales, quedó de la siguiente manera: el 41.8 por ciento corresponde a Personal administrativo y de apoyo; el 17.3 por ciento a Otros servidores de carrera judicial; el 13.5 por ciento Secretarios; el 8.6 por ciento jueces; otro 8.6 por ciento Secretarios de estudio y cuenta y/o proyectistas; el 1.3 por ciento Magistrados, y el 1 por ciento, Otros cargos o funciones.
En cuanto a la relación entre servidores públicos y órganos jurisdiccionales, destaca San Luis Potosí como la cuarta entidad con el promedio más alto, de 19.9 por servidores por cada órgano. Morelos es la entidad con el promedio más alto (26.4), mientras que Puebla tiene el más bajo (2.9).
La equidad de género en la impartición de justicia es muy necesaria en un momento en el cual, urge la perspectiva de género. En primer término hay que reconocer que hay una aproximación diferente al derecho entre hombres y mujeres.
La paridad en los cargos de jueces y magistrados, impulsaría una evolución de la legislación con respecto a crímenes que afectan a las mujeres y que en muchos de los casos quedan en la impunidad, ya sea por lagunas legales o bien por una perspectiva masculina o incluso machista en la aplicación de la ley.
Los expertos destacan que algunos de los aspectos más relevantes vinculados a la violencia de género solo han ganado notoriedad y reconocimiento a través de decisiones judiciales influenciadas por mujeres.
Es un hecho que la violencia de género ha aumentado, del mismo modo han aumentado las denuncias de mujeres víctimas de los distintos tipos de violencia o incluso de delitos sexuales como el acoso y el hostigamiento, por no hablar del abuso y las violaciones. En este contexto, es imprescindible la participación de las mujeres en las posiciones altas del sistema judicial, como son los jueces y magistraturas, con el fin de que la perspectiva de género dé un nuevo horizonte a la impartición de justicia.
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#4 Tiempos
La abogada y el diablo | Apuntes de Jorge Saldaña
APUNTES
De no ser porque al empresario Miguel Maya Romero le fueron a ofrecer poner una de sus cafeterías al interior de lo que iba a convertirse en el centro comercial Santa Fe, en los terrenos que rentó la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a la empresa VEM, e hizo público en sus medios el proyecto, a la UASLP le hubiera pasado de noche que le estaban por dar gato por liebre.
Se desató el infierno. Por algo a Miguel Maya Romero le dicen, los que lo quieren, “El diablo” (su WhatsApp es 666 y ya…bien raro).
Desde la muy humilde opinión de este aprendiz de reportero fueron dos errores fatales los que cometieron los promotores de Santa Fe: invitar a Maya solo a rentar un local, y no a invertir en el negocio completo.
El segundo error es haber entregado, al dueño de dos medios, el dossier, renders, planos, números y el “kit” completo del proyecto.
Hasta que estos materiales “cautiva inversionistas” fueron públicos en los medios miguelescos, la comunidad universitaria, sus más altos funcionarios y el Consejo Directivo, cayeron en cuenta que VEM les había vendido un unicornio que resultó ser un burro con brillantina.
Las especificaciones del Santa Fe publicadas estaban enfocadas al lucro, objetivo muy distante a lo que aprobó el Consejo Directivo Universitario por la confianza que le tienen al rector, Alejandro Zermeño Guerra.
Y es que con esa buena fe a la rectoría, nadie imaginó que el equipo jurídico de la Universidad resultara tan laxo, distraído e incompetente como para que en más de un año de haber firmado el contrato de arrendamiento (a precios muy inferiores a los del mercado, pero bueno…) no se hubiera dado cuenta que el unicornio rebuznaba.
En lugar de centro deportivo, canchas de pádel, gimnasio, pista para correr, estacionamientos para estudiantes y otras instalaciones dirigidas a la comunidad, se estaba gestando y vendiendo un centro comercial con tienda ancla, agencia de autos, restaurantes y cadenas comerciales.
Ante la presión social y mediática que provocó la discrepancia entre el proyecto original y el exhibido, el que tuvo que sacar el pecho y llevarse el desgaste fue el propio doctor Zermeño, que tuvo que pedir cuentas a su equipo jurídico encabezado por la abogada general de la universidad, Urenda Navarro Sánchez (a la que tengo el enorme gusto de no conocer).
En la revisión, el convenio resultó más poroso que un estropajo de Ixtle.
(Por cierto que el documento, al que solo Navarro Sánchez y muy pocos colaboradores de su oficina tenían acceso, casualmente se filtró a los mismos medios propiedad del villano de las pastorelas).
La filtración tuvo consecuencias. Por un lado, las enormes goteras jurídicas de la redacción del instrumento, urgieron a la Universidad cancelar el trato justificadamente acudiendo a las únicas condiciones que podrían protegerlos, que fueron el nulo avance de la obra y el agotamiento de los plazos.
En otras palabras, la falta de liquidez de los empresarios los salvaron; que si no, ya hubiera centro comercial, agencia de autos y café Chaires.
Por el otro lado, y ya circulando el convenio, se pudo saber que a la empresa VEM no le pidieron ni los requisitos más indispensables; no verificaron su experiencia (que no tiene) ni sus capacidades financieras (que tampoco tiene).
Con las cartas destapadas, el rector admitió que se sintió engañado (así lo declaró a éste medio y a otros). Pero… ¿engañado por quién?
¿Por la empresa? ¿O por su abogada general, que no cuidó a la institución, le escondió los detalles del poroso contrato y les generó un feroz enjambre jurídico en contra del que aún no salen?
Derivado de todos los yerros encontrados, se hizo inminente para la UASLP la cancelación del trato, provocando que Fabián Espinoza, el representante de la empresa al que se le cayó el negocio, denunciara penalmente al propio rector, a Miguel Maya y hasta a los periodistas de sus medios, asunto que hasta donde se sabe, sigue su curso.
Vamos dos a cero: Un contrato jurídicamente descuidado puso en el filo de la navaja a la institución, y provocó en reacción que denunciaran al líder de la comunidad universitaria, que sin necesidad, deberá defenderse por la vía penal (ojalá el rector contrate a un abogado o abogada externos… digo).
Tres a cero: En respuesta, la UASLP (léase la licenciada Navarro Sánchez) interpuso una tibia demanda mercantil (que no es lo mismo que una denuncia) en contra de la empresa. Sin embargo, la demanda la presentó la abogada hasta junio pasado. Es decir, meses después de la tormenta. Mientras tanto ni se ha recuperado el terreno, ni pueden hacer nada con él.
¿Estaría muy ocupada la abogada?
Quizás sí, promoviendo una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia, en contra del Instituto de Fiscalización Superior del Estado, contra el que debate la competencia de éste para auditar recursos propios de la UASLP.
Hace unos días, la controversia fue desechada por la SCJN por ser “notoriamente (no-to-ria-men-te) improcedente”. Cuatro-cero.
Por si se lo preguntaba, Culto Público, quien dió a conocer la promoción de la controversia, así como su penoso resultado, también fueron los medios propiedad de MMR, príncipe de las tinieblas.
(Yo creo que nadie les pasó el número de expediente en cuestión y le atinaron sus reporteros de pura suerte…)
Se le conoce al rector de la universidad, Alejandro Zermeño -y coincido- como un hombre íntegro, decente, bien intencionado, prudente, y capaz.
Lo que asombra es su paciencia y tolerancia con funcionarios como Urenda Navarro Sánchez, que si nos damos cuenta, es quien ha estado detrás de casi todos los conflictos que ha enfrentado la actual rectoría.
¿Cuándo terminará la goliza jurídica contra la institución? ¿No hay cambios? ¿Alguien tiene pacto con el diablo?
Hasta la próxima.
Yo soy Jorge Saldaña.
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Ciudad
En el Día Nacional del Bombero, enfrentan crisis en SLP
Pese a cerrar cuatro estaciones y contar con 50 elementos, la corporación no ha ignorado ni un solo llamado de auxilio en los diez municipios que cubre
Por: Redacción
El 22 de agosto se conmemora el Día Nacional del Bombero en México, una fecha que cada año recuerda la fundación del primer cuerpo operativo en el país, siendo en el año 1873 en el puerto de Veracruz.
La conmemoración de esta efeméride honra la participación de hombres y mujeres que arriesgan su vida para salvaguardar a la población en incendios y otras situaciones críticas. Pero en el caso de San Luis Potosí, también evidencia las carencias que sufre la corporación metropolitana.
Adolfo Benavente Duque, comandante del Cuerpo de Bomberos Metropolitanos de San Luis Potosí, dio a conocer que la corporación requiere la participación de la ciudadanía para mejorar las condiciones laborales, adquirir equipo de protección, herramientas y vehículos, además de contratar más personal.
Y es que de acuerdo a lo mencionado por Benavente Duque, para mejorar su servicio se requiere la incorporación de 18 elementos más, que no han podido ingresar debido a la falta de condiciones laborales dignas para su contratación.
Agregó que actualmente cuentan con 50 elementos repartidos en cuatro turnos, y para su solvencia operativa, se han visto en la necesidad de cerrar cuatro estaciones —Lomas, Abastos, Soledad y Zona Industrial—.
Eduardo Moreno Vellido, presidente del Patronato del Cuerpo de Bomberos de San Luis Potosí, dio a conocer que pese a estas carencias, los Bomberos Metropolitanos intervienen en diez municipios en torno a la capital potosina. Además que no han ignorado ni una sola llamada de auxilio en la que se solicita su atención.
“La labor que realizan los bomberos con tan poco es muy loable, porque la situación ha llevado operativamente al comandante a estar malabareando todos los días para poder dar atención. No hay una sola llamada de emergencia que no se atienda”.
Mencionó que para sostenerse han implementado mecanismos como el acercamiento con autoridades municipales, estatales, cámaras empresariales y sociedad civil para recaudar fondos y mejorar sus condiciones.
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Destacadas
Municipalización de La Pila divide visiones sobre el futuro de la Zona Industrial
Gobierno estatal propone crear un nuevo municipio para atender la Zona Industrial, mientras el sector empresarial pide una estrategia más amplia y planeada
Por: Redacción
El pasado 19 el Gobernador del San Luis, Ricardo Gallardo Cardona, durante un evento en la Delegación “La Pila” mencionó la posibilidad de que dicha zona pudiera convertirse en el sexagésimo municipio del estado. Dichas declaraciones generaron respuestas por parte de diferentes sectores de la entidad entre ellos, personal de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación.
Por un lado, el gobernador plantea que transformar La Pila en un municipio permitiría reinvertir directamente los recursos fiscales generados en esa zona —como el impuesto predial y el pago por agua— en obras de mejora urbana. Asegura que actualmente estos ingresos son recaudados por el Ayuntamiento de la capital, pero no se reflejan en beneficios tangibles para la zona. Gallardo considera que, al igual que con Villa de Pozos, la municipalización es viable y podría ser una solución directa para impulsar obras como puentes, vialidades y proyectos complementarios a la Vía Alterna
.Sin embargo, desde la perspectiva empresarial, la propuesta requiere un análisis más profundo. Imelda Elizalde Martínez, presidenta de Canacintra, advierte que las necesidades de la Zona Industrial no se limitan a una sola demarcación, ya que el entorno opera de forma transversal y metropolitana. Argumenta que los problemas de movilidad, conectividad y servicios involucran a varios municipios, por lo que urge una estrategia integral, más allá de la creación de nuevos municipios.
Elizalde también subraya que el uso de los impuestos generados por la industria debe revisarse de manera coordinadaentre los tres niveles de gobierno, con una planeación de largo plazo. Añade que, más que delimitar soluciones a fronteras administrativas, se necesita una gestión estratégica que responda a la complejidad de la dinámica industrialen la región.
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