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Solo una de cada cuatro jueces o magistradas son mujeres en SLP
De acuerdo con un censo del Inegi, San Luis Potosí es el estado con el porcentaje más bajo de mujeres en esos cargos a nivel nacional
Por El Saxofón
San Luis Potosí es la entidad con menor número de mujeres magistradas y jueces a nivel nacional, según el Noveno Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), cuyos resultados se dieron a conocer en días pasados.
Según el Censo, en San Luis Potosí, el 73.5 por ciento de los jueces o magistrados son varones, y solo el 26.5 por ciento son mujeres, siendo este el porcentaje más bajo de todas las entidades de la República.
A nivel nacional, el 40.7 por ciento de los jueces y magistrados son mujeres, y el 59.3 por ciento son hombres.
La entidad federativa con el mayor porcentaje de mujeres en dichos cargos fue Yucatán, con 60.6 por ciento, seguido de Morelos, con 55.4 por ciento; en tercer lugar se ubica Tabasco, con 54.8 por ciento de mujeres jueces y magistrados; en cuarto, Guanajuato, con 54.8 y en quinto Zacatecas, con 53.2.
Los estados de la región Bajío, están entre aquellos que tienen mayor porcentaje de mujeres en estos cargos. Guanajuato se ubica en cuarto lugar a nivel nacional, Zacatecas en quinto, Querétaro en noveno, y Aguascalientes en doceavo lugar, mientras que San Luis Potosí refleja un evidente retraso en materia de equidad de género en el Poder Judicial.
En total, en San Luis Potosí hay 68 jueces y magistrados, de los cuales 50 son hombres y solo 18 son mujeres.
En lo que respecta al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, sí hay equidad, pues está integrado por 16 magistrados, 8 mujeres y 8 hombres. Sin embargo, ya en el Consejo de la Judicatura hay disparidad, pues 3 de los cuatro consejeros son hombres y solo una, mujer.
El censo también da a conocer el número de magistrados y jueces en los órganos jurisdiccionales de los tribunales superiores de justicia, por entidad federativa según rango de edad y sexo. Así sabemos que, en el caso de San Luis Potosí, en el rango de los 30 a los 34 años, hay dos hombres ocupando estos cargos, y ninguna mujer.
En el rango de 35 a 39 años, hay dos hombres y dos mujeres; en el rango de 40 a 44 años hay 11 hombres y una sola mujer; en el rango de 45 a 49 años hay 8 hombres y dos mujeres; en el rango de 50 a 54 años hay 11 hombres y 5 mujeres; en el rango de 55 a 59 años hay 2 hombres y 2 mujeres, mientras que de 60 años y más hay 32 hombres y solo 10 mujeres.
El Inegi revela que en 2018 se reportaron 66 mil 648 servidores públicos en los Poderes Judiciales Estatales: 59.4% fueron mujeres y 40.6% hombres. La mayor parte del personal laboró en los órganos jurisdiccionales (47 mil 671 personas, equivalentes a 71.5%), y el resto en sus unidades u órganos administrativos (18 mil 977, que proporcionalmente alcanzan el 28.5%).
La distribución por cargo y/o función desempeñada por el personal en los órganos jurisdiccionales, quedó de la siguiente manera: el 41.8 por ciento corresponde a Personal administrativo y de apoyo; el 17.3 por ciento a Otros servidores de carrera judicial; el 13.5 por ciento Secretarios; el 8.6 por ciento jueces; otro 8.6 por ciento Secretarios de estudio y cuenta y/o proyectistas; el 1.3 por ciento Magistrados, y el 1 por ciento, Otros cargos o funciones.
En cuanto a la relación entre servidores públicos y órganos jurisdiccionales, destaca San Luis Potosí como la cuarta entidad con el promedio más alto, de 19.9 por servidores por cada órgano. Morelos es la entidad con el promedio más alto (26.4), mientras que Puebla tiene el más bajo (2.9).
La equidad de género en la impartición de justicia es muy necesaria en un momento en el cual, urge la perspectiva de género. En primer término hay que reconocer que hay una aproximación diferente al derecho entre hombres y mujeres.
La paridad en los cargos de jueces y magistrados, impulsaría una evolución de la legislación con respecto a crímenes que afectan a las mujeres y que en muchos de los casos quedan en la impunidad, ya sea por lagunas legales o bien por una perspectiva masculina o incluso machista en la aplicación de la ley.
Los expertos destacan que algunos de los aspectos más relevantes vinculados a la violencia de género solo han ganado notoriedad y reconocimiento a través de decisiones judiciales influenciadas por mujeres.
Es un hecho que la violencia de género ha aumentado, del mismo modo han aumentado las denuncias de mujeres víctimas de los distintos tipos de violencia o incluso de delitos sexuales como el acoso y el hostigamiento, por no hablar del abuso y las violaciones. En este contexto, es imprescindible la participación de las mujeres en las posiciones altas del sistema judicial, como son los jueces y magistraturas, con el fin de que la perspectiva de género dé un nuevo horizonte a la impartición de justicia.
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Héctor Serrano indicó que el próximo martes sesionará la Jucopo para analizar y fundamentar jurídicamente la posible destitución de concejales de Pozos exhibidos como corruptos y que promovieron un paquete de prestaciones millonario.
Por: Redacción
El diputado y presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Héctor Serrano Cortés se manifestó respecto a las recientes revelaciones sobre la aprobación en la comisión de hacienda de Villa de Pozos de un paquete de prestaciones que otorgaría a los concejales más de 240 mil pesos a cada uno.
El legislador dejó en claro que es facultad del Congreso tanto la designación de la presidenta concejal de dicho municipio, como se dio en días pasados, y por lo tanto también tienen facultades de poder destituir concejales en caso de que se sustente jurídicamente y fundamenten los motivos.
El diputado recordó que el municipio de Pozos es un concejo y que sus integrantes no fueron electos y su designación no proviene de la voluntad popular, ya que fueron designados por el legislativo tal como lo marca el decreto que dio vida al nuevo municipio, por lo tanto, se revisará el próximo martes al interior de la Jucopo si existen los elementos jurídicos suficientes para destituir a los concejales exhibidos primero por aprobarse un paquete de prestaciones alejado de las políticas de austeridad y segundo por el audio en que se revela la “venta” de votos a cambio de recursos.
“El Congreso ha sido muy respetuoso de las funciones y atribuciones que hoy tienen, pero también somos enfáticos en decir que la intención de concretar un consejo como el de Pozos es garantizar la estabilidad social y mejorar las condiciones de vida de los potosinos que habitan esa región”
Resaltó que este tipo de conductas no corresponde a la dinámica de austeridad que ha establecido la actual administración estatal y adelantó que el próximo martes se llevará a cabo una convocatoria para tomar una decisión respecto a las medidas que deberán aplicarse.
“Lo tomamos con seriedad; acompañamos la propuesta y actuaremos en consecuencia con base en los hechos, que lamentablemente se han registrado y son atribuibles a la conducta de los integrantes de este consejo”, concluyó.
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“Es una mentada de madre” así se expreso el gobernador sobre los concejales de este municipio de autorizaron 200 mil pesos en prestaciones de fin de año
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, habló respecto a que los concejales de Villa de Pozos se autorizaron un paquete de prestaciones de fin de año, que se resume en que cada concejal recibirá 200 mil pesos.
“Es una mentada de madre, eso solo pasa con concejales que no son electos por el pueblo. El Congreso del Estado tiene que hacer algo ya. Hay una indignación de que estos concejales abusen de esta manera, saqueen de esta manera. El Congreso debe remover a todos esos integrantes
Cabe recordar que los concejales se autorizaron 45 días de aguinaldo, pago del llamado ‘Día 7’, la devolución total del ISR retenido en el aguinaldo, otorgado como prestación o bono y compensaciones adicionales contempladas en el Capítulo 1000 del presupuesto.
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La frase clave de la concejal de Villa de Pozos: “votemos todos a favor”, sugiriendo negociación grupal
Por: Redacción
Un audio en poder de este medio revela que la aprobación del millonario aguinaldazo en el recién creado municipio de Villa de Pozos no fue resultado de “convicción”, sino de negociaciones económicas entre regidores que se ostentan como oposición, particularmente los concejeros Maribel Lemoine y Dante Carreón.
En la grabación —que La Orquesta pudo obtener de fuentes cercanas al concejo — se escucha claramente a la regidora Maribel Lemoine condicionar su voto y el de otros regidores de oposición a cambio de un incremento de 200 mil pesos adicionales a sus prestaciones:
“Póngale otros 200 (mil) y puede que votemos a favor” y “primero traemos nosotros 240 (mil)… Entonces yo les digo: Súmanle otros 200 y la votación de noviembre a favor.”
En el fragmento, Lemoine no habla solo por ella, sino por un bloque de regidores de oposición: “votemos todos a favor”.
Esto evidencia que la negociación del aguinaldo no fue individual, sino colectiva, y que involucró votos de integrantes que públicamente se presentan como contrapeso del Cabildo.
De acuerdo con el dictamen aprobado por la Comisión de Hacienda —firmado por Dante Carreón, Maribel Lemoine y María Guadalupe Hernández Méndez— los regidores se autorizaron:
- Aguinaldo superior a 200 mil pesos por persona (más de 240 mil en algunos casos).
- 45 días de compensación para sus “asesores”, es decir 45 mil pesos extra.
- Pago del “día 7” (7 días extras por los meses con 31 días).
- Devolución del ISR retenido durante todo 2025, pagado por el municipio.
En total, el paquete navideño representa cerca de 40 millones de pesos, casi el 8% del presupuesto anual del nuevo municipio.
La ciudadanía de Pozos enfrenta ahora un Cabildo que, en su primer cierre de año, no discute obras, servicios ni prioridades comunitarias, sino cuánto dinero adicional puede sumarse a sus cuentas personales.
Aquí puedes consultar el audio: https://www.youtube.com/watch?v=Q8qjNT572Kw
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