junio 26, 2025

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Solo 10% de los presos en SLP podrían beneficiarse de la Ley de Amnistía: JMG

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Ley de Amnistía

El presidente de Renace en San Luis Potosí afirmó que la Ley de Amnistía tiene muchos candados, por lo que el Congreso del Estado debería proponer una “amnistía estatal”

Por: Abelardo Medellín

José Mario de la Garza Marroquín, presidente de la fundación Renace Capítulo San Luis, afirmó que la Ley de Amnistía propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual busca perdonar a personas que estén recluidas en centro penitenciarios por delitos del fuero federal, no beneficiaría a una población significativa en el estado: “Es menos del 15 por ciento. Quienes están en los penales por delitos federales suelen estar en los centros penitenciarios de alta seguridad, además de que el narcomenudeo es muy local, es un delito del fuero común. Debe ser menos del 15 por ciento, se beneficia a pocos, entonces el anuncio del presidente se cuelga las medallas políticas, pero en la práctica no beneficia a nadie”.

Ante la duda de cómo podría aplicarse esta ley a nivel estatal para que se pueda aprovechar de mejor manera para la población penitenciaria de San Luis Potosí, de la Garza Marroquín comentó que: “Un diputado, o el gobernador deberían presentar una iniciativa para que haya una amnistía local, al final hay un transitorio en la propuesta del presidente, para que los estados copien la ley de amnistía, pero solo es una invitación, él no los puede obligar […] yo creo que los del partido Morena podrían adecuar esta iniciativa y plantearla en el Congreso del Estado, quizá deberían ponerse las pilas para presentar una parecida”.

En San Luis Potosí, de acuerdo con el estudio “Estadísticas sobre el sistema penitenciario estatal” del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 90 por ciento de las personas recluidas en centros penitenciarios están ahí por delitos del fuero común, y el otro 10 por ciento por delitos federales, por lo que solo este diez por ciento podría ser beneficiado por la Ley de Amnistía, si es que se aprueba en lo local y solo si cumplen con las condicionantes de ley que se les apliquen.

De la Garza Marroquín explicó que liberar a una persona no asegura que se acabe el problema, puesto que la Ley de Amnistía no soluciona problemáticas como la reintegración de la persona liberada a la sociedad, que debería ser una propuesta cooperativa para asegurar que no sean vulnerados sus derechos. Comentó que harían falta tres cosas más: un sistema de reinserción para asegurar que quien sea liberado encuentre un lugar donde trabajar o desarrollarse; otra sería un sistema para fortalecer las defensorías del estado.

Además, sugirió que se debe reforzar el trabajo con las víctimas de robo u otro delitos, puesto que esta ley solo voltea a ver a las personas en prisión, pero se deja de lado a las víctimas: “Pareciera que el enfoque está sobre los que están en prisión (…) una iniciativa así no tiene ningún chiste, necesitamos un sistema integral, si no es así, pues perdón, pero es una tomada de pelo”, puntualizó José Mario de la Garza.

Mientras tanto, a nivel nacional, el presidente de Renace apuntó que: “De entrada, al 85 por ciento de los internos no les sirve para nada esta ley, no les aplica”; y comentó que las especulaciones que se han hecho en la materia suelen ser erróneas, pues solo se toman en cuenta los delitos federales y mucho de lo que se ha comentado en medios no tiene que ver con estos delitos. “Por ejemplo, en materia de aborto, no hay ninguna persona procesada por algo como el aborto, pero en materia federal. Entonces ahí no hay ningún beneficio para ninguna mujer, más bien habría que buscar la amnistía por el estado”, comentó.

El abogado declaró que en el país solo hay 72 personas juzgadas por robo de tipo federal, por lo que también son un número tan reducido que la amnistía para estos delitos beneficiaría apenas a un par de ellas, dadas las circunstancias de sus casos.

Sobre el tema de los delitos contra la salud o portación de sustancias prohibidas, De la Garza Marroquín comentó que: “La ley tiene muchos candados, debes comprobar muy distintas cosas, como que no haya violencia, que estés en pobreza, que no hayas cargado armas, que no tenga que ver con narcotráfico, entonces vemos que estas amnistías tendrían que ver más bien con delitos relacionados con el consumo, pero pues digamos que estas cuestiones que debes de probar, no sabemos cómo lo harán en la práctica”.

Por último, el presidente de Renace aseguró que en la ley no se especifica cómo se deben comprobar los requisitos para acceder a la amnistía, por lo que “esta ley parece estar hecha con muy buena intención, pero a la hora de aterrizar esto en la práctica no se ve cómo sería (…) es mucho ruido y pocas nueces, deberían aplicarse más bien en los estados, donde está la problemática más grave, ahí tendría incidencia. Esto me parece más un discurso de tipo político, porque en términos prácticos, serán muy pocas las personas beneficiadas; ni siquiera se explica cómo los jueces atenderán a quienes lo busquen”, dijo José Mario de la Garza.

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Ciudad

Xavier Nava recupera derechos políticos tras polémica del puente Rocha Cordero

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La obra, que costó 271 mdp, se construyó violando un amparo, lo cual le costó al municipio 12 millones más

Por: Redacción

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló este miércoles la inhabilitación por 18 años que el Congreso estatal impuso a Xavier Nava Palacios, exalcalde de San Luis Potosí. Con ello, recupera sus derechos políticos y podría postularse en próximas elecciones.

La sanción original derivó de la construcción del puente vehicular sobre el bulevar Antonio Rocha Cordero, entre el Periférico Oriente y la avenida Industrias, que tuvo un costo de 27 millones de pesos. La obra avanzó pese a un amparo que la detenía. Este proyecto, erigido en terrenos del ejido Rancho Viejo La Libertad

, desató un conflicto legal que escaló hasta una suspensión política para Nava y varios regidores.

Durante la administración actual, el alcalde Enrique Galindo Ceballos pagó 4 millones de pesos como primer abono—de un total de 12 millones pactados— para la compra de esos terrenos y compensar a los ejidatarios afectados.

Sin embargo, la SCJN concordó con la argumentación de Nava y revocó la sanción, poniendo fin a un litigio de cuatro años.

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SEP, ISSSTE y casas fantasma: el turbio historial de estafas de Norma Loredo

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El fraude no solo se limitó al Gobierno Federal: la denominada “gobernadora indígena” de SLP cuenta con un historial de denuncias por estafar a potosinos

Por: Bernardo Vera

La Orquesta ha dado a conocer el fraude del que varios potosinos han sido víctimas, al ofrecerles una vacante en la Secretaría de Educación Pública (SEP) del Gobierno Federal, y del que supuestamente serían parte de una nueva dependencia conocida como “Subsecretaría de Auditoría y Control”.

La investigación arrojó el nombre de una persona identificada como Norma Judith Loredo Hernandez, quien de acuerdo a documentos, testimonios y otras pruebas, habría sido la encargada de operar este fraude contra alrededor de 500 personas en la entidad potosina

, quienes tuvieron que pagar hasta 15 mil pesos para darse de alta en un sindicato fantasma.

Pero… ¿quién es Norma Judith Loredo Hernández?

Su nombre se ha relacionado con actividades públicas relacionadas con la cercanía a los sitios rurales o comunidades indígenas.

En agosto de 2022 fue electa como coordinadora estatal de la Unión Campesina Democrática (UCD) tras participar en la convocatoria en la que fue planilla única.

En el directorio de México Blanco (identificada como una asociación civil dedicada a atender condiciones de vulnerabilidad en el país) aparece como directora nacional de Estrategia para el fomento de Procuración de Fondos. Asociación que, según su sitio web, sustenta sus actividades mediante donaciones voluntarias.

Una búsqueda en redes sociales la identifica como Gobernadora Estatal Indígena de San Luis Potosí, agrupación perteneciente al Gobierno Nacional Originario Indigena y el Consejo Nacional Mexicano de Pueblos Originarios y Comunidades indígenas, lo que indicaría que se trata de un perfil público con carácter de cumplimiento de una función social y que goza de cierta reputación.

No obstante, fuentes cercanas a La Orquesta constataron que el nombramiento del Consejo Nacional Indígena y grupos de “gobernadores indígenas” son una organización de alcance nacional en la que participan personas que se autodenominan “indígenas”, sin serlo; desconocen la discusión y problemática acerca de los pueblos indígenas y solo emplean un disfraz folclorista para hacerse de recursos públicos

y engañar.

El 14 de junio de este año, se denunció a Norma Loredo a través de redes sociales, por su participación en la oferta de casas.  Ahí mismo, alertan a la comunidad Teenek de la Huasteca, para hacer caso omiso en caso de sostener algún contacto con Norma Loredo y en la que se identifica su antecedente con el modus operandi de la SEP, ahora en presunta complicidad con Julio Cesar Chavez Hernandez

El 13 de marzo de este año, otra publicación la identificaba como parte de la misma operación de plazas en la SEP, ahora en contubernio con dos personas y extendiendo operaciones en la zona Huasteca. Una de ellas de nombre Karyme Novoa Jonguitud, de Ciudad Valles, quien recluta a los supuestos aspirantes y recibiría los recursos que aportaban para su contratación. Otra de ellas, identificada como Soraya Arredondo, quien trabajaba junto a Norma Loredo en su despacho de la calle Mariano Ávila, en la capital potosina.

Desde febrero de 2024 su nombre aparece relacionado con la operación del mismo esquema de fraude, con presencia en la zona Centro y Huasteca de la entidad potosina. Ahí, presuntos enganchadores ofrecían sueldos desde los 25 hasta 50 mil pesos, y en los que se les solicitaron hasta seis mil pesos, para obtener un contrato de trabajo en puestos de inspectores y de promotores de proyectos en la SEP, así como otros cargos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

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Río Valles al límite; presas de SLP con buena captación

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El secretario Guadalupe Torres Sánchez hizo un llamado a no bajar la guardia y pidió a los municipios reforzar labores de desazolve

Por: Redacción

El secretario general de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, informó que aunque las recientes lluvias en el estado han sido beneficiosas para la captación de agua en presas, también exigen atención preventiva en zonas vulnerables. En ese sentido, indicó que el único río que actualmente se mantiene en nivel máximo de observación es el Río Valles, sin representar aún un riesgo, pero con vigilancia permanente.

“El de Valles ya está al nivel máximo, sin que haya riesgo, pero sí amerita seguimiento. Todos los demás ríos como el Micos, Pujal, Tamuín, Santa Rosa y El Naranjo no representan ningún problema hasta ahora”, señaló.

Respecto a las presas, Torres Sánchez detalló que los niveles actuales son alentadores: La Lajilla ya se encuentra al 100% de su capacidad, mientras que El Peaje está al 89%, seguida de El Realito y la Cañada del Lobo. La que presenta menor captación es El Potosino, con apenas 40%

, aunque el funcionario expresó optimismo en que los escurrimientos puedan seguir alimentando los cuerpos de agua.

Torres lanzó además un exhorto a los gobiernos municipales, en especial al de la capital potosina, para que intensifiquen las acciones de limpieza y desazolve en alcantarillas y calles, con el fin de evitar anegamientos y problemas en la movilidad urbana:

“Es momento de ponernos las pilas. Es responsabilidad de cada ayuntamiento salir a las calles a limpiar donde se requiera, y evitar problemas con las lluvias.”

Finalmente, reiteró que aunque se mantiene vigilancia activa en varios puntos del estado, las lluvias hasta el momento han traído más beneficios que complicaciones.

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Opinión

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