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SLP, segundo nacional en venta de menores
De enero a diciembre de 2018 se presentaron cuatro casos en el estado, que representan el 11% del total nacional
Por: El Saxofón
Con cuatro casos, San Luis Potosí se ubica en el segundo lugar de la incidencia delictiva en materia de Tráfico de Menores a nivel nacional. En primer lugar se ubica el estado de Guanajuato, con siete denuncias por este delito, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Entre enero y noviembre de 2018, la Fiscalía General del Estado abrió cuatro carpetas de investigación por igual número de denuncias de este delito. Los casos ocurrieron en Ciudad Fernández, Ciudad del Maíz, Rioverde y San Luis Potosí capital. Dos de las víctimas fueron mujeres.
En todo el país se denunciaron 36 casos de tráfico de menores, lo cual quiere decir que San Luis Potosí acumula el 11.1 por ciento de los casos.
Las entidades que reportan casos de Tráfico de menores son: Guanajuato (7), San Luis Potosí (4), Baja California (3), Oaxaca (3), Jalisco (3), Sinaloa (3), Veracruz (3), Chiapas (2), Michoacán (2), CDMX (1), Hidalgo (1), Estado de México (1), Nuevo León (1), Quintana Roo (1) y Aguascalientes (1). El resto de los estados no reportó ningún caso hasta noviembre de 2018.
Según estos datos, en la región del Bajío (a excepción de Querétaro y Zacatecas que reportan cero casos) se concentra el 33.33 por ciento de las denuncias por este delito.
El Código Penal de San Luis Potosí señala, en su Capítulo VI, Artículo 162, que “Comete el delito de tráfico de menores, quien traslade a otro Estado u otro municipio del Estado, o entregue a un tercero a un menor de dieciocho años de edad, de manera ilícita, con el propósito de obtener un beneficio económico indebido o de cualquier otra índole”.
Este delito se sancionará con una pena de prisión de ocho a cuarenta años y sanción pecuniaria de ochocientos a cuatro mil días del valor de la unidad de medida y actualización.
Según el Código Penal También comete el delito de Tráfico de Menores:
- Quienes ejerzan la patria potestad o custodia sobre el menor, aunque no haya sido declarada, cuando realicen materialmente el traslado o la entrega, o por haber otorgado su consentimiento para ello;
- Los ascendientes sin límite de grado, los parientes colaterales y por afinidad hasta el cuarto grado, así como cualquier tercero que no tenga parentesco con el menor.
Se entenderá que las personas a que se refiere el párrafo anterior actúan de manera ilícita cuando tengan conocimiento de que:
a) Quienes ejerzan la patria potestad o la custodia d el menor no han otorgado su consentimiento expreso para el traslado o la entrega.
b) Quienes ejerzan la patria potestad o la custodia del menor obtendrán un beneficio económico indebido o de cualquier otra índole, por el traslado o la entrega, y
3. La persona o personas que reciban al menor.
Según las estadísticas oficiales, el delito de Tráfico de Menores se habría reducido drásticamente durante el 2018, pues en 2015 se denunciaron 91 casos, la cifra repuntó a 206 en 2016 y se redujo a 176 en 2017, para recalar en 2018 en solo 36 denuncias, distribuidas en 15 entidades de la República.
En 2017, en San Luis Potosí se registraron tres denuncias por tráfico de menores, mientras que en 2015 se registró solo una y en 2016 dos.
A nivel nacional, en 2017, Sonora concentró el 76.7 por ciento de las víctimas relacionadas con tráfico de menores en México, pues en esta entidad se denunciaron 135 casos.
En diciembre de 2017, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó una recomendación dirigida al gobierno de Sonora por ese delito.
La recomendación se dio luego que, el 26 de marzo de 2015, el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos alertara a la Procuraduría de Justicia de Sonora “sobre el posible tráfico de menores que se realizaba en… dicha entidad… imputable a servidores públicos del Hospital Infantil y de la entonces Procuraduría del Menor” de Sonora.
El tráfico de menores o trata infantil es una forma de trata de personas que implica el traslado o reclutamiento de bebés, niños o adolescentes de un lugar a otro para explotarlos, siendo los más comunes el laboral y sexual.
La carta de las Naciones Unidas define al tráfico de menores como «La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines de explotación».
Las desapariciones de niñas, niños y adolescentes prenden las alertas en México, porque
Recientemente la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) denunció que cada día, cuatro menores desaparecen en el territorio nacional.
Cabe mencionar también que en el periodo comprendido entre enero y noviembre de 2018, San Luis Potosí registró cinco denuncias por el delito de Trata de personas, según las estadísticas del SESNSP.
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La obra, que costó 271 mdp, se construyó violando un amparo, lo cual le costó al municipio 12 millones más
Por: Redacción
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló este miércoles la inhabilitación por 18 años que el Congreso estatal impuso a Xavier Nava Palacios, exalcalde de San Luis Potosí. Con ello, recupera sus derechos políticos y podría postularse en próximas elecciones.
La sanción original derivó de la construcción del puente vehicular sobre el bulevar Antonio Rocha Cordero, entre el Periférico Oriente y la avenida Industrias, que tuvo un costo de 27 millones de pesos. La obra avanzó pese a un amparo que la detenía. Este proyecto, erigido en terrenos del ejido Rancho Viejo La Libertad
Durante la administración actual, el alcalde Enrique Galindo Ceballos pagó 4 millones de pesos como primer abono—de un total de 12 millones pactados— para la compra de esos terrenos y compensar a los ejidatarios afectados.
Sin embargo, la SCJN concordó con la argumentación de Nava y revocó la sanción, poniendo fin a un litigio de cuatro años.
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El fraude no solo se limitó al Gobierno Federal: la denominada “gobernadora indígena” de SLP cuenta con un historial de denuncias por estafar a potosinos
Por: Bernardo Vera
La Orquesta ha dado a conocer el fraude del que varios potosinos han sido víctimas, al ofrecerles una vacante en la Secretaría de Educación Pública (SEP) del Gobierno Federal, y del que supuestamente serían parte de una nueva dependencia conocida como “Subsecretaría de Auditoría y Control”.
La investigación arrojó el nombre de una persona identificada como Norma Judith Loredo Hernandez, quien de acuerdo a documentos, testimonios y otras pruebas, habría sido la encargada de operar este fraude contra alrededor de 500 personas en la entidad potosina
Pero… ¿quién es Norma Judith Loredo Hernández?
Su nombre se ha relacionado con actividades públicas relacionadas con la cercanía a los sitios rurales o comunidades indígenas.
En agosto de 2022 fue electa como coordinadora estatal de la Unión Campesina Democrática (UCD) tras participar en la convocatoria en la que fue planilla única.
En el directorio de México Blanco (identificada como una asociación civil dedicada a atender condiciones de vulnerabilidad en el país) aparece como directora nacional de Estrategia para el fomento de Procuración de Fondos. Asociación que, según su sitio web, sustenta sus actividades mediante donaciones voluntarias.
Una búsqueda en redes sociales la identifica como Gobernadora Estatal Indígena de San Luis Potosí, agrupación perteneciente al Gobierno Nacional Originario Indigena y el Consejo Nacional Mexicano de Pueblos Originarios y Comunidades indígenas, lo que indicaría que se trata de un perfil público con carácter de cumplimiento de una función social y que goza de cierta reputación.
No obstante, fuentes cercanas a La Orquesta constataron que el nombramiento del Consejo Nacional Indígena y grupos de “gobernadores indígenas” son una organización de alcance nacional en la que participan personas que se autodenominan “indígenas”, sin serlo; desconocen la discusión y problemática acerca de los pueblos indígenas y solo emplean un disfraz folclorista para hacerse de recursos públicos
El 14 de junio de este año, se denunció a Norma Loredo a través de redes sociales, por su participación en la oferta de casas. Ahí mismo, alertan a la comunidad Teenek de la Huasteca, para hacer caso omiso en caso de sostener algún contacto con Norma Loredo y en la que se identifica su antecedente con el modus operandi de la SEP, ahora en presunta complicidad con Julio Cesar Chavez Hernandez.
El 13 de marzo de este año, otra publicación la identificaba como parte de la misma operación de plazas en la SEP, ahora en contubernio con dos personas y extendiendo operaciones en la zona Huasteca. Una de ellas de nombre Karyme Novoa Jonguitud, de Ciudad Valles, quien recluta a los supuestos aspirantes y recibiría los recursos que aportaban para su contratación. Otra de ellas, identificada como Soraya Arredondo, quien trabajaba junto a Norma Loredo en su despacho de la calle Mariano Ávila, en la capital potosina.
Desde febrero de 2024 su nombre aparece relacionado con la operación del mismo esquema de fraude, con presencia en la zona Centro y Huasteca de la entidad potosina. Ahí, presuntos enganchadores ofrecían sueldos desde los 25 hasta 50 mil pesos, y en los que se les solicitaron hasta seis mil pesos, para obtener un contrato de trabajo en puestos de inspectores y de promotores de proyectos en la SEP, así como otros cargos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
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El secretario Guadalupe Torres Sánchez hizo un llamado a no bajar la guardia y pidió a los municipios reforzar labores de desazolve
Por: Redacción
El secretario general de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, informó que aunque las recientes lluvias en el estado han sido beneficiosas para la captación de agua en presas, también exigen atención preventiva en zonas vulnerables. En ese sentido, indicó que el único río que actualmente se mantiene en nivel máximo de observación es el Río Valles, sin representar aún un riesgo, pero con vigilancia permanente.
“El de Valles ya está al nivel máximo, sin que haya riesgo, pero sí amerita seguimiento. Todos los demás ríos como el Micos, Pujal, Tamuín, Santa Rosa y El Naranjo no representan ningún problema hasta ahora”, señaló.
Respecto a las presas, Torres Sánchez detalló que los niveles actuales son alentadores: La Lajilla ya se encuentra al 100% de su capacidad, mientras que El Peaje está al 89%, seguida de El Realito y la Cañada del Lobo. La que presenta menor captación es El Potosino, con apenas 40%
Torres lanzó además un exhorto a los gobiernos municipales, en especial al de la capital potosina, para que intensifiquen las acciones de limpieza y desazolve en alcantarillas y calles, con el fin de evitar anegamientos y problemas en la movilidad urbana:
“Es momento de ponernos las pilas. Es responsabilidad de cada ayuntamiento salir a las calles a limpiar donde se requiera, y evitar problemas con las lluvias.”
Finalmente, reiteró que aunque se mantiene vigilancia activa en varios puntos del estado, las lluvias hasta el momento han traído más beneficios que complicaciones.
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