febrero 22, 2025

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SLP, segundo nacional en venta de menores

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De enero a diciembre de 2018 se presentaron cuatro casos en el estado, que representan el 11% del total nacional

Por: El Saxofón

Con cuatro casos, San Luis Potosí se ubica en el segundo lugar de la incidencia delictiva en materia de Tráfico de Menores a nivel nacional. En primer lugar se ubica el estado de Guanajuato, con siete denuncias por este delito, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Entre enero y noviembre de 2018, la Fiscalía General del Estado abrió cuatro carpetas de investigación por igual número de denuncias de este delito. Los casos ocurrieron en Ciudad Fernández, Ciudad del Maíz, Rioverde y San Luis Potosí capital. Dos de las víctimas fueron mujeres.

En todo el país se denunciaron 36 casos de tráfico de menores, lo cual quiere decir que San Luis Potosí acumula el 11.1 por ciento de los casos.

Las entidades que reportan casos de Tráfico de menores son: Guanajuato (7), San Luis Potosí (4), Baja California (3), Oaxaca (3), Jalisco (3), Sinaloa (3), Veracruz (3), Chiapas (2), Michoacán (2), CDMX (1), Hidalgo (1), Estado de México (1), Nuevo León (1), Quintana Roo (1) y Aguascalientes (1). El resto de los estados no reportó ningún caso hasta noviembre de 2018.

Según estos datos, en la región del Bajío (a excepción de Querétaro y Zacatecas que reportan cero casos) se concentra el 33.33 por ciento de las denuncias por este delito.

El Código Penal de San Luis Potosí señala, en su Capítulo VI, Artículo 162, queComete el delito de tráfico de menores, quien traslade a otro Estado u otro municipio del Estado, o entregue a un tercero a un menor de dieciocho años de edad, de manera ilícita, con el propósito de obtener un beneficio económico indebido o de cualquier otra índole”.

Este delito se sancionará con una pena de prisión de ocho a cuarenta años y sanción pecuniaria de ochocientos a cuatro mil días del valor de la unidad de medida y actualización.

Según el Código Penal También comete el delito de Tráfico de Menores:

  1. Quienes ejerzan la patria potestad o custodia sobre el menor, aunque no haya sido declarada, cuando realicen materialmente el traslado o la entrega, o por haber otorgado su consentimiento para ello;
  2. Los ascendientes sin límite de grado, los parientes colaterales y por afinidad hasta el cuarto grado, así como cualquier tercero que no tenga parentesco con el menor.

Se entenderá que las personas a que se refiere el párrafo anterior actúan de manera ilícita cuando tengan conocimiento de que:

a) Quienes ejerzan la patria potestad o la custodia d el menor no han otorgado su consentimiento expreso para el traslado o la entrega.

b) Quienes ejerzan la patria potestad o la custodia del menor obtendrán un beneficio económico indebido o de cualquier otra índole, por el traslado o la entrega, y

3. La persona o personas que reciban al menor.

 

Según las estadísticas oficiales, el delito de Tráfico de Menores se habría reducido drásticamente durante el 2018, pues en 2015 se denunciaron 91 casos, la cifra repuntó a 206 en 2016 y se redujo a 176 en 2017, para recalar en 2018 en solo 36 denuncias, distribuidas en 15 entidades de la República.

En 2017, en San Luis Potosí se registraron tres denuncias por tráfico de menores, mientras que en 2015 se registró solo una y en 2016 dos.

A nivel nacional, en 2017, Sonora concentró el 76.7 por ciento de las víctimas relacionadas con tráfico de menores en México, pues en esta entidad se denunciaron 135 casos.

En diciembre de 2017, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó una recomendación dirigida al gobierno de Sonora por ese delito.

La recomendación se dio luego que, el 26 de marzo de 2015, el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos alertara a la Procuraduría de Justicia de Sonora “sobre el posible tráfico de menores que se realizaba en… dicha entidad… imputable a servidores públicos del Hospital Infantil y de la entonces Procuraduría del Menor” de Sonora.

El tráfico de menores o trata infantil es una forma de trata de personas que implica el traslado o reclutamiento de bebés, niños o adolescentes de un lugar a otro para explotarlos, siendo los más comunes el laboral y sexual.

La carta de las Naciones Unidas define al tráfico de menores como «La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines de explotación».

Las desapariciones de niñas, niños y adolescentes prenden las alertas en México, porque

Recientemente la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) denunció que cada día, cuatro menores desaparecen en el territorio nacional.

Cabe mencionar también que en el periodo comprendido entre enero y noviembre de 2018, San Luis Potosí registró cinco denuncias por el delito de Trata de personas, según las estadísticas del SESNSP.

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Ciudad

TEESLP confirma expulsión de Enrique Galindo del PRI

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Detallaron que los argumentos del alcalde fueron considerados infundados

Por: Redacción

El Tribunal Estatal Electoral de San Luis Potosí (TEESLP) confirmó por unanimidad la expulsión de Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al considerar que sus argumentos de defensa eran infundados e improcedentes.

La resolución, respaldada por los magistrados Denisse Porras, Nicolás Juárez y Gerardo Muñoz, determinó que los agravios señalados por el alcalde capitalino carecían de sustento legal.

El TEESLP concluyó que la Comisión Estatal y Nacional de Justicia Partidaria del PRI actuó conforme a derecho y no vulneró las garantías de audiencia ni el debido proceso de Galindo Ceballos. A pesar de que el exmilitante argumentó que no fue debidamente notificado sobre el procedimiento en su contra, el tribunal encontró pruebas suficientes de que sí fue informado y tuvo la oportunidad de ejercer su defensa, aunque optó por no comparecer.

El análisis del caso reveló que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria siguió las formalidades necesarias para garantizar el derecho de audiencia dentro del procedimiento sancionador. La resolución, dictada el 5 de diciembre de 2024, fue considerada debidamente fundada y motivada, conforme a lo establecido en el expediente.

Además de ratificar la expulsión de Galindo Ceballos, el Tribunal Estatal Electoral tomó la decisión de acumular diversas impugnaciones relacionadas con los Comités de Evaluación encargados del proceso de renovación de jueces en el Poder Judicial.

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TEESLP ha recibido más de 30 impugnaciones contra elección judicial

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Los casos son, en su mayoría, porque los aspirantes no fueron notificados de las razones para ser elegibles en cualquiera de los tres comités

Por: Redacción

Denisse Porras Guerrero, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEESLP), dio a conocer que se han presentado más de 30 impugnaciones contra el proceso electoral judicial en la entidad potosina.

La titular de este órgano explicó que se trata, en su mayoría, de casos en que los aspirantes no recibieron un dictamen por parte de los Comités de Evaluación de los tres Poderes, que argumente por qué fueron excluidos de las listas de elegibilidad o mejor evaluados.

Otros casos han sido contra los procesos de insaculación pública por tómbola, donde se sortearon a los candidatos que aparecerán en las boletas.

“Están impugnando las listas de mejor evaluados, el proceso de insaculación y su exclusión de las últimas listas que ya fueron enviadas a la autoridad electoral”, explicó la magistrada.

La magistrada presidenta del TEESLP dijo que no se puede ordenar la repetición de los procesos de selección de candidatos, pero sí se puede ordenar reintegrar aspirantes a las listas de candidaturas.

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“Exceso”, sometimiento de escolta a ciclista en Carranza

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El secretario Guadalupe Torres Sánchez reconoció la reacción de las autoridades de seguridad estatal y federal ; “el portar armas sin licencia ya es de por sí un delito”

Por: Redacción

J. Guadalupe Torres Sanchez, secretario General de Gobierno de San Luis Potosí, se pronunció sobre la detención de un presunto escolta que sometió a un ciclista por estacionarse en la ciclovía de la avenida Venustiano Carranza, y calificó esta acción como un exceso por parte del supuesto elemento de seguridad personal.

“Sin lugar a duda es un exceso. El ciclista, conforme a la información que tenemos, no estaba más que haciendo el señalamiento a las personas que estaban estacionadas, de que estaban obstruyendo una vialidad exclusiva para ellos que es la ciclovía”, compartió el funcionario estatal.

El secretario General de Gobierno estatal dio a conocer que el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), y pese a que se habla de una denuncia por parte del ciclista, la detención efectuada por la Guardia Civil Estatal (GCE) arrojó la portación de armas de fuego no comprendidas en la licencia presentada, lo que por sí solo constituye un delito.

“Hubo una denuncia sin embargo desde el momento en que hay un civil armado sin contar con las licencias, eso ya es un ilícito que no requiere una denuncia previa”.

Finalmente, Torres Sánchez dijo que se tuvo contacto con el diputado federal, quien supuestamente era escoltado por el agresor del ciclista: “asegura que eso no es cierto, sin embargo, independientemente de ello vamos a continuar con la investigación”.

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