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#SLP | Delincuencia bajó por la pandemia, pero 80% de la ciudadanía se siente insegura
Los enfrentamientos y ejecuciones entre grupos del crimen organizado han aportado para que el clima de violencia y hostilidad no cambie
Por: El Saxofón
Desde los primeros días del confinamiento por la pandemia del coronavirus, los analistas de seguridad hablaron de los efectos que esta tendría en las actividades delictivas. La mayoría apuntaron, obviamente, a que la incidencia de delitos iba a disminuir, los más optimistas supusieron que la violencia también haría una tregua y bajarían los homicidios: siete meses después, las cifras les dan la razón a unos por apuntar lo obvio, y muestran la ingenuidad de los otros por suponer algo que no se hizo realidad.
Por un lado, con la gente obligatoriamente en sus casas, los robos domiciliarios bajaron, con menos gente en la calle, el asaltante tuvo menos víctimas posibles, con los negocios cerrados bajaron los atracos (por lo menos bajaron las denuncias), pero por otro, la violencia, en su mayoría desatada por grupos criminales no deja de llenar las páginas de nota roja con cuerpos arrojados en la vía pública, en parajes y baldíos, o muertos en ataques armados.
Entre enero y septiembre del 2020, los robos en general cayeron 22.34 por ciento, en comparación con el mismo periodo de 2019. El robo a casa habitación bajó un 32.23 por ciento. Durante el 2019 el promedio mensual de robos a viviendas fue de 143.5 denuncias, el confinamiento redujo la proporción a 98.1.
En lo que respecta al robo de vehículos, el año pasado el promedio fue de 340 unidades robadas (coches y motocicletas) al mes, unas 11 al día; gracias a la pandemia el promedio mensual bajó a 276.22.
En nueve meses de cuarentena, el robo de autopartes, que venía de un repunte en la segunda mitad del 2019, disminuyó un 22.96 por ciento. La Fiscalía General del Estado (FGE) recibió 135 denuncias por este delito en enero, febrero y marzo, respectivamente, pero este número bajó a 79 en abril, y registró su menor cifra en junio, con apenas 58 incidencias denunciadas ante las autoridades. A partir de junio, acaso tras el inicio de la nueva normalidad, este delito volvió a experimentar un repunte, y actualmente se ubica en más de 70 demandas al mes.
El robo a transportistas ya venía a la baja desde principios de año, antes de la pandemia, y así se ha mantenido. En 2019, se registró un promedio de 43.66 denuncias mensuales, mientras que entre enero y septiembre de 2020, se reportan un promedio de 29.1.
Los asaltos en la vía pública, un delito que mucho se padece, pero poco se denuncia, también venían a la alza desde el 2019, y en febrero la cifra superó la barrera de las 100 denuncias al mes, al registrar 103 casos.
Pero ya desde el mes de marzo, en las primeras semanas de la cuarentena apenas se denunciaron 63 casos, y la cifra cayó aún más en abril y mayo, al registrarse solo 35 y 38 denuncias, respectivamente: las cifras más baja en al menos tres años. Pero ya en junio subieron a 70 y, con una disminución a 60 y 53 casos en julio y agosto, en septiembre volvieron a presentarse más de 70 querellas.
Lo que revelan las cifras y porcentajes presentados anteriormente es que, como un efecto natural del confinamiento, la delincuencia vio menguadas sus posibilidades de acción y los delitos fueron a la baja. Por otra parte, ante el cierre de actividades en el sector público, también es probable que muchos delitos no hayan sido denunciados. Si bien hay que señalar que la Fiscalía permaneció abierta y puso a disposición de la ciudadanía un sistema de denuncia virtual.
En 2019 se registraron en promedio 138.58 robos a negocios, la incidencia ha bajado a 123 robos mensuales en lo que va de 2020. Sin embargo, en este delito, se registró la menor disminución, pues entre enero y septiembre de 2020, se denunciaron apenas 10.33 por ciento menos robos que en el mismo periodo de 2020.
Y es que los robos a negocios solo bajaron durante los primeros dos meses del confinamiento, cuando se cerró la economía: En enero se habían presentado 140 denuncias por este delito, la cifra subió a 147 en febrero, y bajó abruptamente a 88 en marzo; en abril repuntó a 118, y volvió a bajar a 81 en mayo, pero a partir de junio quienes se dedican a esta actividad ilícita volvieron a sus operaciones, pues la Fiscalía recibió 110 denuncias, que para julio, agosto y septiembre ascendieron a 144, 139 y 144 respectivamente.
En estas cifras se observa un efecto de rebote. Con las medidas adoptadas en la primera etapa de la cuarentena la incidencia delictiva disminuyó, pero con el advenimiento de la nueva normalidad y la reactivación económica, el hampa volvió por sus fueros. Habría que esperar ahora el efecto post pandemia: de cara al cierre del año todo parece indicar que las cifras de robos se mantendrán más o menos en la misma tendencia, pero ya sea que el confinamiento acabe o se mantenga, la delincuencia también se adaptará y seguirá haciendo de las suyas.
En el caso de los robos a casa habitación, por ejemplo, si bien las denuncias disminuyeron, hubo casos que impactaron en la opinión pública, como fueron los hurtos en zonas residenciales. En agosto se habló de que al menos 5 viviendas del Residencial Club de Golf La Loma, habían sido saqueadas.
El 10 se septiembre, el Secretario de Seguridad Jaime Pineda, en declaraciones a la prensa reconoció que había preocupación por el robo a negocios, pero presumió que “junto a las autoridades municipales, desplegaron hace poco un operativo especial, con el que lograron contener robos que cometían bandas de delincuentes extranjeros, en fraccionamientos residenciales de la zona poniente”.
Cuarenta días después, en octubre la realidad le daba un mandoble al secretario, pues una nueva ola de robos en Residencial La Loma se hizo eco en la prensa. Ante este nuevo movimiento en el tablero, Pineda quiso desmarcarse y culpó de la inseguridad a la vigilancia privada de estos sitios, pues aseguró que los delincuentes vivían ahí dentro.
“Los delincuentes rentan casas en fin de semana, hay aplicaciones donde rentan las casas y a veces los delincuentes viven adentro, los delincuentes pasan un fin de semana dentro de los clubes privados, y cuando está el operativo y los andamos buscando están ahí dentro de las casas porque la rentaron”, acusó.
Pineda fue más allá y dijo que cuando se denunciaban los hurtos, al acudir a atender el reporte los vigilantes les prohíben la entrada porque “ahí vive cierto tipo de personas”; criticó que la gente que vive en los fraccionamientos privados paga seguridad privada, pero ya “cuando les llega el agua a los aparejos” es cuando buscan a la Seguridad Pública.
Capítulo aparte merece la actividad delictiva relacionada con los homicidios que, como es sabido, no han parado durante la pandemia, antes al contrario: han aumentado de manera considerable. En eso sí se equivocaron los analistas: el uso sistemático de la violencia por parte del crimen organizado se fortaleció durante el confinamiento.
Después de una ligera disminución en los homicidios registrada en 2019, el 2020 registra un panorama desesperanzador, con un gobierno que sigue sometido por la capacidad de fuego de los grupos de la delincuencia organizada. En agosto pasado se registró la mayor cifra de homicidios en 5 años: 82 víctimas. Por estos delitos la FGE abrió solo 72 carpetas de investigación, esta diferencia entre el número de víctimas y el número de indagatorias, se debe a que en algunos casos se investigan multihomicidios, es decir una carpeta corresponde a dos o más víctimas.
De lo anterior se puede colegir que si la delincuencia común ha disminuido es porque el confinamiento ha provocado que haya menos víctimas disponibles, y si la violencia sigue es porque a quienes la emplean para resolver sus conflictos les parece aún les parece necesario que haya más víctimas.
La percepción de inseguridad entre la ciudadanía cambió más o menos significativamente entre marzo y septiembre de este año, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), que realiza el INEGI. En la versión de la ENSU del primer trimestre del año, el 87 por ciento de los potosinos de 18 años y más se sentían inseguros en la ciudad; este porcentaje bajó a 83 por ciento en la edición de septiembre, sin embargo, la proporción fue superior al 81% de registrado en el mismo mes de 2019.
En suma, 8 de cada diez potosinos perciben una ciudad insegura. De poco sirven las disminuciones en la incidencia delictiva cuando los hechos de alto impacto se suceden con asidua periodicidad: octubre comenzó con el hallazgo de 19 cuerpos sin vida en dos hechos distintos en la frontera con Zacatecas; noviembre inició con la desaparición de una mujer en San Luis Potosí capital que más tarde fue hallada asesinada en un apartamento en Santa María del Río.
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En SLP, el presupuesto 2027 tendrá como techo el monto autorizado para 2026
Por: Ana G Silva
El presupuesto federal para 2027 llegará con una tercera parte de sus recursos prácticamente comprometida entre pensiones y el costo financiero de la deuda, mientras San Luis Potosí prepara su propio presupuesto bajo un techo que no podrá superar el monto autorizado para este año.
El Paquete Económico 2027 plantea un gasto neto de 10.515 billones de pesos, pero una parte importante de esos recursos ya tiene destino antes de que el Gobierno Federal decida nuevas prioridades.
El gasto en pensiones ascenderá a 1.841 billones de pesos, mientras que el costo financiero de la deuda alcanzará 1.575 billones. En conjunto, son 3.416 billones de pesos, equivalentes a aproximadamente 32.5 por ciento de todo el gasto federal previsto para 2027.
En otras palabras, uno de cada tres pesos del presupuesto federal se destinará a pensiones y al pago de intereses y otros costos de la deuda.
Los datos forman parte del análisis de México, ¿cómo vamos? sobre el Paquete Económico presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El organismo advierte que estas obligaciones reducen el espacio fiscal disponible para otras prioridades, debido a que se trata de presiones de gasto difíciles de ajustar en el corto plazo.
Una tercera parte del gasto ya está comprometida
Para 2027, el Gobierno Federal prevé ingresos presupuestarios por 9.157 billones de pesos y un gasto neto pagado de 10.515 billones, equivalente a 26.7 por ciento del PIB.
Dentro del gasto, 7.311 billones corresponderían a gasto programable, es decir, recursos destinados a programas, servicios públicos e inversión; mientras que 3.204 billones serían gasto no programable, relacionado principalmente con obligaciones financieras, participaciones a estados y municipios y adeudos de ejercicios anteriores.
El costo financiero por sí solo será de 1.575 billones de pesos, equivalente a 4 por ciento del PIB. El análisis señala que tasas de interés más elevadas incrementan el costo de financiar la deuda y reducen los recursos disponibles para otras prioridades.
A esto se suma el crecimiento de las pensiones, que llegarán a 1.841 billones de pesos, 4.7 por ciento del PIB.
También se necesita dinero para seguir pagando la deuda
El Paquete Económico contempla además 1.479 billones de pesos de ingresos provenientes de financiamiento, equivalentes a 13.9 por ciento de los ingresos totales previstos para 2027.
La proporción de los ingresos públicos que provienen de financiamiento ha aumentado en el largo plazo: pasó de 9.2 por ciento en 2019 a 13.9 por ciento en la propuesta de 2027, aunque el máximo de la serie analizada se registró en 2024, con 19.2 por ciento.
La propia deuda genera, a su vez, una presión sobre los siguientes presupuestos: el análisis estima que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público pasará de 54 por ciento del PIB en 2026 a 55 por ciento en 2027.
¿Y qué significa para San Luis Potosí?
El panorama federal tiene un reflejo particular en San Luis Potosí, que también prepara su Presupuesto de Egresos para 2027 en un escenario de margen financiero limitado.
La Secretaría de Finanzas estatal informó el pasado 30 de agosto que el techo presupuestal para 2027 será equivalente al presupuesto autorizado por el Congreso para 2026. Por ello, las dependencias deberán reducir costos de operación y considerar las previsiones necesarias ante el cambio de administración.
El dato es relevante porque el próximo presupuesto será el sexto y último de la actual administración estatal, por lo que deberá atender las necesidades del último año de gobierno y, al mismo tiempo, dejar condiciones financieras para la transición.
En materia de deuda, San Luis Potosí reportó que durante 2025 destinó 459.2 millones de pesos al servicio de la deuda pública, de los cuales 122.8 millones correspondieron a amortización de capital. Al cierre de ese ejercicio, el saldo reportado fue de 3 mil 105.6 millones de pesos.
La administración estatal también informó que en diciembre de 2024 reestructuró deuda de largo plazo. Según la Secretaría de Finanzas, los créditos que operaban con tasas de TIIE más 0.45 por ciento pasaron a tasas de TIIE más 0.27 y 0.39 por ciento, respectivamente.
La información financiera estatal mantiene disponibles los reportes de endeudamiento neto e intereses de la deuda, tanto para 2025 como para 2026, lo que permitirá dar seguimiento al costo de estas obligaciones conforme avance el ejercicio.
Menos margen para inversión
El problema presupuestal no se limita al monto de la deuda, sino a cuánto dinero queda después de cubrir las obligaciones.
A nivel federal, México, ¿cómo vamos? estima que en 2027 habrá aproximadamente 67 centavos de inversión física por cada peso de Requerimientos Financieros del Sector Público. Aunque representa una mejora frente a 2025, cuando la relación fue cercana a 45 centavos, todavía se encuentra por debajo de la referencia de un peso de inversión física por cada peso de requerimientos financieros.
La presión también aparece al observar las prioridades de inversión. Los programas y proyectos prioritarios suman 560.2 mil millones de pesos, una cantidad menor al costo financiero de la deuda por sí solo.
De esa bolsa de inversión prioritaria, 45.6 por ciento se destinaría a Pemex y 26.9 por ciento a trenes; ambos rubros concentran cerca de 72.5 por ciento de los recursos, mientras las obras hidráulicas representan apenas 4.1 por ciento.
El escenario coloca el debate presupuestal en una pregunta que también alcanza a los estados: no solamente cuánto dinero hay, sino cuánto queda realmente disponible después de cubrir obligaciones que ya están comprometidas.
En San Luis Potosí, el presupuesto 2027 todavía está en proceso de elaboración. La Secretaría de Finanzas estableció que las dependencias deberán trabajar con un techo equivalente al presupuesto autorizado para 2026 y reducir costos de operación, mientras se prepara el último ejercicio presupuestal de la actual administración.
Así, mientras a nivel federal pensiones y deuda consumirán alrededor de uno de cada tres pesos del gasto, en San Luis Potosí el próximo presupuesto tendrá que construirse sin ampliar su techo respecto al ejercicio actual y con obligaciones financieras que seguirán formando parte de los recursos comprometidos.
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Gallardo pidió al alcalde de Soledad fijar postura y salir de Interapas
Por: Redacción
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona pidió a Juan Manuel Navarro Muñiz, alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, fijar una postura y sacar al municipio del convenio con el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (Interapas) de una vez.
El mandatario dijo que es urgente que el municipio deje de depender de Interapas para el gasto del agua y comience a operar su propio organismo.
Argumentó que los pozos de Soledad de Graciano Sánchez tienen agua suficiente, pero que el servicio falla por bombas en mal estado y problemas de rebombeo bajo la operación actual de Interapas, al que calificó de organismo inoperante.
La Comisión Estatal del Agua (CEA), a cargo de Pascual Martínez Sánchez, ya confirmó que dará viabilidad técnica para que Soledad de Graciano Sánchez tenga su propio organismo operador, separado de Interapas, luego de reconocer que el decreto de creación de este último “se quedó corto”.
Las mismas deficiencias, según la CEA, alcanzan también a Villa de Pozos y al resto de la zona metropolitana.
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Ignacio Segura, dirigente estatal del Partido Verde, adelantó que la alianza de 2027 excluirá la candidatura al gobierno del estado
Por: Redacción
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se sentará a negociar alianzas para la elección de 2027 a partir del 15 de noviembre, informó Ignacio Segura Morquecho, dirigente estatal del partido en San Luis Potosí.
La coalición sería parcial. “Es decir, en todo sí, menos en la gubernatura”, explicó Segura. Agregó que la definición en cada municipio dependerá de qué partido lo gobierna actualmente.
En algunos estados, dijo, alguno de los partidos de la coalición ya definió a sus coordinadores. En la capital potosina, el PAN también avanza en su propio proceso interno. El Verde, en cambio, espera el calendario que fijen el Instituto Nacional Electoral (INE) y la autoridad electoral estatal. El proceso federal ya inició, pero aún no se define la fecha para el registro de precandidaturas.
El anuncio de alianzas llegará después de la asamblea nacional del Verde, programada para el 23 de septiembre, cuando el partido se siente con el resto de la coalición a negociar el acuerdo en San Luis Potosí.
Segura pidió que se reconozca el lugar del Verde en esa negociación. “Hemos sido aliados respetuosos y le hemos arrojado diputaciones locales y federales a la coalición”, dijo, y pidió equidad “para que las cosas puedan salir bien también en la elección”.
Las candidaturas locales del Verde se definirán mediante encuesta, con tres casas encuestadoras nacionales, señaló Segura. Las candidaturas federales corresponden a la dirigencia nacional del partido.
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