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#SLP | Delincuencia bajó por la pandemia, pero 80% de la ciudadanía se siente insegura
Los enfrentamientos y ejecuciones entre grupos del crimen organizado han aportado para que el clima de violencia y hostilidad no cambie
Por: El Saxofón
Desde los primeros días del confinamiento por la pandemia del coronavirus, los analistas de seguridad hablaron de los efectos que esta tendría en las actividades delictivas. La mayoría apuntaron, obviamente, a que la incidencia de delitos iba a disminuir, los más optimistas supusieron que la violencia también haría una tregua y bajarían los homicidios: siete meses después, las cifras les dan la razón a unos por apuntar lo obvio, y muestran la ingenuidad de los otros por suponer algo que no se hizo realidad.
Por un lado, con la gente obligatoriamente en sus casas, los robos domiciliarios bajaron, con menos gente en la calle, el asaltante tuvo menos víctimas posibles, con los negocios cerrados bajaron los atracos (por lo menos bajaron las denuncias), pero por otro, la violencia, en su mayoría desatada por grupos criminales no deja de llenar las páginas de nota roja con cuerpos arrojados en la vía pública, en parajes y baldíos, o muertos en ataques armados.
Entre enero y septiembre del 2020, los robos en general cayeron 22.34 por ciento, en comparación con el mismo periodo de 2019. El robo a casa habitación bajó un 32.23 por ciento. Durante el 2019 el promedio mensual de robos a viviendas fue de 143.5 denuncias, el confinamiento redujo la proporción a 98.1.
En lo que respecta al robo de vehículos, el año pasado el promedio fue de 340 unidades robadas (coches y motocicletas) al mes, unas 11 al día; gracias a la pandemia el promedio mensual bajó a 276.22.
En nueve meses de cuarentena, el robo de autopartes, que venía de un repunte en la segunda mitad del 2019, disminuyó un 22.96 por ciento. La Fiscalía General del Estado (FGE) recibió 135 denuncias por este delito en enero, febrero y marzo, respectivamente, pero este número bajó a 79 en abril, y registró su menor cifra en junio, con apenas 58 incidencias denunciadas ante las autoridades. A partir de junio, acaso tras el inicio de la nueva normalidad, este delito volvió a experimentar un repunte, y actualmente se ubica en más de 70 demandas al mes.
El robo a transportistas ya venía a la baja desde principios de año, antes de la pandemia, y así se ha mantenido. En 2019, se registró un promedio de 43.66 denuncias mensuales, mientras que entre enero y septiembre de 2020, se reportan un promedio de 29.1.
Los asaltos en la vía pública, un delito que mucho se padece, pero poco se denuncia, también venían a la alza desde el 2019, y en febrero la cifra superó la barrera de las 100 denuncias al mes, al registrar 103 casos.
Pero ya desde el mes de marzo, en las primeras semanas de la cuarentena apenas se denunciaron 63 casos, y la cifra cayó aún más en abril y mayo, al registrarse solo 35 y 38 denuncias, respectivamente: las cifras más baja en al menos tres años. Pero ya en junio subieron a 70 y, con una disminución a 60 y 53 casos en julio y agosto, en septiembre volvieron a presentarse más de 70 querellas.
Lo que revelan las cifras y porcentajes presentados anteriormente es que, como un efecto natural del confinamiento, la delincuencia vio menguadas sus posibilidades de acción y los delitos fueron a la baja. Por otra parte, ante el cierre de actividades en el sector público, también es probable que muchos delitos no hayan sido denunciados. Si bien hay que señalar que la Fiscalía permaneció abierta y puso a disposición de la ciudadanía un sistema de denuncia virtual.
En 2019 se registraron en promedio 138.58 robos a negocios, la incidencia ha bajado a 123 robos mensuales en lo que va de 2020. Sin embargo, en este delito, se registró la menor disminución, pues entre enero y septiembre de 2020, se denunciaron apenas 10.33 por ciento menos robos que en el mismo periodo de 2020.
Y es que los robos a negocios solo bajaron durante los primeros dos meses del confinamiento, cuando se cerró la economía: En enero se habían presentado 140 denuncias por este delito, la cifra subió a 147 en febrero, y bajó abruptamente a 88 en marzo; en abril repuntó a 118, y volvió a bajar a 81 en mayo, pero a partir de junio quienes se dedican a esta actividad ilícita volvieron a sus operaciones, pues la Fiscalía recibió 110 denuncias, que para julio, agosto y septiembre ascendieron a 144, 139 y 144 respectivamente.
En estas cifras se observa un efecto de rebote. Con las medidas adoptadas en la primera etapa de la cuarentena la incidencia delictiva disminuyó, pero con el advenimiento de la nueva normalidad y la reactivación económica, el hampa volvió por sus fueros. Habría que esperar ahora el efecto post pandemia: de cara al cierre del año todo parece indicar que las cifras de robos se mantendrán más o menos en la misma tendencia, pero ya sea que el confinamiento acabe o se mantenga, la delincuencia también se adaptará y seguirá haciendo de las suyas.
En el caso de los robos a casa habitación, por ejemplo, si bien las denuncias disminuyeron, hubo casos que impactaron en la opinión pública, como fueron los hurtos en zonas residenciales. En agosto se habló de que al menos 5 viviendas del Residencial Club de Golf La Loma, habían sido saqueadas.
El 10 se septiembre, el Secretario de Seguridad Jaime Pineda, en declaraciones a la prensa reconoció que había preocupación por el robo a negocios, pero presumió que “junto a las autoridades municipales, desplegaron hace poco un operativo especial, con el que lograron contener robos que cometían bandas de delincuentes extranjeros, en fraccionamientos residenciales de la zona poniente”.
Cuarenta días después, en octubre la realidad le daba un mandoble al secretario, pues una nueva ola de robos en Residencial La Loma se hizo eco en la prensa. Ante este nuevo movimiento en el tablero, Pineda quiso desmarcarse y culpó de la inseguridad a la vigilancia privada de estos sitios, pues aseguró que los delincuentes vivían ahí dentro.
“Los delincuentes rentan casas en fin de semana, hay aplicaciones donde rentan las casas y a veces los delincuentes viven adentro, los delincuentes pasan un fin de semana dentro de los clubes privados, y cuando está el operativo y los andamos buscando están ahí dentro de las casas porque la rentaron”, acusó.
Pineda fue más allá y dijo que cuando se denunciaban los hurtos, al acudir a atender el reporte los vigilantes les prohíben la entrada porque “ahí vive cierto tipo de personas”; criticó que la gente que vive en los fraccionamientos privados paga seguridad privada, pero ya “cuando les llega el agua a los aparejos” es cuando buscan a la Seguridad Pública.
Capítulo aparte merece la actividad delictiva relacionada con los homicidios que, como es sabido, no han parado durante la pandemia, antes al contrario: han aumentado de manera considerable. En eso sí se equivocaron los analistas: el uso sistemático de la violencia por parte del crimen organizado se fortaleció durante el confinamiento.
Después de una ligera disminución en los homicidios registrada en 2019, el 2020 registra un panorama desesperanzador, con un gobierno que sigue sometido por la capacidad de fuego de los grupos de la delincuencia organizada. En agosto pasado se registró la mayor cifra de homicidios en 5 años: 82 víctimas. Por estos delitos la FGE abrió solo 72 carpetas de investigación, esta diferencia entre el número de víctimas y el número de indagatorias, se debe a que en algunos casos se investigan multihomicidios, es decir una carpeta corresponde a dos o más víctimas.
De lo anterior se puede colegir que si la delincuencia común ha disminuido es porque el confinamiento ha provocado que haya menos víctimas disponibles, y si la violencia sigue es porque a quienes la emplean para resolver sus conflictos les parece aún les parece necesario que haya más víctimas.
La percepción de inseguridad entre la ciudadanía cambió más o menos significativamente entre marzo y septiembre de este año, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), que realiza el INEGI. En la versión de la ENSU del primer trimestre del año, el 87 por ciento de los potosinos de 18 años y más se sentían inseguros en la ciudad; este porcentaje bajó a 83 por ciento en la edición de septiembre, sin embargo, la proporción fue superior al 81% de registrado en el mismo mes de 2019.
En suma, 8 de cada diez potosinos perciben una ciudad insegura. De poco sirven las disminuciones en la incidencia delictiva cuando los hechos de alto impacto se suceden con asidua periodicidad: octubre comenzó con el hallazgo de 19 cuerpos sin vida en dos hechos distintos en la frontera con Zacatecas; noviembre inició con la desaparición de una mujer en San Luis Potosí capital que más tarde fue hallada asesinada en un apartamento en Santa María del Río.
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La magistrada presidenta del STJE dice que el Congreso apenas verá la declaratoria en septiembre, mientras Matehuala funciona como piloto
Por: Haniel Valdés Velázquez
Ante la pregunta sobre el avance en la implementación de los juicios orales en materia civil y familiar, la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, reconoció que el Congreso del Estado se encuentra en receso y que el Poder Judicial espera hasta septiembre para definir lo relacionado con la declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Zarazúa explicó que la reforma tiene una dimensión “impresionante” —mayor, dijo, a la que en su momento representó la materia penal— y adelantó que el Poder Judicial evalúa una implementación paulatina, además de insta lar mesas de trabajo sobre temas pendientes, entre ellos la relación con los notarios y la armonización del Código Familiar y el Código Civil del estado.
Detalló que desde hace un año el Poder Judicial realiza pruebas piloto, pensadas inicialmente para arrancar en Matehuala, “precisamente porque hay muchos temas que ver.”
Entre los pendientes que enumeró están la construcción de salas orales, la toma de protesta de dos jueces ya electos en materia oral que “no han tomado precisamente cargo,” y la certificación del personal.
Consultada sobre si San Luis Potosí llegará a tiempo al plazo federal del 1 de abril de 2027, Zarazúa respondió enumerando el trabajo en curso, sin precisar una fecha de conclusión.
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Lunes 17 de agosto de 2026
Culto Público, hijos del domingo en la noche me acordé de la cartulina:
El Poder Judicial potosino amaneció con dos relojes atrasados.
Uno dice que hoy no puede con lo que tiene y el otro tiene alarma para el 1 de abril de 2027.
Esa alarma es de las que no se pueden ni detener ni “*dame otros 5 minutitos”*
EL PODER JUDICIAL TIENE 227 DÍAS. PARA LO QUE NO HIZO EN 4 AÑOS Y 500 NOCHES.
Este es el tema del día y es investigación de La Orquesta.
El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares fue publicado en junio de 2023 y fijó el 1 de abril de 2027 como fecha máxima para que opere la nueva justicia civil y familiar.
No es sugerencia. No hay prórroga.
Tampoco se trata de cambiar formatos y ponerle nueva portada a los expedientes.
La reforma exige juicios orales, salas equipadas, expedientes electrónicos, videoconferencias, conectividad y personal capacitado.
El problema es el calendario.
Si la infraestructura depende del presupuesto 2027, al Poder Judicial podrían quedarle enero, febrero y marzo para hacer lo que sabía desde hace casi cuatro años que tendría que hacer.
Y la ley entra en vigor aunque San Luis no esté listo.
Una demanda presentada el 2 de abril tendrá que procesarse con las nuevas reglas.
Es una escena bastante extraordinaria: el Poder Judicial podría terminar incumpliendo una ley porque el propio Poder Judicial no construyó a tiempo las condiciones para cumplirla.
Y no está preparando el nuevo sistema desde una cancha vacía:
Jorge Chessal calcula que la Fiscalía podría acumular 23 o 24 mil carpetas este año y advierte que la llegada de nuevos juzgadores no ha resuelto la saturación. (Pulso trae de 8 este certero apunte de el prestigiado abogado Jorge -quebonitonombre- Chessal)
LA SENTENCIA QUE LLEVA DOS AÑOS ESPERANDO A SER DESCUBIERTA
Este es otro hallazgo documental de Pulso.
Sonia Mendoza, titular de Segam, sostiene que todavía espera una resolución definitiva para determinar quién debe retirar el lirio acuático de la presa San José.
El problema es que la resolución existe.
El Segundo Tribunal Colegiado resolvió desde el 31 de enero de 2024 y vinculó al gobernador, Segam, CEA e Interapas.
Puede haber actuaciones pendientes para cumplir la sentencia. Eso merece explicación.
Lo que no está pendiente es la sentencia.
SALVITA: LA EXIGENCIA SALE A LA CALLE
Este es tema de seguimiento.
Estudiantes de la UASLP marcharán el miércoles 19 de agosto a las 14:00 horas, desde Criminología hasta la Fiscalía, para exigir justicia por el asesinato de Gabriel Salvador Martínez Flores.
Las autoridades hablan de presuntos responsables identificados.
Los estudiantes están pidiendo el siguiente verbo: detenidos.
ELECTORAL POTOSINO | TRES PUEDEN SER MULTITUD
El Heraldo de México coloca hoy a San Luis en la conversación nacional con dos datos que juntos hacen ruido.
Morena encabeza las preferencias como partido, pero Ruth González aparece adelante en los careos personales. Al mismo tiempo, se plantea la posibilidad de que Morena, PVEM y PT compitan separados en 2027.
Abusados: encuesta no es resultado y escenario no es candidatura.
La alianza en SLP a la gubernatura desde hace mucho parece lejana, el nombre de la candidata Verde muy conocido y un As bajo la manga que se asoma o se sospecha para jugada clave de último minuto.
BARRIDO NACIONAL | ANDY NO PUEDE IR A DISNEY
…y quizá pronto a ningún otro lado.
La cancelación de la visa estadounidense de Andrés Manuel López Beltrán se comió buena parte de la conversación nacional.
La Embajada de Estados Unidos
Ahí apareció el vacío perfecto para que cada quien meta lo suyo.
La oposición intenta relacionar el episodio con investigaciones y posibles irregularidades; del otro lado se presenta como persecución política contra el hijo del expresidente. Y en medio ya comenzó la inevitable especulación sobre qué significa todo esto para su futuro dentro de Morena.
Es curioso: Andy pasa en cuestión de días de dirigente cuestionado a víctima geopolítica y de ahí a posible activo electoral.
—Disculpe, ¿me dijo que la nieve la quería de limón, verdad?—
CONVERSACIÓN DE COLUMNAS
Adriana Ochoa publicó ayer su columna de lectura obligada para todo aquel que se diga interesado en el tema público, “La Cábala” con una entrega titulada En azul craquelado.
Su lectura más filosa para esta semana: reducir las precampañas a 20 días beneficia especialmente a quienes lleguen con estructura, territorio y candidatura prácticamente resueltos.
La campaña formal se hizo más corta.
La campaña real, evidentemente, no.
La conversación local coincide además en otro asunto: cambiar personas no necesariamente cambia instituciones.
El Poder Judicial ya tiene nuevos juzgadores, pero conserva el cuello de botella en impartir justicia porque los juzgadores nuevos no dan una…
LOS 3 HALLAZGOS
1. EL PLAZO QUE NO SE MUEVE. El nuevo sistema civil y familiar deberá operar el 1 de abril de 2027 aunque el Poder Judicial potosino no esté materialmente preparado.
2. LA SENTENCIA QUE SÍ EXISTE. Segam habla de una resolución pendiente sobre el lirio cuando existe una ejecutoria desde enero de 2024.
3. EL AGUA QUE SE VA ANTES DE LA CAJA. BBVA Research calcula que los organismos operadores de SLP cobran apenas 4.1 de cada diez litros suministrados. Antes de discutir solamente de dónde traer más agua, convendría saber qué estamos haciendo con la que ya tenemos.
LAS DE 8
Pulso: insuficiente la llegada de nuevos juzgadores ante la carga del sistema de justicia.
Plano Informativo: saturación de litigaciones, el lastre del sistema judicial.
Dos portadas y la investigación de La Orquesta terminan diciendo “eso es elefante”: el problema judicial ya no es solamente quién juzga, sino con qué sistema va a hacerlo y el reloj sigue su marcha.
MAÑANERA
La educación media superior marcó buena parte de la conferencia presidencial. Claudia Sheinbaum anunció una ampliación de espacios y modalidades para facilitar el ingreso de jóvenes al bachillerato.
San Luis Potosí no fue tema específico.
¿QUÉ PREGUNTARÍA HOY?
1. Según los números, el Verde gana solo, pero ¿Qué perdería ganando solo?
INDICADORES ÚTILES: 1) EL REALITO: SI FUNCIONA
2) “ECHAR LAVADORAS” ES LA RESPUESTA DEL 94.7% DE LA POBLACIÓN A LA PREGUNTA ¿QUÉ HICISTE EL DOMINGO?
También lee: A tiempo y marcando el ritmo – Dirige Jorge Saldaña (Viernes 14 de agosto de 2026)
De no lograrlo, el Poder Judicial quedaría en una grave falta a un ordenamiento federal
Por: Haniel Valdés Velázquez
El decreto que obliga a juicios orales en materia civil y familiar fue publicado desde 2023 y fija el 1 de abril de 2027 como plazo máximo e inaplazable. El calendario presupuestal estatal deja al Poder Judicial potosino apenas tres meses, entre enero y marzo, para construir la infraestructura que la ley exige.
El Poder Judicial de San Luis Potosí enfrenta una carrera contra el tiempo que fue advertida desde hace casi cuatro años: el decreto que crea el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2023, fija el 1 de abril de 2027 como fecha límite —automática, sin posibilidad de prórroga— para que la nueva justicia civil y familiar, basada en juicios orales, entre en vigor en el estado. El problema es aritmético: por el propio calendario presupuestal estatal, el recurso para construirla no llega antes de enero de 2027.
El Artículo Segundo Transitorio del decreto no deja margen de interpretación. Establece que la aplicación del Código entrará en vigor en cada entidad mediante declaratoria del Congreso local, previa solicitud del propio Poder Judicial estatal, pero fija que dicho trámite no podrá exceder el 1 de abril de 2027. Y añade un candado adicional: si no se emite la declaratoria correspondiente, la entrada en vigor será automática en todo el territorio nacional, sin que la fecha límite se mueva. No hay escenario en el que San Luis Potosí quede exento del plazo.
Lo que exige el nuevo Código no es un ajuste de formularios. Obliga a que los procesos civiles y familiares se desarrollen en audiencias orales —salvo excepciones fundadas—, incorpora la justicia digital (videoconferencia, expedientes electrónicos) y crea figuras procesales completamente nuevas, como el Juicio Ordinario Civil Oral, el Ejecutivo Civil Oral y el Hipotecario Oral. Se traduce en salas equipadas, conectividad y personal capacitado en todo el estado, no en un memorando administrativo.
Ahí es donde se cruza con el calendario del dinero. Por mandato constitucional, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) formula anualmente su propio presupuesto y lo remite al Poder Ejecutivo para que lo incorpore al Presupuesto de Egresos estatal; no lo negocia directamente con el Congreso.
La magistrada presidenta del STJE, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, confirmó que la propuesta de presupuesto para 2027 debe quedar aprobada por los tres órganos internos del Poder Judicial
De ahí, el proceso sigue un patrón que se ha repetido en los últimos tres ejercicios fiscales: el Ejecutivo tiene hasta finales de noviembre para entregar el paquete económico completo —Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos— al Congreso del Estado. La Comisión de Hacienda lo revisa en tres o cuatro sesiones y el Pleno lo aprueba, según el historial reciente, entre mediados y finales de diciembre. El presupuesto para 2025, por ejemplo, se publicó en el Periódico Oficial hasta el 26 de diciembre de 2024. Bajo ese mismo calendario, el dinero para 2027 no estaría disponible antes del 1 de enero de ese año.
Ahí queda planteado el dilema: entre que el recurso llega y el tope legal del 1 de abril, el Poder Judicial tendría apenas tres meses para construir salas orales, instalar sistemas digitales y capacitar personal en los distritos judiciales del estado. Y en las prioridades de gasto que la propia magistrada presidenta ha hecho públicas para el presupuesto 2027 —edificios y personal— no aparece mencionada de manera explícita esta infraestructura específica que exige el Código Nacional.
El antecedente no juega a favor del Poder Judicial potosino. En enero de este año, la propia institución reconoció que la no renovación de contratos de personal respondió a “cuestiones meramente presupuestarias”, derivadas de la necesidad de ajustar el gasto. Es decir: la insuficiencia de recursos no es una hipótesis alarmista para 2027, es una condición que el propio Poder Judicial ha admitido enfrentar en el presente.
El escenario de riesgo es concreto. Si el 2 de abril de 2027 se presenta una demanda bajo el nuevo Código exigiendo su desahogo en juicio oral y en sala oral, y esa infraestructura no está lista, el Poder Judicial del Estado quedaría en los hechos incumpliendo una ley federal de la que tuvo aviso desde junio de 2023.
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