octubre 21, 2026

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#SLP | Delincuencia bajó por la pandemia, pero 80% de la ciudadanía se siente insegura

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Los enfrentamientos y ejecuciones entre grupos del crimen organizado han aportado para que el clima de violencia y hostilidad no cambie 

Por: El Saxofón

Desde los primeros días del confinamiento por la pandemia del coronavirus, los analistas de seguridad hablaron de los efectos que esta tendría en las actividades delictivas. La mayoría apuntaron, obviamente, a que la incidencia de delitos iba a disminuir, los más optimistas supusieron que la violencia también haría una tregua y bajarían los homicidios: siete meses después, las cifras les dan la razón a unos por apuntar lo obvio, y muestran la ingenuidad de los otros por suponer algo que no se hizo realidad.

Por un  lado, con la gente obligatoriamente en sus casas, los robos domiciliarios bajaron, con menos gente en la calle, el asaltante tuvo menos víctimas posibles, con los negocios cerrados bajaron los atracos (por lo menos bajaron las denuncias), pero por otro, la violencia, en su mayoría desatada por grupos criminales no deja de llenar las páginas de nota roja con cuerpos arrojados en la vía pública, en parajes y baldíos, o muertos en ataques armados.

Entre enero y septiembre del 2020, los robos en general cayeron 22.34 por ciento, en comparación con el mismo periodo de 2019. El robo a casa habitación bajó un 32.23 por ciento. Durante el 2019 el promedio mensual de robos a viviendas fue de 143.5 denuncias, el confinamiento redujo la proporción a 98.1.

En lo que respecta al robo de vehículos, el año pasado el promedio fue de 340 unidades robadas (coches y motocicletas) al mes, unas 11 al día; gracias a la pandemia el promedio mensual bajó a 276.22.

En nueve meses de cuarentena, el robo de autopartes, que venía de un repunte en la segunda mitad del 2019, disminuyó un 22.96 por ciento. La Fiscalía General del Estado (FGE) recibió 135 denuncias por este delito en enero, febrero y marzo, respectivamente, pero este número bajó a 79 en abril, y registró su menor cifra en junio, con apenas 58 incidencias denunciadas ante las autoridades.  A partir de junio, acaso tras el inicio de la nueva normalidad, este delito volvió a experimentar un repunte, y actualmente se ubica en más de 70 demandas al mes.

El robo a transportistas ya venía a la baja desde principios de año, antes de la pandemia, y así se ha mantenido. En 2019, se registró un promedio de 43.66 denuncias mensuales, mientras que entre enero y septiembre de 2020, se reportan un promedio de 29.1.

Los asaltos en la vía pública, un delito que mucho se padece, pero poco se denuncia, también venían a la alza desde el 2019, y en febrero la cifra superó la barrera de las 100 denuncias al mes, al registrar 103 casos.

Pero ya desde el mes de marzo, en las primeras semanas de la cuarentena apenas se denunciaron 63 casos, y la cifra cayó aún más en abril y mayo, al registrarse solo 35 y 38 denuncias, respectivamente: las cifras más baja en al menos tres años. Pero ya en junio subieron a 70 y, con una disminución a 60 y 53 casos en julio y agosto, en septiembre volvieron a presentarse más de 70 querellas.

Lo que revelan las cifras y porcentajes presentados anteriormente es que, como un efecto natural del confinamiento, la delincuencia vio menguadas sus posibilidades de acción y los delitos fueron a la baja. Por otra parte, ante el cierre de actividades en el sector público, también es probable que muchos delitos no hayan sido denunciados. Si bien hay que señalar que la Fiscalía permaneció abierta y puso a  disposición de la ciudadanía un sistema de denuncia virtual.

En 2019 se registraron en promedio 138.58 robos a negocios, la incidencia ha bajado a 123 robos mensuales en lo que va de 2020. Sin embargo, en este delito, se registró la menor disminución, pues entre enero y septiembre de 2020, se denunciaron apenas 10.33 por ciento menos robos que en el mismo periodo de 2020.

Y es que los robos a negocios solo bajaron durante los primeros dos meses del confinamiento, cuando se cerró la economía: En enero se habían presentado 140 denuncias por este delito, la cifra subió a 147 en febrero, y bajó abruptamente a 88 en marzo; en abril repuntó a 118, y volvió a bajar a 81 en mayo, pero a partir de junio quienes se dedican a esta actividad ilícita volvieron a sus operaciones, pues la Fiscalía recibió 110 denuncias, que para julio, agosto y septiembre ascendieron a 144, 139 y 144 respectivamente.

En estas cifras se observa un efecto de rebote. Con las medidas adoptadas en la primera etapa de la cuarentena la incidencia delictiva disminuyó, pero con el advenimiento de la nueva normalidad y la reactivación económica, el hampa volvió por sus fueros. Habría que esperar ahora el efecto post pandemia: de cara al cierre del año todo parece indicar que las cifras de robos se mantendrán más o menos en la misma tendencia, pero ya sea que el confinamiento acabe o se mantenga, la delincuencia también se adaptará y seguirá haciendo de las suyas.

En el caso de los robos a casa habitación, por ejemplo, si bien las denuncias disminuyeron, hubo casos que impactaron en la opinión pública, como fueron los hurtos en zonas residenciales.  En agosto se habló de que al menos 5 viviendas del Residencial Club de Golf La Loma, habían sido saqueadas.

El 10 se septiembre, el Secretario de Seguridad Jaime Pineda, en declaraciones a la prensa reconoció que había preocupación por el robo a negocios, pero presumió que “junto a las autoridades municipales, desplegaron hace poco un operativo especial, con el que lograron contener robos que cometían bandas de delincuentes extranjeros, en fraccionamientos residenciales de la zona poniente”.

Cuarenta días después, en octubre la realidad le daba un mandoble al secretario, pues una nueva ola de robos en Residencial La Loma se hizo eco en la prensa. Ante este nuevo movimiento en el tablero, Pineda quiso desmarcarse y culpó de la inseguridad a la vigilancia privada de estos sitios, pues aseguró que los delincuentes vivían ahí dentro.

“Los delincuentes rentan casas en fin de semana, hay aplicaciones donde rentan las casas y a veces los delincuentes viven adentro, los delincuentes pasan un fin de semana dentro de los clubes privados, y cuando está el operativo y los andamos buscando están ahí dentro de las casas porque la rentaron”, acusó.

Pineda fue más allá y dijo que cuando se denunciaban los hurtos, al acudir a atender el reporte los vigilantes les prohíben la entrada porque “ahí vive cierto tipo de personas”; criticó que la gente que vive en los fraccionamientos privados paga seguridad privada, pero ya “cuando les llega el agua a los aparejos” es cuando buscan a la Seguridad Pública. 

Capítulo aparte merece la actividad delictiva relacionada con los homicidios que, como es sabido, no han parado durante la pandemia, antes al contrario: han aumentado de manera considerable. En eso sí se equivocaron los analistas: el uso sistemático de la violencia por parte del crimen organizado se fortaleció durante el confinamiento.

Después de una ligera disminución en los homicidios registrada en 2019, el 2020 registra un panorama desesperanzador, con un gobierno que sigue sometido por la capacidad de fuego de los grupos de la delincuencia organizada. En agosto pasado se registró la mayor cifra de homicidios en 5 años: 82 víctimas. Por estos delitos la FGE abrió solo 72 carpetas de investigación, esta diferencia entre el número de víctimas y el número de indagatorias, se debe a que en algunos casos se investigan multihomicidios, es decir una carpeta corresponde a dos o más víctimas.

De lo anterior se puede colegir que si la delincuencia común ha disminuido es porque el confinamiento ha provocado que haya menos víctimas disponibles, y si la violencia sigue es porque a quienes la emplean para resolver sus conflictos les parece aún les parece necesario que haya más víctimas.

La percepción de inseguridad entre la ciudadanía cambió más o menos significativamente entre marzo y septiembre de este año, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), que realiza el INEGI. En la versión de la ENSU del primer trimestre del año, el 87 por ciento de los potosinos de 18 años y más se sentían inseguros en la ciudad; este porcentaje bajó a 83 por ciento en la edición de septiembre, sin embargo, la proporción fue superior al 81% de registrado en el mismo mes de 2019.

En suma, 8 de cada diez potosinos perciben una ciudad insegura. De poco sirven las disminuciones en la incidencia delictiva cuando los hechos de alto impacto se suceden con asidua periodicidad: octubre comenzó con el hallazgo de 19 cuerpos sin vida en dos hechos distintos en la frontera  con Zacatecas; noviembre inició con la desaparición de una mujer en San Luis Potosí capital que más tarde fue hallada asesinada en un apartamento en Santa María del Río.

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Minería potosina crece en fluorita, pero cae en plata y cobre

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La producción minerometalúrgica nacional cayó 10.5% anual en agosto, pero SLP creció en fluorita y zinc

Por: Ana G Silva

La producción minera de San Luis Potosí registró resultados mixtos durante agosto de 2026: mientras la extracción de fluorita y zinc reportó incrementos anuales, la producción de plata y cobre disminuyó, de acuerdo con los indicadores de la Industria Minerometalúrgica publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El mayor avance correspondió a la fluorita, mineral en el que la entidad mantiene una participación importante a nivel nacional. Durante agosto, San Luis Potosí produjo 46 mil 647 toneladas, frente a las 45 mil 959 toneladas del mismo mes de 2025, lo que representó un crecimiento anual de 1.5%.

En el ámbito nacional, la producción de fluorita alcanzó 69 mil 556 toneladas, también con un incremento anual de 1.7%. Con ello, San Luis Potosí concentró cerca de dos terceras partes del volumen reportado en el país durante ese mes, lo que confirma la relevancia de este mineral dentro de la actividad extractiva estatal.

Otro mineral que mostró un comportamiento positivo fue el zinc. La producción potosina pasó de mil 592 toneladas en agosto de 2025 a mil 612 toneladas en el mismo mes de este año, un aumento de 1.3%. Este resultado contrastó con el desempeño nacional, donde la producción de zinc disminuyó 27.4% anual.

En contraste, la producción de plata en San Luis Potosí descendió 3.6%, al pasar de 14 mil 66 kilogramos en agosto del año pasado a 13 mil 554 kilogramos en agosto de 2026. La diferencia representó 512 kilogramos

menos en el periodo comparado.

El cobre también registró una disminución en la entidad. La producción pasó de 2 mil 357 toneladas a 2 mil 321 toneladas, una caída anual de 1.5%. El comportamiento potosino se ubicó por debajo de la tendencia nacional, donde la producción de este metal aumentó 2.3%, hasta alcanzar 42 mil 783 toneladas.

CAE LA PRODUCCIÓN MINEROMETALÚRGICA NACIONAL

Los resultados estatales se presentan en un contexto de contracción de la industria minerometalúrgica nacional. De acuerdo con el INEGI, durante agosto de 2026 la producción minerometalúrgica del país disminuyó 0.1% respecto al mes anterior y 10.5% en comparación con agosto de 2025, con cifras desestacionalizadas.

Por mineral, las cifras originales también reflejaron diferencias entre productos. Durante agosto aumentó la producción nacional de fluorita, yeso, cobre, azufre, carbón no coquizable y pellets de fierro, mientras que disminuyó la de zinc, plomo, oro y plata.

Entre los incrementos destacó la producción de pellets de fierro, con un crecimiento anual de 17.4%; entre las caídas, el zinc retrocedió 27.4%, el plomo 25%, el oro 21.7% y la plata 12.9%.

En el caso de San Luis Potosí, los indicadores permiten observar que algunos minerales mantuvieron una evolución positiva pese a la contracción general de la producción minerometalúrgica nacional.

Los datos de agosto de 2026 son preliminares, según la publicación del INEGI.

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Congreso del Estado

Restricción de celulares en aulas arrancará el 3 de noviembre: SEGE

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La secretaria de Educación dijo que se hacen mesas de trabajo con supervisores y directores para cumplir con la restricción en escuelas de educación básica y media superior

Por: Redacción

La restricción del uso de celulares en las aulas de San Luis Potosí comenzará el 3 de noviembre, informó la titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), Deysi Maribel López Sierra, durante su comparecencia ante el Congreso del Estado por la Glosa del Quinto Informe de Gobierno.

A pregunta del diputado Cuauhtli Badillo Moreno, la funcionaria explicó que la SEGE trabaja en la socialización de la medida, es decir, en darla a conocer y explicarla, en todas las escuelas de educación básica y media superior. También se hacen mesas de trabajo con supervisores y directores de los distintos niveles para cumplir con las disposiciones federales y locales.

También para maestros

A principios de octubre, López Sierra confirmó que en educación básica el uso del celular dentro del salón está prohibido “al 100%”, también para los docentes. Sólo se podrán usar celulares, tablets u otros dispositivos cuando tengan un fin pedagógico. Reconoció que falta llegar a un acuerdo con las escuelas privadas, donde muchas clases se dan con tablets.

Las excepciones

El dictamen que aprobó la Comisión de Educación del Congreso del Estado no prohíbe que los alumnos tengan celular, sino su uso dentro del salón de clases. Contempla dos excepciones: cuando el alumno esté en una situación de riesgo o tenga un problema de salud, y cuando el maestro programe su uso como parte de la clase.

Cuotas escolares, bajo revisión

En la misma comparecencia, a pregunta de la diputada Dolores Robles Chairez, López Sierra informó que la SEGE atiende denuncias sobre las cuotas “voluntarias” que cobran las asociaciones de padres de familia. En los casos que involucran a directivos se levanta un acta administrativa y se da parte a la unidad de asuntos jurídicos de la Secretaría.

También lee: Restricción de celulares en aulas también aplicará a maestros: SEGE

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Tribunal Electoral sanciona por primera vez violencia política contra jueza electa

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A tres meses de la resolución, las sanciones a favor de Fátima Viera siguen sin cumplirse

Por: Redacción

El Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEESLP) sancionó a tres profesionales del derecho por ejercer violencia política contra las mujeres en razón de género contra Fátima Elizabeth Viera Gutiérrez, jueza segunda de lo familiar del Poder Judicial del Estado. Es la primera sentencia de este tipo en la entidad a favor de una juzgadora electa por voto popular.

La resolución, dictada el 16 de julio de 2026 en el expediente TESLP/PSE/01/2026, concluyó que hubo violencia verbal, simbólica y psicológica basada en elementos de género. Según el tribunal, buscaba desacreditar la capacidad profesional de la jueza, intimidarla y menoscabar sus derechos político-electorales.

Los hechos ocurrieron el 16 de diciembre de 2025. Las tres personas irrumpieron en el Juzgado Segundo de lo Familiar durante una diligencia y profirieron insultos, amenazas y expresiones discriminatorias contra la titular. La agresión se extendió a redes sociales, donde circularon videos del episodio.

El tribunal fijó un límite: el derecho a cuestionar las decisiones judiciales y la libertad de expresión no justifican amenazas, agresiones sexistas ni actos de intimidación contra mujeres que ocupan cargos públicos.

Por qué es un precedente

La reforma judicial llevó a las urnas la elección de jueces y magistrados. Como Viera es jueza electa, el caso se resolvió como violencia política, la figura que protege los derechos político-electorales de quienes llegan a un cargo por votación.

El reconocimiento no llegó a la primera. La Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó una determinación previa del tribunal local y le ordenó emitir una nueva resolución. En ella se acreditó finalmente la responsabilidad de las tres personas denunciadas.

Lo que falta por cumplir

A tres meses de la sentencia, las sanciones siguen pendientes. Incluyen una amonestación pública y una disculpa a la jueza, que debe publicarse en un periódico de amplia circulación en San Luis Potosí y en las redes sociales de las personas sancionadas. También incluyen su inscripción durante un año y seis meses en el Registro Estatal de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC).

Tampoco se ha impartido la capacitación obligatoria en la materia, que le corresponde a la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva del Estado.

Fátima Alvizo, abogada y representante legal de la jueza, señaló que el caso muestra lo que les cuesta a las mujeres defender sus derechos político-electorales: represalias, desgaste y largos procesos institucionales.

Alvizo afirmó que no basta con una sentencia favorable. Dijo que las autoridades deben garantizar que se cumpla, para que las mujeres no carguen, además de las agresiones, con el costo de exigir justicia.

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