julio 10, 2026

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#SLP | Delincuencia bajó por la pandemia, pero 80% de la ciudadanía se siente insegura

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Los enfrentamientos y ejecuciones entre grupos del crimen organizado han aportado para que el clima de violencia y hostilidad no cambie 

Por: El Saxofón

Desde los primeros días del confinamiento por la pandemia del coronavirus, los analistas de seguridad hablaron de los efectos que esta tendría en las actividades delictivas. La mayoría apuntaron, obviamente, a que la incidencia de delitos iba a disminuir, los más optimistas supusieron que la violencia también haría una tregua y bajarían los homicidios: siete meses después, las cifras les dan la razón a unos por apuntar lo obvio, y muestran la ingenuidad de los otros por suponer algo que no se hizo realidad.

Por un  lado, con la gente obligatoriamente en sus casas, los robos domiciliarios bajaron, con menos gente en la calle, el asaltante tuvo menos víctimas posibles, con los negocios cerrados bajaron los atracos (por lo menos bajaron las denuncias), pero por otro, la violencia, en su mayoría desatada por grupos criminales no deja de llenar las páginas de nota roja con cuerpos arrojados en la vía pública, en parajes y baldíos, o muertos en ataques armados.

Entre enero y septiembre del 2020, los robos en general cayeron 22.34 por ciento, en comparación con el mismo periodo de 2019. El robo a casa habitación bajó un 32.23 por ciento. Durante el 2019 el promedio mensual de robos a viviendas fue de 143.5 denuncias, el confinamiento redujo la proporción a 98.1.

En lo que respecta al robo de vehículos, el año pasado el promedio fue de 340 unidades robadas (coches y motocicletas) al mes, unas 11 al día; gracias a la pandemia el promedio mensual bajó a 276.22.

En nueve meses de cuarentena, el robo de autopartes, que venía de un repunte en la segunda mitad del 2019, disminuyó un 22.96 por ciento. La Fiscalía General del Estado (FGE) recibió 135 denuncias por este delito en enero, febrero y marzo, respectivamente, pero este número bajó a 79 en abril, y registró su menor cifra en junio, con apenas 58 incidencias denunciadas ante las autoridades.  A partir de junio, acaso tras el inicio de la nueva normalidad, este delito volvió a experimentar un repunte, y actualmente se ubica en más de 70 demandas al mes.

El robo a transportistas ya venía a la baja desde principios de año, antes de la pandemia, y así se ha mantenido. En 2019, se registró un promedio de 43.66 denuncias mensuales, mientras que entre enero y septiembre de 2020, se reportan un promedio de 29.1.

Los asaltos en la vía pública, un delito que mucho se padece, pero poco se denuncia, también venían a la alza desde el 2019, y en febrero la cifra superó la barrera de las 100 denuncias al mes, al registrar 103 casos.

Pero ya desde el mes de marzo, en las primeras semanas de la cuarentena apenas se denunciaron 63 casos, y la cifra cayó aún más en abril y mayo, al registrarse solo 35 y 38 denuncias, respectivamente: las cifras más baja en al menos tres años. Pero ya en junio subieron a 70 y, con una disminución a 60 y 53 casos en julio y agosto, en septiembre volvieron a presentarse más de 70 querellas.

Lo que revelan las cifras y porcentajes presentados anteriormente es que, como un efecto natural del confinamiento, la delincuencia vio menguadas sus posibilidades de acción y los delitos fueron a la baja. Por otra parte, ante el cierre de actividades en el sector público, también es probable que muchos delitos no hayan sido denunciados. Si bien hay que señalar que la Fiscalía permaneció abierta y puso a  disposición de la ciudadanía un sistema de denuncia virtual.

En 2019 se registraron en promedio 138.58 robos a negocios, la incidencia ha bajado a 123 robos mensuales en lo que va de 2020. Sin embargo, en este delito, se registró la menor disminución, pues entre enero y septiembre de 2020, se denunciaron apenas 10.33 por ciento menos robos que en el mismo periodo de 2020.

Y es que los robos a negocios solo bajaron durante los primeros dos meses del confinamiento, cuando se cerró la economía: En enero se habían presentado 140 denuncias por este delito, la cifra subió a 147 en febrero, y bajó abruptamente a 88 en marzo; en abril repuntó a 118, y volvió a bajar a 81 en mayo, pero a partir de junio quienes se dedican a esta actividad ilícita volvieron a sus operaciones, pues la Fiscalía recibió 110 denuncias, que para julio, agosto y septiembre ascendieron a 144, 139 y 144 respectivamente.

En estas cifras se observa un efecto de rebote. Con las medidas adoptadas en la primera etapa de la cuarentena la incidencia delictiva disminuyó, pero con el advenimiento de la nueva normalidad y la reactivación económica, el hampa volvió por sus fueros. Habría que esperar ahora el efecto post pandemia: de cara al cierre del año todo parece indicar que las cifras de robos se mantendrán más o menos en la misma tendencia, pero ya sea que el confinamiento acabe o se mantenga, la delincuencia también se adaptará y seguirá haciendo de las suyas.

En el caso de los robos a casa habitación, por ejemplo, si bien las denuncias disminuyeron, hubo casos que impactaron en la opinión pública, como fueron los hurtos en zonas residenciales.  En agosto se habló de que al menos 5 viviendas del Residencial Club de Golf La Loma, habían sido saqueadas.

El 10 se septiembre, el Secretario de Seguridad Jaime Pineda, en declaraciones a la prensa reconoció que había preocupación por el robo a negocios, pero presumió que “junto a las autoridades municipales, desplegaron hace poco un operativo especial, con el que lograron contener robos que cometían bandas de delincuentes extranjeros, en fraccionamientos residenciales de la zona poniente”.

Cuarenta días después, en octubre la realidad le daba un mandoble al secretario, pues una nueva ola de robos en Residencial La Loma se hizo eco en la prensa. Ante este nuevo movimiento en el tablero, Pineda quiso desmarcarse y culpó de la inseguridad a la vigilancia privada de estos sitios, pues aseguró que los delincuentes vivían ahí dentro.

“Los delincuentes rentan casas en fin de semana, hay aplicaciones donde rentan las casas y a veces los delincuentes viven adentro, los delincuentes pasan un fin de semana dentro de los clubes privados, y cuando está el operativo y los andamos buscando están ahí dentro de las casas porque la rentaron”, acusó.

Pineda fue más allá y dijo que cuando se denunciaban los hurtos, al acudir a atender el reporte los vigilantes les prohíben la entrada porque “ahí vive cierto tipo de personas”; criticó que la gente que vive en los fraccionamientos privados paga seguridad privada, pero ya “cuando les llega el agua a los aparejos” es cuando buscan a la Seguridad Pública. 

Capítulo aparte merece la actividad delictiva relacionada con los homicidios que, como es sabido, no han parado durante la pandemia, antes al contrario: han aumentado de manera considerable. En eso sí se equivocaron los analistas: el uso sistemático de la violencia por parte del crimen organizado se fortaleció durante el confinamiento.

Después de una ligera disminución en los homicidios registrada en 2019, el 2020 registra un panorama desesperanzador, con un gobierno que sigue sometido por la capacidad de fuego de los grupos de la delincuencia organizada. En agosto pasado se registró la mayor cifra de homicidios en 5 años: 82 víctimas. Por estos delitos la FGE abrió solo 72 carpetas de investigación, esta diferencia entre el número de víctimas y el número de indagatorias, se debe a que en algunos casos se investigan multihomicidios, es decir una carpeta corresponde a dos o más víctimas.

De lo anterior se puede colegir que si la delincuencia común ha disminuido es porque el confinamiento ha provocado que haya menos víctimas disponibles, y si la violencia sigue es porque a quienes la emplean para resolver sus conflictos les parece aún les parece necesario que haya más víctimas.

La percepción de inseguridad entre la ciudadanía cambió más o menos significativamente entre marzo y septiembre de este año, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), que realiza el INEGI. En la versión de la ENSU del primer trimestre del año, el 87 por ciento de los potosinos de 18 años y más se sentían inseguros en la ciudad; este porcentaje bajó a 83 por ciento en la edición de septiembre, sin embargo, la proporción fue superior al 81% de registrado en el mismo mes de 2019.

En suma, 8 de cada diez potosinos perciben una ciudad insegura. De poco sirven las disminuciones en la incidencia delictiva cuando los hechos de alto impacto se suceden con asidua periodicidad: octubre comenzó con el hallazgo de 19 cuerpos sin vida en dos hechos distintos en la frontera  con Zacatecas; noviembre inició con la desaparición de una mujer en San Luis Potosí capital que más tarde fue hallada asesinada en un apartamento en Santa María del Río.

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Gallardo y Harfuch de la mano en estrategia de seguridad

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Ricardo Gallardo y Omar García Harfuch acordaron más presencia operativa en carreteras, zonas estratégicas y puntos prioritarios del Estado

Por: Redacción

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, destacó que con esta coordinación se busca mantener a San Luis Potosí como uno de los estados más seguros del país, durante la reunión de trabajo que sostuvo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, en la que acordaron ampliar los operativos conjuntos en el Estado, con mayor presencia en carreteras principales, caminos estatales y zonas estratégicas, además de más fuerzas de reacción de la Guardia Nacional, Defensa, corporaciones estatales y fiscalías.

Durante el encuentro, el mandatario Estatal destacó que la coordinación con la Federación es la ruta correcta para mantener a San Luis Potosí a la baja en delitos de alto impacto, preservar la paz social y garantizar mayor seguridad para las familias potosinas en las cuatro regiones del Estado.

Ricardo Gallardo Cardona señaló que San Luis Potosí mantiene comunicación directa con las autoridades federales para dar seguimiento a operativos, objetivos prioritarios y acciones de vigilancia

, con especial atención en zonas de alta movilidad, crecimiento económico, actividad carretera y puntos donde se requiere presencia institucional permanente.

El gobernador afirmó que el trabajo conjunto con Omar García Harfuch y las instituciones federales confirma que San Luis Potosí avanza con una estrategia seria, operativa y de resultados, basada en inteligencia, coordinación y capacidad de reacción para proteger a la ciudadanía.

Finalmente, Gallardo Cardona reiteró que su Gobierno continuará trabajando de la mano con la Federación para ampliar la presencia de seguridad, mejorar la respuesta institucional y mantener la disminución de delitos de alto impacto en beneficio de las familias potosinas.

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TEESLP advierte: las campañas de 2027 llegarán sin reglas para el uso de IA

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Dennise Porras advirtió que la legislación electoral no contempla disposiciones sobre el uso de inteligencia artificial en campañas políticas

Por: Redacción

La elección de 2027 en San Luis Potosí llegará sin un marco jurídico que regule el uso de inteligencia artificial en las campañas políticas. Así lo advirtió Dennise Porras Guerrero, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEESLP).

“No hay un marco jurídico ni robusto ni débil, porque simplemente no existe”, afirmó Porras Guerrero a Pulso. La magistrada señaló que la legislación electoral vigente no contempla disposiciones sobre inteligencia artificial aplicada a las campañas, ni sobre el metaverso, los avatares o los contenidos generados mediante estas herramientas.

Ante ese vacío, el Tribunal deberá resolver las controversias que se presenten durante el proceso electoral con base en los criterios jurisdiccionales existentes y los precedentes que emita la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), conforme lleguen las denuncias o medios de impugnación.

Porras Guerrero sostuvo que la ausencia de regulación no implica restringir derechos como la libertad de expresión

, pero sí evidencia la necesidad de contar con reglas que otorguen certeza jurídica frente al uso de nuevas tecnologías. Ignorar el fenómeno, subrayó, “no es una opción”, dado el crecimiento del entorno digital en los procesos electorales.

El reto tecnológico se suma a una presión operativa que el propio Tribunal ya había reconocido. En junio, la magistrada presidenta informó a que el TEESLP buscará elevar su presupuesto de 32.5 a cerca de 45 millones de pesos para el próximo ejercicio fiscal, ante la necesidad de reforzar su plantilla —actualmente reducida— y contratar personal eventual para la carga electoral. “Estamos a contrarreloj”, reconoció entonces.

Las reformas político-electorales prevén además que el proceso local de 2027 arranque el 15 de noviembre, lo que acorta los tiempos de preparación. 

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Sedesore verifica entregas para frenar duplicidad de “Tekmol”

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Sedesore reiteró que los programas deben entregarse directamente a los beneficiarios, sin intermediarios

Por: Redacción

La Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore) dijo que da seguimiento a las denuncias de duplicidad en la entrega de despensas en Ciudad Valles y que verifica cada entrega para evitar que los apoyos se repliquen. “Ese tema lo revisamos: la intención de las entregas es verificar toda la entrega y que no se puedan duplicar todos los espacios”, afirmó María del Rosario Martínez Galarza, titular de la dependencia. Los señalamientos apuntan a José Luis Romero Calzada, conocido como “El Tekmol”, quien en video se ha atribuido la entrega de despensas de programas estatales en ese municipio.

El Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí cuenta con diez días hábiles, a partir de finales de junio, para iniciar procedimientos contra Romero Calzada y otros dos integrantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Gabriela Martínez Lárraga y David Medina Avendaño, luego de una denuncia presentada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). César González García, presidente del Comité Directivo Municipal del PRI en Ciudad Valles, dijo que el equipo jurídico del partido seguirá aportando evidencia para fortalecer la denuncia.

Días antes, el secretario general del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Enrique Dahud Uresti, había exigido que se investigue la entrega de despensas por parte de personajes políticos que no son funcionarios estatales, entre ellos Romero Calzada y el diputado federal Óscar Bautista Villegas. “No sabemos si se las entrega el DIF o la Sedesore; está documentado y vemos que le llegan tráileres de este tipo”, declaró Dahud Uresti sobre el caso de Ciudad Valles.

No es la primera vez que Romero Calzada es señalado por repartir apoyos sociales atribuidos al gobierno estatal. En julio de 2025, tras difundir en redes sociales que recibiría 15 mil despensas mensuales del programa de Seguridad Alimentaria para distribuirlas él mismo, Sedesore emitió un comunicado en el que aclaró que los apoyos se entregan de manera directa a los beneficiarios, sin intermediarios, y que quien se ostente como “enlace” en la distribución incurre en faltas a la ley.

Un año después, con una denuncia electoral en curso, Sedesore sostiene la misma línea: verificar cada entrega para blindarla de duplicidad, aunque hasta ahora no ha señalado directamente a Romero Calzada ni precisado qué medidas tomará frente a la denuncia que ya tiene el Tribunal Electoral.

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