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#SLP | Delincuencia bajó por la pandemia, pero 80% de la ciudadanía se siente insegura
Los enfrentamientos y ejecuciones entre grupos del crimen organizado han aportado para que el clima de violencia y hostilidad no cambie
Por: El Saxofón
Desde los primeros días del confinamiento por la pandemia del coronavirus, los analistas de seguridad hablaron de los efectos que esta tendría en las actividades delictivas. La mayoría apuntaron, obviamente, a que la incidencia de delitos iba a disminuir, los más optimistas supusieron que la violencia también haría una tregua y bajarían los homicidios: siete meses después, las cifras les dan la razón a unos por apuntar lo obvio, y muestran la ingenuidad de los otros por suponer algo que no se hizo realidad.
Por un lado, con la gente obligatoriamente en sus casas, los robos domiciliarios bajaron, con menos gente en la calle, el asaltante tuvo menos víctimas posibles, con los negocios cerrados bajaron los atracos (por lo menos bajaron las denuncias), pero por otro, la violencia, en su mayoría desatada por grupos criminales no deja de llenar las páginas de nota roja con cuerpos arrojados en la vía pública, en parajes y baldíos, o muertos en ataques armados.
Entre enero y septiembre del 2020, los robos en general cayeron 22.34 por ciento, en comparación con el mismo periodo de 2019. El robo a casa habitación bajó un 32.23 por ciento. Durante el 2019 el promedio mensual de robos a viviendas fue de 143.5 denuncias, el confinamiento redujo la proporción a 98.1.
En lo que respecta al robo de vehículos, el año pasado el promedio fue de 340 unidades robadas (coches y motocicletas) al mes, unas 11 al día; gracias a la pandemia el promedio mensual bajó a 276.22.
En nueve meses de cuarentena, el robo de autopartes, que venía de un repunte en la segunda mitad del 2019, disminuyó un 22.96 por ciento. La Fiscalía General del Estado (FGE) recibió 135 denuncias por este delito en enero, febrero y marzo, respectivamente, pero este número bajó a 79 en abril, y registró su menor cifra en junio, con apenas 58 incidencias denunciadas ante las autoridades. A partir de junio, acaso tras el inicio de la nueva normalidad, este delito volvió a experimentar un repunte, y actualmente se ubica en más de 70 demandas al mes.
El robo a transportistas ya venía a la baja desde principios de año, antes de la pandemia, y así se ha mantenido. En 2019, se registró un promedio de 43.66 denuncias mensuales, mientras que entre enero y septiembre de 2020, se reportan un promedio de 29.1.
Los asaltos en la vía pública, un delito que mucho se padece, pero poco se denuncia, también venían a la alza desde el 2019, y en febrero la cifra superó la barrera de las 100 denuncias al mes, al registrar 103 casos.
Pero ya desde el mes de marzo, en las primeras semanas de la cuarentena apenas se denunciaron 63 casos, y la cifra cayó aún más en abril y mayo, al registrarse solo 35 y 38 denuncias, respectivamente: las cifras más baja en al menos tres años. Pero ya en junio subieron a 70 y, con una disminución a 60 y 53 casos en julio y agosto, en septiembre volvieron a presentarse más de 70 querellas.
Lo que revelan las cifras y porcentajes presentados anteriormente es que, como un efecto natural del confinamiento, la delincuencia vio menguadas sus posibilidades de acción y los delitos fueron a la baja. Por otra parte, ante el cierre de actividades en el sector público, también es probable que muchos delitos no hayan sido denunciados. Si bien hay que señalar que la Fiscalía permaneció abierta y puso a disposición de la ciudadanía un sistema de denuncia virtual.
En 2019 se registraron en promedio 138.58 robos a negocios, la incidencia ha bajado a 123 robos mensuales en lo que va de 2020. Sin embargo, en este delito, se registró la menor disminución, pues entre enero y septiembre de 2020, se denunciaron apenas 10.33 por ciento menos robos que en el mismo periodo de 2020.
Y es que los robos a negocios solo bajaron durante los primeros dos meses del confinamiento, cuando se cerró la economía: En enero se habían presentado 140 denuncias por este delito, la cifra subió a 147 en febrero, y bajó abruptamente a 88 en marzo; en abril repuntó a 118, y volvió a bajar a 81 en mayo, pero a partir de junio quienes se dedican a esta actividad ilícita volvieron a sus operaciones, pues la Fiscalía recibió 110 denuncias, que para julio, agosto y septiembre ascendieron a 144, 139 y 144 respectivamente.
En estas cifras se observa un efecto de rebote. Con las medidas adoptadas en la primera etapa de la cuarentena la incidencia delictiva disminuyó, pero con el advenimiento de la nueva normalidad y la reactivación económica, el hampa volvió por sus fueros. Habría que esperar ahora el efecto post pandemia: de cara al cierre del año todo parece indicar que las cifras de robos se mantendrán más o menos en la misma tendencia, pero ya sea que el confinamiento acabe o se mantenga, la delincuencia también se adaptará y seguirá haciendo de las suyas.
En el caso de los robos a casa habitación, por ejemplo, si bien las denuncias disminuyeron, hubo casos que impactaron en la opinión pública, como fueron los hurtos en zonas residenciales. En agosto se habló de que al menos 5 viviendas del Residencial Club de Golf La Loma, habían sido saqueadas.
El 10 se septiembre, el Secretario de Seguridad Jaime Pineda, en declaraciones a la prensa reconoció que había preocupación por el robo a negocios, pero presumió que “junto a las autoridades municipales, desplegaron hace poco un operativo especial, con el que lograron contener robos que cometían bandas de delincuentes extranjeros, en fraccionamientos residenciales de la zona poniente”.
Cuarenta días después, en octubre la realidad le daba un mandoble al secretario, pues una nueva ola de robos en Residencial La Loma se hizo eco en la prensa. Ante este nuevo movimiento en el tablero, Pineda quiso desmarcarse y culpó de la inseguridad a la vigilancia privada de estos sitios, pues aseguró que los delincuentes vivían ahí dentro.
“Los delincuentes rentan casas en fin de semana, hay aplicaciones donde rentan las casas y a veces los delincuentes viven adentro, los delincuentes pasan un fin de semana dentro de los clubes privados, y cuando está el operativo y los andamos buscando están ahí dentro de las casas porque la rentaron”, acusó.
Pineda fue más allá y dijo que cuando se denunciaban los hurtos, al acudir a atender el reporte los vigilantes les prohíben la entrada porque “ahí vive cierto tipo de personas”; criticó que la gente que vive en los fraccionamientos privados paga seguridad privada, pero ya “cuando les llega el agua a los aparejos” es cuando buscan a la Seguridad Pública.
Capítulo aparte merece la actividad delictiva relacionada con los homicidios que, como es sabido, no han parado durante la pandemia, antes al contrario: han aumentado de manera considerable. En eso sí se equivocaron los analistas: el uso sistemático de la violencia por parte del crimen organizado se fortaleció durante el confinamiento.
Después de una ligera disminución en los homicidios registrada en 2019, el 2020 registra un panorama desesperanzador, con un gobierno que sigue sometido por la capacidad de fuego de los grupos de la delincuencia organizada. En agosto pasado se registró la mayor cifra de homicidios en 5 años: 82 víctimas. Por estos delitos la FGE abrió solo 72 carpetas de investigación, esta diferencia entre el número de víctimas y el número de indagatorias, se debe a que en algunos casos se investigan multihomicidios, es decir una carpeta corresponde a dos o más víctimas.
De lo anterior se puede colegir que si la delincuencia común ha disminuido es porque el confinamiento ha provocado que haya menos víctimas disponibles, y si la violencia sigue es porque a quienes la emplean para resolver sus conflictos les parece aún les parece necesario que haya más víctimas.
La percepción de inseguridad entre la ciudadanía cambió más o menos significativamente entre marzo y septiembre de este año, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), que realiza el INEGI. En la versión de la ENSU del primer trimestre del año, el 87 por ciento de los potosinos de 18 años y más se sentían inseguros en la ciudad; este porcentaje bajó a 83 por ciento en la edición de septiembre, sin embargo, la proporción fue superior al 81% de registrado en el mismo mes de 2019.
En suma, 8 de cada diez potosinos perciben una ciudad insegura. De poco sirven las disminuciones en la incidencia delictiva cuando los hechos de alto impacto se suceden con asidua periodicidad: octubre comenzó con el hallazgo de 19 cuerpos sin vida en dos hechos distintos en la frontera con Zacatecas; noviembre inició con la desaparición de una mujer en San Luis Potosí capital que más tarde fue hallada asesinada en un apartamento en Santa María del Río.
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Diputados de Morena exigen castigo por fraude a nombre del Gobierno Federal
Luis Emilio Rosas y Carlos Arreola aclararon que el Gobierno de México no vende plazas y no cobra por acceder a espacios laborales
Por: Redacción
Diputados del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso del Estado de San Luis Potosí, se pronunciaron enérgicamente contra el fraude perpetrado por Norma Judith Loredo Hernández, quien ofreció plazas en la Secretaría de Educación Pública (SEP) mediante una estructura inexistente llamada “Subsecretaría de Auditoría y Control”, con la que se habrían defraudado a por lo menos 500 potosinos.
El legislador Luis Emilio Rosas Montiel calificó como “completamente inaceptable” que se usurpen funciones públicas, y se usen los nombres de instituciones de cualquier orden de gobierno –ya sea federal, estatal o municipal– para estos delitos. Asimismo, consideró que estas acciones deben sancionarse con severidad:
“Las autoridades estamos bajo un escrutinio constante. Este tipo de fraudes dañan profundamente la confianza que la ciudadanía ha depositado en nosotros. Necesitamos cerrar filas, sin importar colores ni partidos, para castigar este tipo de actos”, declaró Rosas Montiel.
Añadió que desde el Congreso deben fortalecerse los canales de información oficial, y que los legisladores deben apoyar en la difusión de contenidos verídicos para evitar la desinformación y el pánico, mientras las fiscalías avanzan con las investigaciones.
Por su parte, Carlos Arreola Mallol , señaló la gravedad de que este esquema fraudulento use el nombre del Gobierno de México y del proyecto que encabeza Morena:
“Es gravísimo, porque se lucra con la confianza que la gente tiene en el Gobierno Federal y en Morena. No tiene absolutamente nada que ver con el proyecto de nación ni con nuestras instituciones. Se trata de personas que buscan enriquecerse estafando a ciudadanos de buena fe”, apuntó.
Remarcó que en el Gobierno de México no se venden plazas y no se cobra por acceder a espacios laborales, por lo que su bancada estará vigilante para que las autoridades actúen con celeridad, además de hacer un llamado a la ciudadanía para denunciar este tipo de engaños.
Ambos diputados coincidieron en que el caso de Norma Loredo es sólo un ejemplo de cómo la desinformación y el abuso de confianza pueden convertirse en delitos graves contra la ciudadanía, y exigieron que los responsables no queden impunes.
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Cónsul de El Salvador, sin postura sobre detención de egresado de la UASLP
El diplomático Edwin Ronaldo Hurtado dijo que la oficina a su cargo se centra en trámites como pasaportes y ayuda humanitaria
Por: Redacción
El cónsul de El Salvador en San Luis Potosí, Edwin Ronaldo Hurtado, evitó pronunciarse sobre la detención de Alejandro Henríquez Flores, defensor de derechos humanos y egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), pese a las protestas realizadas frente al consulado para exigir su liberación. Henríquez Flores fue arrestado en El Salvador el pasado 13 de mayo, en un contexto vinculado con su acompañamiento a comunidades organizadas y la defensa del territorio, como en el caso de la Cooperativa El Bosque.
Organizaciones civiles y académicos han calificado la detención como arbitraria, exigiendo su liberación inmediata. En San Luis Potosí, diversas movilizaciones han tenido lugar con el objetivo de visibilizar el caso y presionar a las autoridades salvadoreñas para garantizar el respeto a los derechos d el defensor, reconocido por su labor en procesos comunitarios y la protección de bienes comunes.
Consultado sobre el tema, el cónsul se limitó a describir las funciones del consulado, evitando hacer comentarios directos sobre la detención o las protestas. Explicó que la sede diplomática se enfoca en brindar servicios consulares como la emisión de pasaportes, registros civiles, y asistencia a salvadoreños en condiciones de vulnerabilidad, de acuerdo con lo establecido por la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.
Hurtado también informó sobre la ampliación de horarios de atención, incluyendo jornadas extraordinarias los sábados, y anunció que en agosto se llevará a cabo un consulado móvil en la ciudad de Guanajuato. Sin embargo, no hizo referencia al impacto de las manifestaciones en las operaciones consulares ni al posicionamiento oficial del gobierno salvadoreño respecto al caso de Henríquez Flores.
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Reducción del desempleo y ferias laborales, prioridades de la STPS en SLP
El titular de la dependencia estatal destaca avances y anuncia más eventos de empleo en municipios del interior
Por: Redacción
El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de San Luis Potosí
, Crisógono Sánchez Lara, informó que en los tres años de la actual administración estatal, ha habido cambios considerables para reducir los índices de desempleo en el estado.Reconoció que han ocurrido bajas en algunos sectores, debido a la situación de migrantes y a empresas que se vieron forzadas a cerrar por temas arancelarios. Sin embargo, consideró que, gracias a las ferias de empleo realizadas en la zona metropolitana, la necesidad de empleo ha disminuido.
“Esto que estamos haciendo es para que la gente en San Luis Potosí tenga un sustento, una seguridad, abatiendo así la pobreza que puede existir en el estado”
, explicó Sánchez Lara.Actualmente, la Secretaría planea extender las ferias del empleo al interior del estado, como ya se ha hecho en Matlapa, Ciudad Valles y próximamente en Villa de Arriaga.
Por último, hizo hincapié en que se ha trabajado también en la prevención de la discriminación laboral, particularmente hacia personas migrantes o con discapacidad, y destacó que no se han presentado quejas formales al respecto.
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