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“Si tiene pruebas, Carreras debe presentar denuncia contra Toranzo”: PAN
Mexicanos Contra la Corrupción detectó que el gobierno de San Luis Potosí realizó compras a empresas vinculadas con los Zetas durante el periodo del ex gobernador; la UIF dijo que aún habría tiempo para investigarlo
Por: Ana G. Silva
Hace unas semanas, la organización Mexicanos Contra la Corrupción dio a conocer una investigación en la que se expuso cómo el gobierno de San Luis Potosí realizó compras a empresas vinculadas con el cártel de los Zetas durante la gestión de Fernando Toranzo. Acerca de ello, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del gobierno federal, detalló que no existe una denuncia formal contra el exgobernador, sin embargo, explicó que la administración de Juan Manuel Carreras está en tiempo de presentar una denuncia, ya que este tipo de delitos tienen una prescripción de 10 años, ante esto Juan Francisco Aguilar Hernández, presidente del PAN, y el diputado Rubén Guajardo (PAN) mencionaron que el actual gobernador de San Luis Potosí debe presentar la denuncia en contra del exfuncionario solo si tiene pruebas.
“Si yo tuviera pruebas de hechos de delitos denunciaría, sea quien sea, para que la Fiscalía inicie las investigaciones y si no hay materia para poder abrir una carpeta de investigación pues no. No se trata de presentar las denuncias por presentarlas, hay que meter los datos de prueba y si Juan Manuel los tiene para presentarla definitivamente está siendo responsable”, dijo el presidente de Acción Nacional.
Por su parte el congresista Guajardo añadió: “Soy un hombre de estado de derecho y por tanto todo debe llevar su proceso conforme a derecho, no me gustaría señalar a algún exfuncionario sin tener pruebas de algo que desconozco, y si Santiago Nieto tiene pruebas por las que el actual gobernador debe denunciar al exgobernador pues tiene que hacerlo en su momento, pero no sé si hay pruebas para poder denunciar”.
Aguilar Hernández indicó que la Fiscalía General del Estado es competencia para iniciar investigaciones con apariencia de delito, como la de los señalamientos que hizo el funcionario federal.
“Incluso por esa declaración la Fiscalía está obligada a que llame a comparecer a Santiago Nieto e informe que diga qué conocimientos tiene que son materia para decir y pedirle al gobernador que presente la denuncia”. Agregó que en este caso la denuncia no solo corre a cargo del gobernador del estado, sino de la Fiscalía General del Estado:
“En Acción Nacional estamos de acuerdo en que se acabe la corrupción sea quien sea”.
Ambos actores políticos dijeron que si ellos tuvieran pruebas presentarían la denuncia en contra del exgobernador.
“El PAN no tiene los elementos que pudiera tener el funcionario federal para hacer esa declaración, si Santiago puede darnos los elementos el PAN la presentaría”, detalló Aguilar Hernández.
Por su parte, el legislador panista dijo: “Todo debe llevar un procedimiento y se deben tener las pruebas, hacer una cacería de brujas sin fundamentos y sin pruebas no ayuda a la gobernabilidad en el estado, creo que la justicia no se debe politizar y si existen las pruebas que presenten la denuncia”.
Rubén Guajardo dijo que está en manos de Carreras López presentar la denuncia en caso de tener las pruebas necesarias: “Si él tiene la información es su decisión, desconozco la información que le dio Santiago, pero cuenta con el apoyo de todas las instituciones para poder llevar a cabo auditorías y ellos saben y conocen si puede llevar a cabo la denuncia”.
Ambos panistas dijeron que no siempre se puede presentar una denuncia, ya que la preinscripción puede haber vencido, además en caso de hacerlo sin pruebas puede significar un mal perfil de la gubernatura:
“Es un tema que el presidente de la República abre por la famosa consulta, y solo quiere sacar raja política, toda consulta tiene tecnicismo jurídicos y esos no pueden aplicarse en todos los expresidentes, exgobernadores o actores políticos ya que existe el apartado de la prescripción del delito, y si no fueron presentados en su momento los delitos están preinscritos”, finalizó el presidente panista.
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El alcalde descartó el reparto de agua por pipas como solución a las fallas del acueducto, al considerarlo “el peor escenario” para colonias sin aljibe.
Por: Redacción
Cuando el acueducto El Realito falla, la afectación llega a 70 colonias y unas 35 mil viviendas de la capital potosina, señaló el alcalde Enrique Galindo Ceballos.
El edil sostuvo que, aunque el suministro eventualmente se restablece, el problema de fondo persiste: “la gente siempre vive con una expectativa de cómo va a amanecer el día, y eso no es vida”, afirmó.
Galindo descartó el reparto de agua mediante pipas como solución a estas fallas, al calificarlo como “el peor escenario” disponible, pues dijo que existen colonias abastecidas por El Realito
El alcalde indicó que Interapas y el Ayuntamiento ya cuentan con un operativo establecido para atender estas zonas cada vez que el acueducto sale de operación.
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La mayoría de los municipios de San Luis Potosí no tiene relleno sanitario, sino tiraderos a cielo abierto, reconoció la Segam
Por: Redacción
La Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) realizó más de 350 inspecciones a empresas industriales en San Luis Potosí durante este año, la mayoría en la zona capitalina, informó su titular, Sonia Mendoza Díaz.
La funcionaria explicó que cuando una empresa es sorprendida con residuos en algún relleno, tiradero o predio clandestino, la dependencia procede a clausurarla de inmediato, porque las empresas están obligadas a demostrar la trazabilidad de sus desechos.
Mendoza Díaz precisó que las multas no solo se aplican a quien tira los residuos, sino también a la empresa generadora, como parte de la estrategia para frenar la disposición ilegal.
La Segam también regularizó a numerosas empresas dedicadas a la compra y venta de chatarra, exigiendo permisos tanto a los generadores de residuos como a quienes se dedican a recolectarlos.
Sobre el manejo de basura municipal, la funcionaria reconoció que la mayoría de los municipios de San Luis Potosí no cuenta con relleno sanitario, sino con tiraderos a cielo abierto, por lo que la dependencia realiza inspecciones permanentes para exigir que la basura sea cubierta y se reduzcan las emisiones de gases.
Dijo que a los municipios se les pide contar con pozos de venteo para liberar gases y con un cuarto de lixiviados que permita cubrir los residuos orgánicos y evitar contaminación
La Segam también sostiene pláticas con los presidentes municipales para cerrar y multar los sitios donde se detecta basura tirada de manera clandestina, e insistió en que la ciudadanía debe tomar conciencia de que no puede arrojar basura en cualquier lugar.
En el tema de calidad del aire, Mendoza Díaz señaló que ya se dio a conocer la norma que regulará a las ladrilleras a partir de enero de 2027, luego de un foro en el que participaron distintos sectores. Calificó el conflicto con estos hornos como un problema social que requiere pláticas constantes y generación de acuerdos, más allá de la sanción.
La funcionaria reconoció que la caseta de monitoreo ambiental conocida como “Verde” no está funcionando actualmente, aunque dijo que se trabaja para corregir la falla.
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En contraste, la entidad tiene una de las tasas más bajas de internamiento juvenil
Por: Ana G Silva
Mientras el número de adolescentes que enfrentan procesos por la presunta comisión de delitos continúa en aumento en México, San Luis Potosí se ubica ligeramente por encima del promedio nacional en la tasa de menores imputados. Sin embargo, la entidad presenta una de las tasas más bajas de ingresos a centros de internamiento, lo que refleja un comportamiento distinto al observado en varios estados con mayores índices de criminalidad.
Así lo revela la edición 2026 de las Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley (EPACOL) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que actualiza la información correspondiente a 2024.
Durante 2024, México registró 35 mil 193 adolescentes imputados por la presunta comisión de algún delito, un incremento de 7.1 por ci ento
Cuando la cifra se ajusta por población adolescente, la tasa nacional fue de 259.3 personas imputadas por cada 100 mil adolescentes.
En ese indicador, San Luis Potosí registró una tasa de 262.2, suficiente para colocarse ligeramente por encima de la media nacional y en la mitad superior del país.
Aunque la diferencia respecto al promedio es reducida, el contraste con otras entidades resulta significativo.
Los estados con mayores tasas fueron:
- Aguascalientes: 841.1
- Nuevo León: 665.4
- Sonora: 631.5
- Ciudad de México: 611.8
Mientras tanto, los registros más bajos correspondieron a:
- Tlaxcala: 10.5
- Chiapas: 36.9
- Nayarit: 49.1
- Michoacán: 51.0
El incremento observado en San Luis Potosí ocurre dentro de una tendencia nacional.
Desde 2021, la tasa de adolescentes imputados pasó de 166.5 a 259.3 por cada 100 mil habitantes adolescentes, un crecimiento cercano al 56 por ciento.
Otro de los cambios más relevantes detectados por el instituto es la transformación en el tipo de delitos. Durante cinco años consecutivos, el robo había sido el ilícito más frecuente entre adolescentes. Sin embargo, desde 2022 esa posición fue ocupada por las lesiones
El resto de los principales delitos fueron:
- Robo (12.6%)
- Amenazas (10.6%)
- Abuso sexual (8.6%)
- Narcomenudeo (8.4%)
Uno de los datos donde San Luis Potosí presenta un comportamiento distinto es el relacionado con el internamiento.
Mientras la tasa nacional fue de 17.2 adolescentes ingresados a centros especializados por cada 100 mil jóvenes de entre 14 y 17 años, San Luis Potosí registró 7.3, menos de la mitad del promedio nacional.
Las tasas más altas fueron: Sonora (67.0), Aguascalientes (55.4) y Baja California (53.8). En contraste, Tlaxcala no registró ningún ingreso durante 2024.
El propio sistema privilegia sanciones distintas al encarcelamiento. Al cierre de 2024, el INEGI registró 4 mil 095 adolescentes sujetos a alguna medida de sanción en todo el país.
De ellos: 64.3 por ciento cumplía medidas no privativas de la libertad. Mientras el 35.7 por ciento permanecía bajo medidas privativas o restrictivas.
Esto significa que la mayoría de los adolescentes enfrenta procesos de reinserción mediante supervisión, tratamiento, trabajo comunitario u otras medidas previstas por la legislación.
El reporte identifica condiciones de vulnerabilidad entre quienes llegan al sistema penal.
Entre los adolescentes internados:
- 34.5 por ciento sólo había concluido la secundaria.
- 32.6 por ciento cursó preparatoria.
- 18.1 por ciento no tenía estudios o únicamente había alcanzado preescolar o primaria.
Aunque estos datos corresponden al panorama nacional, muestran una relación entre rezago educativo y población privada de la libertad.
El informe también documenta que 33.1 por ciento de los adolescentes internados permanecía sin resolución judicial al cierre de 2024. Se trata del porcentaje más alto registrado desde 2017.
Este indicador refleja que una parte importante de los jóvenes permanece bajo medidas cautelares mientras su situación jurídica continúa pendiente.
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