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Semáforo verde para SLP podría durar entre 4 y 6 semanas: Andreu Comas
El líder investigador del tema covid en la UASLP dijo que teme que la ciudadanía relaje las medidas sanitarias
Por: Ana G Silva
Ayer, San Luis Potosí pasó a semáforo epidemiológico verde. Ante esto, Andreu Comas García, líder investigador del tema covid-19 en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), indicó que el descuido de los protoco los sanitarios por parte de la población podría provocar que el estado sufra un alza de casos de este virus antes del invierno.
El experto dijo que si las condiciones continúan como hasta ahora, podríamos seguir en semáforo verde 4 o 6 semanas más y dentro de 6 a 8 semanas, si las condiciones climáticas son similares a las del año pasado, empezaremos a notar el ascenso de casos; agregó que esto también dependerá de la movilidad de las personas en el semáforo verde, esperando que no se incremente.
El investigador comentó que “el semáforo es bastante intrascendente”, pues ya hay muchos cambios y restricciones que no tenemos; aunque, reiteró, que la hospitalización ha disminuido de forma significativa y por fin se pudo romper el pico de mortalidad en el que se encontraba el estado: “es un pico que tuvo una duración similar al de la primera ola, pero de menor magnitud”.
Andreu Comas reiteró que un factor preocupante, particularmente para San Luis Potosí, es que, aunque hay parámetros para este nuevo semáforo verde, hay una meseta en la que hace varios días se ha mantenido estable con los contagios y no hay disminución: “la reducción esta semana en comparación con la semana anterior son muy pocas, casi todos los parámetros disminuyeron en un 2 por ciento”.
Comas García señaló que el estar vacunado no debería modificar el comportamiento durante el semáforo verde, por lo que se debe seguir utilizando cubrebocas, evitar lugares aglomerados y lugares mal ventilados : “El principal problema que trae el semáforo verde es que la gente crea que puede dejar de usar cubrebocas, que pueda hacer reuniones grandes y sabemos que después de una semana comenzamos comportamientos y actitudes en las siempre hay un repunte de casos”.
Andreu Comas destacó que para la cuarta ola de covid no se esperan aumentos considerables en las defunciones y hospitalizaciones, esto gracias al número de personas que ya han sido vacunadas.
“En la tercera ola llegamos a tener hasta 6 veces más casos que la primera ola y a pesar de eso la defunción en el pico fue un 30 por ciento menor que la primera ola, entonces la vacunación ha sido muy importante para evitar una mayor mortalidad, estoy de acuerdo con Daniel Acosta, que las muertes que tenemos siguen siendo muchas porque es una enfermedad prevenible tanto por medidas farmacológicas como por vacunación”.
Finalmente, Comas García detalló que la mortalidad, hospitalización y casos, dependen de cuatro factores: “la variante que circule, que sigue siendo la Delta; la dos, del clima; tres, qué tanto pueda incrementarse la vacunación en el estado; y cuatro, y muy importante, la responsabilidad social, si la sociedad empieza con fiestas, eventos masivos, dejar el cubrebocas, sin duda tenemos un repunte antes de lo previsto y mayor a la premisa”.
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Ciudad
Denuncian a sacristán por abuso de niñas en iglesia de SLP
El movimiento Abejita Vuelve a Casa reporta unas ocho carpetas de investigación abiertas. Pidió al obispo ayudar a localizarlo y exige prisión preventiva
Por: Redacción
El movimiento Abejita Vuelve a Casa informó que existen alrededor de ocho carpetas de investigación contra un sacristán señalado de abusar sexualmente de niñas en una iglesia de la colonia Prados.
Su fundadora, Marilú González Martel, pidió este miércoles al obispo ayudar a ubicarlo, pues el hombre habría huido.
González Martel dijo que las víctimas serían alrededor de diez. Una de las carpetas corresponde a dos hermanas. La activista no descartó que haya más, porque el hombre llevaría más de 15 años trabajando en cinco o seis capillas de la zona metropolitana.
Dijo que las menores tendrían entre 5 y 13 años y que ya han recibido denuncias anónimas que involucran a niños.
Según la activista, el hombre aprovechaba su papel en la parroquia para llevar a las menores a un cuarto dentro del templo. Una madre, cuya identidad se omite para proteger a su hija, relató que la niña le contó una noche, tras el rosario, que el hombre la tocó y la besó. Otras niñas le refirieron tocamientos similares y dijeron que las amenazaba con dejar de llevarlas como monaguillas.
La madre contó que el sacristán fue detenido al día siguiente, señalado por una de las víctimas, pero lo liberaron a las 24 horas
porque aún no se tenía su nombre completo. Después, dijo, huyó de noche con maletas junto con su esposa.Las denunciantes afirman que no saben si existe orden de aprehensión.
Tras reunirse con el obispo, González Martel dijo que este se comprometió a entregar la lista de capillas donde trabajó el hombre. También se comprometió a mantener localizable al párroco y a pedirle que coopere.
La activista aseguró que el sacerdote sabe dónde está el sacristán, y las denunciantes dijeron que la Diócesis conoció el caso por redes sociales.
González Martel afirmó, además, que un familiar del acusado con un cargo en la Fiscalía habría influido en su liberación y que se habría pagado dinero. También dijo sospechar que el hombre grababa a las menores.
El movimiento pidió al gobernador Ricardo Gallardo Cardona y a las autoridades prisión preventiva contra el sacristán. Advirtió que, de no lograrla, habrá manifestaciones y cierres de calles.
La Comisión Estatal de Víctimas ya brinda abogados gratuitos a las familias. Las citas con psicólogas en la Fiscalía fueron programadas para el 27 de noviembre y principios de diciembre.
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Ciudad
Presunto abuso contra ocho niñas sacude nuevamente a la Iglesia potosina
Arquidiócesis admite salida del señalado y surgen dudas sobre actuación de Fiscalía
A más de una década del escándalo del sacerdote Eduardo Córdova, nuevas denuncias de violencia sexual infantil alcanzan a una capilla de Prados. Familias señalan que la Fiscalía dejó libre al presunto agresor, mientras la Iglesia informa que el trabajador renunció voluntariamente y ofrece colaborar con las investigaciones.
Por: Redacción
La Arquidiócesis de San Luis Potosí enfrenta un nuevo caso de presunto abuso sexual infantil que revive los cuestionamientos sobre la protección de menores en espacios religiosos, la responsabilidad de las autoridades eclesiásticas y la capacidad de las instituciones de justicia para responder a denuncias de esta gravedad.
Esta vez el señalado no es un sacerdote, sino un trabajador de una capilla ubicada en la colonia Prados, a quien se atribuyen presuntas agresiones sexuales contra al menos ocho niñas de entre cinco y 13 años de edad.
La diferencia en su condición laboral o religiosa no disminuye la gravedad de los señalamientos ni elimina la necesidad de esclarecer qué mecanismos de vigilancia y protección existían dentro del recinto, cómo se permitió el contacto del trabajador con las menores y cuál fue la reacción de los responsables de la capilla al conocer las acusaciones.
Mientras las familias exigen justicia, la respuesta pública de la Arquidiócesis se ha concentrado en informar que el señalado dejó de trabajar en el lugar mediante una renuncia voluntaria, que está dispuesta a colaborar con la Fiscalía General del Estado (FGE) y que ofrecerá acompañamiento psicológico a las posibles víctimas.
Sin embargo, permanecen sin respuesta preguntas fundamentales: ¿cuándo conocieron las autoridades religiosas los primeros señalamientos?, ¿qué medidas adoptaron para proteger a las niñas?, ¿se investigó la posible existencia de otras víctimas? y ¿qué responsabilidad corresponde a quienes tenían a su cargo la supervisión del trabajador?
A ello se suma un señalamiento particularmente delicado: de acuerdo con información proporcionada por familiares de las menores, la Fiscalía habría dejado en libertad al presunto agresor, una circunstancia cuya situación jurídica y razones deben ser aclaradas por la autoridad ministerial.
Representantes de la Arquidiócesis confirmaron que el trabajador señalado ya no presta servicios en la capilla y explicaron que presentó su renuncia de manera voluntaria. Según la información proporcionada, habría dejado el lugar desde el pasado viernes.
También reconocieron que, ante la naturaleza de las acusaciones, no podían permitir que continuara teniendo contacto con menores de edad mientras se esclarecen los hechos.
Sin embargo, la salida del trabajador no resuelve las interrogantes sobre la responsabilidad institucional.
La Arquidiócesis no ha explicado públicamente si existieron reportes anteriores sobre su conducta, qué controles se aplicaban al personal que convivía con niñas y niños o si se abrió alguna investigación interna para determinar posibles omisiones de quienes estaban al frente del recinto religioso.
Tampoco ha quedado establecido si la separación ocurrió por una decisión preventiva de la institución o exclusivamente por la renuncia presentada por el propio señalado.
El caso exige respuestas que van mucho más allá de confirmar que el trabajador ya no se encuentra en la capilla.
Familias denuncian liberación del presunto responsable; Fiscalía debe aclarar su situación
Otro de los aspectos que incrementa la preocupación es la actuación de la Fiscalía General del Estado.
Familiares de las menores sostienen que el presunto responsable fue dejado en libertad, pese a la existencia de denuncias por posibles agresiones sexuales.
Hasta ahora, con la información disponible, no se ha establecido oficialmente si el señalado fue detenido, presentado ante el Ministerio Público o sujeto a alguna medida cautelar, ni bajo qué circunstancias habría quedado libre.
Toca a la Fiscalía esclarecer estos puntos, así como precisar el estado procesal de las denuncias y las medidas adoptadas para proteger a las niñas y evitar cualquier riesgo de intimidación o acercamiento por parte del investigado.
La reserva legal de las carpetas de investigación no impide que la autoridad proporcione información general sobre sus actuaciones, sin comprometer las indagatorias ni revelar la identidad de las víctimas.
La activista Marilú González, quien hizo públicos los señalamientos, aseguró que existen ocho carpetas de investigación relacionadas con los hechos y advirtió sobre la posibilidad de que haya más menores afectadas.
De confirmarse la existencia de múltiples víctimas, la investigación tendría que establecer si las presuntas agresiones ocurrieron durante un periodo prolongado y si existieron circunstancias que facilitaron su repetición.
El arzobispo, ausente de la primera respuesta
La actuación de la jerarquía eclesiástica también ha generado cuestionamientos.
Tras hacerse públicas las denuncias, representantes de la Arquidiócesis señalaron inicialmente que el arzobispo no estaba enterado del caso y que se encontraba fuera de la ciudad.
Explicaron que las madres habían anunciado su intención de acudir al Arzobispado, aunque no precisaron horario ni identidades por razones de protección.
La respuesta incluyó la posibilidad de que el arzobispo se reuniera con ellas posteriormente, sin establecer una fecha concreta.
La activista Marilú González denunció que acudió a buscar un acercamiento con el máximo representante de la Iglesia católica potosina, pero no fue recibida.
La situación plantea un cuestionamiento sobre los mecanismos internos de comunicación y atención a víctimas: ¿cómo se informa a la máxima autoridad religiosa sobre acusaciones de violencia sexual contra menores y quién asume la responsabilidad inmediata de atenderlas?
La ausencia física del arzobispo no debería impedir la activación de protocolos de protección ni una respuesta institucional oportuna ante denuncias de esta naturaleza.
La sombra del caso Eduardo Córdova vuelve sobre San Luis Potosí
Las denuncias en Prados adquieren una dimensión particularmente sensible por los antecedentes de la Iglesia católica en San Luis Potosí.
En 2014 estalló públicamente el escándalo del sacerdote Eduardo Córdova Bautista, quien había ocupado cargos de relevancia dentro de la Arquidiócesis, incluido el de representante legal, y fue señalado por múltiples víctimas de abuso sexual.
Las denuncias revelaron una historia de acusaciones que se remontaba a años anteriores y dieron lugar a graves cuestionamientos sobre el conocimiento que las autoridades eclesiásticas tenían de los hechos y su actuación frente a ellos.
El caso se convirtió en uno de los episodios más graves y emblemáticos de las denuncias de abuso sexual clerical en San Luis Potosí.
Más de una década después, las acusaciones de la colonia Prados obligan a revisar si las lecciones de aquel escándalo se tradujeron en mecanismos eficaces de prevención, vigilancia y atención a víctimas.
Aunque los hechos y las personas señaladas en ambos casos son distintos, existe una preocupación institucional común: la seguridad de niñas, niños y adolescentes que participan en actividades religiosas y depositan su confianza en quienes tienen responsabilidades dentro de esos espacios.
La Iglesia potosina enfrenta nuevamente el desafío de demostrar que su compromiso con la protección de menores se traduce en acciones verificables, y no únicamente en declaraciones públicas después de que las denuncias salen a la luz.
Otras posibles víctimas y la obligación de evitar nuevos daños
Representantes de la Arquidiócesis reconocieron que dos madres acudieron a informar sobre los presuntos abusos y señalaron que, de acuerdo con lo que les comunicaron, podría haber más víctimas.
Según la información proporcionada, las madres conocieron los hechos el pasado 10 de noviembre, después de que sus hijas les relataron lo ocurrido, y acudieron a presentar denuncias formales.
La institución religiosa invitó a otras familias que pudieran tener información sobre posibles agresiones a denunciar ante las autoridades.
También ofreció proporcionar a la Fiscalía los expedientes, datos de identificación del trabajador y acceso a los espacios de la capilla que resulten necesarios para las investigaciones, además de acompañamiento psicológico especializado.
Estas medidas deberán traducirse en una atención efectiva, con personal capacitado, protección de la identidad de las niñas y procedimientos que eviten obligarlas a repetir innecesariamente sus testimonios.
La prioridad debe ser la seguridad y recuperación de las posibles víctimas, sin presiones para retirar denuncias, conciliar hechos de naturaleza penal o guardar silencio en nombre de la reputación institucional.
Una prueba para la Iglesia y para la justicia potosina
Las acusaciones de Prados colocan bajo escrutinio a dos instituciones: la Arquidiócesis, por su responsabilidad de garantizar entornos seguros en sus espacios de culto y formación, y la Fiscalía, por su obligación de investigar con diligencia los posibles delitos contra menores de edad.
La presunción de inocencia del trabajador señalado debe respetarse, pero ello no limita el derecho de las niñas a recibir protección ni la obligación de investigar de manera exhaustiva.
La renuncia del acusado tampoco extingue posibles responsabilidades penales ni sustituye el esclarecimiento de eventuales omisiones institucionales.
Para una sociedad que aún recuerda el caso Córdova, las respuestas no pueden reducirse a informar que el presunto responsable ya no trabaja en una capilla o que la autoridad eclesiástica se reunirá eventualmente con las familias.
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“Hay mucho trabajo que hacer por la capital y estoy listo”: Juan Carlos Valladares
El diputado federal del PVEM dijo que las definiciones para los nombres de las candidaturas del proceso electoral potosino están en su recta final y aseguró que siempre ha estado preparado para participar.
Por: Redacción
Juan Carlos Valladares Eichelmann, diputado federal del PVEM, se declaró listo para el proceso electoral y adelantó que muy pronto habrá noticias sobre las definiciones: “Estamos preparados, siempre he estado… estoy listo”.
A pregunta expresa sobre su posicionamiento en encuestas y las menciones tanto de la dirigencia de su partido como del propio gobernador del estado, el también empresario indicó que en estos momentos se está en la recta final de las definiciones y adelantó que pronto habrá noticias al respecto.
Sobre las encuestas con las que el Verde elegirá a sus candidatos dijo confiar en las que son serias y cree en ellas y anticipó que “Seguramente, si hemos hecho un buen trabajo, vamos a estar arriba”.
Sobre la capital potosina, Valladares Eichelmann indicó que hay todavía “mucho trabajo que hacer, mucho por construir y muchas áreas de oportunidad”
Juan Carlos Valladares es uno de los perfiles que el Partido Verde baraja para la alcaldía de la capital. En julio, Ignacio Segura Morquecho, dirigente estatal del PVEM, lo mencionó junto con Sonia Mendoza Díaz así como el propio gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, que lo ha mencionado en distintas ocasiones.
Las definiciones de los y las candidatas del Partido Verde se tomarán en la primera semana de enero del 2027 como se ha dado a conocer en otras oportunidades.
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