Estado
Sege confirmó el cese de implicados en casos de abuso sexual infantil
El secretario de educación manifestó que separaron del cargo a la directora y jefa del departamento por omisión y complicidad en el caso de 9 menores que sufrieron abuso sexual
Por: Redacción
El presunto caso de 9 menores de edad de cinco años ha tenido avances, de acuerdo a lo manifestado por Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (Sege), quien confirmó el cese definitivo de la directora Gabriela “N”, señalada de omisión y complicidad; además de Ángeles “N”, jefa de departamento.
“El secretario de educación, Juan Carlos Torres Cedillo, ha realizado lo justo y pertinente ante esta situación con la directora y jefa de departamento ya que ha demostrado que el interés superior de los NNA está por encima de cualquier situación y se pide que ninguna figura política y pública intervenga por las personas que en su momento fueron cómplices y menos con el agresor”, señaló la organización “Defensa del menor AC” a través de sus redes sociales.
Los padres de familia, inicialmente sospechaban que las mismas autoridades escolares protegían al maestro Arturo “N” –señalado de cometer los abusos contra los menores de edad–. De esta manera, señalaron que el viernes 23 de julio, personal de la Fiscalía General de San Luis Potosí (FGESLP) acudió a la escuela para notificar acerca de la denuncia realizada y el lunes 26, el asistente educativo ya no se presentó a trabajar.
Además de ello, solicitaron la intervención del Secretario General de la Sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que deje actuar a las autoridades correspondientes y no intervenga en el caso. También señalaron a Martha Barajas, actual diputada federal, por supuestamente abogar a favor de las directivas.
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Destacadas
Rosas Montiel busca que los municipios presupuesten dinero para bomberos
El diputado de Morena presentó en abril la reforma que obligaría a los ayuntamientos a incluir una partida anual para los bomberos
Por: Haniel Valdés
El diputado local Luis Emilio Rosas Montiel dijo que su iniciativa para obligar a los municipios a destinar dinero a los bomberos sigue en comisiones, unos seis meses después de que la presentó. La propuesta, de abril, reforma la Ley Orgánica del Municipio Libre para que los 59 ayuntamientos incluyan una partida anual para los cuerpos de bomberos.
Explicó que la iniciativa, que dijo tiene el visto bueno del comandante Adolfo Benavente Duque y de los bomberos, obliga a los municipios a incluir ese monto en el paquete económico que envían al Congreso y a visitar las estaciones para hacer un inventario de sus deficiencias.
Rosas Montiel dijo que el problema no es solo de la zona metropolitana, sino también de Matehuala, Ciudad Valles y Rioverde. “No es posible que ni siquiera pongan para la gasolina, muchos de ellos”, afirmó.
Según sus cifras, el cuerpo de bomberos metropolitano tiene un déficit de 38 millones de pesos. Afirmó que, de los nueve municipios a los que da servicio, solo uno aporta, y que de las ocho estaciones únicamente cuatro están en servicio.
El patronato de los bomberos señaló otra cuenta: recibe 1.85 millones de pesos al mes del Gobierno del Estado y de los ayuntamientos de la capital y Soledad, y opera con un déficit mensual de 800 mil a 900 mil pesos. Dijo también que solo cuatro estaciones abren las 24 horas y que otras lo hacen “un día sí y un día no”.
El diputado aseguró que el último camión nuevo que se donó a los bomberos de la zona metropolitana fue en el año 2000, hace 26 años. Dijo además que los trajes de protección son donados desde Estados Unidos y que los bomberos le han comentado que entran a los incendios sin saber si tienen algún químico que los haga prenderse.
Sobre el avance de la iniciativa, señaló que está en la Comisión de Régimen Interno, que dijo que preside Rubén Guajardo, y que hay que hacer el cabildeo. “Estaré dándole seguimiento como a todas las iniciativas que tengo”, afirmó.
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Congreso del Estado
Congreso trabajará con alcaldes para que los policías municipales se certifiquen
Cuauhtli Badillo dijo que los agentes pueden acudir al órgano de fiscalización, al tribunal administrativo o promover un amparo
Por: Redacción
Los policías municipales que no reciben el salario mínimo de 14 mil pesos mensuales que fija la ley pueden denunciar a su ayuntamiento, dijo el diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado.
“Los propios policías que no han recibido ese salario pueden realizar las denuncias correspondientes, ir al órgano de fiscalización, al tribunal de administración, y pueden generar hasta un amparo”, explicó. Un amparo es un juicio para pedir a un juez que proteja un derecho que la autoridad no está respetando.
El legislador reconoció que hay ayuntamientos que no han cumplido con el sueldo y que podrían recibir sanciones. Aclaró que eso depende de la revisión del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), el órgano que revisa cómo gastan su dinero los gobiernos, y que “hay que esperar a que el tema se revise con puntualidad para conocer detalles”.
Los plazos ya vencieron
La obligación viene de la reforma constitucional publicada el 16 de abril de 2026, que fija un salario mínimo de 14 mil pesos para los policías de los 59 municipios. El plazo para cumplirla venció el 31 de agosto.
Al cierre de ese plazo, 24 ayuntamientos entregaron documentos para demostrar que ya pagan ese sueldo, y Ciudad Valles y Soledad ya lo acreditaban. El 2 de octubre, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona
dijo que hay una lista de “más o menos 10” alcaldes que podrían ser inhabilitados, es decir, que se les prohibiría ocupar cargos públicos durante un tiempo.Sin certificado
Badillo dijo que la comisión trabajará con los presidentes municipales en la capacitación de los policías y en el Certificado Único Policial (CUP), un documento que acredita que un agente cumple con los requisitos de formación y evaluación que pide la Federación. Según el diputado, la mayoría de los policías municipales no lo tiene.
“Lo más importante es que tengan los CUP. Con ello, la Federación da cuenta de qué tan bien capacitados o cuántos policías están capacitados para brindarle seguridad a sus municipalidades”, dijo.
Contó que hace poco estuvo en San Luis Potosí personal del órgano certificador del Gobierno de México para evaluar el tema, y que el Congreso buscará la manera de apoyar con cambios a las leyes “para que existan mejores policías municipales”.
También lee: Unos 10 alcaldes podrían ser inhabilitados por sueldos de policías: Gallardo
Estado
Vero Rodríguez pide investigar posible uso político del reparto de agua
Exigió al INE y al CEEPAC indagar los señalamientos de presuntos condicionamientos políticos en el programa de pipas del Gobierno del Estado
Por: Redacción
La senadora Verónica Rodríguez Hernández, del PAN, exigió desde la tribuna del Senado que se investigue el posible uso de recursos públicos en beneficio del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en San Luis Potosí, a partir de señalamientos sobre presuntos condicionamientos políticos en el programa de reparto de agua del Gobierno del Estado.
La legisladora citó una investigación periodística de N+ con testimonios que, dijo, apuntan a una posible intervención de estructuras partidistas en la distribución del recurso, mientras numerosas familias de la zona metropolitana enfrentan problemas de abastecimiento y dependen de las pipas.
“El agua es un derecho humano, no una moneda de cambio para mantener el poder”, afirmó.
Rodríguez Hernández pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) que, en el ámbito de sus atribuciones, investiguen el caso y determinen responsabilidades. También exigió que se apliquen sanciones a quienes resulten responsables, sin importar el cargo que ocupen.
La senadora demandó al Gobierno del Estado una explicación sobre los criterios con los que se reparte el agua, quiénes intervienen en la distribución y quiénes autorizan las entregas, además de que se garantice el suministro sin intermediarios partidistas y se proteja a quienes hayan denunciado irregularidades.
“El agua no pertenece a un padrón electoral ni a las coordinadoras de un partido”, concluyó.
El comunicado no incluye la respuesta del Gobierno del Estado ni del PVEM a estos señalamientos.
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