Estado
Sege confirmó el cese de implicados en casos de abuso sexual infantil
El secretario de educación manifestó que separaron del cargo a la directora y jefa del departamento por omisión y complicidad en el caso de 9 menores que sufrieron abuso sexual
Por: Redacción
El presunto caso de 9 menores de edad de cinco años ha tenido avances, de acuerdo a lo manifestado por Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (Sege), quien confirmó el cese definitivo de la directora Gabriela “N”, señalada de omisión y complicidad; además de Ángeles “N”, jefa de departamento.
“El secretario de educación, Juan Carlos Torres Cedillo, ha realizado lo justo y pertinente ante esta situación con la directora y jefa de departamento ya que ha demostrado que el interés superior de los NNA está por encima de cualquier situación y se pide que ninguna figura política y pública intervenga por las personas que en su momento fueron cómplices y menos con el agresor”, señaló la organización “Defensa del menor AC” a través de sus redes sociales.
Los padres de familia, inicialmente sospechaban que las mismas autoridades escolares protegían al maestro Arturo “N” –señalado de cometer los abusos contra los menores de edad–. De esta manera, señalaron que el viernes 23 de julio, personal de la Fiscalía General de San Luis Potosí (FGESLP) acudió a la escuela para notificar acerca de la denuncia realizada y el lunes 26, el asistente educativo ya no se presentó a trabajar.
Además de ello, solicitaron la intervención del Secretario General de la Sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que deje actuar a las autoridades correspondientes y no intervenga en el caso. También señalaron a Martha Barajas, actual diputada federal, por supuestamente abogar a favor de las directivas.
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Estado
Empresario señala al ayuntamiento de Rioverde por clausura presuntamente política
Martín Charqueño denuncia presunto abuso de poder por parte del gobierno municipal; vincula clausura con crítica al alcalde Arnulfo Urbiola
Por: Redacción
El empresario Martín Charqueño Rodríguez, propietario de una fábrica de productos lácteos en Rioverde, denunció públicamente que el cierre de su negocio fue una medida de represalia política, presuntamente orquestada desde la administración del alcalde Arnulfo Urbiola Román.
Según relató, inspectores de Protección Civil municipal acudieron a su empresa el lunes por la mañana y, tras una revisión que calificó como arbitraria y sin sustento legal, procedieron a colocar sellos de clausura, dejando adentro maquinaria, mercancía perecedera y vehículos de reparto.
Charqueño atribuye la acción a una publicación crítica que hizo en sus redes sociales, en la que cuestionó el supuesto uso de un grupo de anexados como “grupo de choque” durante una reciente visita de la presidenta Claudia Sheinbaum. En su mensaje, también pidió a la ciudadanía dejar de apoyar económicamente a dichos anexos.
Tras ese comentario, afirma que comenzó una serie de acciones en su contra. “Llegaron sin orden, revisaron todo buscando errores, y aunque presenté todos los permisos, como los de COFEPRIS y los planes de operación, simplemente dijeron: ‘Ciérralo’”, declaró. Además, señaló que durante la inspección recibió una amenaza directa
para que dejara de publicar críticas contra el edil.El empresario asegura que el cierre ha generado afectaciones económicas tanto para su empresa como para los trabajadores que dependen de ella, y calificó lo ocurrido como un acto de autoritarismo y revancha política.
Finalmente, cuestionó la falta de preparación del personal que llevó a cabo la inspección, al considerar que no cuentan con la formación técnica necesaria para justificar un cierre de este tipo. Charqueño advirtió que esta situación refleja una tendencia preocupante en la gestión del alcalde Urbiola: “gobernar desde la intolerancia y el uso del poder para callar disidencias”.
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Estado
Antidoping sorpresa continuará en todas las comandancias: Gallardo
El gobernador advierte que quienes se nieguen a aplicar los controles antidopaje “están en la lona” en temas de seguridad
Por: Redacción
El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, anunció que los operativos sorpresa de antidoping continuarán en todas las comandancias municipales del estado, y criticó a los alcaldes que intentan desestimar estos ejercicios de control a sus cuerpos policiacos.
“Vamos a continuar con estos exámenes sorpresa, sobre todo los antidoping”, declaró Gallardo, al considerar que la negativa o desdén de algunos ediles evidencia complicidad con prácticas corruptas dentro de sus corporaciones.
“Imagínate un presidente municipal que te diga ‘agarramos a un policía con cristal, pero es que toma pastillas para dormir’… eso es una falta de respeto para la ciudadanía”, sentenció.
El mandatario recordó que, cuando él asumió el gobierno estatal, la narrativa de las autoridades ante los hechos violentos era de evasión: “La policía estatal decía ‘es delincuencia organizada, es federal’. O los gobiernos anteriores decían ‘son hechos aislados’”.
A diferencia de esa postura, Gallardo aseguró que su administración asumió el problema de frente con la creación de la Guardia Civil Estatal, que —según dijo— ha contribuido a que San Luis Potosí se ubique entre los siete estados con menor número de homicidios ligados al crimen organizado.
“Ya se nos ha olvidado, pero antes eran tres o cuatro muertos diarios. Mucha gente se acostumbró a eso. Hoy ya se le dio la vuelta, hoy son más distantes, y vamos a lograr que no existan ya esos temas”, afirmó.
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Estado
CURP biométrica podría apoyar en la búsqueda de personas desaparecidas: José Luis Fernández
El diputado federal destaca la aprobación de esta herramienta tecnológica en el Congreso como parte de una estrategia para combatir la inseguridad
Por: Redacción
El diputado federal José Luis Fernández “Chiquis” habló sobre las propuestas aprobadas por la Cámara de Diputados y el Congreso de la Unión en materia de seguridad, enfocadas en el uso de nuevas tecnologías. En particular, destacó la reciente aprobación de la CURP biométrica, como una herramienta clave para fortalecer el orden y la coordinación institucional.
“Creemos que todas estas medidas tienen que ver con una mayor organización, mayor orden y, por supuesto, deberán reflejarse en los trabajos relacionados con la seguridad pública, que es uno de los temas más importantes y sensibles”, declaró el legislador.
Agregó que la CURP biométrica podrá aplicarse en casos de personas desaparecidas, al facilitar la creación de una base de datos nacional en colaboración con los ayuntamientos, gobiernos estatales y el gobierno federal. Esta base, precisó, podrá ser consultada por los tres niveles de gobierno, fortaleciendo así la capacidad de respuesta institucional ante emergencias.
Fernández reconoció que el Gobierno Federal tiene la responsabilidad de resguardar adecuadamente esta información, que estará bajo el control de la Secretaría de Seguridad Pública. Esta dependencia, afirmó, deberá implementar medidas estrictas de protección contra ciberataques, garantizando la integridad y confidencialidad de los datos ciudadanos.
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