septiembre 10, 2026

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Estado

Secretaría de Salud pide hacer compras virtuales durante el Buen Fin

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San Luis Potosí llegó a 2 mil 405 muertes por covid, por lo que no deben descuidarse las medidas preventivas

Por: Redacción

En rueda de prensa virtual, Miguel Lutzow Steiner, vocero del Comité de Seguridad en Salud, dio a conocer que al reiniciar Semáforo Naranja para el estado los próximos 15 días, se mantienen restricciones en actividades sociales y recreativas, así como reducción de aforos para evitar la movilidad social y evitar mayor contagio por covid-19  en el estado, “ya que estamos en una segunda ola epidémica en el mundo y en Estados Unidos, esta segunda oleada es peor que la primera”, reiteró. 

Recomendó que en actividades del Buen Fin debe privilegiarse la compra en línea, o bien, si se tiene que acudir en forma física, debe respetarse en todo momento lo siguiente: uso de cubrebocas obligatorio, atender medidas de la tienda en cuanto a movilidad, evitar llevar niños o adultos, lavado de manos o uso de gel y limpieza en casa de los productos.

Fernando Hernández Maldonado, subdirector de Epidemiología de la Secretaría de Salud, detalló que se presentaron 256 nuevos casos para llegar a 30,085 casos confirmados de 71,189 personas estudiadas, de las que se han descartado 37,908; la cifra de pendientes de estudio es de 3,196 sospechosos, y el número de decesos subió a 2,405 con un índice de letalidad que se ubica en 7.99% decesos por cada 100 casos.

Este día, el estado reporta 16,217 casos en San Luis Potosí capital, 3,200 en Ciudad Valles, 2,530 de Soledad de Graciano Sánchez, 1,357 en Matehuala, 1,176 en Tamazunchale, 759 en Rioverde, 296 en Mexquitic, 294 en Xilitla, 289 en Ciudad Fernández, 284 en Santa María del Rio, 257 en Axtla, 240 en Matlapa, 210 en Tamuín, 202 en Villa de Reyes, 148 en Tancanhuitz, 149 en Charcas, 147 en Ébano, 132 en Tanquián, 129 en El Naranjo, 114 en Salinas, 110 en Aquismón, 109 en Villa de Arista, 100 en Cárdenas. 90 en Tanlajás. 86 en Ahualulco, 83 en Tamasopo, 80 en Cedral, 62 en Coxcatlán y San Martín Chalchicuautla, 61 en Huehuetlán, 60 en Tampacán y San Vicente, 58 en Ciudad del Maíz, 55 en Villa de Zaragoza, 51 en Villa de Arriaga, 48 en Cerritos y Villa de Ramos, 44 en Villa Hidalgo, 39 en Moctezuma, 36 en San Ciro de Acosta, 35 en Villa de La Paz, 31 en Tampamolón y Cerro de San Pedro, 25 en Catorce y Rayón, 23 en Guadalcázar y Venado, 20 en Vanegas, 19 en San Antonio, 17 en Santo Domingo y Santa María, 15 en Armadillo de los Infante, 14 en Villa Juárez, 9 en San Catarina, 8 en San Nicolás Tolentino y Lagunillas, 7 en Villa de Guadalupe, 6 en Alaquines, además de 280 casos que se consideran contagios en otro estado.

 

Los 259 nuevos casos están en el rango de 4 a 84 años y se consideran 257 casos de transmisión local y dos foráneos.  Los 17 decesos son 11 hombres y 6 mujeres, con residencia en la capital (13), Rioverde (2), Santo Domingo y Salinas; tenían factores concomitantes de riesgo como edad (12), hipertensión (9) obesidad (6), diabetes (13).

Actualmente permanecen en hospitalización 393 personas: 108 estables, 217 graves y 68 intubadas; por lo que el porcentaje de ocupación hospitalaria de pacientes Covid sin necesidad de ventilador se encuentra en un 26% de ocupación, mientras que en pacientes con necesidad de ventilador se ubicó en 29%.

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Estado

Congreso busca topar aumento anual de renta a la inflación de Banxico

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La reforma modifica el artículo 2282 del Código Civil del Estado y fue turnada al Pleno para su votación

Por: Redacción

La Comisión Segunda de Justicia del Congreso del Estado aprobó una reforma al Código Civil del Estado para topar el incremento anual en las rentas de vivienda destinadas a habitación al porcentaje de inflación reportado por el Banco de México.

La reforma modifica el artículo 2282 del Código Civil y fue propuesta por la diputada Jacquelinn Jáuregui y los diputados Héctor Serrano Cortés y César Arturo Lara Rocha.

La presidenta de la comisión, Gabriela López Torres, dijo que la medida no representa una afectación al sector inmobiliario, pues solo establece un tope máximo con base en un indicador objetivo, y que busca dar previsibilidad tanto a propietarios como a arrendatarios.

Según la iniciativa, la reforma no busca intervenir de manera excesiva en el mercado inmobiliario ni limitar la libertad contractual de las partes, sino evitar abusos y fortalecer la seguridad jurídica en los contratos de arrendamiento. El dictamen se turnará al Pleno para su votación.

También lee: ¿Vives en una casa sin escrituras? El despojo comienza mucho antes de que llegue un invasor | Columna de Víctor Ezequiel.

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Ciudad

Villa de Pozos mantiene acciones permanentes sobre cuidado de salud mental

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Laura Angélica Villanueva , indicó que el trabajo del Área de Psicología se brinda orientación psicológica y pláticas especializadas

Por: Redacción

Como parte de las atenciones permanentes en las instalaciones y en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el Gobierno Municipal de Villa de Pozos, a través del DIF Municipal, recordó a la población que puede acercarse a su personal especializado y recibir el apoyo y acompañamiento necesario para mejorar su salud mental.

La presidenta del DIF Municipal, Laura Angélica Villanueva Hernández, indicó que como parte del trabajo del Área de Psicología se brinda orientación psicológica y pláticas especializadas en centros educativos, con el objetivo de que la población conozca sobre las herramientas para pedir auxilio, así como para detectar situaciones en las que esté en riesgo la vida de sus seres queridos.

Reiteró que en las instalaciones del DIF Municipal, ubicado en la calle Villerías número 305, se brinda atención psicológica gratuita a niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, además de contar con una lista de espera para dar seguimiento a las y los solicitantes en caso de que no se cuente con una canalización inmediata.

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Estado

Gobierno de SLP elimina personal sin funciones y reduce gasto

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La administración estatal mantiene una revisión de personal para detectar plazas excedentes y reubicar a trabajadores en áreas donde realmente sean necesarios

Por: Redacción

Como parte de la política de austeridad implementada desde el inicio de la administración de Ricardo Gallardo Cardona, el Gobierno de San Luis Potosí dejó de renovar los contratos de más de mil trabajadores temporales cuyos servicios ya no eran necesarios para las distintas dependencias estatales.

Noé Lara Enríquez, Oficial Mayor del Gobierno del Estado, explicó que la medida forma parte de una revisión permanente de la estructura gubernamental para identificar al personal que realmente se requiere en cada área y evitar mantener plazas sin funciones activas.

El funcionario señaló que esta revisión continuará durante el último año de la administración, por lo que los contratos temporales que ya no sean necesarios no serán renovados.

Lara Enríquez explicó que la Dirección de Recursos Humanos revisa constantemente las funciones que desempeña el personal de cada dependencia. Cuando se detecta que existe un trabajador que ya no tiene actividades suficientes en su área, se analiza la posibilidad de reubicarlo en otra dependencia o departamento donde exista una necesidad real de personal.

La intención, señaló, es que la estructura gubernamental se mantenga acorde con las necesidades de operación y que los recursos públicos se destinen a trabajadores que efectivamente desempeñen una función.

El Oficial Mayor contrastó esta práctica con lo que denominó la “herencia maldita”, al referirse a la colocación de personas por recomendación en puestos donde no tenían funciones claramente definidas.

Menos gasto en telefonía y oficinas

La estrategia de austeridad también ha incluido la reducción de gastos operativos.

Lara Enríquez recordó que desde el inicio de la administración se eliminó el pago de telefonía celular para trabajadores del Gobierno del Estado, prestación que anteriormente representaba un gasto superior a 50 mil pesos mensuales.

Actualmente, cada trabajador cubre directamente el costo de su servicio telefónico.

En materia de arrendamientos, mencionó el caso de la oficina que ocupaba la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), cuya renta se redujo de 150 mil a entre 70 y 75 mil pesos mensuales después de una renegociación con el propietario.

También se realizaron movimientos para aprovechar mejor los espacios disponibles. La Contraloría General del Estado cambió su sede a un inmueble en Plaza Coronel, mientras que la Dirección de Desarrollo Humano

se fusionó con Recursos Humanos, lo que permitió liberar otro espacio que se encontraba bajo renta.

La oficina de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ubicada en Plaza Manga, continúa siendo una de las de mayor costo para el Gobierno estatal. Lara señaló que las negociaciones con los propietarios siguen en curso para buscar una reducción.

Reutilizan vehículos en lugar de mantener unidades costosas

La austeridad también se extendió al parque vehicular estatal.

De acuerdo con el Oficial Mayor, las unidades que representaban mayores costos de mantenimiento fueron retiradas de circulación y, cuando se encontró una utilidad para ellas en otras áreas, fueron reasignadas a diferentes dependencias.

Como ejemplo, mencionó que el Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAT) cedió vehículos al DIF Estatal para que fueran aprovechados en sus actividades.

Además, el Congreso del Estado autorizó la desincorporación de mobiliario y vehículos que ya se encontraban en desuso.

Analizan concentrar oficinas para reducir rentas

La administración estatal también evalúa trasladar hasta tres oficinas gubernamentales que actualmente pagan renta a un inmueble ubicado cerca del Distribuidor Vial.

El edificio fue ofrecido al Gobierno del Estado por un empresario, aunque Lara Enríquez aclaró que todavía no ha visitado el inmueble y que no existe una fecha definida para determinar si finalmente será utilizado.

La intención sería concentrar dependencias en menos espacios y reducir el gasto que representa el pago de arrendamientos.

De esta manera, la Oficialía Mayor mantiene una revisión de personal, oficinas, vehículos y servicios como parte de la política de austeridad, con el objetivo de reducir gastos que no sean indispensables para la operación del Gobierno del Estado.

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Opinión

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