El caso fue detectado por una clínica del IMSS tras atender a una mujer con sangrado después de las doce semanas de embarazo.

Por: Redacción

De los cinco abortos que reportó el Secretariado de Seguridad en lo que va del año, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) tiene abierta una sola carpeta de investigación penal, correspondiente a un procedimiento practicado fuera del límite legal de doce semanas, confirmó María Manuela García Cázares, titular de la dependencia.

El Congreso del Estado, en cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reformó la legislación local en materia de aborto: el procedimiento es legal antes de las doce semanas de gestación y puede practicarse en los centros hospitalarios autorizados. A partir de esa semana se considera delito.

El único caso bajo investigación este año fue detectado por una denuncia de una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS): una mujer llegó con sangrado y se determinó que el aborto había sido provocado después del límite legal.

García Cázares no precisó en qué municipio ocurrió ni si hay personas imputadas.

Los otros cuatro registros del Secretariado no han llegado a la Fiscalía. La titular explicó que corresponde a la Secretaría de Salud verificar que los procedimientos se hayan practicado dentro de las doce semanas antes de que puedan ser atendidos en los centros autorizados.

En cuanto a quienes obliguen a una mujer a abortar —otro supuesto previsto en el Código Penal— García Cázares recordó el caso del año pasado: un médico que practicó un aborto ilegal y causó la muerte de la paciente. No informó si ese proceso concluyó ni cuál fue su resolución.

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Además, afirmó que el Ayuntamiento cumplió con todos los requisitos desde marzo y acusó a la Contraloría Estatal de retrasar el proceso de licitación

Por: Redacción

Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, rechazó que el proyecto del paso a desnivel de El Saucito contemple un sobrecosto y aseguró que los retrasos para liberar la licitación obedecen a decisiones de la Contraloría General del Estado que calificó como actuaciones de “mala fe”.

Las declaraciones surgen luego de que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona señalara que el Ayuntamiento debía solventar observaciones relacionadas con el presupuesto de la obra y sugiriera que el proyecto podría estar contemplando un gasto superior al necesario.

Galindo sostuvo que la Contraloría Estatal no tiene atribuciones para determinar si una obra pública es cara o barata ni para emitir valoraciones técnicas sobre su costo. Explicó que la función de esa dependencia se limita a revisar y autorizar las bases de licitación, por lo que consideró improcedentes los señalamientos sobre un supuesto sobreprecio.

El presidente municipal afirmó que, hasta el momento, la Contraloría no ha emitido observaciones relacionadas con el monto de inversión del proyecto, por lo que insistió en que no existe evidencia técnica que sustente las acusaciones de sobrecosto.

Como argumento, recordó que el mismo proyecto fue licitado en administraciones anteriores por montos superiores a los 250 millones de pesos,

incluso antes del incremento en los costos de materiales de construcción registrado en los últimos años. Por ello, cuestionó versiones que sugieren que la obra podría ejecutarse con apenas 100 millones de pesos.

“Es imposible comparar los costos actuales con estimaciones que no toman en cuenta las condiciones reales del proyecto“, sostuvo.

Respecto al avance administrativo, Galindo aseguró que el Ayuntamiento entregó desde marzo toda la documentación y requisitos solicitados por la Contraloría Estatal. Sin embargo, señaló que la dependencia permaneció más de un mes sin emitir respuesta y posteriormente recomendó reiniciar el procedimiento desde el inicio, situación que ha retrasado la publicación de la licitación.

El alcalde lamentó que el debate público se esté centrando en presuntos sobrecostos que, aseguró, no han sido acreditados por ninguna instancia técnica o administrativa, mientras la obra continúa detenida por trámites pendientes.

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La SSPC reportó que diariamente recuperan un promedio de cinco vehículos con reporte de robo gracias a la tecnología instalada en carreteras del estado

Por: Redacción

Los arcos de seguridad instalados en distintos puntos estratégicos de San Luis Potosí permiten identificar y recuperar, en promedio, cinco vehículos con reporte de robo cada día, lo que representa alrededor de 150 unidades aseguradas mensualmente, informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC).

El funcionario explicó que los dispositivos de videovigilancia y lectura de placas están conectados a una base de datos central que permite detectar en tiempo real vehículos vinculados a denuncias por robo. Una vez emitida la alerta, elementos de la División Caminos de la Guardia Civil Estatal despliegan un operativo para ubicar y asegurar la unidad.

Juárez Hernández destacó que una parte importante de los vehículos recuperados no fueron robados en San Luis Potosí, sino en otras entidades del país. Entre los estados de origen más frecuentes se encuentran el Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Guanajuato y Nuevo León,

cuyos vehículos son detectados cuando atraviesan territorio potosino.

El titular de Seguridad señaló que el robo de automóviles ya no se concentra en modelos específicos. Mientras que años atrás el Nissan Tsuru figuraba entre los más sustraídos, actualmente las denuncias abarcan vehículos de diversas marcas, modelos y segmentos del mercado automotriz.

Actualmente, la entidad cuenta con 39 arcos de seguridad equipados con cámaras y sistemas de monitoreo, infraestructura que podría ampliarse próximamente con nuevas instalaciones en municipios como Salinas, Villa de Ramos, Santo Domingo y Villa de Arriaga.

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