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#SeBuscan | Pacto de impunidad, tras desdén de exdiputados al PJ en SLP: CO
Por redacción
Dos días, dos audiencias y dos ausencias, acumularon esta semana los exdiputados José Luis Romero Calzada y Dulcelina Sánchez de Lira, quienes fueron citados en el Centro Integral de Justicia Penal para ser imputados por el delito de peculado, en agravio del Congreso del Estado de San Luis Potosí.
Tras una audiencia realizada el pasado 13 de septiembre, el juez que lleva la causa citó a los exfuncionarios para que se presentaran los días 29 y 30 de septiembre a comparecer en las instalaciones de La Pila; sin embargo, no se presentaron.
Para el caso de José Luis Romero Calzada, se informó al juez que el exdiputado, con una serie de conocidos domicilios, entre ellos un hotel de lujo ubicado en el municipio de Salinas de Hidalgo, resultó imposible de localizar pues uno de los inmuebles donde se le buscó está deshabitado y en el otro, una mujer refirió que el hombre no vive ahí.
En el caso de Dulcelina Sánchez de Lira, resultó que no logró localizársele porque el primero de los domicilios en los que se le buscó fue una bodega, en la que un señor de nombre Juan dijo no conocer a la exdiputada; y en el segundo domicilio nadie abrió la puerta.
La única diferencia entre ambos casos es que Sánchez de Lira reportó tener un abogado particular para su defensa, mientras que en el caso del priista Romero Calzada, fue necesaria la presencia de un defensor de oficio.
Ahora corresponde a la Fiscalía, otra vez, la investigación para determinar el domicilio de ambos personajes, de manera que sea posible notificarles y, hasta entonces, el juez fijará nuevamente fecha para la audiencia de formulación de imputación.
Más que una burla, un pacto entre poderosos: Ciudadanos Observando
Guadalupe González, vocero de la organización Ciudadanos Observando, dijo en entrevista con La Orquesta que la actitud evasiva de los exdiputados demuestra que hay hay complicidad entre estos y las instituciones encargadas de impartir justicia en San Luis Potosí.
“Ya no sabe uno si es una burla o de plano así son las cosas”, lamentó González, quien encabezó una investigación, en 2018, que exhibió un patrón de desvío de recursos articulado por la mayoría de los 27 legisladores que integraron la LXI Legislatura, entre ellos Romero Calzada y Sánchez de Lira.
El activista consideró que “el que pongan el pretexto de que no daban con las direcciones y que no han sido notificados, yo creo que con eso nos están dando a entender de qué está hecho este tipo de procesos cuando se trata de exdiputados”.
“Yo veo esto raro, veo que hay poca esperanza de que realmente haya justicia para las víctimas porque si ahorita que apenas los van a vincular a proceso ya estamos viendo todo este tipo de argucias, imagínate ahora que vayan ante los jueces, pues casi vemos que hay un pacto, una negociación, y la verdad no confiamos en lo más mínimo en el Poder Judicial”.
Pago de favores políticos
En mayo de 2018, Ciudadanos Observando presentó El Honorable Gremio del Fraude, una investigación que reveló cómo los diputados locales desviaron más de 30 millones de pesos, un recurso del que disponían para entregar apoyos sociales a los habitantes de sus distritos; y aunque por ese caso se presentaron 22 denuncias ante la Fiscalía General del Estado, solo uno de ellos, el panista Mariano Niño, fue vinculado a proceso por el delito de peculado en mayo de este año.
Guadalupe González detalla que, entre los exdiputados denunciados están, además de Romero Calzada, Niño y Sánchez de Lira, el tristemente célebre Óscar Bautista, Esther Angélica Martínez Cárdenas, Josefina Salazar Báez e, incluso, el hoy secetario de Comunicaciones y Transportes del gobierno carrerista: Fernándo Chávez.
El activista estima que los exlegisladores se sienten confiados, pues fue su voto quien colocó al titular de la Fiscalía General del Estado y al presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en sus respectivas posiciones.
“La Fiscalía los va a llevar, los va a vincular a proceso y los jueces van a salir con algún argumento para dejarlos impunes. (…) El mismo Almazán Cué pues les vende el favor; él llegó ahí gracias al voto de estos diputados (…) Ellos también pusieron al fiscal
Entonces cuando la clase política se cobra los favores vemos que quedan en impunidad, por eso andan tan campantes riéndose, porque saben de antemano que no les van a hacer nada”.
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Sheimbaum: “no quedará impune” denuncia contra progenitor del alcalde de Cerro de San Pedro
La afectada tuvo oportunidad de poner al tanto del caso a la titular del poder ejecutivo
Por: Ana G Silva
Tras tres años de denunciar amenazas, hostigamiento y un presunto despojo de tierras, Blanca Estela Hernández Martínez logró llevar su caso hasta la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a quien pidió ayuda directamente durante su visita a San Luis Potosí este viernes.
El encuentro fue breve, pero Blanca Estela aprovechó para contarle a la mandataria su situación y solicitar su intervención.
De acuerdo con el testimonio de la afectada, Sheinbaum le aseguró que su caso no quedaría impune y se comprometió a ayudarla.
La denuncia de Blanca Estela involucra a J. Santos Nava Arista, padre del presidente municipal de Cerro de San Pedro, Jesús “Chuy” Nava Loredo, en un conflicto relacionado con un predio que la mujer asegura es de su propiedad.
La denunciante sostiene que desde 2023 ha enfrentado amenazas y hostigamiento derivados de este conflicto, e incluso ha señalado haber recibido amenazas de muerte.
Los hechos que dieron origen a la denuncia ocurrieron el 14 de mayo de 2023, cuando Blanca Estela acudió a un predio ubicado en las inmediaciones de las calles Independencia y Arroyo San Nicolás, luego de enterarse de que había personas trabajando en el lugar.
Según su testimonio, al cuestionar qué ocurría en el terreno se produjo una confrontación con J. Santos Nava, quien, afirma, la insultó, empujó y jaló del cabello, además de amenazarla de muerte.
Por estos hechos se abrió la carpeta de investigación 18077-23
Blanca Estela también ha relatado que en los últimos años ha recibido llamadas intimidatorias y que el temor incluso la llevó a dejar de impulsar durante un tiempo la denuncia.
“Yo ahorita sí tengo miedo”, dijo previamente a La Orquesta, al señalar que ya no trabaja con tranquilidad en su negocio.
Su abogado, Antonio Pérez Oldevilla, ha solicitado que se reactiven las diligencias y que se otorguen medidas de protección para la denunciante.
El acercamiento con Sheinbaum ocurrió este viernes, durante la visita de la presidenta a San Luis Potosí.
Blanca Estela aprovechó el momento para explicarle que su denuncia involucra al padre del alcalde de Cerro de San Pedro y que, pese al tiempo transcurrido, el caso continúa sin resolverse.
Según relató la afectada, la presidenta le manifestó que su caso no quedaría impune y que recibiría apoyo.
El encuentro duró apenas unos instantes, pero para Blanca Estela representó la oportunidad de llevar una denuncia que durante tres años ha permanecido en las instancias estatales directamente ante la titular del Ejecutivo federal.
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Torres Sánchez destacó que la Guardia Civil Estatal intervino para liberar a los policías retenidos en Picholco
Por: Redacción
El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, confirmó que los policías señalados por pobladores de Picholco, en Axtla de Terrazas, como responsables de la muerte de un hombre detenido fueron liberados luego de la intervención de personal estatal y de la Guardia Civil Estatal, y que ahora están a disposición de la Fiscalía General del Estado.
Dijo que, por instrucciones del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, mantuvo comunicación directa con las alcaldesas de Matlapa y de Axtla de Terrazas desde el día siguiente a los hechos, luego de que un grupo de pobladores de Picholco retuvo durante algunos momentos a policías municipales para exigir justicia por la muerte del detenido, identificado como Fermín Isabel Antonio
Explicó que personal del estado, junto con la Guardia Civil Estatal, dialogó con los inconformes hasta lograr la liberación de los policías retenidos.
Torres Sánchez dijo que no hubo personas privadas de libertad durante la protesta, “que es lo que pretendía la turba”, y calificó el episodio como muestra de que “el tema de operatividad y gobernabilidad está presente y está funcional en cada rincón del estado”.
El funcionario dijo lamentar la muerte de la persona, pero subrayó que hubo “operatividad eficaz, funcional, presente” en este tipo de situaciones.
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Se consideraría moroso a quien acumule más de 60 días sin pagar una pensión ordenada judicialmente
Por: Redacción
Quienes incumplan con el pago de una pensión alimenticia podrían quedar identificados en un padrón público y consultable por internet en San Luis Potosí, de avanzar una iniciativa que analiza el Congreso del Estado
La propuesta, presentada por la diputada Jessica Gabriela López Torres, plantea modificar los artículos 167 BIS y 167 TER del Código Familiar para establecer un mecanismo más accesible para consultar el Padrón Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas.
La iniciativa considera como deudora alimentaria morosa a la persona que, teniendo una pensión ordenada por un juez o establecida mediante convenio judicial, deje de pagarla durante más de 60 días consecutivos o acumule cuatro pensiones pendientes dentro de un periodo de dos años.
Uno de los principales cambios sería que el padrón deje de ser una herramienta de consulta limitada y tenga carácter público, con acceso mediante medios electrónicos oficiales.
La administración del registro estaría a cargo del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a través de su Secretaría General, que sería responsable de integrarlo, actualizarlo, administrarlo y resguardar la información.
La propuesta establece que la publicidad del padrón deberá realizarse bajo las reglas de protección de datos personales, especialmente cuando exista información relacionada con niñas, niños y adolescentes.
López Torres señaló que el objetivo es que el registro se convierta en una herramienta realmente funcional y accesible para contribuir al cumplimiento de las obligaciones alimentarias y garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir los recursos necesarios para su subsistencia y bienestar.
La legisladora sostuvo que el pago de alimentos no debe considerarse una obligación secundaria, debido a que está directamente relacionado con derechos fundamentales de las personas acreedoras.
El proyecto contempla una implementación gradual. La primera etapa estaría enfocada en mejorar la operación y funcionamiento del padrón, mientras que posteriormente podrían incorporarse mecanismos adicionales para fortalecer su eficacia.
De avanzar la reforma, San Luis Potosí tendría un padrón con mayor visibilidad pública para identificar a quienes incumplen con obligaciones alimentarias establecidas judicialmente, aunque su consulta tendría que sujetarse a las disposiciones de protección de datos personales.
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