enero 28, 2026

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“Sebastián Pérez dio la orden de desalojar a Tere Carrizales”: ex jefe policiaco

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Los policías que abusaron de la ex candidata a alcaldesa fueron sancionados, sin embargo, la víctima aseguró que va tras Xavier Nava y su ex secretario general

Por: Karina González

Este miércoles se llevó a cabo la audiencia de suspensión condicional del proceso entre Teresa Carrizales (ex oficial del Registro Civil desalojada violentamente de su oficina) y los cinco policías implicados en el desalojo con uso de la fuerza del que fue víctima el 2 de julio del 2019, y se acordó la suspensión de los implicados por seis meses y se otorgó la reparación del daño a la víctima de 21 mil pesos que corrieron por cuenta de los policías involucrados.

Edgar N., quien fue comisario de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal (DGSPM) durante el gobierno de Xavier Nava, cuando se dieron los hechos, señaló que fue Sebastián Pérez García quien giró un oficio en el que se ordenaba verificar un retiro, el cual efectuaron los policías para cumplir la orden, sin embargo, acusó que no hubo un respaldo del exalcalde ni del exsecretario para los policías que acudieron al cumplimiento de su deber.

“Cuál es el punto hoy, que a la fecha no hay una llamada, ni un intento de contacto por parte de quien emite la orden para tratar de respaldar a las policías, yo no soy víctima soy parte de la responsabilidad que uno tiene como mando y no dejamos solas a las policías porque no se trataba de que cada quien peleara por su lado, sino de llevar el caso y que quien emitió la orden (Sebastián Pérez García) estuviera para respaldar a las policías, ese es el punto. Que (los policías) cumplen lo que se tiene que hacer y al final terminan en un procedimiento que pueden terminar con sus carreras”, lamentó

Durante la audiencia el juez estableció que de incumplirse con la reparación del daño y la suspensión de seis meses se reactivará el proceso que podría llegar a juicio en donde los implicados podrían ser condenados.

Con esta figura de suspensión del proceso se extingue la acción penal para los cinco policías involucrados, entre ellos el ex comisario de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal (DGSPM), Edgar N., quien fue titular de la corporación en la administración de Xavier Nava Palacios como alcalde.

Teresa Carrizales mencionó que se integrarán más elementos a la carpeta de investigación, porque afirmó que los culpables no son los cinco policías que ejecutaron la orden del desalojo, sino de quien la dio, “Sebastián Pérez, Xavier Nava, esos siempre han sido mis objetivos. Sebastián, si me estás viendo, te lo dije en Palacio, el día que estábamos sentados, que me viste la cara el día que pediste una disculpa pública que simulaste, te dije que ibas a pagar y que yo iba a seguir, yo sigo en lo mismo, ellos son los que tienen que pagar”, advirtió la abogada.

Carrizales explicó que con esta suspensión condicional del proceso, provoca que concluya solo para los cinco policías involucrados, para poder continuar hasta responsabilizar al ex alcalde y el exsecretario general del ayuntamiento.

Por otra parte destacó que tuvo diálogos con Enrique Galindo Ceballos, actual alcalde de la capital potosina, a quien le pidió que posterior a que se cumplan los seis meses de suspensión de los cuatro policías, puedan recuperar sus empleos.

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Asaltan en carretera 57 a parte del equipo de Sheinbaum 

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El incidente se suscitó en el tramo Matehuala – San Luis Potosí de la ruta federal

Por: Redacción

Integrantes del equipo de logística y avanzada de la presidenta Claudia Sheinbaum fueron asaltados en San Luis Potosí mientras transitaban el tramo Matehuala – San Luis de la carretera federal 57.

El equipo acompañó el fin de semana a la presidenta en la inauguración de la nueva Agencia Nacional de Aduanas, y mientras regresaban por tierra a la Ciudad de México, habrían sido interceptados a la altura de El Huizache, en Guadalcázar.

Una vez detenidos, los delincuentes les quitaron dinero en efectivo, así como cámaras, teléfonos celulares, equipos de comunicación y pertenencias personales. No se han reportado personas lesionadas.

Tras el suceso, se habría implementado un operativo en El Huizache con el fin de identificar a los perpetradores. Al momento, desde la Presidencia no se ha emitido ninguna información al respecto.

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Ciudad

Drenajes colapsados y fugas impulsan posible separación de Interapas

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Paty Aradillas mencionó que el análisis se encuentra en etapa técnica y administrativa: no hay una fecha definida para la separación

Por: Redacción

Patricia Aradillas Aradillas,  presidenta concejal de Villa de Pozos, confirmó que el municipio se encuentra realizando un análisis técnico y administrativo para dejar de depender del organismo operador Interapas y asumir directamente el control del servicio de agua potable y drenaje.

La funcionaria explicó que, si bien existe un convenio vigente con Interapas, las fallas recurrentes en la infraestructura hidráulica

, particularmente en drenajes colapsados y fugas de agua, han generado una problemática constante para la población.

Aradillas Aradillas subrayó que el acceso al agua es una necesidad básica, por lo que el municipio no puede permanecer ajeno a las deficiencias en el servicio, aun cuando la responsabilidad operativa recaiga actualmente en el organismo intermunicipal.

Indicó que la mayoría de los reportes ciudadanos están relacionados con drenajes colapsados y fugas, lo que evidencia la urgencia de replantear el esquema de operación del sistema hidráulico en Villa de Pozos.

Aunque aclaró que no existe una fecha definida para una eventual separación, señaló que el tema se encuentra en fase de estudio, y que una vez concluido el análisis se dará a conocer información más concreta sobre el futuro del servicio.

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Gobernador reprocha sueldos de 80 pesos diarios en Villa Juárez

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Tras la denuncia del sindicato de Villa Juárez, el mandatario señaló el abandono de algunas autoridades

Por: Redacción

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, calificó como “una burla” que trabajadores del Ayuntamiento de Villa Juárez perciban salarios por debajo del mínimo legal, luego de que el sindicato municipal presentara una denuncia formal por presuntas violaciones a la legislación laboral.

Al ser cuestionado sobre el tema, el mandatario estatal lamentó que este tipo de prácticas sigan ocurriendo en distintos puntos del país y las atribuyó a la falta de sentido humano por parte de algunas autoridades municipales. Aclaró que su señalamiento no se limita exclusivamente a Villa Juárez, sino que responde a un problema estructural que se repite en diversos gobiernos locales.

Gallardo Cardona subrayó que en San Luis Potosí ya se han comenzado a implementar medidas para frenar este tipo de abusos, y puso como ejemplo la reforma que entrará en vigor en febrero, mediante la cual se obliga a los municipios a incrementar el salario de los policías municipales. Advirtió que los alcaldes que no acaten esta disposición serán sancionados directamente, al tratarse de una responsabilidad legal y administrativa.

Las declaraciones del gobernador se dan en el contexto de una denuncia presentada por el Comité del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados al Servicio del Ayuntamiento de Villa Juárez

, en la que se acusa al gobierno municipal de pagar sueldos diarios de entre 80 y 200 pesos, muy por debajo del salario mínimo vigente de 315.04 pesos diarios.

De acuerdo con el documento dirigido a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado, estas prácticas se han mantenido de manera constante durante los años 2022, 2023, 2024 y 2025, situación que —según el sindicato— viola tanto la Ley Federal del Trabajo como la legislación estatal que regula a los trabajadores al servicio de instituciones públicas.

El sindicato también señaló que los salarios pagados se encuentran establecidos en un tabulador publicado en el Periódico Oficial del Estado en enero de 2025, lo que consideran una contradicción legal al tratarse de un documento oficial que avala percepciones inferiores al mínimo permitido.

Ante ello, los trabajadores solicitaron la intervención de las autoridades estatales para que se investigue el caso, se regularicen los salarios y se apliquen las sanciones correspondientes al gobierno municipal responsable, con el objetivo de garantizar el respeto a sus derechos laborales.

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