noviembre 25, 2025

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Congreso del Estado

Se debe aumentar sanciones a quienes difundan información de procedimientos penales: diputados

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La Comisión de Justicia indicó que esperará el avance de la llamada “Ley Ingrid” en el Senado, para aplicar las adecuaciones en la legislatura local

Por: Redacción

Luego de la aprobación de las reformas al Código Penal Federal por la Cámara de Diputados, que establece sanciones a los servidores públicos que difundan imágenes, videos e información relacionada con un procedimiento penal, la Comisión de Justicia de la LXIII Legislatura, estará al pendiente del avance de esta reforma en la Cámara de Senadores, a fin de establecer las posibles homologaciones a la legislación local en la materia.

La presidencia de la Comisión de Justicia señaló que estás modificaciones, conocidas como ‘Ley Ingrid”, consisten en una reforma al artículo 225 del Código Penal Federal que impone de 4 a 10 años de prisión y multas de 100 a 150 días valor Unidad de Medida y Actualización a los servidores que “por sí o por interpósita (tercera o intermediario) persona, por cualquier medio o fuera de los supuestos autorizados por la ley, fotografíe, copie, filme, audiograbe, videograbe, reproduzca, difunda, entregue, revele, remita, comparta, distribuya, publique, transmita, exponga, oferte, intercambie o comercialice imagen, audio, video, documento, información, indicio, evidencia u objeto alguno relacionado con alguna investigación penal”.

Con ello, se busca penalizar la revictimización que se produce a través de los servidores públicos al emitir información no autorizada.

También se logra proteger a las víctimas indirectas, es decir, a los familiares o seres queridos de quienes sufrieron algún ataque y que están expuestos a los contenidos que surjan sobre el tema.

Se indicó que una vez aprobadas las reformas por el Senado, se solicitara a las entidades federativas adecuen las leyes y normativas correspondientes para su implementación.

Se informó que la Comisión de Justicia se mantendrá atenta al proyecto enviado a la Cámara de Senadores, para establecer las acciones tendientes a la armonización del Código Penal del Estado, ya que se busca evitar que se vulneren los derechos de la víctima y de sus familiares e impedir que los procesos de investigación se vean contaminados por este tipo de conductas que sean cometidas por servidores públicos.

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Congreso del Estado

Congreso aprueba iniciativa para impulsar “Hecho en San Luis Potosí “

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Con esto no solo se fortalecerá la economía de nuestro Estado, sino que además, se fortalece la identidad y el orgullo potosino

 

Por: Redacción 

Con el objetivo de impulsar el distintivo “Hecho en San Luis Potosí” o también identificado como “Made in San Luis Potosí”, el Pleno de la LXIV Legislatura aprobó la reforma al artículo 58 de la Ley para el Desarrollo Económico Sustentable y Competitividad del Estado de San Luis Potosí.

 

La reforma establece que la Secretaría de Desarrollo Económico promueva la utilización del distintivo “Hecho en S an Luis Potosí”

como instrumento institucional de promoción, orientado a visibilizar el valor agregado de los productos elaborados en el territorio estatal.

 

La iniciativa fue promovida por el diputado Luis Emilio Rosas y el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona.

Con esto, se indica en la iniciativa, no solo se fortalecerá la economía de nuestro Estado, sino que además, se fortalece la identidad y el orgullo potosino, realzando el valor y calidad de los productos hechos en San Luis Potosí y fomentando la unidad de los potosinos.

 

 

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Congreso del Estado

Diputados preparan reunión con la presidenta de la CEDH para revisar presupuesto 2026

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Buscan fortalecer la atención a víctimas y descentralizar los servicios de derechos humanos en el estado

Por: Redacción

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) deberá fortalecer sus protocolos de atención a víctimas y descentralizar sus servicios hacia los municipios más importantes del estado, por lo que diputadas y diputados ya preparan una reunión con la presidenta del organismo, informó el diputado Marco Antonio Gama Basarte, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado.

El legislador señaló que resulta esencial dialogar con la ombudsperson Giovanna Argüelles Moreno para conocer a detalle el presupuesto proyectado para 2026, así como los objetivos y acciones contempladas para el próximo ejercicio fiscal. Subrayó que este acercamiento permitirá que la ciudadanía conozca con claridad cómo se aplicarán los recursos y cuáles son las metas del organismo.

Gama Basarte destacó que, en un ejercicio de transparencia, es necesario evaluar lo que se ha hecho y lo que se pretende realizar: “Hay que encausar adecuadamente cada una de las demandas y mejorar los protocolos de atención a víctimas y de seguimiento a las recomendaciones emitidas”, afirmó.

El diputado agregó que existe una oportunidad real de mejorar la atención de derechos humanos en todo el estado, mediante un enfoque que permita ampliar la cobertura y atender eficazmente los casos en cada región de San Luis Potosí.

Asimismo, insistió en la importancia de revisar los protocolos de atención, dar seguimiento puntual a los casos y conocer el destino de cada recomendación emitida por la CEDH. Reiteró que la reunión con la presidenta del organismo es fundamental para avanzar en estos objetivos.

Finalmente, Gama Basarte enfatizó que se debe garantizar una atención integral a las víctimas, orientada a su bienestar y a la construcción de soluciones reales. Afirmó que el Congreso del Estado está dispuesto a modificar, adecuar o crear leyes que fortalezcan la protección de los derechos humanos en San Luis Potosí.

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Congreso del Estado

Presentan iniciativa para fortalecer adopción de niñas, niños y adolescentes

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La propuesta busca impulsar la adopción como alternativa de cuidado ante la creciente vulnerabilidad infantil

Por: Redacción

La diputada Mireya Vancini Villanueva presentó una iniciativa para reformar el cuarto párrafo del artículo 12 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, con el propósito de reconocer explícitamente el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en una familia y, en ausencia de ésta, garantizar su incorporación a un núcleo familiar mediante la adopción.

En la exposición de motivos, la legisladora subrayó que, aunque el derecho a vivir en familia y el principio del interés superior de la niñez están contemplados en normas internacionales, nacionales y estatales, persiste una significativa vulnerabilidad entre menores que carecen de un entorno familiar

que atienda su desarrollo integral.

Citó a UNICEF, organismo que establece la obligación del Estado de ofrecer alternativas de cuidado y protección, entre ellas la adopción, considerada un instrumento clave para asegurar que la niñez acceda a un entorno adecuado para su crecimiento y ejercicio pleno de derechos.

La diputada también presentó cifras del informe “Adopciones de niñas, niños y adolescentes en México (a junio de 2025)”, elaborado por REDIM, que señala que entre 2014 y 2024 el DIF Nacional recibió 754 solicitudes de adopción, de las cuales solo 147 fueron concluidas, es decir, 19.5%. Asimismo, se reporta que hasta el 23 de junio de 2025 existían 2,268 adopciones concluidas en todo el país.

Advirtió que, según datos de la Fundación Unido, para noviembre de 2024 más de 64 mil niñas, niños y adolescentes permanecían en centros de asistencia social, reflejando la urgencia de fortalecer los mecanismos para su integración familiar.

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