Con requisitos inventados, expedientes sin revisar y la ley reescrita en sus respuestas, la comisión dictaminadora —integrada por quienes también compiten por el mismo beneficio— excluyó a tres docentes del Estímulo al Desempeño Académico 2026

Por: Jorge Saldaña

La denuncia es grave y hay documentos que la sostienen. Académicos de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), Unidades 241 y 242, acusan haber sido excluidos del Estímulo al Desempeño Académico 2026 mediante requisitos que no existen en ningún reglamento ni convocatoria, en un proceso operado por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) —y presidido por personas que, al mismo tiempo, participan como beneficiarias del mismo programa que ellas mismas evalúan.

El señalamiento más grave no es la exclusión: es que los jueces también son concursantes. Y, según los afectados, algunos de esos jueces-concursantes podrían perder su lugar si los docentes excluidos fueran incluidos, pues los superan en puntuación, lo que claramente se configura como un conflicto de interés.

La irregularidad de fondo es la siguiente: la normativa vigente establece que el requisito para acceder al estímulo es ser personal académico de tiempo completo al momento de presentar la solicitud. La comisión dictaminadora aplicó un criterio distinto, sin sustento legal alguno: haber sido de tiempo completo durante la totalidad del año 2025. Un requisito que no existe. Que nadie redactó en la convocatoria. Que la comisión, de facto, inventó.

Lo mismo ocurrió con las horas de docencia, la normativa exige un mínimo de 60 horas frente a grupo durante el periodo evaluado. Los tres docentes afectados las superaron ampliamente. La comisión añadió una condición adicional que no aparece en ningún artículo.

Cuando los afectados impugnaron las resoluciones, la situación escaló: en su respuesta, la comisión habría alterado el contenido de los artículos reglamentarios, atribuyéndoles requisitos que no forman parte de su redacción original

Modificaron la letra de la ley en el papel para que la ley dijera lo que a ellos les convenía.

Los expedientes presentados por los tres docentes —recibidos formalmente— nunca fueron evaluados en sus méritos. No hubo revisión.

Un elemento adicional agrava el asunto y es que antes de que se publicara la convocatoria, integrantes de la comisión habrían manifestado públicamente su intención de no permitir la participación de los ahora afectados. Ante esa señal, los académicos solicitaron la intervención de la autoridad para garantizar que el proceso se apegara a derecho, sin embargo la solicitud fue ignorada y la exclusión si fue ejecutada.

El agravio final —que la denuncia señala— es que algunos de estos mismos comisionados fueron beneficiados en procesos anteriores sin haber cumplido el mismo criterio que hoy le exigen a otros.

“El problema no es solo el resultado, sino que se nos excluyó con un requisito que no existe y sin siquiera revisar nuestro trabajo”, señalaron los afectados, quienes han iniciado recursos de impugnación, solicitado la intervención de órganos colegiados, presentado denuncias ante instancias de control interno y quejas ante organismos de derechos humanos.

Exigen que el proceso sea revisado y repuesto conforme a derecho, con una evaluación objetiva, transparente y estrictamente apegada a la normativa vigente.

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La fiscal Manuela García Cázares informó que el caso se indaga como posible homicidio culposo; hay dos personas hospitalizadas

Por: Redacción

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí investiga la explosión registrada en el municipio de Mexquitic de Carmona, que hasta el momento ha dejado un saldo de dos personas fallecidas y dos más hospitalizadas en estado delicado.

La titular de la dependencia, Manuela García Cázares, confirmó que, hasta ahora, se tiene registro de dos víctimas mortales. “Tenemos hasta ahora dos personas”, declaró.

Asimismo, indicó que otras dos personas permanecen hospitalizadas, aunque su estado de salud es delicado. “Dos personas están en un estado delicado”, señaló.

La fiscal explicó que ya se realizan las investigaciones correspondientes para determinar las causas del incidente, para lo cual se solicitó el apoyo de instancias especializadas. “Estamos pidiendo el apoyo de Protección Civil estatal y de bomberos para determinar la causa de la detonación”, informó.

En cuanto a las posibles responsabilidades, García Cázares indicó que la investigación se centra en establecer si los hechos podrían configurar un delito. “Estamos investigando el homicidio… habría que establecer si se trata de un homicidio culposo”, dijo, al descartar por el momento una clasificación distinta.

También señaló que se revisa la situación de permisos relacionados con el lugar donde ocurrió la explosión. “Estamos requiriendo los permisos”, agregó. La fiscal subrayó que la investigación se mantiene en curso y que será a partir de los peritajes y diligencias que se pueda determinar con precisión qué ocurrió en el sitio.

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La activista destacó que 9 de cada 10 víctimas son mujeres, mientras que el 84.2% de las agresiones son cometidas por hombres

Por: Ana G Silva

En San Luis Potosí, la violencia digital tiene una dimensión alarmante: al menos 200 espacios operan como mercados de explotación sexual digital, donde se distribuyen y comercializan imágenes íntimas sin consentimiento. Así lo advirtió Olimpia Coral Melo, previo a la conferencia “Prevención y Atención de la Violencia Digital”.

La activista explicó que estos espacios forman parte de una red mucho más amplia en América Latina, donde existen más de dos millones de sitios similares. En el caso potosi no, nueve de cada diez víctimas son mujeres y el 84.2% de las agresiones provienen de hombres

Olimpia Coral advirtió que, aunque la Ley Olimpia representa un avance, aún existen vacíos legales, especialmente en la regulación de contenidos generados con inteligencia artificial y en la armonización de las leyes estatales.

Subrayó que u no de los principales obstáculos para acceder a la justicia es el sistema probatorio, ya que muchas víctimas no logran obtener las pruebas necesarias para proceder legalmente: “De nada sirve tener una ley si las víctimas no pueden probar los delitos”, señaló.

En este sentido, apuntó directamente a las plataformas digitales y empresas tecnológicas, a las que acusó de no colaborar con las autoridades: “El 70% de los casos depende de pruebas forenses digitales que están en manos de las plataformas, y no están obligadas a entregarlas”, afirmó.

La activista insistió en que la responsabilidad no puede recaer únicamente en las víctimas o en las instituciones, sino también en las denominadas Big Tech, a quienes exigió asumir responsabilidades jurídicas y económicas.

Finalmente, Olimpia Coral advirtió que la meta no es solo sancionar, sino prevenir: “No aspiramos solo a eliminar contenidos, sino a que ni siquiera exista la posibilidad de que se suban sin consentimiento”, expresó.

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