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Recorte a refugios para mujeres contrapone a morenistas en SLP
Mientras que Primo Dothé respalda la medida que pretende establecer el gobierno federal, la diputada Marité Hernández Correa manifestó su desacuerdo.
Por: José Luis Vazquez
La diputada local Marité Hernández Correa se mostró en desacuerdo con el gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, por suspender la convocatoria para proveer de recursos públicos a los refugios para mujeres víctimas de violencia extrema en México.
“Tendría que checar el dato, que sea con mucha precisión, pero pues por supuesto que estaría en desacuerdo, falta el impulso de un refugio para mujeres que el propio estado administre. Ahora lo administra una A.C., que es muy importante en San Luis Potosí, que hace un trabajo excelente en materia de violencia género, pero sería de la opinión de que el estado tenga también su propio refugio”.
En ese sentido, reiteró que la violencia de género en el estado “es un tema prioritario en torno al derecho de las mujeres y más ahora que estamos en Alerta de Género, que son unas medidas que estipulan mejorar esta situación de refugios y del cuidado de las mujeres”.
Al cuestionarle cómo considera que se ve afectado el estado de San Luis Potosí con dicha medida, respondió: “Pues bastante, es un tema bien importante que no se debe soslayar en cuanto a recursos ni en tener una situación de desventaja”.
Por su parte, el senador de la República, Primo Dothé Mata, aseguró que, con la suspensión de dichos recursos para las organizaciones de la sociedad Civil, ningún mexicano se verá afectado.
“No va a ser afectado ningún mexicano ni ninguna mexicana, ni un anciano, el paciente más delicado, el bebé con mayor desprotección, nadie en la cuarta transformación se verá afectado de ninguna manera. Están cambiando las formas, el fondo es que tendrán mayores garantías, en el tema que queramos”.
Respecto a los refugios para mujeres víctimas de violencia, dijo: “el problema de la violencia en contra de la mujer es muy grave en el cuál tenemos una línea marcada de lo que tenemos que hacer, (…) no se va a permitir, el tema es la forma, hay reacciones por la forma”.
No hay y no va a haber recursos del presupuesto público para nada privado, todo va a ser a través de las instituciones. Se está anunciando oportunamente cuáles van a ser las nuevas formas, pero decir que se están abandonando, no se está abandonando a nadie, al contrario va a haber mejores respuestas”.
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El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra
Por: Redacción
El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.
De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.
Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.
A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales,
El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.
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Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX
Por: Redacción
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.
Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.
En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA
“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.
Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.
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El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
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