octubre 21, 2026

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Estado

¿En qué consiste la iniciativa de Ley de Austeridad en SLP?

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La iniciativa busca establecer mecanismos para evitar que los recursos del erario sean utilizados de manera incorrecta, sin embargo, el Congreso del Estado se negó a votarla

Por: Ana G Silva

La iniciativa de Ley de Austeridad, presentada por los ciudadanos Juan David Cibrián Jerónimo, Luis Alberto Suárez Castillo y Aarón Obregón Hernández, el 11 de marzo del 2019, ha sido analizada por los integrantes de la Comisión Especial que atiende las iniciativas ciudadanas, y que sería votada el jueves pasado en sesión extraordinaria del Congreso del Estado; sin embargo, se bajó de la orden del día el dictamen, es por eso que La Orquesta platicó con Marite Hernández Correa, diputada de Morena, para conocer en qué consiste y porqué es importante esta Ley.

Marite Hernández indicó que esta iniciativa tiene por objeto establecer reglas, lineamientos y medidas de austeridad para el ahorro, gasto eficiente, racional transparente y honesto que se deberá poner en práctica en el manejo de los recursos públicos, acorde con lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Explicó que no se piensa incurrir en excesos innecesarios y sí destinar la mayor parte de sus recursos “a los propósitos reales de desarrollo y justicia”.

El dictamen de la iniciativa de la Ley de Austeridad establece que “los servidores públicos se sujetarán a la remuneración adecuada y proporcional que conforme a sus responsabilidades se determine en su presupuesto de egresos, por ende queda prohibido la obtención de algún privilegio económico adicional a lo establecido a la ley”.

Aún se desconoce de cuánto sería el ahorro con la Ley de Austeridad, pero de acuerdo al Dictamen, los recursos presupuestales se canalizarán al 45.5 por ciento de la población que vive en situación de pobreza, es decir que los ahorros obtenidos se determinarán a los programas sociales prioritarios y la educación pública de la entidad.

“Un monto concreto de ahorro no es fácil de saber, pero esta Ley de Austeridad lo que dispone es que los recursos públicos no excedan lo presupuestado en materia de comunicación social y que no se destinen a bienes y servicios onerosos y fuera de la ley, porque hay que dejar claro que todos los derechos de los trabajadores del Estado están garantizados”, dijo la legisladora de Morena.

El dictamen establece que la austeridad tiene los objetivos de: disminuir los sueldos de los altos funcionarios públicos; prohibir el pago de atención médica privada y afiliandose al sistema de salud pública; la disminución de la creación de nuevas plazas sin justificación; no se permitirá el uso de escoltas a menos de ser estrictamente justificada la necesidad; se restringirá el uso de vehículos de propiedad del estado; limitar el gasto en propaganda oficial; definir límites al número de viajes oficiales, prohibiendo la adquisición de traslados en servicio de primera clase; no se excederán los montos erogados en el ejercicio presupuestal inmedi ato anterior en los gastos por servicios de telefonía, fotocopiado y energía eléctrica, combustibles, arrendamientos, viáticos, honorarios, etcétera.

“No puede ser que cualquier funcionario público pueda llegar a dilapidar los recursos, a darles mala utilización o a tener ciertos privilegios, ya que hay pobreza extrema y desigualdad, y por tanto a la clase política se le ve con ciertos privilegios y hay un gran enojo en la sociedad, me parece que esta Ley de Austeridad viene a combatir estas grandes desigualdades que existen”.

La congresista recordó que esta ley se aplicará para todos los funcionarios públicos de todas las dependencias, entidades y órganos de los Poderes del Estado; también a poderes de los municipios y sus dependencias, así como a los organismos públicos.

Hernández Correa destacó que el incumplimiento de la Ley de Austeridad constituirá falta administrativa y se sancionará de conformidad con la Ley de Responsabilidades Administrativas: “se establecen diversas penas, que van de la amonestación privada o pública hasta la destitución e inhabilitación temporal para desempeñarse en el servicio público, dependiendo de la gravedad de la falta”.

Marite Hernández argumentó que la importancia de la aprobación de la Ley de austeridad es muy importante para el estado, pues implica que todos los entes están obligados a acatar los lineamientos; además de que tiene que ver con una nueva cultura y una nueva percepción en torno a la administración pública.

“No tiene que haber privilegios y no tiene que haber prerrogativas para altos funcionarios. Se puede administrar de manera mejor el gasto público, todo esto tiene una razón profunda que es para combatir la corrupción y el mal uso de los recursos y es una situación muy grave para la sociedad, porque el recurso público proviene de la sociedad, entonces se tiene que hacer un uso transparente de este”.

Hernández Correa dijo que esta iniciativa se ha aplazado por más de dos años por las diferentes situaciones que se han suscitado, pues primero se encontraba en la Comisión de Vigilancia donde estaba siendo analizada, posteriormente, y por ser una propuesta realizada por ciudadanos, se conformó la comisión para el análisis de iniciativas ciudadanas, subió al pleno “donde hubo resistencia” y consideraciones.

“Es una resistencia añeja donde ha existido una política amañada y corrupta: precisamente es lo que pretende, aniquilar la Ley de Austeridad en San Luis Potosí, espero que se retome pero me parece que ellos no quieren avergonzarse de que van a votar en contra. El asunto es más profundo, no se quieren quitar los privilegios o quitar el recurso público utilizado para el beneficio de unos cuantos”.

También lee: Sindicatos frenaron aprobación de la Ley de Austeridad en SLP

Congreso del Estado

Estado reclama al Interapas más de 900 mdp por saneamiento de aguas

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La secretaria de Finanzas dijo que la CEA paga 12 millones de pesos al mes por el saneamiento de aguas residuales que le corresponde al Interapas

Por: Redacción

La titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Ariana García Vidal, afirmó que el Interapas tiene un adeudo estimado en más de 900 millones de pesos con el Gobierno del Estado por el saneamiento de aguas residuales.

Según explicó en su comparecencia ante el Congreso del Estado por la Glosa del Quinto Informe de Gobierno, la Comisión Estatal del Agua (CEA) paga 12 millones de pesos al mes por ese servicio, un costo que, dijo, le corresponde cubrir al organismo operador. El saneamiento es el tratamiento de las aguas negras para limpiarlas antes de devolverlas al ambiente o reutilizarlas.

El Estado también debe

A pregunta de la diputada Mireya Vancini, la funcionaria reconoció que inmuebles y dependencias del Gobierno del Estado tienen adeudos con el Interapas, que en 2025 se estimaron en 184 millones de pesos.

Sin embargo, dijo que el monto definitivo está pendiente de conciliar, es decir, de revisarse entre ambas partes hasta acordar una cifra, porque hay “inconsistencias” en los cobros que el Interapas hace a esas dependencias.

“Considerar las obligaciones de ambas partes”

García Vidal consideró que el tema se debe tratar de manera integral con el organismo, tomando en cuenta las obligaciones financieras de ambas partes y “no solamente los adeudos que se atribuyen al Gobierno del Estado”. Dijo que hay apertura para revisar la situación.

La versión del Interapas

El alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos, presidente de la Junta de Gobierno del Interapas, dijo la semana pasada que el organismo atraviesa una crisis financiera y que el Gobierno del Estado le debe casi 300 millones de pesos. Pidió que el Congreso lo invite a explicar dónde está la responsabilidad.

En agosto, Galindo había dicho que la conciliación de cuentas con el Gobierno del Estado estaba pendiente desde hacía cuatro años, con montos superiores a 400 millones de pesos.

También lee: Galindo: Interapas tiene crisis financiera y el Estado le debe casi 300 mdp

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Congreso del Estado

Sistema de Pensiones necesitará unos 4 mil millones, advierte Finanzas

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La secretaria de Finanzas dijo que el número de jubilados pasó de cerca de 5 mil a cerca de 10 mil en esta administración y que la presión financiera llegará pronto a unos 4 mil millones de pesos

Por: Redacción

El número de personas jubiladas del Gobierno del Estado se duplicó en esta administración, de cerca de 5 mil a cerca de 10 mil en 2026, informó la titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Ariana García Vidal. Advirtió que eso genera una presión financiera creciente sobre el Sistema de Pensiones, que pronto será de alrededor de 4 mil millones de pesos.

La funcionaria respondió así a una pregunta del diputado César Arturo Lara durante su comparecencia ante el Congreso del Estado por la Glosa del Quinto Informe de Gobierno.

2,600 millones este año

García Vidal informó que en 2026 se autorizó un presupuesto de 2,600 millones de pesos para fortalecer el sistema. Aseguró que los pagos a las personas pensionadas están garantizados.

También afirmó que el Gobierno del Estado no tiene ningún adeudo con la Dirección de Pensiones, lo que calificó como un avance para saldar las deudas que, dijo, dejaron administraciones anteriores.

Más jubilados, mismo sistema

Una presión financiera es un gasto que crece más rápido que los ingresos disponibles para cubrirlo. En el caso de las pensiones, crece porque cada año se jubilan más trabajadores del Estado y hay que pagarles su pensión durante el resto de su vida.

La funcionaria no precisó si los 4 mil millones serán un gasto anual ni a partir de cuándo se alcanzará esa cifra.

La deuda de largo plazo, a la baja

En la misma comparecencia, García Vidal informó que la deuda pública de largo plazo del Estado bajó de 3,609 millones de pesos en 2021 a 2,900 millones al 30 de septiembre de 2026, y dijo que no se contratará deuda nueva de largo plazo en el último año de la administración.

También lee: Finanzas litigará contra la federación por crédito fiscal heredado de mil 780 MDP

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Ayuntamiento de SLP

Clásico de la 57: cierran calles alrededor del estadio por partido de alto riesgo

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Habrá cierres en las avenidas Coral, Sirconio y Malaquita; el partido fue considerado de alto riesgo

Por: Redacción

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la Capital desplegó a 200 agentes municipales en los alrededores del estadio Libertad Financiera para el partido entre el Atlético de San Luis y los Gallos Blancos de Querétaro, que se juega este martes a las 19:00 horas.

La corporación clasificó el encuentro como de alto riesgo. Los agentes harán labores de seguridad vial, prevención del delito y videovigilancia.

Calles cerradas

La Dirección de Policía Vial cerrará la circulación en estos tramos:

  • Avenida Coral, de Malaquita a Sirconio.
  • Calle Sirconio, de avenida Rosedal a Coral.
  • Calle Malaquita, de Rosedal a Coral.

Los agentes de vialidad también ordenarán el tráfico en los principales accesos al estadio.

Vigilancia en calles y cámaras

La Dirección General de Guardia Municipal enviará agrupamientos tácticos para recorrer las calles cercanas al estadio y prevenir faltas administrativas o delitos. La Dirección General de Tecnologías en Inteligencia Social reforzará la vigilancia por cámaras desde el C4 Municipal, el centro de monitoreo de la capital, desde donde se coordinará el operativo en campo.

La Policía de la Capital pidió a los aficionados llegar con tiempo para encontrar estacionamiento y comportarse sin alterar el orden público.

Un clásico regional

El partido es una nueva edición del llamado Clásico de la 57, la rivalidad entre San Luis y Querétaro, dos ciudades unidas por esa carretera.

En septiembre, durante otro partido de alto riesgo en el mismo estadio, chispas de pirotecnia cayeron sobre aficionados y causaron quemaduras. La Coordinación Estatal de Protección Civil las atribuyó a una ráfaga de viento y anunció que revisaría a mayor profundidad los planes de seguridad de los organizadores.

También lee: Pirotecnia quema a aficionados en el estadio Libertad Financiera

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Opinión

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