Estado
¿En qué consiste la iniciativa de Ley de Austeridad en SLP?
La iniciativa busca establecer mecanismos para evitar que los recursos del erario sean utilizados de manera incorrecta, sin embargo, el Congreso del Estado se negó a votarla
Por: Ana G Silva
La iniciativa de Ley de Austeridad, presentada por los ciudadanos Juan David Cibrián Jerónimo, Luis Alberto Suárez Castillo y Aarón Obregón Hernández, el 11 de marzo del 2019, ha sido analizada por los integrantes de la Comisión Especial que atiende las iniciativas ciudadanas, y que sería votada el jueves pasado en sesión extraordinaria del Congreso del Estado; sin embargo, se bajó de la orden del día el dictamen, es por eso que La Orquesta platicó con Marite Hernández Correa, diputada de Morena, para conocer en qué consiste y porqué es importante esta Ley.
Marite Hernández indicó que esta iniciativa tiene por objeto establecer reglas, lineamientos y medidas de austeridad para el ahorro, gasto eficiente, racional transparente y honesto que se deberá poner en práctica en el manejo de los recursos públicos, acorde con lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Explicó que no se piensa incurrir en excesos innecesarios y sí destinar la mayor parte de sus recursos “a los propósitos reales de desarrollo y justicia”.
El dictamen de la iniciativa de la Ley de Austeridad establece que “los servidores públicos se sujetarán a la remuneración adecuada y proporcional que conforme a sus responsabilidades se determine en su presupuesto de egresos, por ende queda prohibido la obtención de algún privilegio económico adicional a lo establecido a la ley”.
Aún se desconoce de cuánto sería el ahorro con la Ley de Austeridad, pero de acuerdo al Dictamen, los recursos presupuestales se canalizarán al 45.5 por ciento de la población que vive en situación de pobreza, es decir que los ahorros obtenidos se determinarán a los programas sociales prioritarios y la educación pública de la entidad.
“Un monto concreto de ahorro no es fácil de saber, pero esta Ley de Austeridad lo que dispone es que los recursos públicos no excedan lo presupuestado en materia de comunicación social y que no se destinen a bienes y servicios onerosos y fuera de la ley, porque hay que dejar claro que todos los derechos de los trabajadores del Estado están garantizados”, dijo la legisladora de Morena.
El dictamen establece que la austeridad tiene los objetivos de: disminuir los sueldos de los altos funcionarios públicos; prohibir el pago de atención médica privada y afiliandose al sistema de salud pública; la disminución de la creación de nuevas plazas sin justificación; no se permitirá el uso de escoltas a menos de ser estrictamente justificada la necesidad; se restringirá el uso de vehículos de propiedad del estado; limitar el gasto en propaganda oficial; definir límites al número de viajes oficiales, prohibiendo la adquisición de traslados en servicio de primera clase; no se excederán los montos erogados en el ejercicio presupuestal inmedi ato anterior en los gastos por servicios de telefonía, fotocopiado y energía eléctrica, combustibles, arrendamientos, viáticos, honorarios, etcétera. 
“No puede ser que cualquier funcionario público pueda llegar a dilapidar los recursos, a darles mala utilización o a tener ciertos privilegios, ya que hay pobreza extrema y desigualdad, y por tanto a la clase política se le ve con ciertos privilegios y hay un gran enojo en la sociedad, me parece que esta Ley de Austeridad viene a combatir estas grandes desigualdades que existen”. 
La congresista recordó que esta ley se aplicará para todos los funcionarios públicos de todas las dependencias, entidades y órganos de los Poderes del Estado; también a poderes de los municipios y sus dependencias, así como a los organismos públicos.
Hernández Correa destacó que el incumplimiento de la Ley de Austeridad constituirá falta administrativa y se sancionará de conformidad con la Ley de Responsabilidades Administrativas: “se establecen diversas penas, que van de la amonestación privada o pública hasta la destitución e inhabilitación temporal para desempeñarse en el servicio público, dependiendo de la gravedad de la falta”.
Marite Hernández argumentó que la importancia de la aprobación de la Ley de austeridad es muy importante para el estado, pues implica que todos los entes están obligados a acatar los lineamientos; además de que tiene que ver con una nueva cultura y una nueva percepción en torno a la administración pública.
“No tiene que haber privilegios y no tiene que haber prerrogativas para altos funcionarios. Se puede administrar de manera mejor el gasto público, todo esto tiene una razón profunda que es para combatir la corrupción y el mal uso de los recursos y es una situación muy grave para la sociedad, porque el recurso público proviene de la sociedad, entonces se tiene que hacer un uso transparente de este”.
Hernández Correa dijo que esta iniciativa se ha aplazado por más de dos años por las diferentes situaciones que se han suscitado, pues primero se encontraba en la Comisión de Vigilancia donde estaba siendo analizada, posteriormente, y por ser una propuesta realizada por ciudadanos, se conformó la comisión para el análisis de iniciativas ciudadanas, subió al pleno “donde hubo resistencia” y consideraciones.
“Es una resistencia añeja donde ha existido una política amañada y corrupta: precisamente es lo que pretende, aniquilar la Ley de Austeridad en San Luis Potosí, espero que se retome pero me parece que ellos no quieren avergonzarse de que van a votar en contra. El asunto es más profundo, no se quieren quitar los privilegios o quitar el recurso público utilizado para el beneficio de unos cuantos”.
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La reforma modifica el artículo 2282 del Código Civil del Estado y fue turnada al Pleno para su votación
Por: Redacción
La Comisión Segunda de Justicia del Congreso del Estado aprobó una reforma al Código Civil del Estado para topar el incremento anual en las rentas de vivienda destinadas a habitación al porcentaje de inflación reportado por el Banco de México.
La reforma modifica el artículo 2282 del Código Civil y fue propuesta por la diputada Jacquelinn Jáuregui y los diputados Héctor Serrano Cortés y César Arturo Lara Rocha.
La presidenta de la comisión, Gabriela López Torres, dijo que la medida no representa una afectación al sector inmobiliario, pues solo establece un tope máximo con base en un indicador objetivo, y que busca dar previsibilidad tanto a propietarios como a arrendatarios.
Según la iniciativa, la reforma no busca intervenir de manera excesiva en el mercado inmobiliario ni limitar la libertad contractual de las partes, sino evitar abusos y fortalecer la seguridad jurídica en los contratos de arrendamiento. El dictamen se turnará al Pleno para su votación.
Laura Angélica Villanueva , indicó que el trabajo del Área de Psicología se brinda orientación psicológica y pláticas especializadas
Por: Redacción
Como parte de las atenciones permanentes en las instalaciones y en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el Gobierno Municipal de Villa de Pozos, a través del DIF Municipal, recordó a la población que puede acercarse a su personal especializado y recibir el apoyo y acompañamiento necesario para mejorar su salud mental.
La presidenta del DIF Municipal, Laura Angélica Villanueva Hernández, indicó que como parte del trabajo del Área de Psicología se brinda orientación psicológica y pláticas especializadas en centros educativos, con el objetivo de que la población conozca sobre las herramientas para pedir auxilio, así como para detectar situaciones en las que esté en riesgo la vida de sus seres queridos.
Reiteró que en las instalaciones del DIF Municipal, ubicado en la calle Villerías número 305, se brinda atención psicológica gratuita a niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, además de contar con una lista de espera para dar seguimiento a las y los solicitantes en caso de que no se cuente con una canalización inmediata.
La administración estatal mantiene una revisión de personal para detectar plazas excedentes y reubicar a trabajadores en áreas donde realmente sean necesarios
Por: Redacción
Como parte de la política de austeridad implementada desde el inicio de la administración de Ricardo Gallardo Cardona, el Gobierno de San Luis Potosí dejó de renovar los contratos de más de mil trabajadores temporales cuyos servicios ya no eran necesarios para las distintas dependencias estatales.
Noé Lara Enríquez, Oficial Mayor del Gobierno del Estado, explicó que la medida forma parte de una revisión permanente de la estructura gubernamental para identificar al personal que realmente se requiere en cada área y evitar mantener plazas sin funciones activas.
El funcionario señaló que esta revisión continuará durante el último año de la administración, por lo que los contratos temporales que ya no sean necesarios no serán renovados.
Lara Enríquez explicó que la Dirección de Recursos Humanos revisa constantemente las funciones que desempeña el personal de cada dependencia. Cuando se detecta que existe un trabajador que ya no tiene actividades suficientes en su área, se analiza la posibilidad de reubicarlo en otra dependencia o departamento donde exista una necesidad real de personal.
La intención, señaló, es que la estructura gubernamental se mantenga acorde con las necesidades de operación y que los recursos públicos se destinen a trabajadores que efectivamente desempeñen una función.
El Oficial Mayor contrastó esta práctica con lo que denominó la “herencia maldita”, al referirse a la colocación de personas por recomendación en puestos donde no tenían funciones claramente definidas.
Menos gasto en telefonía y oficinas
La estrategia de austeridad también ha incluido la reducción de gastos operativos.
Lara Enríquez recordó que desde el inicio de la administración se eliminó el pago de telefonía celular para trabajadores del Gobierno del Estado, prestación que anteriormente representaba un gasto superior a 50 mil pesos mensuales.
Actualmente, cada trabajador cubre directamente el costo de su servicio telefónico.
En materia de arrendamientos, mencionó el caso de la oficina que ocupaba la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), cuya renta se redujo de 150 mil a entre 70 y 75 mil pesos mensuales después de una renegociación con el propietario.
También se realizaron movimientos para aprovechar mejor los espacios disponibles. La Contraloría General del Estado cambió su sede a un inmueble en Plaza Coronel, mientras que la Dirección de Desarrollo Humano
La oficina de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ubicada en Plaza Manga, continúa siendo una de las de mayor costo para el Gobierno estatal. Lara señaló que las negociaciones con los propietarios siguen en curso para buscar una reducción.
Reutilizan vehículos en lugar de mantener unidades costosas
La austeridad también se extendió al parque vehicular estatal.
De acuerdo con el Oficial Mayor, las unidades que representaban mayores costos de mantenimiento fueron retiradas de circulación y, cuando se encontró una utilidad para ellas en otras áreas, fueron reasignadas a diferentes dependencias.
Como ejemplo, mencionó que el Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAT) cedió vehículos al DIF Estatal para que fueran aprovechados en sus actividades.
Además, el Congreso del Estado autorizó la desincorporación de mobiliario y vehículos que ya se encontraban en desuso.
Analizan concentrar oficinas para reducir rentas
La administración estatal también evalúa trasladar hasta tres oficinas gubernamentales que actualmente pagan renta a un inmueble ubicado cerca del Distribuidor Vial.
El edificio fue ofrecido al Gobierno del Estado por un empresario, aunque Lara Enríquez aclaró que todavía no ha visitado el inmueble y que no existe una fecha definida para determinar si finalmente será utilizado.
La intención sería concentrar dependencias en menos espacios y reducir el gasto que representa el pago de arrendamientos.
De esta manera, la Oficialía Mayor mantiene una revisión de personal, oficinas, vehículos y servicios como parte de la política de austeridad, con el objetivo de reducir gastos que no sean indispensables para la operación del Gobierno del Estado.
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