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#QueSad | En SLP terminan en divorcio 30 de cada 100 matrimonios
3 mil 872 parejas casadas se disolvieron durante el 2019
Por: Redacción
En 2019, por primera vez en cinco años, los divorcios fueron a la baja en San Luis Potosí. El año pasado se disolvieron legalmente 3 mil 872 matrimonios, cantidad inferior a los 4 mil 648 que se rompieron en 2018. Esto representa una disminución del 16.69 por ciento en 2019 con respecto al 2018 previo.
Aun así, según datos del INEGI, el año pasado la tasa de divorcios por cada 10 mil habitantes aumentó con respecto al 2018, pues pasó de 15.6 a 19.1, y se mantuvo por arriba de la tasa nacional que es de 18.4 divorcios por cada 10 mil habitantes.
La entidad potosina también registró una menor proporción de divorcios por cada 100 matrimonios, pues mientras que en 2018, se tuvo registro de 38.2 divorcios por cada 100 matrimonios, en 2019, esta se redujo a 30.8. En este caso, la relación divorcios matrimonios, es menos a la nacional, que fue de 31.7.
Según las cifras del Instituto, en 2019 en San Luis Potosí se contabilizaron 3 mil 680 causas de divorcio, de las cuales 2 mil 236 fueron divorcio incausado; 1 mil 354 por mutuo consentimiento; 49 se dieron tras una separación por dos años o más, y 41, por otras causas.
Durante 2019 se registraron 160 mil 107 divorcios, en el país existen dos tipos de trámite de divorcio: administrativo y judicial. Los datos de 2019 indican que 91% (145 mil 705) de ellos, fueron resueltos por vía judicial, mientras que el 9% (14 mil 402) correspondieron a divorcios resueltos por vía administrativa. Los divorcios en el país se han incrementado durante los últimos años, como se puede observar en la tasa nacional de divorcios por cada 10 mil habitantes, al pasar de 11.7 en 2010 a 18.4 en 2019.
Las entidades que registraron las mayores tasas de divorcios por cada 10 000 habitantes en 2019, fueron Campeche con 38.0, Sinaloa con 37.7 y Nuevo León con 37.2; por el contrario, las menores tasas correspondieron a Veracruz de Ignacio de la Llave (5.7), Tlaxcala (8.3) y Chiapas (8.9) divorcios por cada 10 000 habitantes.
En el año 2019, se registraron 159 mil 769 divorcios entre un hombre y una mujer; 146 mil entre hombres y 192 entre mujeres. Conforme avanza el tiempo, los casos con divorciantes del mismo sexo se han ido incrementando. Para los hombres pasó de 55 casos en 2015 a 146 en 2019; en el caso de las mujeres, pasó de 42 divorcios en 2015 a 192 en 2019. En la mayoría de los años, el número de casos entre las mujeres divorciadas es superior al de los hombres.
La causa de divorcio es el motivo expresado por la parte interesada para disolver el vínculo matrimonial, contemplado en el Código Civil de la entidad federativa correspondiente. Entre las tres principales causas de divorcio a nivel nacional se encuentra el incausado con el 63% (100 mil 913), seguido por el de mutuo consentimiento con el 34.7% (55 mil 481) y por la separación por más de 1 año con el 1.4% (2 mil 204). La causa por mutuo consentimiento aplica tanto en los divorcios administrativos como en los judiciales. El comportamiento al interior del país muestra que en 22 entidades federativas la principal causa corresponde al divorcio incausado y en las 10 restantes, al mutuo consentimiento.
Durante el año 2019 de los 145 mil 705 divorcios judiciales registrados en México, el 26.1% tenía un hijo menor de edad, 20.3% contaba con dos hijos, el 7.8% con más de dos, el 43.8% no tenía hijos menores al momento de efectuarse el divorcio y 2% no lo especificó.
Custodia de los hijos
En el 49.6% de los divorcios judiciales, la custodia de los hijos se le asignó a alguno de los divorciantes, en el 43.9%% de los casos no se otorgó a ninguno y en el 4.5% fue concedida a ambos divorciantes, el 2% no lo especificó. Cuando la custodia no se otorga es debido a que no hay hijos menores o ya no dependen de los padres cuando ocurre el divorcio. Tampoco se otorgan la custodia, patria potestad ni la pensión, cuando queda disuelto el vínculo matrimonial, pero queda pendiente algún recurso, lo cual da inicio a otro proceso civil.
Patria potestad
De los divorcios judiciales que se llevaron a cabo durante el año 2019, en 48.6% de los casos, la patria potestad de los hijos le fue otorgada a ambos divorciantes, en 5.5% a alguno de ellos y en 43.9% no se otorgó a ninguno, lo que significa que queda pendiente el otorgamiento de la patria potestad porque no hay un acuerdo entre las partes y se da inicio a otro proceso o cuando no hay hijos menores o no dependen de los padres cuando se efectúa la disolución del matrimonio y en el 2% no se especificó.
Al llevarse a cabo el divorcio, la pensión alimenticia puede asignarse a los hijos, al cónyuge, a ambos o a nadie. En 2019 la pensión alimenticia fue asignada a los hijos en el 50.9% de los casos.
La duración legal del matrimonio es el tiempo transcurrido entre la fecha de celebración del matrimonio y la fecha de resolución o sentencia ejecutoria del divorcio, mientras que la duración social corresponde al periodo entre la fecha del matrimonio y la de presentación de la demanda de divorcio. De acuerdo a los resultados del año estadístico 2019, el 30% de los matrimonios se disolvió legalmente después de 20 años de matrimonio, 47% de los matrimonios legalmente duró entre 6 y 20 años, el 21% tuvo una duración legal entre uno y cinco años, mientras que el 1.5% la duración fue menor a un año.
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La universidad aplicará por primera vez el examen de conocimientos y el psicométrico el mismo día, con el objetivo de evitar gastos extras a estudiantes foráneos
Por: Redacción
Más de 15 mil jóvenes competirán por uno de los siete mil 800 espacios disponibles en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) durante el examen único de admisión, que este año incorporará un cambio importante: las pruebas de conocimientos y psicométrica se aplicarán el mismo día para evitar gastos adicionales a aspirantes foráneos.
El rector de la UASLP, Alejandro Zermeño Guerra, informó que el proceso ya se encuentra listo, pues los exámenes fueron impresos, etiquetados y permanecen bajo resguardo. Recordó que la elaboración de la prueba comenzó desde enero con la participación de académicos encargados de diseñar y revisar las preguntas para minimizar errores.
La secretaria de Servicios Escolares, Claudia Elena González Acevedo, detalló que actualmente se tienen registrados 15 mil 100 aspirantes, una cifra prácticamente igual a la del año pasado, y confió en que la mayoría acuda a presentar la evaluación.
El examen de conocimientos iniciará a las 8 de la mañana y tendrá una duración aproximada de tres horas, mientras que el examen psicométrico comenzará a la 1 de la tarde, por lo que los aspirantes permanecerán en las instalaciones universitarias durante el intervalo entre ambas pruebas.
La funcionaria recomendó a los jóvenes acudir tranquilos, llevar alimentos ligeros para consumir durante la espera y, de preferencia, presentar impresa su ficha de ingreso, aunque también podrá mostrarse en dispositivos móviles antes de ser guardados.
Precisó que estará estrictamente prohibido el uso de teléfonos celulares, relojes inteligentes, lentes inteligentes y cualquier dispositivo electrónico
González Acevedo señaló que la modificación responde a una petición constante de estudiantes provenientes del interior del estado, de otras entidades del país e incluso del extranjero,
La Facultad de Medicina continúa como la carrera con mayor demanda, al acumular más de dos mil 200 solicitudes de ingreso. Debido al número de aspirantes, la aplicación del examen para esta licenciatura se distribuirá entre la propia facultad, el edificio Bicentenario y las instalaciones de posgrado de las facultades de Derecho y Comercio.
Por otra parte, alrededor de 300 jóvenes podrían quedar fuera del proceso al no haber concluido aún sus estudios de bachillerato ni contar con el certificado correspondiente.
Respecto a posibles filtraciones del examen, la secretaria aseguró que las medidas de seguridad fueron reforzadas este año, al grado de mantener vigilancia permanente durante la impresión y resguardo del material, además de que las computadoras que contienen la información permanecen desconectadas de internet.
La evaluación conservará la ponderación establecida en años anteriores: el examen psicométrico representará el 15 por ciento de la calificación final y la prueba de conocimientos el 85 por ciento restante, aunque cada facultad determina el peso específico de las siete áreas evaluadas de acuerdo con el perfil de la carrera.
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La maniobra se realizará ante el 94 por ciento de almacenamiento del embalse y como medida de seguridad ante las lluvias que se esperan en los próximos días
Por: Redacción
A solicitud de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la presa San José iniciará este viernes 26 de junio, a las 10:00 horas, un desfogue gradual y controlado como medida preventiva ante el nivel de almacenamiento d el embalse y las lluvias pronosticadas para los próximos días.
La liberación de agua se realizará hacia el cauce del bulevar Río Santiago
Interapas informó que la acción no representará afectaciones para las colonias que se abastecen de la presa San José; el suministro de agua potable estará garantizado durante el proceso.
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El alcalde cuestionó los intentos de clasificar o desacreditar a quienes ejercen la comunicación y defendió el derecho de cualquier persona a expresarse en medios y redes sociales
Por: Haniel Valdés
En medio de la polémica generada por la llamada “Ley Serrano” y las declaraciones del diputado Héctor Serrano sobre quién puede considerarse periodista, el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, lanzó una crítica directa a la idea de que una autoridad o un político pueda erigirse como árbitro de la libertad de expresión.
El presidente municipal sostuvo que en la actualidad la comunicación pública ya no está limitada a quienes poseen un título universitario o trabajan en medios tradicionales, por lo que consideró un error intentar establecer categorías entre periodistas, comunicadores, creadores de contenido o ciudadanos que utilizan las redes sociales para expresar opiniones.
Galindo afirmó que el debate no debería centrarse en quién tiene derecho a hablar, sino en garantizar que nadie sea perseguido, censurado o criminalizado por hacerlo.
“Yo no soy quién para calificar quién comunica y quién no”, declaró.
La respuesta surge luego de que Héctor Serrano defendiera públicamente que no cualquiera puede asumirse como periodista, una postura que ha sido cuestionada por distintos sectores al considerar que desconoce la evolución de los medios digitales y el ejercicio contemporáneo de la comunicación.
Para Galindo, intentar desacreditar a quienes ejercen la crítica pública con el argumento de que no cuentan con determinada formación académica resulta particularmente delicado en un contexto donde la libertad de expresión se encuentra en el centro del debate estatal.
El alcalde recordó que algunos de los periodistas más influyentes de México construyeron su prestigio a partir de su trabajo y trayectoria, no necesariamente de una formación universitaria específica en periodismo o comunicación.
“Muchos grandes periodistas de este país no estudiaron ni periodismo ni ciencias de la comunicación”, señaló.
Las declaraciones del presidente municipal también pueden leerse como una crítica de fondo a la visión que ha acompañado la reforma sobre inteligencia artificial y violencia digital
El alcalde sostuvo que la realidad digital ha transformado la forma en que circula la información y que hoy millones de personas participan en la conversación pública a través de plataformas digitales, por lo que intentar restringir o jerarquizar esas voces representa una visión anacrónica.
“Todo mundo opina. Vivimos en el mundo de las redes sociales, en un mundo muy abierto”, expresó.
La controversia ocurre en un momento en que organizaciones civiles, periodistas y creadores de contenido han advertido que la discusión sobre inteligencia artificial en San Luis Potosí se ha desplazado hacia un debate más amplio sobre libertad de expresión, censura y uso del derecho penal para castigar publicaciones en internet.
En ese contexto, la postura de Galindo apunta a una crítica de fondo: que el problema ya no es únicamente una ley, sino la idea de que desde el poder se pueda definir quién tiene derecho a ejercer la comunicación pública y quién no. Una discusión que, para muchos de los actores involucrados, toca uno de los principios fundamentales de cualquier democracia.
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