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#QueSad | En SLP terminan en divorcio 30 de cada 100 matrimonios
3 mil 872 parejas casadas se disolvieron durante el 2019
Por: Redacción
En 2019, por primera vez en cinco años, los divorcios fueron a la baja en San Luis Potosí. El año pasado se disolvieron legalmente 3 mil 872 matrimonios, cantidad inferior a los 4 mil 648 que se rompieron en 2018. Esto representa una disminución del 16.69 por ciento en 2019 con respecto al 2018 previo.
Aun así, según datos del INEGI, el año pasado la tasa de divorcios por cada 10 mil habitantes aumentó con respecto al 2018, pues pasó de 15.6 a 19.1, y se mantuvo por arriba de la tasa nacional que es de 18.4 divorcios por cada 10 mil habitantes.
La entidad potosina también registró una menor proporción de divorcios por cada 100 matrimonios, pues mientras que en 2018, se tuvo registro de 38.2 divorcios por cada 100 matrimonios, en 2019, esta se redujo a 30.8. En este caso, la relación divorcios matrimonios, es menos a la nacional, que fue de 31.7.
Según las cifras del Instituto, en 2019 en San Luis Potosí se contabilizaron 3 mil 680 causas de divorcio, de las cuales 2 mil 236 fueron divorcio incausado; 1 mil 354 por mutuo consentimiento; 49 se dieron tras una separación por dos años o más, y 41, por otras causas.
Durante 2019 se registraron 160 mil 107 divorcios, en el país existen dos tipos de trámite de divorcio: administrativo y judicial. Los datos de 2019 indican que 91% (145 mil 705) de ellos, fueron resueltos por vía judicial, mientras que el 9% (14 mil 402) correspondieron a divorcios resueltos por vía administrativa. Los divorcios en el país se han incrementado durante los últimos años, como se puede observar en la tasa nacional de divorcios por cada 10 mil habitantes, al pasar de 11.7 en 2010 a 18.4 en 2019.
Las entidades que registraron las mayores tasas de divorcios por cada 10 000 habitantes en 2019, fueron Campeche con 38.0, Sinaloa con 37.7 y Nuevo León con 37.2; por el contrario, las menores tasas correspondieron a Veracruz de Ignacio de la Llave (5.7), Tlaxcala (8.3) y Chiapas (8.9) divorcios por cada 10 000 habitantes.
En el año 2019, se registraron 159 mil 769 divorcios entre un hombre y una mujer; 146 mil entre hombres y 192 entre mujeres. Conforme avanza el tiempo, los casos con divorciantes del mismo sexo se han ido incrementando. Para los hombres pasó de 55 casos en 2015 a 146 en 2019; en el caso de las mujeres, pasó de 42 divorcios en 2015 a 192 en 2019. En la mayoría de los años, el número de casos entre las mujeres divorciadas es superior al de los hombres.
La causa de divorcio es el motivo expresado por la parte interesada para disolver el vínculo matrimonial, contemplado en el Código Civil de la entidad federativa correspondiente. Entre las tres principales causas de divorcio a nivel nacional se encuentra el incausado con el 63% (100 mil 913), seguido por el de mutuo consentimiento con el 34.7% (55 mil 481) y por la separación por más de 1 año con el 1.4% (2 mil 204). La causa por mutuo consentimiento aplica tanto en los divorcios administrativos como en los judiciales. El comportamiento al interior del país muestra que en 22 entidades federativas la principal causa corresponde al divorcio incausado y en las 10 restantes, al mutuo consentimiento.
Durante el año 2019 de los 145 mil 705 divorcios judiciales registrados en México, el 26.1% tenía un hijo menor de edad, 20.3% contaba con dos hijos, el 7.8% con más de dos, el 43.8% no tenía hijos menores al momento de efectuarse el divorcio y 2% no lo especificó.
Custodia de los hijos
En el 49.6% de los divorcios judiciales, la custodia de los hijos se le asignó a alguno de los divorciantes, en el 43.9%% de los casos no se otorgó a ninguno y en el 4.5% fue concedida a ambos divorciantes, el 2% no lo especificó. Cuando la custodia no se otorga es debido a que no hay hijos menores o ya no dependen de los padres cuando ocurre el divorcio. Tampoco se otorgan la custodia, patria potestad ni la pensión, cuando queda disuelto el vínculo matrimonial, pero queda pendiente algún recurso, lo cual da inicio a otro proceso civil.
Patria potestad
De los divorcios judiciales que se llevaron a cabo durante el año 2019, en 48.6% de los casos, la patria potestad de los hijos le fue otorgada a ambos divorciantes, en 5.5% a alguno de ellos y en 43.9% no se otorgó a ninguno, lo que significa que queda pendiente el otorgamiento de la patria potestad porque no hay un acuerdo entre las partes y se da inicio a otro proceso o cuando no hay hijos menores o no dependen de los padres cuando se efectúa la disolución del matrimonio y en el 2% no se especificó.
Al llevarse a cabo el divorcio, la pensión alimenticia puede asignarse a los hijos, al cónyuge, a ambos o a nadie. En 2019 la pensión alimenticia fue asignada a los hijos en el 50.9% de los casos.
La duración legal del matrimonio es el tiempo transcurrido entre la fecha de celebración del matrimonio y la fecha de resolución o sentencia ejecutoria del divorcio, mientras que la duración social corresponde al periodo entre la fecha del matrimonio y la de presentación de la demanda de divorcio. De acuerdo a los resultados del año estadístico 2019, el 30% de los matrimonios se disolvió legalmente después de 20 años de matrimonio, 47% de los matrimonios legalmente duró entre 6 y 20 años, el 21% tuvo una duración legal entre uno y cinco años, mientras que el 1.5% la duración fue menor a un año.
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Sheimbaum: “no quedará impune” denuncia contra progenitor del alcalde de Cerro de San Pedro
La afectada tuvo oportunidad de poner al tanto del caso a la titular del poder ejecutivo
Por: Ana G Silva
Tras tres años de denunciar amenazas, hostigamiento y un presunto despojo de tierras, Blanca Estela Hernández Martínez logró llevar su caso hasta la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a quien pidió ayuda directamente durante su visita a San Luis Potosí este viernes.
El encuentro fue breve, pero Blanca Estela aprovechó para contarle a la mandataria su situación y solicitar su intervención.
De acuerdo con el testimonio de la afectada, Sheinbaum le aseguró que su caso no quedaría impune y se comprometió a ayudarla.
La denuncia de Blanca Estela involucra a J. Santos Nava Arista, padre del presidente municipal de Cerro de San Pedro, Jesús “Chuy” Nava Loredo, en un conflicto relacionado con un predio que la mujer asegura es de su propiedad.
La denunciante sostiene que desde 2023 ha enfrentado amenazas y hostigamiento derivados de este conflicto, e incluso ha señalado haber recibido amenazas de muerte.
Los hechos que dieron origen a la denuncia ocurrieron el 14 de mayo de 2023, cuando Blanca Estela acudió a un predio ubicado en las inmediaciones de las calles Independencia y Arroyo San Nicolás, luego de enterarse de que había personas trabajando en el lugar.
Según su testimonio, al cuestionar qué ocurría en el terreno se produjo una confrontación con J. Santos Nava, quien, afirma, la insultó, empujó y jaló del cabello, además de amenazarla de muerte.
Por estos hechos se abrió la carpeta de investigación 18077-23
Blanca Estela también ha relatado que en los últimos años ha recibido llamadas intimidatorias y que el temor incluso la llevó a dejar de impulsar durante un tiempo la denuncia.
“Yo ahorita sí tengo miedo”, dijo previamente a La Orquesta, al señalar que ya no trabaja con tranquilidad en su negocio.
Su abogado, Antonio Pérez Oldevilla, ha solicitado que se reactiven las diligencias y que se otorguen medidas de protección para la denunciante.
El acercamiento con Sheinbaum ocurrió este viernes, durante la visita de la presidenta a San Luis Potosí.
Blanca Estela aprovechó el momento para explicarle que su denuncia involucra al padre del alcalde de Cerro de San Pedro y que, pese al tiempo transcurrido, el caso continúa sin resolverse.
Según relató la afectada, la presidenta le manifestó que su caso no quedaría impune y que recibiría apoyo.
El encuentro duró apenas unos instantes, pero para Blanca Estela representó la oportunidad de llevar una denuncia que durante tres años ha permanecido en las instancias estatales directamente ante la titular del Ejecutivo federal.
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Torres Sánchez destacó que la Guardia Civil Estatal intervino para liberar a los policías retenidos en Picholco
Por: Redacción
El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, confirmó que los policías señalados por pobladores de Picholco, en Axtla de Terrazas, como responsables de la muerte de un hombre detenido fueron liberados luego de la intervención de personal estatal y de la Guardia Civil Estatal, y que ahora están a disposición de la Fiscalía General del Estado.
Dijo que, por instrucciones del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, mantuvo comunicación directa con las alcaldesas de Matlapa y de Axtla de Terrazas desde el día siguiente a los hechos, luego de que un grupo de pobladores de Picholco retuvo durante algunos momentos a policías municipales para exigir justicia por la muerte del detenido, identificado como Fermín Isabel Antonio
Explicó que personal del estado, junto con la Guardia Civil Estatal, dialogó con los inconformes hasta lograr la liberación de los policías retenidos.
Torres Sánchez dijo que no hubo personas privadas de libertad durante la protesta, “que es lo que pretendía la turba”, y calificó el episodio como muestra de que “el tema de operatividad y gobernabilidad está presente y está funcional en cada rincón del estado”.
El funcionario dijo lamentar la muerte de la persona, pero subrayó que hubo “operatividad eficaz, funcional, presente” en este tipo de situaciones.
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Se consideraría moroso a quien acumule más de 60 días sin pagar una pensión ordenada judicialmente
Por: Redacción
Quienes incumplan con el pago de una pensión alimenticia podrían quedar identificados en un padrón público y consultable por internet en San Luis Potosí, de avanzar una iniciativa que analiza el Congreso del Estado
La propuesta, presentada por la diputada Jessica Gabriela López Torres, plantea modificar los artículos 167 BIS y 167 TER del Código Familiar para establecer un mecanismo más accesible para consultar el Padrón Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas.
La iniciativa considera como deudora alimentaria morosa a la persona que, teniendo una pensión ordenada por un juez o establecida mediante convenio judicial, deje de pagarla durante más de 60 días consecutivos o acumule cuatro pensiones pendientes dentro de un periodo de dos años.
Uno de los principales cambios sería que el padrón deje de ser una herramienta de consulta limitada y tenga carácter público, con acceso mediante medios electrónicos oficiales.
La administración del registro estaría a cargo del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a través de su Secretaría General, que sería responsable de integrarlo, actualizarlo, administrarlo y resguardar la información.
La propuesta establece que la publicidad del padrón deberá realizarse bajo las reglas de protección de datos personales, especialmente cuando exista información relacionada con niñas, niños y adolescentes.
López Torres señaló que el objetivo es que el registro se convierta en una herramienta realmente funcional y accesible para contribuir al cumplimiento de las obligaciones alimentarias y garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir los recursos necesarios para su subsistencia y bienestar.
La legisladora sostuvo que el pago de alimentos no debe considerarse una obligación secundaria, debido a que está directamente relacionado con derechos fundamentales de las personas acreedoras.
El proyecto contempla una implementación gradual. La primera etapa estaría enfocada en mejorar la operación y funcionamiento del padrón, mientras que posteriormente podrían incorporarse mecanismos adicionales para fortalecer su eficacia.
De avanzar la reforma, San Luis Potosí tendría un padrón con mayor visibilidad pública para identificar a quienes incumplen con obligaciones alimentarias establecidas judicialmente, aunque su consulta tendría que sujetarse a las disposiciones de protección de datos personales.
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