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#QueSad | En SLP terminan en divorcio 30 de cada 100 matrimonios
3 mil 872 parejas casadas se disolvieron durante el 2019
Por: Redacción
En 2019, por primera vez en cinco años, los divorcios fueron a la baja en San Luis Potosí. El año pasado se disolvieron legalmente 3 mil 872 matrimonios, cantidad inferior a los 4 mil 648 que se rompieron en 2018. Esto representa una disminución del 16.69 por ciento en 2019 con respecto al 2018 previo.
Aun así, según datos del INEGI, el año pasado la tasa de divorcios por cada 10 mil habitantes aumentó con respecto al 2018, pues pasó de 15.6 a 19.1, y se mantuvo por arriba de la tasa nacional que es de 18.4 divorcios por cada 10 mil habitantes.
La entidad potosina también registró una menor proporción de divorcios por cada 100 matrimonios, pues mientras que en 2018, se tuvo registro de 38.2 divorcios por cada 100 matrimonios, en 2019, esta se redujo a 30.8. En este caso, la relación divorcios matrimonios, es menos a la nacional, que fue de 31.7.
Según las cifras del Instituto, en 2019 en San Luis Potosí se contabilizaron 3 mil 680 causas de divorcio, de las cuales 2 mil 236 fueron divorcio incausado; 1 mil 354 por mutuo consentimiento; 49 se dieron tras una separación por dos años o más, y 41, por otras causas.
Durante 2019 se registraron 160 mil 107 divorcios, en el país existen dos tipos de trámite de divorcio: administrativo y judicial. Los datos de 2019 indican que 91% (145 mil 705) de ellos, fueron resueltos por vía judicial, mientras que el 9% (14 mil 402) correspondieron a divorcios resueltos por vía administrativa. Los divorcios en el país se han incrementado durante los últimos años, como se puede observar en la tasa nacional de divorcios por cada 10 mil habitantes, al pasar de 11.7 en 2010 a 18.4 en 2019.
Las entidades que registraron las mayores tasas de divorcios por cada 10 000 habitantes en 2019, fueron Campeche con 38.0, Sinaloa con 37.7 y Nuevo León con 37.2; por el contrario, las menores tasas correspondieron a Veracruz de Ignacio de la Llave (5.7), Tlaxcala (8.3) y Chiapas (8.9) divorcios por cada 10 000 habitantes.
En el año 2019, se registraron 159 mil 769 divorcios entre un hombre y una mujer; 146 mil entre hombres y 192 entre mujeres. Conforme avanza el tiempo, los casos con divorciantes del mismo sexo se han ido incrementando. Para los hombres pasó de 55 casos en 2015 a 146 en 2019; en el caso de las mujeres, pasó de 42 divorcios en 2015 a 192 en 2019. En la mayoría de los años, el número de casos entre las mujeres divorciadas es superior al de los hombres.
La causa de divorcio es el motivo expresado por la parte interesada para disolver el vínculo matrimonial, contemplado en el Código Civil de la entidad federativa correspondiente. Entre las tres principales causas de divorcio a nivel nacional se encuentra el incausado con el 63% (100 mil 913), seguido por el de mutuo consentimiento con el 34.7% (55 mil 481) y por la separación por más de 1 año con el 1.4% (2 mil 204). La causa por mutuo consentimiento aplica tanto en los divorcios administrativos como en los judiciales. El comportamiento al interior del país muestra que en 22 entidades federativas la principal causa corresponde al divorcio incausado y en las 10 restantes, al mutuo consentimiento.
Durante el año 2019 de los 145 mil 705 divorcios judiciales registrados en México, el 26.1% tenía un hijo menor de edad, 20.3% contaba con dos hijos, el 7.8% con más de dos, el 43.8% no tenía hijos menores al momento de efectuarse el divorcio y 2% no lo especificó.
Custodia de los hijos
En el 49.6% de los divorcios judiciales, la custodia de los hijos se le asignó a alguno de los divorciantes, en el 43.9%% de los casos no se otorgó a ninguno y en el 4.5% fue concedida a ambos divorciantes, el 2% no lo especificó. Cuando la custodia no se otorga es debido a que no hay hijos menores o ya no dependen de los padres cuando ocurre el divorcio. Tampoco se otorgan la custodia, patria potestad ni la pensión, cuando queda disuelto el vínculo matrimonial, pero queda pendiente algún recurso, lo cual da inicio a otro proceso civil.
Patria potestad
De los divorcios judiciales que se llevaron a cabo durante el año 2019, en 48.6% de los casos, la patria potestad de los hijos le fue otorgada a ambos divorciantes, en 5.5% a alguno de ellos y en 43.9% no se otorgó a ninguno, lo que significa que queda pendiente el otorgamiento de la patria potestad porque no hay un acuerdo entre las partes y se da inicio a otro proceso o cuando no hay hijos menores o no dependen de los padres cuando se efectúa la disolución del matrimonio y en el 2% no se especificó.
Al llevarse a cabo el divorcio, la pensión alimenticia puede asignarse a los hijos, al cónyuge, a ambos o a nadie. En 2019 la pensión alimenticia fue asignada a los hijos en el 50.9% de los casos.
La duración legal del matrimonio es el tiempo transcurrido entre la fecha de celebración del matrimonio y la fecha de resolución o sentencia ejecutoria del divorcio, mientras que la duración social corresponde al periodo entre la fecha del matrimonio y la de presentación de la demanda de divorcio. De acuerdo a los resultados del año estadístico 2019, el 30% de los matrimonios se disolvió legalmente después de 20 años de matrimonio, 47% de los matrimonios legalmente duró entre 6 y 20 años, el 21% tuvo una duración legal entre uno y cinco años, mientras que el 1.5% la duración fue menor a un año.
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El colectivo Cuidadoras Potosinas hace un llamado enérgico tanto al estado, al congreso y al ayuntamiento capitalino para cumplir acuerdos
Por: J. C. Haro
El colectivo Cuidadoras Potosinas planteó que ni el reconocimiento constitucional ni la aprobación del Cabildo de la capital potosina han sido suficientes para que estos avances se traduzcan en políticas públicas concretas.
Mariana Hernández Noriega, dirigente del colectivo, afirmó que la principal demanda es que las autoridades municipales y estatales respeten los compromisos asumidos con las personas cuidadoras y den continuidad a las mesas de trabajo para construir el sistema estatal.
La activista aseguró que el Ayuntamiento de San Luis Potosí no cumplió con la creación del Sistema Municipal de Cuidados, a pesar de que el acuerdo fue aprobado por unanimidad por el Cabildo. Explicó que el colectivo promovió un amparo para exigir el cumplimiento de ese compromiso.
“Le exigimos al Ayuntamiento de San Luis Potosí que cumpla con el Sistema Municipal de Cuidados“.
El colectivo además sostiene que la lucha por el sistema de cuidados no beneficia únicamente a su organización, sino a todas las personas que realizan labores de cuidado en el estado, incluidas madres, hijas cuidadoras y quienes atienden a adultos mayores o familiares con enfermedades o discapacidad.
En el ámbito estatal, el colectivo logró la incorporación del artículo 12 Bis a la Constitución local, que reconoce el derecho a cuidar y a ser cuidado en condiciones dignas. Sin embargo, advirtió que la ley que debe crear el Sistema Estatal de Cuidados
La dirigente explicó que el proceso legislativo continuará a partir de septiembre, cuando el Congreso reanude actividades y se retomen las mesas de trabajo con dependencias estatales para definir el funcionamiento del sistema y el presupuesto necesario para su implementación.
Hernández Noriega informó que el estado enfrenta un cambio demográfico que hará cada vez más urgente contar con una política pública de cuidados. Señaló que San Luis Potosí registra una disminución en la natalidad y un aumento en la población adulta mayor, lo que incrementará la demanda de personas cuidadoras.
“La bronca es quién va a cuidar a esos viejitos, y quién nos va a cuidar”, se preguntó.
Además del cumplimiento de los sistemas municipal y estatal, el colectivo pide ampliar las redes de apoyo para las personas cuidadoras mediante estancias para adultos mayores, empleos de medio tiempo, capacitación y atención psicológica permanente.
La organización afirmó que continuará impulsando la creación de mecanismos institucionales concretos que permitan reconocer y sostener el trabajo de cuidados en San Luis Potosí.
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El alcalde aseguró que hasta ahora no se han detectado operaciones relacionadas con el robo de combustible en el municipio
Por: Redacción
Aunque hasta el momento no se han detectado operaciones relacionadas con el robo y almacenamiento ilegal de combustible en Soledad de Graciano Sánchez, el gobierno municipal mantendrá operativos permanentes para impedir que este delito se establezca en la demarcación, aseguró el alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.
El edil explicó que la estrategia consiste en incrementar la presencia de la Guardia Civil Municipal tanto en la cabecera como en las comunidades, además de mantener la coordinación con fuerzas estatales y federales.
“Es seguir con los recorridos, seguir con la presencia de la Guardia Civil Municipal en todo el municipio”, afirmó.
Navarro señaló que el trabajo conjunto con la Guardia Civil Estatal, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional continuará como parte de las acciones preventivas.
“Justamente es eso, para que no tengamos problemas de este tipo”, indicó.
El alcalde aseguró que la prioridad es evitar que Soledad sea utilizado como punto de almacenamiento o distribución de combustible robado, por lo que los recorridos de vigilancia permanecerán de forma constante.
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La titular de la SCT aseguró que la empresa no completó los requisitos establecidos por la ley, aunque mantiene abiertas las puertas para que lo haga
Por: Redacción
La plataforma de transporte Uber no podrá operar en San Luis Potosí debido a que no concluyó el proceso de regularización previsto por la legislación estatal, informó Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
La funcionaria explicó que la empresa recibió el memorándum correspondiente para iniciar el trámite, sin embargo, no cumplió con los pasos necesarios para obtener la autorización.
“No terminó con su trámite. Se les entregó el memorándum para que realizaran su pago y dieran inicio a su procedimiento en términos de ley, entregando los datos de sus operadores y acudiendo a las capacitaciones que establece la normatividad. La realidad es que no cumplieron con ninguno de estos requisitos“, declaró.
Martínez Acosta señaló que la dependencia mantiene disposición para que Uber complete el procedimiento y pueda operar conforme a la ley, por lo que descartó que exista una postura de persecución hacia la empresa.
“No es un tema de persecución ni de cacería. Al contrario, buscamos que ellos mismos nos ayuden a que la empresa cumpla con la legalidad y con todo lo que establecen las leyes locales”, afirmó.
La secretaria agregó que incluso han sostenido reuniones con algunos operadores interesados en prestar el servicio mediante la plataforma,
Asimismo, sostuvo que el incumplimiento de la empresa deja a los propios conductores en una situación de vulnerabilidad, al no contar con las condiciones legales previstas por la normativa estatal.
“Es la empresa la que no cumple con lo que las leyes locales establecen y eso deja a los operadores en estado de indefensión”, señaló.
Respecto a la llegada de nuevas plataformas digitales al estado, Martínez Acosta consideró que la competencia representa una oportunidad para mejorar la calidad del servicio de transporte.
“Hoy el gremio del taxismo entiende que la competencia es buena. Ellos estarán tratando de mejorar y brindar un mejor servicio, mientras que la ciudadanía podrá elegir la opción que considere más conveniente”, comentó.
La titular de la SCT reiteró que, mientras Uber no complete el procedimiento administrativo y cumpla con las obligaciones previstas en la ley, la plataforma no podrá prestar el servicio de transporte en San Luis Potosí.
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