diciembre 5, 2025

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México

¿Qué se necesita para que se apruebe el aumento de 12 días de vacaciones en México?

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Aunque la iniciativa ya fue aprobada en el Senado, aún tiene un camino extenso por recorrer

Por: Ana G Silva

El pasado 3 de noviembre la Cámara de Senadores avaló cambios a los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo para aumentar a 12 días de vacaciones a partir de su primer año laboral, con un incremento paulatino hasta llegar a los 32 días de descanso por 35 años de servicio en la misma empresa, por lo que el dictamen fue enviado a la Cámara de Diputados, que tendrá la última palabra para materializar la propuesta. La Orquesta recopiló información de lo que trata dicha iniciativa, qué se necesita para ser aprobada y cuándo ocurriría.

La propuesta, llamada “Vacaciones dignas”, necesita tener la mayoría de votos de los legisladores presentes en la Cámara de Diputados y, de acuerdo con el diario nacional Infobae, se espera que quede aprobada en este periodo ordinario de sesiones, es decir el 18 de diciembre, pues Sergio Barrera, diputado federal de Movimiento Ciudadano (MC), dijo que ya se llegaron a acuerdos con los demás partidos políticos para que sea ratificada a la brevedad.

De ser aprobada, la reforma entrará en vigor el 1 de enero de 2023 o al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, si se diera después de esta fecha por parte del Ejecutivo Federal. Mientras que las modificaciones de este decreto “serán aplicables a los contratos individuales o colectivos de trabajo vigentes a la fecha de su entrada en vigor, cualquiera que sea su forma o denominación, siempre que resulten más favorables a los derechos de las personas trabajadoras”, se menciona en el artículo.

Aunque se apruebe el aumento a las vacaciones, México todavía sería uno de los países que menos días de descanso otorga, pues se posicionaría a lado de Paraguay, Guyana y Surinam; solo por arriba de Belice, Costa Rica, Honduras y Jamaica que dan 10.

En el mes de julio, la senadora Patricia Mercado propuso que las y los trabajadores mexicanos gocen de al menos 12 días de vacaciones al año y no seis, como lo indica la legislación actual, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la clase trabajadora, pues sostuvo que seis días, de los 365 que tiene el año, no bastan para poder satisfacer las necesidades mínimas de descanso; asimismo, ponderó que 12 días no afectarían la productividad en las empresas.

En caso de aprobarse la iniciativa, las vacaciones se ampliarían a 12 días a partir del primer año completo laborado, cada año adicional de trabajo el periodo de descanso aumentará 2 días hasta llegar a 20 y a partir del sexto año el periodo de vacaciones aumentará en dos días por cada cinco de servicios, por lo que podría llegar a 32 días al año, al cumplir 35 años de trabajo.

La reforma a la Ley Federal del Trabajo también contempla otros puntos como: que la duración de la jornada laboral sea de siete horas la diurna, siete horas la nocturna y seis y media horas la mixta; incrementar el permiso de paternidad a 20 días laborales con goce de sueldo para los trabajadores que acaban de tener y adoptar un bebé; también que los menores de 18 años tendrán derecho a un periodo anual de 18 días de descanso pagados.

Esta iniciativa ha generado que el sector privado haya manifestado su descontento y han pedido ser incluidos en el análisis para este aumento de vacaciones a las y los mexicanos antes de que se tome una decisión, como señaló la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) que en un comunicado indicó que “la propuesta del sector empresarial es que la aplicación de la reforma sea progresiva para que en 2023 se otorguen nueve días y para 2024, 12 días”

La Orquesta buscó a las empresas con mayor número de trabajadores y trabajadoras en San Luis Potosí para conocer su postura sobre la propuesta, y estas fueron ambiguas en sus posicionamientos o sencillamente se negaron a hacerlo.El área de prensa de Dräxlmaier, que cuenta con más de 10 mil empleados en el estado, respondió así a nuestra solicitud de información: “Estamos a la espera de una publicación en el Diario Oficial de la Federación”.

La armadora alemana BMW, empresa que ha presumido tener un fuerte vínculo con la ciudad, dijo que siguen de cerca la iniciativa en el Senado de la República para ampliar el periodo de vacaciones y, según sea necesario, tomará las medidas correspondientes:

“BMW Group Planta San Luis Potosí reitera su compromiso por establecerse como centro laboral que brinda opciones que contribuyan a lograr el mejor equilibrio entre trabajo y la vida privada de nuestros colaboradores”, se menciona en una respuesta enviada a este medio.

Las empresas no fueron claras al especificar su postura de estar a favor o en contra de la propuesta de ampliación de vacaciones o si esto llegaría a afectar de algún modo su esquema de trabajo.

Por su parte, los representantes de las principales centrales obreras y sindicatos del país enviaron una carta a Alejandro Armenta Mier (Morena), presidente del Senado, para manifestar su apoyo a la reforma para ampliar las vacaciones y pedir que no se pospusiera más la discusión del dictamen.

“Las organizaciones sindicales firmantes manifestamos nuestra inconformidad ante la interrupción del proceso parlamentario para aprobar la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de vacaciones. En efecto, tras haber sido aprobada en comisiones la iniciativa fue congelada sin justificación alguna cuando únicamente hacía falta su discusión y aprobación por el pleno del Senado de la República”, se expresa en el documento firmado por Carlos Aceves del Olmo, líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM); Rodolfo González Guzmán, de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM); Isaías González Cuevas, de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC); Reyes Soberanis Moreno, del Congreso del Trabajo, y Francisco Hernández Juárez, de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT).

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México

Avalan diputados Ley General de Aguas; blindan herencia de derechos y criminalizan corrupción hídrica

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 ​”El agua sí va pegada a la tierra”, confirma en exclusiva el diputado Oscar Bautista tras negociación política que destrabó parte del conflicto.

​Por Roberto Mendoza

​Tras una extenuante jornada de más de 25 horas ininterrumpidas, calificada como difícil y por momentos ríspida, la Cámara de Diputados aprobó este jueves la expedición de la nueva Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales. La sesión, que inició el miércoles 3 de diciembre a las 13:45 horas y concluyó hoy jueves 4 a las 14:10, culminó con una votación en lo particular de 324 votos a favor, 118 en contra y 2 abstenciones, validando un nuevo marco jurídico que elimina el mercado de concesiones entre particulares pero mantiene la certeza jurídica para el sector agropecuario tras intensas negociaciones de última hora.

​En entrevista exclusiva para La Orquesta, el diputado federal potosino Oscar Bautista Villegas, quien fungió como enlace clave entre los productores movilizados y la Junta de Coordinación Política, detalló los acuerdos alcanzados para destrabar el conflicto social y evitar la confrontación. Bautista reveló que gestionó directamente con los líderes parlamentarios Pedro Haces y Reginaldo Sandoval y su coordinador del partido verde, varias mesas de diálogo que permitieron blindar el patrimonio campesino, y leyó textualmente el artículo 49 que consagra el binomio agua-tierra: “En la transmisión de la propiedad de terrenos para uso agrícola, pecuario o forestal, se transmitirá conjuntamente el título de concesión de las aguas nacionales que ampare el volumen necesario para el riego de la superficie de que se trate”, confirmando que el derecho al agua no podrá ser separado de la propiedad de la tierra.

​Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la mayoría parlamentaria, presentó una reserva firmada por los líderes de la coalición oficialista para desmentir lo que calificó como “mitos” sobre la expropiación de pozos y la prohibición de heredar. Las modificaciones aprobadas al dictamen original rectificaron el artículo 22 para garantizar que los derechos sucesorios y las transmisiones por herencia sean respetados mediante un trámite administrativo expedito; asimismo, se endureció drásticamente el castigo a la corrupción burocrática, elevando de 8 a 14 años la pena de prisión para los servidores públicos que soliciten dádivas a cambio de agilizar trámites o registrar títulos de concesión irregulares.

​El nuevo ordenamiento jurídico también contempla un programa de transición para regularizar cerca de 40 mil pozos en zonas de libre alumbramiento, otorgándoles título de concesión en lugar de clausurarlos, y tipifica por primera vez como delito penal el “huachicoleo” de agua con sanciones de cárcel, aunque exenta de castigo penal el desvío de cauces cuando sea estrictamente para autoconsumo doméstico o abrevadero de ganado, protegiendo así a la economía de subsistencia.

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Anuncia Sheinbaum reubicación de 354 familias en la alcaldía Gustavo A. Madero

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Edna Elena Vega Rangel, detalló que la reubicación se llevó a cabo luego de un deslizamiento que se presentó en la zona

 

Por: Redacción

Desde la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la entrega de escrituras a 354 familias que fueron reubicadas del Chiquihuite, en la alcaldía Gustavo A. Madero, como parte de un compromiso que hizo durante su gestión como jefa de Gobierno en la Ciudad de México.

“Vamos a tener un enlace muy rápido con Edna Vega, la secretaria de Sedatu; la jefa de Gobierno (Clara Brugada), y el alcalde de la Gustavo A. Madero (Janecarlo Lozano), por la inauguración de unas viviendas de una reubicación de una zona de alto riesgo, que se hizo cuando yo era Jefa de Gobierno y que ahora estamos finalmente inaugurando”, explicó la Jefa del Ejecutivo Federal.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, detalló que la reubicación se llevó a cabo luego de un deslizamiento que se presentó en la zona el 10 de septiembre de 2021, por ello, tras un proceso de diálogo con las y los habitantes, 210 viviendas fueron ubicadas en Tlalnepantla, Estado de México, y 144 en la Alcaldía Gustavo A. Madero.

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Ernestina Godoy asume la titularidad de la Fiscalía General de la República por nueve años

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El Pleno del Senado aprobó con 97 votos la designación de la ex consejera jurídica en una sesión marcada por la confrontación legislativa

Por: Roberto Mendoza

El Senado de la República designó este miércoles a Ernestina Godoy Ramos como la nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR) para un periodo de nueve años. Con una votación por cédula que arrojó 97 sufragios a favor, 19 en contra y 11 nulos, se alcanzó la mayoría calificada necesaria para avalar la propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dentro de la terna finalista. La ex fiscal capitalina rindió protesta de ley de manera inmediata ante el Pleno, asumiendo el control formal de la institución encargada de la procuración de justicia federal.

​La sesión se desarrolló en un ambiente ríspido donde las fuerzas políticas debatieron sobre la idoneidad de los perfiles y la independencia institucional. La terna, integrada también por Luz María Zarza Delgado y Maribel Bojorges Beltrán, fue procesada por la Comisión de Justicia antes de llegar al Pleno. Durante la discusión, el bloque de oposición centró sus críticas en la transición directa de Godoy desde la Consejería Jurídica

de la Presidencia hacia la Fiscalía, señalando preocupaciones sobre la autonomía técnica del organismo frente al Poder Ejecutivo.

​En su intervención posterior a la toma de protesta, Godoy Ramos delineó los objetivos centrales de su gestión, comprometiéndose a una reorganización interna con perspectiva de derechos humanos. La funcionaria aseguró que su administración no fabricará culpables ni ejercerá persecución política, pero subrayó que se aplicará la ley con rigor para evitar la impunidad. Su perfil, que combina experiencia en la fiscalía local de la Ciudad de México y en la administración pública federal, fue defendido por la mayoría legislativa como la opción necesaria para coordinar la política criminal del Estado.

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