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Proponen proceso para Declaración de Ausencia por Desaparición en SLP
La diputada Sonia Mendoza presentó una iniciativa para regular la emisión de la Declaratoria de Ausencia por Desaparición de personas en la entidad
Por: José Luis Vázquez
La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de San Luis Potosí, Sonia Mendoza Díaz, presentará una iniciativa que busca crear la Ley que Regula el Procedimiento para la emisión de la Declaratoria de Ausencia por Desaparición de personas en la entidad.
Aunque la legisladora aclaró que ya existe una Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas, en el estado de San Luis Potosí no se ha adecuado y por lo tanto tampoco cumplido con los ordenamientos jurídicos y reglamentarios correspondientes.
En ese sentido, la congresista justificó su iniciativa: “nuestra entidad ha sido omisa en armonizar exposiciones conforme lo mandata la ley, colocando las víctimas en plena indolencia y revictimizadas frente a la ausencia y omisiones del estado donde las víctimas se han manifestado en la urgencia de presentación de esta propuesta”.
Además, agregó: “es necesario y urgente que se lleve a cabo la expedición de esta nueva ley en el menor tiempo posible para que el Estado no siga incurriendo en responsabilidades frente a los familiares como víctimas”.
De acuerdo con la información proporcionada en la Gaceta Parlamentaria, dicha ley constará de cuatro capítulos y 32 artículos, en las que se especifica, entre otras cosas, lo siguiente:
- Que la emisión de la Declaratoria Especial de Ausencia no podrá exceder el plazo de seis meses.
- Que dicho procedimiento se rige por los principios de: celeridad, gratuidad, igualdad y no discriminación, inmediatez, perspectiva de género, interés superior de la niñez, máxima protección y presunción de vida.
- Que el procedimiento de Declaración Especial de Ausencia podrá solicitarse después de los tres meses de que se haya hecho la denuncia de desaparición.
- Si la persona que solicita la declaración especial de ausencia pertenece a una comunidad o pueblo indígena o sea extranjera, se proporcionará de oficio, una persona traductora o intérprete.
¿En qué consiste la Declaratoria de Ausencia por Desaparición?
En un artículo publicado en el diario El Economista, Gabino González Santos define dicho instrumento como una garantía para “la conservación de la patria potestad 
La ley prevé que la declaración protegerá los derechos laborales de las personas desaparecidas a quienes se les tendrá en situación de permiso sin goce de sueldo. En caso de aparecer, se les deberá reinstalar y recuperarán su posición, escalafón y derechos de antigüedad y a quienes sean beneficiarios se les reconocerán y conservarán los derechos de seguridad social. Se prevén otras medidas de protección como, por ejemplo, la suspensión de pagos con motivo de créditos de vivienda”.
También indica que, según la normativa federal, “quienes pueden solicitar la emisión de la declaración ante un juez federal son los familiares o sus representantes legales, quienes tengan una relación sentimental afectiva y cotidiana con la persona desaparecida, el Ministerio Público a solicitud de los familiares y el asesor jurídico. Este procedimiento podrá formularse a partir de los tres meses de que se hubiere hecho la denuncia de desaparición. Se contempla la posibilidad de que se dicten medidas cautelares sobre la guarda y custodia, alimentos, patria potestad, uso de la vivienda y aquellas necesidades específicas que la autoridad jurisdiccional advierta de la propia solicitud”.
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La consejera presidenta Paloma Blanco confirmó que ambos expedientes ya se encuentran en revisión jurídica; uno corresponde a la Huasteca Potosina
Por: Redacción
El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) mantiene en análisis dos denuncias formales por presuntos actos anticipados de campaña e infracciones a la legislación electoral, informó su consejera presidenta, Paloma Blanco López.
La funcionaria explicó que ambos asuntos ya fueron turnados al área jurídica para su revisión, aunque evitó adelantar posibles resoluciones debido a que los expedientes aún se encuentran en etapa de análisis.
Uno de los procedimientos corresponde a un caso registrado en la Huasteca Potosina, mientras que el segundo se refiere a un asunto de carácter local, detalló la presidenta del organismo electoral.
Blanco López precisó que las eventuales sanciones dependerán de los resultados de la investigación y de si se acredita alguna infracción a la normatividad vigente.
La consejera recordó que actualmente San Luis Potosí no se encuentra en periodo electoral formal,
Explicó que la legislación contempla desde sanciones administrativas hasta restricciones para participar en futuros procesos electorales, particularmente en casos relacionados con violencia política en razón de género, además de posibles conductas que pudieran constituir delitos electorales y ser investigadas por la fiscalía especializada.
Las declaraciones fueron realizadas al término de una reunión entre autoridades electorales, legislativas y representantes del Poder Ejecutivo para analizar propuestas de reforma electoral, encuentro en el que, según Blanco López, no se abordaron temas presupuestales ni de financiamiento para futuros procesos comiciales.
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El DIF Municipal reportó una alta demanda de servicios psicológicos, neuropsicológicos y psiquiátricos en el Centro Histórico
Por: Redacción
El Centro de Salud Mental del DIF Municipal de San Luis Potosí atiende diariamente entre 25 y 35 personas en sus turnos matutino y vespertino, informó la presidenta del organismo, Estela Arriaga Márquez.
La funcionaria explicó que la creación del centro respondió a la necesidad detectada por el área de Psicología y Prevención del DIF, que identificó una creciente demanda de atención especializada no solo psicológica, sino también psiquiátrica.
Arriaga reconoció que existe una fuerte demanda de estos servicios en la capital potosina y consideró que sería positivo ampliar la cobertura con más espacios de atención en salud mental.
Actualmente, el centro brinda consultas psicológicas, neuropsicológicas y psiquiátricas a usuarios que acuden en busca de atención especializada.
Además del Centro de Salud Mental, el DIF Municipal mantiene servicios médicos a través de cinco centros de salud ubicados en distintos centros comunitarios y mediante la Ruta de la Salud, programa itinerante que visita colonias de la ciudad para acercar consultas y estudios médicos a la población.
También lee: Amexme reconoce trabajo de Estela Arriaga al frente del DIF
La presidenta del TEESLP, Dennise Porras, recordó que solo 15 de los 59 municipios del estado son gobernados por mujeres
Por: Redacción
Dennise Adriana Porras Guerrero, presidenta del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEESLP), consideró que uno de los principales desafíos rumbo al proceso electoral de 2027 será garantizar el cumplimiento efectivo del principio de paridad de género, especialmente en los gobiernos municipales.
Al realizar un balance de las enseñanzas que dejó la reciente elección judicial y los retos que enfrentará el sistema electoral en los próximos años, la magistrada señaló que aún existe una deuda importante en materia de representación política de las mujeres.
Porras Guerrero recordó que actualmente solo 15 de los 59 municipios de San Luis Potosí son gobernados por mujeres, por lo que consideró necesario fortalecer no solo las reglas de paridad en las postulaciones, sino también los mecanismos que permitan que las mujeres accedan y permanezcan en estos cargos.
“Todavía tenemos una deuda pendiente sobre todo en lo que tiene que ver con municipios”, expresó.
La presidenta del Tribunal Electoral también destacó el avance registrado a nivel nacional, donde actualmente 14 entidades federativas son gobernadas por mujeres, una cifra que calificó como inédita. En ese sentido, consideró que para el próximo proceso electoral debe mantenerse, al menos, el nivel de representación femenina que actualmente existe en las gubernaturas del país.
Además de la paridad, señaló que otros temas prioritarios serán la inclusión y representación de grupos históricamente vulnerables, entre ellos pueblos y comunidades indígenas, personas de la diversidad sexual y los casos relacionados con usurpación de identidad de género en candidaturas.
La magistrada indicó que algunas de estas cuestiones podrían incorporarse dentro de las reformas político-electorales que actualmente se analizan, aunque advirtió que, de no concretarse por la vía legislativa, podrían ser abordadas mediante criterios administrativos o resoluciones jurisdiccionales.
Finalmente, Porras Guerrero destacó la necesidad de fortalecer el sistema de justicia electoral y reforzar la información dirigida a la ciudadanía ante la complejidad que representarán las próximas elecciones, donde coexistirán distintos cargos locales y federales.
“Tenemos una corresponsabilidad institucional para que la ciudadanía llegue informada a votar”, concluyó.
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