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Proponen proceso para Declaración de Ausencia por Desaparición en SLP
La diputada Sonia Mendoza presentó una iniciativa para regular la emisión de la Declaratoria de Ausencia por Desaparición de personas en la entidad
Por: José Luis Vázquez
La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de San Luis Potosí, Sonia Mendoza Díaz, presentará una iniciativa que busca crear la Ley que Regula el Procedimiento para la emisión de la Declaratoria de Ausencia por Desaparición de personas en la entidad.
Aunque la legisladora aclaró que ya existe una Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas, en el estado de San Luis Potosí no se ha adecuado y por lo tanto tampoco cumplido con los ordenamientos jurídicos y reglamentarios correspondientes.
En ese sentido, la congresista justificó su iniciativa: “nuestra entidad ha sido omisa en armonizar exposiciones conforme lo mandata la ley, colocando las víctimas en plena indolencia y revictimizadas frente a la ausencia y omisiones del estado donde las víctimas se han manifestado en la urgencia de presentación de esta propuesta”.
Además, agregó: “es necesario y urgente que se lleve a cabo la expedición de esta nueva ley en el menor tiempo posible para que el Estado no siga incurriendo en responsabilidades frente a los familiares como víctimas”.
De acuerdo con la información proporcionada en la Gaceta Parlamentaria, dicha ley constará de cuatro capítulos y 32 artículos, en las que se especifica, entre otras cosas, lo siguiente:
- Que la emisión de la Declaratoria Especial de Ausencia no podrá exceder el plazo de seis meses.
- Que dicho procedimiento se rige por los principios de: celeridad, gratuidad, igualdad y no discriminación, inmediatez, perspectiva de género, interés superior de la niñez, máxima protección y presunción de vida.
- Que el procedimiento de Declaración Especial de Ausencia podrá solicitarse después de los tres meses de que se haya hecho la denuncia de desaparición.
- Si la persona que solicita la declaración especial de ausencia pertenece a una comunidad o pueblo indígena o sea extranjera, se proporcionará de oficio, una persona traductora o intérprete.
¿En qué consiste la Declaratoria de Ausencia por Desaparición?
En un artículo publicado en el diario El Economista, Gabino González Santos define dicho instrumento como una garantía para “la conservación de la patria potestad 
La ley prevé que la declaración protegerá los derechos laborales de las personas desaparecidas a quienes se les tendrá en situación de permiso sin goce de sueldo. En caso de aparecer, se les deberá reinstalar y recuperarán su posición, escalafón y derechos de antigüedad y a quienes sean beneficiarios se les reconocerán y conservarán los derechos de seguridad social. Se prevén otras medidas de protección como, por ejemplo, la suspensión de pagos con motivo de créditos de vivienda”.
También indica que, según la normativa federal, “quienes pueden solicitar la emisión de la declaración ante un juez federal son los familiares o sus representantes legales, quienes tengan una relación sentimental afectiva y cotidiana con la persona desaparecida, el Ministerio Público a solicitud de los familiares y el asesor jurídico. Este procedimiento podrá formularse a partir de los tres meses de que se hubiere hecho la denuncia de desaparición. Se contempla la posibilidad de que se dicten medidas cautelares sobre la guarda y custodia, alimentos, patria potestad, uso de la vivienda y aquellas necesidades específicas que la autoridad jurisdiccional advierta de la propia solicitud”.
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Tanto esta obra como la rehabilitación del Parque de Morales se mantienen detenidas por un amparo promovido por la asociación Cambio de Ruta
Por: Redacción
Al ser cuestionada sobre las obras de ampliación del Río Santiago, Leticia Vargas Tinajero, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), señaló que esperan poder retomar las obras en este mes de enero.
Los trabajos llevan casi un año detenidos, después de que en el mes de abril, una jueza federal autorizara un amparo promovido por la asociación civil Cambio de Ruta, argumentando una falta de cumplimiento en la normativa ambiental del proyecto, principalmente por la tala de árboles.
Vargas Tinajero aseguró que se mantienen en pláticas constantes con la constructora a cargo del proyecto para poder reanudarlo a la brevedad, después de que se quedara detenido en la parte del colector pluvial.
Otra de las obras que fue frenada fue la rehabilitación del Parque de Morales, la cual también se detuvo por un amparo promovido por Cambio de Ruta, bajo el argumento de que no se respetaron los derechos de participación ciudadana y el acceso a la información ambiental.
Al respecto, la titular de la Seduvop indicó que el amparo se mantiene vigente, y al establecer que no se puede tocar ninguna naturaleza del parque, están prácticamente frenados y a la espera de la resolución del juzgado.
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La Sedeco afirmó que la entidad ofrece sueldos atractivos tanto para personal operativo como para altos directivos
Por: Redacción
La Zona Industrial de San Luis Potosí se mantiene como una de las mejor remuneradas del país, lo que ha sido un factor clave para su crecimiento y consolidación, afirmó Jesús Salvador González, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).
El funcionario destacó que el nivel salarial que se ofrece en el estado es altamente competitivo tanto para personal operativo como para puestos de directivos gracias a la calidad y capacitación de la mano de obra.
Detalló que en San Luis Potosí existe una amplía oferta de sueldos que van desde salarios atractivos para personal operativo
“Contamos con salarios muy competitivos, tanto para altos directivos como para el personal operativo, que es personal muy calificado”, puntualizó.
Finalmente, subrayó que estas condiciones salariales fortalecen la competitividad del estado y lo posicionan como nuevo destino para nuevas inversiones, además de impulsar el desarrollo económico y laboral de San Luis Potosí.
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El anuncio de Donald Trump establece un nuevo protocolo en la política exterior hacia México y los países de latinoamérica
Por: Roberto Mendoza
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció esta noche durante una entrevista con la cadena Fox News su intención de iniciar operaciones militares por tierra contra los cárteles de la droga en territorio mexicano.
En la conversación conducida por el periodista Sean Hannity, el mandatario sostuvo que su administración ha logrado neutralizar las rutas marítimas de tráfico de narcóticos, lo que motiva un cambio de estrategia operativa hacia la intervención terrestre. Esta declaración se produce tras una serie de operativos estadounidenses en la región del Caribe que culminaron en la detención de Nicolás Maduro en Venezuela.
El titular del ejecutivo estadounidense declaró textualmente: “Hemos erradicado el 97 por ciento de las drogas que entran por agua y ahora vamos a empezar a atacar por tierra; en cuanto a los cárteles, los cárteles controlan México“. Trump fundamentó la necesidad de estas acciones en el volumen de fallecimientos registrados en su país, los cuales atribuyó directamente a la actividad de las organizaciones criminales mexicanas.
Según sus propias afirmaciones, estos grupos causan la muerte de entre “250 mil y 300 mil personas” cada año en Estados Unidos, declaraciones que el mandatario emitió sin proporcionar un fundamento estadístico o una base documental clara durante la transmisión.
La justificación oficial de la Casa Blanca para este posible despliegue se apoya en la clasificación de los grupos delictivos como amenazas críticas a la seguridad nacional y su designación bajo marcos legales de combate al terrorismo.
El contexto de esta postura incluye la reciente captura de Nicolás Maduro en Venezuela, hecho que la administración utiliza como referencia de su capacidad operativa para ejecutar acciones en el extranjero.
El anuncio de Donald Trump establece un nuevo protocolo en la política exterior hacia México y los países de latinoamérica, condicionado por la interpretación de la presidencia estadounidense sobre el control territorial de los cárteles y la urgencia de detener el flujo de fentanilo por canales terrestres mediante el uso de fuerza militar.
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