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Proponen proceso para Declaración de Ausencia por Desaparición en SLP
La diputada Sonia Mendoza presentó una iniciativa para regular la emisión de la Declaratoria de Ausencia por Desaparición de personas en la entidad
Por: José Luis Vázquez
La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de San Luis Potosí, Sonia Mendoza Díaz, presentará una iniciativa que busca crear la Ley que Regula el Procedimiento para la emisión de la Declaratoria de Ausencia por Desaparición de personas en la entidad.
Aunque la legisladora aclaró que ya existe una Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas, en el estado de San Luis Potosí no se ha adecuado y por lo tanto tampoco cumplido con los ordenamientos jurídicos y reglamentarios correspondientes.
En ese sentido, la congresista justificó su iniciativa: “nuestra entidad ha sido omisa en armonizar exposiciones conforme lo mandata la ley, colocando las víctimas en plena indolencia y revictimizadas frente a la ausencia y omisiones del estado donde las víctimas se han manifestado en la urgencia de presentación de esta propuesta”.
Además, agregó: “es necesario y urgente que se lleve a cabo la expedición de esta nueva ley en el menor tiempo posible para que el Estado no siga incurriendo en responsabilidades frente a los familiares como víctimas”.
De acuerdo con la información proporcionada en la Gaceta Parlamentaria, dicha ley constará de cuatro capítulos y 32 artículos, en las que se especifica, entre otras cosas, lo siguiente:
- Que la emisión de la Declaratoria Especial de Ausencia no podrá exceder el plazo de seis meses.
- Que dicho procedimiento se rige por los principios de: celeridad, gratuidad, igualdad y no discriminación, inmediatez, perspectiva de género, interés superior de la niñez, máxima protección y presunción de vida.
- Que el procedimiento de Declaración Especial de Ausencia podrá solicitarse después de los tres meses de que se haya hecho la denuncia de desaparición.
- Si la persona que solicita la declaración especial de ausencia pertenece a una comunidad o pueblo indígena o sea extranjera, se proporcionará de oficio, una persona traductora o intérprete.
¿En qué consiste la Declaratoria de Ausencia por Desaparición?
En un artículo publicado en el diario El Economista, Gabino González Santos define dicho instrumento como una garantía para “la conservación de la patria potestad 
La ley prevé que la declaración protegerá los derechos laborales de las personas desaparecidas a quienes se les tendrá en situación de permiso sin goce de sueldo. En caso de aparecer, se les deberá reinstalar y recuperarán su posición, escalafón y derechos de antigüedad y a quienes sean beneficiarios se les reconocerán y conservarán los derechos de seguridad social. Se prevén otras medidas de protección como, por ejemplo, la suspensión de pagos con motivo de créditos de vivienda”.
También indica que, según la normativa federal, “quienes pueden solicitar la emisión de la declaración ante un juez federal son los familiares o sus representantes legales, quienes tengan una relación sentimental afectiva y cotidiana con la persona desaparecida, el Ministerio Público a solicitud de los familiares y el asesor jurídico. Este procedimiento podrá formularse a partir de los tres meses de que se hubiere hecho la denuncia de desaparición. Se contempla la posibilidad de que se dicten medidas cautelares sobre la guarda y custodia, alimentos, patria potestad, uso de la vivienda y aquellas necesidades específicas que la autoridad jurisdiccional advierta de la propia solicitud”.
Incompleto e impreciso, el marco jurídico de la Guardia Nacional: Vera
Estos trabajos contra el grafiti son permanentes y se suman a otras acciones del programa “Centro Histórico, Corazón de San Luis”
Por: Redacción
Al continuar las acciones impulsadas por el alcalde Enrique Galindo para rescatar el esplendor del primer cuadro de la ciudad, personal de Servicios Municipales intervino en 6 puntos de esta zona para eliminar el grafiti.
La dependencia informó que como parte del programa Centro Histórico: Corazón de San Luis, personal del área de Imagen Urbana utilizó equipo especial para limpiar espacios grafiteados en la calle Iturbide, esquina con 5 de Mayo.
Igualmente, las cuadrillas intervinieron en dos lugares de la calle Guerrero, frente al número 430 y frente al 550; en la calle Aldama en la Plaza de la Mujer; en Iturbide frente al 515; en Los Bravo frente al 180 y frente al 155.
Señaló que estos trabajos contra el grafiti son permanentes y se suman a otras acciones del programa “Centro Histórico, Corazón de San Luis”, como la rehabilitación integral de la Plaza de Armas, el mejoramiento de calles y el ordenamiento vial con la habilitación de espacios exclusivos para motociclistas, entre otras.
Las mujeres representan una fracción menor de la población carcelaria en San Luis Potosí, lo que se refleja en los números de cada evento de preliberación
Por: Redacción
Nohemi Proal Huerta, secretaria Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública, aclaró que las preliberaciones en San Luis Potosí no se otorgan con cuotas de género ni se concentran en un solo centro penitenciario: el criterio es exclusivamente la situación procesal de cada persona privada de libertad (PPL).
La funcionaria respondió así a cuestionamientos sobre si existirían eventos de preliberación exclusivos para el penal femenino de Xolol, donde la presencia de mujeres beneficiadas ha sido notoriamente baja en ejercicios anteriores.
“No nos basamos en que sean más hombres o más mujer es. De hecho, la población femenina dentro de los centros es mucho menor a la de los hombres
La secretaria explicó que cada evento de preliberación aplica al universo total de PPL en todos los centros del estado — no a un penal en específico — y que el beneficio se otorga a quienes cumplen los requisitos de acuerdo a su proceso, independientemente del género.
Sobre el evento más reciente, Proal Huerta reconoció que las mujeres fueron la menor parte de las beneficiadas, aunque sostuvo que el resultado fue “mucho más equilibrado que otros”.
También lee: Guardia Civil actuó por orden judicial en desalojo de Tampamolón: Jesús Juárez
Desalojos de este tipo —ordenados por jueces civiles y mercantiles— ocurren dos o tres veces al día en la entidad, según el funcionario responsable de seguridad estatal
Por: Redacción
Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de San Luis Potosí, afirmó que la participación de la Guardia Civil Estatal en el desalojo de familias indígenas en el predio La Peña de Tampamolón fue realizada como “apoyo” a una orden judicial de restitución de inmueble emanada de un juzgado civil, y que la corporación actúa conforme a “fundamento legal” sin conocer los expedientes específicos de cada caso.
En respuesta a cuestionamientos sobre la intervención de la corporación en el desalojo, que circuló en redes sociales con denuncias de agresiones, detenciones y daños, Juárez Hernández precisó que la Guardia Civil no fue convocada de oficio sino mediante solicitud formal de la autoridad judicial. “No fuimos convocados mediante oficio para apoyar nada más”, dijo durante la entrevista.
El funcionario sostuvo que la corporación cumple un rol limitado en estos operativos: ejecutar la orden sin intervenir en la evaluación de los expedientes civiles que la originan. “No conocemos el expediente, solamente cumplimos con el ordenamiento”, afirmó Juárez Hernández, al reiterar que desconoce el trasfondo específico del desalojo en Tampamolón.
Según el titular de Seguridad, los desalojos con apoyo de fuerzas públicas —ya sean municipales, estatales o de la Policía de Investigación— son procedimientos recurrentes en la entidad. “Son de recurrentes, dos o tres diarias
Juárez Hernández justificó la presencia de fuerzas de seguridad en estos actos como medida preventiva ante posibles conflictos entre los actores involucrados. “Precisamente por eso es necesaria la presencia de la fuerza pública para evitar que los actores entren en conflicto“, comentó, aunque aclaró nuevamente que la corporación no revisa ni participa en la decisión judicial que origina el desalojo.
El contexto del desalojo en Tampamolón incluye denuncias en redes sociales de presuntas agresiones, detenciones y daños a viviendas, según reportaron habitantes de la comunidad que identificaron a las familias desalojadas como indígenas náhuatl y tének. La participación de la fuerza pública en estos conflictos agrarios ha generado cuestionamientos sobre represión y supervisión de las corporaciones.
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