Con esto, se busca por una parte, eliminar el uso de lenguaje masculino genérico que resulta sexista y discriminatorio.

En Sesión Ordinaria, se aprobó el dictamen que reforma el artículo 67 en sus fracciones, IV, V, VI, VII, VIII, X, y XI, y en sus párrafos, tercero, cuarto, quinto y sexto de la Ley de Archivos para el Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de establecer el lenguaje incluyente.

Con esto, se busca por una parte, eliminar el uso de lenguaje masculino genérico que resulta sexista y discriminatorio, para sustituirlo por un lenguaje incluyente; y por otra parte busca actualizar la denominación de la entidad de fiscalización superior del Congreso del Estado, es decir, el Instituto de Fiscalización Superior del Estado.

También, se establece concordancia con la Constitución Federal,

A las comisiones legislativas, se turnó la correspondencia enviada por entes autónomos; Ayuntamientos; y particulares; además de las iniciativas y Punto de Acuerdo planteadas por las y los integrantes de la LXIII Legislatura y ciudadanas y ciudadanos.

En Asuntos Generales, se aprobó por unanimidad, la designación del Licenciado Iván Alejandro Alarcón Villegas como Coordinador General de Servicios Parlamentarios, por el periodo del 02 de mayo al 14 de septiembre de 2024. El funcionario rindió protesta de ley.

Lee también: Candidaturas panistas siguen firmes: Enrique Dahud

Existe la necesidad de dar seguimiento a situaciones donde muchas de las veces al presentar sus denuncias es un riesgo

Por: Redacción

La Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado, analiza la iniciativa de reforma a la Ley para la Protección de Personas que Intervienen en el Proceso Penal en el Estado de San Luis Potosí, con el fin de elevar a Dirección de Cumplimiento de las Medidas de Protección el actual Centro de Protección, estipulado en dicha ley, como un órgano permanente de la Fiscalía General del Estado.

En la exposición de motivos, se indica que existe la necesidad de atender y brindar a las y los potosinos el seguimiento correspondiente ante situaciones las cuales se encuentran en donde muchas de las veces al presentar sus denuncias ante la Fiscalía del Estado, solicitan medidas de protección las cuales son aprobadas por el Ministerio Publico al ser consideradas como pertinentes.

Al ser aprobadas las medidas por el Ministerio Público, no existe un seguimiento continuo a las víctimas, ya que, en la mayoría de los casos, no reciben el debido apoyo inmediato por parte de las autoridades correspondientes, vulnerando la seguridad e integridad de las víctimas de algún delito, por la falta de seguimiento en las medidas de protección impuestas o por una asignación inadecuada de dichas medidas esto debido a una falta de estudio particular del caso.

En el caso de la línea de emergencia, se propone contar con un registro previo del contacto de todas aquellas víctimas a las cuales se les haya otorgado una medida de protección.

Se indica que con ello también se fortalece el marco de la coordinación entre la Auditoría Superior de Fiscalización y los entes fiscalizadores en las entidades

Por: Redacción

En reunión de trabajo, la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización fue aprobada la solicitud de exhorto del Congreso del Estado de Guerrero, a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que por su conducto se exhorte a la Auditoría Superior de la Federación a que a la brevedad posible reactive el mecanismo para la firma de convenios de colaboración entre los entes fiscalizadores de los Estados y de la Ciudad de México.

Esto a efecto de armonizar criterios de colaboración y funciones que fortalezcan la fiscalización de los recursos públicos en la rendición de cuentas y transparencia de las participaciones federales otorgadas a los Estados.

Se indica que con ello también se fortalece el marco de la coordinación entre la Auditoría Superior de Fiscalización

Se menciona que los Congresos locales tienen atribuciones de fiscalización de los recursos públicos ejercidos por los gobiernos estatales, municipales, los Poderes del Estado, y órganos autónomos, entre otros, que tienen como finalidad otorgar servicios públicos, seguridad, administración de justicia, educación y demás bienestar social para la población.