noviembre 19, 2026

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Presa El Realito; Chato sí, campesinos no

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Desde su concepción, El Realito ha beneficiado a Carlos López Medina y el sector industrial, en detrimento de los agricultores de Villa de Reyes

Por Roberto Rocha

Desde la concepción del proyecto original de la presa y acueducto El Realito, este consideraba como primordial abastecer los sectores industriales y de servicios en la ciudad de San Luis Potosí.

Esos mismos sectores han obtenido preferencia en los proyectos inmobiliarios de Carlos “El Chato” López Medina, quien ha proyectado desde hace al menos 17 años el crecimiento de la ciudad mediante vías carreteras que conecten la Sierra de San Miguelito con la Zona Industrial de San Luis Potosí.

El documento original de El Realito, publicado en diciembre de 2004 y al que LaOrquesta.MX tuvo acceso, menciona en un apartado llamado “Objetivo y Estrategia del Proyecto”:

“El objetivo central del proyecto es asegurar los recursos hídricos necesarios para el desarrollo socioeconómico a corto, mediano y largo plazos en la Región Centro, impulsando al estado de San Luis Potosí hacia un nuevo dinamismo industrial y de servicios”.

Esa preferencia hacia los sectores industriales y de servicios demuestra, junto a la autorización que otorgó la Comisión Estatal del Agua (CEA) al “Chato” López Medina para utilizar dos tanques de agua en la zona sur de la capital, que beneficiar los intereses de ese empresario fue una de las principales metas de El Realito.

El 18 de febrero de 2019, este medio publicó que los tanques que la CEA autorizó a utilizar a López Medina se encuentran en los terrenos del proyecto inmobiliario Reserva San Luis SA de CV, que el empresario busca poner en marcha en la comunidad de San Juan de Guadalupe, junto al inmobiliario regiomontano Alejandro Tamayo Ibarra.

En un oficio de la CEA, se establece que existe la posibilidad de disponer de 300 litros por segundo, volumen de agua sobrante del Realito, pues la carta, dirigida a López Medina, menciona que dicha agua no se utiliza en los Tanques Aguaje y Cordillera, por lo que tienen total disponibilidad.

En cambio, el sector agrícola de Villa de Reyes sería el afectado por la predilección para la industria y el comercio, dado que el proyecto de El Realito en diciembre de 2004, nombrado Informe 190, busca “Fomentar la expansión de la plasticultura en Villa de Reyes y Villa de Arista hasta alcanzar la implantación de 2 mil 400 hectáreas de acolchado e invernadero”, todo por un costo de 350 millones de pesos.

La plasticultura, que es el uso de plásticos para la producción de vegetales, lo que buscaba era quitar a agricultores derechos de uso del agua de la zona de Villa de Reyes, para llevarlos a invernaderos, que permitieran mayor aprovechamiento de agua de El Realito en los sectores industrial y de servicios y mucha menos para el sector agrícola.

El Informe 190 fue realizado con recursos del Banco Mundial, con la participación de organismos internacionales, como la Organización Meteorológica Mundial.

Dicho proyecto, según dice Carlos Covarrubias Rendón, asesor jurídico de comuneros de San Juan de Guadalupe que se oponen a la venta de más de 2 mil hectáreas de terreno a López Medina, tenía como metas poner a Villa de Reyes como un eje del desarrollo logístico e industrial de la Zona Centro del estado, además de desarrollar la red hidráulica en la zona poniente de la ciudad de San Luis Potosí, justo donde se encuentran los desarrollos inmobiliarios del “Chato” López.

En 2008, en sesión de Cabildo, cuando Covarrubias Rendón era regidor del Ayuntamiento de San Luis Potosí, el defensor de comuneros aseguró: “El problema del abatimiento del Acuífero de San Luis Potosí no es culpa de las personas, de los ciudadanos que van a sufrir incremento en su cuota, ellos no son los responsables, los responsables son los industriales, los desarrollos urbanos que han irrumpido en la falda de la Sierra de San Miguelito, la gente de las zonas industriales, ellos son los que se están acabando el agua. Pero también es cierto que es una idea esa que se está vendiendo de que en cinco o seis años nos vamos a quedar sin agua, o que dentro de cinco o sesos años uno de cada tres potosinos no va a tener agua potable: eso es una falsedad”.

De acuerdo con Covarrubias Rendón, el principal representante y operador de empresas industriales que buscaban instalarse en San Luis Potosí hacia finales de los 90 y principio de siglo fue el exgobernador Marcelo de los Santos Fraga, junto a su hijo Marcelo de los Santos Anaya.

Cuando De los Santos Fraga se convirtió en alcalde de la capital, en el año 2000, De los Santos Anaya se hizo cargo de ese trabajo, según dijo Covarrubias Rendón.

El proyecto original de El Realito tenía una segunda etapa, que abarcaba a los estados de San Luis Potosí y Guanajuato. Sería inaugurada en 2012 por Felipe Calderón Hinojosa entonces presidente de la República.

Esa segunda etapa incluiría a los ejidos del municipio de Celaya, Guanajuato, aunque ahora, a más de seis años de distancia, no se tiene certeza de qué ocurrirá con él.

 

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Ciudad

Denuncian a sacristán por abuso de niñas en iglesia de SLP

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El movimiento Abejita Vuelve a Casa reporta unas ocho carpetas de investigación abiertas. Pidió al obispo ayudar a localizarlo y exige prisión preventiva

Por: Redacción

El movimiento Abejita Vuelve a Casa informó que existen alrededor de ocho carpetas de investigación contra un sacristán señalado de abusar sexualmente de niñas en una iglesia de la colonia Prados.

Su fundadora, Marilú González Martel, pidió este miércoles al obispo ayudar a ubicarlo, pues el hombre habría huido.

González Martel dijo que las víctimas serían alrededor de diez. Una de las carpetas corresponde a dos hermanas. La activista no descartó que haya más, porque el hombre llevaría más de 15 años trabajando en cinco o seis capillas de la zona metropolitana.

Dijo que las menores tendrían entre 5 y 13 años y que ya han recibido denuncias anónimas que involucran a niños.

Según la activista, el hombre aprovechaba su papel en la parroquia para llevar a las menores a un cuarto dentro del templo. Una madre, cuya identidad se omite para proteger a su hija, relató que la niña le contó una noche, tras el rosario, que el hombre la tocó y la besó. Otras niñas le refirieron tocamientos similares y dijeron que las amenazaba con dejar de llevarlas como monaguillas.

La madre contó que el sacristán fue detenido al día siguiente, señalado por una de las víctimas, pero lo liberaron a las 24 horas

porque aún no se tenía su nombre completo. Después, dijo, huyó de noche con maletas junto con su esposa.

Las denunciantes afirman que no saben si existe orden de aprehensión.

Tras reunirse con el obispo, González Martel dijo que este se comprometió a entregar la lista de capillas donde trabajó el hombre. También se comprometió a mantener localizable al párroco y a pedirle que coopere.

La activista aseguró que el sacerdote sabe dónde está el sacristán, y las denunciantes dijeron que la Diócesis conoció el caso por redes sociales.

González Martel afirmó, además, que un familiar del acusado con un cargo en la Fiscalía habría influido en su liberación y que se habría pagado dinero. También dijo sospechar que el hombre grababa a las menores.

El movimiento pidió al gobernador Ricardo Gallardo Cardona y a las autoridades prisión preventiva contra el sacristán. Advirtió que, de no lograrla, habrá manifestaciones y cierres de calles.

La Comisión Estatal de Víctimas ya brinda abogados gratuitos a las familias. Las citas con psicólogas en la Fiscalía fueron programadas para el 27 de noviembre y principios de diciembre.

También lee: Presunto abuso contra ocho niñas sacude nuevamente a la Iglesia potosina

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Ciudad

SSPC: vuelta continua a la derecha no se prohíbe, se limita

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La maniobra solo podrá hacerse en cruces con señal que la autorice, y con precaución aun con semáforo en rojo

Por: Redacción

La vuelta continua a la derecha en la capital potosina solo podrá hacerse en los cruces que tengan un señalamiento que la autorice, de acuerdo con las modificaciones al Reglamento de Tránsito del municipio, publicadas en el Periódico Oficial del Estado.

El artículo 125, fracción VII, establece que los conductores podrán incorporarse de manera continua hacia la derecha solo donde exista una señal que indique “vuelta a la derecha continua”. Si el semáforo está en rojo y no hay esa señal, deberán esperar la luz verde.

Aun donde la señal exista y el semáforo esté en rojo, los conductores deberán extremar precauciones y permitir preferentemente el paso a los vehículos que tengan luz verde.

Juan Antonio Villa Gutiérrez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Ayuntamiento, explicó que la medida no es una prohibición generalizada: la maniobra se retira únicamente en los cruces donde no hay una señal que la autorice. Dijo que el cambio responde a estudios de siniestralidad y condiciones de circulación, pues incorporarse con el semáforo en rojo representaba un riesgo por la afluencia de vehículos y peatones.

Como ejemplo, Villa Gutiérrez mencionó el cruce de avenida Venustiano Carranza y Uresti, donde la vuelta continua ya no está permitida.

El funcionario dijo que el reglamento ya fue aprobado por el Cabildo, publicado oficialmente y está vigente. El Ayuntamiento contempla seis meses para dar a conocer los cambios y orientar a automovilistas y motociclistas, con una campaña que incluye la entrega de ejemplares del reglamento. En ese periodo se dará prioridad a la concientización y la difusión.

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Juicio político pone en duda comparecencia de Giovanna Argüelles

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El Congreso podría pedir por escrito los expedientes de quejas de comunidades indígenas si no recibe a Giovanna Argüelles

Por: Redacción

La solicitud de juicio político presentada ante el Congreso del Estado contra Giovanna Itzel Argüelles Moreno, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), puso en duda su comparecencia ante los diputados, programada para el lunes 23 de noviembre.

Marco Antonio Gama Basarte, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, informó que se valora si la comparecencia se realiza o no. “Tenemos que analizar los alcances del proceso”, afirmó.

El juicio político es el procedimiento con el que el Congreso revisa si un servidor público cometió faltas graves en el ejercicio de su cargo y, en su caso, puede destituirlo o inhabilitarlo.

Si la comparecencia no se lleva a cabo, el Congreso podría solicitar directamente a la CEDH información sobre los expedientes y las quejas de comunidades indígenas que acudieron a los legisladores para denunciar falta de atención del organismo.

La comparecencia de la titular de la CEDH estaba prevista desde octubre, cuando el Congreso anunció que la citaría una vez concluida la Glosa del Quinto Informe de Gobierno

, la revisión que hacen los diputados del informe anual del gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Los reclamos por quejas sin respuesta ya habían llegado al Congreso. En octubre, grupos sociales cuestionaron que la CEDH emitiera una recomendación a favor de Héctor Serrano Cortés, diputado del PVEM, mientras hay víctimas que llevan años esperando una resolución.

Serrano dijo entonces que la presidenta del organismo era quien tenía que responder por los casos pendientes y se comprometió a preguntarle directamente por qué otras quejas no habían tenido respuesta.

Antes del 23 de noviembre, el Congreso deberá definir si recibe a Argüelles o si pide los expedientes por escrito.

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Opinión

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