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Presa El Realito; Chato sí, campesinos no
Desde su concepción, El Realito ha beneficiado a Carlos López Medina y el sector industrial, en detrimento de los agricultores de Villa de Reyes
Por Roberto Rocha
Desde la concepción del proyecto original de la presa y acueducto El Realito, este consideraba como primordial abastecer los sectores industriales y de servicios en la ciudad de San Luis Potosí.
Esos mismos sectores han obtenido preferencia en los proyectos inmobiliarios de Carlos “El Chato” López Medina, quien ha proyectado desde hace al menos 17 años el crecimiento de la ciudad mediante vías carreteras que conecten la Sierra de San Miguelito con la Zona Industrial de San Luis Potosí.
El documento original de El Realito, publicado en diciembre de 2004 y al que LaOrquesta.MX tuvo acceso, menciona en un apartado llamado “Objetivo y Estrategia del Proyecto”:
“El objetivo central del proyecto es asegurar los recursos hídricos necesarios para el desarrollo socioeconómico a corto, mediano y largo plazos en la Región Centro, impulsando al estado de San Luis Potosí hacia un nuevo dinamismo industrial y de servicios”.
Esa preferencia hacia los sectores industriales y de servicios demuestra, junto a la autorización que otorgó la Comisión Estatal del Agua (CEA) al “Chato” López Medina para utilizar dos tanques de agua en la zona sur de la capital, que beneficiar los intereses de ese empresario fue una de las principales metas de El Realito.
El 18 de febrero de 2019, este medio publicó que los tanques que la CEA autorizó a utilizar a López Medina se encuentran en los terrenos del proyecto inmobiliario Reserva San Luis SA de CV, que el empresario busca poner en marcha en la comunidad de San Juan de Guadalupe, junto al inmobiliario regiomontano Alejandro Tamayo Ibarra.
En un oficio de la CEA, se establece que existe la posibilidad de disponer de 300 litros por segundo, volumen de agua sobrante del Realito, pues la carta, dirigida a López Medina, menciona que dicha agua no se utiliza en los Tanques Aguaje y Cordillera, por lo que tienen total disponibilidad.
En cambio, el sector agrícola de Villa de Reyes sería el afectado por la predilección para la industria y el comercio, dado que el proyecto de El Realito en diciembre de 2004, nombrado Informe 190, busca “Fomentar la expansión de la plasticultura en Villa de Reyes y Villa de Arista hasta alcanzar la implantación de 2 mil 400 hectáreas de acolchado e invernadero”, todo por un costo de 350 millones de pesos.
La plasticultura, que es el uso de plásticos para la producción de vegetales, lo que buscaba era quitar a agricultores derechos de uso del agua de la zona de Villa de Reyes, para llevarlos a invernaderos, que permitieran mayor aprovechamiento de agua de El Realito en los sectores industrial y de servicios y mucha menos para el sector agrícola.
El Informe 190 fue realizado con recursos del Banco Mundial, con la participación de organismos internacionales, como la Organización Meteorológica Mundial.
Dicho proyecto, según dice Carlos Covarrubias Rendón, asesor jurídico de comuneros de San Juan de Guadalupe que se oponen a la venta de más de 2 mil hectáreas de terreno a López Medina, tenía como metas poner a Villa de Reyes como un eje del desarrollo logístico e industrial de la Zona Centro del estado, además de desarrollar la red hidráulica en la zona poniente de la ciudad de San Luis Potosí, justo donde se encuentran los desarrollos inmobiliarios del “Chato” López.
En 2008, en sesión de Cabildo, cuando Covarrubias Rendón era regidor del Ayuntamiento de San Luis Potosí, el defensor de comuneros aseguró: “El problema del abatimiento del Acuífero de San Luis Potosí no es culpa de las personas, de los ciudadanos que van a sufrir incremento en su cuota, ellos no son los responsables, los responsables son los industriales, los desarrollos urbanos que han irrumpido en la falda de la Sierra de San Miguelito, la gente de las zonas industriales, ellos son los que se están acabando el agua. Pero también es cierto que es una idea esa que se está vendiendo de que en cinco o seis años nos vamos a quedar sin agua, o que dentro de cinco o sesos años uno de cada tres potosinos no va a tener agua potable: eso es una falsedad”.
De acuerdo con Covarrubias Rendón, el principal representante y operador de empresas industriales que buscaban instalarse en San Luis Potosí hacia finales de los 90 y principio de siglo fue el exgobernador Marcelo de los Santos Fraga, junto a su hijo Marcelo de los Santos Anaya.
Cuando De los Santos Fraga se convirtió en alcalde de la capital, en el año 2000, De los Santos Anaya se hizo cargo de ese trabajo, según dijo Covarrubias Rendón.
El proyecto original de El Realito tenía una segunda etapa, que abarcaba a los estados de San Luis Potosí y Guanajuato. Sería inaugurada en 2012 por Felipe Calderón Hinojosa entonces presidente de la República.
Esa segunda etapa incluiría a los ejidos del municipio de Celaya, Guanajuato, aunque ahora, a más de seis años de distancia, no se tiene certeza de qué ocurrirá con él.
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Ciudad
El sistema estatal de cuidados, atorado en la burocracia: Colectivo
El colectivo Cuidadoras Potosinas hace un llamado enérgico tanto al estado, al congreso y al ayuntamiento capitalino para cumplir acuerdos
Por: J. C. Haro
El colectivo Cuidadoras Potosinas planteó que ni el reconocimiento constitucional ni la aprobación del Cabildo de la capital potosina han sido suficientes para que estos avances se traduzcan en políticas públicas concretas.
Mariana Hernández Noriega, dirigente del colectivo, afirmó que la principal demanda es que las autoridades municipales y estatales respeten los compromisos asumidos con las personas cuidadoras y den continuidad a las mesas de trabajo para construir el sistema estatal.
La activista aseguró que el Ayuntamiento de San Luis Potosí no cumplió con la creación del Sistema Municipal de Cuidados, a pesar de que el acuerdo fue aprobado por unanimidad por el Cabildo. Explicó que el colectivo promovió un amparo para exigir el cumplimiento de ese compromiso.
“Le exigimos al Ayuntamiento de San Luis Potosí que cumpla con el Sistema Municipal de Cuidados“.
El colectivo además sostiene que la lucha por el sistema de cuidados no beneficia únicamente a su organización, sino a todas las personas que realizan labores de cuidado en el estado, incluidas madres, hijas cuidadoras y quienes atienden a adultos mayores o familiares con enfermedades o discapacidad.
En el ámbito estatal, el colectivo logró la incorporación del artículo 12 Bis a la Constitución local, que reconoce el derecho a cuidar y a ser cuidado en condiciones dignas. Sin embargo, advirtió que la ley que debe crear el Sistema Estatal de Cuidados
aún no ha sido aprobada.La dirigente explicó que el proceso legislativo continuará a partir de septiembre, cuando el Congreso reanude actividades y se retomen las mesas de trabajo con dependencias estatales para definir el funcionamiento del sistema y el presupuesto necesario para su implementación.
Hernández Noriega informó que el estado enfrenta un cambio demográfico que hará cada vez más urgente contar con una política pública de cuidados. Señaló que San Luis Potosí registra una disminución en la natalidad y un aumento en la población adulta mayor, lo que incrementará la demanda de personas cuidadoras.
“La bronca es quién va a cuidar a esos viejitos, y quién nos va a cuidar”, se preguntó.
Además del cumplimiento de los sistemas municipal y estatal, el colectivo pide ampliar las redes de apoyo para las personas cuidadoras mediante estancias para adultos mayores, empleos de medio tiempo, capacitación y atención psicológica permanente.
La organización afirmó que continuará impulsando la creación de mecanismos institucionales concretos que permitan reconocer y sostener el trabajo de cuidados en San Luis Potosí.
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Ciudad
Refuerzan vigilancia para impedir operaciones de huachicol en Soledad: Navarro
El alcalde aseguró que hasta ahora no se han detectado operaciones relacionadas con el robo de combustible en el municipio
Por: Redacción
Aunque hasta el momento no se han detectado operaciones relacionadas con el robo y almacenamiento ilegal de combustible en Soledad de Graciano Sánchez, el gobierno municipal mantendrá operativos permanentes para impedir que este delito se establezca en la demarcación, aseguró el alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.
El edil explicó que la estrategia consiste en incrementar la presencia de la Guardia Civil Municipal tanto en la cabecera como en las comunidades, además de mantener la coordinación con fuerzas estatales y federales.
“Es seguir con los recorridos, seguir con la presencia de la Guardia Civil Municipal en todo el municipio”, afirmó.
Navarro señaló que el trabajo conjunto con la Guardia Civil Estatal, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional continuará como parte de las acciones preventivas.
“Justamente es eso, para que no tengamos problemas de este tipo”, indicó.
El alcalde aseguró que la prioridad es evitar que Soledad sea utilizado como punto de almacenamiento o distribución de combustible robado, por lo que los recorridos de vigilancia permanecerán de forma constante.
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Destacadas
Uber se quedó a medio trámite y no podrá operar aún en SLP
La titular de la SCT aseguró que la empresa no completó los requisitos establecidos por la ley, aunque mantiene abiertas las puertas para que lo haga
Por: Redacción
La plataforma de transporte Uber no podrá operar en San Luis Potosí debido a que no concluyó el proceso de regularización previsto por la legislación estatal, informó Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
La funcionaria explicó que la empresa recibió el memorándum correspondiente para iniciar el trámite, sin embargo, no cumplió con los pasos necesarios para obtener la autorización.
“No terminó con su trámite. Se les entregó el memorándum para que realizaran su pago y dieran inicio a su procedimiento en términos de ley, entregando los datos de sus operadores y acudiendo a las capacitaciones que establece la normatividad. La realidad es que no cumplieron con ninguno de estos requisitos“, declaró.
Martínez Acosta señaló que la dependencia mantiene disposición para que Uber complete el procedimiento y pueda operar conforme a la ley, por lo que descartó que exista una postura de persecución hacia la empresa.
“No es un tema de persecución ni de cacería. Al contrario, buscamos que ellos mismos nos ayuden a que la empresa cumpla con la legalidad y con todo lo que establecen las leyes locales”, afirmó.
La secretaria agregó que incluso han sostenido reuniones con algunos operadores interesados en prestar el servicio mediante la plataforma, a quienes se les ha explicado el proceso de regularización.
Asimismo, sostuvo que el incumplimiento de la empresa deja a los propios conductores en una situación de vulnerabilidad, al no contar con las condiciones legales previstas por la normativa estatal.
“Es la empresa la que no cumple con lo que las leyes locales establecen y eso deja a los operadores en estado de indefensión”, señaló.
Respecto a la llegada de nuevas plataformas digitales al estado, Martínez Acosta consideró que la competencia representa una oportunidad para mejorar la calidad del servicio de transporte.
“Hoy el gremio del taxismo entiende que la competencia es buena. Ellos estarán tratando de mejorar y brindar un mejor servicio, mientras que la ciudadanía podrá elegir la opción que considere más conveniente”, comentó.
La titular de la SCT reiteró que, mientras Uber no complete el procedimiento administrativo y cumpla con las obligaciones previstas en la ley, la plataforma no podrá prestar el servicio de transporte en San Luis Potosí.
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