junio 12, 2026

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Presa El Realito; Chato sí, campesinos no

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Desde su concepción, El Realito ha beneficiado a Carlos López Medina y el sector industrial, en detrimento de los agricultores de Villa de Reyes

Por Roberto Rocha

Desde la concepción del proyecto original de la presa y acueducto El Realito, este consideraba como primordial abastecer los sectores industriales y de servicios en la ciudad de San Luis Potosí.

Esos mismos sectores han obtenido preferencia en los proyectos inmobiliarios de Carlos “El Chato” López Medina, quien ha proyectado desde hace al menos 17 años el crecimiento de la ciudad mediante vías carreteras que conecten la Sierra de San Miguelito con la Zona Industrial de San Luis Potosí.

El documento original de El Realito, publicado en diciembre de 2004 y al que LaOrquesta.MX tuvo acceso, menciona en un apartado llamado “Objetivo y Estrategia del Proyecto”:

“El objetivo central del proyecto es asegurar los recursos hídricos necesarios para el desarrollo socioeconómico a corto, mediano y largo plazos en la Región Centro, impulsando al estado de San Luis Potosí hacia un nuevo dinamismo industrial y de servicios”.

Esa preferencia hacia los sectores industriales y de servicios demuestra, junto a la autorización que otorgó la Comisión Estatal del Agua (CEA) al “Chato” López Medina para utilizar dos tanques de agua en la zona sur de la capital, que beneficiar los intereses de ese empresario fue una de las principales metas de El Realito.

El 18 de febrero de 2019, este medio publicó que los tanques que la CEA autorizó a utilizar a López Medina se encuentran en los terrenos del proyecto inmobiliario Reserva San Luis SA de CV, que el empresario busca poner en marcha en la comunidad de San Juan de Guadalupe, junto al inmobiliario regiomontano Alejandro Tamayo Ibarra.

En un oficio de la CEA, se establece que existe la posibilidad de disponer de 300 litros por segundo, volumen de agua sobrante del Realito, pues la carta, dirigida a López Medina, menciona que dicha agua no se utiliza en los Tanques Aguaje y Cordillera, por lo que tienen total disponibilidad.

En cambio, el sector agrícola de Villa de Reyes sería el afectado por la predilección para la industria y el comercio, dado que el proyecto de El Realito en diciembre de 2004, nombrado Informe 190, busca “Fomentar la expansión de la plasticultura en Villa de Reyes y Villa de Arista hasta alcanzar la implantación de 2 mil 400 hectáreas de acolchado e invernadero”, todo por un costo de 350 millones de pesos.

La plasticultura, que es el uso de plásticos para la producción de vegetales, lo que buscaba era quitar a agricultores derechos de uso del agua de la zona de Villa de Reyes, para llevarlos a invernaderos, que permitieran mayor aprovechamiento de agua de El Realito en los sectores industrial y de servicios y mucha menos para el sector agrícola.

El Informe 190 fue realizado con recursos del Banco Mundial, con la participación de organismos internacionales, como la Organización Meteorológica Mundial.

Dicho proyecto, según dice Carlos Covarrubias Rendón, asesor jurídico de comuneros de San Juan de Guadalupe que se oponen a la venta de más de 2 mil hectáreas de terreno a López Medina, tenía como metas poner a Villa de Reyes como un eje del desarrollo logístico e industrial de la Zona Centro del estado, además de desarrollar la red hidráulica en la zona poniente de la ciudad de San Luis Potosí, justo donde se encuentran los desarrollos inmobiliarios del “Chato” López.

En 2008, en sesión de Cabildo, cuando Covarrubias Rendón era regidor del Ayuntamiento de San Luis Potosí, el defensor de comuneros aseguró: “El problema del abatimiento del Acuífero de San Luis Potosí no es culpa de las personas, de los ciudadanos que van a sufrir incremento en su cuota, ellos no son los responsables, los responsables son los industriales, los desarrollos urbanos que han irrumpido en la falda de la Sierra de San Miguelito, la gente de las zonas industriales, ellos son los que se están acabando el agua. Pero también es cierto que es una idea esa que se está vendiendo de que en cinco o seis años nos vamos a quedar sin agua, o que dentro de cinco o sesos años uno de cada tres potosinos no va a tener agua potable: eso es una falsedad”.

De acuerdo con Covarrubias Rendón, el principal representante y operador de empresas industriales que buscaban instalarse en San Luis Potosí hacia finales de los 90 y principio de siglo fue el exgobernador Marcelo de los Santos Fraga, junto a su hijo Marcelo de los Santos Anaya.

Cuando De los Santos Fraga se convirtió en alcalde de la capital, en el año 2000, De los Santos Anaya se hizo cargo de ese trabajo, según dijo Covarrubias Rendón.

El proyecto original de El Realito tenía una segunda etapa, que abarcaba a los estados de San Luis Potosí y Guanajuato. Sería inaugurada en 2012 por Felipe Calderón Hinojosa entonces presidente de la República.

Esa segunda etapa incluiría a los ejidos del municipio de Celaya, Guanajuato, aunque ahora, a más de seis años de distancia, no se tiene certeza de qué ocurrirá con él.

 

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Ayuntamiento de SLP

Continúan las acciones del Gobierno Municipal contra el grafiti en el Centro

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Estos trabajos contra el grafiti son permanentes y se suman a otras acciones del programa “Centro Histórico, Corazón de San Luis”

 

Por: Redacción

Al continuar las acciones impulsadas por el alcalde Enrique Galindo para rescatar el esplendor del primer cuadro de la ciudad, personal de Servicios Municipales intervino en 6  puntos de esta zona para eliminar el grafiti.

 

La dependencia informó que como parte del programa Centro Histórico: Corazón de San Luis, personal del área de Imagen Urbana utilizó equipo especial para limpiar espacios grafiteados en la calle Iturbide, esquina  con 5 de Mayo.

 

Igualmente, las cuadrillas intervinieron en dos lugares de la calle Guerrero, frente al número 430 y frente al 550; en la calle Aldama en la Plaza de la Mujer; en Iturbide frente al 515; en Los Bravo frente al 180 y frente al 155.

 

Señaló que estos trabajos contra el grafiti son permanentes y se suman a otras acciones del programa “Centro Histórico, Corazón de San Luis”,  como la rehabilitación integral de la Plaza de Armas, el mejoramiento de calles y el ordenamiento vial con la habilitación de espacios exclusivos para motociclistas, entre otras.

 

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¿Por qué hay tan pocas mujeres en las preliberaciones de SLP?

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Las mujeres representan una fracción menor de la población carcelaria en San Luis Potosí, lo que se refleja en los números de cada evento de preliberación

Por: Redacción

Nohemi Proal Huerta, secretaria Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública, aclaró que las preliberaciones en San Luis Potosí no se otorgan con cuotas de género ni se concentran en un solo centro penitenciario: el criterio es exclusivamente la situación procesal de cada persona privada de libertad (PPL).

La funcionaria respondió así a cuestionamientos sobre si existirían eventos de preliberación exclusivos para el penal femenino de Xolol, donde la presencia de mujeres beneficiadas ha sido notoriamente baja en ejercicios anteriores.

“No nos basamos en que sean más hombres o más mujer es. De hecho, la población femenina dentro de los centros es mucho menor a la de los hombres

“, afirmó Proal Huerta.

La secretaria explicó que cada evento de preliberación aplica al universo total de PPL en todos los centros del estado — no a un penal en específico — y que el beneficio se otorga a quienes cumplen los requisitos de acuerdo a su proceso, independientemente del género.

Sobre el evento más reciente, Proal Huerta reconoció que las mujeres fueron la menor parte de las beneficiadas, aunque sostuvo que el resultado fue “mucho más equilibrado que otros”.

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Guardia Civil actuó por orden judicial en desalojo de Tampamolón: Jesús Juárez

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Desalojos de este tipo —ordenados por jueces civiles y mercantiles— ocurren dos o tres veces al día en la entidad, según el funcionario responsable de seguridad estatal

Por: Redacción

Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de San Luis Potosí, afirmó que la participación de la Guardia Civil Estatal en el desalojo de familias indígenas en el predio La Peña de Tampamolón fue realizada como “apoyo” a una orden judicial de restitución de inmueble emanada de un juzgado civil, y que la corporación actúa conforme a “fundamento legal” sin conocer los expedientes específicos de cada caso.

En respuesta a cuestionamientos sobre la intervención de la corporación en el desalojo, que circuló en redes sociales con denuncias de agresiones, detenciones y daños, Juárez Hernández precisó que la Guardia Civil no fue convocada de oficio sino mediante solicitud formal de la autoridad judicial. “No fuimos convocados mediante oficio para apoyar nada más”, dijo durante la entrevista.

El funcionario sostuvo que la corporación cumple un rol limitado en estos operativos: ejecutar la orden sin intervenir en la evaluación de los expedientes civiles que la originan. “No conocemos el expediente, solamente cumplimos con el ordenamiento”, afirmó Juárez Hernández, al reiterar que desconoce el trasfondo específico del desalojo en Tampamolón.

Según el titular de Seguridad, los desalojos con apoyo de fuerzas públicas —ya sean municipales, estatales o de la Policía de Investigación— son procedimientos recurrentes en la entidad. “Son de recurrentes, dos o tres diarias

“, indicó. Precisó que la mayoría corresponde a restituciones civiles de inmuebles: conflictos donde un juez civil resuelve en favor de una de las partes y ordena el desalojo del predio ocupado.

Juárez Hernández justificó la presencia de fuerzas de seguridad en estos actos como medida preventiva ante posibles conflictos entre los actores involucrados. “Precisamente por eso es necesaria la presencia de la fuerza pública para evitar que los actores entren en conflicto“, comentó, aunque aclaró nuevamente que la corporación no revisa ni participa en la decisión judicial que origina el desalojo.

El contexto del desalojo en Tampamolón incluye denuncias en redes sociales de presuntas agresiones, detenciones y daños a viviendas, según reportaron habitantes de la comunidad que identificaron a las familias desalojadas como indígenas náhuatl y tének. La participación de la fuerza pública en estos conflictos agrarios ha generado cuestionamientos sobre represión y supervisión de las corporaciones.

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