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Presa El Realito; Chato sí, campesinos no
Desde su concepción, El Realito ha beneficiado a Carlos López Medina y el sector industrial, en detrimento de los agricultores de Villa de Reyes
Por Roberto Rocha
Desde la concepción del proyecto original de la presa y acueducto El Realito, este consideraba como primordial abastecer los sectores industriales y de servicios en la ciudad de San Luis Potosí.
Esos mismos sectores han obtenido preferencia en los proyectos inmobiliarios de Carlos “El Chato” López Medina, quien ha proyectado desde hace al menos 17 años el crecimiento de la ciudad mediante vías carreteras que conecten la Sierra de San Miguelito con la Zona Industrial de San Luis Potosí.
El documento original de El Realito, publicado en diciembre de 2004 y al que LaOrquesta.MX tuvo acceso, menciona en un apartado llamado “Objetivo y Estrategia del Proyecto”:
“El objetivo central del proyecto es asegurar los recursos hídricos necesarios para el desarrollo socioeconómico a corto, mediano y largo plazos en la Región Centro, impulsando al estado de San Luis Potosí hacia un nuevo dinamismo industrial y de servicios”.
Esa preferencia hacia los sectores industriales y de servicios demuestra, junto a la autorización que otorgó la Comisión Estatal del Agua (CEA) al “Chato” López Medina para utilizar dos tanques de agua en la zona sur de la capital, que beneficiar los intereses de ese empresario fue una de las principales metas de El Realito.
El 18 de febrero de 2019, este medio publicó que los tanques que la CEA autorizó a utilizar a López Medina se encuentran en los terrenos del proyecto inmobiliario Reserva San Luis SA de CV, que el empresario busca poner en marcha en la comunidad de San Juan de Guadalupe, junto al inmobiliario regiomontano Alejandro Tamayo Ibarra.
En un oficio de la CEA, se establece que existe la posibilidad de disponer de 300 litros por segundo, volumen de agua sobrante del Realito, pues la carta, dirigida a López Medina, menciona que dicha agua no se utiliza en los Tanques Aguaje y Cordillera, por lo que tienen total disponibilidad.
En cambio, el sector agrícola de Villa de Reyes sería el afectado por la predilección para la industria y el comercio, dado que el proyecto de El Realito en diciembre de 2004, nombrado Informe 190, busca “Fomentar la expansión de la plasticultura en Villa de Reyes y Villa de Arista hasta alcanzar la implantación de 2 mil 400 hectáreas de acolchado e invernadero”, todo por un costo de 350 millones de pesos.
La plasticultura, que es el uso de plásticos para la producción de vegetales, lo que buscaba era quitar a agricultores derechos de uso del agua de la zona de Villa de Reyes, para llevarlos a invernaderos, que permitieran mayor aprovechamiento de agua de El Realito en los sectores industrial y de servicios y mucha menos para el sector agrícola.
El Informe 190 fue realizado con recursos del Banco Mundial, con la participación de organismos internacionales, como la Organización Meteorológica Mundial.
Dicho proyecto, según dice Carlos Covarrubias Rendón, asesor jurídico de comuneros de San Juan de Guadalupe que se oponen a la venta de más de 2 mil hectáreas de terreno a López Medina, tenía como metas poner a Villa de Reyes como un eje del desarrollo logístico e industrial de la Zona Centro del estado, además de desarrollar la red hidráulica en la zona poniente de la ciudad de San Luis Potosí, justo donde se encuentran los desarrollos inmobiliarios del “Chato” López.
En 2008, en sesión de Cabildo, cuando Covarrubias Rendón era regidor del Ayuntamiento de San Luis Potosí, el defensor de comuneros aseguró: “El problema del abatimiento del Acuífero de San Luis Potosí no es culpa de las personas, de los ciudadanos que van a sufrir incremento en su cuota, ellos no son los responsables, los responsables son los industriales, los desarrollos urbanos que han irrumpido en la falda de la Sierra de San Miguelito, la gente de las zonas industriales, ellos son los que se están acabando el agua. Pero también es cierto que es una idea esa que se está vendiendo de que en cinco o seis años nos vamos a quedar sin agua, o que dentro de cinco o sesos años uno de cada tres potosinos no va a tener agua potable: eso es una falsedad”.
De acuerdo con Covarrubias Rendón, el principal representante y operador de empresas industriales que buscaban instalarse en San Luis Potosí hacia finales de los 90 y principio de siglo fue el exgobernador Marcelo de los Santos Fraga, junto a su hijo Marcelo de los Santos Anaya.
Cuando De los Santos Fraga se convirtió en alcalde de la capital, en el año 2000, De los Santos Anaya se hizo cargo de ese trabajo, según dijo Covarrubias Rendón.
El proyecto original de El Realito tenía una segunda etapa, que abarcaba a los estados de San Luis Potosí y Guanajuato. Sería inaugurada en 2012 por Felipe Calderón Hinojosa entonces presidente de la República.
Esa segunda etapa incluiría a los ejidos del municipio de Celaya, Guanajuato, aunque ahora, a más de seis años de distancia, no se tiene certeza de qué ocurrirá con él.
También lea: Acusan a Nava y “El Chato” López de ataque vs activista
Ayuntamiento de SLP
El Saucito no se toca: historia de una promesa que ningún alcalde ha podido cumplir
La obra más codiciada y más maldita de la capital potosina ha tenido tres intentos fallidos en tres administraciones distintas. En cada uno, fluyó dinero público sin que se moviera un solo metro cúbico de tierra. En el fondo de la historia hay dinero público pagado sin obra ejecutada, recursos que nadie recuperó, y una comunidad que lleva ocho años protegiendo lo suyo.
Por: Redacción
El paso a desnivel de El Saucito es, a estas alturas, más que una obra pública. Es un espejo. Cada administración municipal que se ha asomado a él ha mostrado lo mismo: la ambición por un megaproyecto vial, la incapacidad para concretarlo, y —en más de un caso— la tentación de cobrar antes de construir. Ocho años después del primer intento, la licitación sigue bloqueada, los vecinos acaban de obtener su tercer amparo federal y el alcalde Enrique Galindo Ceballos advierte que si no se liberan las bases pronto, la obra más importante de su gobierno podría morir antes de nacer. De nuevo.
El primer intento: la obra que arrancó con una perforadora y terminó en una investigación
Todo comenzó en febrero de 2018, cuando el entonces alcalde Ricardo Gallardo Juárez se plantó en la avenida Fray Diego de la Magdalena, en el corazón del barrio del Saucito, y anunció el inicio de obras preliminares para un paso inferior vehicular. La inversión prometida: 234 millones de pesos para 1.3 kilómetros de obra. La narrativa era la del alcalde que resolvía el caos vial del norte de la capital. Lo que nadie esperaba era la respuesta del barrio.
El mismo día del arranque, una joven del lugar se abrazó de la perforadora que ya había comenzado a horadar el pavimento. Los vecinos les dijeron a los operadores: “o la paras o te quemamos con todo y máquina.” No era retórica. La gente del Saucito lleva generaciones organizando fiestas patronales, procesiones y rituales alrededor de una iglesia y un cementerio que son, para ellos, identidad. La posibilidad de que una obra de infraestructura los borrara o los dañara no
Los comerciantes y vecinos que se opusieron recibieron avisos de que sus permisos y licencias podrían no renovarse. La presión no funcionó. Para finales de marzo de 2018, el Juzgado Sexto de Distrito concedió suspensión definitiva en el amparo 248/2018, ordenando que no se ejecutara la obra en los tramos donde se ubican la capilla, la iglesia del Señor del Saucito y el cementerio municipal, todos catalogados como monumentos históricos. En abril, los vecinos marcharon con cohetes, danzantes y banda por la avenida Carranza hasta Palacio Municipal. “¡Qué viva el Señor del Saucito!; ¡No nosvamos a rendir!”
El primer intento había fracasado. Pero lo más grave no era el fracaso de la obra. Era lo que se había pagado por ella.
Al terminar el trienio, el gobierno de Xavier Nava Palacios descubrió que de los 130 millones de pesos del Fondo de Fortalecimiento Financiero federal destinados al proyecto, se habían erogado 106 millones 153 mil pesos en pagos que no correspondían a ninguna obra ejecutada: 55.7 mdp en materiales que jamás se entregaron, 42.3 mdp en subcontratos, más de un millón y medio en pagos de ISR inexistentes y liquidaciones indebidas al personal técnico. Nava Palacios resumió el caso con una frase: “fue una obra pagada, no ejecutada.”
Cuatro empresas, de las 18 involucradas, devolvieron 55.7 mdp mediante convenios con el nuevo gobierno. Más de 50 millones adicionales quedaron sin recuperar.
Cuando Enrique Galindo asumió la alcaldía en 2021 y se le preguntó si su administración daría seguimiento al caso, respondió con brevedad: “no me toca propiamente estar en ello.” El expediente no volvió a aparecer en la agenda municipal.
El “no me toca” que lo persigue
Con esa respuesta, Galindo cerró la puerta a cualquier posibilidad de que el Ayuntamiento recuperara los recursos que quedaron sin reintegrar. Las empresas que no habían devuelto el dinero continuaron operando sin consecuencias desde el flanco municipal.
En política, los cálculos que se hacen en el primer año de gobierno con frecuencia cobran factura en el tercero. Galindo gobernaba en tensión permanente con el estado, y abrir un frente en ese momento tenía un costo político claro. Fue una decisión. Las consecuencias, como suele ocurrir, llegaron después.
El segundo intento: Galindo repite el patrón
Para noviembre de 2021, Galindo había lanzado “Vialidades Potosinas” con El Saucito como pieza central: un paso inferior vehicular que prolongara la avenida Salvador Nava en línea recta hasta empalmar con la carretera a Zacatecas. “Vamos por el tercer intento para hacer esa obra y yo no pienso fracasar”, declaró. Lo que siguió tiene un parecido incómodo con lo que ocurrió en 2018.
Entre enero y agosto de 2023, el Ayuntamiento emitió 10 licitaciones distintas relacionadas con el proyecto integral, por un monto total de 378 millones 348 mil pesos. Y comenzó a pagar anticipos: para agosto de ese año, ocho constructoras ya habían recibido 161 millones 131 mil 921 pesos —el 43 por ciento del total—, aunque el proyecto seguía enfrentando el rechazo de una parte de los vecinos y, lo más grave, no existía certeza jurídica de que la obra pudiera ejecutarse.
Porque en mayo de 2023, mientras los pagos fluían, el Juzgado Segundo de Distrito
había concedido suspensión definitiva a vecinos en el juicio 363/2023-III-A, por considerar que desarrollar la obra causaría “perjuicios de difícil reparación”. El Ayuntamiento pagó 161 millones con una suspensión judicial vigente.El paral elo con lo que ocurrió en 2018 no pasa desapercibido: en aquel caso, se pagó obra que nunca se ejecutó; en este, el Ayuntamiento argumentó que los recursos podían reasignarse. Galindo sugirió que el dinero podría ir al Paseo Esmeralda
en la calzada de Guadalupe, o al desnivel de Himalaya. En todo caso, el patrón —comprometer recursos públicos antes de tener condiciones para construir— se repitió.El tercer intento: el Saucito contra todos
Con el inicio de su segundo período, Galindo retomó el proyecto en octubre de 2025, esta vez con más precauciones: firmó convenio con el Grupo Universitario del Agua de la UASLP para estudios geológicos y geotécnicos, abrió mesas de diálogo con el INAH, las organizaciones vecinales y los comerciantes. Para abril de 2026 declaraba que el 70 u 80 por ciento de la comunidad apoyaba el proyecto. “Si hay algún riesgo, no lo voy a hacer”, prometió.
En febrero de 2026, el Cabildo aprobó en la Gaceta Municipal 261 el acuerdo que vincula los recursos de la subasta de predios municipales con el proyecto del Saucito, aunque con una condición: el paso inferior del Saucito es el último en el orden de prioridad. Antes deben concluirse la obra de la salida a Guadalajara, el conector Río Españita-Salvador Nava y la rehabilitación de la Unidad Básica de Rehabilitación de Maravillas.
Y desde el 21 de marzo de 2026, la licitación lleva bloqueada en la plataforma de la Contraloría Estatal, que no ha emitido respuesta. La plataforma, según el alcalde, permanece “ni sí ni no, simplemente inactiva.” En junio, la UASLP presentó observaciones geológicas que pausaron también el proceso técnico: si no se reactiva pronto, la licitación tendría que reiniciarse desde cero. El INAH dictaminó y pidió una certificación de daños adicional. “Ya todo eso es exagerado”, dijo Galindo.
En ese contexto, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona señaló públicamente que el costo de la obra no se justifica: aseguró que vale 150 millones de pesos, mientras el municipio solicita autorización para gastar más de 300 millones. Galindo respondió con un dato de archivo: cuando Gallardo Juárez licitó esta misma obra en 2018, la proyectó en 240 millones y terminó gastando 120 sin entregar nada. “Él decía de 150 millones de pesos, pero cuando el alcalde anterior al anterior licitó El Saucito, lo licitó en 240 millones de pesos y se gastaron 120”, afirmó.
El nuevo amparo y la Contraloría como árbitro inesperado
El 16 de junio de 2026, mientras la disputa sobre el presunto sobrecosto llenaba las páginas de los medios locales, el Juzgado Sexto de Distrito concedió una nueva suspensión provisional en el amparo 821/2026-III. El Ayuntamiento promovió recurso de queja. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito lo declaró infundado: la medida cautelar se mantiene.
El fundamento es el mismo que en 2018: sin permiso previo del Centro INAH San Luis Potosí, ejecutar una obra en inmediaciones de un monumento histórico es ilegal.
El 3 de julio, los vecinos dieron un paso inusual: notificaron formalmente a la Contraloría General del Estado —la misma que lleva meses sin responder la solicitud de licitación del Ayuntamiento— sobre la existencia de la suspensión provisional y la sentencia del Tribunal Colegiado.
Pidieron que la Contraloría tuviera presentes las medidas cautelares “en cualquier actuación relacionada con procedimientos de revisión, control interno, licitación, contratación, fiscalización, autorización, o seguimiento del proyecto.” El movimiento convierte a la Contraloría, paradójicamente, en el árbitro entre el Ayuntamiento que quiere licitar y los vecinos que tienen una suspensión federal en la mano.
Lo que está en juego
El 6 de julio, Galindo fue directo: “La que nos va a hacer trascender es la del Saucito, y esa sigue sin autorizarse la licitación.” El alcalde describió la obra como su legado. El Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) la calificó como “urgente” el 1 de julio, aunque su titular Javier Ernesto Flores Navarro advirtió que la infraestructura sola no resolverá los problemas de movilidad si no mejora también el transporte público —materia que corresponde al gobierno estatal.
Al día de hoy la situación es esta: la licitación lleva bloqueada desde el 21 de marzo en la Contraloría Estatal. Existe una suspensión provisional federal vigente, avalada por un Tribunal Colegiado. Los vecinos están organizados, tienen asesoría jurídica y acaban de ganar otro frente legal. Y Galindo, con su segundo período en la recta final, advierte que el proyecto está en riesgo si no se liberan las bases pronto.
En ocho años, tres alcaldes han querido hacer esta obra. Ninguno la ha construido. Dos de ellos comprometieron dinero público antes de tener condiciones legales para hacerlo.
Lo único constante en toda esta historia es El Saucito: el barrio, la iglesia, el cementerio, los vecinos que llevan casi una década diciéndole al poder que ese espacio no se toca sin su permiso. Han ganado tres veces en los tribunales. Y siguen ahí.
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Nuevos expedientes apuntan a presunta red de lavado ligada a Sánchez Zumaya
Documentos de Reporte Índigo lo señalan ahora como líder de una operación de huachicol fiscal por más de mil 100 millones de dólares
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) determinó este año el no ejercicio de la acción penal en dos carpetas de investigación contra Gerardo Sánchez Zumaya, empresario potosino y aspirante a la gubernatura de San Luis Potosí, al considerar que no había elementos suficientes para acreditar los delitos denunciados. Pese a ello, nuevos documentos consultados por Reporte Índigo lo señalan como presunto líder de una red de lavado de dinero, defraudación fiscal y extracción ilícita de hidrocarburos de instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex).
La primera carpeta, derivada de señalamientos de 2024 sobre un presunto saqueo de hidrocarburos a Pemex, y la segunda, radicada en Tabasco por lavado de dinero, facturación de operaciones inexistentes y portación de arma de fuego, concluyeron sin acción penal por insuficiencia probatoria.
Estas indagatorias no son nuevas: desde noviembre de 2024 se conoce una denuncia penal presentada ante la Fiscalía de Tabasco que acusaba a Sánchez Zumaya —dueño de Petrogesa, contratista de Pemex entre 2021 y 2024— de lavado de dinero y fraude fiscal mediante una red de empresas y prestanombres que facturaron más de 15 mil millones de pesos entre 2022 y 2024. Días después, diputados del PAN exigieron en la Cámara que la FGR investigara esos nexos.
Ninguna de esas resoluciones impidió que su nombre reapareciera en documentos que lo vinculan con una operación de mayor escala. Una investigación de Reporte Índigo, basada en comprobantes fiscales, relaciones societarias y documentos financieros, sostiene que el empresario habría encabezado una organización identificada como Grupo GESA, dedicada a lavar dinero, defraudar al fisco y ocultar la extracción, transporte y comercialización ilícita de hidrocarburos y petroquímicos desde instalaciones de Pemex.
El documento describe un mecanismo similar al ya conocido: al menos 15 personas físicas
—entre ellas familiares y medios hermanos del empresario— habrían emitido esos comprobantes para dificultar el rastreo del dinero, sin infraestructura ni capacidad económica para respaldarlas. Cita casos atípicos: un joven de 24 años y otro de 25 habrían facturado mil 800 y más de mil 200 millones de pesos, casi sin gastos reportados.La investigación sostiene además que la red logró ingresar a instalaciones estratégicas de Pemex —entre ellas la Terminal Marítima de Dos Bocas, la refinería de Salina Cruz, el Complejo Cantarell, la refinería Lázaro Cárdenas y el Complejo Petroquímico Independencia— sin registros oficiales de entrada o salida ni contratos que justificaran la presencia de particulares.
El expediente ubica el destino final de los recursos en cuatro empresas constituidas en Texas: Concordia Chemical LLC, Smart Logistics Commerce LLC, Espada Group LLC y Catros Intech LLC, que habrían recibido comprobantes fiscales por más de mil 100 millones de dólares entre 2019 y 2024, luego de que las operaciones pasaran por un segundo grupo de empresas en Nuevo León y Coahuila asociado al empresario Salvador Vigil Jordán.
Los nuevos señalamientos ocurren mientras Sánchez Zumaya busca la candidatura a la gubernatura de San Luis Potosí para 2027. Fuentes de Morena confirmaron que su registro como aspirante a la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación no prosperó debido a las investigaciones y expedientes federales que mantiene abiertos; se inscribió entonces ante el Partido del Trabajo (PT), que no aplica ese filtro. Apenas el mes pasado, el empresario tuvo que ampararse para evitar ser detenido después de que trascendiera que pesaba sobre él una orden de aprehensión.
El empresario ha rechazado cualquier participación en actividades ilícitas relacionadas con Pemex y ha sostenido que enfrenta una campaña política en su contra. Hasta el momento, ninguno de los nuevos señalamientos cuenta con una resolución judicial definitiva.
Con información de Reporte Índigo.
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Un solo sueño: el arte del Mundial en las calles de San Luis | Artículo de Sayd Sauceda
Por: Sayd Sauceda
Hay sueños que caben en un balón. Y hay ciudades que deciden pintarlos en sus calles. San Luis Potosí, en pleno Mundial 2026, ha convertido el Pasaje Zaragoza y el bulevar Salvador Nava en un lienzo donde el arte y el fútbol se abrazan.
El Ayuntamiento capitalino puso en marcha dos programas: “Color Zaragoza” y “Trazo, Pasión y Fútbol”. El primero convirtió el Pasaje Zaragoza —el andador que va desde la Plaza de Armas hasta el Jardín Colón— en una galería a cielo abierto con más de 60 murales en cortinas de comercios.
El segundo, “Trazo, Pasión y Fútbol”, se enfoca en el fútbol y el Mundial 2026, que ya se está viviendo en el país. La ciudad decidió sumarse con arte urbano en el Pasaje Zaragoza y en el bulevar Salvador Nava.
No es solo una cuestión de embellecer. Es una apuesta por recuperar el espacio público, darle voz a artistas urbanos y fortalecer la identidad cultural desde las calles.
Pasar por el Pasaje Zaragoza y poder detenerse a admirar talento local convierte el recorrido en una experiencia más contemplativa. El arte en el espacio público invita a pensar en dónde se está parado, a poner en perspectiva la obra que llama la atención y también a preguntarse por qué otras no lo hacen. Eso es lo que hace grande al arte: no deja indiferente.
Que el arte llegue a estos espacios no es casualidad. El Ayuntamiento abrió una convocatoria para que artistas independientes pudieran participar. No fue un encargo a dedazo, sino una oportunidad real para que el talento local muestre su visión de la ciudad. Darle esa oportunidad a artistas independientes de plasmar su obra en una cortina o en un puente es un acierto.
El fútbol está en la cultura mexicana. Recuerdo un fin de semana, de esos que no se olvidan. Íbamos a jugar contra los de la otra cuadra. Sentado esperando a que llegara nuestro mejor portero, decidiendo la alineación, todos de playera blanca —varios tuvieron que regresar a cambiar la suya—. Y apostar una Coca de 2.5. Eso era más que una Copa de Champions en ese tiempo. Cuando, aunque vayas perdiendo, podías decir “un gol gana” y remontar sin problema. Esa es la magia del fútbol callejero.
El artista potosino Neto Medellín fue uno de los seleccionados. Pintó dos cortinas en el Pasaje Zaragoza y un puente en el bulevar Salvador Nava. Su obra se llama “Un solo sueño”.
Le preguntamos qué significaba participar en esto y por qué ese nombre:
“Me motivó mucho haber sido elegido entre tanto talento que hay en San Luis Potosí. Hay muchísimos artistas haciendo un gran trabajo, así que formar parte de este proyecto es un honor y también una responsabilidad. En mi caso, el tema era el fútbol y quise hacer una pieza con la que realmente me sintiera identificado. Así nació ‘Un solo sueño’. Es una obra que habla de algo que compartimos muchos mexicanos. De niños soñamos con jugar un Mundial, con ponernos la camiseta de la Selección y representar a nuestro país. Y aunque con el tiempo esos sueños cambian, seguimos conservando esa ilusión de ver a México llegar a lo más alto y algún día levantar la Copa del Mundo.”
Y sobre la reacción de la gente:
“Es muy gratificante escuchar los comentarios de la gente que pasa por estos espacios y ver que conectan con el mural. Cuando recibes una respuesta positiva, todo el esfuerzo cobra sentido, porque el mural no se pinta para uno mismo, sino para todas las personas que lo van a ver todos los días, ya sea camino a la escuela, al trabajo o simplemente mientras caminan por la ciudad. Saber que una obra puede alegrarle el día a alguien o hacerlo detenerse unos segundos a observarla es de las cosas más valiosas del arte urbano. También quise reflejar esa capacidad de los mexicanos para seguir soñando, incluso cuando el camino parece difícil. Más allá del fútbol, el mural habla de la esperanza, de perseguir metas y de no perder esa ilusión que nace desde la infancia.”
“Un solo sueño” ya no es solo un mural en un puente o una cortina. Es un recordatorio de que, aunque crezcamos, aunque la vida nos cambie los planes, la ilusión de ser niños y soñar con un balón no se pierde. Porque al final, todos tenemos uno. Y quién sabe, quizá ese sueño que Neto pintó en el Salvador Nava, uno de estos días, alguien lo viva de verdad.
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