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Presa El Realito; Chato sí, campesinos no
Desde su concepción, El Realito ha beneficiado a Carlos López Medina y el sector industrial, en detrimento de los agricultores de Villa de Reyes
Por Roberto Rocha
Desde la concepción del proyecto original de la presa y acueducto El Realito, este consideraba como primordial abastecer los sectores industriales y de servicios en la ciudad de San Luis Potosí.
Esos mismos sectores han obtenido preferencia en los proyectos inmobiliarios de Carlos “El Chato” López Medina, quien ha proyectado desde hace al menos 17 años el crecimiento de la ciudad mediante vías carreteras que conecten la Sierra de San Miguelito con la Zona Industrial de San Luis Potosí.
El documento original de El Realito, publicado en diciembre de 2004 y al que LaOrquesta.MX tuvo acceso, menciona en un apartado llamado “Objetivo y Estrategia del Proyecto”:
“El objetivo central del proyecto es asegurar los recursos hídricos necesarios para el desarrollo socioeconómico a corto, mediano y largo plazos en la Región Centro, impulsando al estado de San Luis Potosí hacia un nuevo dinamismo industrial y de servicios”.
Esa preferencia hacia los sectores industriales y de servicios demuestra, junto a la autorización que otorgó la Comisión Estatal del Agua (CEA) al “Chato” López Medina para utilizar dos tanques de agua en la zona sur de la capital, que beneficiar los intereses de ese empresario fue una de las principales metas de El Realito.
El 18 de febrero de 2019, este medio publicó que los tanques que la CEA autorizó a utilizar a López Medina se encuentran en los terrenos del proyecto inmobiliario Reserva San Luis SA de CV, que el empresario busca poner en marcha en la comunidad de San Juan de Guadalupe, junto al inmobiliario regiomontano Alejandro Tamayo Ibarra.
En un oficio de la CEA, se establece que existe la posibilidad de disponer de 300 litros por segundo, volumen de agua sobrante del Realito, pues la carta, dirigida a López Medina, menciona que dicha agua no se utiliza en los Tanques Aguaje y Cordillera, por lo que tienen total disponibilidad.
En cambio, el sector agrícola de Villa de Reyes sería el afectado por la predilección para la industria y el comercio, dado que el proyecto de El Realito en diciembre de 2004, nombrado Informe 190, busca “Fomentar la expansión de la plasticultura en Villa de Reyes y Villa de Arista hasta alcanzar la implantación de 2 mil 400 hectáreas de acolchado e invernadero”, todo por un costo de 350 millones de pesos.
La plasticultura, que es el uso de plásticos para la producción de vegetales, lo que buscaba era quitar a agricultores derechos de uso del agua de la zona de Villa de Reyes, para llevarlos a invernaderos, que permitieran mayor aprovechamiento de agua de El Realito en los sectores industrial y de servicios y mucha menos para el sector agrícola.
El Informe 190 fue realizado con recursos del Banco Mundial, con la participación de organismos internacionales, como la Organización Meteorológica Mundial.
Dicho proyecto, según dice Carlos Covarrubias Rendón, asesor jurídico de comuneros de San Juan de Guadalupe que se oponen a la venta de más de 2 mil hectáreas de terreno a López Medina, tenía como metas poner a Villa de Reyes como un eje del desarrollo logístico e industrial de la Zona Centro del estado, además de desarrollar la red hidráulica en la zona poniente de la ciudad de San Luis Potosí, justo donde se encuentran los desarrollos inmobiliarios del “Chato” López.
En 2008, en sesión de Cabildo, cuando Covarrubias Rendón era regidor del Ayuntamiento de San Luis Potosí, el defensor de comuneros aseguró: “El problema del abatimiento del Acuífero de San Luis Potosí no es culpa de las personas, de los ciudadanos que van a sufrir incremento en su cuota, ellos no son los responsables, los responsables son los industriales, los desarrollos urbanos que han irrumpido en la falda de la Sierra de San Miguelito, la gente de las zonas industriales, ellos son los que se están acabando el agua. Pero también es cierto que es una idea esa que se está vendiendo de que en cinco o seis años nos vamos a quedar sin agua, o que dentro de cinco o sesos años uno de cada tres potosinos no va a tener agua potable: eso es una falsedad”.
De acuerdo con Covarrubias Rendón, el principal representante y operador de empresas industriales que buscaban instalarse en San Luis Potosí hacia finales de los 90 y principio de siglo fue el exgobernador Marcelo de los Santos Fraga, junto a su hijo Marcelo de los Santos Anaya.
Cuando De los Santos Fraga se convirtió en alcalde de la capital, en el año 2000, De los Santos Anaya se hizo cargo de ese trabajo, según dijo Covarrubias Rendón.
El proyecto original de El Realito tenía una segunda etapa, que abarcaba a los estados de San Luis Potosí y Guanajuato. Sería inaugurada en 2012 por Felipe Calderón Hinojosa entonces presidente de la República.
Esa segunda etapa incluiría a los ejidos del municipio de Celaya, Guanajuato, aunque ahora, a más de seis años de distancia, no se tiene certeza de qué ocurrirá con él.
También lea: Acusan a Nava y “El Chato” López de ataque vs activista
#4 Tiempos
La abogada y el diablo | Apuntes de Jorge Saldaña
APUNTES
De no ser porque al empresario Miguel Maya Romero le fueron a ofrecer poner una de sus cafeterías al interior de lo que iba a convertirse en el centro comercial Santa Fe, en los terrenos que rentó la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a la empresa VEM, e hizo público en sus medios el proyecto, a la UASLP le hubiera pasado de noche que le estaban por dar gato por liebre.
Se desató el infierno. Por algo a Miguel Maya Romero le dicen, los que lo quieren, “El diablo” (su WhatsApp es 666 y ya…bien raro).
Desde la muy humilde opinión de este aprendiz de reportero fueron dos errores fatales los que cometieron los promotores de Santa Fe: invitar a Maya solo a rentar un local, y no a invertir en el negocio completo.
El segundo error es haber entregado, al dueño de dos medios, el dossier, renders, planos, números y el “kit” completo del proyecto.
Hasta que estos materiales “cautiva inversionistas” fueron públicos en los medios miguelescos, la comunidad universitaria, sus más altos funcionarios y el Consejo Directivo, cayeron en cuenta que VEM les había vendido un unicornio que resultó ser un burro con brillantina.
Las especificaciones del Santa Fe publicadas estaban enfocadas al lucro, objetivo muy distante a lo que aprobó el Consejo Directivo Universitario por la confianza que le tienen al rector, Alejandro Zermeño Guerra.
Y es que con esa buena fe a la rectoría, nadie imaginó que el equipo jurídico de la Universidad resultara tan laxo, distraído e incompetente como para que en más de un año de haber firmado el contrato de arrendamiento (a precios muy inferiores a los del mercado, pero bueno…) no se hubiera dado cuenta que el unicornio rebuznaba.
En lugar de centro deportivo, canchas de pádel, gimnasio, pista para correr, estacionamientos para estudiantes y otras instalaciones dirigidas a la comunidad, se estaba gestando y vendiendo un centro comercial con tienda ancla, agencia de autos, restaurantes y cadenas comerciales.
Ante la presión social y mediática que provocó la discrepancia entre el proyecto original y el exhibido, el que tuvo que sacar el pecho y llevarse el desgaste fue el propio doctor Zermeño, que tuvo que pedir cuentas a su equipo jurídico encabezado por la abogada general de la universidad, Urenda Navarro Sánchez (a la que tengo el enorme gusto de no conocer).
En la revisión, el convenio resultó más poroso que un estropajo de Ixtle.
(Por cierto que el documento, al que solo Navarro Sánchez y muy pocos colaboradores de su oficina tenían acceso, casualmente se filtró a los mismos medios propiedad del villano de las pastorelas).
La filtración tuvo consecuencias. Por un lado, las enormes goteras jurídicas de la redacción del instrumento, urgieron a la Universidad cancelar el trato justificadamente acudiendo a las únicas condiciones que podrían protegerlos, que fueron el nulo avance de la obra y el agotamiento de los plazos.
En otras palabras, la falta de liquidez de los empresarios los salvaron; que si no, ya hubiera centro comercial, agencia de autos y café Chaires.
Por el otro lado, y ya circulando el convenio, se pudo saber que a la empresa VEM no le pidieron ni los requisitos más indispensables; no verificaron su experiencia (que no tiene) ni sus capacidades financieras (que tampoco tiene).
Con las cartas destapadas, el rector admitió que se sintió engañado (así lo declaró a éste medio y a otros). Pero… ¿engañado por quién?
¿Por la empresa? ¿O por su abogada general, que no cuidó a la institución, le escondió los detalles del poroso contrato y les generó un feroz enjambre jurídico en contra del que aún no salen?
Derivado de todos los yerros encontrados, se hizo inminente para la UASLP la cancelación del trato, provocando que Fabián Espinoza, el representante de la empresa al que se le cayó el negocio, denunciara penalmente al propio rector, a Miguel Maya y hasta a los periodistas de sus medios, asunto que hasta donde se sabe, sigue su curso.
Vamos dos a cero: Un contrato jurídicamente descuidado puso en el filo de la navaja a la institución, y provocó en reacción que denunciaran al líder de la comunidad universitaria, que sin necesidad, deberá defenderse por la vía penal (ojalá el rector contrate a un abogado o abogada externos… digo).
Tres a cero: En respuesta, la UASLP (léase la licenciada Navarro Sánchez) interpuso una tibia demanda mercantil (que no es lo mismo que una denuncia) en contra de la empresa. Sin embargo, la demanda la presentó la abogada hasta junio pasado. Es decir, meses después de la tormenta. Mientras tanto ni se ha recuperado el terreno, ni pueden hacer nada con él.
¿Estaría muy ocupada la abogada?
Quizás sí, promoviendo una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia, en contra del Instituto de Fiscalización Superior del Estado, contra el que debate la competencia de éste para auditar recursos propios de la UASLP.
Hace unos días, la controversia fue desechada por la SCJN por ser “notoriamente (no-to-ria-men-te) improcedente”. Cuatro-cero.
Por si se lo preguntaba, Culto Público, quien dió a conocer la promoción de la controversia, así como su penoso resultado, también fueron los medios propiedad de MMR, príncipe de las tinieblas.
(Yo creo que nadie les pasó el número de expediente en cuestión y le atinaron sus reporteros de pura suerte…)
Se le conoce al rector de la universidad, Alejandro Zermeño -y coincido- como un hombre íntegro, decente, bien intencionado, prudente, y capaz.
Lo que asombra es su paciencia y tolerancia con funcionarios como Urenda Navarro Sánchez, que si nos damos cuenta, es quien ha estado detrás de casi todos los conflictos que ha enfrentado la actual rectoría.
¿Cuándo terminará la goliza jurídica contra la institución? ¿No hay cambios? ¿Alguien tiene pacto con el diablo?
Hasta la próxima.
Yo soy Jorge Saldaña.
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Ciudad
En el Día Nacional del Bombero, enfrentan crisis en SLP
Pese a cerrar cuatro estaciones y contar con 50 elementos, la corporación no ha ignorado ni un solo llamado de auxilio en los diez municipios que cubre
Por: Redacción
El 22 de agosto se conmemora el Día Nacional del Bombero en México, una fecha que cada año recuerda la fundación del primer cuerpo operativo en el país, siendo en el año 1873 en el puerto de Veracruz.
La conmemoración de esta efeméride honra la participación de hombres y mujeres que arriesgan su vida para salvaguardar a la población en incendios y otras situaciones críticas. Pero en el caso de San Luis Potosí, también evidencia las carencias que sufre la corporación metropolitana.
Adolfo Benavente Duque, comandante del Cuerpo de Bomberos Metropolitanos de San Luis Potosí, dio a conocer que la corporación requiere la participación de la ciudadanía para mejorar las condiciones laborales, adquirir equipo de protección, herramientas y vehículos, además de contratar más personal.
Y es que de acuerdo a lo mencionado por Benavente Duque, para mejorar su servicio se requiere la incorporación de 18 elementos más, que no han podido ingresar debido a la falta de condiciones laborales dignas para su contratación.
Agregó que actualmente cuentan con 50 elementos repartidos en cuatro turnos, y para su solvencia operativa, se han visto en la necesidad de cerrar cuatro estaciones —Lomas, Abastos, Soledad y Zona Industrial—.
Eduardo Moreno Vellido, presidente del Patronato del Cuerpo de Bomberos de San Luis Potosí, dio a conocer que pese a estas carencias, los Bomberos Metropolitanos intervienen en diez municipios en torno a la capital potosina. Además que no han ignorado ni una sola llamada de auxilio en la que se solicita su atención.
“La labor que realizan los bomberos con tan poco es muy loable, porque la situación ha llevado operativamente al comandante a estar malabareando todos los días para poder dar atención. No hay una sola llamada de emergencia que no se atienda”.
Mencionó que para sostenerse han implementado mecanismos como el acercamiento con autoridades municipales, estatales, cámaras empresariales y sociedad civil para recaudar fondos y mejorar sus condiciones.
También lee: SLP requiere nuevas estaciones de bomberos
Destacadas
Municipalización de La Pila divide visiones sobre el futuro de la Zona Industrial
Gobierno estatal propone crear un nuevo municipio para atender la Zona Industrial, mientras el sector empresarial pide una estrategia más amplia y planeada
Por: Redacción
El pasado 19 el Gobernador del San Luis, Ricardo Gallardo Cardona, durante un evento en la Delegación “La Pila” mencionó la posibilidad de que dicha zona pudiera convertirse en el sexagésimo municipio del estado. Dichas declaraciones generaron respuestas por parte de diferentes sectores de la entidad entre ellos, personal de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación.
Por un lado, el gobernador plantea que transformar La Pila en un municipio permitiría reinvertir directamente los recursos fiscales generados en esa zona —como el impuesto predial y el pago por agua— en obras de mejora urbana. Asegura que actualmente estos ingresos son recaudados por el Ayuntamiento de la capital, pero no se reflejan en beneficios tangibles para la zona. Gallardo considera que, al igual que con Villa de Pozos, la municipalización es viable y podría ser una solución directa para impulsar obras como puentes, vialidades y proyectos complementarios a la Vía Alterna
.Sin embargo, desde la perspectiva empresarial, la propuesta requiere un análisis más profundo. Imelda Elizalde Martínez, presidenta de Canacintra, advierte que las necesidades de la Zona Industrial no se limitan a una sola demarcación, ya que el entorno opera de forma transversal y metropolitana. Argumenta que los problemas de movilidad, conectividad y servicios involucran a varios municipios, por lo que urge una estrategia integral, más allá de la creación de nuevos municipios.
Elizalde también subraya que el uso de los impuestos generados por la industria debe revisarse de manera coordinadaentre los tres niveles de gobierno, con una planeación de largo plazo. Añade que, más que delimitar soluciones a fronteras administrativas, se necesita una gestión estratégica que responda a la complejidad de la dinámica industrialen la región.
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