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¿Por qué hay tantos delitos sexuales en SLP?

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En nuestro estado, cada cuatro horas se comete uno de estos crímenes. Analizamos las posibles causas

Por: Itzel Márquez

Las cifras más recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública arrojaron que en San Luis Potosí durante el mes de mayo se presentaron 177 delitos contra la libertad y seguridad sexual, lo cual se traduce en un delito de este tipo cada cuatro horas; al respecto, el antropólogo León García Lam dio su perspectiva y Erika Velázquez del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí (IMES) habló sobre lo que hace la institución para prevenir estos sucesos.

León García dijo que hay dos maneras de entender este incremento de delitos: aumento de cantidad de agresiones sexuales, lo cual podría deberse a cambios que afecten en la estructura social (estrés contenido, frustración o violencia de género) o la segunda posibilidad es que siempre han existido estas conductas, pero ahora hay mejores y más condiciones para denunciar a los agresores.

“Desde mi punto de vista, ocurre una mezcla de ambas circunstancias: hay polarización en la población, se incrementa la frustración personal de la ciudadanía, también hay un mayor estrés causado por el aislamiento y una buena parte de esta “ansiedad” se convierte en violencia e intolerancia que estructuralmente se ejerce de los hombres hacia las mujeres y hacia las niñas y los niños. Al mismo tiempo, afortunadamente, existen recursos y una mayor libertad para denunciarlos”, recalcó el antropólogo.

“Lo hemos visto desafortunadamente en muchos tipos de violencia en contra de las mujeres en la pandemia, lo cual nos confirma que mujeres y niñas están en peligro y al haber estado encerradas por la pandemia, pone en duda que las mujeres están con sus agresores”, mencionó la titular del IMES.

En cuanto a la responsabilidad de las autoridades en estas agresiones, García apuntó que la prevención y el castigo son dos procesos complementarios, “para la prevención eficaz solo hay un camino de mediano plazo que es la investigación; pero a la fecha no hay suficiente que explique los mecanismos del problema, pero hay algunas investigaciones de género y campañas como el violentómetro que aunque son bien intencionadas, resultan insuficientes”.

Además, el antropólogo dijo que es necesario cruzar los datos con otros problemas como los suicidios o las adicciones y reafirmó que es necesario un esfuerzo interinstitucional e interdisciplinario.

Hablando acerca de las medidas que toma el IMES para prevenir este tipo delitos, Érika Velazquez mencionó que ofrecen asesoría jurídica, psicológica y tienen un área de trabajo social, desde la cual, canalizan a las víctimas al lugar correspondiente.

“Desde el IMES realizamos campañas de difusión, prevención sobre violencia así como cápsulas diarias explicando qué hacer en casos de violencia, perifoneos informativos en localidades y estamos tratando de llevar la información a cada rincón para prevenir y de ser necesario, asesorar a las víctimas”.

“Estoy convencido que una buena parte de la solución está en la sociedad civil; la mayoría de los casos de violencia de género, delitos sexuales, agresiones, odio, intolerancia, etcétera, ocurren en personas que provienen de contextos sociales rotos como familias empobrecidas, padres ausentes, divorcios, frustraciones económicas, recuperar el tejido social, la eficacia de las instituciones, de las normas sociales es el principal reto que tenemos como sociedad”, finalizó León.

Por su parte, Érika dijo que es indispensable estar alerta y denunciar casos de violencia en cualquier espacio.

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Federico Garza renunció a la Fiscalía General del Estado

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José Luis Contreras, quien actualmente se desempeña como vicefiscal jurídico, ocupará temporalmente este cargo

Por: Redacción

Esta mañana, Federico Arturo Garza Herrera presentó su renuncia como titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE) al Congreso del Estado, argumentando que se trata de motivos personales.

Su lugar quedará temporalmente a cargo de José Luis Ruiz Contreras, quien se desempeña como Vicefiscal Jurídico.

Garza Herrera fue el último procurador general de justicia de la entidad hasta el 26 de octubre de 2017 y una vez que se conformó la FGESLP, fue el primer fiscal general desde el 27 de octubre de ese mismo año hasta ahora que deja ese encargo. 

Se especula que la terna que mandaría el Ejecutivo del Estado, a cargo de Ricardo Gallardo Cardona, estaría integrada por Leonel Serrato, recientemente anunciado titular de la SCT; Candido Ochoa, ex diputado local; y Juana María Castillo, vicefiscal especializada en delitos sexuales y atención a la mujer.

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Ricardo Gallardo mudaría su oficina; Palacio de Gobierno se convertiría en museo

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El despacho del gobernador estaría ubicado en el Centro de Convenciones y la Sedeco pasaría al Centro Histórico

Por: Redacción

Ricardo Gallardo Cardona tomará protesta como gobernador de San Luis Potosí el próximo domingo, y uno de los primeros cambios que implementaría, de acuerdo con fuentes consultadas por este medio, sería mudar su despacho del Palacio de Gobierno a la Torre Corporativa del Centro de Convenciones, lugar en donde actualmente se encuentra la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).

El Palacio de Gobierno se convertiría en un museo abierto a la ciudadanía, mientras que las oficinas de Sedeco serían establecidas en donde actualmente se encuentra la Secretaría de Turismo, dependencia que será trasladada a la Huasteca.

Trabajadores y trabajadoras de la Sedeco se instalaron temporalmente en uno de los salones del Centro de Convenciones, pero han informado que desde este viernes se les dio la indicación de volver a sus labores hasta nuevo aviso.

Otro de los cambios que hará Gallardo, el cual ya está confirmado, es el traslado de la Secretaría de Cultura al Altiplano, por lo que su icónica casona de la Plaza de San Francisco quedaría vacante.

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#LaHerenciaDeCarreras | Las cruces rosas del feminicidio

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El empoderamiento de las mujeres en SLP no responde a un esfuerzo del gobierno estatal, sino a la incansable lucha de activistas y organismos civiles

Por: Karina González

En marzo de 2016 ocurrió el primer feminicidio catalogado como tal en el sexenio de Juan Manuel Carreras López como gobernador de San Luis Potosí. Desde entonces 116 mujeres han perdido la vida a manos de feminicidas en crímenes de odio y violencia de género, según la organización Semáforo Delictivo y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en un análisis sobre los casos ocurridos entre octubre de 2015 y abril de 2021, fecha de su última actualización.

En 2019 se registró el mayor número de feminicidios en el estado con 28 asesinatos de mujeres; en 2018 y 2020 la cifra fue menor solo por un número, ambos años registraron 27 feminicidios; en 2017 se contabilizaron 18, en 2016 se tiene registro de 7 y actualmente, de enero a abril de este 2021, se han cometido 9 asesinatos de mujeres en el estado potosino.

Todo esto, pese a que el 21 de junio de 2017 se emitió la declaratoria de Alerta de Género para seis municipios en San Luis Potosí: la capital potosina, Soledad de Graciano Sánchez, Ciudad Valles, Matehuala, Tamazunchale y Tamuín. Con este decreto el gobierno de Juan Manuel Carreras se comprometió a coadyuvar en la garantía del derecho a una vida libre de violencia de las mujeres y niñas; además, de ejercer algunas obligaciones, tales como:

Reforzar patrullajes preventivos; instalar alumbrado público y mejorar el existente; implementar mecanismos de vigilancia y seguridad pública como videocámaras y postes de emergencia en puntos estratégicos; incrementar la vigilancia en el transporte público; difundir información sobre líneas de apoyo a víctimas de violencia; crear aplicaciones para teléfonos que permitan el acceso inmediato a los servicios de atención y seguridad; capacitación y profesionalización del servicio público en perspectiva de género y de derechos humanos; campañas de prevención; recuperación de espacios públicos; la creación de agrupaciones de seguridad especializadas en género y de reacción inmediata, así como la creación de una unidad especializada para el avance en la investigación de casos de feminicidio; medidas para garantizar el efectivo acceso a la justicia y la reparación integral del daño; y la creación de un grupo especializado en análisis de contextos de violencia, y la armonización legislativa.

De todas las anteriores, ninguna se logró acatar al 100 por ciento, tal como se refleja en los índices delictivos de los últimos seis años; pese a estos datos, en San Luis Potosí la figura de la mujer está cobrando importancia y se refleja en las posiciones de poder que poco a poco de conquistan dentro de la administración pública, la vida social y la industria, reconoció el doctor en criminalística Luis Alberto Osornio Saldívar, quien señaló que este logro, lamentablemente no se debe a las voluntades del gobierno del estado, sino a la incansable lucha de distintos organismos civiles que han alzado la voz para posicionar los derechos de las mujeres.

Indicó que la deuda que se queda en el gobierno estatal no es empoderar a la mujer porque ya existen mujeres empoderadas en San Luis Potosí, que han obtenido cargos de diputadas, senadoras, alcaldesas y actualmente es una mujer quien encabeza el Poder Judicial, “es histórico”, reconoció el experto; sin embargo, dijo, no es un resultado tangible para la lucha que exigen las mujeres y activistas en sus marchas; el reclamo social va mucho más allá que solo una posición laboral o económica; es la sed de justicia ante la indiferencia con las víctimas.

El experto mencionó que en feminicidios, no existe hasta el momento la operatividad adecuada en los elementos de seguridad para afrontar temas como la investigación y por tanto, no existen detenidos, culpables, procesados, ni casos cerrados. Pues según el “mapa de feminicidios” creado por el medio digital feminista La Alcantarilla y la consultoría de desarrollo de proyectos tecnológicos, software y mapas interactivos “Uxmalsoft” ningún caso ocurrido entre 2018 y 2021 ha sido considerado “concluido” por la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí.

“Hemos tenido la capacidad activista enorme pero no hemos tenido una actividad operativa de investigación efectiva y eso es donde debemos de cambiar, por ejemplo la ministerial, los protocolos de investigación, las persecuciones, las pesquisas, las cuestiones periciales forenses, en estas debemos de avanzar”, consideró. Lo anterior se refleja en las marchas y movilizaciones feministas que año con año incrementan el número de participantes.

En 2020, antes de la pandemia de covid-19 se vivió la marcha más importante en conmemoración del 08 de marzo, miles de mujeres caminaron en una protesta por las víctimas de feminicidio y violencia de género que no recibieron justicia, víctimas de desaparición que no cuentan con carpetas de investigación o búsqueda de su paradero; familias que han perdido a una integrante porque en las calles no hay quien cuide el transitar de sus mujeres. En 2020 también se llevó a cabo por primera vez el movimiento “el nueve ninguna se mueve” que provocó que cientos de mujeres dejaran paradas sus labores por un día, visibilizando la fuerza laboral y económica que representan en la vida diaria.

Este 2021 debido a la pandemia las manifestaciones que exigen justicia se vieron limitadas, pero no silenciadas; incluso, el pasado 14 de mayo se conmemoró el Día por la Justicia para las Víctimas de Feminicidio donde se develó un memorial para recordar a las víctimas que siguen sin justicia. En este sitio se dejaron cruces rosas, flores y carteles donde se le recuerda al gobierno de Juan Manuel Carreras la deuda con la seguridad para las mujeres. Por tanto, sin soluciones ni un efectivo sistema de justicia, este problema será una de las herencias más sentidas que Juan Manuel Carreras dejará a San Luis Potosí.

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