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Patricio: falla tras falla del ISSSTE costaron la vida de un bebé en SLP (Parte I)
Por: Roberto Rocha
PARTE I
Ayer, la Secretaría de Salud de San Luis Potosí confirmó un caso de covid-19 en un bebé prematuro, nacido en el Hospital General del ISSSTE después de 35 semanas de gestación, que falleció unos días después a causa de una infección que le ocasionó enterocolitis.
Pese a haber sido confirmado por covid-19, la muerte de este bebé no se sumó a la estadística de fallecimientos causados por esta nueva enfermedad en San Luis Potosí, debido a que se consideró que su defunción no estuvo relacionada al nuevo coronavirus.
Los padres de este bebé, sin embargo, no fueron avisados respecto al resultado positivo de su hijo por las autoridades estatales, pese a que fue dado a conocer en la rueda de prensa del día de ayer. Esta es solo una en la serie de negligencias ocurridas durante todo el embarazo, hasta el lamentable fallecimiento del menor, según explicaron los padres en entrevista para La Orquesta.
De hecho, el contagio de covid en el bebé ocurrió seguramente en el mismo Hospital General del ISSSTE, puesto que en los cuneros había otro bebé portador del SARS-Cov-2, pero que se encontraba en la misma área de neonatología que el resto de los recién nacidos, según denuncian los padres del menor fallecido, de nombre Patricio.
Otra de las negligencias es que, según dijeron médicos del ISSSTE a los padres de Patricio, quien nació el sábado 6 de junio y tenía órdenes de realizarle exámenes de laboratorio de covid desde ese mismo día, esas pruebas no fueron hechas hasta después de su fallecimiento, el martes 9 de junio.
ERRORES DE CAPTURA
La serie de negligencias en el caso de Patricio comenzaron en noviembre de 2019, incluso antes de que surgieran los primeros casos de covid-19 en China. En aquel entonces, la pareja fue a consulta al Hospital General del ISSSTE: “Ella trabaja como enfermera y necesitábamos llevar el control en el ISSSTE, para su futura incapacidad”, explicó Alberto, el padre.
“Vimos al ginecólogo, que revisó los estudios del azúcar y otras pruebas. Las apuntó en el expediente, pero supongo que estaban mal porque también apuntó el peso de forma incorrecta. Con esos mismos resultados le dijo a mi esposa: ‘usted es diabética, es hipertensa’ y empezó a sacar muchas enfermedades”.
Por esas mismas enfermedades, la pareja visitó un endocrinólogo, un nutriólogo y tres ginecólogos particulares más, quienes también le mandaron a hacer estudios: “Los tres coincidían que todo estaba bien. Estuvimos viendo todo el embarazo con médicos particulares, hasta los siete meses y medio”, señaló Alberto. Sin embargo, pese a que otros doctores aseguraban que no existían esas otras enfermedades, el expediente del ISSSTE siempre siguió registrado con ese error.
CITA HASTA AGOSTO
Alberto asegura que debido a la pandemia del covid-19, una cita de revisión que llevaría a cabo su esposa con un ginecólogo del ISSSTE fue pospuesta, sin embargo, cuando llamaron, ya con siete meses de gestación, les dieron una fecha imposible de cumplir.
“No sabíamos hasta cuándo iba a ser la cita, nos dieron un número de teléfono para programarla, hablamos y nos dijeron que no, que hasta agosto. Obviamente no iba a llegar a agosto, porque el nacimiento estaba programado para el 14 de julio”.
NADIE LES DIJO QUE AHÍ ATENDÍAN COVID
Para no quedarse con la duda, Alberto y su esposa fueron al Hospital del ISSSTE el 1 de junio, donde les dieron cita para el viernes 5 de junio: “Fuimos creyendo que todo estaba bien, una semana antes habíamos ido al ginecólogo y nos había dicho que todo está bien. Llegamos al ISSSTE, a la consulta el día viernes 5. Cambiaron de doctor, ya no era el primerito que nos había anotado los datos en el expediente que estaba mal. Obviamente en ese momento no sabíamos que había ahí pacientes con covid porque en ningún lado decía”.
Alberto continúa: “Ella entró al consultorio sola, yo entendí la razón, que era la contingencia. Alrededor de media hora después abre la puerta el doctor y me dice ‘pásele’. Me pregunta ‘¿usted es familiar, es el esposo? Estamos haciendo un documento porque ella se va a quedar, la vamos a ingresar, se va a quedar aquí hospitalizada’. Me sacó muchísimo de onda. El doctor me dice ‘mira le hicimos un ultrasonido que refleja que al bebé, le falta un poquito de líquido, y es muy peligroso. Aparte en el expediente dice que ella es hipertensa, que es diabética. Todo lo que había en el expediente, que había anotado el doctor anterior”.
Alberto trató de explicarle al médico que todo el embarazo lo habían seguido con médicos particulares y todos los doctores habían dicho que su esposa estaba en buenas condiciones de salud, sin embargo, el ginecólogo del ISSSTE respondió: “es muy riesgoso que se puedan ir así, yo necesito que ella se quede para que no pongamos de riesgo la vida del bebé”.
Una vez más, al momento de ser internada, ni Alberto ni su esposa sabían que en el Hospital General del ISSSTE se estaba tratando a pacientes de covid-19. A Alberto le pidieron que llevara jabón y papel de baño para su esposa y que le dejara su celular para mantenerse en contacto con él.
“15 minutos después de que yo me salí, porque no podía quedarme ahí, ella me manda un mensaje desde el celular y me comenta que sonó la alarma y que les empezaron a decir que iba a ingresar un paciente con covid. Le cerraron la puerta del lugar donde ellos estaban, les dijeron que era un código rojo, que iban a cerrar para estar aislados. Pasó el paciente, media hora después abrieron la puerta y sanitizaron. Me empezó a entrar algo de ansiedad porque no nos habían comentado que era un lugar donde había pacientes con covid, pero si nada más van a hacer estudios, pues es algo rápido. No teníamos ni siquiera la idea de que nuestro bebé ya estaba por nacer”.
Continúa Alberto: “El día sábado empiezan a hacer los estudios de orina, de sangre, el monitoreo de la frecuencia cardíaca del bebé. Es ahí donde se da cuenta el ginecólogo de que la frecuencia cardiaca está bajando, ‘el líquido sigue estando por debajo de lo normal’, le dijo a mi esposa. La valoraron y le dijeron ‘tu bebé está tiempo de poder salir, de poder estar bien, tiene 35 semanas, ya está formado, se ve que está bien, pero sí es necesario que hagamos una cirugía para poderlo extraer, porque puede correr el riesgo de que si bajan más los latidos ahí pierda la vida 
“Entonces la pasan a quirófano, en ese momento ya me hablan a mí como su esposo, me dicen ‘por favor venga, para que usted dé la autorización de lo que vamos hacer’. Yo llego con el ginecólogo, me explica qué es lo que sucedió, que la frecuencia cardiaca del bebé está baja, que no tiene mucho líquido, y que es muy necesario que se le practique la cesárea para que puedan salvar al bebé”. Alberto firmó la autorización y tuvo que salir del hospital para que le dieran informes: “Esperé alrededor de tres horas y media, casi cuatro horas, hasta que sale el doctor. Como que se le había olvidado porque realmente la cirugía duró menos, como una hora. Me ve y como que se acuerda y me dice ‘perdón, su bebé nació muy bien. Su bebé pesó 2.100 kilogramos y midió 45 centímetros. Está muy bien, no hubo complicaciones, a pesar de que es prematuro el bebé está bien. Lo van a pasar al área de neonatología por lo que significa ser prematuro para llevarlo ahí a que lo valoren, pero en lo que cabe, todo está muy bien’. Yo me puse contento, muy feliz”.
CAMBIARON DOS BEBÉS
Después de que a su esposa le pasó la anestesia, Alberto fue a verla. “Estuvimos platicando, en ese momento les pregunté qué pasó con el bebé, me dicen ‘lo tuvimos que dejar en neonatología porque al ser prematuro necesitamos valorarlo, pero está bien”.
“Busqué a la directora del hospital para que me dejaran ver a mi bebé. Cuando me acerqué. con ella estaban tres personas. Alcancé a escuchar que le estaban reclamando a la directora que les cambiaron el bebé, porque decían ‘es que no es posible que nos hayan dado un información de nuestro bebé y a la hora que nos lo están enseñando sea otra información, en el brazalete decía que tenía otro peso’. Yo me alarmé, entonces me acerco y le comento a la directora: ‘mi bebé acaba de nacer, fue prematuro y quiero saber si me pueden dar informes’. Entonces la directora voltea a hablar con las personas y les dice ‘no va a haber ningún problema con su hijo, porque el de él es prematuro. No es que estemos cambiándolos, fue un error de dedo lo que les pasó’”.
Alberto pidió informes a la directora, quien prometió que dejaría su nombre al personal después del cambio de turno. Después Alberto se despidió de su esposa y volvió a su casa. Seguían en contacto por el celular, ella le contó que hubo al menos tres códigos rojos más por ingreso de pacientes con covid, entre la noche del sábado 6 y la mañana del domingo 7 de junio.
NO HABÍAN VISTO A SU HIJO
Durante las primeras 24 horas de vida de Patricio, sus padres no pudieron verlo. Después de la cesárea, aunque su mamá estaba consciente, le taparon la cara para llevar al bebé a neonatología. Más tarde les dijeron que no podían llevárselo por ser prematuro y por la contingencia sanitaria. Sin embargo, los doctores les decían que el bebé estaba bien.
“En el cuarto donde estaba había tres camas y ella estaba en la última cama” -explica Alberto- “en las dos camas que seguían también había otras mamás de recién nacidos, y a ellas sí le llevaron a sus bebés. Pero a mi esposa le decían que mi bebé estaba bien. Después le dijeron ‘probablemente el lunes (al día siguiente) ya te vamos a dar de alta para que te lleves a tu bebé’”.
Ese mismo domingo por la noche, le informan a Alberto y su esposa que el bebé tenía congestión nasal y por eso no lo habían llevado con su madre. Alberto llevó un medicamento para el bebé y más tarde, los doctores le informaron que había reaccionado bien, por lo que confiaban en que podrían llevarlo a casa el lunes 8 de junio.
Continúa narrando Alberto: “Yo esperaba que el lunes ella me hablara nada más para ir por ellos, pero se pasó medio día. Yo le marqué y ella me dijo: ‘a mí ya me dieron de alta, estoy esperando a la pediatra para que nos traiga al bebé’. Todavía el lunes era fecha de que ella no lo conocía, no se lo habían llevado, no sabía nada de él, nada más por informes, pero no lo conocíamos”.
“Estaba esperando que se lo entregaran hasta las 2 de la tarde, que hubo otra vez cambio de turno. Entonces llegó a la pediatra y le dijo ‘tu bebé no va salir contigo hoy, tú ya estás de alta, ya te puedes ir a tu casa, pero el bebé se tiene que quedar porque acaba de presentar un cuadro infeccioso’. Así lo manejaron, como un cuadro infeccioso. Sin embargo, la doctora insistió ‘está bien, dentro de lo que cabe está bien, está sano’”.
Sigue aquí con la parte 2 de esta historia: Patricio: falla tras falla del ISSSTE costaron la vida de un bebé en SLP (Parte II)
La magistrada presidenta del STJE dice que el Congreso apenas verá la declaratoria en septiembre, mientras Matehuala funciona como piloto
Por: Haniel Valdés Velázquez
Ante la pregunta sobre el avance en la implementación de los juicios orales en materia civil y familiar, la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, reconoció que el Congreso del Estado se encuentra en receso y que el Poder Judicial espera hasta septiembre para definir lo relacionado con la declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Zarazúa explicó que la reforma tiene una dimensión “impresionante” —mayor, dijo, a la que en su momento representó la materia penal— y adelantó que el Poder Judicial evalúa una implementación paulatina, además de insta lar mesas de trabajo sobre temas pendientes, entre ellos la relación con los notarios y la armonización del Código Familiar y el Código Civil del estado.
Detalló que desde hace un año el Poder Judicial realiza pruebas piloto, pensadas inicialmente para arrancar en Matehuala, “precisamente porque hay muchos temas que ver.”
Entre los pendientes que enumeró están la construcción de salas orales, la toma de protesta de dos jueces ya electos en materia oral que “no han tomado precisamente cargo,” y la certificación del personal.
Consultada sobre si San Luis Potosí llegará a tiempo al plazo federal del 1 de abril de 2027, Zarazúa respondió enumerando el trabajo en curso, sin precisar una fecha de conclusión.
También lee: Al PJE le quedan 3 meses para hacer lo que no hizo en 4 años
Lunes 17 de agosto de 2026
Culto Público, hijos del domingo en la noche me acordé de la cartulina:
El Poder Judicial potosino amaneció con dos relojes atrasados.
Uno dice que hoy no puede con lo que tiene y el otro tiene alarma para el 1 de abril de 2027.
Esa alarma es de las que no se pueden ni detener ni “*dame otros 5 minutitos”*
EL PODER JUDICIAL TIENE 227 DÍAS. PARA LO QUE NO HIZO EN 4 AÑOS Y 500 NOCHES.
Este es el tema del día y es investigación de La Orquesta.
El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares fue publicado en junio de 2023 y fijó el 1 de abril de 2027 como fecha máxima para que opere la nueva justicia civil y familiar.
No es sugerencia. No hay prórroga.
Tampoco se trata de cambiar formatos y ponerle nueva portada a los expedientes.
La reforma exige juicios orales, salas equipadas, expedientes electrónicos, videoconferencias, conectividad y personal capacitado.
El problema es el calendario.
Si la infraestructura depende del presupuesto 2027, al Poder Judicial podrían quedarle enero, febrero y marzo para hacer lo que sabía desde hace casi cuatro años que tendría que hacer.
Y la ley entra en vigor aunque San Luis no esté listo.
Una demanda presentada el 2 de abril tendrá que procesarse con las nuevas reglas.
Es una escena bastante extraordinaria: el Poder Judicial podría terminar incumpliendo una ley porque el propio Poder Judicial no construyó a tiempo las condiciones para cumplirla.
Y no está preparando el nuevo sistema desde una cancha vacía:
Jorge Chessal calcula que la Fiscalía podría acumular 23 o 24 mil carpetas este año y advierte que la llegada de nuevos juzgadores no ha resuelto la saturación. (Pulso trae de 8 este certero apunte de el prestigiado abogado Jorge -quebonitonombre- Chessal)
LA SENTENCIA QUE LLEVA DOS AÑOS ESPERANDO A SER DESCUBIERTA
Este es otro hallazgo documental de Pulso.
Sonia Mendoza, titular de Segam, sostiene que todavía espera una resolución definitiva para determinar quién debe retirar el lirio acuático de la presa San José.
El problema es que la resolución existe.
El Segundo Tribunal Colegiado resolvió desde el 31 de enero de 2024 y vinculó al gobernador, Segam, CEA e Interapas.
Puede haber actuaciones pendientes para cumplir la sentencia. Eso merece explicación.
Lo que no está pendiente es la sentencia.
SALVITA: LA EXIGENCIA SALE A LA CALLE
Este es tema de seguimiento.
Estudiantes de la UASLP marcharán el miércoles 19 de agosto a las 14:00 horas, desde Criminología hasta la Fiscalía, para exigir justicia por el asesinato de Gabriel Salvador Martínez Flores.
Las autoridades hablan de presuntos responsables identificados.
Los estudiantes están pidiendo el siguiente verbo: detenidos.
ELECTORAL POTOSINO | TRES PUEDEN SER MULTITUD
El Heraldo de México coloca hoy a San Luis en la conversación nacional con dos datos que juntos hacen ruido.
Morena encabeza las preferencias como partido, pero Ruth González aparece adelante en los careos personales. Al mismo tiempo, se plantea la posibilidad de que Morena, PVEM y PT compitan separados en 2027.
Abusados: encuesta no es resultado y escenario no es candidatura.
La alianza en SLP a la gubernatura desde hace mucho parece lejana, el nombre de la candidata Verde muy conocido y un As bajo la manga que se asoma o se sospecha para jugada clave de último minuto.
BARRIDO NACIONAL | ANDY NO PUEDE IR A DISNEY
…y quizá pronto a ningún otro lado.
La cancelación de la visa estadounidense de Andrés Manuel López Beltrán se comió buena parte de la conversación nacional.
La Embajada de Estados Unidos
Ahí apareció el vacío perfecto para que cada quien meta lo suyo.
La oposición intenta relacionar el episodio con investigaciones y posibles irregularidades; del otro lado se presenta como persecución política contra el hijo del expresidente. Y en medio ya comenzó la inevitable especulación sobre qué significa todo esto para su futuro dentro de Morena.
Es curioso: Andy pasa en cuestión de días de dirigente cuestionado a víctima geopolítica y de ahí a posible activo electoral.
—Disculpe, ¿me dijo que la nieve la quería de limón, verdad?—
CONVERSACIÓN DE COLUMNAS
Adriana Ochoa publicó ayer su columna de lectura obligada para todo aquel que se diga interesado en el tema público, “La Cábala” con una entrega titulada En azul craquelado.
Su lectura más filosa para esta semana: reducir las precampañas a 20 días beneficia especialmente a quienes lleguen con estructura, territorio y candidatura prácticamente resueltos.
La campaña formal se hizo más corta.
La campaña real, evidentemente, no.
La conversación local coincide además en otro asunto: cambiar personas no necesariamente cambia instituciones.
El Poder Judicial ya tiene nuevos juzgadores, pero conserva el cuello de botella en impartir justicia porque los juzgadores nuevos no dan una…
LOS 3 HALLAZGOS
1. EL PLAZO QUE NO SE MUEVE. El nuevo sistema civil y familiar deberá operar el 1 de abril de 2027 aunque el Poder Judicial potosino no esté materialmente preparado.
2. LA SENTENCIA QUE SÍ EXISTE. Segam habla de una resolución pendiente sobre el lirio cuando existe una ejecutoria desde enero de 2024.
3. EL AGUA QUE SE VA ANTES DE LA CAJA. BBVA Research calcula que los organismos operadores de SLP cobran apenas 4.1 de cada diez litros suministrados. Antes de discutir solamente de dónde traer más agua, convendría saber qué estamos haciendo con la que ya tenemos.
LAS DE 8
Pulso: insuficiente la llegada de nuevos juzgadores ante la carga del sistema de justicia.
Plano Informativo: saturación de litigaciones, el lastre del sistema judicial.
Dos portadas y la investigación de La Orquesta terminan diciendo “eso es elefante”: el problema judicial ya no es solamente quién juzga, sino con qué sistema va a hacerlo y el reloj sigue su marcha.
MAÑANERA
La educación media superior marcó buena parte de la conferencia presidencial. Claudia Sheinbaum anunció una ampliación de espacios y modalidades para facilitar el ingreso de jóvenes al bachillerato.
San Luis Potosí no fue tema específico.
¿QUÉ PREGUNTARÍA HOY?
1. Según los números, el Verde gana solo, pero ¿Qué perdería ganando solo?
INDICADORES ÚTILES: 1) EL REALITO: SI FUNCIONA
2) “ECHAR LAVADORAS” ES LA RESPUESTA DEL 94.7% DE LA POBLACIÓN A LA PREGUNTA ¿QUÉ HICISTE EL DOMINGO?
También lee: A tiempo y marcando el ritmo – Dirige Jorge Saldaña (Viernes 14 de agosto de 2026)
De no lograrlo, el Poder Judicial quedaría en una grave falta a un ordenamiento federal
Por: Haniel Valdés Velázquez
El decreto que obliga a juicios orales en materia civil y familiar fue publicado desde 2023 y fija el 1 de abril de 2027 como plazo máximo e inaplazable. El calendario presupuestal estatal deja al Poder Judicial potosino apenas tres meses, entre enero y marzo, para construir la infraestructura que la ley exige.
El Poder Judicial de San Luis Potosí enfrenta una carrera contra el tiempo que fue advertida desde hace casi cuatro años: el decreto que crea el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2023, fija el 1 de abril de 2027 como fecha límite —automática, sin posibilidad de prórroga— para que la nueva justicia civil y familiar, basada en juicios orales, entre en vigor en el estado. El problema es aritmético: por el propio calendario presupuestal estatal, el recurso para construirla no llega antes de enero de 2027.
El Artículo Segundo Transitorio del decreto no deja margen de interpretación. Establece que la aplicación del Código entrará en vigor en cada entidad mediante declaratoria del Congreso local, previa solicitud del propio Poder Judicial estatal, pero fija que dicho trámite no podrá exceder el 1 de abril de 2027. Y añade un candado adicional: si no se emite la declaratoria correspondiente, la entrada en vigor será automática en todo el territorio nacional, sin que la fecha límite se mueva. No hay escenario en el que San Luis Potosí quede exento del plazo.
Lo que exige el nuevo Código no es un ajuste de formularios. Obliga a que los procesos civiles y familiares se desarrollen en audiencias orales —salvo excepciones fundadas—, incorpora la justicia digital (videoconferencia, expedientes electrónicos) y crea figuras procesales completamente nuevas, como el Juicio Ordinario Civil Oral, el Ejecutivo Civil Oral y el Hipotecario Oral. Se traduce en salas equipadas, conectividad y personal capacitado en todo el estado, no en un memorando administrativo.
Ahí es donde se cruza con el calendario del dinero. Por mandato constitucional, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) formula anualmente su propio presupuesto y lo remite al Poder Ejecutivo para que lo incorpore al Presupuesto de Egresos estatal; no lo negocia directamente con el Congreso.
La magistrada presidenta del STJE, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, confirmó que la propuesta de presupuesto para 2027 debe quedar aprobada por los tres órganos internos del Poder Judicial
De ahí, el proceso sigue un patrón que se ha repetido en los últimos tres ejercicios fiscales: el Ejecutivo tiene hasta finales de noviembre para entregar el paquete económico completo —Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos— al Congreso del Estado. La Comisión de Hacienda lo revisa en tres o cuatro sesiones y el Pleno lo aprueba, según el historial reciente, entre mediados y finales de diciembre. El presupuesto para 2025, por ejemplo, se publicó en el Periódico Oficial hasta el 26 de diciembre de 2024. Bajo ese mismo calendario, el dinero para 2027 no estaría disponible antes del 1 de enero de ese año.
Ahí queda planteado el dilema: entre que el recurso llega y el tope legal del 1 de abril, el Poder Judicial tendría apenas tres meses para construir salas orales, instalar sistemas digitales y capacitar personal en los distritos judiciales del estado. Y en las prioridades de gasto que la propia magistrada presidenta ha hecho públicas para el presupuesto 2027 —edificios y personal— no aparece mencionada de manera explícita esta infraestructura específica que exige el Código Nacional.
El antecedente no juega a favor del Poder Judicial potosino. En enero de este año, la propia institución reconoció que la no renovación de contratos de personal respondió a “cuestiones meramente presupuestarias”, derivadas de la necesidad de ajustar el gasto. Es decir: la insuficiencia de recursos no es una hipótesis alarmista para 2027, es una condición que el propio Poder Judicial ha admitido enfrentar en el presente.
El escenario de riesgo es concreto. Si el 2 de abril de 2027 se presenta una demanda bajo el nuevo Código exigiendo su desahogo en juicio oral y en sala oral, y esa infraestructura no está lista, el Poder Judicial del Estado quedaría en los hechos incumpliendo una ley federal de la que tuvo aviso desde junio de 2023.
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