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Patricio: falla tras falla del ISSSTE costaron la vida de un bebé en SLP (Parte I)
Por: Roberto Rocha
PARTE I
Ayer, la Secretaría de Salud de San Luis Potosí confirmó un caso de covid-19 en un bebé prematuro, nacido en el Hospital General del ISSSTE después de 35 semanas de gestación, que falleció unos días después a causa de una infección que le ocasionó enterocolitis.
Pese a haber sido confirmado por covid-19, la muerte de este bebé no se sumó a la estadística de fallecimientos causados por esta nueva enfermedad en San Luis Potosí, debido a que se consideró que su defunción no estuvo relacionada al nuevo coronavirus.
Los padres de este bebé, sin embargo, no fueron avisados respecto al resultado positivo de su hijo por las autoridades estatales, pese a que fue dado a conocer en la rueda de prensa del día de ayer. Esta es solo una en la serie de negligencias ocurridas durante todo el embarazo, hasta el lamentable fallecimiento del menor, según explicaron los padres en entrevista para La Orquesta.
De hecho, el contagio de covid en el bebé ocurrió seguramente en el mismo Hospital General del ISSSTE, puesto que en los cuneros había otro bebé portador del SARS-Cov-2, pero que se encontraba en la misma área de neonatología que el resto de los recién nacidos, según denuncian los padres del menor fallecido, de nombre Patricio.
Otra de las negligencias es que, según dijeron médicos del ISSSTE a los padres de Patricio, quien nació el sábado 6 de junio y tenía órdenes de realizarle exámenes de laboratorio de covid desde ese mismo día, esas pruebas no fueron hechas hasta después de su fallecimiento, el martes 9 de junio.
ERRORES DE CAPTURA
La serie de negligencias en el caso de Patricio comenzaron en noviembre de 2019, incluso antes de que surgieran los primeros casos de covid-19 en China. En aquel entonces, la pareja fue a consulta al Hospital General del ISSSTE: “Ella trabaja como enfermera y necesitábamos llevar el control en el ISSSTE, para su futura incapacidad”, explicó Alberto, el padre.
“Vimos al ginecólogo, que revisó los estudios del azúcar y otras pruebas. Las apuntó en el expediente, pero supongo que estaban mal porque también apuntó el peso de forma incorrecta. Con esos mismos resultados le dijo a mi esposa: ‘usted es diabética, es hipertensa’ y empezó a sacar muchas enfermedades”.
Por esas mismas enfermedades, la pareja visitó un endocrinólogo, un nutriólogo y tres ginecólogos particulares más, quienes también le mandaron a hacer estudios: “Los tres coincidían que todo estaba bien. Estuvimos viendo todo el embarazo con médicos particulares, hasta los siete meses y medio”, señaló Alberto. Sin embargo, pese a que otros doctores aseguraban que no existían esas otras enfermedades, el expediente del ISSSTE siempre siguió registrado con ese error.
CITA HASTA AGOSTO
Alberto asegura que debido a la pandemia del covid-19, una cita de revisión que llevaría a cabo su esposa con un ginecólogo del ISSSTE fue pospuesta, sin embargo, cuando llamaron, ya con siete meses de gestación, les dieron una fecha imposible de cumplir.
“No sabíamos hasta cuándo iba a ser la cita, nos dieron un número de teléfono para programarla, hablamos y nos dijeron que no, que hasta agosto. Obviamente no iba a llegar a agosto, porque el nacimiento estaba programado para el 14 de julio”.
NADIE LES DIJO QUE AHÍ ATENDÍAN COVID
Para no quedarse con la duda, Alberto y su esposa fueron al Hospital del ISSSTE el 1 de junio, donde les dieron cita para el viernes 5 de junio: “Fuimos creyendo que todo estaba bien, una semana antes habíamos ido al ginecólogo y nos había dicho que todo está bien. Llegamos al ISSSTE, a la consulta el día viernes 5. Cambiaron de doctor, ya no era el primerito que nos había anotado los datos en el expediente que estaba mal. Obviamente en ese momento no sabíamos que había ahí pacientes con covid porque en ningún lado decía”.
Alberto continúa: “Ella entró al consultorio sola, yo entendí la razón, que era la contingencia. Alrededor de media hora después abre la puerta el doctor y me dice ‘pásele’. Me pregunta ‘¿usted es familiar, es el esposo? Estamos haciendo un documento porque ella se va a quedar, la vamos a ingresar, se va a quedar aquí hospitalizada’. Me sacó muchísimo de onda. El doctor me dice ‘mira le hicimos un ultrasonido que refleja que al bebé, le falta un poquito de líquido, y es muy peligroso. Aparte en el expediente dice que ella es hipertensa, que es diabética. Todo lo que había en el expediente, que había anotado el doctor anterior”.
Alberto trató de explicarle al médico que todo el embarazo lo habían seguido con médicos particulares y todos los doctores habían dicho que su esposa estaba en buenas condiciones de salud, sin embargo, el ginecólogo del ISSSTE respondió: “es muy riesgoso que se puedan ir así, yo necesito que ella se quede para que no pongamos de riesgo la vida del bebé”.
Una vez más, al momento de ser internada, ni Alberto ni su esposa sabían que en el Hospital General del ISSSTE se estaba tratando a pacientes de covid-19. A Alberto le pidieron que llevara jabón y papel de baño para su esposa y que le dejara su celular para mantenerse en contacto con él.
“15 minutos después de que yo me salí, porque no podía quedarme ahí, ella me manda un mensaje desde el celular y me comenta que sonó la alarma y que les empezaron a decir que iba a ingresar un paciente con covid. Le cerraron la puerta del lugar donde ellos estaban, les dijeron que era un código rojo, que iban a cerrar para estar aislados. Pasó el paciente, media hora después abrieron la puerta y sanitizaron. Me empezó a entrar algo de ansiedad porque no nos habían comentado que era un lugar donde había pacientes con covid, pero si nada más van a hacer estudios, pues es algo rápido. No teníamos ni siquiera la idea de que nuestro bebé ya estaba por nacer”.
Continúa Alberto: “El día sábado empiezan a hacer los estudios de orina, de sangre, el monitoreo de la frecuencia cardíaca del bebé. Es ahí donde se da cuenta el ginecólogo de que la frecuencia cardiaca está bajando, ‘el líquido sigue estando por debajo de lo normal’, le dijo a mi esposa. La valoraron y le dijeron ‘tu bebé está tiempo de poder salir, de poder estar bien, tiene 35 semanas, ya está formado, se ve que está bien, pero sí es necesario que hagamos una cirugía para poderlo extraer, porque puede correr el riesgo de que si bajan más los latidos ahí pierda la vida ’”.
“Entonces la pasan a quirófano, en ese momento ya me hablan a mí como su esposo, me dicen ‘por favor venga, para que usted dé la autorización de lo que vamos hacer’. Yo llego con el ginecólogo, me explica qué es lo que sucedió, que la frecuencia cardiaca del bebé está baja, que no tiene mucho líquido, y que es muy necesario que se le practique la cesárea para que puedan salvar al bebé”. Alberto firmó la autorización y tuvo que salir del hospital para que le dieran informes: “Esperé alrededor de tres horas y media, casi cuatro horas, hasta que sale el doctor. Como que se le había olvidado porque realmente la cirugía duró menos, como una hora. Me ve y como que se acuerda y me dice ‘perdón, su bebé nació muy bien. Su bebé pesó 2.100 kilogramos y midió 45 centímetros. Está muy bien, no hubo complicaciones, a pesar de que es prematuro el bebé está bien. Lo van a pasar al área de neonatología por lo que significa ser prematuro para llevarlo ahí a que lo valoren, pero en lo que cabe, todo está muy bien’. Yo me puse contento, muy feliz”.
CAMBIARON DOS BEBÉS
Después de que a su esposa le pasó la anestesia, Alberto fue a verla. “Estuvimos platicando, en ese momento les pregunté qué pasó con el bebé, me dicen ‘lo tuvimos que dejar en neonatología porque al ser prematuro necesitamos valorarlo, pero está bien”.
“Busqué a la directora del hospital para que me dejaran ver a mi bebé. Cuando me acerqué. con ella estaban tres personas. Alcancé a escuchar que le estaban reclamando a la directora que les cambiaron el bebé, porque decían ‘es que no es posible que nos hayan dado un información de nuestro bebé y a la hora que nos lo están enseñando sea otra información, en el brazalete decía que tenía otro peso’. Yo me alarmé, entonces me acerco y le comento a la directora: ‘mi bebé acaba de nacer, fue prematuro y quiero saber si me pueden dar informes’. Entonces la directora voltea a hablar con las personas y les dice ‘no va a haber ningún problema con su hijo, porque el de él es prematuro. No es que estemos cambiándolos, fue un error de dedo lo que les pasó’”.
Alberto pidió informes a la directora, quien prometió que dejaría su nombre al personal después del cambio de turno. Después Alberto se despidió de su esposa y volvió a su casa. Seguían en contacto por el celular, ella le contó que hubo al menos tres códigos rojos más por ingreso de pacientes con covid, entre la noche del sábado 6 y la mañana del domingo 7 de junio.
NO HABÍAN VISTO A SU HIJO
Durante las primeras 24 horas de vida de Patricio, sus padres no pudieron verlo. Después de la cesárea, aunque su mamá estaba consciente, le taparon la cara para llevar al bebé a neonatología. Más tarde les dijeron que no podían llevárselo por ser prematuro y por la contingencia sanitaria. Sin embargo, los doctores les decían que el bebé estaba bien.
“En el cuarto donde estaba había tres camas y ella estaba en la última cama” -explica Alberto- “en las dos camas que seguían también había otras mamás de recién nacidos, y a ellas sí le llevaron a sus bebés. Pero a mi esposa le decían que mi bebé estaba bien. Después le dijeron ‘probablemente el lunes (al día siguiente) ya te vamos a dar de alta para que te lleves a tu bebé’”.
Ese mismo domingo por la noche, le informan a Alberto y su esposa que el bebé tenía congestión nasal y por eso no lo habían llevado con su madre. Alberto llevó un medicamento para el bebé y más tarde, los doctores le informaron que había reaccionado bien, por lo que confiaban en que podrían llevarlo a casa el lunes 8 de junio.
Continúa narrando Alberto: “Yo esperaba que el lunes ella me hablara nada más para ir por ellos, pero se pasó medio día. Yo le marqué y ella me dijo: ‘a mí ya me dieron de alta, estoy esperando a la pediatra para que nos traiga al bebé’. Todavía el lunes era fecha de que ella no lo conocía, no se lo habían llevado, no sabía nada de él, nada más por informes, pero no lo conocíamos”.
“Estaba esperando que se lo entregaran hasta las 2 de la tarde, que hubo otra vez cambio de turno. Entonces llegó a la pediatra y le dijo ‘tu bebé no va salir contigo hoy, tú ya estás de alta, ya te puedes ir a tu casa, pero el bebé se tiene que quedar porque acaba de presentar un cuadro infeccioso’. Así lo manejaron, como un cuadro infeccioso. Sin embargo, la doctora insistió ‘está bien, dentro de lo que cabe está bien, está sano’”.
Sigue aquí con la parte 2 de esta historia: Patricio: falla tras falla del ISSSTE costaron la vida de un bebé en SLP (Parte II)
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Guerra de nóminas: Está en juego juicio político contra Galindo o pérdida de curul de Gámez
El cruce de acusaciones entre el alcalde Enrique Galindo y el presidente de la mesa directiva del congreso local en San Luis Potosí, diputado Luis Fernando Gámez, abrió dos rutas legales: una revisión a contratos municipales por honorarios y una posible causal de pérdida del cargo legislativo
Por: Haniel Valdés
El conflicto político entre el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, y el diputado local Luis Fernando Gámez Macías escaló de las declaraciones públicas a un terreno jurídico de mayores consecuencias. Mientras Gámez amagó con promover juicio político contra el presidente municipal por la contratación de Carlos Enrique Dahud Uresti, dirigente estatal en funciones del PAN, Galindo respondió con un señalamiento que, de comprobarse, tendría efectos directos sobre el legislador: la posible pérdida de su curul si actualmente cobrara también en el Gobierno del Estado.
El intercambio dejó dos preguntas legales abiertas. La primera, si el Ayuntamiento capitalino puede pagar honorarios a Dahud Uresti sin que ello implique uso indebido de recursos públicos con fines partidistas. La segunda, si Gámez Macías mantiene o mantuvo simultáneamente un cargo remunerado en la Secretaría General de Gobierno después de haber rendido protesta como diputado local.
El caso de Dahud Uresti se hizo público el lunes, cuando el dirigente panista fue cuestionado por la periodista Ana Dora Cabrera, en conferencia de prensa sobre una posible relación contractual con el Ayuntamiento. Ante la pregunta, remitió a la comunicadora a los mecanismos de transparencia. Un día después, Galindo confirmó que Dahud sí cobra en la administración municipal.
“Sí, Enrique cobra en el Ayuntamiento, no es ilegal, no es aviador tampoco. Cumple una función con un contrato de honorarios”, declaró el alcalde. Diversas fuentes ubican el pago en aproximadamente 28 mil pesos mensuales.
La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí no prohíbe expresamente que un ayuntamiento contrate a un dirigente partidista. Sin embargo, el artículo 32, fracción VI, establece que los ayuntamientos no pueden “autorizar o destinar recursos humanos y partidas para el financiamiento de campañas políticas de partidos o candidatos” lo que no es el caso pues no hay campaña en el PAN ni Dahud es candidato.
En reacción, Gámez Macías anunció que solicitará al Instituto de Fiscalización Superior del Estado una revisión especial de las contrataciones por honorarios del Ayuntamiento de San Luis Potosí. Además, adelantó que presentará denuncias ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. En ese mismo contexto, advirtió que podría impulsar un juicio político contra Galindo por el presunto uso irregular de recursos públicos.
Galindo, por su parte, sostuvo que puede acreditar la función que desempeña Dahud dentro de la administración municipal y respondió con un señalamiento contra el diputado. El alcalde afirmó que registros de transparencia ubican a Gámez como director general en la Secretaría General de Gobierno, con un sueldo cercano a los 32 mil pesos mensuales
, y señaló que, si no ha renunciado, “eso sí es un delito”.La consecuencia jurídica de ese supuesto sería mayor para el legislador. El artículo 49 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí prohíbe que los diputados desempeñen, sin licencia del Congreso, cargos o empleos remunerados en los gobiernos federal, estatal o municipal. La propia norma establece que la infracción se castiga con la pérdida del cargo.
Documentos atribuidos a la Secretaría General de Gobierno, citados por medios potosinos señalan que Gámez presentó renuncia voluntaria e irrevocable al cargo el 29 de febrero de 2024, con efectos a partir del 1 de marzo de ese año. Es decir, más de seis meses antes de asumir como diputado local.
Los documentos referidos incluyen un aviso de suspensión de pago y un movimiento de personal con folio SGG/127/2024. No obstante, también existe un documento atribuido a la CEGAIP actualizado al 30 de agosto del presente año en el que aparece el nombre del legislador como Director de área en la SGG.
Tanto el contrato de Dahud como el expediente de personal de Gámez pueden solicitarse por la vía de transparencia, pero la Plataforma Estatal de Transparencia permanece suspendida desde el 5 de octubre debido a trabajos de actualización y adecuación, según informó la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública a través de sus redes sociales 8 días después.
La CEGAIP prevé reanudar el sistema el 19 de octubre. Mientras tanto, los registros de honorarios del Ayuntamiento capitalino y los datos de personal de la Secretaría General de Gobierno no pueden consultarse en esa plataforma.
En juego está la amenaza de juicio político contra el alcalde o la pérdida de la curul por parte de Gámez.
También lee: Galindo revira a Gámez: cobra en Gobierno y Congreso; exige que deje la Directiva
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Rosas Montiel busca que los municipios presupuesten dinero para bomberos
El diputado de Morena presentó en abril la reforma que obligaría a los ayuntamientos a incluir una partida anual para los bomberos
Por: Haniel Valdés
El diputado local Luis Emilio Rosas Montiel dijo que su iniciativa para obligar a los municipios a destinar dinero a los bomberos sigue en comisiones, unos seis meses después de que la presentó. La propuesta, de abril, reforma la Ley Orgánica del Municipio Libre para que los 59 ayuntamientos incluyan una partida anual para los cuerpos de bomberos.
Explicó que la iniciativa, que dijo tiene el visto bueno del comandante Adolfo Benavente Duque y de los bomberos, obliga a los municipios a incluir ese monto en el paquete económico que envían al Congreso y a visitar las estaciones para hacer un inventario de sus deficiencias.
Rosas Montiel dijo que el problema no es solo de la zona metropolitana, sino también de Matehuala, Ciudad Valles y Rioverde. “No es posible que ni siquiera pongan para la gasolina, muchos de ellos”, afirmó.
Según sus cifras, el cuerpo de bomberos metropolitano tiene un déficit de 38 millones de pesos. Afirmó que, de los nueve municipios a los que da servicio, solo uno aporta, y que de las ocho estaciones únicamente cuatro están en servicio.
El patronato de los bomberos señaló otra cuenta: recibe 1.85 millones de pesos al mes del Gobierno del Estado y de los ayuntamientos de la capital y Soledad, y opera con un déficit mensual de 800 mil a 900 mil pesos. Dijo también que solo cuatro estaciones abren las 24 horas y que otras lo hacen “un día sí y un día no”.
El diputado aseguró que el último camión nuevo que se donó a los bomberos de la zona metropolitana fue en el año 2000, hace 26 años. Dijo además que los trajes de protección son donados desde Estados Unidos y que los bomberos le han comentado que entran a los incendios sin saber si tienen algún químico que los haga prenderse.
Sobre el avance de la iniciativa, señaló que está en la Comisión de Régimen Interno, que dijo que preside Rubén Guajardo, y que hay que hacer el cabildeo. “Estaré dándole seguimiento como a todas las iniciativas que tengo”, afirmó.
También lee: Bomberos atienden a nueve municipios, pero sólo dos les pagan
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Diputados modifican las reglas del Impuesto Sobre la Renta para pequeños contribuyentes y grandes empresas
El ajuste amplía el techo del régimen simplificado y acota los gastos deducibles de las corporaciones
Por: Roberto Mendoza
En el Palacio Legislativo de San Lázaro, la Cámara de Diputados avaló en lo general, con 349 votos a favor, 118 en contra y ninguna abstención, el proyecto enviado por el Ejecutivo Federal para reformar el cobro del Impuesto Sobre la Renta. Durante la presentación del documento, Carol Antonio Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, resumió el objetivo de los controles incorporados: “Se combate el uso indebido de facturas y deducciones”.
Para el sector de menores ingresos, el ajuste permite que profesionistas, arrendadores y dueños de micronegocios que perciban hasta cinco millones de pesos al año —un millón y medio más que el tope previo— tributen en el Régimen Simplificado de Confianza con una tasa máxima mensual del 2.50 por ciento. El esquema se extiende además a negocios que facturen hasta 50 millones de pesos anuales, y los productores del campo y la pesca quedan exentos de impuestos hasta por un millón de pesos.
Por el contrario, a las compañías con ingresos superiores a 50 millones de pesos anuales se les restringe el porcentaje de gastos operativos y de pérdidas de años anteriores que pueden descontar. También se reduce del 30 al 20 por ciento
la deducción por intereses de deuda, se suprime el régimen opcional para grupos de sociedades y se condiciona la deducción de pagos enviados al extranjero a que primero entreguen la retención al fisco.Respecto a estos candados, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas advirtió que aplicar un límite generalizado, en vez de detectar individualmente las facturas improcedentes, posterga las deducciones excedentes hasta por veinte años e incrementa el pago inmediato del impuesto para las industrias manufactureras y comerciales que operan con márgenes de utilidad reducidos.
La reforma también fija en la ley, con vigencia hasta 2030, incentivos fiscales para descontar de inmediato las inversiones y los gastos en capacitación e innovación dentro del Plan México y en los corredores industriales del Istmo de Tehuantepec, Yucatán y de economía circular. Con estas medidas, el Gobierno Federal proyecta simplificar el pago de contribuciones, frenar a las empresas factureras y captar mayores recursos para programas sociales y obras de infraestructura.
Lee también: Hacienda defiende ante diputados el Paquete Económico 2027
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