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Patricio: falla tras falla del ISSSTE costaron la vida de un bebé en SLP (Parte I)
Por: Roberto Rocha
PARTE I
Ayer, la Secretaría de Salud de San Luis Potosí confirmó un caso de covid-19 en un bebé prematuro, nacido en el Hospital General del ISSSTE después de 35 semanas de gestación, que falleció unos días después a causa de una infección que le ocasionó enterocolitis.
Pese a haber sido confirmado por covid-19, la muerte de este bebé no se sumó a la estadística de fallecimientos causados por esta nueva enfermedad en San Luis Potosí, debido a que se consideró que su defunción no estuvo relacionada al nuevo coronavirus.
Los padres de este bebé, sin embargo, no fueron avisados respecto al resultado positivo de su hijo por las autoridades estatales, pese a que fue dado a conocer en la rueda de prensa del día de ayer. Esta es solo una en la serie de negligencias ocurridas durante todo el embarazo, hasta el lamentable fallecimiento del menor, según explicaron los padres en entrevista para La Orquesta.
De hecho, el contagio de covid en el bebé ocurrió seguramente en el mismo Hospital General del ISSSTE, puesto que en los cuneros había otro bebé portador del SARS-Cov-2, pero que se encontraba en la misma área de neonatología que el resto de los recién nacidos, según denuncian los padres del menor fallecido, de nombre Patricio.
Otra de las negligencias es que, según dijeron médicos del ISSSTE a los padres de Patricio, quien nació el sábado 6 de junio y tenía órdenes de realizarle exámenes de laboratorio de covid desde ese mismo día, esas pruebas no fueron hechas hasta después de su fallecimiento, el martes 9 de junio.
ERRORES DE CAPTURA
La serie de negligencias en el caso de Patricio comenzaron en noviembre de 2019, incluso antes de que surgieran los primeros casos de covid-19 en China. En aquel entonces, la pareja fue a consulta al Hospital General del ISSSTE: “Ella trabaja como enfermera y necesitábamos llevar el control en el ISSSTE, para su futura incapacidad”, explicó Alberto, el padre.
“Vimos al ginecólogo, que revisó los estudios del azúcar y otras pruebas. Las apuntó en el expediente, pero supongo que estaban mal porque también apuntó el peso de forma incorrecta. Con esos mismos resultados le dijo a mi esposa: ‘usted es diabética, es hipertensa’ y empezó a sacar muchas enfermedades”.
Por esas mismas enfermedades, la pareja visitó un endocrinólogo, un nutriólogo y tres ginecólogos particulares más, quienes también le mandaron a hacer estudios: “Los tres coincidían que todo estaba bien. Estuvimos viendo todo el embarazo con médicos particulares, hasta los siete meses y medio”, señaló Alberto. Sin embargo, pese a que otros doctores aseguraban que no existían esas otras enfermedades, el expediente del ISSSTE siempre siguió registrado con ese error.
CITA HASTA AGOSTO
Alberto asegura que debido a la pandemia del covid-19, una cita de revisión que llevaría a cabo su esposa con un ginecólogo del ISSSTE fue pospuesta, sin embargo, cuando llamaron, ya con siete meses de gestación, les dieron una fecha imposible de cumplir.
“No sabíamos hasta cuándo iba a ser la cita, nos dieron un número de teléfono para programarla, hablamos y nos dijeron que no, que hasta agosto. Obviamente no iba a llegar a agosto, porque el nacimiento estaba programado para el 14 de julio”.
NADIE LES DIJO QUE AHÍ ATENDÍAN COVID
Para no quedarse con la duda, Alberto y su esposa fueron al Hospital del ISSSTE el 1 de junio, donde les dieron cita para el viernes 5 de junio: “Fuimos creyendo que todo estaba bien, una semana antes habíamos ido al ginecólogo y nos había dicho que todo está bien. Llegamos al ISSSTE, a la consulta el día viernes 5. Cambiaron de doctor, ya no era el primerito que nos había anotado los datos en el expediente que estaba mal. Obviamente en ese momento no sabíamos que había ahí pacientes con covid porque en ningún lado decía”.
Alberto continúa: “Ella entró al consultorio sola, yo entendí la razón, que era la contingencia. Alrededor de media hora después abre la puerta el doctor y me dice ‘pásele’. Me pregunta ‘¿usted es familiar, es el esposo? Estamos haciendo un documento porque ella se va a quedar, la vamos a ingresar, se va a quedar aquí hospitalizada’. Me sacó muchísimo de onda. El doctor me dice ‘mira le hicimos un ultrasonido que refleja que al bebé, le falta un poquito de líquido, y es muy peligroso. Aparte en el expediente dice que ella es hipertensa, que es diabética. Todo lo que había en el expediente, que había anotado el doctor anterior”.
Alberto trató de explicarle al médico que todo el embarazo lo habían seguido con médicos particulares y todos los doctores habían dicho que su esposa estaba en buenas condiciones de salud, sin embargo, el ginecólogo del ISSSTE respondió: “es muy riesgoso que se puedan ir así, yo necesito que ella se quede para que no pongamos de riesgo la vida del bebé”.
Una vez más, al momento de ser internada, ni Alberto ni su esposa sabían que en el Hospital General del ISSSTE se estaba tratando a pacientes de covid-19. A Alberto le pidieron que llevara jabón y papel de baño para su esposa y que le dejara su celular para mantenerse en contacto con él.
“15 minutos después de que yo me salí, porque no podía quedarme ahí, ella me manda un mensaje desde el celular y me comenta que sonó la alarma y que les empezaron a decir que iba a ingresar un paciente con covid. Le cerraron la puerta del lugar donde ellos estaban, les dijeron que era un código rojo, que iban a cerrar para estar aislados. Pasó el paciente, media hora después abrieron la puerta y sanitizaron. Me empezó a entrar algo de ansiedad porque no nos habían comentado que era un lugar donde había pacientes con covid, pero si nada más van a hacer estudios, pues es algo rápido. No teníamos ni siquiera la idea de que nuestro bebé ya estaba por nacer”.
Continúa Alberto: “El día sábado empiezan a hacer los estudios de orina, de sangre, el monitoreo de la frecuencia cardíaca del bebé. Es ahí donde se da cuenta el ginecólogo de que la frecuencia cardiaca está bajando, ‘el líquido sigue estando por debajo de lo normal’, le dijo a mi esposa. La valoraron y le dijeron ‘tu bebé está tiempo de poder salir, de poder estar bien, tiene 35 semanas, ya está formado, se ve que está bien, pero sí es necesario que hagamos una cirugía para poderlo extraer, porque puede correr el riesgo de que si bajan más los latidos ahí pierda la vida ’”.
“Entonces la pasan a quirófano, en ese momento ya me hablan a mí como su esposo, me dicen ‘por favor venga, para que usted dé la autorización de lo que vamos hacer’. Yo llego con el ginecólogo, me explica qué es lo que sucedió, que la frecuencia cardiaca del bebé está baja, que no tiene mucho líquido, y que es muy necesario que se le practique la cesárea para que puedan salvar al bebé”. Alberto firmó la autorización y tuvo que salir del hospital para que le dieran informes: “Esperé alrededor de tres horas y media, casi cuatro horas, hasta que sale el doctor. Como que se le había olvidado porque realmente la cirugía duró menos, como una hora. Me ve y como que se acuerda y me dice ‘perdón, su bebé nació muy bien. Su bebé pesó 2.100 kilogramos y midió 45 centímetros. Está muy bien, no hubo complicaciones, a pesar de que es prematuro el bebé está bien. Lo van a pasar al área de neonatología por lo que significa ser prematuro para llevarlo ahí a que lo valoren, pero en lo que cabe, todo está muy bien’. Yo me puse contento, muy feliz”.
CAMBIARON DOS BEBÉS
Después de que a su esposa le pasó la anestesia, Alberto fue a verla. “Estuvimos platicando, en ese momento les pregunté qué pasó con el bebé, me dicen ‘lo tuvimos que dejar en neonatología porque al ser prematuro necesitamos valorarlo, pero está bien”.
“Busqué a la directora del hospital para que me dejaran ver a mi bebé. Cuando me acerqué. con ella estaban tres personas. Alcancé a escuchar que le estaban reclamando a la directora que les cambiaron el bebé, porque decían ‘es que no es posible que nos hayan dado un información de nuestro bebé y a la hora que nos lo están enseñando sea otra información, en el brazalete decía que tenía otro peso’. Yo me alarmé, entonces me acerco y le comento a la directora: ‘mi bebé acaba de nacer, fue prematuro y quiero saber si me pueden dar informes’. Entonces la directora voltea a hablar con las personas y les dice ‘no va a haber ningún problema con su hijo, porque el de él es prematuro. No es que estemos cambiándolos, fue un error de dedo lo que les pasó’”.
Alberto pidió informes a la directora, quien prometió que dejaría su nombre al personal después del cambio de turno. Después Alberto se despidió de su esposa y volvió a su casa. Seguían en contacto por el celular, ella le contó que hubo al menos tres códigos rojos más por ingreso de pacientes con covid, entre la noche del sábado 6 y la mañana del domingo 7 de junio.
NO HABÍAN VISTO A SU HIJO
Durante las primeras 24 horas de vida de Patricio, sus padres no pudieron verlo. Después de la cesárea, aunque su mamá estaba consciente, le taparon la cara para llevar al bebé a neonatología. Más tarde les dijeron que no podían llevárselo por ser prematuro y por la contingencia sanitaria. Sin embargo, los doctores les decían que el bebé estaba bien.
“En el cuarto donde estaba había tres camas y ella estaba en la última cama” -explica Alberto- “en las dos camas que seguían también había otras mamás de recién nacidos, y a ellas sí le llevaron a sus bebés. Pero a mi esposa le decían que mi bebé estaba bien. Después le dijeron ‘probablemente el lunes (al día siguiente) ya te vamos a dar de alta para que te lleves a tu bebé’”.
Ese mismo domingo por la noche, le informan a Alberto y su esposa que el bebé tenía congestión nasal y por eso no lo habían llevado con su madre. Alberto llevó un medicamento para el bebé y más tarde, los doctores le informaron que había reaccionado bien, por lo que confiaban en que podrían llevarlo a casa el lunes 8 de junio.
Continúa narrando Alberto: “Yo esperaba que el lunes ella me hablara nada más para ir por ellos, pero se pasó medio día. Yo le marqué y ella me dijo: ‘a mí ya me dieron de alta, estoy esperando a la pediatra para que nos traiga al bebé’. Todavía el lunes era fecha de que ella no lo conocía, no se lo habían llevado, no sabía nada de él, nada más por informes, pero no lo conocíamos”.
“Estaba esperando que se lo entregaran hasta las 2 de la tarde, que hubo otra vez cambio de turno. Entonces llegó a la pediatra y le dijo ‘tu bebé no va salir contigo hoy, tú ya estás de alta, ya te puedes ir a tu casa, pero el bebé se tiene que quedar porque acaba de presentar un cuadro infeccioso’. Así lo manejaron, como un cuadro infeccioso. Sin embargo, la doctora insistió ‘está bien, dentro de lo que cabe está bien, está sano’”.
Sigue aquí con la parte 2 de esta historia: Patricio: falla tras falla del ISSSTE costaron la vida de un bebé en SLP (Parte II)
#4 Tiempos
Si yo lo hago es libertad, y delito cuando me lo hacen | Apuntes de Jorge Saldaña
APUNTES
Culto Público, hijos de la memoria selectiva:
Hay una trampa intelectual que se llama principio de conveniencia: defiendo las reglas cuando me protegen y las ataco cuando me limitan.
Es como yo cuando no me acuerdo de mis deudas ni de lo que no me conviene. O como el burócrata de ventanilla equis que acepta sobornos toda la jornada, pero luego se indigna porque los tránsitos le piden moche y no los baja de “méndigos corruptos”.
Ese comportamiento no es un asunto ni de ideología ni de educación —bueno, igual y sí—, pero desde mi óptica también es un tema de cálculo mañoso. Y aquí, en nuestro estado, donde “el águila paró”, ese cálculo quedó expuesto como fraude nigeriano con faltas de ortografía.
Como todos sabemos, desde hace días circula una narrativa: el Gobierno del Estado persigue periodistas.
La evidencia central fue una fotografía —filtrada por WhatsApp, como siempre— de un supuesto oficio ministerial con una lista de diez comunicadores y activistas a quienes se buscaría aprehender.
La historia se incendió.
Artículo 19, el CPJ y Reporteros Sin Fronteras emitieron alertas. En horas, San Luis era trending de la infamia: “Estado represor”.
¿Así de fácil?
Mejor vayamos con cuidado, porque este caso merece más que reacción de reflejo.
El mismo comunicado de Artículo 19 —institución que respeto y cito con precisión— reconoce que la información sobre una de las detenciones proviene de una “fuente local anónima” que “no ha podido ser verificada”.
La orden de aprehensión, es decir, la foto de WhatsApp que generó la alarma, también llegó de una “fuente local”.
Entonces, las organizaciones que le exigen al Estado máxima transparencia construyeron su denuncia sobre información que ellas mismas admiten no haber podido confirmar.
Claro, eso no invalida su preocupación, pero sí obliga a darle peso específico.
Porque cuando uno revisa quiénes son algunas de las personas detenidas, pues… ya lo he dicho y lo sostengo: Eréndira Reyes Aguillón y su hija Alejandra Hermosillo no son periodistas en ningún sentido técnico ni ético del término. Operan páginas anónimas, sin firma, sin metodología y con expedientes documentados por extorsión a gobiernos municipales.
Christian Herrera, a quien nadie en el gremio conocía antes del escándalo, fue detenido —según la versión no verificada que menciona el propio comunicado de Artículo 19— asaltando una farmacia en Ciudad Valles. Ya desde la celda se declaró dueño de una página de Facebook de amarillismo puro.
A ver…
El periodismo no es una credencial que se activa cuando conviene para reclamar impunidad.
Eso es charoleo del más chafa.
La novedad es que ayer volvió a circular la foto del supuesto oficio ministerial, pero en tres versiones. Sí, tres versiones casi iguales, con distintos nombres y “enviadas muchas veces” en grupos de WhatsApp.
Una con personas desconocidas; otra con presuntos periodistas y activistas, que es la que sostiene la narrativa de persecución; y una más con nombres como Claudia Sheinbaum, AMLO, Belinda y Maradona.


Sí, así de ridículo.
Diversas herramientas de análisis de imagen coinciden en que la versión con periodistas muestra indicadores de construcción posterior a un documento original; es decir, que habría sido hecha a partir de algo real y luego refotografiada.
La versión con figuras de la política nacional y la farándula fue fabricada con intención claramente burlesca, quizá para ridiculizar la fuente o demostrar que el formato era manipulable.
La otra lista, pues sabrá Dios quiénes sean los que ahí aparecen.
Claro, esto no prueba que el oficio sea falso. Incluso podría tratarse de una trampa para restar credibilidad al tema. Pero, de cualquier modo, sí abre una pregunta que nadie —ni los que se dicen parte del ecosistema crítico ni los otros— ha querido responder:
¿De dónde vino el “original”? ¿Quién lo filtró? ¿Quién lo modificó? ¿Quién lo distribuyó? ¿Para qué?
Porque si la lista fue fabricada —o manipulada a partir de un documento real que nada tenía que ver con periodistas—, entonces no estamos ante una persecución: estamos ante un montaje político elaborado, diseñado para activar organismos internacionales, generar presión sobre el gobierno y construir un escudo de impunidad.
Y eso, que yo sepa, tampoco es periodismo.
Por si fuera poco, mientras todo esto ocurre, también circuló ayer un video evidentemente manipulado, y que de lejos huele a elaboración con inteligencia artificial, en el que “aparecen” un periodista y la creadora de contenido Anahí Torres.
En el video, ella se ve que está en un cuarto con hombres armados y dinero. Él la señala, la cuestiona y la exhibe.
A todas luces es una farsa. Es una infamia fabricada. Es violencia digital. Es destrucción reputacional con herramientas tecnológicas.
No estoy defendiendo a ninguno de los que aparecen en el video. Es más, sus nombres son lo de menos.
Lo que sostengo es que usar inteligencia artificial para generar desinformación, restar credibilidad (en caso de tenerla, claro), ridiculizar personas y usar sus imágenes para engañar a la opinión pública es una bajeza. Contra ellos o contra cualquiera.
Pero aquí viene el giro:
Eso que hoy les está pasando a ellos, es exactamente lo que tipifica y castiga el Artículo 187 Ter del Código Penal de San Luis Potosí, conocido como “Ley Serrano”; la misma ley que ese
ecosistema local y nacional han denunciado como instrumento de censura y persecución.
Entonces va otra de mis muy tiernas preguntas:
¿La IA maliciosa es crimen y golpe bajo cuando la padecen ellos, pero herramienta legítima de crítica cuando la usan contra otros?
¿La “Ley Serrano” es censura cuando el gobierno puede usarla contra ellos, pero protección necesaria cuando ellos son las víctimas?
Discúlpenme, pero eso no es una postura de principios. Es principio de conveniencia.
Ojo, porque luego se me alborotan más mis amados haters: no estoy defendiendo al gobierno de Ricardo Gallardo —ni falta le hace— ni justificando la reforma aprobada por el Congreso.
Tampoco estoy descartando que haya acciones reales de la Fiscalía que merezcan escrutinio. Todo lo contrario.
Lo que estoy diciendo es que algo no encaja.
En este caso específico hay demasiadas preguntas sin responder, demasiadas coincidencias narrativas, demasiado dinero de fondo y un timing políticamente demasiado conveniente.
Porque, a ver:
¿A quién le convendría armar un montaje de esta naturaleza para desgastar todos los días al gobierno?
¿Quién tiene los recursos para hacerlo?
¿Quiénes son sus operadores mediáticos?
¿Quién se beneficia a corto y mediano plazo?
No voy a responder por usted, mi Culto Público. Ahí están los nombres, los intereses, los pleitos, los financiamientos y los apellidos conocidos. Cada quien puede hacer su propio crucigrama.
La última porque ya me dio sueño:
A quienes armaron, editaron, manipularon y circularon el video calumnioso contra dos personas, ¿se les debe castigar?
¿O Artículo 19 también debe protegerlos porque solo estaban ejerciendo su libertad de expresión y su derecho a la crítica de forma anónima?
La libertad de expresión es un valor que se defiende con consistencia o no se defiende. No se puede exigir protección de una ley que tú mismo denuncias como censura. No se puede llamar periodista a quien extorsiona. No se puede condenar la IA maliciosa solo cuando tú la padeces.
El problema del principio de conveniencia es que siempre termina devorando a quien lo ejerce.
Hasta la próxima.
Yo soy Jorge Saldaña.
También lee: ¿Como para qué fabricar mártires? | Apuntes de Jorge Saldaña
Destacadas
Denuncian asesinato de perros en Soledad
Los hechos acontecieron en el campo Los Delfines, donde el dueño le habría disparado a los animales
Por: Redacción
En las últimas horas, a través de redes sociales se denunció el asesinato de dos perros en el campo Los Delfines de Soledad de Graciano Sánchez.
Según el reporte, los canes eran paseados en el complejo deportivo por una joven, cuando Juan “N”, quien presuntamente es el dueño del lugar, habría disparado con un arma de fuego, quitándoles la vida.
A través de un metraje que ha circulado, se puede observar como la mujer se encuentra profundamente afectada, mientras quien aparentemente es su madre confronta al hombre, quien se justifica diciendo que no sabía que eran de ellas.
La señora señala que los perros no le hacían daño a nadie, y que con la situación, se le iba a causar un importante daño psicológico a su hija.
Hasta el momento, ninguna autoridad oficial se ha pronunciado al respecto, y todo lo que ha surgido a sido a través de la denuncia ciudadana.
También lee: Policías de la Guardia Civil detenidos en Zacatecas siguen sin fecha de juicio
Ciudad
Galindo confirma investigación por contaminación en colonias del poniente
Habitantes aseguran que durante la madrugada se liberan gases y partículas tóxicas que ya afectan la salud de familias enteras
Por: Redacción
Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, confirmó que el Ayuntamiento ya investiga las denuncias ciudadanas por presunta contaminación ambiental en la zona poniente de la capital, donde habitantes acusan desde hace años afectaciones a la salud derivadas de emisiones contaminantes atribuidas presuntamente a la empresa Pintone.
El edil reconoció que la Dirección de Ecología municipal ya realiza inspecciones y análisis en la zona, aunque advirtió que el problema podría ir más allá de una sola empresa, debido a la presencia de tiraderos clandestinos y quema constante de basura.
“Yo creo que ahí hay algo más complejo, no solo el tema de esta empresa”, declaró Galindo.
Las denuncias fueron presentadas por vecinos de colonias como Alborada, Amanecer, La Brisa, Villas de Jacarandas y Morales Saucito, quienes aseguran que durante años han padecido malos olores, vapores químicos y emisiones atmosféricas, principalmente durante la madrugada.
Los habitantes sostienen que las emisiones aumentan entre la una y las seis de la mañana, horario en el que presuntamente se liberan partículas y compuestos químicos aprovechando las condiciones atmosféricas y la menor supervisión.
La denuncia colectiva fue entregada ante instancias como SEGAM, COEPRIS, PROFEPA, el Ayuntamiento capitalino y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Como antecedente, los vecinos recordaron que el pasado 27 de marzo de 2026 la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental aplicó una clausura parcial a la empresa por presuntos vertimientos al drenaje; sin embargo, aseguran que las emisiones continúan.
Además, citaron estudios académicos realizados por investigadores de la UASLP, donde se documentaron concentraciones elevadas de partículas PM2.5 en marzo y abril, alcanzando niveles de hasta 145 microgramos por metro cúbico, por encima de los límites establecidos en la NOM-025-SSA1-2021.
De acuerdo con la denuncia, la exposición prolongada a estos contaminantes podría generar afectaciones respiratorias, cardiovasculares y riesgos crónicos para la salud, especialmente en niñas, niños y adultos mayores.
Galindo afirmó que ya sostuvo reuniones con algunos vecinos afectados y evitó responsabilizar directamente a la empresa mientras no exista un dictamen técnico definitivo.
“Yo tengo unas fotos donde los propios vecinos me las han mandado y no parece que sea la empresa, pero no quiero emitir un juicio hasta no tener el dictamen final de Ecología”, señaló.
El alcalde reveló además que la capital enfrenta un problema recurrente de tiraderos clandestinos y quema de residuos, particularmente en esa zona de la ciudad.
Indicó que el Ayuntamiento recibe entre una y dos denuncias semanales por quema de basura y confirmó que en lo que va de 2026 se han clausurado y regenerado entre 12 y 13 tiraderos clandestinos.
“Hemos cerrado y regenerado varios tiraderos de ese tipo, pero como que hay una costumbre de ir a hacerlo allá”, declaró.
Finalmente, Enrique Galindo se comprometió a sostener nuevas reuniones con habitantes del sector y acudir personalmente a la zona para revisar el problema y buscar soluciones conjuntas.
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