noviembre 6, 2026

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Patricio: falla tras falla del ISSSTE costaron la vida de un bebé en SLP (Parte I)

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Por: Roberto Rocha

PARTE I

Ayer, la Secretaría de Salud de San Luis Potosí confirmó un caso de covid-19 en un bebé prematuro, nacido en el Hospital General del ISSSTE después de 35 semanas de gestación, que falleció unos días después a causa de una infección que le ocasionó enterocolitis.

Pese a haber sido confirmado por covid-19, la muerte de este bebé no se sumó a la estadística de fallecimientos causados por esta nueva enfermedad en San Luis Potosí, debido a que se consideró que su defunción no estuvo relacionada al nuevo coronavirus.

Los padres de este bebé, sin embargo, no fueron avisados respecto al resultado positivo de su hijo por las autoridades estatales, pese a que fue dado a conocer en la rueda de prensa del día de ayer. Esta es solo una en la serie de negligencias ocurridas durante todo el embarazo, hasta el lamentable fallecimiento del menor, según explicaron los padres en entrevista para La Orquesta.

De hecho, el contagio de covid en el bebé ocurrió seguramente en el mismo Hospital General del ISSSTE, puesto que en los cuneros había otro bebé portador del SARS-Cov-2, pero que se encontraba en la misma área de neonatología que el resto de los recién nacidos, según denuncian los padres del menor fallecido, de nombre Patricio.

Otra de las negligencias es que, según dijeron médicos del ISSSTE a los padres de Patricio, quien nació el sábado 6 de junio y tenía órdenes de realizarle exámenes de laboratorio de covid desde ese mismo día, esas pruebas no fueron hechas hasta después de su fallecimiento, el martes 9 de junio.

 

ERRORES DE CAPTURA

La serie de negligencias en el caso de Patricio comenzaron en noviembre de 2019, incluso antes de que surgieran los primeros casos de covid-19 en China. En aquel entonces, la pareja fue a consulta al Hospital General del ISSSTE: “Ella trabaja como enfermera y necesitábamos llevar el control en el ISSSTE, para su futura incapacidad”, explicó Alberto, el padre.

“Vimos al ginecólogo, que revisó los estudios del azúcar y otras pruebas. Las apuntó en el expediente, pero supongo que estaban mal porque también apuntó el peso de forma incorrecta. Con esos mismos resultados le dijo a mi esposa: ‘usted es diabética, es hipertensa’ y empezó a sacar muchas enfermedades”. 

Por esas mismas enfermedades, la pareja visitó un endocrinólogo, un nutriólogo y tres ginecólogos particulares más, quienes también le mandaron a hacer estudios: “Los tres coincidían que todo estaba bien. Estuvimos viendo todo el embarazo con médicos particulares, hasta los siete meses y medio”, señaló Alberto. Sin embargo, pese a que otros doctores aseguraban que no existían esas otras enfermedades, el expediente del ISSSTE siempre siguió registrado con ese error.

 

CITA HASTA AGOSTO

Alberto asegura que debido a la pandemia del covid-19, una cita de revisión que llevaría a cabo su esposa con un ginecólogo del ISSSTE fue pospuesta, sin embargo, cuando llamaron, ya con siete meses de gestación, les dieron una fecha imposible de cumplir.

“No sabíamos hasta cuándo iba a ser la cita, nos dieron un número de teléfono para programarla, hablamos y nos dijeron que no, que hasta agosto. Obviamente no iba a llegar a agosto, porque el nacimiento estaba programado para el 14 de julio”.

 

NADIE LES DIJO QUE AHÍ ATENDÍAN COVID

Para no quedarse con la duda, Alberto y su esposa fueron al Hospital del ISSSTE el 1 de junio, donde les dieron cita para el viernes 5 de junio: “Fuimos creyendo que todo estaba bien, una semana antes habíamos ido al ginecólogo y nos había dicho que todo está bien. Llegamos al ISSSTE, a la consulta el día viernes 5. Cambiaron de doctor, ya no era el primerito que nos había anotado los datos en el expediente que estaba mal. Obviamente en ese momento no sabíamos que había ahí pacientes con covid porque en ningún lado decía”.

Alberto continúa: “Ella entró al consultorio sola, yo entendí la razón, que era la contingencia. Alrededor de media hora después abre la puerta el doctor y me dice ‘pásele’. Me pregunta ‘¿usted es familiar, es el esposo? Estamos haciendo un documento porque ella se va a quedar, la vamos a ingresar, se va a quedar aquí hospitalizada’. Me sacó muchísimo de onda. El doctor me dice ‘mira le hicimos un ultrasonido que refleja que al bebé, le falta un poquito de líquido, y es muy peligroso. Aparte en el expediente dice que ella es hipertensa, que es diabética. Todo lo que había en el expediente, que había anotado el doctor anterior”.

Alberto trató de explicarle al médico que todo el embarazo lo habían seguido con médicos particulares y todos los doctores habían dicho que su esposa estaba en buenas condiciones de salud, sin embargo, el ginecólogo del ISSSTE respondió: “es muy riesgoso que se puedan ir así, yo necesito que ella se quede para que no pongamos de riesgo la vida del bebé”.

Una vez más, al momento de ser internada, ni Alberto ni su esposa sabían que en el Hospital General del ISSSTE se estaba tratando a pacientes de covid-19. A Alberto le pidieron que llevara jabón y papel de baño para su esposa y que le dejara su celular para mantenerse en contacto con él.

“15 minutos después de que yo me salí, porque no podía quedarme ahí, ella me manda un mensaje desde el celular y me comenta que sonó la alarma y que les empezaron a decir que iba a ingresar un paciente con covid. Le cerraron la puerta del lugar donde ellos estaban, les dijeron que era un código rojo, que iban a cerrar para estar aislados. Pasó el paciente, media hora después abrieron la puerta y sanitizaron. Me empezó a entrar algo de ansiedad porque no nos habían comentado que era un lugar donde había pacientes con covid, pero si nada más van a hacer estudios, pues es algo rápido. No teníamos ni siquiera la idea de que nuestro bebé ya estaba por nacer”.

Continúa Alberto: “El día sábado empiezan a hacer los estudios de orina, de sangre, el monitoreo de la frecuencia cardíaca del bebé. Es ahí donde se da cuenta el ginecólogo de que la frecuencia cardiaca está bajando, ‘el líquido sigue estando por debajo de lo normal’, le dijo a mi esposa. La valoraron y le dijeron ‘tu bebé está tiempo de poder salir, de poder estar bien, tiene 35 semanas, ya está formado, se ve que está bien, pero sí es necesario que hagamos una cirugía para poderlo extraer, porque puede correr el riesgo de que si bajan más los latidos ahí pierda la vida

’”. 

“Entonces la pasan a quirófano, en ese momento ya me hablan a mí como su esposo, me dicen ‘por favor venga, para que usted dé la autorización de lo que vamos hacer’. Yo llego con el ginecólogo, me explica qué es lo que sucedió, que la frecuencia cardiaca del bebé está baja, que no tiene mucho líquido, y que es muy necesario que se le practique la cesárea para que puedan salvar al bebé”. Alberto firmó la autorización y tuvo que salir del hospital para que le dieran informes: “Esperé alrededor de tres horas y media, casi cuatro horas, hasta que sale el doctor. Como que se le había olvidado porque realmente la cirugía duró menos, como una hora. Me ve y como que se acuerda y me dice ‘perdón, su bebé nació muy bien. Su bebé pesó 2.100 kilogramos y midió 45 centímetros. Está muy bien, no hubo complicaciones, a pesar de que es prematuro el bebé está bien. Lo van a pasar al área de neonatología por lo que significa ser prematuro para llevarlo ahí a que lo valoren, pero en lo que cabe, todo está muy bien’. Yo me puse contento, muy feliz”.

 

CAMBIARON DOS BEBÉS

Después de que a su esposa le pasó la anestesia, Alberto fue a verla. “Estuvimos platicando, en ese momento les pregunté qué pasó con el bebé, me dicen ‘lo tuvimos que dejar en neonatología porque al ser prematuro necesitamos valorarlo, pero está bien”. 

“Busqué a la directora del hospital para que me dejaran ver a mi bebé. Cuando me acerqué. con ella estaban tres personas. Alcancé a escuchar que le estaban reclamando a la directora que les cambiaron el bebé, porque decían ‘es que no es posible que nos hayan dado un información de nuestro bebé y a la hora que nos lo están enseñando sea otra información, en el brazalete decía que tenía otro peso’. Yo me alarmé, entonces me acerco y le comento a la directora: ‘mi bebé acaba de nacer, fue prematuro y quiero saber si me pueden dar informes’. Entonces la directora voltea a hablar con las personas y les dice ‘no va a haber ningún problema con su hijo, porque el de él es prematuro. No es que estemos cambiándolos, fue un error de dedo lo que les pasó’”. 

Alberto pidió informes a la directora, quien prometió que dejaría su nombre al personal después del cambio de turno. Después Alberto se despidió de su esposa y volvió a su casa. Seguían en contacto por el celular, ella le contó que hubo al menos tres códigos rojos más por ingreso de pacientes con covid, entre la noche del sábado 6 y la mañana del domingo 7 de junio.

 

NO HABÍAN VISTO A SU HIJO

Durante las primeras 24 horas de vida de Patricio, sus padres no pudieron verlo. Después de la cesárea, aunque su mamá estaba consciente, le taparon la cara para llevar al bebé a neonatología. Más tarde les dijeron que no podían llevárselo por ser prematuro y por la contingencia sanitaria. Sin embargo, los doctores les decían que el bebé estaba bien.

“En el cuarto donde estaba había tres camas y ella estaba en la última cama” -explica Alberto- “en las dos camas que seguían también había otras mamás de recién nacidos, y a ellas sí le llevaron a sus bebés. Pero a mi esposa le decían que mi bebé estaba bien. Después le dijeron ‘probablemente el lunes (al día siguiente) ya te vamos a dar de alta para que te lleves a tu bebé’”.

Ese mismo domingo por la noche, le informan a Alberto y su esposa que el bebé tenía congestión nasal y por eso no lo habían llevado con su madre. Alberto llevó un medicamento para el bebé y más tarde, los doctores le informaron que había reaccionado bien, por lo que confiaban en que podrían llevarlo a casa el lunes 8 de junio.

Continúa narrando Alberto: “Yo esperaba que el lunes ella me hablara nada más para ir por ellos, pero se pasó medio día. Yo le marqué y ella me dijo: ‘a mí ya me dieron de alta, estoy esperando a la pediatra para que nos traiga al bebé’. Todavía el lunes era fecha de que ella no lo conocía, no se lo habían llevado, no sabía nada de él, nada más por informes, pero no lo conocíamos”.

“Estaba esperando que se lo entregaran hasta las 2 de la tarde, que hubo otra vez cambio de turno. Entonces llegó a la pediatra y le dijo ‘tu bebé no va salir contigo hoy, tú ya estás de alta, ya te puedes ir a tu casa, pero el bebé se tiene que quedar porque acaba de presentar un cuadro infeccioso’. Así lo manejaron, como un cuadro infeccioso. Sin embargo, la doctora insistió ‘está bien, dentro de lo que cabe está bien, está sano’”.

 Sigue aquí con la parte 2 de esta historia: Patricio: falla tras falla del ISSSTE costaron la vida de un bebé en SLP (Parte II)

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Se sabía, se avisó y nadie hizo nada: evaluación judicial, el camino para depurar la base trabajadora | Columna de Víctor Ezequiel

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SERENDIPIA

Por: Víctor Ezequiel
X: @MrVictorHdz

Culto público, amanecimos con tremendo golpe al personal operativo del PJF. Este 5 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación un Acuerdo General que fue aprobado por unanimidad el 28 de octubre por el Pleno del Órgano de Administración Judicial. Su supuesto objeto es “regular la evaluación del desempeño del personal de carrera judicial del Poder Judicial de la Federación”.

Su justificación oficial es fortalecer la profesionalización, mejorar la impartición de justicia, identificar necesidades de capacitación y establecer parámetros objetivos para valorar el desempeño. Hasta ahí, nadie podría oponerse a que el servicio público sea evaluado. El problema comienza cuando revisamos cómo se hará y qué consecuencias puede tener.

¿A quiénes alcanza?

La evaluación comprende las categorías de: secretarios de tribunales y juzgados, proyectistas, asistentes de constancias y registro, secretarios instructores y de acuerdos de tribunales laborales, actuarios y oficiales judiciales, entre otros. Se excluye al personal adscrito a la Suprema Corte y al Tribunal Electoral. También puede evaluarse al personal que tenga al menos seis meses ininterrumpidos en el mismo órgano y categoría, independientemente de que cuente o no con nombramiento de base.

Esto último merece atención: no se trata únicamente de quienes tienen una plaza definitiva. El acuerdo alcanza a un universo amplio de personas que realizan funciones de carrera judicial.

¿Cómo se evaluará?

El modelo combina conocimientos y rendimiento. El 60% corresponde a habilidades y competencias: 40% mediante un examen y 20% por capacitación. El 40% restante se distribuye entre productividad (10%), calidad del trabajo conforme al perfil (5%), trabajo en equipo y clima organizacional (5%), ética (5%), servicio a la ciudadanía (5%) y comportamiento y ejercicio profesional (10%).

Para integrar los resultados se utilizarán exámenes, cuestionarios contestados por titulares o administradores, cuestionarios confidenciales aplicados a compañeros y reportes institucionales. También se tomarán en cuenta antecedentes disciplinarios, administrativos y laborales, así como informes desfavorables de revisiones técnicas, bajo las condiciones previstas en el acuerdo.

Aquí aparece una preocupación evidente: ¿cómo se evitará que las diferencias personales, los conflictos internos o las relaciones de poder dentro de cada órgano influyan en una evaluación que pretende ser objetiva? El documento ordena utilizar información verificable y establecer controles metodológicos contra posibles sesgos, pero una declaración normativa no garantiza, por sí sola, que estos no ocurran.

Las consecuencias no son menores.

Los resultados se clasifican en cinco niveles: sobresaliente, de 90 a 100 puntos; satisfactorio, de 80 a 89; regular, de 70 a 79; suficiente, de 60 a 69; e insuficiente, de 0 a 59.

Quienes obtengan resultados satisfactorios o sobresalientes recibirán una constancia de permanencia por dos años. Los niveles regular y suficiente tendrán una constancia por un año y deberán cumplir acciones de fortalecimiento. El resultado insuficiente se traduce en un estándar de desempeño no alcanzado y abre la posibilidad de un examen extraordinario o un recurso de revisión, según el origen de la calificación. Si el resultado queda firme, el asunto se remite al Pleno para los efectos previstos en la Ley de Carrera Judicial, incluida la posible separación en los supuestos legales.

El recurso de revisión debe interponerse en diez días hábiles y el Pleno cuenta con un plazo máximo de cuatro meses

para resolver. Sus resoluciones se consideran inatacables dentro de este mecanismo.

¿Y qué sucede durante 2026?

El acuerdo establece expresamente que la evaluación de este año será diagnóstica: no contará como periodo ordinario ni producirá consecuencias individuales de permanencia o separación. Sin embargo, la participación será obligatoria y sus resultados servirán para diseñar programas de capacitación que también serán obligatorios y considerados en la primera evaluación ordinaria.

El calendario ya está definido: del 11 al 13 de noviembre se cargará información a la plataforma; el 17 y 18 se notificará y publicará el temario; del 4 al 15 de diciembre se aplicarán cuestionarios. Los exámenes serán el 4 de diciembre para secretarios, el 8 para actuarios y los días 14 y 15 para oficiales judiciales. De enero a marzo de 2027 se analizarán resultados y se elaborarán informes y acciones de fortalecimiento. La primera evaluación con consecuencias se realizará después de concluir la capacitación correspondiente.

La memoria de 2024 no puede borrarse.

Durante el paro nacional de trabajadores del PJF en 2024, una de las principales preocupaciones fue precisamente la posible afectación a los derechos laborales. En aquel momento, se sostuvo que la reforma buscaba combatir el nepotismo y la corrupción, particularmente respecto de las personas titulares, y que el personal no tendría por qué resultar perjudicado.

Hoy, con un nuevo “modelo de evaluación” que alcanza a oficiales, actuarios y secretarios, resulta difícil separar las piezas. Entre 2024 y 2026 se impulsaron numerosos concursos abiertos de oposición para integrar listas de personas habilitadas; ahora existe un universo amplio de aspirantes disponibles, mientras el personal que construyó su trayectoria dentro de la institución queda sujeto a un sistema que puede comprometer su permanencia.

La lectura política es inevitable: la reforma no solamente cambió quiénes ocupan los cargos de juzgadores; también está reconfigurando las condiciones bajo las cuales permanece el personal que sostiene la operación judicial. La evaluación puede convertirse en una herramienta de profesionalización, pero también en un mecanismo de depuración si sus criterios se aplican de manera sesgada o se utilizan para favorecer la sustitución de personal de carrera por perfiles alineados con el nuevo proyecto político. No es una preocupación que deba despacharse con el argumento de que todo se hace por eficiencia.

El acuerdo dice que la evaluación será objetiva, imparcial y diagnóstica. Ahora corresponde demostrarlo. La independencia judicial también se construye con trabajadores que puedan desempeñar sus funciones sin temor a perder su empleo por criterios discrecionales. La transformación del Poder Judicial no puede convertirse en una puerta para sustituir experiencia, antigüedad y carrera por obediencia institucional.

Lee también: Poder Judicial: ¿austeridad o incertidumbre laboral?

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Caravana de migrantes será vigilada también por aire, dice Gallardo

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El gobernador dijo que hay una gran sincronización con la Guardia Nacional para vigilar las carreteras desde el aire y recibir a los paisanos

Por: Redacción

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció que la vigilancia de las carreteras para recibir a los migrantes potosinos se hará este año también por vía aérea, en coordinación con la Guardia Nacional.

Gallardo dijo que habrá “una gran caravana de migrantes” y que los paisanos serán recibidos “en próximos días”. Aseguró que existe una gran sincronización con la Guardia Nacional para vigilar las carreteras desde el aire y poder recibirlos “con los brazos abiertos”.

La Caravana del Migrante Potosino de este año traerá de regreso a entre 5 mil y 7 mil paisanos desde Estados Unidos, de acuerdo con el Instituto de Migración y Enlace Internacional de San Luis Potosí. Será la última de la administración 2021-2027 y más de 36 alcaldes

acompañarán a las familias, como en las cinco ediciones anteriores.

El Gobierno del Estado informó que unos 2 mil vehículos participarán en la caravana, que entrará a México el 20 de diciembre por Matamoros, Tamaulipas, con el apoyo de unas 40 dependencias que darán atención médica, asesoría jurídica y auxilio vial. La llegada a San Luis Potosí está prevista entre el 18 y el 21 de diciembre.

El Instituto recomendó a quienes regresan por su cuenta que se unan a la caravana oficial para viajar acompañados y con menos riesgo, pues desde septiembre muchos paisanos llegan al estado por separado.

También lee: Gallardo presume cero observaciones financieras en auditoría de 2025

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Fenapo rompió récord de visitas, pero no de ocupación hotelera

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Las noches de hotel en la capital bajaron 13% aunque la feria superó los 10 millones de visitas

Por: Ana G Silva

Los hoteles de la capital potosina ocuparon 53.96% de sus cuartos en agosto de 2026, el mes de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), frente a 61.16% en agosto de 2025. La caída fue de 7.2 puntos, de acuerdo con el Sistema Nacional de Información Estadística del Sector Turismo de México (DataTur), de la Secretaría de Turismo federal.

Los hoteles de la capital mantuvieron su oferta de 6,181 cuartos, pero en agosto vendieron 103,106 noches de habitación, 11.7% menos que un año antes. Llegaron a los hoteles 88,823 turistas, 8.9% menos que en agosto de 2025.

Antes de la feria, Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, titular de la Secretaría de Turismo del Estado, anticipó que los hoteles “se van a abarrotar” con la Fenapo. El gobernador Ricardo Gallardo Cardona afirmó que la derrama económica de esta edición “va a superar todo” lo registrado en 2025.

Más visitas a la feria, menos noches de hotel

Al cierre de la feria, en la que se incluyó el concierto gratuito de Katy Perry, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí reportó una ocupación hotelera de 80% en la capital. Esa cifra correspondió a los últimos días de la Fenapo; el promedio de todo agosto quedó 26 puntos

abajo.

En septiembre, el gobierno estatal informó que la Fenapo rebasó los 10 millones de visitas en 24 días, más de tres millones por encima de su propia proyección.

Ese aumento no se reflejó en el hospedaje. Los turistas noche en hoteles de la capital, que suman las noches de cada huésped, bajaron de 191,979 en agosto de 2025 a 166,574 en agosto de 2026, una caída de 13.2%.

La Secretaría de Turismo del Estado reportó para todo el estado un incremento de poco más de 5% en la ocupación hotelera del verano, del 10 de julio al 30 de agosto. En la capital, julio y agosto juntos promediaron 55.3%, contra 60.6% en 2025.

El año también va abajo

De enero a septiembre de 2026, la ocupación promedio en la capital fue de 50.88%, contra 53.40% en el mismo periodo de 2025. Solo enero y mayo superaron el nivel del año anterior.

Septiembre, con 45.19%, fue el mes más bajo de 2026, siete puntos debajo de septiembre de 2025.

En nueve meses llegaron 694,483 turistas a los hoteles de la capital, 2.5% menos que un año antes. Los visitantes nacionales bajaron 7.9%, mientras los extranjeros subieron 71.6%, hasta 82,622, sin compensar la caída.

También lee: Katy Perry, seguridad reforzada y hoteles llenos marcan la Fenapo

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