La mejor prueba de que la constelación empresarial, contractual y familiar de Gerardo Sánchez Zumaya nunca fue independiente a la de Jorge Amilcar Olán Aparicio, personaje plenamente vinculado con Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente del mismo nombre, y estuvo siempre a la vista de todos.

Entre los dos imperios, construidos a base de contratos multimillonarios bajo sospecha con la federación, se encontraron los mismos patrones de movimientos accionarios, asambleas notariadas con el mismo fedatario en el mismo periodo de tiempo, nexos familiares comprobados, direcciones compartidas y apellidos que unen la ruta del huachicol de Altamira hasta Tabasco, con una red elaborada de facturaje detectado y señalado por las autoridades hacendarias.

 

Por: Jorge Saldaña | Investigación especial
Villahermosa, Tabasco / San Luis Potosí
11 de octubre de 2026

 

“A mi ex presidente López Obrador lo quiero mucho”

—Gerardo Sánchez Zumaya

 

Un cheque de 400 millones de pesos, 729 millones en capitalizaciones, una empresa autorizada a importar diésel tres días antes de que terminara el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y un primo hermano de la esposa de Gerardo Sánchez Zumaya convertido en testigo colaborador de la FGR. Documentos mercantiles y nuevos reportes periodísticos reconstruyen dos redes —Grupo GESA y el círculo empresarial de Jorge Amílcar Olán Aparicio— redes que crecieron en el mismo territorio, en sectores semejantes, utilizaron los mismos patrones de operación, las mismas notarías a veces, hasta en los mismos días.

Las coincidencias documentadas por este reportaje son tan numerosas y tan específicas que es imposible ignorarlas, no obstante se debe decir que la prueba pública, fehaciente e irrefutable de que Gerardo Sánchez Zumaya, ex aspirante al gobierno del estado de San Luis Potosí, y Jorge Amílcar Olán Aparicio, ligado social y empresarialmente al hijo del ex presidente López Obrador, operaron como una sola estructura, hasta hoy, no existe.

Las fotos en bodas no demuestran sociedades, la vecindad domiciliaria no demuestra acuerdos o contratos compartidos, el usar la misma notaría no constituye un delito incluso cuando se acuda a veces el mismo día.

Tener un medio hermano que figura en el listado del SAT de contribuyentes por presunción de emitir facturas por operaciones inexistentes, no añade al otro medio hermano a la lista, que el primo hermano de Sánchez Zumaya haya sido detenido por ser socio de la empresa de transportes en el contrabando de hidrocarburos no le transfiere responsabilidad penal a otro miembro de su familia; que el mismo primo político haya pagado a sus empresas millones de pesos tampoco significa necesariamente que Sánchez -también conocido como “El Huasteco”- tuviera conocimiento que los recursos con los que le pagaba su familiar político, provenían de un presunto ilícito.

Lo que si se documenta, es la inexplicable o verdaderamente fantástica sincronía entre los hechos de las dos redes, la trazabilidad del dinero, la comprobación filial, la cronología puntual entre los acontecimientos y los movimientos millonarios.

El artículo 400 Bis del Código Penal Federal castiga a quien adquiera, administre, reciba, invierta o transfiera recursos sabiendo que provienen, directa o indirectamente, de un delito o de sus ganancias; también sanciona a quien, con ese conocimiento, oculte o encubra su origen, movimiento o titularidad. Este reportaje no puede probar que alguno de los personajes señalados y sus actividades encuadren en dicho delito.

Lo que este reportaje aporta, es el seguimiento minucioso de una red familiar compleja y extensa que se transformó en los últImos ocho años en una constelación societaria que conecta expedientes, nombres, relaciones y sociedades involucradas en el transporte de hidrocarburos de forma ilícita a una red elaborada de empresas y empresarios que comparten apellidos, direcciones, primos hermanos, padres y padrastros que se han facturado entre sí miles de millones de pesos según consta en registros hacendarios, denuncias públicas y pruebas reveladas a través de investigaciones periodísticas.

Esas dos rutas, tanto la de la investigación abierta y en curso por parte de la FGR sobre la simulación, robo, corrupción, cohecho y contrabando de hidrocarburos,  como la de las emisiones multimillonarias de facturas entre empresas que comparten patrones de intercambio de socios, se donan acciones, compran y re-compran acciones e inyectan capitales desproporcionados, coinciden documentalmente en tantas capas con la red de empresas, contratos y relaciones del tabasqueño, Jorge Amílcar Olán Aparicio, que es prácticamente imposible suponer que funcionan como dos redes independientes, que además, ambas fueron favorecidas con contratos multimillonarios durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.

LUGANO, CUATRO DÍAS DESPUÉS

Durante siete días el reportero Irving Pineda esperó volver a ver al hombre que había reconocido en una zona residencial de Lugano. La pista, según se dijo, había llegado a TV Azteca de manera anónima. El equipo viajó a Suiza, ubicó una vivienda y, según narró después, encontró en el buzón el nombre de Jorge Olán Aparicio. El 28 de septiembre de 2026, Azteca Noticias difundió las imágenes del encuentro con Jorge Amílcar Olán Aparicio.

La escena corrigió una laguna que hasta entonces debía tratarse sólo como versión: Olán fue localizado periodísticamente en Lugano pero no responde el por qué está en Suiza, desde cuándo, si pretende sustraerse de alguna autoridad o si enfrenta una orden de aprehensión. De hecho, en esos mismos días la discusión pública incluyó que no existía una orden conocida en su contra. La presencia en Suiza es un hecho documentado por el reportaje televisivo; las motivaciones que distintos comentaristas le atribuyen siguen siendo hipótesis.

La fecha, sin embargo, cayó en medio de una secuencia muy particular y que involucra al Huasteco.

Cuatro días antes, el 24 de septiembre, Gerardo Sánchez Zumaya anunció de manera inesperada que abandonaba su precandidatura del Partido del Trabajo al gobierno de San Luis Potosí.

El 5 de octubre, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad publicó nuevos documentos sobre Portacelis Gas and Oil, una empresa ligada por esa investigación al entorno de Olán y autorizada por la Secretaría de Energía a importar diésel apenas tres días antes de que terminara el gobierno de López Obrador.

El 6 de octubre, Reforma reveló que Héctor Manuel Portales Ávila, familiar de Sánchez Zumaya y ex-apoderado de Mefra Fletes, testigo colaborador de la Fiscalía General de la República en el expediente de Roberto Blanco Cantú, “El Señor de los Buques”, había declarado le forma en que se entregaba una relación de pagos por 69.466 millones de pesos en 2024 y 2025 como parte de los sobornos a los involucrados.

En doce días se juntaron la salida política de Sánchez Zumaya, la aparición de Olán en Suiza, una nueva pieza documental sobre Portacelis y las revelaciones del testigo que conoce por dentro otra trama de combustible.

El parentesco de dicho testigo con la esposa de Sánchez Zumaya, Samantha Portales Acosta pudo comprobarse: son primos hermanos en primer grado y no solo “parientes” como se había manejado hasta ahora. Las actas de nacimiento de ambos confirman que el testigo de la FGR, cliente de las empresas Zumaya y ex socio de Mefra Fletes y Roca, son hijos de los hermanos Portales Guzmán y por eso comparten su apellido.

Ninguno de esos hechos prueba que uno haya provocado al siguiente, pero juntos obligan a regresar a los documentos mercantiles y seguir una pregunta básica sobre la trazabilidad del dinero y sobre todo, su origen.

El ORDEN EN LOS NÚMEROS

En esta historia, en la que han participado varias publicaciones e investigaciones, han circulado cifras que parecen incompatibles porque se han presentado como si describieran lo mismo y no lo hacen.

Los primeros 540 millones de pesos por los que fue cuestionado el otrora aspirante, corresponden al universo de contratos con Pemex identificados por Latinus, Reforma y por el propio Sánchez Zumaya en su defensa pública. El contrato más grande localizado, por 482.4 millones, fue adjudicado a Petrogesa en propuesta conjunta; Sánchez Zumaya ha dicho que tuvo tres contratos con Pemex y que, en conjunto, rondaron 540 millones.

Los 729 millones 453 mil pesos son otra cosa: son la suma de cinco aumentos de capital localizados por esta investigación en Petrogesa, Gesa Lab, Ban Gesa, Hospitales Zumaya y Grupo Mineral & Logistic entre 2020 y 2025. No son ventas, contratos ni patrimonio personal. Son capitalizaciones asentadas en actas mercantiles.

Los más de 15 mil millones de pesos descritos por Reporte Índigo en julio de 2026 corresponden, según las denuncias federales que ese medio consultó, a comprobantes fiscales expedidos entre 2022 y 2024 por al menos 15 personas físicas, varias familiares o cercanas a Sánchez Zumaya. Reforma, al publicar en noviembre de 2024 la denuncia que dio origen a esta línea, habló de movimientos por al menos 20 mil millones de pesos dentro de una red más amplia. Una cifra puede referirse al subconjunto de CFDI de personas físicas y la otra al conjunto de movimientos descritos en la denuncia. Ninguna equivale automáticamente a dinero público robado ni a contratos de Pemex.

Los más de mil 100 millones de dólares publicados por Reporte Índigo son todavía otro universo. El medio atribuyó esa cantidad a las denuncias que describen el supuesto beneficio económico de una red entre 2019 y 2024 y a operaciones relacionadas con cuatro empresas de Texas: Concordia Chemical LLC, Smart Logistics Commerce LLC, Espada Group LLC y Catros Intech LLC. Es una acusación contenida en denuncias, no una cantidad establecida por sentencia.

Y hay montos que pertenecen a expedientes distintos: 142 millones 141 mil 224 pesos en facturas que, de acuerdo con una investigación de Azteca Noticias retomada por Excélsior, Héctor Portales habría emitido en 2025 a tres empresas del universo GESA; 69 millones 466 mil 200 pesos en presuntos sobornos y honorarios que Portales dijo a la FGR que se repartieron en la estructura de Blanco Cantú; y 834 millones de pesos de perjuicio fiscal que el SAT atribuyó a las operaciones de Portacelis.

La conciliación correcta requiere entender qué mide cada cantidad. Contratos, capital social, CFDI, beneficios alegados, facturas de proveedores, sobornos y perjuicio fiscal son categorías distintas. Sumarlas produciría una cifra espectacular y metodológicamente falsa.

Monto	Qué mide	Fuente/universo
520–540 mdp	Contratos con Pemex identificados/defendidos públicamente	Latinus/Reforma y declaración de GSZ
729.453 mdp	Cinco aumentos de capital localizados	Actas mercantiles 2020–2025
>15 mil mdp	CFDI atribuidos a ≥15 personas físicas	Denuncias citadas por Reporte Índigo
≥20 mil mdp	Movimientos de la red descrita en denuncia de 2024	Reforma
>US$1,100m	Beneficio/operaciones alegadas de red 2019–2024	Denuncias publicadas por Reporte Índigo
142.141 mdp	Facturas atribuidas a Héctor Portales a 3 firmas GESA	Azteca/Excélsior, 2026
69.466 mdp	Presuntos sobornos/honorarios en red Blanco Cantú	Testimonio Portales difundido por Reforma
834 mdp	Perjuicio fiscal atribuido a Portacelis	SAT
3,650 mdp	Inversión anunciada de Hospitales Zumaya	Gobierno de Tabasco, 2026

Fuente: actas mercantiles revisadas y publicaciones atribuidas en el texto. Los montos no deben sumarse entre sí.

TRES DÍAS ANTES DEL ADIÓS DE AMLO

Portacelis Gas and Oil nació en Villahermosa el 6 de agosto de 2024 con cien mil pesos de capital. Cincuenta y dos días después, el 27 de septiembre, la Secretaría de Energía le autorizó importar hasta 52 millones de litros de diésel desde Estados Unidos. Faltaban tres días para que Andrés Manuel López Obrador entregara la Presidencia.

La cercanía del calendario es más significativa por lo que había ocurrido nueve días antes. El 18 de septiembre de 2024, las secretarías de Energía y Economía publicaron reglas más estrictas para la importación de combustibles. Entre los requisitos se encontraba acreditar antecedentes de importación de los dos años previos para determinados solicitantes de alto volumen. Portacelis tenía 52 días de constituida y no había realizado una sola importación.

En ese momento la administraba Juan Carlos de la Cruz Murillo, contador identificado como colaborador y operador de confianza de Amílcar Olán. Veinte días después de obtenido el permiso, el 17 de octubre, los accionistas fundadores vendieron la totalidad de sus acciones y De la Cruz renunció como administrador. Entraron Jeysi Armando Balcázar Vértiz y José Alonso Ulín Hernández, dos jóvenes sin trayectoria conocida en el negocio energético según la investigación periodística.

La sustitución formal no cerró del todo la huella del administrador saliente, porque los certificados fiscales de la compañía continuaron asociados a datos de De la Cruz hasta enero de 2025. El primer cargamento de Portacelis entró el 4 de febrero de 2025, comprado a Ikon Midstream, firma de Houston posteriormente investigada en Estados Unidos dentro de pesquisas sobre combustible introducido a México con declaraciones falsas.

Hace unos días de este 2026, el caso escaló y las autoridades informaron que el SAT pidió a la FGR investigar a Portacelis por un presunto perjuicio fiscal de 834 millones de pesos. Se reconstruyeron las operaciones de ferrotanques y se comprobó que el volumen que se habría introducido sería muy superior al declarado ante la aduana.

La secuencia es verificable: empresa nueva; reglas más duras, permiso nueve días después y tres días antes del relevo presidencial; sustitución total de accionistas veinte días más tarde; permanencia temporal de rastros fiscales del administrador anterior; primeras importaciones en 2025; y, finalmente, investigación fiscal.

El expediente Portacelis muestra por qué en estas estructuras la fotografía de los accionistas de un día no basta para entender quién conserva la operación.

MISMOS CLIENTES Y MISMO NOTARIO.

El expediente conduce a una oficina de fe pública en Villahermosa.

Aquí conviene corregir una imprecisión que aparece en varias reconstrucciones. Cuando Portacelis se constituyó el 6 de agosto de 2024, Manuel Alejandro Cachón Silván todavía no era el titular de la Notaría Pública número 4. El Periódico Oficial de Tabasco acredita que Miguel Cachón Álvarez era el notario de número y que Manuel Alejandro se desempeñaba como adscrito desde 2018. Miguel había presentado su renuncia el 2 de julio; el acuerdo que designó a Manuel Alejandro fue publicado el 14 de agosto y la protesta y patente como titular se formalizaron el 15.

La precisión importa porque evita convertir una transición administrativa en una falsedad. Portacelis sí pasó por el protocolo de la Notaría 4. También lo hicieron sociedades del universo GESA. Pero el responsable formal del despacho cambió en aquellos nueve días de agosto.

Exactamente 29 días antes de Portacelis, de acuerdo con los folios mercantiles revisados para este reportaje, la misma notaría había elaborado la constitución de Hospitales Zumaya (sociedad de 50 mil pesos repartidos entre GSZ y su esposa Samantha en partes iguales).

Entre ambos instrumentos, el protocolo registró 237 actos, un dato que obliga a dimensionar el cruce: compartir notaría no demuestra que dos clientes se conozcan ni que coordinen negocios.

El interés surge de la repetición. Ban Gesa formalizó allí un aumento de capital de 100 millones de pesos en noviembre de 2023. Hospitales Zumaya pasó por el mismo protocolo en julio de 2024. Portacelis nació allí en agosto. En 2025, publicaciones de El Universal atribuyeron a esa notaría la constitución de Aman Desarrollos y JAOA Corporativo, sociedades vinculadas a Amílcar Olán.

En diciembre de ese año, Grupo Mineral & Logistic protocolizó allí el aumento de capital de 400 millones de pesos y que hasta ahora no había salido a la luz pública. Un aumento de capital a cargo del medio hermano de Sánchez Zumaya, un joven de entonces 24 años, que con su primera chequera y el cheque 000028 pudo aportar 400 MDP en una empresa que fundó su medio hermano 12 años antes con 50 mil en una notaría de Tancanhuitz. De este movimiento se amplía la información adelante.

En mayo de 2026, un movimiento de CASTRIEB —empresa creada por José Rafael y Christopher Castillo Florencia— volvió a la misma oficina.

La Notaría 4 es, por lo tanto, un punto de contacto documental repetitivo y en apariencia sincronizado entre sociedades de ambos universos pero no es así, por sí sola, el puente no probaría una red.

EL CHEQUE DE 400 MILLONES

El acta dice que el otro accionista estaba presente, pero no puso un peso.

“NO SUSCRIBE ACCIONES”.

Era el 5 de diciembre de 2025. Eduardo Isaac Sánchez Zúñiga, de 24 años, presidía la asamblea extraordinaria de Grupo Mineral & Logistic Comercializadora de Minerales y Construcción. Jovani Barrios Caamal, de 23, completaba el capital soci al. La empresa necesitaba, según el documento, respaldo financiero para proyectos futuros.

Eduardo Isaac suscribió 800 mil acciones de 500 pesos cada una. Total: 400 millones de pesos. El acta señala que acreditó el pago con el cheque 0000028 de Santander. Tres días después, el acuerdo fue protocolizado en Villahermosa; el 16 de diciembre quedó inscrito en el Registro Público de Comercio.

Doce años antes la sociedad había nacido en Tancanhuitz, San Luis Potosí, con 50 mil pesos. El aumento equivalía a ocho mil veces el capital fundacional.

Eduardo Isaac es medio hermano de Gerardo Sánchez Zumaya, fundador de la empresa y figura central de Grupo GESA. Gerardo había creado la compañía en abril de 2013, con 22 años, tomando 70 de cien acciones y el cargo de administrador único. En 2020, ya con la empresa orientándose a Tabasco, Eduardo Isaac adquirió 70 acciones por su valor nominal de 35 mil pesos y quedó como presidente del consejo; Gerardo permaneció como secretario.

Hay un tramo que los folios revisados todavía no explican: el acto mediante el cual las 30 acciones que conservaba Gerardo pasaron a Jovani Barrios Caamal. Para diciembre de 2025, Gerardo ya no aparecía en el capital de la compañía y Eduardo Isaac controlaba la suscripción del aumento. Dos meses antes, Barrios había recibido poderes amplios de administración, dominio y títulos de crédito.

El cheque notarial no prueba de dónde salieron los 400 millones pero esa limitación no reduce el hallazgo. Una sociedad creada con 50 mil pesos registró doce años después una aportación de 400 millones a nombre de un accionista de 24 años. La pregunta no debería ser retórica y la debería responder el protagonista: ¿de qué actividad, financiamiento o patrimonio provino el dinero?

NO ES SOCIO, PERO MANTIENE EL CONTROL

La historia de los aumentos de capital en las empresas de GESA que este reportaje revela no son episodios aislados.

Entre 2020 y 2025, cinco sociedades vinculadas con Sánchez Zumaya registraron aumentos por 729 millones 453 mil pesos. En cuatro operaciones, la participación principal quedó en manos del propio Gerardo. En la quinta, la de 400 millones, quedó en manos de su medio hermano Eduardo Isaac.

Ban Gesa ofrece un ejemplo nítido. En la asamblea del 9 de octubre de 2023 se aprobó un aumento de 100 millones de pesos. El acta protocolizada en la Notaría 4 dice que Gerardo Sánchez Zumaya suscribió 100 mil acciones y exhibió el cheque 0000008 de Santander. Yuridia Natalia Ramos Sánchez “no suscribe acciones”. Después del movimiento, Gerardo concentraba 100 millones 90 mil pesos del capital; la otra accionista, diez mil.

Gesa Lab muestra un mecanismo distinto: la separación formal y el regreso.

En septiembre de 2021, Gerardo vendió sus 18 acciones a su esposa, Samantha Magdalena Portales Acosta. José Castillo Peregrín (p adrastro de Samantha y suegro de GSZ) le vendió otras 17. Una tercera accionista transfirió 15 a José Hilario Sánchez Zúñiga, otro medio hermano de Gerardo. Samantha quedó como administradora única, es decir, solo en los papeles, Gerardo salió, pero el uso beneficio de los recursos quedaron en manos de su esposa.

Diez meses después regresó con casi todo el capital. El secreto bancario impide saber si, luego de dejar  esta y otras sociedades a las que ha entrado y salido siendo de su mismo entorno, Gerardo Sánchez dejó en algún momento el control y manejo de las cuentas bancarias. De saberse, podría configurarse o no el delito previsto en el artículo 400 Bis que se mencionó al inicio de este trabajo.

Siguiendo con las inyecciones desmedidas de capital, en la asamblea del 8 de agosto de 2022 se aprobó un aumento muy extraño de cinco millones de pesos que dejó a Sánchez Zumaya con alrededor del 99 por ciento de las acciones.

El acta dice que las pagó mediante dos transferencias personales: una de un millón el día de la asamblea y otra de cuatro millones fechada el 29 de junio.

Es decir, cuatro millones habían entrado cuarenta días antes de que el órgano societario lo admitiera nuevamente como accionista.

Puede existir una explicación contable como aportaciones para futuros aumentos, o un préstamo posteriormente capitalizado, sin embargo el acta revisada no identifica ninguna de esas figuras. Durante esos cuarenta días la administradora era su esposa. No hay explicación jurídica ni fiscal que explique cómo GSZ pudo ingresar 4 millones a una cuenta ajena (de su esposa) y luego 40 días después hacerse del control del mismo dinero que inyectó. Esta operación se podría interpretar como una simulación en el manejo de recursos, y si provinieran de una fuente ilícita conocida por GSZ, encuadraría en lavado, pero hasta el momento se desconoce si la UIF, el SAT o la FGR tienen registrada esta operación.

El patrón aquí descubierto es relevante para una pregunta distinta de la propiedad nominal: el control efectivo. Desde julio de 2025, la legislación anti lavado mexicana reforzó la obligación de identificar al beneficiario controlador, es decir, a la persona que en última instancia obtiene el beneficio o ejerce control efectivo, incluso por contrato u otros medios. Ese concepto ayuda a entender por qué los cambios de accionistas no agotan el análisis.

Pero control no significa lavado, nuevamente de acuerdo al artículo 400 Bis que exige que para el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, debe haber conocimiento del origen ilícito de los recursos y conductas de adquisición, administración, transferencia u ocultamiento, entre otros elementos.

Gerardo, sus medios hermanos, su esposa y el primo hermano de ella, pueden haber ignorado el origen de los recursos o incluso desconocer si son o no de procedencia ilícita, por lo tanto la facturación entre sus empresas y las extrañas entradas y salidas accionarias,  podrían no tener fines de ocultarlos o simularlos.

Lo que no pueden negar las actas de las empresas de GESA en posesión de este medio y a disposición en la publicación, es la continuidad de poder económico dentro de un círculo familiar: Gerardo como principal accionista en cuatro capitalizaciones; su esposa como administradora en el intervalo de Gesa Lab; y su medio hermano como titular del aumento de 400 millones en Grupo Mineral. Esa continuidad es materia de trazabilidad financiera.

LA FAMILIA

Los apellidos, como se consignó en los alcances de esta investigación, se repiten porque el crecimiento empresarial avanzó acompañado de relevos familiares.

Reforma publicó en noviembre de 2024 una denuncia que describía una red de empresas y personas físicas que se facturaban entre sí. En los registros reproducidos por el diario aparecieron Eduardo Isaac Sánchez Zúñiga y José Hilario Sánchez Zúñiga, medios hermanos de Gerardo, además de José Rafael y Christopher Castillo Florencia, entre otros jóvenes contribuyentes. La denuncia sostenía que varios emitían CFDI por montos muy superiores a sus gastos o a la infraestructura visible.

La distinción jurídica es indispensable, porque una denuncia o un reportaje los coloque en una presunta red de facturación no equivale a que el SAT haya declarado a cada uno como emisor de operaciones inexistentes, pero en el caso de Christopher Castillo Florencia sí existe esa resolución fiscal: El 20 de febrero de 2026, el Diario Oficial de la Federación publicó su nombre y RFC en el listado definitivo derivado del artículo 69-B del Código Fiscal.

La autoridad asentó ausencia de activos, de personal, de infraestructura y de capacidad material. La resolución recae sobre Christopher como persona física.

Los números atribuidos por Reforma dimensionan el problema que planteó la denuncia. José Rafael Castillo Florencia habría emitido CFDI por alrededor de 3 mil 132 millones de pesos en dos años; en un periodo reportó compras por apenas decenas de miles mientras facturaba más de mil 200 millones. Christopher aparece con cientos de millones de pesos facturados. Eduardo Isaac y José Hilario también figuran en el listado de personas físicas analizado por el diario.

Eduardo y José Hilario son medios hermanos de Gerardo Sánchez. Hilario Sánchez Lara es padre de los tres en diferentes uniones maritales.

Por otro lado los Castillo Florencia señalados también tienen un lazo filial que no había sido descubierto.

La conexión familiar de los Castillo Florencia proviene de un antiguo socio de Sánchez Zumaya y que por su relevancia debe narrarse con exactitud.

José Castillo Peregrín fue socio y directivo de sociedades de GESA desde 2013 y dos años después el entonces cincuentón de origen español se casó con Lucero Acosta Montalvo, madre biológica de Samantha Portales Acosta,  y esposa de Sánchez Zumaya desde su boda en el 2021.

Documentación revisada para este reportaje abre una ruta de parentesco hacia José Rafael y Christopher Castillo Florencia, a quienes distintas piezas del expediente ubican como sobrinos nietos de Castillo Peregrín, suegro de El Huasteco al que despidió con dolor en una esquela publicada en enero en las redes sociales del ex aspirante petista.

DE VUELTA AL PRIMO Y EL TRANSPORTE

Con lo que se ha articulado, Héctor Manuel Portales Ávila une dos capas que antes corrían en paralelo: el entorno familiar de Sánchez Zumaya y una investigación federal sobre transporte de hidrocarburos.

La Jornada y otros medios documentaron que Portales fue detenido el 23 de agosto de 2025 dentro de una causa relacionada con Mefra Fletes. La empresa transportó combustible descargado del buque Challenge Procyon desde el puerto de Tampico hacia un depósito en Altamira, según la investigación federal reconstruida por la prensa. Portales había sido apoderado de Mefra y también ocupó cargos en Autolíneas Roca.

La relación financiera entre el primo hermano detenido en el operativo del 2025, tiene una cifra que publicó el columnista Jorge Fernández Menéndez en Excélsior, donde sostuvo que entre mayo y julio de 2025 Portales habría emitido facturas por 142 millones 141 mil 224 pesos a Ban Gesa, Industrias GESA del Sureste y Petrogesa. Los conceptos incluían convertidores, semirremolques tanque de aluminio y dos tractocamiones modelo 2025.

Esos CFDI existen en los términos publicados, pero para saber si los 142 millones corresponden a transacciones reales se tendría que tener las facultades que en este país solo tiene la Secretaría de Hacienda, el SAT y la UIF.

En esta semana, el 6 de octubre, apareció otra novedad al respecto y que da aún más peso a las colaboraciones del primo político. Reforma informó que Portales entregó información sobre la estructura atribuida a Roberto Blanco Cantú, “El Señor de los Buques”.

Según la relación entregada por Portales, en 2024 se habrían pagado 24 millones 807 mil 800 pesos y en 2025 otros 44 millones 658 mil 400: 69 millones 466 mil 200 pesos en presuntos sobornos y honorarios a intermediarios, agentes y funcionarios.

Nuevamente la sincronía y cercanía de los eventos se hace evidente. La declaración de Portales Ávila, con la que se dan a conocer nombre y montos de sobornos millonarios, se hace pública 12 días después de que la cabeza de grupo GESA, desistiera intempestivamente de su carrera rumbo a la gubernatura potosina mientras que circulaban fuertemente versiones no confirmadas sobre un presunto congelamiento de sus cuentas.

Con esto no se puede afirmar que Portales haya acusado a Sánchez Zumaya o que haya entregado a la FGR información sobre GESA y el inesperado desistimiento de la aspiración política pudo ser motivado por asuntos distintos.

¿QUIÉN ES PERLA?

El golpe inicial contra la red vinculada al Challenge Procyon derivó en 14 detenciones, de acuerdo con la reconstrucción de El País y reportes judiciales: empresarios, marinos y personal aduanal. Después se libraron nuevas órdenes de aprehensión contra integrantes de Mefra Fletes y otros operadores.

Entre ellos, Perla Castro resultó una figura relevante por su posición en la Aduana de Tampico. La investigación federal la ubicó como jefa o verificadora de operaciones encargada de remitir muestras de mercancía al laboratorio central de la Agencia Nacional de Aduanas. Fue vinculada a proceso dentro de la causa penal relacionada con las descargas de buques.

El 23 de octubre de 2025, una jueza modificó su prisión preventiva y le impuso resguardo domiciliario, localizador electrónico, prohibición de salir del país y vigilancia de la autoridad de medidas cautelares. Zeta documentó la resolución; otros medios reportaron que el cambio estuvo relacionado con su embarazo.

Por lo tanto, de las 14 personas detenidas solo Perla y Héctor Manuel no están en prisión. La mención cabe porque en las reconstrucciones periodísticas documentadas, el puesto de Perla la pondría en línea directa con el administrador de los tanques de transporte del combustible, operado -aún presuntamente- por Portales Ávila.

En una historia cargada de parentescos y vínculos filiales y sociales el señalamiento importa.

LA FOTO DE 2015

Lo mismo ocurre con el vínculo personal entre Amílcar Olán y Andrés Manuel López Beltrán, que no empieza con los contratos del sexenio de su padre.

Una fotografía recuperada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y atribuida al Diario Rumbo Nuevo, muestra a López Beltrán en la boda de Jorge Amílcar Olán Aparicio y Brenda Cepeda García en Villahermosa en julio de 2015.

Mismo año de la boda de Castillo Peregrín con Lucero Acosta Montalvo, tío abuelo de los Castillo Florencia y de comprobables relaciones comerciales, inmobiliarias y societarias con Adán Augusto López Hernández.

La cobertura social de S&R – Splendor & Rostros, del entorno de Rumbo Nuevo, llevaba en portada a la pareja. Una crónica local de Poder & Crítica confirmó que la ceremonia civil y la recepción se realizaron en el Hotel Marriott de Villahermosa.

La imagen documenta una relación social previa a la llegada de López Obrador a la Presidencia y los puentes previos de Castillo Peregrín con figuras del grupo Tabasco, estado al que se trasladó la empresa de la que fue socio con Sánchez Zumaya y que quedó en control de Eduardo Isaac Sánchez Zúñiga.

Después, investigaciones de Latinus y MCCI difundieron grabaciones y reconstrucciones empresariales que colocaron a Olán como interlocutor cercano de Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán. Los hermanos han rechazado interpretaciones que los responsabilizan por negocios atribuidos a terceros. La relación personal, sin embargo, está documentada con años de antelación a la expansión de varias empresas investigadas.

En el universo GESA la relación política conocida es distinta. Sánchez Zumaya reconoció públicamente cercanía con Adán Augusto López Hernández y en 2023 lo elogió como su aspirante presidencial favorito. Reforma documentó que desde 2019 el empresario se relacionó con figuras de Morena en Tabasco mientras sus compañías empezaron a participar en contratos y servicios alrededor del sector energético.

Lo que se puede afirmar es que las trayectorias empresariales, de Olán y la de Zumaya, crecieron en Tabasco durante el mismo ciclo político en que sus protagonistas cultivaban relaciones con figuras de la coalición gobernante.

DE AHÍ A LA EXPANSIÓN

Visto en una sola línea de tiempo, el expediente deja de parecer una colección de sociedades dispersas.

En 2013, Grupo Mineral & Logistic nació en la Huasteca potosina con 50 mil pesos. En 2018, Petrogesa fue constituida. En 2019, según Reforma, Sánchez Zumaya comenzó a ampliar sus relaciones políticas y empresariales en Tabasco. En 2020, Grupo Mineral trasladó sus operaciones al estado y Eduardo Isaac Sánchez Zúñiga entró como accionista principal.

En septiembre de 2021, Gerardo salió formalmente de Gesa Lab y su esposa quedó al frente. En junio de 2022 transfirió cuatro millones a la empresa cuarenta días antes de volver como accionista; en agosto el aumento lo dejó con cerca del 99 por ciento. En octubre de 2023, Ban Gesa aprobó el aumento de 100 millones cubierto por Gerardo mediante cheque Santander.

En julio de 2024 se constituyó Hospitales Zumaya en Villahermosa. Veintinueve días después nació Portacelis Gas and Oil. El 27 de septiembre Portacelis obtuvo el permiso de importación; el 30 terminó el sexenio de López Obrador. El 17 de octubre cambiaron todos sus accionistas fundadores.

En noviembre de 2024, Reforma publicó la denuncia que describía facturación y movimientos por miles de millones en el entorno GESA. En 2025 avanzó el caso federal de los buques, fue detenido Héctor Portales y, según el reportaje de Azteca retomado por Excélsior, en los meses previos había facturado más de 142 millones a tres compañías relacionadas con Sánchez Zumaya.

El 5 de diciembre de 2025 llegó el cheque de 400 millones a Grupo Mineral.

El 20 de febrero de 2026 el SAT publicó en el Diario Oficial a Christopher Castillo Florencia en un listado definitivo del artículo 69-B. En junio, el gobierno de Tabasco presentó junto con Hospitales Zumaya un proyecto hospitalario anunciado en 3 mil 650 millones de pesos. El capital social localizado en los registros revisados era de 30 millones 53 mil pesos: la inversión anunciada es más de 121 veces esa cifra.

El 7 de julio, Reporte Índigo dio a conocer nuevas denuncias federales contra el grupo, con señalamientos por más de mil 100 millones de dólares y más de 15 mil millones de pesos en CFDI. El medio recordó que dos carpetas anteriores contra Sánchez Zumaya habían terminado ese año con determinaciones de no ejercicio de la acción penal por insuficiencia de elementos, sin embargo esas dos carpetas cerradas no impiden que se abran o estén ya abiertas otras, pues los movimientos accionarios y de recursos rebasan en la línea del tiempo que cerró con las primeras investigaciones.

DOS REDES, NO UNA SOLA

Hay una tentación narrativa en expedientes como éste: unir todos los puntos hasta que parezcan un solo dibujo pero los documentos no permiten hacerlo.

No existe hasta hoy una sociedad común entre Gerardo Sánchez Zumaya y Amílcar Olán. No se localizó un accionista compartido, una transferencia entre GESA y las empresas de Olán, un contrato conjunto ni una comunicación que pruebe coordinación entre ambos. La fotografía de la boda acredita amistad entre Olán y Andrés Manuel López Beltrán; no traslada esa relación a Sánchez Zumaya. La cercanía declarada de Sánchez Zumaya con Adán Augusto tampoco lo convierte en socio de Olán.

Lo que sí existe son cruces objetivos.

Ambos universos crecieron en Tabasco durante el sexenio de López Obrador. Ambos tocaron el sector de hidrocarburos y la contratación pública. Sociedades de ambos pasaron por la Notaría 4 de Centro. En GESA, los relevos accionariales se mantuvieron repetidamente dentro de la familia o del círculo cercano, y las capitalizaciones documentadas alcanzaron 729.453 millones de pesos. En Portacelis, los fundadores salieron veinte días después del permiso, mientras rastros operativos del administrador anterior permanecieron por meses, según MCCI.

El entorno de GESA incluye a un familiar directo que fue apoderado de una transportista investigada por combustible ilícito y que ahora colabora con la FGR. Portacelis, por su parte, quedó bajo investigación fiscal por importaciones de diésel y fue abastecida inicialmente por una firma de Houston colocada en investigaciones estadounidenses sobre huachicol fiscal.

Son demasiadas coincidencias para ignorarlas, pero también demasiado pocas pruebas directas para dictar una conclusión criminal conjunta.

La verdad periodística no es la verdad jurídica ni pretende serlo pero tampoco se tiene que escoger entre silencio e imputación, se puede hacer algo más difícil: fijar la frontera exacta de lo que se sabe.

SEGUIR EL DINERO

La investigación empezó con un cheque y vuelve a él.

El Registro Público dice que Eduardo Isaac Sánchez Zúñiga aportó 400 millones de pesos a una empresa que nació con 50 mil. Ban Gesa registró otro cheque, éste por 100 millones, a nombre de Gerardo Sánchez Zumaya. Gesa Lab recibió cuatro millones del empresario cuarenta días antes de que regresara a su capital. Reforma y Reporte Índigo describieron facturas por miles de millones emitidas por jóvenes familiares y cercanos. El SAT confirmó, en al menos un caso directamente verificable —Christopher Castillo Florencia—, ausencia de activos, personal, infraestructura y capacidad material. Y un familiar de Sánchez Zumaya que habría facturado 142 millones a empresas del grupo terminó convertido en testigo de la FGR en una investigación de contrabando de hidrocarburos.

Es la historia inconclusa de dos constelaciones empresariales que crecieron en el mismo tiempo y territorio, atravesadas por familias, combustible, política y una notaría que dejó constancia de movimientos extraordinarios.

En Lugano, una cámara consiguió volver visible a un empresario que había desaparecido de la conversación pública y que parece huir aunque no está acusado de nada. En San Luis un empresario con aspiraciones políticas desistió y desapareció sin dejar rastro. Tampoco, hasta el cierre de este reportaje, se conoce de orden de aprehensión o imputación contra Gerardo Sánchez Zumaya.

Forzar la información para poder afirmar y señalar un delito es periodísticamente irresponsable e inútil.  Documentar y destacar los hallazgos, que quizás no ha visto la autoridad o la audiencia no convierte a un reportaje en una denuncia.

Tras el título de este reportaje se citó a Sánchez Zumaya con una frase que repitió en entrevistas, ruedas de prensa y eventos públicos: “A mi expresidente López Obrador lo quiero mucho”.

La única pregunta que nunca le hizo la prensa potosina o nacional a Sánchez Zumaya, quizás sea la única que podría dotar de lógica y sentido a todo lo consignado.

¿Cómo fue que Sánchez Zumaya conoció al ex presidente para quererlo tanto?

¿Se lo encontró en Tanquián o se lo presentaron en Tabasco?

JS.

 

NOTA METODOLÓGICA

Este reportaje se terminó y actualizó al 10 de octubre de 2026. Se sustenta a partir de actas mercantiles y notariales registradas en la Secretaría de Economía, boletas del Registro Público de Comercio, actas del Registro Civil, resoluciones del SAT publicadas en el Diario Oficial de la Federación, Información solicitada al departamento de gobierno de España, Acta de defunción de José / Joseph Castillo Peregrin, corroboración de fechas con los tomos de la notaría 4 en Villahermosa, cuestionamientos formales a la UIF, publicaciones del Periódico Oficial de Tabasco y reportes atribuidos de Reforma, Reporte Índigo, Azteca Noticias, N+, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Excélsior, La Jornada y El País, entre otros. Cuando un dato procede de una denuncia, testimonio ministerial o investigación periodística no disponible en expediente público íntegro, se presenta como atribución y no como hecho judicialmente probado. La suma de 729.453 millones corresponde exclusivamente a aumentos de capital localizados en cinco sociedades y no debe confundirse con contratos, ventas o riqueza personal.

El anexo documental contiene 40 documentos y junto a un listado con número y nombre identificador de los mismos y que soportan una a una las afirmaciones del presente trabajo.

INDICE_DE_ANEXOS-INVESTIGACION-GESA-AMILCAR-AMLB

ANEXOS_parte1_1 ANEXOS_parte2_1 ANEXOS_parte3_1 ANEXOS_parte4_1 ANEXOS_parte5_1 ANEXOS_parte6_1

 

El morenista rindió protesta durante la sesión del Consejo Nacional, en la que 17 representantes estatales asumieron esta responsabilidad

Por: Redacción

Elí César Cervantes Rojas rindió protesta como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en San Luis Potosí, durante la VIII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Morena, en la que 17 coordinadores estatales asumieron esta responsabilidad.

La toma de protesta estuvo a cargo de Alfonso Durazo Montaño, presidente del Consejo Nacional de Morena, quien llamó a los nuevos coordinadores a privilegiar el interés colectivo sobre las aspiraciones personales, fortalecer la unidad del movimiento e integrar a los distintos liderazgos.

Durante el encuentro, Durazo también destacó la importancia del diálogo y la colaboración, al señalar que el trabajo político debe tener como prioridad al pueblo.

Por su parte, Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena, subrayó la necesidad de reforzar la organización territorial, mantener la cercanía con las comunidades y promover la formación política.

En representación de San Luis Potosí acudió Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, quien ha llamado a sumar esfuerzos y mantener abiertas las puertas del movimiento a quienes comparten sus principios y causas.

Con este nombramiento, Cervantes Rojas asumirá la coordinación de los trabajos de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en territorio potosino, con énfasis en la organización, el diálogo y la participación colectiva.

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La SSPC municipal informó que los detenidos descargaban maleza, ramas y muebles de una camioneta en un terreno al norte de la capital

Por: Redacción

Tres personas que manifestaron ser trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) fueron detenidas por policías municipales, luego de que presuntamente arrojaran residuos de manera clandestina en un lote baldío al norte de San Luis Potosí.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la Capital, los hechos ocurrieron alrededor de las 13:00 horas de este día, cuando los agentes detectaron a los individuos depositando desechos en una zona de terracería.

Las personas portaban chalecos correspondientes a Seduvop y descargaban de una camioneta Ford F-450, modelo 2011, residuos que incluían maleza, ramas y muebles, detalló la corporación municipal.

Los tres individuos fueron detenidos ante la probable comisión de un delito contra el medio ambiente. La SSPC indicó que se realizaban las diligencias correspondientes para ponerlos a disposición de la Fiscalía General del Estado.

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