agosto 5, 2026

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Patricio: falla tras falla del ISSSTE costaron la vida de un bebé en SLP (Parte I)

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Por: Roberto Rocha

PARTE I

Ayer, la Secretaría de Salud de San Luis Potosí confirmó un caso de covid-19 en un bebé prematuro, nacido en el Hospital General del ISSSTE después de 35 semanas de gestación, que falleció unos días después a causa de una infección que le ocasionó enterocolitis.

Pese a haber sido confirmado por covid-19, la muerte de este bebé no se sumó a la estadística de fallecimientos causados por esta nueva enfermedad en San Luis Potosí, debido a que se consideró que su defunción no estuvo relacionada al nuevo coronavirus.

Los padres de este bebé, sin embargo, no fueron avisados respecto al resultado positivo de su hijo por las autoridades estatales, pese a que fue dado a conocer en la rueda de prensa del día de ayer. Esta es solo una en la serie de negligencias ocurridas durante todo el embarazo, hasta el lamentable fallecimiento del menor, según explicaron los padres en entrevista para La Orquesta.

De hecho, el contagio de covid en el bebé ocurrió seguramente en el mismo Hospital General del ISSSTE, puesto que en los cuneros había otro bebé portador del SARS-Cov-2, pero que se encontraba en la misma área de neonatología que el resto de los recién nacidos, según denuncian los padres del menor fallecido, de nombre Patricio.

Otra de las negligencias es que, según dijeron médicos del ISSSTE a los padres de Patricio, quien nació el sábado 6 de junio y tenía órdenes de realizarle exámenes de laboratorio de covid desde ese mismo día, esas pruebas no fueron hechas hasta después de su fallecimiento, el martes 9 de junio.

 

ERRORES DE CAPTURA

La serie de negligencias en el caso de Patricio comenzaron en noviembre de 2019, incluso antes de que surgieran los primeros casos de covid-19 en China. En aquel entonces, la pareja fue a consulta al Hospital General del ISSSTE: “Ella trabaja como enfermera y necesitábamos llevar el control en el ISSSTE, para su futura incapacidad”, explicó Alberto, el padre.

Vimos al ginecólogo, que revisó los estudios del azúcar y otras pruebas. Las apuntó en el expediente, pero supongo que estaban mal porque también apuntó el peso de forma incorrecta. Con esos mismos resultados le dijo a mi esposa: ‘usted es diabética, es hipertensa’ y empezó a sacar muchas enfermedades”. 

Por esas mismas enfermedades, la pareja visitó un endocrinólogo, un nutriólogo y tres ginecólogos particulares más, quienes también le mandaron a hacer estudios: “Los tres coincidían que todo estaba bien. Estuvimos viendo todo el embarazo con médicos particulares, hasta los siete meses y medio”, señaló Alberto. Sin embargo, pese a que otros doctores aseguraban que no existían esas otras enfermedades, el expediente del ISSSTE siempre siguió registrado con ese error.

 

CITA HASTA AGOSTO

Alberto asegura que debido a la pandemia del covid-19, una cita de revisión que llevaría a cabo su esposa con un ginecólogo del ISSSTE fue pospuesta, sin embargo, cuando llamaron, ya con siete meses de gestación, les dieron una fecha imposible de cumplir.

“No sabíamos hasta cuándo iba a ser la cita, nos dieron un número de teléfono para programarla, hablamos y nos dijeron que no, que hasta agosto. Obviamente no iba a llegar a agosto, porque el nacimiento estaba programado para el 14 de julio”.

 

NADIE LES DIJO QUE AHÍ ATENDÍAN COVID

Para no quedarse con la duda, Alberto y su esposa fueron al Hospital del ISSSTE el 1 de junio, donde les dieron cita para el viernes 5 de junio: “Fuimos creyendo que todo estaba bien, una semana antes habíamos ido al ginecólogo y nos había dicho que todo está bien. Llegamos al ISSSTE, a la consulta el día viernes 5. Cambiaron de doctor, ya no era el primerito que nos había anotado los datos en el expediente que estaba mal. Obviamente en ese momento no sabíamos que había ahí pacientes con covid porque en ningún lado decía”.

Alberto continúa: “Ella entró al consultorio sola, yo entendí la razón, que era la contingencia. Alrededor de media hora después abre la puerta el doctor y me dice ‘pásele’. Me pregunta ‘¿usted es familiar, es el esposo? Estamos haciendo un documento porque ella se va a quedar, la vamos a ingresar, se va a quedar aquí hospitalizada’. Me sacó muchísimo de onda. El doctor me dice ‘mira le hicimos un ultrasonido que refleja que al bebé, le falta un poquito de líquido, y es muy peligroso. Aparte en el expediente dice que ella es hipertensa, que es diabética. Todo lo que había en el expediente, que había anotado el doctor anterior”.

Alberto trató de explicarle al médico que todo el embarazo lo habían seguido con médicos particulares y todos los doctores habían dicho que su esposa estaba en buenas condiciones de salud, sin embargo, el ginecólogo del ISSSTE respondió: “es muy riesgoso que se puedan ir así, yo necesito que ella se quede para que no pongamos de riesgo la vida del bebé”.

Una vez más, al momento de ser internada, ni Alberto ni su esposa sabían que en el Hospital General del ISSSTE se estaba tratando a pacientes de covid-19. A Alberto le pidieron que llevara jabón y papel de baño para su esposa y que le dejara su celular para mantenerse en contacto con él.

“15 minutos después de que yo me salí, porque no podía quedarme ahí, ella me manda un mensaje desde el celular y me comenta que sonó la alarma y que les empezaron a decir que iba a ingresar un paciente con covid. Le cerraron la puerta del lugar donde ellos estaban, les dijeron que era un código rojo, que iban a cerrar para estar aislados. Pasó el paciente, media hora después abrieron la puerta y sanitizaron. Me empezó a entrar algo de ansiedad porque no nos habían comentado que era un lugar donde había pacientes con covid, pero si nada más van a hacer estudios, pues es algo rápido. No teníamos ni siquiera la idea de que nuestro bebé ya estaba por nacer”.

Continúa Alberto: “El día sábado empiezan a hacer los estudios de orina, de sangre, el monitoreo de la frecuencia cardíaca del bebé. Es ahí donde se da cuenta el ginecólogo de que la frecuencia cardiaca está bajando, ‘el líquido sigue estando por debajo de lo normal’, le dijo a mi esposa. La valoraron y le dijeron ‘tu bebé está tiempo de poder salir, de poder estar bien, tiene 35 semanas, ya está formado, se ve que está bien, pero sí es necesario que hagamos una cirugía para poderlo extraer, porque puede correr el riesgo de que si bajan más los latidos ahí pierda la vida

’”. 

“Entonces la pasan a quirófano, en ese momento ya me hablan a mí como su esposo, me dicen ‘por favor venga, para que usted dé la autorización de lo que vamos hacer’. Yo llego con el ginecólogo, me explica qué es lo que sucedió, que la frecuencia cardiaca del bebé está baja, que no tiene mucho líquido, y que es muy necesario que se le practique la cesárea para que puedan salvar al bebé”. Alberto firmó la autorización y tuvo que salir del hospital para que le dieran informes: “Esperé alrededor de tres horas y media, casi cuatro horas, hasta que sale el doctor. Como que se le había olvidado porque realmente la cirugía duró menos, como una hora. Me ve y como que se acuerda y me dice ‘perdón, su bebé nació muy bien. Su bebé pesó 2.100 kilogramos y midió 45 centímetros. Está muy bien, no hubo complicaciones, a pesar de que es prematuro el bebé está bien. Lo van a pasar al área de neonatología por lo que significa ser prematuro para llevarlo ahí a que lo valoren, pero en lo que cabe, todo está muy bien’. Yo me puse contento, muy feliz”.

 

CAMBIARON DOS BEBÉS

Después de que a su esposa le pasó la anestesia, Alberto fue a verla. “Estuvimos platicando, en ese momento les pregunté qué pasó con el bebé, me dicen ‘lo tuvimos que dejar en neonatología porque al ser prematuro necesitamos valorarlo, pero está bien”. 

“Busqué a la directora del hospital para que me dejaran ver a mi bebé. Cuando me acerqué. con ella estaban tres personas. Alcancé a escuchar que le estaban reclamando a la directora que les cambiaron el bebé, porque decían ‘es que no es posible que nos hayan dado un información de nuestro bebé y a la hora que nos lo están enseñando sea otra información, en el brazalete decía que tenía otro peso’. Yo me alarmé, entonces me acerco y le comento a la directora: ‘mi bebé acaba de nacer, fue prematuro y quiero saber si me pueden dar informes’. Entonces la directora voltea a hablar con las personas y les dice ‘no va a haber ningún problema con su hijo, porque el de él es prematuro. No es que estemos cambiándolos, fue un error de dedo lo que les pasó’”. 

Alberto pidió informes a la directora, quien prometió que dejaría su nombre al personal después del cambio de turno. Después Alberto se despidió de su esposa y volvió a su casa. Seguían en contacto por el celular, ella le contó que hubo al menos tres códigos rojos más por ingreso de pacientes con covid, entre la noche del sábado 6 y la mañana del domingo 7 de junio.

 

NO HABÍAN VISTO A SU HIJO

Durante las primeras 24 horas de vida de Patricio, sus padres no pudieron verlo. Después de la cesárea, aunque su mamá estaba consciente, le taparon la cara para llevar al bebé a neonatología. Más tarde les dijeron que no podían llevárselo por ser prematuro y por la contingencia sanitaria. Sin embargo, los doctores les decían que el bebé estaba bien.

“En el cuarto donde estaba había tres camas y ella estaba en la última cama” -explica Alberto- “en las dos camas que seguían también había otras mamás de recién nacidos, y a ellas sí le llevaron a sus bebés. Pero a mi esposa le decían que mi bebé estaba bien. Después le dijeron ‘probablemente el lunes (al día siguiente) ya te vamos a dar de alta para que te lleves a tu bebé’”.

Ese mismo domingo por la noche, le informan a Alberto y su esposa que el bebé tenía congestión nasal y por eso no lo habían llevado con su madre. Alberto llevó un medicamento para el bebé y más tarde, los doctores le informaron que había reaccionado bien, por lo que confiaban en que podrían llevarlo a casa el lunes 8 de junio.

Continúa narrando Alberto: “Yo esperaba que el lunes ella me hablara nada más para ir por ellos, pero se pasó medio día. Yo le marqué y ella me dijo: ‘a mí ya me dieron de alta, estoy esperando a la pediatra para que nos traiga al bebé’. Todavía el lunes era fecha de que ella no lo conocía, no se lo habían llevado, no sabía nada de él, nada más por informes, pero no lo conocíamos”.

“Estaba esperando que se lo entregaran hasta las 2 de la tarde, que hubo otra vez cambio de turno. Entonces llegó a la pediatra y le dijo ‘tu bebé no va salir contigo hoy, tú ya estás de alta, ya te puedes ir a tu casa, pero el bebé se tiene que quedar porque acaba de presentar un cuadro infeccioso’. Así lo manejaron, como un cuadro infeccioso. Sin embargo, la doctora insistió ‘está bien, dentro de lo que cabe está bien, está sano’”.

 Sigue aquí con la parte 2 de esta historia: Patricio: falla tras falla del ISSSTE costaron la vida de un bebé en SLP (Parte II)

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Por cada peso de FISM en El Naranjo, sus migrantes mandan 28

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El Naranjo recibe 1,558 dólares de remesas por habitante al año, el nivel más alto de los 20 municipios de la Huasteca potosina, y al mismo tiempo la asignación más baja del fondo federal destinado a infraestructura social

Por: Carlos Ruíz

En 2025, los migrantes de El Naranjo enviaron a sus familias el equivalente a 626 millones de pesos. El Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), el instrumento federal creado para financiar obra básica en municipios de alta marginación, le asignó ese mismo año 21.9 millones. Por cada peso de ese fondo, los migrantes pusieron 28.

Las dos cifras describen la misma realidad desde lados opuestos. De los 20 municipios de la Huasteca potosina, El Naranjo es el que más remesas recibe por habitante —1,558 dólares al año por cada uno de sus 20,959 residentes, según el cruce de los datos del Banco de México con el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI— y también el que menos recibe del FISM.

El Naranjo tiene el segundo porcentaje más alto de viviendas que reciben remesas de toda la Huasteca: 11.44%, solo detrás de Tamasopo, según el Consejo Nacional de Población (CONAPO), que clasifica su grado de intensidad migratoria como Alto.

La distribución del fondo se mueve en sentido contrario a la migración

El contraste no es exclusivo de El Naranjo. En la Huasteca, los municipios que reciben más FISM son precisamente los de menor intensidad migratoria.

Tamazunchale, el mayor receptor de la región, recibió 208.1 millones de pesos en 2025 y tiene el índice migratorio más bajo del grupo: 2.05% de viviendas con remesas. Aquismón recibió 201.4 millones con 2.33%. Xilitla, 158 millones con 7.17%. En el otro extremo, Tamasopo —el de mayor porcentaje de viviendas con remesas de la región, con 15.70%— recibió 66.8 millones, y El Naranjo, con 11.44%, apenas 21.9 millones.

Aquismón recibe 9.2 veces más FISM que El Naranjo, y sus habitantes reciben 16 veces menos remesas por persona: 97 dólares al año contra 1,558.

La explicación está en la fórmula. El FISM se distribuye conforme a la Ley de Coordinación Fiscal con base en indicadores de pobreza y carencias sociales —rezago educativo, acceso a servicios de salud, calidad de la vivienda, servicios básicos, alimentación—, no en función de la migración ni de la dependencia de las remesas. Un municipio puede tener a una parte importante de su población trabajando en el extranjero y sostener a sus familias desde allá, y eso no modifica lo que le corresponde del fondo. En los casos donde las remesas han mejorado indicadores de vivienda, el efecto sobre la fórmula puede ser incluso el inverso.

Los dos flujos no son equivalentes ni se sustituyen entre sí. Las remesas son ingreso privado que llega a los hogares y se destina sobre todo al gasto corriente; el FISM financia obra que ninguna familia puede costear por su cuenta: agua potable, drenaje, electrificación, caminos, vivienda. Es precisamente por eso que el contraste importa. En el municipio de la Huasteca donde más hogares dependen del dinero que llega de fuera, el fondo destinado a construir esa infraestructura es el más pequeño de la región.

El fondo se redujo en toda la región

La asignación de El Naranjo en 2025 fue 4.6% menor que la del año anterior. La reducción no es exclusiva de ese municipio: el FISM del conjunto de la Huasteca bajó de 1,555 a 1,483 millones de pesos entre 2024 y 2025. El ajuste coincide con la incorporación de Villa de Pozos como el municipio 59 del estado, que en 2025 recibió 24.9 millones de pesos del mismo fondo, más de lo que se asignó a El Naranjo.

Los montos por municipio están publicados en el Periódico Oficial del Estado “Plan de San Luis” del 11 de septiembre de 2025. Los datos trimestrales de remesas por municipio están en el cuadro CE166 del Banco de México, de consulta pública y sin necesidad de solicitud de transparencia.

También lee: 341 millones en remesas: el banco paralelo de la Huasteca potosina

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SLP cerró 2025 con 369 homicidios, el menor registro en diez años

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La cifra del INEGI representa una reducción cercana al 28% respecto al año anterior

Por: Ana G Silva

San Luis Potosí registró durante 2025 un total preliminar de 369 defunciones por presunto homicidio, la cifra más baja de los últimos diez años y una reducción cercana al 28 por ciento respecto a 2024, cuando se contabilizaron 511 casos, de acuerdo con las Estadísticas de Defunciones Registradas publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Además de la disminución en el número de víctimas, la entidad también presentó una mejora en su tasa de homicidios. Mientras que en 2024 San Luis Potosí registró 18 homicidios por cada 100 mil habitantes, para 2025 la tasa descendió a 13 por cada 100 mil, ubicándose muy por debajo del promedio nacional, que fue de 21.4 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Los datos del INEGI muestran que la entidad ha mantenido una tendencia descendente desde los niveles más altos de violencia registrados durante la pandemia. En 2020 se documentaron 803 homicidios, cifra que prácticamente duplica los casos registrados en 2025. Posteriormente se contabilizaron 797 homicidios en 2021, 759 en 2022, 560 en 2023, 511 en 2024 y ahora 369 en 2025, consolidando una reducción sostenida en los últimos años.

La cifra preliminar de 2025 también representa el nivel más bajo para San Luis Potosí desde 2015, cuando el estado registró 266 homicidios. Desde entonces, la incidencia creció hasta alcanzar su punto máximo en 2020 y, posteriormente, comenzó una trayectoria descendente que se mantiene por quinto año consecutivo.

En el contexto nacional, México registró de manera preliminar 27 mil 989 defunciones por presunto homicidio durante 2025, una disminución respecto a las 33 mil 550 reportadas en 2024. La tasa nacional pasó de 25.8 a 21.4 homicidios por cada 100 mil habitantes, lo que confirma una reducción generalizada; sin embargo, la disminución observada en San Luis Potosí fue proporcionalmente mayor.

En comparación con entidades vecinas, San Luis Potosí también se ubicó en una posición intermedia. Su tasa de 13 homicidios por cada 100 mil habitantes fue inferior a la de Zacatecas (16) y muy distante de Guanajuato (51), uno de los estados con mayor incidencia, aunque permaneció por encima de Querétaro (7), Tamaulipas (8) y ligeramente arriba de Nuevo León (12).

A nivel nacional, el INEGI informó que el 70.8 por ciento de los presuntos homicidios fueron cometidos con arma de fuego, mientras que las agresiones con objetos punzocortantes representaron el 9.4 por ciento del total. Asimismo, los hombres continuaron siendo las principales víctimas, con una tasa de 38.4 homicidios por cada 100 mil hombres, frente a 4.7 por cada 100 mil mujeres.

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Golpe al huachicol en SLP: FGR asegura dos centros clandestinos de procesamiento de hidrocarburos

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En los operativos aseguraron cientos de miles de litros de combustible, tanques industriales, maquinaria, líneas de producción y documentación relacionada con las operaciones

Por: Redacción

San Luis Potosí fue el principal escenario del operativo federal más reciente contra el robo y procesamiento ilegal de hidrocarburos, luego de que autoridades desmantelaran dos presuntos centros clandestinos donde fueron asegurados cientos de miles de litros de combustibles, infraestructura industrial y maquinaria especializada utilizada para procesar petrolíferos.

Las acciones fueron encabezadas por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional y PEMEX Logística, como parte de la Estrategia Nacional contra el Robo de Hidrocarburos.

De acuerdo con la dependencia federal, los cateos derivaron de trabajos de inteligencia, intercambio de información entre instituciones de seguridad y denuncias ciudadanas que alertaron sobre movimientos inusuales de autotanques y posibles actividades ilícitas.

El primer operativo se realizó en una nave industrial ubicada en el municipio de San Luis Potosí, donde las autoridades localizaron una infraestructura de gran escala presuntamente destinada al procesamiento clandestino de combustibles.

En el inmueble fueron asegurados ocho tanques con capacidad aproximada de 80 mil litros cada uno, ocho cilindros horizontales sin identificación, seis cilindros verticales y 894 contenedores tipo tótem con capacidad para mil litros cada uno.

Además, fueron decomisados entre 500 mil y 600 mil litros de petrolífero, una máquina asfaltadora, un generador eléctrico de diésel, una máquina roscadora para tuberías, equipo de cómputo, una camioneta tipo pick up, documentación diversa y alrededor de 40 cinchos de seguridad para escotillas de pipas, utilizados comúnmente en el transporte de combustibles.

En un segundo cateo, realizado en la comunidad de Laguna de San Vicente, también en territorio potosino, la FGR aseguró otro inmueble donde presuntamente operaba un centro de procesamiento ilegal de hidrocarburos.

Ahí fueron encontrados 18 tanques verticales, dos líneas completas de producción para hidrocarburos, alrededor de 40 mil litros de petróleo crudo y diésel, además de muestras de ácido sulfúrico, hidrocarburos y diversa documentación relacionada con la operación del sitio.

Las investigaciones también permitieron ejecutar cateos en Tizayuca, Hidalgo, y Cuautla, Morelos.

En Hidalgo fueron asegurados más de 456 mil litros de un líquido que podría corresponder a hidrocarburos o productos químicos utilizados para su procesamiento, mientras que en Morelos se localizaron documentos, talones de cheques y muestras obtenidas de diversos contenedores.

La Fiscalía General de la República informó que estos operativos forman parte del Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, cuyo objetivo es combatir los delitos de alto impacto, entre ellos el robo y procesamiento ilegal de hidrocarburos.

Según la institución, el desmantelamiento de estos centros clandestinos representa un golpe a las estructuras logísticas y financieras dedicadas al mercado ilícito de combustibles, una actividad que genera pérdidas millonarias para el Estado y representa riesgos para la infraestructura energética nacional.

Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan para identificar a las personas responsables de operar estos inmuebles, así como las posibles redes criminales relacionadas con el procesamiento y distribución ilegal de combustibles.

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