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Parque Tangamanga III: otra estafa del gobierno de Juan Manuel Carreras
Aunque contó con un presupuesto de 32.5 millones de pesos, se calcula que los trabajos realizados hasta el momento no pudieron costar más de la mitad
Por: Ana G Silva
Leopoldo Stevens Amaro, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública (Seduvop) en el gobierno de Juan Manuel Carreras, fue detenido el pasado viernes por presuntamente desviar recursos que ascienden a 250 millones de pesos. Entre las denuncias se encuentra la construcción del Parque Tangamanga III en Matehuala, que tuvo una inversión de 32.5 millones de pesos, sin embargo, Ricardo Gallardo Cardona, gobernador del estado, indicó que la obra nunca fue concluida y la calificó como “un robo”, pues se habría ejercido menos de la mitad del presupuesto que se reportó como gastado en su totalidad.
El origen del proyecto para un tercer Parque Tangamanga proviene desde el gobierno de Horacio Sánchez Unzueta, quien buscó que se realizara en la capital potosina durante su administración (1993-1997), no obstante la iniciativa nunca se llegó a realizar.
Óscar Vera Fabregat presentó en el año 2015, como diputado, un punto de acuerdo en el Congreso para exhortar al gobernador Juan Manuel Carreras a retomar el proyecto, esto en un terreno se ubicaría entre el Periférico Oriente, en el límite con la Delegación de Pozos, la Avenida Ricardo B. Anaya y la avenida Socorro Blanc Ruiz, para lo que se requería la expropiación del predio; pero el mandatariotomó la decisión de llevar el proyecto al municipio de Matehuala, y adelantó que se requería una inversión de 71 millones de pesos, para el que pediría la intervención del gobierno federal
La construcción se inició en el 2019, y estuvo a cargo de Seduvop, que en ese entonces era presidida por Leopoldo Stevens, quien al mencionar los detalles de la obra destacó que contaría con una superficie de 320 mil 016 metros cuadrados, por lo que se construirían cinco canchas multideportivas, una pista de ciclismo y una para trotar, cinco kioscos, sanitarios, centro de información sobre sustentabilidad, palapas, oficinas y una vialidad interna.
El ex titular de Seduvop dijo que se tenía prevista un área de convivencia y gimnasio al aire libre y juegos infantiles. En equipamiento, se llevaría a cabo la construcción de un acceso principal, un estacionamiento y vialidad interna con carpeta asfáltica, así como cinco biodigestores para los módulos de baños; 
Aldo Emmanuel Torres Villa, ex titular de la Secretaría Técnica del Gabinete, declaró en julio de ese año que las obras quedarían inconclusas, esto debido a las restricciones presupuestarias derivadas de los ajustes que se hicieron para atender la pandemia por covid-19.
En octubre de 2021, unos días después de que Ricardo Gallardo asumiera el cargo como nuevo gobernador del estado, visitó las instalaciones del parque en Matehuala, en donde se mencionó que la pasada administración había reportado que se ejecutaron 37.3 millones de pesos, no obstante, él comprobó en auditorías que en realidad fueron 16 millones de pesos.
Gallardo Cardona aseguró que el proyecto del parque Tangamanga III se tratan de “un robo” y que existe un desfalcó de entre el 50 y 52% del presupuesto, pues este se quedó sin concretar y apenas luce una fachada y poco mobiliario :
“Solo hay 50 bancas y 60 botes de basura en los terrenos de la obra, pese a que el gobierno anterior reportó la compra de 100 botes de basura y 100 bancas”; agregó que el proyecto “nació mal”, ya que fue ubicado lejos de la mancha urbana del municipio, además de que ya no se puede renunciar a la obra por los costos, por lo que se comprometió a terminarla en los terrenos donde está ahora.
Leticia Vargas Tinajero, actual titular de Seduvop, especificó que a ellos se les reportó oficialmente concluidas una cancha de béisbol, una de softbol, cuatro canchas de usos múltiples, dos canchas de fútbol, un jardín de cactáceas de la región, áreas de juegos infantiles, gimnasios al aire libre y palapas para recreación. Detallando en el reporte que se cuenta con un sistema de luminarias LED autónomas, las cuales se encuentran en funcionamiento únicamente hasta la mitad del área total. Estos fueron los datos entregados durante el proceso de entrega- recepción.
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Rodrigo Lecourtois insiste en revisar los recursos propios de la universidad que encabeza Alejandro Zermeño y advierte que negarse podría tener consecuencias legales tarde o temprano
Por: Jorge Saldaña
El auditor superior Rodrigo Lecourtois afirma que la autonomía universitaria no impide la fiscalización del dinero autogenerado. Advierte que la estrategia jurídica encabezada por la rectoría de Alejandro Zermeño Guerra ha sido derrotada en tribunales y que, si la negativa persiste, podrían venir consecuencias legales
El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Lecourtois, reiteró que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) está obligada a permitir la revisión de sus recursos autogenerados, y advirtió que la estrategia jurídica con la que la rectoría encabezada por Alejandro Zermeño Guerra ha intentado evitar las auditorías ha sido sistemáticamente derrotada en tribunales.
En entrevista, Lecourtois sostuvo que la negativa de la universidad a abrir sus cuentas bajo el argumento de la autonomía universitaria no tiene sustento legal, pues la Constitución establece que todo recurso público debe ser fiscalizado.
El auditor recordó que desde principios de 2026 el IFSE solicitó formalmente la revisión de estos fondos, petición que —según dijo— la universidad prácticamente ignoró.
“Nos mandaron al chori”, dijo entonces Lecourtois, utilizando una expresión coloquial para describir que la solicitud fue desestimada por la rectoría.
Meses después, el conflicto permanece sin resolverse y con un historial jurídico que, según el propio auditor, no favorece a la universidad.
De acuerdo con lo expuesto por el titular del IFSE, cada recurso legal promovido por la defensa jurídica de la UASLP para frenar la auditoría ha sido rechazado por las instancias correspondientes, lo que debilita el argumento central de la rectoría encabezada por Zermeño: que revisar los recursos propios violaría la autonomía universitaria.
Lecourtois sostuvo que la autonomía protege la vida académica y administrativa de la universidad, pero no puede convertirse en un escudo para impedir la fiscalización de dinero público.
En ese contexto, advirtió que si la universidad mantiene su postura de negarse a la revisión, las consecuencias podrían escalar al terreno jurídico.
“La fiscalización no es opcional”, señaló.
El funcionario explicó que el IFSE está obligado por ley a revisar todos los recursos que ejerzan las instituciones públicas, incluidos aquellos que las universidades generan a través de cuotas, servicios, proyectos o convenios.
La disputa entre el IFSE y la UASLP, encabezada por el rector Alejandro Zermeño Guerra, lleva ya varios años en tribunales y se ha convertido en uno de los debates más delicados sobre los límites entre la autonomía universitaria y la rendición de cuentas.
Mientras la rectoría ha insistido en que auditar estos recursos vulneraría la autonomía institucional, el órgano fiscalizador dirigido por Rodrigo Lecourtois sostiene que la transparencia es una obligación constitucional.
Hasta ahora, sin embargo, el conflicto mantiene un matiz incómodo para ambas partes: la universidad ha perdido sus batallas legales, pero el IFSE aún no ha logrado abrir completamente las cuentas que busca revisar.
Por ello, Lecourtois insistió en que la salida más razonable sería que la universidad permita la revisión.
De lo contrario, advirtió, la presión jurídica podría incrementarse.
En otras palabras, el auditor dejó abierta una posibilidad incómoda para la rectoría de Zermeño: que el tema deje de ser una discusión administrativa y termine escalando a responsabilidades legales.
Y en ese escenario, la pregunta que queda en el aire es simple: si este año la universidad volverá a “mandar al chori” al órgano fiscalizador… o si finalmente abrirá sus cuentas.
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El gobernador Ricardo Gallardo detalló que el sistema ferroviario tendría alrededor de 900 kilómetros de recorrido
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, informó que el proyecto del tren de pasajeros que conectará a la entidad con Querétaro y Saltillo contempla varias estaciones dentro del territorio potosino, incluida una posible terminal en la capital.
El mandatario estatal explicó que la propuesta fue revisada durante una reunión con Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la
“Ya tuvimos acceso a todo el proyecto. Contempla estaciones en San Luis Potosí capital y estamos revisando si el Museo del Ferrocarril puede convertirse en una gran estación en La Alameda”, explicó.
El gobernador señaló que la intención es que el tren llegue a la zona de La Alameda, lo que permitiría recuperar el valor histórico d el sistema ferroviario en la ciudad.
De acuerdo con el planteamiento presentado, las estaciones en territorio potosino incluirían Ahualulco, Moctezuma, Venado, Charcas y Real de Catorce, antes de continuar su trayecto hacia Saltillo.
Gallardo Cardona detalló que los nuevos tramos ferroviarios se construirían de manera paralela a las vías existentes, con el objetivo de agilizar los procesos de liberación de derecho de vía y facilitar la ejecución del proyecto.
El sistema ferroviario tendría una extensión aproximada de 900 kilómetros en total, considerando las rutas Querétaro–San Luis Potosí y San Luis Potosí–Saltillo.
En el caso del tramo hacia Querétaro, también se contemplan estaciones en Villa de Reyes y Santa María del Río, antes de llegar a la capital potosina.
El mandatario calificó el plan como “un proyecto muy ambicioso” y adelantó que la intención del gobierno federal es que las obras arranquen este mismo año.
Además, aseguró que el servicio tendría tarifas competitivas: “El costo será muy accesible, a nivel de autobús o incluso más barato”, afirmó.
Finalmente, destacó que el tren de pasajeros ayudaría a reducir la carga de tránsito en la carretera 57, especialmente en el traslado de pasajeros entre estados del Bajío y el norte del país.
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Activistas señalaron que habitantes de Rioverde y Ciudad Valles deben trasladarse hasta la capital para recibir atención
Por: Redacción
A un año de que el aborto fuera despenalizado en San Luis Potosí, integrantes de la Colectiva ILE señalaron que, aunque el derecho ya está reconocido en la ley, el acceso real al servicio aún enfrenta diversos obstáculos en el sistema de salud.
De acuerdo con Quadratín, Nuria, integrante del colectivo, explicó que actualmente las principales instituciones que brindan la interrupción legal del embarazo de manera gratuita son IMSS Bienestar, IMSS e ISSSTE. Sin embargo, advirtió que muchas mujeres todavía desconocen dónde pueden acudir o cuál es el procedimiento para solicitar el servicio.
También señaló que una parte importante de las solicitudes proviene de municipios como Rioverde y Ciudad Valles, cuyos habitantes deben trasladarse hasta la capital potosina para recibir atención, lo que implica gastos de transporte y otras barreras económicas que dificultan el acceso
Otro de los problemas detectados dentro de los hospitales es la objeción de conciencia por parte de personal médico, la cual, afirmó, en muchos casos no se encuentra debidamente justificada y termina funcionando como una barrera para acceder al servicio.
Finalmente, la activista recordó que aún está pendiente una reforma para homologar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de que la negación del servicio de interrupción legal del embarazo pueda ser reconocida como violencia institucional.
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