Se cerró temporalmente el principal aeropuerto del país

Por: Roberto Mendoza

Al menos 164 personas han muerto y otras 971 resultaron heridas tras los dos poderosos terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 que sacudieron Venezuela la tarde del miércoles 24 de junio, informaron autoridades del país, mientras continúan las labores de rescate entre edificios colapsados y zonas severamente afectadas.

Los movimientos telúricos, ocurridos con apenas 39 segundos de diferencia y con epicentro en la región costera de Carabobo, provocaron daños considerables en Caracas y el estado de La Guaira, considerado uno de los puntos más golpeados por la emergencia. Decenas de inmuebles sufrieron derrumbes parciales o totales, lo que obligó a intensificar la búsqueda de personas atrapadas bajo los escombros.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas reportó además más de 30 réplicas

durante las horas posteriores al desastre, mientras que las autoridades suspendieron operaciones en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía y declararon el estado de emergencia en las zonas afectadas.

El gobierno venezolano anunció la creación de un fondo extraordinario de 200 millones de dólares para atender la reconstrucción de infraestructura estratégica, hospitales y vialidades, aunque organismos internacionales estiman que las pérdidas económicas podrían superar los 10 mil millones de dólares debido a la magnitud de los daños.

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El Gobierno Federal asignó los trabajos que permitirán evaluar los impactos ambientales del tramo de 203 kilómetros

Por: Redacción

El proyecto del tren de pasajeros entre Querétaro y San Luis Potosí registró un nuevo avance luego de que el Gobierno Federal adjudicara los estudios ambientales necesarios para continuar con la planeación de la obra ferroviaria.

Será el consorcio conformado por Ingeniería y Construcción 3G y Ecosfera Consultoría Desarrollo y Supervisión Ambiental el que se encargue de esta parte del proyecto.

Los trabajos forman parte del proceso previo a la construcción del tramo Querétaro-San Luis Potosí, considerado dentro del corredor ferroviario México-Nuevo Laredo, una de las principales apuestas de infraestructura de la administración federal.

De acuerdo con la convocatoria emitida por la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (Attrapi)

, los estudios deberán analizar los posibles impactos que el proyecto tendría sobre los ecosistemas ubicados a lo largo del trazo, además de proponer medidas de prevención, mitigación y compensación ambiental.

El tramo contemplado tiene una longitud aproximada de 203 kilómetros y atravesaría municipios de Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí. En territorio potosino, la ruta considera el paso por Santa María del Río, Villa de Reyes, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

Como parte de los trabajos también deberá elaborarse la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), así como estudios relacionados con cobertura vegetal, uso de suelo, manejo ambiental y evaluación técnico-económica del proyecto.

El tren Querétaro-San Luis Potosí forma parte de la segunda fase de expansión de la red nacional de trenes de pasajeros impulsada por el Gobierno Federal, junto con los tramos San Luis Potosí-Saltillo, Irapuato-Querétaro y Mazatlán-Los Mochis.

Aunque la adjudicación de los estudios no implica el inicio inmediato de las obras, sí representa uno de los pasos indispensables para obtener las autorizaciones ambientales y definir la viabilidad final del proyecto ferroviario.

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Rubén Guajardo afirmó que la ley se aprobó sin suficiente análisis y reiteró que su bancada votó en contra desde el inicio

Por: Redacción

El grupo parlamentario del PAN en el Congreso de San Luis Potosí anunció que buscará reabrir la discusión sobre la denominada “Ley Serrano”.

El coordinador de la bancada panista, Rubén Guajardo Barrera, adelantó que su partido prepara una nueva propuesta legislativa que será presentada durante el próximo periodo ordinario de sesiones, al tiempo que insistió en mantener abiertos los canales de diálogo con colectivos, especialistas y ciudadanía inconforme.

El legislador recordó que las diputadas y diputados del PAN votaron en contra de la reforma desde su aprobación en el Pleno, al considerar que fue avalada sin un análisis suficientemente amplio y porque contempla sanciones penales en un contexto donde persisten cuestionamientos sobre el uso de medidas cautelares restrictivas de la libertad.

Guajardo Barrera señaló que una de las principales preocupaciones de Acción Nacional es que una persona pueda enfrentar consecuencias penales severas sin que exista todavía una sentencia firme en su contra.

El diputado sostuvo que el Congreso debe privilegiar la construcción de consensos y reconoció que el tema requiere un debate más amplio ante el rápido avance de las tecnologías digitales.

En ese sentido, informó que desde la Junta de Coordinación Política se buscará abrir mesas de diálogo para revisar posibles ajustes a la legislación y construir una propuesta que otorgue certeza jurídica sin afectar derechos fundamentales.

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