Ciudad
#EntreCuates | Nava paga millones a su socio y abogados cercanos
Jorge Barrera es copropietario de KNP Abogados junto con el alcalde Xavier Nava; tiene un contrato por 1 millón de pesos con Interapas
Por: El Cello
El alcalde Xavier Nava Palacios contrató a la empresa Barrera Consultores SC, propiedad de su socio, Jorge Barrera Portales, para dar asesoría legal al Interapas. La contratación de ese bufete legal representa un conflicto de intereses.
Xavier Nava y Jorge Barrera son socios en la firma KNP Abogados SC, con sede en la Ciudad de México. El presidente municipal posee el 14 por ciento de las acciones de esa empresa, de acuerdo con su declaración de intereses registrada en el portal de la organización 3de3, que fue publicado en febrero de 2016.
En cambio, en la declaración de conflicto de intereses que el alcalde entregó a la Contraloría Interna del Ayuntamiento, que es “consultable” en la web de la Cegaip, tiene todos los datos ocultos.
De enero a mayo de este año, Interapas ha pagado más de 700 mil pesos a la empresa Barrera Consultores SC. En total, el contrato con el organismo operador del agua potable es por un millón de pesos. Está a nombre de Gustavo Barrera López, padre de Jorge Barrera Portales, quienes también son dueños de la firma Barrera Barrera Abogados.
En el 2017, KNP estuvo dentro del listado de “empresas fantasmas” publicado por la organización Comité de Participación Ciudadana.
El alcalde tiene la facultad de contratar y aprobar proyectos de inversión desde la administración municipal o en el Interapas, pues Xavier Nava Palacios preside la Junta de Gobierno.
La administración de Nava Palacios ha decidido utilizar recursos públicos para pagar el embate judicial “anticorrupción” que tiene contra su antecesor Ricardo Gallardo Juárez. Sin embargo, ha contratado a consorcios que están relacionados directamente con su campaña política o sus empresas.
Desde el Ayuntamiento de San Luis Potosí, el alcalde destinó una partida de 15 millones de pesos dentro del presupuesto de egresos 2019, para contratar los servicios de esas asesorías legales.Esa cifra supera por casi cuatro veces a la asignada para ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro, de 3 millones 762 pesos y a otras partidas de enfoque social, como los apoyos a instituciones de enseñanza con un 1 millón 820 mil pesos.
2 MILLONES Y MEDIO GASTADOS DESDE EL AYUNTAMIENTO
Los consorcios contratados desde la alcaldía como asesores legales son: Pedroza, Acosta, Grande y Lozano, SC; Domínguez Casanova y Asociados; Rodríguez Hervert y Asociados; Jorge Chessal Palau y la firma Marcelo de los Santos y cia. Todos estos aparecen en los listados de egresos del Ayuntamiento.
La Tesorería municipal ha reportado pagos desde noviembre de 2018 y hasta el mes de mayo de 2019 por 2 millones 565 mil pesos.
Algunos contratos, en poder de La Orquesta, especifican exclusivamente la asesoría en materia laboral: tal es el caso del contrato celebrado el 2 de octubre de 2018 con Domínguez Casanova y Asociados, por 50 mil pesos, donde el prestador se compromete a, entre otras obligaciones, “asesorar dentro del proceso entrega-recepción, relativa a baja de relación laboral de 350 empleados y a la revisión de tres mil expedientes laborales”.
Otro contrato es con la firma Pedroza, Acosta, Grande y Lozano, S.C., por un monto de 838 mil 200 pesos. En este documento aparece José Alberto Lozano Nieto como representante legal de la empresa. En la primera cláusula se indica que el prestador está obligado a brindar “atención, convenida previo a su trámite de los juicios laborales, derivados de las demandas que esta Administración reciba”, “asesoría en conflictos laborales en relación con la prestación de servicios médicos y entrega de medicamentos”, entre otros.
En el listado de egresos de mayo 2019 aparece un pago por 159 mil pesos, a nombre del abogado Jorge Chessal Palau, aunque no se especifica qué servicios dio.
1.9 MILLONES PARA MARCELO DE LOS SANTOS
Desde el Interapas, además del convenio con Barrera Consultores, el organismo del agua contrató al bufete Marcelo de los Santos y Cia, SC, en un acuerdo concertado en diciembre de 2018 por un millón 900 mil pesos para “obtener la devolución de los saldos a favor en el impuesto al valor agregado del periodo 2015 al 2019”.
ENTRE CUATES
Hasta el momento, el Ayuntamiento aún no publica ningún pago para Alejandro Zapata Perogordo, aunque el 20 de mayo pasado, el panista fue presentado por Ricardo Fermín Purata, director de Interapas, como el abogado del organismo.
Existen además diversos documentos que enlazan a Zapata Perogordo con pagos o beneficios para él o sus allegados. Un ejemplo es que, en febrero de 2019, la alcaldía hizo un pago por 230 mil 519 pesos a la Asociación Nacional de Ayuntamientos y Alcaldes, una organización de presidentes municipales panistas, fundada en 2004 por el exsenador.
Zapata Perogordo también fue socio fundador del bufete Zapata y Candia S.C., donde trabajó Óscar Valle Portilla entre 1997 y 2000, según su currículum vitae. Ese consorcio se desintegró y uno de los socios, Ángel Candia Pardo, inició Candia, Zúñiga y asociados.
La agenda pública de Ricardo Fermín Purata, director general del Interapas, muestra reuniones con Ángel Candia Pardo, cuyo hermano Enrique Candia Pardo aparece en la nómina del Ayuntamiento como asesor de la Oficialía Mayor y Patrimonio Municipal, con un salario mensual de 31 mil pesos. Hasta el momento, sin embargo, no existe información de transparencia que haga constar sobre pagos en favor de Ángel Candia o cualquiera de sus empresas.
Es así como Xavier Nava Palacios da prioridad al embate jurídico “anticorrupción” contra la anterior administración, contratando a empresas ligadas con personajes del poder político y empresarial en San Luis, como Germán Federico Pedroza Gaitán, exmagistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, hermano del actual secretario de Finanzas estatal, Daniel Pedroza y del exsenador panista Octavio Pedroza.
También han sido beneficiados Alejandro Zapata Perogordo, panista, exalcalde y exsenador; Marcelo de los Santos Fraga, exgobernador por Acción Nacional y empresario; José Alberto Lozano Nieto, hermano del actual secretario del Trabajo del estado, Manuel “Meme” Lozano; Guillermo Preciado Araiza, padre de Ricardo Preciado, integrante del Consejo de Seguridad Nacional, entre otros.
Los pagos a asesores legales se dan pese a que el Ayuntamiento cuenta con síndicos municipales, entre cuyas obligaciones está defender los intereses municipales en el ámbito jurídico.
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Ciudad
SSPC reporta hasta siete detenciones por semana en el Centro Histórico
Juan Antonio Villa atribuyó los resultados al fortalecimiento de la videovigilancia y a los operativos desplegados en el primer cuadro de la ciudad
Por: Redacción
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital reportó que el Centro Histórico concentra entre seis y siete puestas a disposición por semana, informó el titular Juan Antonio Villa Gutiérrez.
El funcionario explicó que estos resultados forman parte de la estrategia de vigilancia implementada en el primer cuadro de la ciudad y zonas aledañas, donde se ha reforzado el monitoreo mediante cámaras de videovigilancia y la presencia de grupos operativos especializados.
Villa destacó que la tecnología ha permitido responder con mayor rapidez a diversos incidentes, incluyendo casos de vandalismo y daños a vehículos, algunos de los cuales han derivado en detenciones en flagrancia pocos minutos después de cometerse los hechos.
Indicó que, en toda la ciudad, la corporación realiza entre 50 y 60 puestas a disposición del Ministerio Público cada semana, mientras que una parte importante corresponde al cuadrante Centro, que incluye sectores como San Miguelito, San Sebastián y Tlaxcala.
El secretario consideró que la combinación de videovigilancia, patrullajes y acciones preventivas ha contribuido a fortalecer la seguridad en una de las zonas con mayor actividad comercial y turística de la capital potosina.
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Ciudad
Detalla SSPC cese de policía vial captado recibiendo una mordida
Juan Antonio Villa informó que el elemento fue separado de la corporación tras concluir la investigación iniciada por Asuntos Internos luego de la difusión de un video en redes sociales
Por: Redacción
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital determinó el cese de un elemento de Policía Vial que fue exhibido en un video presuntamente recibiendo dinero de un automovilista para evitar una infracción.
El titular de la corporación, Juan Antonio Villa Gutiérrez, informó que la investigación fue iniciada desde el momento en que se conocieron los hechos y estuvo a cargo de la Dirección de Asuntos Internos, que analizó las grabaciones de las cámaras corporales y de la unidad involucrada.
El funcionario señaló que la resolución ya fue emitida y derivó en la baja definitiva del agente, al reiterar que la corporación mantiene una política de cero tolerancia frente a actos que vulneren la legalidad y la confianza ciudadana.
Villa recordó que la dependencia cuenta con mecanismos de supervisión para detectar y sancionar conductas irregulares, además de exhortar a la población a denunciar cualquier posible acto de corrupción por parte de elementos municipales.
Asimismo, informó que desde 2021 a la fecha ocho policías han sido separados de sus cargos tras investigaciones derivadas de denuncias presentadas ante las instancias internas de control.
El secretario sostuvo que la corporación continuará fortaleciendo los procesos de vigilancia y rendición de cuentas para garantizar un actuar profesional de sus elementos.
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Ciudad
Galindo: Estado construye sin permisos; municipio mantiene 600 millones parados
Enrique Galindo afirmó que no ha recibido ningún comunicado oficial sobre el arranque de los proyectos anunciados en conjunto con el Gobierno del Estado
Por: Haniel Valdés
Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, aseguró que el Gobierno del Estado inició por su cuenta las obras que ambas administraciones habían anunciado de manera conjunta, sin notificar oficialmente al Ayuntamiento ni solicitar los permisos municipales correspondientes.
“No tengo ningún comunicado oficial, ninguno, incluso ni del arranque de la obra”, declaró este lunes al ser cuestionado sobre el paquete de proyectos presentado por ambos gobiernos. El alcalde dijo suponer que los trabajos ya no se realizarán de manera coordinada, aunque aclaró que se trata de una suposición y no de un dato confirmado.
Galindo reconoció el arranque de obras estatales —entre ellas la salida a Guadalajara— y celebró que se ejecuten proyectos para la ciudad porque, dijo, los potosinos se los merecen. Sin embargo, afirmó que esas obras avanzan “sin autorización, sin licitación, sin ningún trámite” y sostuvo que, hasta ahora, no ha encontrado publicada la licitación correspondiente. Añadió que las obras estatales requieren permisos municipales que, según el alcalde, no han sido solicitados.
Cuestionado sobre el destino del presupuesto que la capital tenía previsto para esos proyectos, respondió que el Ayuntamiento cuenta con proyectos ejecutivos listos y que el recurso podría reorientarse a otras obras
.El alcalde aseguró que el municipio mantiene sin ejercer más de 600 millones de pesos destinados a obra pública, recursos que permanecen detenidos porque la Contraloría General del Estado no ha autorizado más de 30 licitaciones municipales.
Ese monto, explicó, permanece sin ejercerse debido a que la Contraloría estatal mantiene pendientes de autorización más de 30 procesos de licitación, entre ellos el correspondiente a la obra de El Saucito, cuyo trámite inició el pasado 21 de marzo. Sostuvo que el retraso ya no obedece a cuestiones técnicas ni presupuestales, sino a la falta de voluntad, pues hasta el momento no se les han informado las razones por las que las autorizaciones siguen detenidas.
Al abundar sobre el tema, el alcalde aseguró que prácticamente ninguna obra estatal cuenta con permisos municipales, incluida la Arena Potosí. Consideró que ese trato desigual termina afectando a los potosinos, pues varias obras proyectadas para la zona norte de la ciudad podrían retrasarse o permanecer detenidas mientras, dijo, los proyectos estatales avanzan sin contar con las autorizaciones municipales correspondientes.
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