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Morena niega que se usen recursos federales en la consulta para enjuiciar a expresidentes
Por: Ana G Silva
El pasado 29 de julio el colectivo “Juventud por la 4ta.” detalló que se inició el proceso de recaudación de firmas en San Luis Potosí para solicitar una consulta popular en busca de que los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto sean sujetos a juicio penal por corrupción, a lo que Sergio Serrano, presidente de Morena en San Luis Potosí, mencionó que dicha consulta ciudadana no está siendo impulsada por la federación sino por la ciudadanía, esto a pesar de que el propio colectivo mencionó que sí.
“Dentro de esos ciudadanos se encuentran integrantes de Morena, que está trabajando para lograr las firmas y solicitar al INE que realice la consulta”.
El presidente de Morena en San Luis Potosí dijo no conocer siquiera al colectivo que recauda las firmas en la capital del estado.
Serrano mencionó que el objetivo de Morena en San Luis Potosí es que se consulte a la ciudadanía que se enjuicien a los presidentes ya que se trata de un sentir popular.
A la pregunta de cuál era el o los delitos de los cuales se les acusaba a los expresidentes detallo que “se les acusa de traición a la patria: Salinas vender teléfonos, Cedillo de haber regalado los ferrocarriles, aquí Fox de haber dado permiso a la minera San Xavier”.
Sin embargo, estos supuestos “delitos” fueron apegados y respaldados legalmente.
Sergio Serrano indicó que el encargado de recabar las pruebas es la Fiscalía y cualquier ciudadano puede iniciar un juicio contra los expresidentes si se puede probar, sin embargo “es una vía muy tardada”.
“Las firmas serían la vía más rápida con un millón y medio recaudadas, eso para ir directo a la consulta; l 
Expresó que para él se trata de un juicio moral que “tendría ese efecto de una sanción de la sociedad a estos señores, ya independientemente si tiene consecuencias penales o de otro tipo, aquí lo importante es que quedan señaladas estas personas como corruptas para que nunca más se vuelvan a hacer esas cosas y aquel funcionario que piense que va a quedar impune no va hacer así”.
Se le cuestionó qué pasaría si no se junta el total de las firmas y contestó que espera que sí se lleven a cabo los juicios por la vía que sea, sin precisar si el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, o la bancada de Morena harían algo al respecto.
“Estamos viendo la vía más rápida, que los ciudadanos aportemos nuestra firma, ahora, aquella persona que tenga pruebas para enjuiciarlos pues que la meta, pero lleva mucho tiempo”.
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El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra
Por: Redacción
El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.
De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.
Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.
A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales,
El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.
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Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX
Por: Redacción
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.
Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.
En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA
“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.
Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.
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El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
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