El promedio diario de homicidios dolosos pasó de 3.97 víctimas en septiembre 2024 a 2.35 en diciembre 2025

Por: Redacción

El Gobierno de México, a través del Gabinete de Seguridad, informó que la Estrategia Nacional de Seguridad en Puebla disminuyó en 41 por ciento el promedio diario de víctimas de homicidio doloso, de septiembre 2024 a diciembre 2025, al pasar de 3.97 a 2.35 homicidios diarios.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que el Gobierno de México tiene cero tolerancia a la corrupción y a cualquier colusión entre grupos delictivos y las fuerzas de seguridad, ya que no se permitirá otro caso como el de Genaro García Luna, exsecretario de seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, que actualmente está preso en Estados Unidos por estar involucrado con el narcotráfico.

“Cero impunidad a la corrupción y a cualquier colusión entre grupos delictivos y las fuerzas de seguridad. No queremos más Garcías Lunas, eso no. Qué tiene que haber: la denuncia, la investigación y la detención en caso de que estén involucrados y su juicio justo, evidentemente. Pero cero tolerancia a un vínculo entre cualquier funcionario público y la delincuencia cualquiera que esta sea, de cuello blanco o delincuencia organizada”, puntualizó en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, que se realizó en la Escuela Militar de Sargentos de Puebla.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, expuso que en Puebla el promedio anual de delitos de alto impacto también presenta una tendencia a la baja con una reducción del 11 por ciento, respecto a 2024, pasando de 42.8 a 38.2 delitos diarios.

Informó que, del 1 de octubre de 2024 al 15 de enero de 2026, en Puebla fueron detenidas mil 365 personas por delitos de alto impacto

, se aseguraron 435 armas de fuego, así como 346 kilos de droga y se desmanteló un laboratorio. Asimismo, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, del 6 de julio al 31 de diciembre de 2025, fueron arrestadas nueve personas, siete de ellas eran objetivos prioritarios, se abrieron 119 carpetas de investigación y se inhabilitaron 49 líneas telefónicas, con ello se obtuvo una reducción del 16.7 por ciento en la incidencia de ese delito en el estado.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, detalló que, como parte del eje de Atención a las Causas de la Estrategia Nacional de Seguridad, en Puebla, las Mesas de Paz tuvieron 267 sesiones, 2 mil 945 regionales, nueve interregionales y dos interestatales en las que se suscribieron mil 59 acuerdos. Se instalaron 218 Consejos de Paz y Justicia Cívica estatal y municipales, además se llevaron a cabo 144 Jornadas por la Paz en las que participaron 38 mil 229 personas. Y con Sí al Desarme, Sí a la Paz, del 1 de octubre de 2024 al 31 de diciembre de 2025, en 25 municipios se intercambiaron de forma voluntaria 386 armas de fuego.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, agradeció a la Presidenta de México su visita al estado, así como las acciones realizadas en materia de seguridad y detalló que gracias a la coordinación, la Estrategia Nacional de Seguridad ha logrado resultados favorables en disminución de la incidencia delictiva.

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​El operativo entre fuerzas federales y estatales desarticuló la estructura operativa de este delincuente vinculado a la extorsión de productores de limón

Por: Roberto Mendoza

​La Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General del Estado de Michoacán detuvieron a Carlos Alejandro “N”, alias “El Botox”, durante un operativo en el municipio de Buenavista Tomatlán. La captura fue confirmada este 22 de enero de 2026 por el secretario federal Omar García Harfuch, quien informó que el detenido es considerado un generador de violencia y el principal responsable de las extorsiones contra el sector citrícola en la región de Tierra Caliente.

​El detenido contaba con 11 órdenes de aprehensión vigentes por delitos de homicidio y extorsión, además de un registro de recompensa por 100 mil pesos emitido por la fiscalía local. Los informes de inteligencia lo identifican como líder de la célula “Los Blancos de Troya”, grupo operativo de la organización “Los Viagras”, con funciones de control territorial en Apatzingán y Buenavista. Los reportes técnicos señalan que su estructura utilizaba drones con carga explosiva y coordinaba movilizaciones de civiles para impedir la entrada de fuerzas armadas a sus zonas de influencia.

​La intervención oficial responde a la parálisis económica reportada por la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán debido al cobro de cuotas por la cosecha de limón. Carlos Alejandro “N” registra un antecedente de detención previa en 2018, tras la cual recuperó su libertad meses después por falta de elementos legales. La fiscalía estatal lo vincula con la autoría intelectual del homicidio de Bernardo Bravo Manríquez, quien era un líder de limonero. El detenido fue trasladado para su puesta a disposición inmediata ante la autoridad judicial correspondiente para iniciar su vinculación a proceso.

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El tribunal constitucional determinará si la condena por el homicidio de Luis Donaldo Colosio concluyó tras 30 años de reclusión

​Por: Roberto Mendoza

​La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acordó atraer el expediente para resolver de forma definitiva si Mario Aburto Martínez cumplió la sentencia impuesta por el homicidio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, ocurrido el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana. Durante la sesión de este miércoles, los integrantes de la Primera Sala aprobaron con seis votos a favor la facultad de atracción del caso, el cual fue turnado a la ponencia de un ministro para la elaboración del proyecto de resolución que determinará la situación jurídica del sentenciado.

 

La ministra Sara Irene Herrerías se abstuvo de participar en la votación tras manifestar un impedimento legal, debido a que el asunto se vincula con investigaciones que estuvieron bajo su responsabilidad durante su desempeño previo como funcionaria en la Fiscalía General de la República (FGR).

 

​El procedimiento jurídico deriva de un fallo obtenido por Aburto en 2024, el cual estableció que la condena de 45 años de prisión se dictó bajo criterios legales erróneos al aplicarse el Código Penal Federal. La resolución técnica previa determinó que la entonces Procuraduría General de la República debió sustentar la acusación en el Código Penal de Baja California vigente en el año de los hechos, el cual fijaba una pena máxima de 30 años de prisión para el delito de homicidio calificado.

 

El argumento central de la defensa sostiene que Luis Donaldo Colosio

no ostentaba un cargo público federal al momento del atentado, sino que participaba como candidato presidencial, lo que invalida la aplicación de la normativa federal en la cuantificación de la pena. Ante la atracción del caso, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito deberá remitir el expediente original del amparo directo 104/2021 a la sede del máximo tribunal para su análisis técnico.

 

​La Fiscalía General de la República mantiene la postura de que el magnicidio debe considerarse un delito del orden federal debido a la naturaleza de la figura política de la víctima y el impacto institucional del suceso. No obstante, el cumplimiento cronológico de los 30 años de reclusión el pasado 23 de marzo de 2024 sitúa al sistema judicial ante la obligación de definir si la permanencia de Aburto en el sistema penitenciario federal carece de sustento legal vigente bajo el marco del derecho local de Baja California.

 

Una vez que el expediente sea integrado en la ponencia asignada, la Suprema Corte emitirá un fallo inapelable que ratificará la sentencia original o decretará la libertad inmediata del procesado por compurgación de la pena conforme a la legislación estatal aplicable en 1994.