mayo 18, 2025

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Congreso del Estado

Mensajes del narco podrían costarte hasta 6 años de prisión en SLP

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La diputada Leticia Vázquez Hernández presentó la iniciativa para sancionar acciones de propaganda a favor del crimen organizado

Por: Redacción

La diputada María Leticia Vázquez Hernández presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado para sancionar las acciones de propaganda a favor del crimen organizado, con cárcel de dos a seis años y una multa de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida de Actualización.

El artículo 168 Ter sanciona “al que realice amenazas o cualquier manifestación pública que altere la paz y el orden, a través de imágenes o escritos plasmados en mantas, cartulinas, lonas, cartón o por cualquier medio físico o electrónico, entendiéndose como medios electrónicos, cualquier plataforma digital, red social digital o cualquier medio de información digital, tratándose de material alusivo al crimen organizado”.

También habrá penas similares a aquél que elabore, fabrique, imprima, proporcione, desplace, traslade, aplique, coloque o tenga en su posesión, cualquier escrito señalado anteriormente; este delito será perseguido por oficio.

La legisladora Vázquez Hernández dijo que es importante generar políticas públicas para evitar que los ciudadanos modifiquen su estilo de vida, que puedan desarrollarse de manera integral teniendo la garantía de que la seguridad pública es una preocupación constante para la Legislatura.

Los mensajes de la delincuencia organizada son presentados de múltiples formas, en cualquier material que utilicen para exponer amenazas a la sociedad y a sus rivales, para infundir miedo en la sociedad,

generar un terror colectivo que conlleve a las personas o autoridades implicadas a ceder para evitar la psicosis colectiva generada.

Añadió que San Luis por su cercanía con Tamaulipas, Jalisco y Guanajuato, está logísticamente ubicado para el traslado de grupos delictivos, lo que genera repercusiones y consecuencias en la entidad, pues a pesar de las acciones implementadas por el Ejecutivo estatal en coordinación con el Poder Legislativo y el Poder Judicial, crecen las tasas delictivas.

La iniciativa es parte de las acciones que se deben implementar para erradicar la cultura de las amenazas, sancionar a quien atente contra la paz y la seguridad de los ciudadanos, porque eso impide el desarrollo integral de las familias y que puedan disfrutar la libertad a plenitud, expuso la diputada María Leticia Vázquez.

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Congreso del Estado

Diputados defienden apoyos para gasolina en el Congreso de SLP

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Rubén Guajardo afirmó que los recursos están presupuestados desde 2024 y que los traslados son proporcionales a la región de cada diputado

Por: Redacción 

Rubén Guajardo Barrera, diputado del V distrito, defendió los apoyos para gasolina que reciben las diputadas y diputados del Congreso del Estado de San Luis Potosí, argumentando que el presupuesto para el año 2025 —aprobado desde diciembre— ya contempla los recursos destinados a ese gasto.

No ha habido aumentos al presupuesto. Incluso, son muy claros los gastos que se dan mes con mes. Es una herramienta que se le da a los diputados y es proporcional al lugar donde fueron electos u originarios”, expresó Guajardo.

Como ejemplo, comparó los gastos que realiza él en sus actividades dentro de la capital,

con los del diputado Marcelino Rivera, quien debe trasladarse una o dos veces por semana desde San Martín Chalchicuautla hasta la sede del Congreso del Estado.

Guajardo Barrera enfatizó la transparencia del uso de estos recursos, aunque el salario mensual neto de los diputados asciende a 97 mil 046.60 pesos, según lo documentado en un artículo de El Sol de San Luis publicado en febrero de 2025.

Finalmente, Guajardo afirmó que desconoce cuál es el problema en torno al tema, pues considera que todo está claro y justificado dentro del marco del presupuesto aprobado.

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Congreso del Estado

Congreso de SLP iniciará análisis de la Ley de Movilidad

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El diputado Emilio Rosas mencionó que comenzarán mesas de trabajo con colectivos, dependencias de gobierno estatal, Agenda Ambiental de la UASLP y el Colsan

Por: Redacción

En las próximas semanas, se llevarán a cabo las Mesas de Trabajo donde participará la Comisión de Movilidad y Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado, autoridades de Gobierno del Estado y colectivos ciclistas, para la revisión de la iniciativa ciudadana en materia de movilidad, manifestó el diputado Emilio Rosas Montiel.

“A partir de una convocatoria que haga la Secretaría General de Gobierno del Gobierno del Estado, se irá citando a distintas dependencias, a distintos municipios para hacer un trabajo de perfección de la ley y después se ingresará al Congreso del Estado y el Congreso es quien tiene que hacer la consulta. Entonces vamos en marcha”.

Señaló que también se incluirá la agenda ambiental de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, así como las opiniones del Colegio de San Luis y el Gobierno del Estado.“Entonces se ha avanzado mucho, no es fácil, sabemos que los tiempos, la demanda, la exigencia ciudadana no para y es justa y es legítima, pero lo importante es que vamos en la ruta para que salga la ley de movilidad y sobre todo que salga bien, que sea una ley que sí se aplique”.Indicó que es importante contar con el consenso previo, sumar voces y saber las opiniones técnicas de cada dependencia, así como de los municipios, ya que el centro de la nueva legislación es la seguridad


vial”.

“Entonces lo que queremos es que cada quien sepa bien cuál es su competencia, SEDUVOP, SEGAM, Secretaría de Seguridad Pública, municipios, y que estemos listos para dar una verdadera transformación de cómo vivimos nuestra convivencia en el tránsito”.

Finalmente, el legislador dijo que entre los colectivos de la sociedad civil que estarían participando se encuentran: Pedaleando, Pensar, Imaginar y Hacer Ciudad, y Derechos Urbanos, entre otros.

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Congreso del Estado

Necesario garantizar derechos de personas en casas de salud mental o clínicas de rehabilitación

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La diputada Martha Patricia Aradillas presentó una iniciativa para eliminar lo relacionado al internamiento involuntario

Por: Redacción

La diputada Martha Patricia Aradillas Aradillas, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Salud Mental para el Estado y Municipios y a la Ley de Prevención y Control de Adicciones para el Estado así como al Código Penal del Estado, con el propósito de eliminar lo relacionado al internamiento involuntario, así como incluir dentro del delito de privación ilegal de la libertad, cuando una persona sea internada en una casa de salud mental o centro de tratamiento y rehabilitación sin su consentimiento, el de un familiar, tutor o representante legal.

De acuerdo con la NOM 028, el tema del ingreso de los usuarios a los establecimientos especializados en adicciones con modelos profesional y mixto podrá ser voluntario, involuntario u obligatorio, y en el de ayuda mutua será estrictamente voluntario, pudiendo darse el ingreso obligatorio en los establecimientos que operen bajo este modelo que estén reconocidos por el CONADIC.

Anteriormente, el procedimiento para internar a una persona en contra de su voluntad consistía en lo siguiente: un médico determinaba la existencia de una enfermedad debido a la cual la persona podría representar un “peligro grave o inmediato para sí mismo o para terceros. Un tercero que podía ser familiar, tutor o representante legal solicitaba el internamiento. La persona era internada por tiempo indefinido”.

Existía la obligación de dar aviso al Ministerio Público, podían transcurrir varios días posteriores al ingreso de la persona para que los médicos valoraran la pertinencia de continuar o suspender el tratamiento hospitalario. Innegablemente este “procedimiento traía consigo una serie de supresiones de derechos humanos y garantías”.

La privación ilegal de la libertad es un delito en el cual un particular priva a otro de su libertad sin su consentimiento, realizando o no actos de violencia.

Es por ello que resulta necesario garantizar los derechos de aquellas personas que resultan ser internada sin su consentimiento en casas de salud mental o clínicas de rehabilitación por el uso de sustancias psicoactivas.

La iniciativa fue turnada a las comisiones correspondientes para su estudio y dictamen.

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