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Médico y psicólogo apuntan a que Alejandro N. sí abuso de un menor de edad
Durante el juicio contra el ex funcionario del DIF de SLP afirmaron que la víctima mostraba signos de ansiedad, depresión, angustia, culpa, estigmatización y pensamientos suicidas
Por: Redacción
El jueves 7 de julio, la Fiscalía General del Estado (FGE) ofreció como testigos a una médico legista y una perito en psicología adscritas a la Fiscalía de la Mujer, quienes realizaron estudios al adolescente presuntamente víctima abuso sexual por parte de Alejandro N., ex funcionario del DIF estatal durante el gobierno de Juan Manuel Carreras. Ambos declararon durante la audiencia que encontraron en el joven indicios consistentes con el tipo de agresión del que se imputa al también activista por los derechos de las personas ciegas.
La perito médico legista mencionó que los estudios se realizaron a través de una primera valoración el 18 de octubre de 2019 y una posterior serie de entrevistas entre noviembre de ese año y enero de 2020. Agregó que una lesión de este tipo se considera reciente cuando es provocada dentro de los 10 días anteriores a la revisión, y las lesiones antiguas se consideran así cuando tienen más de 10 días de haberse provocado.
La perito dijo que, durante la primera entrevista, la víctima se mostró reticente, respondía con frases cortas, se resistía y se limitaba a decir que había sido violado por Alejandro N. en las oficinas de la Procuraduría de la Defensa de las Personas Adultas Mayores, Gestión y Participación Social (PDPAM).
La psicóloga fue la segunda testigo en declarar ayer, y durante su intervención, uno de los abogados de Alejandro N. la interrumpió y alegó que la misma estaba hablando de información que no se le solicitó, sin embargo, el presidente del Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento amonestó al abogado y le pidió que no interrumpiera a los testigos.
La perito informó que los estudios aplicados arrojaron que la víctima mostraba signos de ansiedad, depresión, angustia, culpa, estigmatización y pensamientos suicidas. Agregó que en la segunda sesión se le aplicó una prueba de “simulación de síntomas”, la cual mostró que el joven no simulaba el malestar al que aludía. Para la tercera y última sesión con el joven, este se mostró molesto con un psiquiatra que acudió a las entrevistas y quien se dirigió de forma inadecuada y con preguntas que sugerían que la víctima había disfrutado lo ocurrido.
La defensa del imputado intervino en el contrainterrogatorio, y cuestionó el porqué la elaboración de la línea del tiempo se hizo solo con registros oficiales, pero sin considerar fuentes como las que pudo haber aportado la defensa.
La autoridad a cargo del caso, dio cuenta de cinco testigos que no se presentaron a la audiencia, desistieron de serlo o afirmaron ser positivos a covid-19; 
El caso en contra de Alejandro “N”, inició el 8 de octubre del 2019 cuando un menor de edad denunció que desde hacía más de un año, el imputado era trasladado, al menos tres veces por semana, desde el refugio donde se encontraba albergado, a pasar la tarde en las oficinas del entonces funcionario en donde presuntamente realizaba actos sexuales en su contra. Y la tarde del miércoles 23 de octubre de 2019 agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Alejandro N., tras una corta persecución que concluyó en el estacionamiento del Club Deportivo Potosino.
Alejandro “N” llevó a cabo su primera audiencia el 29 de octubre de 2019 donde se determinó su situación jurídica, y por el peso de las pruebas, físicas, médicas y de compatibilidad de ADN se le vinculó a proceso y se dio a conocer que enfrentaría dos nuevas órdenes de aprehensión.
El martes 5 de julio de 2022, la defensa del acusado solicitó al Tribunal de Enjuiciamiento Colegiado presentar dos incidencias: la primera fue que el proceso continuara “a puerta cerrada”, sin público o integrantes de la prensa, pues los medios de comunicación han difundido las formas en que se “llevará el juicio”, denostando el trabajo de la defensa, además de que han asumido la culpabilidad del imputado; sin embargo, los jueces negaron dicha solicitud, ya que la defensa deAlejandro N. no presentó ninguna prueba para afirmar que la prensa había vulnerado la integridad del acusado.
El miércoles 6 de julio de 2022, la Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí dio aviso que la madre de la víctima en el caso de Alejandro N, no se presentó a declarar, a pesar de haber sido citada para la audiencia que se celebró este miércoles 6 de julio en el Centro Integral de Justicia Penal.
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Corredor Humanitario
Ya no es molestia. Ya no es inconformidad. Es hartazgo puro.
Y no, no voy a buscar una palabra más bonita, porque no la hay para describir lo denigrante que resulta usar el transporte público en San Luis Potosí.
Los camiones potosinos son, sin exagerar, de los más caros del Bajío. Hoy el pasaje cuesta 12.50 pesos y, aun así, el servicio es lento, viejo, sucio, impredecible y profundamente irrespetuoso con el usuario.
En Guadalajara, una de las ciudades más importantes del país, el transporte cuesta 8 pesos. En Querétaro, sí, puede llegar a 12 pesos, pero ahí el transporte sí sirve: pasa seguido, es relativamente puntual y no te condena a perder media vida esperando.
Aquí no.
En San Luis Potosí hay personas que esperan 20, 40 minutos o hasta una hora para que pase un camión. Una hora. Solo para subir. Eso no es un “detalle operativo”. Eso es trato indigno.
Aquí mismo, los potosinos repiten que atravesar la ciudad en coche toma 15 o 20 minutos. Pero gracias a un sistema de transporte público miserable, ese mismo trayecto se convierte en una hora con veinte, de los cuales 60 minutos son solo de espera.
En la Ciudad de México, con tráfico brutal y distancias enormes, puedes tardar dos horas en un traslado, sí, pero no esperas. El metro, el pesero, la combi pasan cada 4 o 5 minutos. La ciudad será un caos, pero el transporte no te abandona.
Aquí el usuario espera como si pidiera limosna.
Y por si fuera poco, muchas rutas dejan de operar a las 8 de la noche. Entonces la pregunta es obligada: ¿qué diablos pasa con quienes salen a las 8, 9 o 10 de la noche de trabajar?
Antes, el transporte público funcionaba al menos hasta las 10:30 pm. Hoy ya no. ¿La solución? Que el usuario pague Uber o taxi. Y eso no es ocasional: Es diario, es de lunes a viernes, de lunes a sábado. Para quien gana el salario mínimo —o apenas un poco más— esto es un golpe directo a la cartera.
Y aun así, todavía se atreven… Margarito Terán, líder de los transportistas, dice que 12.50 pesos no les alcanza, que no les “presta” para dar un buen servicio y que necesitan subir el pasaje a 15 pesos (aunque de todos modos se la pelan, porque legalmente no pueden aumentar la tarifa más allá de lo que marca el Índice Nacional de Precios al Consumidor, INPC)
Seamos serios. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes les ha señalado, año tras año, que circulan unidades con más de 10 años de antigüedad, algo que no debería permitirse en la zona metropolitana. Esto no empezó ayer. Pasó con Ricardo Gallardo, pasó con Juan Manuel Carreras y pasó antes.
Han sido omisos profesionales.
Prometen arreglar camiones. Prometen capacitar choferes. Prometen mejorar rutas. Y lo único constante es el mal servicio.
¿Quién no ha sufrido a un chofer grosero? ¿Quién no ha visto a uno hablando por teléfono, con la música a todo volumen, prepotente, echando carreritas con otro camión? ¿Quién no ha vivido eso de que se juntan dos unidades y una avanza a paso de tortuga, importándole poco o nada si el usuario lleva prisa?
Y luego está el clásico: acortar la ruta, aunque no sea su recorrido, porque “ya van tarde”. Y el usuario que se joda: se baja antes, camina, llega tarde, pierde tiempo y pierde dinero.
Eso no es transporte público. Eso es desprecio sistemático al usuario.
Por eso lo digo sin rodeos: si no pueden prestar un servicio digno, háganse a un lado.
Permitan que el Gobierno del Estado busque otra concesionaria que sí pueda, que sí quiera y que sí le alcance. Porque en otros estados ya quedó demostrado que con menos dinero se puede ofrecer un servicio muchísimo mejor.
Y ya ni siquiera es por el precio. Es por el tiempo robado, el maltrato, las unidades decrépitas, la falta total de respeto.
Basta de tratar al usuario como ciudadano de segunda.
Y ojalá —de verdad ojalá— que la secretaria Araceli Martínez Acosta se suba una semana, solo una, al transporte público para ir a trabajar. Que espere, que se desespere, que llegue tarde. A ver si así entiende la indignación diaria de miles de potosinos.
Porque el transporte público no es un favor. Es un derecho. Y en San Luis Potosí, hoy, ese derecho está secuestrado por la mediocridad.
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Mientras el Ipicyt mostró la posibilidad de emplear el lirio en El Realito, la CEA insiste en removerlo totalmente del embalse
Por: Redacción
Pascual Martínez Sánchez, titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), informó que se continúa trabajando en el saneamiento del río que va desde la cortina de la presa El Peaje hasta San José y en el retiro definitivo del lirio de esta última.
Según Martínez Sánchez la primera parte del proyecto, de conjunto con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) consiste en el entubamiento de un porcentaje del agua de El Peaje para que sea utilizada en el área metropolitana, la siguiente fase incluiría un saneamiento integral de la zona y los drenajes que pudieran estar obstruidos o dañados.
La segunda parte de este proyecto planea la remoción completa del lirio de agua de la presa San José, a pesar del llamado del alcalde municipal, Enrique Galindo, al cultivo controlado
Un estudio realizado por el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (Ipicyt) encontró metales pesados en las raíces de los lirios, si bien dichos metales contribuyen a la limpieza del agua, no deberían ser tratados como un desecho simple.
La propuesta del Ipicyt mostró la posibilidad de emplear el lirio también en El Realito como controlador natural de la limpieza de la misma, mientras que la CEA insiste en removerlo totalmente.
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El titular de la dependencia dijo que la entidad ocupa el primer lugar en alfabetización a nivel nacional
Por: Redacción
El 2026 podría ser un año histórico para San Luis Potosí, pues Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), señaló que este año el Estado podría erradicar el analfabetismo entre la población.
El secretario apuntó que San Luis Potosí actualmente ocupa el primer lugar nacional en alfabetización, y se están redob lando esfuerzos en la educación para adultos, en donde además de la primaria y la secundaria, se está buscando que también puedan completar la preparatoria
Torres Cedillo comentó que ya se encuentran en conversaciones con Armando Contreras Castillo, titular del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), con el fin de firmar un convenio que certifique a San Luis como uno de los estados que elimina el analfabetismo.
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