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Médico y psicólogo apuntan a que Alejandro N. sí abuso de un menor de edad
Durante el juicio contra el ex funcionario del DIF de SLP afirmaron que la víctima mostraba signos de ansiedad, depresión, angustia, culpa, estigmatización y pensamientos suicidas
Por: Redacción
El jueves 7 de julio, la Fiscalía General del Estado (FGE) ofreció como testigos a una médico legista y una perito en psicología adscritas a la Fiscalía de la Mujer, quienes realizaron estudios al adolescente presuntamente víctima abuso sexual por parte de Alejandro N., ex funcionario del DIF estatal durante el gobierno de Juan Manuel Carreras. Ambos declararon durante la audiencia que encontraron en el joven indicios consistentes con el tipo de agresión del que se imputa al también activista por los derechos de las personas ciegas.
La perito médico legista mencionó que los estudios se realizaron a través de una primera valoración el 18 de octubre de 2019 y una posterior serie de entrevistas entre noviembre de ese año y enero de 2020. Agregó que una lesión de este tipo se considera reciente cuando es provocada dentro de los 10 días anteriores a la revisión, y las lesiones antiguas se consideran así cuando tienen más de 10 días de haberse provocado.
La perito dijo que, durante la primera entrevista, la víctima se mostró reticente, respondía con frases cortas, se resistía y se limitaba a decir que había sido violado por Alejandro N. en las oficinas de la Procuraduría de la Defensa de las Personas Adultas Mayores, Gestión y Participación Social (PDPAM).
La psicóloga fue la segunda testigo en declarar ayer, y durante su intervención, uno de los abogados de Alejandro N. la interrumpió y alegó que la misma estaba hablando de información que no se le solicitó, sin embargo, el presidente del Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento amonestó al abogado y le pidió que no interrumpiera a los testigos.
La perito informó que los estudios aplicados arrojaron que la víctima mostraba signos de ansiedad, depresión, angustia, culpa, estigmatización y pensamientos suicidas. Agregó que en la segunda sesión se le aplicó una prueba de “simulación de síntomas”, la cual mostró que el joven no simulaba el malestar al que aludía. Para la tercera y última sesión con el joven, este se mostró molesto con un psiquiatra que acudió a las entrevistas y quien se dirigió de forma inadecuada y con preguntas que sugerían que la víctima había disfrutado lo ocurrido.
La defensa del imputado intervino en el contrainterrogatorio, y cuestionó el porqué la elaboración de la línea del tiempo se hizo solo con registros oficiales, pero sin considerar fuentes como las que pudo haber aportado la defensa.
La autoridad a cargo del caso, dio cuenta de cinco testigos que no se presentaron a la audiencia, desistieron de serlo o afirmaron ser positivos a covid-19; entre la lista de estos cinco, apareció de nuevo la madre de la víctima quien, a pesar de ser buscada por la fuerza pública, no se ha localizado.
El caso en contra de Alejandro “N”, inició el 8 de octubre del 2019 cuando un menor de edad denunció que desde hacía más de un año, el imputado era trasladado, al menos tres veces por semana, desde el refugio donde se encontraba albergado, a pasar la tarde en las oficinas del entonces funcionario en donde presuntamente realizaba actos sexuales en su contra. Y la tarde del miércoles 23 de octubre de 2019 agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Alejandro N., tras una corta persecución que concluyó en el estacionamiento del Club Deportivo Potosino.
Alejandro “N” llevó a cabo su primera audiencia el 29 de octubre de 2019 donde se determinó su situación jurídica, y por el peso de las pruebas, físicas, médicas y de compatibilidad de ADN se le vinculó a proceso y se dio a conocer que enfrentaría dos nuevas órdenes de aprehensión.
El martes 5 de julio de 2022, la defensa del acusado solicitó al Tribunal de Enjuiciamiento Colegiado presentar dos incidencias: la primera fue que el proceso continuara “a puerta cerrada”, sin público o integrantes de la prensa, pues los medios de comunicación han difundido las formas en que se “llevará el juicio”, denostando el trabajo de la defensa, además de que han asumido la culpabilidad del imputado; sin embargo, los jueces negaron dicha solicitud, ya que la defensa deAlejandro N. no presentó ninguna prueba para afirmar que la prensa había vulnerado la integridad del acusado.
El miércoles 6 de julio de 2022, la Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí dio aviso que la madre de la víctima en el caso de Alejandro N, no se presentó a declarar, a pesar de haber sido citada para la audiencia que se celebró este miércoles 6 de julio en el Centro Integral de Justicia Penal.
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Le niegan amparo a Tekmol por huachicoleo
El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra
Por: Redacción
El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.
De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.
Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.
A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales, pero los procesos continúan avanzando. Además, ha buscado insistentemente regresar a la política mediante nuevos cargos públicos, presumiblemente para obtener fuero e impunidad, pero sus esfuerzos no han prosperado debido al rechazo ciudadano y su polémica reputación.
El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.
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Diputados federales del PAN exigen a FGR investigación contra Sánchez Zumaya
Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX
Por: Redacción
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.
Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.
En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA
, empresa de Gerardo Sánchez Zumaya.“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.
Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.
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FGR cierra oficialmente investigación contra Gallardo
El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
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