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Médico y psicólogo apuntan a que Alejandro N. sí abuso de un menor de edad
Durante el juicio contra el ex funcionario del DIF de SLP afirmaron que la víctima mostraba signos de ansiedad, depresión, angustia, culpa, estigmatización y pensamientos suicidas
Por: Redacción
El jueves 7 de julio, la Fiscalía General del Estado (FGE) ofreció como testigos a una médico legista y una perito en psicología adscritas a la Fiscalía de la Mujer, quienes realizaron estudios al adolescente presuntamente víctima abuso sexual por parte de Alejandro N., ex funcionario del DIF estatal durante el gobierno de Juan Manuel Carreras. Ambos declararon durante la audiencia que encontraron en el joven indicios consistentes con el tipo de agresión del que se imputa al también activista por los derechos de las personas ciegas.
La perito médico legista mencionó que los estudios se realizaron a través de una primera valoración el 18 de octubre de 2019 y una posterior serie de entrevistas entre noviembre de ese año y enero de 2020. Agregó que una lesión de este tipo se considera reciente cuando es provocada dentro de los 10 días anteriores a la revisión, y las lesiones antiguas se consideran así cuando tienen más de 10 días de haberse provocado.
La perito dijo que, durante la primera entrevista, la víctima se mostró reticente, respondía con frases cortas, se resistía y se limitaba a decir que había sido violado por Alejandro N. en las oficinas de la Procuraduría de la Defensa de las Personas Adultas Mayores, Gestión y Participación Social (PDPAM).
La psicóloga fue la segunda testigo en declarar ayer, y durante su intervención, uno de los abogados de Alejandro N. la interrumpió y alegó que la misma estaba hablando de información que no se le solicitó, sin embargo, el presidente del Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento amonestó al abogado y le pidió que no interrumpiera a los testigos.
La perito informó que los estudios aplicados arrojaron que la víctima mostraba signos de ansiedad, depresión, angustia, culpa, estigmatización y pensamientos suicidas. Agregó que en la segunda sesión se le aplicó una prueba de “simulación de síntomas”, la cual mostró que el joven no simulaba el malestar al que aludía. Para la tercera y última sesión con el joven, este se mostró molesto con un psiquiatra que acudió a las entrevistas y quien se dirigió de forma inadecuada y con preguntas que sugerían que la víctima había disfrutado lo ocurrido.
La defensa del imputado intervino en el contrainterrogatorio, y cuestionó el porqué la elaboración de la línea del tiempo se hizo solo con registros oficiales, pero sin considerar fuentes como las que pudo haber aportado la defensa.
La autoridad a cargo del caso, dio cuenta de cinco testigos que no se presentaron a la audiencia, desistieron de serlo o afirmaron ser positivos a covid-19; 
El caso en contra de Alejandro “N”, inició el 8 de octubre del 2019 cuando un menor de edad denunció que desde hacía más de un año, el imputado era trasladado, al menos tres veces por semana, desde el refugio donde se encontraba albergado, a pasar la tarde en las oficinas del entonces funcionario en donde presuntamente realizaba actos sexuales en su contra. Y la tarde del miércoles 23 de octubre de 2019 agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Alejandro N., tras una corta persecución que concluyó en el estacionamiento del Club Deportivo Potosino.
Alejandro “N” llevó a cabo su primera audiencia el 29 de octubre de 2019 donde se determinó su situación jurídica, y por el peso de las pruebas, físicas, médicas y de compatibilidad de ADN se le vinculó a proceso y se dio a conocer que enfrentaría dos nuevas órdenes de aprehensión.
El martes 5 de julio de 2022, la defensa del acusado solicitó al Tribunal de Enjuiciamiento Colegiado presentar dos incidencias: la primera fue que el proceso continuara “a puerta cerrada”, sin público o integrantes de la prensa, pues los medios de comunicación han difundido las formas en que se “llevará el juicio”, denostando el trabajo de la defensa, además de que han asumido la culpabilidad del imputado; sin embargo, los jueces negaron dicha solicitud, ya que la defensa deAlejandro N. no presentó ninguna prueba para afirmar que la prensa había vulnerado la integridad del acusado.
El miércoles 6 de julio de 2022, la Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí dio aviso que la madre de la víctima en el caso de Alejandro N, no se presentó a declarar, a pesar de haber sido citada para la audiencia que se celebró este miércoles 6 de julio en el Centro Integral de Justicia Penal.
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El gobernador destacó que ambos proyectos federales fortalecerán la conectividad y el desarrollo económico del estado
Por: Redacción
El gobernador de San Luis Potosí informó que el tren Querétaro–San Luis Potosí–Saltillo y la modernización del Aeropuerto de Tamuín serán los proyectos federales de infraestructura más importantes que se desarrollarán en la entidad en los próximos años, al considerarlos estratégicos para la conectividad y el crecimiento regional.
“Sin lugar a dudas, uno de los más grandes va a ser el tren Querétaro–San Luis–Saltillo y el aeropuerto”, afirmó el mandatario al explicar los proyectos que actualmente se trabajan en coordinación con el Gobierno Federal, los cuales impactarán directamente en la movilidad, la inversión y el desarrollo económico del estado.
En el caso del aeropuerto, el gobernador precisó que el proyecto ya tiene calendarizado su arranque. “El aeropuerto arranca en agosto, ya lo tienen programado”, señaló. La obra corresponde al Aeropuerto de Tamuín, ubicado en la región Huasteca, cuya ampliación y modernización buscan fortalecer la conectividad aérea
Respecto al tren, indicó que se trata de una de las apuestas más fuertes de infraestructura a nivel nacional, al conectar a San Luis Potosí con Querétaro y Saltillo, integrando al estado a un corredor ferroviario clave para el transporte de personas y mercancías, además de reforzar su posición logística en el centro-norte del país.
Ambos proyectos, subrayó el gobernador, forman parte de una estrategia conjunta con la Federación para impulsar el desarrollo integral de San Luis Potosí y consolidar su crecimiento económico en los próximos años.
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Se desarrollarán en distintos municipios del estado mediante esquemas diferenciados que priorizan a sectores vulnerables
Por: Redacción
El titular de la oficina de representación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) en San Luis Potosí, Jesús Guille Martínez Martínez, informó que la meta estatal del programa federal asciende a 49 mil 930 viviendas, las cuales no cuentan con una distribución fija por municipio, ya que su ubicación dependerá de la disponibilidad y donación de predios por parte de los ayuntamientos.
Explicó que el Programa de Vivienda para el Bienestar se desarrolla a través de tres vertientes: la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), el Infonavit y el Fovissste, cada una dirigida a distintos sectores de la población. “Conavi es para toda aquella persona que no tenga seguridad social, que no esté adherido ni al Infonavit ni al Fovissste”, precisó.
En el caso de Conavi, señaló que se priorizará a los sectores con ma yor vulnerabilidad
Martínez Martínez subrayó que uno de los principios del programa es evitar que se encarezca el costo final de la vivienda, por lo que la donación de terrenos es un requisito fundamental. “Eso es básico para que no se eleve el costo al beneficiario de su vivienda”, afirmó, al destacar que este esquema permite mantener precios accesibles para la población que más lo necesita.
Finalmente, reiteró que el programa busca atender el rezago habitacional de manera ordenada y con criterios sociales claros, combinando el trabajo de Conavi, Infonavit y Fovissste para ampliar el acceso a la vivienda digna en el estado.
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El proyecto contempla modernización gradual, mayor seguridad para usuarios y nuevas opciones de movilidad integrada
Por: Redacción
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del estado avanza en la renovación del transporte público urbano, con la incorporación de nuevas unidades, mejoras en materia de seguridad y el arranque de acciones para fortalecer la intermodalidad, informó la titular de la dependencia, Araceli Martínez Acosta.
La funcionaria señaló que el actual gobierno inició un proceso de modernización del parque vehicular, el cual no se realizó en administraciones pasadas. “Si un camión se hubiera cambiado nada más, aunque sea con uno, ya es una acción afirmativa que no se tuvo en los últimos 12 años”, afirmó, al subrayar que en gobiernos anteriores “no hubo renovación de unidades”.
Martínez Acosta detalló que actualmente se tienen 1,200 unidades de transporte urbano registradas, de las cuales alrededor de 900 se encuentran en circulación. Añadió que durante el presente año se dio de alta a nuevas unidades como parte del programa de renovación, incluyendo modelos tipo boxer y otros de diseño más reciente.
Destacó que las nuevas unidades incorporan mejoras tecnológicas y de seguridad, como ventanas más amplias y sensores en la parte frontal y trasera. “Ese tipo de unidades traen sensores en la parte trasera y en la parte delantera y es una medida adicional de seguridad para el conductor y para los usuarios”, explicó.
La titular de la SCT reconoció que la renovación del transporte debe realizarse de manera gradual y responsable, debido al alto costo de cada unidad. “Cada unidad cuesta aproximadamente 2 millones 700 mil pesos”
En cuanto a la intermodalidad, Martínez Acosta confirmó que continúa en pie la instalación de portabicicletas en unidades de la MetroRed, aunque aclaró que el arranque será parcial. “No tendríamos para todas las rutas, pero sí vamos a iniciar con algunas parrillas en algunas rutas de la MetroRed”, indicó.
Finalmente, adelantó que en las zonas de transferencia se implementarán espacios y sistemas para el uso de bicicletas, incluyendo candados y bases para facilitar los traslados combinados. “La gente podrá hacer su intermodalidad a bordo de su bicicleta”, señaló, aunque precisó que el monto de inversión aún está en proceso de gestión presupuestal.
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