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“Me siento tranquila”, responde Martha Orta a críticas por su nuevo cargo

Por Redacción
“Respeto mucho lo que dice la asociación civil Ciudadanos Observando y yo estaré al pendiente de lo que vaya sucediendo”, declaró esta mañana la exdiputada Martha Orta Rodríguez, al respecto de las críticas vertidas por el grupo de activistas sobre su reciente nombramiento como secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de San Luis Potosí (Sipinna).
La funcionaria descartó suspender sus labores, como lo han solicitado los activistas, para responder por las acusaciones que existen en su contra por desvío de recursos durante su gestión como diputada local en la LXI Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí.
“Por lo pronto me siento tranquila y sigo trabajando”, dijo a pregunta expresa de los medios de comunicación, durante una rueda de prensa, esta mañana; sin embargo, más tarde, Ciudadanos Observando publicó el documento que formalizó el nombramiento de Orta Rodríguez y en el que consta que quien le asignó el cargo fue el gobernador Juan Manuel Carreras.
En un post en sus redes sociales, Ciudadanos Observando manifestó su descontento por la permanencia de la funcionaria como secretaria ejecutiva del Sipinna:
“Una vez más Juan Manuel Carreras muestra su incongruencia, ya que el día que tomó protesta como mandatario estatal prometió que sería inflexible con la corrupción y que nadie que tuviera cuestionamientos o antecedentes de corrupción cabrían en su administración.
Martha Orta está ligada a una serie de actos de corrupción comprobados por la Auditoria Superior del Estado donde incluso para evitar una denuncia penal tuvo que devolver dinero el 5 de julio del 2018, esto por detectarse que fueron falseadas firmas y documentos de supuestos beneficiarios sociales y se utilizaron empresas fantasmas para las comprobaciones respectivas.
Actualmente es señalada por presuntamente extraviar el Acta número 14 de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado junto a los ex diputados Oscar Bautista y Lupe Torres, ya que esta acta está ligada a la Fiesta Fantasma donde la Auditoria Superior del Estado argumenta se realizó un presunto fraude por 600 mil pesos”.
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¡Viejo mañoso! Denuncian caso de acoso en Ciudad Satélite
Una mujer fue abordada por un sujeto que realizó tocamientos sin su consentimiento, para darse a la fuga; exigen justicia por la jóven, castigo al agresor y vigilancia en la zona
Por: Redacción
Un sujeto fue captado en video tras abordar a una mujer que caminaba por las calles de Ciudad Satélite, al oriente de la capital potosina.
En el video captado por cámaras de vigilancia de vecinos en la zona, se aprecia como el masculino, vestido de sudadera negra, se acerca apresuradamente a la joven, la abalanza contra la fachada de uno de los domicilios y tras un breve forcejeo, alcanza a realizarle tocamientos indebidos, para posteriormente darse a la fuga . Todo en menos de diez segundos.
Vecinos de la zona y usuarios de redes sociales condenaron el acto y exigen castigo para el presunto acosador, además de que se brinden garantías de seguridad por parte de las corporaciones públicas en ese sector de la ciudad.
Hasta el momento, ni la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, ni las corporaciones policiacas municipales o estatales se han pronunciado al respecto de este acontecimiento.
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Niegan voto a presos preventivos en elección de jueces y magistrados
Organizaciones civiles argumentaron violación a derechos humanos y a la reforma constitucional de 2024
Por: Redacción
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) impedirá que las personas en prisión preventiva puedan votar en la elección judicial de este año, al respaldar la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de declarar inviable su participación.
De acuerdo con Pulso, la organización civil Perteneces A.C. y el Consejo Nacional de Litigio Estratégico promovieron un juicio para defender los derechos político-electorales de este sector, impugnando el acuerdo INE/CG64/2025, emitido por el Consejo General del INE, que descartó la implementación del voto para personas en prisión preventiva en dicho proceso elector al.
En su demanda, las organizaciones argumentaron que negar este derecho viola el principio de progresividad de los derechos humanos, ya que las personas en prisión preventiva habían ejercido previamente su derecho al voto en otros comicios. Además, subrayaron que la medida contradice la reforma constitucional del 15 de septiembre de 2024, que garantiza a la ciudadanía la facultad de elegir directamente a jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación.
Destacaron que impedirles votar en esta elección es particularmente grave, dado que la designación de autoridades judiciales tiene un impacto directo sobre las posibilidades de estas personas de recuperar su libertad. También cuestionaron que el INE justifique la exclusión alegando limitaciones técnicas o financieras, cuando está constitucionalmente obligado a garantizar el derecho al sufragio sin distinciones.
Sin embargo, la Sala Superior del TEPJF desestimó los argumentos presentados y declaró infundada la impugnación. El Tribunal reconoció que el INE acepta el derecho al voto de las personas en prisión preventiva, pero consideró legítima la decisión de postergar su implementación, al señalar que debe ser gradual y acorde a las capacidades operativas y presupuestales del Instituto.
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Ceepac prevé pedir más recursos para cerrar elección judicial
El recurso se necesita para cumplir con el convenio financiero firmado con el INE
Por: Redacción
El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) de San Luis Potosí indicó enfrenta un panorama económico complicado para cubrir todos los compromisos relacionados con la organización de la elección extraordinaria del Poder Judicial.
Aunque el organismo ya ha recibido una parte de los 110 millones de pesos asignados para este proceso, aún no cuenta con el total de los recursos y, en particular, prevé dificultades para cumplir con obligaciones posteriores a la jornada electoral.
Uno de los compromisos más relevantes es el anexo financiero del Convenio Técnico de Colaboración firmado con el Instituto Nacional Electoral (INE), por un monto de 21 millones de pesos. Este convenio ha permitido al Ceepac solventar diversos gastos relacionados con la elección, gracias a un recurso adelantado por el órgano federal. Sin embargo, ante la falta de liquidez suficiente para cubrir este compromiso y otros pendientes presupuestales, el organismo analiza solicitar formalmente una ampliación presupuestal al Gobierno del Estado.
Paloma Blanco López, consejera presidenta del Ceepac, reconoció que hasta el momento no se ha presentado oficialmente la solicitud de ampliación presupuestal, pero confirmó que se mantiene una comunicación constante con la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Finanzas. Ambas dependencias han sido informadas de las necesidades económicas del consejo, con el objetivo de asegurar que el proceso electoral judicial se realice en condiciones óptimas y conforme a derecho.
Asimismo, Blanco López señaló que recientemente el Ceepac aprobó una segunda adecuación presupuestal para ajustar el uso de los recursos disponibles. No obstante, admitió que aún hay rubros sin financiamiento suficiente, entre ellos el convenio con el INE, lo que pone en evidencia la necesidad de apoyo adicional para cerrar adecuadamente el proceso electoral.
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