Destacadas
Mayo fue el mes con más crímenes en SLP… desde el 2007
En mayo se presentaron 4 mil 824 delitos en todo el estado; San Luis Potosí fue la segunda entidad con mayor crecimiento respecto al año anterior
Por: Redacción
Entre mayo de 2018 y mayo de 2019, el total de los delitos registrados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública en el estado de San Luis Potosí se multiplicó por 1.5.
El incremento de los crímenes del quinto mes del año pasado al quinto mes de este año fue de 48.9 por ciento, pues en mayo del año pasado hubo 3 mil 239 delitos en total, mientras que, en mayo de este año, el total fue de 4 mil 824.
Con esa cifra, mayo de este año fue el mes con más delitos en el estado desde marzo de 2007, cuando el total de crímenes registrados fue de 4 mil 935.
Además, en la comparación de mayo de 2018 a mayo de 2019, San Luis Potosí fue el segundo estado con mayor incremento de delitos en todo el país, solo superado por Yucatán.
En mayo de este año hubo 61 casos de homicidio en el estado, 35 de ellos fueron homicidios dolosos o intencionales.
De los homicidios dolosos ocurridos en la entidad durante el pasado mes de mayo, 22 fueron con arma de fuego, siete con arma blanca y cuatro “con otro elemento”. En cuatro casos más no se especificó cómo se consumó el asesinato.
En mayo hubo además 548 casos de lesiones, 487 de las cuales fueron intencionales: 24 con arma de fuego, 49 con arma blanca y 414 con otro elemento.
Se presentaron también tres feminicidios, con lo que ese tipo de delitos suman 12, en los primeros cinco meses del año.
El quinto mes del año presentó 60 delitos contra la libertad personal, aunque solo uno fue un secuestro extorsivo. Los otros 59 fueron incluidos en la categoría “otros delitos contra la libertad personal”.
Hubo también 119 delitos contra la libertad y la seguridad sexual: 38 de abuso sexual, 12 de acoso sexual, siete de hostigamiento sexual, 52 de violación simple, y 10 más en la categoría de otro.
En total, durante el año, ha habido 567 delitos de ese tipo: 205 de abuso sexual, 69 de acoso sexual, 17 de hostigamiento, 246 de violación simple y 30 en la categoría de “otros”.
Los delitos contra el patrimonio presentaron en total 2 mil 248 casos en San Luis Potosí durante mayo.
De esos, 1388 fueron robos: 125 a casa habitación, seis de ellos con violencia.
Hubo 319 robos de vehículos automotores: 197 robos de coche de cuatro ruedas, 18 de ellos con violencia; 122 robos de motocicleta, 17 con violencia.
También se presentaron 81 casos de robos de autopartes, cuatro de ellos con violencia y 37 robos a transportistas, 23 de ellos violentos.
Hubo además 74 robos a transeúntes en la vía pública y 11 en espacio abierto al público. 62 de los robos en vía pública fueron con violencia, al igual que nueve de los de espacio abierto.
San Luis Potosí presentó en mayo cinco robos a transporte público colectivo y dos a transporte individual.
Existieron también 134 robos a negocio, 68 de ellos con violencia y 23 casos de robo de ganado. 566 robos en el estado se registraron en la categoría “otros robos”.
Se presentaron 216 casos de fraudes, 70 de abuso de confianza, nueve de extorsión, 523 de daño a la propiedad y 40 de despojo.
Mayo de 2019 tuvo en total 921 delitos contra la familia: 866 casos de violencia familiar y 85 de incumplimiento a las obligaciones de asistencia familiar.
También hubo cinco casos de delitos contra la sociedad, todos por corrupción de menores.
La categoría de “delitos contra otros bienes jurídicos afectados”, presentó 836 casos. 346 de amenazas, 71 de narcomenudeo, 47 de allanamiento de morada, 74 delitos cometidos por servidores públicos, 13 de falsificación, nueve contra el medio ambiente, uno de “evasión de presos” y 275 casos más que fueron incluidos en la categoría “otros”.
Para la iglesia, SLP se convirtió en paraíso delictivo
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Para Juan Jesús Priego, los criminales siguen en SLP por los altos niveles de impunidad
Juan Jesús Priego Rivera, vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, aseguró el pasado 8 de mayo que tanto México como la entidad se han convertido en “paraísos delincuenciales”.
“En San Luis no pasa nada, en este pueblo no pasa nada porque las bandas delincuenciales saben que hay grandes niveles de impunidad, mientras haya esos niveles, México y San Luis Potosí se convierten en paraísos delincuenciales”.
Sobre los casos de extorsión por parte de elementos municipales de la patrulla 3210, Priego Rivera mencionó que, “vemos imágenes de policías extorsionando, de quien te debe cuidar, velar por ti, y nos convertimos en la burla nacional de una manera tan descarada, realmente no hay preocupación por acabar con esta ola de violencia”, afirmó Priego Rivera.
Añadió que las autoridades no han valorado las pruebas de control y confianza, “ya hubo un problema, hay policías que no pasaron ese examen y seguían ejerciendo, nuestras autoridades deben darse cuenta que eso le cuesta mucho a la sociedad, si no puedes confiar en los policías no puedes confiar en nadie porque ellos precisamente tienen esa labor”.
Otra vez
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En febrero, SLP fue el estado con mayor crecimiento de delitos
Ya en febrero de este año, San Luis Potosí se había colocado como el estado con mayor crecimiento en el número de crímenes registrados en la comparación entre febrero de 2018 y febrero de 2019, con un incremento de 42.7 por ciento, según el más reciente reporte de incidencia delictiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En total, febrero del año pasado presentó 2 mil 700 delitos, mientras que este año, la cifra alcanzó 3 mil 852 crímenes en total. Ese incremento de 42.7 por ciento fue menor a la ocurrida en el mes de mayo.
Por el aumento, Pineda irá a juicio político
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Fue promovido por el diputado Edgardo Hernández
Los diputados de la LXII legislatura, aprobaron por unanimidad, a principios de este mes, el juicio político en contra del secretario de Seguridad Pública del Estado, Jaime Ernesto Pineda Arteaga, después de que el diputado del PVEM, Edgardo Hernández Contreras, hiciera la solicitud “ante el alto incremento de la inseguridad que afecta a todos los potosinos”.
En sesión privada se aprobó el juicio político contra Pineda Arteaga, quien tendrá derecho de audiencias y a dar su punto de vista acerca de su estrategia para combatir al crimen y la delincuencia en territorio potosino.
El diputado Hernández Contreras señaló que “San Luis Potosí cuenta con datos que alarman, son que la criminalidad creció en algunos casos hasta en un 300 por ciento, en delitos del fuero común, además el estado se posiciona en los primeros lugares en la instalación de laboratorios clandestinos de fabricación de drogas ilegales”.
Además, apuntó que de los delitos que se cometen en el estado, 8 de cada 10 se efectúan en la capital, “pero no pareciera que hubiera una política pública eficaz que combata este tipo de delitos”.
Joao, el Mustang y la boda que no pudo ser | Columna de Sebastián Escorza
Ciudad
Presunto abuso contra ocho niñas sacude nuevamente a la Iglesia potosina
Arquidiócesis admite salida del señalado y surgen dudas sobre actuación de Fiscalía
A más de una década del escándalo del sacerdote Eduardo Córdova, nuevas denuncias de violencia sexual infantil alcanzan a una capilla de Prados. Familias señalan que la Fiscalía dejó libre al presunto agresor, mientras la Iglesia informa que el trabajador renunció voluntariamente y ofrece colaborar con las investigaciones.
Por: Redacción
La Arquidiócesis de San Luis Potosí enfrenta un nuevo caso de presunto abuso sexual infantil que revive los cuestionamientos sobre la protección de menores en espacios religiosos, la responsabilidad de las autoridades eclesiásticas y la capacidad de las instituciones de justicia para responder a denuncias de esta gravedad.
Esta vez el señalado no es un sacerdote, sino un trabajador de una capilla ubicada en la colonia Prados, a quien se atribuyen presuntas agresiones sexuales contra al menos ocho niñas de entre cinco y 13 años de edad.
La diferencia en su condición laboral o religiosa no disminuye la gravedad de los señalamientos ni elimina la necesidad de esclarecer qué mecanismos de vigilancia y protección existían dentro del recinto, cómo se permitió el contacto del trabajador con las menores y cuál fue la reacción de los responsables de la capilla al conocer las acusaciones.
Mientras las familias exigen justicia, la respuesta pública de la Arquidiócesis se ha concentrado en informar que el señalado dejó de trabajar en el lugar mediante una renuncia voluntaria, que está dispuesta a colaborar con la Fiscalía General del Estado (FGE) y que ofrecerá acompañamiento psicológico a las posibles víctimas.
Sin embargo, permanecen sin respuesta preguntas fundamentales: ¿cuándo conocieron las autoridades religiosas los primeros señalamientos?, ¿qué medidas adoptaron para proteger a las niñas?, ¿se investigó la posible existencia de otras víctimas? y ¿qué responsabilidad corresponde a quienes tenían a su cargo la supervisión del trabajador?
A ello se suma un señalamiento particularmente delicado: de acuerdo con información proporcionada por familiares de las menores, la Fiscalía habría dejado en libertad al presunto agresor, una circunstancia cuya situación jurídica y razones deben ser aclaradas por la autoridad ministerial.
Representantes de la Arquidiócesis confirmaron que el trabajador señalado ya no presta servicios en la capilla y explicaron que presentó su renuncia de manera voluntaria. Según la información proporcionada, habría dejado el lugar desde el pasado viernes.
También reconocieron que, ante la naturaleza de las acusaciones, no podían permitir que continuara teniendo contacto con menores de edad mientras se esclarecen los hechos.
Sin embargo, la salida del trabajador no resuelve las interrogantes sobre la responsabilidad institucional.
La Arquidiócesis no ha explicado públicamente si existieron reportes anteriores sobre su conducta, qué controles se aplicaban al personal que convivía con niñas y niños o si se abrió alguna investigación interna para determinar posibles omisiones de quienes estaban al frente del recinto religioso.
Tampoco ha quedado establecido si la separación ocurrió por una decisión preventiva de la institución o exclusivamente por la renuncia presentada por el propio señalado.
El caso exige respuestas que van mucho más allá de confirmar que el trabajador ya no se encuentra en la capilla.
Familias denuncian liberación del presunto responsable; Fiscalía debe aclarar su situación
Otro de los aspectos que incrementa la preocupación es la actuación de la Fiscalía General del Estado.
Familiares de las menores sostienen que el presunto responsable fue dejado en libertad, pese a la existencia de denuncias por posibles agresiones sexuales.
Hasta ahora, con la información disponible, no se ha establecido oficialmente si el señalado fue detenido, presentado ante el Ministerio Público o sujeto a alguna medida cautelar, ni bajo qué circunstancias habría quedado libre.
Toca a la Fiscalía esclarecer estos puntos, así como precisar el estado procesal de las denuncias y las medidas adoptadas para proteger a las niñas y evitar cualquier riesgo de intimidación o acercamiento por parte del investigado.
La reserva legal de las carpetas de investigación no impide que la autoridad proporcione información general sobre sus actuaciones, sin comprometer las indagatorias ni revelar la identidad de las víctimas.
La activista Marilú González, quien hizo públicos los señalamientos, aseguró que existen ocho carpetas de investigación relacionadas con los hechos y advirtió sobre la posibilidad de que haya más menores afectadas.
De confirmarse la existencia de múltiples víctimas, la investigación tendría que establecer si las presuntas agresiones ocurrieron durante un periodo prolongado y si existieron circunstancias que facilitaron su repetición.
El arzobispo, ausente de la primera respuesta
La actuación de la jerarquía eclesiástica también ha generado cuestionamientos.
Tras hacerse públicas las denuncias, representantes de la Arquidiócesis señalaron inicialmente que el arzobispo no estaba enterado del caso y que se encontraba fuera de la ciudad.
Explicaron que las madres habían anunciado su intención de acudir al Arzobispado, aunque no precisaron horario ni identidades por razones de protección.
La respuesta incluyó la posibilidad de que el arzobispo se reuniera con ellas posteriormente, sin establecer una fecha concreta.
La activista Marilú González denunció que acudió a buscar un acercamiento con el máximo representante de la Iglesia católica potosina, pero no fue recibida.
La situación plantea un cuestionamiento sobre los mecanismos internos de comunicación y atención a víctimas: ¿cómo se informa a la máxima autoridad religiosa sobre acusaciones de violencia sexual contra menores y quién asume la responsabilidad inmediata de atenderlas?
La ausencia física del arzobispo no debería impedir la activación de protocolos de protección ni una respuesta institucional oportuna ante denuncias de esta naturaleza.
La sombra del caso Eduardo Córdova vuelve sobre San Luis Potosí
Las denuncias en Prados adquieren una dimensión particularmente sensible por los antecedentes de la Iglesia católica en San Luis Potosí.
En 2014 estalló públicamente el escándalo del sacerdote Eduardo Córdova Bautista, quien había ocupado cargos de relevancia dentro de la Arquidiócesis, incluido el de representante legal, y fue señalado por múltiples víctimas de abuso sexual.
Las denuncias revelaron una historia de acusaciones que se remontaba a años anteriores y dieron lugar a graves cuestionamientos sobre el conocimiento que las autoridades eclesiásticas tenían de los hechos y su actuación frente a ellos.
El caso se convirtió en uno de los episodios más graves y emblemáticos de las denuncias de abuso sexual clerical en San Luis Potosí.
Más de una década después, las acusaciones de la colonia Prados obligan a revisar si las lecciones de aquel escándalo se tradujeron en mecanismos eficaces de prevención, vigilancia y atención a víctimas.
Aunque los hechos y las personas señaladas en ambos casos son distintos, existe una preocupación institucional común: la seguridad de niñas, niños y adolescentes que participan en actividades religiosas y depositan su confianza en quienes tienen responsabilidades dentro de esos espacios.
La Iglesia potosina enfrenta nuevamente el desafío de demostrar que su compromiso con la protección de menores se traduce en acciones verificables, y no únicamente en declaraciones públicas después de que las denuncias salen a la luz.
Otras posibles víctimas y la obligación de evitar nuevos daños
Representantes de la Arquidiócesis reconocieron que dos madres acudieron a informar sobre los presuntos abusos y señalaron que, de acuerdo con lo que les comunicaron, podría haber más víctimas.
Según la información proporcionada, las madres conocieron los hechos el pasado 10 de noviembre, después de que sus hijas les relataron lo ocurrido, y acudieron a presentar denuncias formales.
La institución religiosa invitó a otras familias que pudieran tener información sobre posibles agresiones a denunciar ante las autoridades.
También ofreció proporcionar a la Fiscalía los expedientes, datos de identificación del trabajador y acceso a los espacios de la capilla que resulten necesarios para las investigaciones, además de acompañamiento psicológico especializado.
Estas medidas deberán traducirse en una atención efectiva, con personal capacitado, protección de la identidad de las niñas y procedimientos que eviten obligarlas a repetir innecesariamente sus testimonios.
La prioridad debe ser la seguridad y recuperación de las posibles víctimas, sin presiones para retirar denuncias, conciliar hechos de naturaleza penal o guardar silencio en nombre de la reputación institucional.
Una prueba para la Iglesia y para la justicia potosina
Las acusaciones de Prados colocan bajo escrutinio a dos instituciones: la Arquidiócesis, por su responsabilidad de garantizar entornos seguros en sus espacios de culto y formación, y la Fiscalía, por su obligación de investigar con diligencia los posibles delitos contra menores de edad.
La presunción de inocencia del trabajador señalado debe respetarse, pero ello no limita el derecho de las niñas a recibir protección ni la obligación de investigar de manera exhaustiva.
La renuncia del acusado tampoco extingue posibles responsabilidades penales ni sustituye el esclarecimiento de eventuales omisiones institucionales.
Para una sociedad que aún recuerda el caso Córdova, las respuestas no pueden reducirse a informar que el presunto responsable ya no trabaja en una capilla o que la autoridad eclesiástica se reunirá eventualmente con las familias.
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Destacadas
“Hay mucho trabajo que hacer por la capital y estoy listo”: Juan Carlos Valladares
El diputado federal del PVEM dijo que las definiciones para los nombres de las candidaturas del proceso electoral potosino están en su recta final y aseguró que siempre ha estado preparado para participar.
Por: Redacción
Juan Carlos Valladares Eichelmann, diputado federal del PVEM, se declaró listo para el proceso electoral y adelantó que muy pronto habrá noticias sobre las definiciones: “Estamos preparados, siempre he estado… estoy listo”.
A pregunta expresa sobre su posicionamiento en encuestas y las menciones tanto de la dirigencia de su partido como del propio gobernador del estado, el también empresario indicó que en estos momentos se está en la recta final de las definiciones y adelantó que pronto habrá noticias al respecto.
Sobre las encuestas con las que el Verde elegirá a sus candidatos dijo confiar en las que son serias y cree en ellas y anticipó que “Seguramente, si hemos hecho un buen trabajo, vamos a estar arriba”.
Sobre la capital potosina, Valladares Eichelmann indicó que hay todavía “mucho trabajo que hacer, mucho por construir y muchas áreas de oportunidad”
Juan Carlos Valladares es uno de los perfiles que el Partido Verde baraja para la alcaldía de la capital. En julio, Ignacio Segura Morquecho, dirigente estatal del PVEM, lo mencionó junto con Sonia Mendoza Díaz así como el propio gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, que lo ha mencionado en distintas ocasiones.
Las definiciones de los y las candidatas del Partido Verde se tomarán en la primera semana de enero del 2027 como se ha dado a conocer en otras oportunidades.
También lee: Verde será el último en definir candidatos en SLP: Gallardo
Ciudad
SSPC capitalina alista campaña para cuidar el aguinaldo
El director de la SSPC capitalina dijo que la policía cibernética encabezará la campaña y que se reforzará la presencia en el centro histórico y las principales plazas
Por: Redacción
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital prepara una campaña para cuidar el aguinaldo, con énfasis en la policía cibernética, ante la temporada en que muchas personas recibirán su aguinaldo y sus fondos de ahorro. Lo informó su director, Juan Antonio Villa Gutiérrez.
Dijo que reforzarán la presencia en el centro histórico y en las principales plazas, “sin dejar de lado” las colonias.
Cajeros del centro histórico
Villa Gutiérrez explicó que en los cajeros se cubrirán principalmente los del centro histórico, “donde hay una mayor cantidad de gente que acude”. No precisó cuántos elementos se destinarán.
Añadió que estarán atentos a los “desplazadores de tarjetas”
, personas que llegan con engaños a intercambiar una tarjeta mala por una buena. Después, dijo, la víctima no se da cuenta de las disposiciones de efectivo que hacen con ella.Fraudes en línea
El director recordó que en estas fechas aumentan los fraudes, con páginas que ofertan productos a un costo muy bajo, y que “ha habido ocasiones en que la gente cae” en ellos. Durante el Buen Fin, la policía cibernética dio de baja 60 páginas apócrifas.
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