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Mariano Niño negó haber desviado recursos usando los datos de un muerto
El exdiputado Mariano Niño había solicitado que la audiencia fuera privada porque -justificó- había medios de comunicación que pretendían “publicar cosas soeces”
Por: María José Puente Zavala
Este martes, la Fiscalía General de Justicia del Estado, así como la Comisión Estatal de Atención a Víctimas y la división de asesoría jurídica del Congreso del Estado de San Luis Potosí, solicitaron al Poder Judicial estatal que se procese al exdiputado Mariano Niño Martínez por el delito de peculado.
La audiencia de formulación de la imputación se llevó a cabo a las 11 de la mañana en el Centro Integral de Justicia Penal ubicado a un costado de La Pila, a donde el integrante de la anterior Legislatura del congreso local acudió en compañía de su equipo de abogados, muy cerca de la hora fijada, para evitar los cuestionamientos de la prensa, a quienes, en un inicio, evitó ofrecer declaraciones.
Más adelante, hacia el comienzo de la audiencia, Niño Martínez solicitó al juez a cargo que el proceso se llevase a cabo de manera privada; pues, aseguró su defensa, entre el público se encontraban medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil que han tenido como propósito prejuzgar y “poner notas soeces hacia la persona de Mariano Niño”.
La petición, sin embargo, fue desechada por el juez.
La Fiscalía General del Estado centró su acusación sobre una denuncia interpuesta por un hombre llamado Gregorio, hijo, a su vez, de un cuidadano a quien se identificó como Santos, y cuyo nombre, firma y documentos, habría sido tomados sin su autorización para gestionar recursos para una supuesta entrega de despensas en el Ejido 20 de noviembre, ubicado en Ébano.
Abundó la Fiscalía que para cuando se solicitó el recurso, el supuesto beneficiario ya había fallecido y, no conforme con el uso indebido de sus datos personales, el exlegislador habría incurrido en la falsificación de la firma para asentarla en una carta, donde se agradecía por el apoyo jamás recibido.
Solo en este caso, se informó, el exlegislador tendrá que responder por la cantidad de 86 mil 499 pesos, mismos que, se asentó, fueron pagados a una empresa llamada Joef Innovadores
También agregó la Fiscalía que para sustentar las acusaciones sobre el exdiputado local fue entrevistado un grupo de habitantes, entre ellos funcionarios del Ejido 20 de noviembre, quienes negaron haber tenido conocimiento de la entrega de las despensas o de la existencia del funcionario que las gestionó a su nombre.
La excoordinadora de Finanzas al interior del Congreso potosino también rindió declaración ante el agente del Ministerio Público y confesó que, aunque el procedimiento para la entrega de cheques era darlos directamente a la empresa, en ocasiones los diputados eran los encargados de recogerlos; además, ello, indicó la exfuncionaria, ocurría a puerta cerrada, en la oficina de Héctor Meraz González, titular de esa división al momento de ocurrir el presunto delito.
Por parte de la defensa, la estrategia estará centrada en demostrar que, aunque pudo ocurrir el delito que se menciona en la denuncia, el exdiputado panista no habría recibido directamente el cheque por la cantidad presuntamente desviada, ni tiene relación con los socios de la empresa que sí lo cobró.
Los abogados defensores solicitaron la extensión del término para llegar a la audiencia de vinculación a proceso, por lo que el proceso seguirá su curso hasta el próximo 12 de mayo, cuando el juez determinará si existen elementos suficientes para que Niño Martínez sea sometido a juicio para demostrar su inocencia o culpabilidad.
Si bien es posible que el caso trascienda a un juicio oral, también cabe la posibilidad de que, entre el Congreso del Estado y el panista se llegue a un acuerdo reparatorio o se solicite la suspensión provisional del proceso.
El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra
Por: Redacción
El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.
De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.
Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.
A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales,
pero los procesos continúan avanzando. Además, ha buscado insistentemente regresar a la política mediante nuevos cargos públicos, presumiblemente para obtener fuero e impunidad, pero sus esfuerzos no han prosperado debido al rechazo ciudadano y su polémica reputación.
El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.
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Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX
Por: Redacción
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.
Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.
En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA
, empresa de Gerardo Sánchez Zumaya.
“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.
Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.
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El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
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