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Majo Zavala: la intérprete que vuelve más incluyente al Congreso de SLP
La Orquesta conversó con la encargada de interpretar a Lengua de Señas Mexicana las sesiones en el Poder Legislativo
Por: Bernardo Vera
El 28 de noviembre se conmemora el Día de las Personas Sordas en México; una fecha que permite la reflexión sobre los alcances que la sociedad ha obtenido en términos de inclusión con la comunidad de potosinas y potosinos que viven esta condición; especialmente al considerar que en San Luis Potosí existen 33 mil 950 personas bajo esa discapacidad, según los datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi). De acuerdo a la misma fuente, es la tercera discapacidad con mayor número poblacional a nivel estatal, por debajo de “ver aun usando lentes”, en segunda posición; y “caminar, subir o bajar”, como la primera.
La Orquesta, en el marco de esta fecha, platicó con Majo Zavala, licenciada en Educación Especial por la Escuela Normal del Estado, con especialidad en audición y lenguaje, quien actualmente funge como intérprete del español a Lengua de Señas Mexicana (LSM) en el Congreso del Estado de San Luis Potosí, y desempeña esta actividad en las sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes del Poder Legislativo. Una labor que le ha permitido trabajar solidariamente con el acceso a los canales de comunicación dirigidos a la comunidad de personas sordas de la entidad potosina.
El interés de Majo por apoyar a personas sordas y acercarse a la LSM, ocurrió por primera vez durante sus años de licenciatura, mientras realizaba sus prácticas. En ese período le tocó trabajar junto a un niño sordo, y detectó que a pesar de los esfuerzos para su desarrollo armónico en el aula, aún existía una barrera muy importante entre el menor con sordera y resto de sus compañeros: la inclusión, por encima de la integración.
“En mi último año de prácticas de la licenciatura me tocó dar clase a un alumno que era sordo, y yo veía que estaba integrado, más no incluido. De ahí surge la necesidad de que los compañeros lo incluyan, y empecé a investigar un poco sobre las personas sordas; qué idioma usaban, como se comunicaban, e implementé mi documento recepcional sobre la inclusión de la Lengua de Señas en el salón de segundo grado de secundaria para favorecer la comunicación en el alumno sordo. Posteriormente hicimos varios proyectos con los compañeros alumnos de este chico y el objetivo principal era que todos aprendieran la lengua de señas, porque nadie interactuaba con él”.
A través de esta experiencia, los alumnos obtuvieron un dominio hasta del 35 por ciento de la lengua de señas; un resultado satisfactorio que, en su momento, favoreció a la inclusión del alumno sordo con sus compañeros. No obstante, para Majo no fue suficiente, y su vocación la llevó a conocer a Jaqueline Torres, presidenta de la asociación civil “Comunidad Potosina de Sordos” (Coposor) y a Oliver Sanchez, presidente de Hermenéutica AC (asociación que forma intérpretes y traductores en San Luis Potosí), quienes la invitaron a tomar más cursos de LSM y capacitaciones sobre interpretación y traducción, además de participar e incorporarse en dichas asociaciones, donde tuvo la oportunidad de conocer más personas dedicadas a la interpretación y traducción de LSM.
Para Majo, la barrera comunicativa entre personas sordas y oyentes en San Luis Potosí se ha vuelto una de las mayores dificultades que enfrenta la comunidad sorda ante la sociedad potosina, en actividades aparentemente sencillas y cotidianas. Pero también, se debe a la falta de empatía con las personas sordas y el poco interés sobre el aprendizaje de la lengua de señas.
“Ahora que yo estoy dentro de la comunidad sorda, para mí es muy sencillo darme cuenta de qué carencias son las que presentan día a día, principalmente la comunicación. Por ejemplo, si tú vas a alguna cita médica como persona sorda, no siempre te pueden dar toda la información. En algunas ocasiones, las personas oyentes tenemos dudas sobre cómo tomarnos un medicamento o como realizarnos un estudio; las personas sordas también”.
“Como segundo punto, la falta de compromiso de la sociedad por aprender. Si la gente aprendiera la lengua de señas no habría esta separación de discapacidad auditiva y las personas oyentes. Pero también hay muchas veces en que es novedad para las personas; ‘ay, mira, un curso de lengua de señas, hay que aprender’. Pero ese gusto por aprender les dura dos o tres meses, cuando sabemos que se requiere de tiempo para poder aprender y dominar la lengua de señas y facilitar el acceso a la información a las personas sordas.”
Majo Zavala llegó al Congreso del Estado por una propuesta legislativa de Martha Barajas García, entonces diputada local de la LXII legislatura. La iniciativa estipulaba la integración de un intérprete de LSM en todas las sesiones plenarias y sus diferentes modalidades, y con ello, permitir el acceso a la información y promover la inclusión en el ámbito político dirigido a la comunidad sorda.
“La iniciativa proponía en uno de los artículos de la Ley de Inclusión de Personas con Discapacidad, que el Congreso del Estado tuviera un intérprete. Se hizo todo un filtro para saber qué personas en San Luis Potosí estaban calificadas y eran competentes en la lengua de señas 
Majo consiguió quedarse como la intérprete de las sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes del poder legislativo. Pero también participa en las comisiones importantes para las personas con discapacidad, como la reciente consulta de la Ley de Personas con Discapacidad, donde las y los diputados estuvieron por las cuatro regiones del estado, y ella sirvió como intérprete para exponer las propuestas y necesidades de las personas sordas.
Ella como intérprete destacó que la participación ciudadana de este sector poblacional en la política, abre la posibilidad de que la comunidad sorda en San Luis Potosí, y en el resto de la república, gane estos espacios públicos. Además, la comunidad sorda siempre se ha interesado por que los intérpretes en cargos gubernamentales estén debidamente capacitados para realizar su labor, y se promueva la participación de las personas sordas en la vida política, como ocurrió en el caso de Víctor Hugo Zurita Ortíz, diputado local en el Congreso de Michoacán.
“Él es sordo, y es diputado local. Eso es lo que se pretende, que al tener a un puente de comunicación entre lo político y lo cotidiano, se permita en un futuro que los partidos políticos tengan una cuota para personas con discapacidad, y dentro de esa cuota pueda participar una persona sorda de la mano de su intérprete”.
Majo se dice feliz de ver hasta dónde ha llegado a través de la LSM, y la comunidad sorda ha reconocido su trabajo, tanto dentro como fuera del congreso estatal. A pesar de que ella confesó que inicialmente no le gustaba esta lengua, se dejó guiar por su espíritu de ayuda al prójimo, humanidad y servicio con otras personas, a través de colaborar con Juntos A.C., le abrió aún más campo en la interpretación laboral, mismos que son parte importante en el comienzo de su carrera, así como a Hermenéutica A.C., por la invitación para formar parte de su equipo y comenzar con su aprendizaje de interpretación en LSM.
“Al día de hoy, ser una intérprete reconocida a nivel estatal, me llena de mucha satisfacción. Al principio sí hubo un poco de frustración al no conocer ciertos conceptos o palabras, pero creo que es parte de la formación que cada uno tenemos. Hay que estar al pendiente de las capacitaciones y lo he hecho de la mano de grandes intérpretes profesionales y de la comunidad sorda. Me siento muy contenta de estar en el Congreso del Estado, de interpretar a algunos amigos en el ámbito médico, laboral, etcétera. Esta profesión es muy noble y linda porque te permite dedicarte a diferentes ámbitos, y al día de hoy soy una intérprete satisfecha con su trabajo y los vínculos de amistad que ha generado”
Finalmente, Majo Zavala invitó a la sociedad potosina a trabajar en inclusión y no solo en integración con las personas discapacitadas, en especial con las personas sordas de San Luis Potosí, a través de la empatía y esforzarse por explorar la Lengua de Señas Mexicana. Además de incentivar a quienes deseen formarse como intérpretes profesionales.
“Hay todavía un lado muy humano en la sociedad que trata de incluirlos, pero creo que sí nos falta mucho por hacer, y también de aprender de la cultura de las personas sordas. Conocer que son capaces de manejar, correr, bailar, desarrollar cualquier habilidad al igual que nosotros, y lo único que los limita es el acceso al sonido. Invitaría a las personas a tener esta empatía. Sabemos que es imposible que todo el mundo sea intérprete porque se dedican a otras cosas, pero que hagan el esfuerzo, aprendan lo básico para poder incluir a la comunidad sorda dentro de la sociedad potosina. Y a las personas que quieran formarse como intérpretes, la verdad es un mundo maravilloso y con muchas bondades en esta profesión”, finalizó.
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Se sabía, se avisó y nadie hizo nada: evaluación judicial, el camino para depurar la base trabajadora | Columna de Víctor Ezequiel
SERENDIPIA
Por: Víctor Ezequiel
X: @MrVictorHdz
Culto público, amanecimos con tremendo golpe al personal operativo del PJF. Este 5 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación un Acuerdo General que fue aprobado por unanimidad el 28 de octubre por el Pleno del Órgano de Administración Judicial. Su supuesto objeto es “regular la evaluación del desempeño del personal de carrera judicial del Poder Judicial de la Federación”.
Su justificación oficial es fortalecer la profesionalización, mejorar la impartición de justicia, identificar necesidades de capacitación y establecer parámetros objetivos para valorar el desempeño. Hasta ahí, nadie podría oponerse a que el servicio público sea evaluado. El problema comienza cuando revisamos cómo se hará y qué consecuencias puede tener.
¿A quiénes alcanza?
La evaluación comprende las categorías de: secretarios de tribunales y juzgados, proyectistas, asistentes de constancias y registro, secretarios instructores y de acuerdos de tribunales laborales, actuarios y oficiales judiciales, entre otros. Se excluye al personal adscrito a la Suprema Corte y al Tribunal Electoral. También puede evaluarse al personal que tenga al menos seis meses ininterrumpidos en el mismo órgano y categoría, independientemente de que cuente o no con nombramiento de base.
Esto último merece atención: no se trata únicamente de quienes tienen una plaza definitiva. El acuerdo alcanza a un universo amplio de personas que realizan funciones de carrera judicial.
¿Cómo se evaluará?
El modelo combina conocimientos y rendimiento. El 60% corresponde a habilidades y competencias: 40% mediante un examen y 20% por capacitación. El 40% restante se distribuye entre productividad (10%), calidad del trabajo conforme al perfil (5%), trabajo en equipo y clima organizacional (5%), ética (5%), servicio a la ciudadanía (5%) y comportamiento y ejercicio profesional (10%).
Para integrar los resultados se utilizarán exámenes, cuestionarios contestados por titulares o administradores, cuestionarios confidenciales aplicados a compañeros y reportes institucionales. También se tomarán en cuenta antecedentes disciplinarios, administrativos y laborales, así como informes desfavorables de revisiones técnicas, bajo las condiciones previstas en el acuerdo.
Aquí aparece una preocupación evidente: ¿cómo se evitará que las diferencias personales, los conflictos internos o las relaciones de poder dentro de cada órgano influyan en una evaluación que pretende ser objetiva? El documento ordena utilizar información verificable y establecer controles metodológicos contra posibles sesgos, pero una declaración normativa no garantiza, por sí sola, que estos no ocurran.
Las consecuencias no son menores.
Los resultados se clasifican en cinco niveles: sobresaliente, de 90 a 100 puntos; satisfactorio, de 80 a 89; regular, de 70 a 79; suficiente, de 60 a 69; e insuficiente, de 0 a 59.
Quienes obtengan resultados satisfactorios o sobresalientes recibirán una constancia de permanencia por dos años. Los niveles regular y suficiente tendrán una constancia por un año y deberán cumplir acciones de fortalecimiento. El resultado insuficiente se traduce en un estándar de desempeño no alcanzado y abre la posibilidad de un examen extraordinario o un recurso de revisión, según el origen de la calificación. Si el resultado queda firme, el asunto se remite al Pleno para los efectos previstos en la Ley de Carrera Judicial, incluida la posible separación en los supuestos legales.
El recurso de revisión debe interponerse en diez días hábiles y el Pleno cuenta con un plazo máximo de cuatro meses
¿Y qué sucede durante 2026?
El acuerdo establece expresamente que la evaluación de este año será diagnóstica: no contará como periodo ordinario ni producirá consecuencias individuales de permanencia o separación. Sin embargo, la participación será obligatoria y sus resultados servirán para diseñar programas de capacitación que también serán obligatorios y considerados en la primera evaluación ordinaria.
El calendario ya está definido: del 11 al 13 de noviembre se cargará información a la plataforma; el 17 y 18 se notificará y publicará el temario; del 4 al 15 de diciembre se aplicarán cuestionarios. Los exámenes serán el 4 de diciembre para secretarios, el 8 para actuarios y los días 14 y 15 para oficiales judiciales. De enero a marzo de 2027 se analizarán resultados y se elaborarán informes y acciones de fortalecimiento. La primera evaluación con consecuencias se realizará después de concluir la capacitación correspondiente.
La memoria de 2024 no puede borrarse.
Durante el paro nacional de trabajadores del PJF en 2024, una de las principales preocupaciones fue precisamente la posible afectación a los derechos laborales. En aquel momento, se sostuvo que la reforma buscaba combatir el nepotismo y la corrupción, particularmente respecto de las personas titulares, y que el personal no tendría por qué resultar perjudicado.
Hoy, con un nuevo “modelo de evaluación” que alcanza a oficiales, actuarios y secretarios, resulta difícil separar las piezas. Entre 2024 y 2026 se impulsaron numerosos concursos abiertos de oposición para integrar listas de personas habilitadas; ahora existe un universo amplio de aspirantes disponibles, mientras el personal que construyó su trayectoria dentro de la institución queda sujeto a un sistema que puede comprometer su permanencia.
La lectura política es inevitable: la reforma no solamente cambió quiénes ocupan los cargos de juzgadores; también está reconfigurando las condiciones bajo las cuales permanece el personal que sostiene la operación judicial. La evaluación puede convertirse en una herramienta de profesionalización, pero también en un mecanismo de depuración si sus criterios se aplican de manera sesgada o se utilizan para favorecer la sustitución de personal de carrera por perfiles alineados con el nuevo proyecto político. No es una preocupación que deba despacharse con el argumento de que todo se hace por eficiencia.
El acuerdo dice que la evaluación será objetiva, imparcial y diagnóstica. Ahora corresponde demostrarlo. La independencia judicial también se construye con trabajadores que puedan desempeñar sus funciones sin temor a perder su empleo por criterios discrecionales. La transformación del Poder Judicial no puede convertirse en una puerta para sustituir experiencia, antigüedad y carrera por obediencia institucional.
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El gobernador dijo que hay una gran sincronización con la Guardia Nacional para vigilar las carreteras desde el aire y recibir a los paisanos
Por: Redacción
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció que la vigilancia de las carreteras para recibir a los migrantes potosinos se hará este año también por vía aérea, en coordinación con la Guardia Nacional.
Gallardo dijo que habrá “una gran caravana de migrantes” y que los paisanos serán recibidos “en próximos días”. Aseguró que existe una gran sincronización con la Guardia Nacional para vigilar las carreteras desde el aire y poder recibirlos “con los brazos abiertos”.
La Caravana del Migrante Potosino de este año traerá de regreso a entre 5 mil y 7 mil paisanos desde Estados Unidos, de acuerdo con el Instituto de Migración y Enlace Internacional de San Luis Potosí. Será la última de la administración 2021-2027 y más de 36 alcaldes
El Gobierno del Estado informó que unos 2 mil vehículos participarán en la caravana, que entrará a México el 20 de diciembre por Matamoros, Tamaulipas, con el apoyo de unas 40 dependencias que darán atención médica, asesoría jurídica y auxilio vial. La llegada a San Luis Potosí está prevista entre el 18 y el 21 de diciembre.
El Instituto recomendó a quienes regresan por su cuenta que se unan a la caravana oficial para viajar acompañados y con menos riesgo, pues desde septiembre muchos paisanos llegan al estado por separado.
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Las noches de hotel en la capital bajaron 13% aunque la feria superó los 10 millones de visitas
Por: Ana G Silva
Los hoteles de la capital potosina ocuparon 53.96% de sus cuartos en agosto de 2026, el mes de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), frente a 61.16% en agosto de 2025. La caída fue de 7.2 puntos, de acuerdo con el Sistema Nacional de Información Estadística del Sector Turismo de México (DataTur), de la Secretaría de Turismo federal.
Los hoteles de la capital mantuvieron su oferta de 6,181 cuartos, pero en agosto vendieron 103,106 noches de habitación, 11.7% menos que un año antes. Llegaron a los hoteles 88,823 turistas, 8.9% menos que en agosto de 2025.
Antes de la feria, Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, titular de la Secretaría de Turismo del Estado, anticipó que los hoteles “se van a abarrotar” con la Fenapo. El gobernador Ricardo Gallardo Cardona afirmó que la derrama económica de esta edición “va a superar todo” lo registrado en 2025.
Más visitas a la feria, menos noches de hotel
Al cierre de la feria, en la que se incluyó el concierto gratuito de Katy Perry, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí reportó una ocupación hotelera de 80% en la capital. Esa cifra correspondió a los últimos días de la Fenapo; el promedio de todo agosto quedó 26 puntos
En septiembre, el gobierno estatal informó que la Fenapo rebasó los 10 millones de visitas en 24 días, más de tres millones por encima de su propia proyección.
Ese aumento no se reflejó en el hospedaje. Los turistas noche en hoteles de la capital, que suman las noches de cada huésped, bajaron de 191,979 en agosto de 2025 a 166,574 en agosto de 2026, una caída de 13.2%.
La Secretaría de Turismo del Estado reportó para todo el estado un incremento de poco más de 5% en la ocupación hotelera del verano, del 10 de julio al 30 de agosto. En la capital, julio y agosto juntos promediaron 55.3%, contra 60.6% en 2025.
El año también va abajo
De enero a septiembre de 2026, la ocupación promedio en la capital fue de 50.88%, contra 53.40% en el mismo periodo de 2025. Solo enero y mayo superaron el nivel del año anterior.
Septiembre, con 45.19%, fue el mes más bajo de 2026, siete puntos debajo de septiembre de 2025.
En nueve meses llegaron 694,483 turistas a los hoteles de la capital, 2.5% menos que un año antes. Los visitantes nacionales bajaron 7.9%, mientras los extranjeros subieron 71.6%, hasta 82,622, sin compensar la caída.
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