México
‘Lozoya imputó a Carlos Salinas y Felipe Calderón’: Riva Palacio
A Salinas se le acusa de su labor como cabildero de inversionistas extranjeros y a Calderon de que privilegió a empresas para el proyecto Etileno XXI
Por: Redacción
De acuerdo con la columna de Raymundo Riva Palacio, publicada hoy en El Financiero, Emilio Lozoya se convirtió en el instrumento útil del presidente Andrés Manuel López Obrador para llevar ante un juez a varios expresidentes de México. El primero en ser puesto ante el escrutinio público, que aún no es judicial, fue Enrique Peña Nieto, “y ahora se sabe que no fue el único”, ya que “el exdirector de Pemex, dentro de su acuerdo con el fiscal Alejandro Gertz Manero para poner a quien le diga el gobierno, a cambio de su libertad y su dinero”, también imputó a los expresidentes Carlos Salinas y Felipe Calderón.
Según Riva Palacio, las acusaciones están contenidas en la denuncia de hechos presentada por Lozoya, por lo cual Salinas y Calderón serán llamados a declarar ante un juez y responder los dichos de quien los incriminó. Las razones por las cuales los señala son, en el caso de Salinas, su labor como cabildero de inversionistas extranjeros en el sector energético durante el periodo en que Lozoya fue director de la empresa del Estado, y en el de Calderón, los supuestos privilegios que le dio a la empresa formada por la brasileña Braskem y la mexicana Idesa, para el Proyecto Etileno XXI.
“Ni Salinas ni Calderón figuraban en los señalamientos de Lozoya durante los tiempos en que vivió bajo la amenaza de la justicia en México, antes de irse a España, ni durante todo el periodo en el cual llevó su caso el abogado Javier Coello Trejo. Las imputaciones fueron realizadas luego de la negociación que encabezó su padre, Emilio Lozoya Thalman, directamente con Coello Trejo para pactar qué diría y contra quién iría 
Riva Palacio señaló que Salinas ha estado en la mira de López Obrador por muchos años, “pero la ira se revigorizó tras la forma como el expresidente operó la distribución y difusión de los videos donde su secretario particular, cuando era el jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, René Bejarano, aparece recibiendo dinero del empresario argentino naturalizado mexicano, Carlos Ahumada, y colocando ligas a 250 mil pesos, y metiéndolos a una bolsa de papel“. Videos similares aparecieron de Carlos Imaz, en ese entonces esposo de Claudia Sheinbaum, que era miembro del gabinete de López Obrador, y a quien el ho y presidente está llevando a la candidatura presidencial en 2024.
“Aunque es reconocido que López Obrador es un político vengativo, la imputación a Salinas es sorprendente. Lozoya Thalman y Salinas son –o eran– amigos desde la universidad, y fueron parte del mismo proyecto político. Más aún, cuando en el gobierno de Enrique Peña Nieto se inició un proceso en contra de Lozoya por presuntos actos de corrupción, su padre pidió a Salinas que intercediera ante Peña Nieto. Desde entonces Lozoya Thalman aseguraba que su hijo tenía, como prueba de su inocencia: muchos videos”.
El columnista añadió que Salinas, en efecto, fue cabildero de inversionistas extranjeros durante el sexenio de Peña Nieto, pero el entonces presidente frenó sus gestiones cuando supo que Salinas hablaba directamente con secretarios de Estado o altos funcionarios para concretar negocios, habló con él y le pidió que en el futuro, cualquier cosa que quisiera, lo tratara directamente con él. “No le fue bien a Salinas, ni lo que esperaba con Peña Nieto, a quien promovió para que ganara la candidatura presidencial”. Refirió que el exdirector de Pemex por su parte, cuando los hijos de Salinas, involucrados en negocios distintos al padre fueron a verlo a Pemex, los maltrató y de acuerdo con personas que supieron de esas reuniones, “los ninguneó”. Se desconocen las razones por las cuales Lozoya se comportó de esa manera con quien lo conoció de niño y con cuyo padre mantuvo una relación de décadas.
En su columna mencionó que con Calderón no tuvo nunca la relación que tuvo él y su familia con Salinas, “pero es el expresidente sobre el cual López Obrador quiere actuar con mayor rigor”. En la denuncia se está tratando de presentar como algo ilegal e ilegítimo que Calderón hubiera pedido a su entonces jefa de Oficina, Patricia Flores, que armara una mesa de seguimiento en Los Pinos sobre el Proyecto Etileno XXI, para que avanzara, aunque esas mesas eran parte de un método de gobierno, no sólo de Calderón ni exclusivo de México, para que los proyectos prioritarios del gobierno no se detuvieran.
El Proyecto Etileno XXI fue impulsado por Calderón cuando fue secretario de Energía durante el gobierno de Vicente Fox, aunque la idea original como una forma de revitalizar el sector petroquímico en el país, fue del entonces director de Pemex, Raúl Muñoz Leos, que lo llamó ‘Proyecto Fénix’. Calderón ha defendido recientemente el valor y la utilidad del Proyecto Etileno XXI.
Funcionarios federales dijeron que la principal acusación es que Calderón autorizó un precio por abajo del mercado para sus insumos, que consideran las autoridades como un subsidio ilegal. Braskem-Idesa lo ha negado y asegura que el precio del gas lo establecía una fórmula que Pemex había utilizado en contratos anteriores por más de tres lustros. Lozoya nunca interrumpió la relación fluida como director de Pemex, pero José Antonio González Anaya, que lo sustituyó, suspendió todos los tratos con la empresa por sospecha de irregularidades.
“Como en el caso de Salinas, donde Lozoya tendrá que probar que se le dieron contratos al expresidente que se puede conjeturar que provocaron un daño al erario, tendrá que hacer lo mismo con Calderón, y demostrar que hubo una ilegalidad que en su momento él no resolvió. Pero esta omisión de Lozoya no es relevante. Lo que importa para el gobierno es llevar ante el juez a Calderón, que le ganó la Presidencia a López Obrador en 2006 por menos de 250 mil votos, y que nunca pudo probar que le cometieron fraude”, finalizó.
Con información de El Financiero.
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El documento propone la consolidación de un modelo nacional para absorber diferencias de organismos locales y la reordenación del financiamiento a partidos
Por: Roberto Mendoza
El entInstituto Nacional Electoral (INE) regó a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral el documento Propuesta de Mejora en Materia Electoral, en el cual establece una postura técnica sobre la integración del Poder Legislativo y la vigencia de los legisladores de representación proporcional. El organismo señala en el eje de representación del pueblo que “se recomienda preservar y mejorar el modelo de elección de personas legisladoras por el principio de representación proporcional”, bajo el argumento de que este sistema garantiza el pluralismo político. El texto identifica que en los procesos recientes se ha presentado una “creciente distorsión en la integración de la Cámara de Diputados, producto de estrategias de coalición que permiten a ciertos partidos exceder el límite constitucional”, por lo que propone ajustes para que el tope de ocho puntos porcentuales de sobrerrepresentación sea aplicado de manera efectiva a los grupos coaligados.
Sobre las autoridades administrativas, el organismo plantea la “consolidación de un modelo nacional que especifique competencias, homologue estándares operativos y refuerce la capacidad del Instituto”, sin proponer la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), sino la absorción de sus diferencias estructurales. La propuesta busca resolver las disparidades operativas entre las entidades federativas mediante una regulación que “asegure la calidad de las elecciones locales” a través de una autoridad nacional única que elimine la duplicidad de tareas y centralice la ejecución presupuestal. El documento reconoce que la estructura actual requiere una actualización para que las funciones locales se ejecuten bajo criterios técnicos uniformes dictados por la instancia federal.
Respecto al sistema de partidos, el Instituto sugiere una “actualización de los mecanismos de fiscalización por parte del Instituto a los partidos, que permita asegurar la transparencia, la equidad en la contienda y la correcta utilización de los recursos públicos y privados”. El documento técnico propone la reordenación del financiamiento mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial para el procesamiento de datos y la fiscalización de la propaganda digital. Como medida de eficiencia administrativa, el Instituto recomienda “reconsiderar o eliminar la figura de las Agrupaciones Políticas Nacionales“.
En el eje relativo a la organización de procesos electorales judiciales, el INE incorpora su experiencia derivada del “Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025” para proponer bases institucionales sólidas en esta materia. El documento señala que la organización de estos comicios ha evidenciado retos estructurales que exigen una “profunda actualización, coherente y con visión de futuro” del sistema electoral. La propuesta busca que la elección de juzgadores cuente con las mismas garantías de integridad y certeza que las elecciones constitucionales ordinarias.
El documento se organiza en torno a ejes como libertades políticas, representación del pueblo, sistema de partidos, fiscalización, efectividad del sufragio, modelo de comunicación, justicia electoral y mecanismos de democracia participativa. Las propuestas buscan “reforzar la coherencia interna del marco normativo, reducir tensiones interpretativas y fortalecer la tutela de los derechos político-electorales”. Durante la entrega del texto, el titular de la Comisión Presidencial, Pablo Gómez, afirmó que “un órgano administrativo, como el INE, no puede ser autónomo, pero debe tener independencia en sus resoluciones”. Por su parte, el consejero Arturo Castillo respondió que “el país requiere elecciones confiables, para ello se necesitan recursos y autonomía”.
El sistema de vinculación de líneas telefónicas permite el alta de servicios con datos de funcionarios públicos como Noroña, sin verificar su titularidad física
Por: Roberto Mendoza
La vinculación obligatoria de líneas de telefonía móvil con la Clave Única de Registro de Población (CURP) e identificación oficial inició el 9 de enero de 2026 en cumplimiento con la Ley General del Sistema de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia.
El proceso, administrado por la Agencia de Transformación Digital (ATDT) y supervisado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), establece un plazo de 120 días naturales que concluye el 29 de junio de 2026 para que los usuarios de prepago y pospago realicen el registro biométrico. La medida obliga a los concesionarios a recolectar datos de identidad para integrar la Plataforma Única de Identidad (PUI) con el objetivo declarado de reducir delitos como la extorsión telefónica.
Diversos reportes documentan fallas técnicas en la plataforma que han permitido el registro de múltiples líneas telefónicas utilizando los datos de personajes como Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum y Gerardo Fernández Noroña. Especialistas en ciberseguridad señalan que la infraestructura de “prueba de vida” carece de validación en tiempo real, lo que facilita la suplantación de identidad mediante el uso de imágenes de identificaciones oficiales obtenidas de fuentes externas.
Además, operadores de telefonía como Telcel, AT&T y Movistar informaron que cada proceso de validación genera un costo operativo de 3.45 pesos más IVA, lo que representa una inversión global proyectada de 4 mil 53 millones de pesos para la industria. Las empresas han solicitado a la CRT una prórroga al plazo establecido ante la posibilidad de que estos costos impacten en las tarifas finales al consumidor o resulten en la cancelación del servicio para 150 millones de líneas.
Por su parte, la autoridad federal sostiene que el registro es indispensable para las labores de inteligencia y que los mecanismos de seguridad de la plataforma se ajustarán para corregir las inconsistencias detectadas en la fase inicial de implementación.
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Mediante una llamada ambos mandatarios sostuvieron un acuerdo, participaron además Juan Ramón de la Fuente y Omar García Harfuch
Por: Roberto Mendoza
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo una llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a las 08:00 horas de este lunes para establecer una agenda de trabajo conjunta. “Hablamos de seguridad con respeto a nuestras soberanías, disminución del tráfico de drogas, comercio e inversiones“, informó la mandataria a través de sus redes sociales tras concluir la llamada desde Palacio Nacional.
El enlace, que motivó el retraso de la conferencia matutina “La Mañanera del Pueblo”, se centró en definir los mecanismos de interlocución directa entre ambos gobiernos, la presidenta aseguró que por ejemplo el tráfico de fentanilo ha disminuido en un 50% y las muertes por este tráfico se han disminuido en más del 40%, también tiene como contexto la próxima revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Los alcances de la conversación presidencial incluyeron la ratificación de cuatro ejes estratégicos que coordinarán las dependencias de seguridad y economía de ambas naciones. En materia operativa, se planteó el fortalecimiento de la vigilancia en puntos fronterizos para el control de precursores químicos y el flujo de armas, bajo un esquema de responsabilidad compartida que busca evitar acciones unilaterales. El diálogo abordó la continuidad de las inversiones extranjeras en territorio mexicano y la estabilidad de las cadenas de suministro, en un contexto donde el gobierno de Donald Trump ha señalado la necesidad de obtener “resultados tangibles”
Esta comunicación directa fue precedida por una llamada técnica ocurrida ayer domingo 11 de enero entre el canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Estado, Marco Rubio. En dicho contacto, los funcionarios revisaron los lineamientos del “Programa de Cooperación de Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley”, donde la parte estadounidense enfatizó el combate a lo que califica como “redes narcoterroristas”. El gobierno mexicano condicionó la operatividad de estos programas al principio de colaboración sin subordinación y al respeto a la integridad territorial. El contacto de este lunes deja la ejecución técnica en manos de mesas de trabajo bilaterales que sesionarán de manera permanente a partir de esta semana.
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