diciembre 5, 2025

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México

‘Lozoya imputó a Carlos Salinas y Felipe Calderón’: Riva Palacio

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A Salinas se le acusa de su labor como cabildero de inversionistas extranjeros y a Calderon de que privilegió a empresas para el proyecto Etileno XXI

Por: Redacción

De acuerdo con la columna de Raymundo Riva Palacio, publicada hoy en El FinancieroEmilio Lozoya se convirtió en el instrumento útil del presidente Andrés Manuel López Obrador para llevar ante un juez a varios expresidentes de México. El primero en ser puesto ante el escrutinio público, que aún no es judicial, fue Enrique Peña Nieto, “y ahora se sabe que no fue el único”, ya que “el exdirector de Pemex, dentro de su acuerdo con el fiscal Alejandro Gertz Manero para poner a quien le diga el gobierno, a cambio de su libertad y su dinero”, también imputó a los expresidentes Carlos Salinas y Felipe Calderón.

Según Riva Palacio, las acusaciones están contenidas en la denuncia de hechos presentada por Lozoya, por lo cual Salinas y Calderón serán llamados a declarar ante un juez y responder los dichos de quien los incriminó. Las razones por las cuales los señala son, en el caso de Salinas, su labor como cabildero de inversionistas extranjeros en el sector energético durante el periodo en que Lozoya fue director de la empresa del Estado, y en el de Calderón, los supuestos privilegios que le dio a la empresa formada por la brasileña Braskem y la mexicana Idesa, para el Proyecto Etileno XXI.

“Ni Salinas ni Calderón figuraban en los señalamientos de Lozoya durante los tiempos en que vivió bajo la amenaza de la justicia en México, antes de irse a España, ni durante todo el periodo en el cual llevó su caso el abogado Javier Coello Trejo. Las imputaciones fueron realizadas luego de la negociación que encabezó su padre, Emilio Lozoya Thalman, directamente con Coello Trejo para pactar qué diría y contra quién iría

. Las pruebas que dijo tener para soportar sus dichos, las deberá presentar formalmente durante el juicio”.

Riva Palacio señaló que Salinas ha estado en la mira de López Obrador por muchos años, “pero la ira se revigorizó tras la forma como el expresidente operó la distribución y difusión de los videos donde su secretario particular, cuando era el jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, René Bejarano, aparece recibiendo dinero del empresario argentino naturalizado mexicano, Carlos Ahumada, y colocando ligas a 250 mil pesos, y metiéndolos a una bolsa de papel“. Videos similares aparecieron de Carlos Imaz, en ese entonces esposo de Claudia Sheinbaum, que era miembro del gabinete de López Obrador, y a quien el ho y presidente está llevando a la candidatura presidencial en 2024.

“Aunque es reconocido que López Obrador es un político vengativo, la imputación a Salinas es sorprendente. Lozoya Thalman y Salinas son –o eran– amigos desde la universidad, y fueron parte del mismo proyecto político. Más aún, cuando en el gobierno de Enrique Peña Nieto se inició un proceso en contra de Lozoya por presuntos actos de corrupción, su padre pidió a Salinas que intercediera ante Peña Nieto. Desde entonces Lozoya Thalman aseguraba que su hijo tenía, como prueba de su inocencia: muchos videos”.

El columnista añadió que Salinas, en efecto, fue cabildero de inversionistas extranjeros durante el sexenio de Peña Nieto, pero el entonces presidente frenó sus gestiones cuando supo que Salinas hablaba directamente con secretarios de Estado o altos funcionarios para concretar negocios, habló con él y le pidió que en el futuro, cualquier cosa que quisiera, lo tratara directamente con él. “No le fue bien a Salinas, ni lo que esperaba con Peña Nieto, a quien promovió para que ganara la candidatura presidencial”. Refirió que el exdirector de Pemex por su parte, cuando los hijos de Salinas, involucrados en negocios distintos al padre fueron a verlo a Pemex, los maltrató y de acuerdo con personas que supieron de esas reuniones, “los ninguneó”. Se desconocen las razones por las cuales Lozoya se comportó de esa manera con quien lo conoció de niño y con cuyo padre mantuvo una relación de décadas.

En su columna mencionó que con Calderón no tuvo nunca la relación que tuvo él y su familia con Salinas, “pero es el expresidente sobre el cual López Obrador quiere actuar con mayor rigor”. En la denuncia se está tratando de presentar como algo ilegal e ilegítimo que Calderón hubiera pedido a su entonces jefa de Oficina, Patricia Flores, que armara una mesa de seguimiento en Los Pinos sobre el Proyecto Etileno XXI, para que avanzara, aunque esas mesas eran parte de un método de gobierno, no sólo de Calderón ni exclusivo de México, para que los proyectos prioritarios del gobierno no se detuvieran.

El Proyecto Etileno XXI fue impulsado por Calderón cuando fue secretario de Energía durante el gobierno de Vicente Fox, aunque la idea original como una forma de revitalizar el sector petroquímico en el país, fue del entonces director de Pemex, Raúl Muñoz Leos, que lo llamó ‘Proyecto Fénix’. Calderón ha defendido recientemente el valor y la utilidad del Proyecto Etileno XXI.

Funcionarios federales dijeron que la principal acusación es que Calderón autorizó un precio por abajo del mercado para sus insumos, que consideran las autoridades como un subsidio ilegal. Braskem-Idesa lo ha negado y asegura que el precio del gas lo establecía una fórmula que Pemex había utilizado en contratos anteriores por más de tres lustros. Lozoya nunca interrumpió la relación fluida como director de Pemex, pero José Antonio González Anaya, que lo sustituyó, suspendió todos los tratos con la empresa por sospecha de irregularidades.

“Como en el caso de Salinas, donde Lozoya tendrá que probar que se le dieron contratos al expresidente que se puede conjeturar que provocaron un daño al erario, tendrá que hacer lo mismo con Calderón, y demostrar que hubo una ilegalidad que en su momento él no resolvió. Pero esta omisión de Lozoya no es relevante. Lo que importa para el gobierno es llevar ante el juez a Calderón, que le ganó la Presidencia a López Obrador en 2006 por menos de 250 mil votos, y que nunca pudo probar que le cometieron fraude”, finalizó.

Con información de El Financiero.

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México

Explica la senadora Verónica Rodríguez el voto del PAN en la elección de la fiscal

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Según el procedimiento parlamentario validado por Servicios Parlamentarios, en elección por cédula no existen votos en contra, solo nulos

 

 

​Por: Roberto Mendoza

 

​Durante la sesión del Senado de la República celebrada para la elección de la nueva titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy Ramos, la votación emitida por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) fue contabilizada oficialmente como “votos nulos”, hecho que generó interpretaciones divergentes en la opinión pública. Mientras el oficialismo logró la mayoría calificada necesaria para la designación, la bancada panista marcó sus cédulas (papeletas) sin seleccionar a ninguna de las integrantes de la terna propuesta por el Ejecutivo, lo que técnicamente derivó en la anulación del sufragio bajo el reglamento actual.

​En entrevista exclusiva para La Orquesta, la senadora por San Luis Potosí, Verónica Rodríguez Hernández, aclaró que la acción representó un rechazo total a la terna. Para validar este procedimiento, la legisladora citó la intervención del Dr. Arturo Garita Alonso, Secretario General de Servicios Parlamentarios del Senado, funcionario con más de dos décadas de experiencia y autoridad técnica en el recinto legislativo. Según explicó Rodríguez, fue Garita quien precisó a la Mesa Directiva que, en el formato de votación por cédula para nombramientos, no existe la figura de “voto en contra”; el sistema solo reconoce votos a favor de una candidata específica o votos nulos.

​Por su parte, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, sostuvo que la postura institucional de su partido fue el rechazo absoluto a los perfiles presentados, desestimando las críticas sobre una supuesta falta de definición. En este contexto, la senadora Rodríguez advirtió que la controversia sobre la nulidad de los votos está siendo utilizada políticamente por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). De acuerdo con la legisladora, sus exaliados están impulsando una narrativa mediática para señalar al PAN de no haberse opuesto firmemente, estrategia que atribuyó al distanciamiento entre ambas fuerzas políticas respecto a sus alianzas electorales y legislativas.

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México

​Senado aprueba en fast track la nueva Ley General de Aguas

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​”Es una expropiación disfrazada y vamos a exhibir a los senadores de Morena que acaparan agua”, advirtió la senadora Verónica Rodríguez

Por: Roberto Mendoza

El​ pleno del Senado de la República aprobó la noche de este jueves la expedición de la Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, imponiendo la mayoría oficialista su criterio legislativo. La​ votación en lo particular quedó definida con 82 votos a favor, 34 en contra y ninguna abstención, cerrando un proceso que contrastó notablemente con la colegisladora; mientras que en la Cámara de Diputados el debate se extendió por más de 25 horas, en la Cámara Alta la sesión inició a las 16:00 horas y concluyó cerca de la medianoche, desahogando el trámite en apenas ocho horas.

​En entrevista exclusiva para La Orquesta, la senadora panista por San Luis Potosí, Verónica Rodríguez Hernández, calificó la reforma como una “expropiación disfrazada” y denunció un conflicto de interés dentro de la bancada mayoritaria. Rodríguez acusó directamente al senador Jorge Carlos Ramírez Marín de acaparar más de un millón de metros cúbicos de agua, asegurando que la nueva normativa no tocará a los aliados del poder, y adelantó que exhibirá públicamente a quienes votaron a favor teniendo intereses hídricos. En mensaje al sector agropecuario del estado, la legisladora fue contundente: “A los agricultores y ganaderos de San Luis Potosí les digo que no están solos, esto es un engaño para controlarlos políticamente y vamos a dar la batalla”.

​El documento remitido al Ejecutivo Federal define el contenido del derecho humano al agua y garantiza su acceso equitativo, uso sust entable y saneamiento en concordancia con la Constitución y los tratados internacionales. Además de establecer la interdependencia con otros derechos humanos,

la legislación incorpora bases para garantizar perspectivas de género, discapacidad, interculturalidad y etaria, con el objetivo de fomentar condiciones de equidad real en la gestión y gobernanza del agua en los tres niveles de gobierno.

​Durante la discusión en lo particular, senadores de Morena, PAN, PRI, PVEM y Movimiento Ciudadano presentaron diversas reservas que fueron rechazadas en su totalidad por el Pleno, aprobándose los artículos en sus términos. Destacó la propuesta de modificación al 44 presentada por la senadora priista Claudia Edith Anaya Mota, la cual fue desechada en el tablero electrónico con 69 votos en contra.

Destaca que el presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López Hernández, determinó no recibir a grupos de productores ni líderes agrícolas, argumentando que sus inquietudes ya habían sido atendidas previamente en su colegisladora, el Senado ratificó los acuerdos alcanzados desde la Cámara de Diputados, confirmando, según la mayoría oficial, que la legislación final incluye las demandas exigidas por agricultores y ganaderos para blindar el uso, legado y sustento del agua, mismas que quedaron plasmadas en el decreto enviado al Ejecutivo.

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México

Avalan diputados Ley General de Aguas; blindan herencia de derechos y criminalizan corrupción hídrica

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 ​”El agua sí va pegada a la tierra”, confirma en exclusiva el diputado Oscar Bautista tras negociación política que destrabó parte del conflicto.

​Por Roberto Mendoza

​Tras una extenuante jornada de más de 25 horas ininterrumpidas, calificada como difícil y por momentos ríspida, la Cámara de Diputados aprobó este jueves la expedición de la nueva Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales. La sesión, que inició el miércoles 3 de diciembre a las 13:45 horas y concluyó hoy jueves 4 a las 14:10, culminó con una votación en lo particular de 324 votos a favor, 118 en contra y 2 abstenciones, validando un nuevo marco jurídico que elimina el mercado de concesiones entre particulares pero mantiene la certeza jurídica para el sector agropecuario tras intensas negociaciones de última hora.

​En entrevista exclusiva para La Orquesta, el diputado federal potosino Oscar Bautista Villegas, quien fungió como enlace clave entre los productores movilizados y la Junta de Coordinación Política, detalló los acuerdos alcanzados para destrabar el conflicto social y evitar la confrontación. Bautista reveló que gestionó directamente con los líderes parlamentarios Pedro Haces y Reginaldo Sandoval y su coordinador del partido verde, varias mesas de diálogo que permitieron blindar el patrimonio campesino, y leyó textualmente el artículo 49 que consagra el binomio agua-tierra: “En la transmisión de la propiedad de terrenos para uso agrícola, pecuario o forestal, se transmitirá conjuntamente el título de concesión de las aguas nacionales que ampare el volumen necesario para el riego de la superficie de que se trate”, confirmando que el derecho al agua no podrá ser separado de la propiedad de la tierra.

​Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la mayoría parlamentaria, presentó una reserva firmada por los líderes de la coalición oficialista para desmentir lo que calificó como “mitos” sobre la expropiación de pozos y la prohibición de heredar. Las modificaciones aprobadas al dictamen original rectificaron el artículo 22 para garantizar que los derechos sucesorios y las transmisiones por herencia sean respetados mediante un trámite administrativo expedito; asimismo, se endureció drásticamente el castigo a la corrupción burocrática, elevando de 8 a 14 años la pena de prisión para los servidores públicos que soliciten dádivas a cambio de agilizar trámites o registrar títulos de concesión irregulares.

​El nuevo ordenamiento jurídico también contempla un programa de transición para regularizar cerca de 40 mil pozos en zonas de libre alumbramiento, otorgándoles título de concesión en lugar de clausurarlos, y tipifica por primera vez como delito penal el “huachicoleo” de agua con sanciones de cárcel, aunque exenta de castigo penal el desvío de cauces cuando sea estrictamente para autoconsumo doméstico o abrevadero de ganado, protegiendo así a la economía de subsistencia.

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