México
‘Lozoya imputó a Carlos Salinas y Felipe Calderón’: Riva Palacio
A Salinas se le acusa de su labor como cabildero de inversionistas extranjeros y a Calderon de que privilegió a empresas para el proyecto Etileno XXI
Por: Redacción
De acuerdo con la columna de Raymundo Riva Palacio, publicada hoy en El Financiero, Emilio Lozoya se convirtió en el instrumento útil del presidente Andrés Manuel López Obrador para llevar ante un juez a varios expresidentes de México. El primero en ser puesto ante el escrutinio público, que aún no es judicial, fue Enrique Peña Nieto, “y ahora se sabe que no fue el único”, ya que “el exdirector de Pemex, dentro de su acuerdo con el fiscal Alejandro Gertz Manero para poner a quien le diga el gobierno, a cambio de su libertad y su dinero”, también imputó a los expresidentes Carlos Salinas y Felipe Calderón.
Según Riva Palacio, las acusaciones están contenidas en la denuncia de hechos presentada por Lozoya, por lo cual Salinas y Calderón serán llamados a declarar ante un juez y responder los dichos de quien los incriminó. Las razones por las cuales los señala son, en el caso de Salinas, su labor como cabildero de inversionistas extranjeros en el sector energético durante el periodo en que Lozoya fue director de la empresa del Estado, y en el de Calderón, los supuestos privilegios que le dio a la empresa formada por la brasileña Braskem y la mexicana Idesa, para el Proyecto Etileno XXI.
“Ni Salinas ni Calderón figuraban en los señalamientos de Lozoya durante los tiempos en que vivió bajo la amenaza de la justicia en México, antes de irse a España, ni durante todo el periodo en el cual llevó su caso el abogado Javier Coello Trejo. Las imputaciones fueron realizadas luego de la negociación que encabezó su padre, Emilio Lozoya Thalman, directamente con Coello Trejo para pactar qué diría y contra quién iría 
Riva Palacio señaló que Salinas ha estado en la mira de López Obrador por muchos años, “pero la ira se revigorizó tras la forma como el expresidente operó la distribución y difusión de los videos donde su secretario particular, cuando era el jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, René Bejarano, aparece recibiendo dinero del empresario argentino naturalizado mexicano, Carlos Ahumada, y colocando ligas a 250 mil pesos, y metiéndolos a una bolsa de papel“. Videos similares aparecieron de Carlos Imaz, en ese entonces esposo de Claudia Sheinbaum, que era miembro del gabinete de López Obrador, y a quien el ho y presidente está llevando a la candidatura presidencial en 2024.
“Aunque es reconocido que López Obrador es un político vengativo, la imputación a Salinas es sorprendente. Lozoya Thalman y Salinas son –o eran– amigos desde la universidad, y fueron parte del mismo proyecto político. Más aún, cuando en el gobierno de Enrique Peña Nieto se inició un proceso en contra de Lozoya por presuntos actos de corrupción, su padre pidió a Salinas que intercediera ante Peña Nieto. Desde entonces Lozoya Thalman aseguraba que su hijo tenía, como prueba de su inocencia: muchos videos”.
El columnista añadió que Salinas, en efecto, fue cabildero de inversionistas extranjeros durante el sexenio de Peña Nieto, pero el entonces presidente frenó sus gestiones cuando supo que Salinas hablaba directamente con secretarios de Estado o altos funcionarios para concretar negocios, habló con él y le pidió que en el futuro, cualquier cosa que quisiera, lo tratara directamente con él. “No le fue bien a Salinas, ni lo que esperaba con Peña Nieto, a quien promovió para que ganara la candidatura presidencial”. Refirió que el exdirector de Pemex por su parte, cuando los hijos de Salinas, involucrados en negocios distintos al padre fueron a verlo a Pemex, los maltrató y de acuerdo con personas que supieron de esas reuniones, “los ninguneó”. Se desconocen las razones por las cuales Lozoya se comportó de esa manera con quien lo conoció de niño y con cuyo padre mantuvo una relación de décadas.
En su columna mencionó que con Calderón no tuvo nunca la relación que tuvo él y su familia con Salinas, “pero es el expresidente sobre el cual López Obrador quiere actuar con mayor rigor”. En la denuncia se está tratando de presentar como algo ilegal e ilegítimo que Calderón hubiera pedido a su entonces jefa de Oficina, Patricia Flores, que armara una mesa de seguimiento en Los Pinos sobre el Proyecto Etileno XXI, para que avanzara, aunque esas mesas eran parte de un método de gobierno, no sólo de Calderón ni exclusivo de México, para que los proyectos prioritarios del gobierno no se detuvieran.
El Proyecto Etileno XXI fue impulsado por Calderón cuando fue secretario de Energía durante el gobierno de Vicente Fox, aunque la idea original como una forma de revitalizar el sector petroquímico en el país, fue del entonces director de Pemex, Raúl Muñoz Leos, que lo llamó ‘Proyecto Fénix’. Calderón ha defendido recientemente el valor y la utilidad del Proyecto Etileno XXI.
Funcionarios federales dijeron que la principal acusación es que Calderón autorizó un precio por abajo del mercado para sus insumos, que consideran las autoridades como un subsidio ilegal. Braskem-Idesa lo ha negado y asegura que el precio del gas lo establecía una fórmula que Pemex había utilizado en contratos anteriores por más de tres lustros. Lozoya nunca interrumpió la relación fluida como director de Pemex, pero José Antonio González Anaya, que lo sustituyó, suspendió todos los tratos con la empresa por sospecha de irregularidades.
“Como en el caso de Salinas, donde Lozoya tendrá que probar que se le dieron contratos al expresidente que se puede conjeturar que provocaron un daño al erario, tendrá que hacer lo mismo con Calderón, y demostrar que hubo una ilegalidad que en su momento él no resolvió. Pero esta omisión de Lozoya no es relevante. Lo que importa para el gobierno es llevar ante el juez a Calderón, que le ganó la Presidencia a López Obrador en 2006 por menos de 250 mil votos, y que nunca pudo probar que le cometieron fraude”, finalizó.
Con información de El Financiero.
También lee: Calderón y Peña tendrán que declarar por acusaciones de Lozoya
Sheinbaum reveló que la orden ejecutiva que firmó el mandatario estadounidense sobre la emergencia nacional en la frontera sur
Por: Redacción
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que, como Jefa del Ejecutivo Federal, siempre defenderá al pueblo, a la soberanía y a la independencia de México, además de que apoyará y protegerá a los connacionales que viven en Estados Unidos.
En ese sentido, la jefa del Ejecutivo Federal reveló que la orden ejecutiva que firmó el mandatario estadounidense sobre la emergencia nacional en la frontera sur es prácticamente el mismo decreto que firmó en 2019, durante su primer periodo presidencial.
“Eso es importante que se conozca, ya hubo un marco de actuación, una cooperación entre el gobierno de Estados Unidos y México, en aquel entonces del presidente Trump y del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, no es algo novedoso, sino que ya existía. Este decreto, cuando entra el presidente Biden lo quita. ¿Y qué hace ahora el presidente Trump? Lo reinstala, esencialmente. Incluso, eso dice en el último párrafo el decreto”, explicó.
Respecto a la declaración de los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP por sus siglas en inglés), que en Estados Unidos se conoce como la política “Quédate en México”, la Presidenta puntualizó que es una medida instaurada en 2018, durante el primer mandato de Donald Trump, y el cual esencialmente establece que las personas que solicitan asilo a EU no pueden permanecer en su territorio durante el proceso, ante esto, la Presidenta aseveró que el Gobierno de México construyó una política migratoria humanitaria.
Anaya señaló que los municipios fronterizos, como Tijuana, están sobrecargados y carecen de recursos para atender a los deportados
Por Roberto Mendoza
En el marco de las discusiones de la Comisión Permanente del Congreso mexicano, el senador Ricardo Anaya, del Partido Acción Nacional (PAN), advirtió en entrevista sobre una posible crisis migratoria de “dimensiones insospechadas” derivada de las políticas migratorias del gobierno estadounidense.
Anaya subrayó la necesidad de que México se prepare con inteligencia y estrategia para afrontar este desafío, que podría afectar gravemente a estados como San Luis Potosí y las zonas fronterizas del país.
El senador fue enfático al señalar que el gobierno mexicano debe tomarse en serio las amenazas del presidente de Estados Unidos, quien ha planteado redadas masivas y deportaciones de migrantes, muchas de ellas dirigidas a familias que llevan años viviendo en el vecino del norte. “No es solo un asunto de números”, explicó Anaya, destacando que estas políticas no solo afectarán a quienes han cruzado recientemente la frontera, sino a familias establecidas desde hace décadas, cuyos hijos ni siquiera hablan español. “Deportar a la mitad de una familia que lleva 20 años viviendo en Chicago podría desencadenar una crisis humanitaria sin precedentes”, alertó.
Ana ya también señaló que los municipios fronterizos, como Tijuana, están sobrecargados y carecen de recursos para atender a los deportados, quienes llegan sin un lugar donde dormir ni un plan de acción. Criticó la respuesta federal, calificando de insuficiente la propuesta de ofrecer una tarjeta con 100 dólares a los deportados. “Eso es lo que un migrante gana en un día en Estados Unidos.
El senador propuso un enfoque más amplio y estructurado para abordar el problema, sugiriendo un tratado bilateral en materia de seguridad y un programa de visas de trabajo temporal que beneficie a ambas naciones. Anaya destacó que los problemas de migración, seguridad y crimen organizado están estrechamente relacionados, y pidió dejar de lado la retórica nacionalista y adoptar estrategias audaces. “No hay manera de que Estados Unidos lo resuelva por su cuenta ni de que nosotros lo hagamos solos. Esto debe verse como una oportunidad para plantear ideas inteligentes y conjuntas”, comentó.
La situación migratoria, según Anaya, no solo es un problema humanitario, sino también una amenaza para la estabilidad de regiones completas dentro del país. Subrayó la importancia de prever las consecuencias de estas políticas y adelantarse a los efectos que podrían tener sobre las comunidades más vulnerables. “Más vale tener un plan de acción ahora que lamentar después. Hay que creerles las amenazas a los populistas, porque muchas veces las cumplen”, concluyó.
La advertencia del senador resalta la urgencia de un enfoque más integral y estratégico para manejar la crisis migratoria, un problema que no solo afecta a los migrantes, sino que pone en jaque la capacidad de respuesta de México ante las decisiones de su vecino del norte.
Respecto al programa “Quédate en México”, Castañeda expresó dudas sobre la existencia de un acuerdo formal entre ambos países
Por: Roberto Mendoza
Jorge Castañeda, exsecretario de Relaciones Exteriores de México y actual catedrático en la Universidad de Nueva York, compartió en entrevista sus perspectivas sobre la relación entre México y Estados Unidos, especialmente en el contexto de las políticas migratorias implementadas por la administración de Donald Trump.
Castañeda señaló que, según informes del New York Times, durante el periodo de transición previo al 20 de enero, los funcionarios estadounidenses evitaron entablar diálogos sustanciales con sus contrapartes mexicanas, argumentando que aún no habían asumido formalmente sus cargos. Esta postura dejó al gobierno mexicano en una posición de espera, sin la capacidad de influir en las decisiones que se estaban gestando en Washington.
Entre las medidas anunciadas por la administración Trump, destacó la designación de ciertos cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Sin embargo, minimizó el impacto de esta clasificación, argumentando que no otorga nuevas facultades al gobierno estadounidense para actuar fuera de su territorio. “Si quisieran invadirnos, lo harían con o sin esa designación”, afirmó, subrayando que la medida tiene implicaciones principalmente dentro de Estados Unidos.
Más preocupante para Castañeda es la situación de aproximadamente 30,000 migrantes que, habiendo obtenido citas a través del programa CBP-1, vieron sus entrevistas canceladas. Esta acción deja a miles de personas en un limbo legal y humanitario en la frontera norte de México. Además, mencionó la reciente cancelación del programa de “indulto humanitario” que afectaba a cerca de 720,000 ciudadanos de países como Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua, muchos de los cuales podrían ser retornados a México, exacerbando la crisis migratoria en la región.
Respecto al programa “Quédate en México”, Castañeda expresó dudas sobre la existencia de un acuerdo formal entre ambos países para su reinstauración. Sin embargo, reconoció que, dada la presión y las circunstancias, México podría verse obligado a aceptarlo, a pesar de los desafíos logísticos y humanitarios que conlleva.
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