México
‘Lozoya imputó a Carlos Salinas y Felipe Calderón’: Riva Palacio
A Salinas se le acusa de su labor como cabildero de inversionistas extranjeros y a Calderon de que privilegió a empresas para el proyecto Etileno XXI
Por: Redacción
De acuerdo con la columna de Raymundo Riva Palacio, publicada hoy en El Financiero, Emilio Lozoya se convirtió en el instrumento útil del presidente Andrés Manuel López Obrador para llevar ante un juez a varios expresidentes de México. El primero en ser puesto ante el escrutinio público, que aún no es judicial, fue Enrique Peña Nieto, “y ahora se sabe que no fue el único”, ya que “el exdirector de Pemex, dentro de su acuerdo con el fiscal Alejandro Gertz Manero para poner a quien le diga el gobierno, a cambio de su libertad y su dinero”, también imputó a los expresidentes Carlos Salinas y Felipe Calderón.
Según Riva Palacio, las acusaciones están contenidas en la denuncia de hechos presentada por Lozoya, por lo cual Salinas y Calderón serán llamados a declarar ante un juez y responder los dichos de quien los incriminó. Las razones por las cuales los señala son, en el caso de Salinas, su labor como cabildero de inversionistas extranjeros en el sector energético durante el periodo en que Lozoya fue director de la empresa del Estado, y en el de Calderón, los supuestos privilegios que le dio a la empresa formada por la brasileña Braskem y la mexicana Idesa, para el Proyecto Etileno XXI.
“Ni Salinas ni Calderón figuraban en los señalamientos de Lozoya durante los tiempos en que vivió bajo la amenaza de la justicia en México, antes de irse a España, ni durante todo el periodo en el cual llevó su caso el abogado Javier Coello Trejo. Las imputaciones fueron realizadas luego de la negociación que encabezó su padre, Emilio Lozoya Thalman, directamente con Coello Trejo para pactar qué diría y contra quién iría 
Riva Palacio señaló que Salinas ha estado en la mira de López Obrador por muchos años, “pero la ira se revigorizó tras la forma como el expresidente operó la distribución y difusión de los videos donde su secretario particular, cuando era el jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, René Bejarano, aparece recibiendo dinero del empresario argentino naturalizado mexicano, Carlos Ahumada, y colocando ligas a 250 mil pesos, y metiéndolos a una bolsa de papel“. Videos similares aparecieron de Carlos Imaz, en ese entonces esposo de Claudia Sheinbaum, que era miembro del gabinete de López Obrador, y a quien el ho y presidente está llevando a la candidatura presidencial en 2024.
“Aunque es reconocido que López Obrador es un político vengativo, la imputación a Salinas es sorprendente. Lozoya Thalman y Salinas son –o eran– amigos desde la universidad, y fueron parte del mismo proyecto político. Más aún, cuando en el gobierno de Enrique Peña Nieto se inició un proceso en contra de Lozoya por presuntos actos de corrupción, su padre pidió a Salinas que intercediera ante Peña Nieto. Desde entonces Lozoya Thalman aseguraba que su hijo tenía, como prueba de su inocencia: muchos videos”.
El columnista añadió que Salinas, en efecto, fue cabildero de inversionistas extranjeros durante el sexenio de Peña Nieto, pero el entonces presidente frenó sus gestiones cuando supo que Salinas hablaba directamente con secretarios de Estado o altos funcionarios para concretar negocios, habló con él y le pidió que en el futuro, cualquier cosa que quisiera, lo tratara directamente con él. “No le fue bien a Salinas, ni lo que esperaba con Peña Nieto, a quien promovió para que ganara la candidatura presidencial”. Refirió que el exdirector de Pemex por su parte, cuando los hijos de Salinas, involucrados en negocios distintos al padre fueron a verlo a Pemex, los maltrató y de acuerdo con personas que supieron de esas reuniones, “los ninguneó”. Se desconocen las razones por las cuales Lozoya se comportó de esa manera con quien lo conoció de niño y con cuyo padre mantuvo una relación de décadas.
En su columna mencionó que con Calderón no tuvo nunca la relación que tuvo él y su familia con Salinas, “pero es el expresidente sobre el cual López Obrador quiere actuar con mayor rigor”. En la denuncia se está tratando de presentar como algo ilegal e ilegítimo que Calderón hubiera pedido a su entonces jefa de Oficina, Patricia Flores, que armara una mesa de seguimiento en Los Pinos sobre el Proyecto Etileno XXI, para que avanzara, aunque esas mesas eran parte de un método de gobierno, no sólo de Calderón ni exclusivo de México, para que los proyectos prioritarios del gobierno no se detuvieran.
El Proyecto Etileno XXI fue impulsado por Calderón cuando fue secretario de Energía durante el gobierno de Vicente Fox, aunque la idea original como una forma de revitalizar el sector petroquímico en el país, fue del entonces director de Pemex, Raúl Muñoz Leos, que lo llamó ‘Proyecto Fénix’. Calderón ha defendido recientemente el valor y la utilidad del Proyecto Etileno XXI.
Funcionarios federales dijeron que la principal acusación es que Calderón autorizó un precio por abajo del mercado para sus insumos, que consideran las autoridades como un subsidio ilegal. Braskem-Idesa lo ha negado y asegura que el precio del gas lo establecía una fórmula que Pemex había utilizado en contratos anteriores por más de tres lustros. Lozoya nunca interrumpió la relación fluida como director de Pemex, pero José Antonio González Anaya, que lo sustituyó, suspendió todos los tratos con la empresa por sospecha de irregularidades.
“Como en el caso de Salinas, donde Lozoya tendrá que probar que se le dieron contratos al expresidente que se puede conjeturar que provocaron un daño al erario, tendrá que hacer lo mismo con Calderón, y demostrar que hubo una ilegalidad que en su momento él no resolvió. Pero esta omisión de Lozoya no es relevante. Lo que importa para el gobierno es llevar ante el juez a Calderón, que le ganó la Presidencia a López Obrador en 2006 por menos de 250 mil votos, y que nunca pudo probar que le cometieron fraude”, finalizó.
Con información de El Financiero.
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Se busca congelar activos a personas y empresas supuestamente vinculadas a este grupo delictivo
Por Roberto Mendoza
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México ejecutaron una acción coordinada para sancionar a 55 sujetos vinculados a la red financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación, designando además como nuevo líder de la organización a Juan Carlos González, alias “Pelón”, tras el fallecimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, en febrero de 2026. Al respecto, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, declaró: “El presidente Trump ha dejado claro que los cárteles terroristas serán desmantelados. Esta acción golpea el liderazgo, los financieros y las redes criminales del Cártel de Jalisco Nueva Generación, negándole al cártel los recursos que utiliza para traficar fentanilo, aterrorizar comunidades y amenazar la vida de los estadounidenses”.
En el ámbito nacional, la Unidad de Inteligencia Financiera detectó indicadores de operaciones con recursos de procedencia ilícita que incluyen transferencias internacionales, compra de vehículos de alta gama, joyas, inmuebles y uso de activos virtuales, así como inconsistencias entre los ingresos reportados ante la autoridad fiscal y los recursos observados en el sistema financiero. Derivado de estos hallazgos, la autoridad mexicana presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República,
Las sanciones impuestas en territorio estadounidense se fundamentan en las Órdenes Ejecutivas 14059 y 13224, enfocadas en combatir el tráfico internacional de drogas y el terrorismo internacional. Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que la inmovilización de cuentas y la cooperación bilateral se mantienen en apego al marco jurídico vigente y a los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional para salvaguardar la integridad del sistema financiero.
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Continuamente vemos cifras de cuánto dejó el turismo en un período determinado, pero ¿qué significan esos datos?
Por: Haniel Valdés Velázquez
Cada vez que termina una campaña de consumo turístico ocurre lo mismo en decenas de estados del país: gobiernos y cámaras empresariales anuncian, casi en cadena, su propia cifra de derrama económica.
Este año, el patrón se repitió puntualmente. A nivel nacional, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) reportó que “La Gran Escapada 2026 supera los 44 mil millones de pesos en derrama económica”, con la participación de 6,577 establecimientos y un crecimiento de 10% respecto a 2025, según informó Concanaco Servytur México, en un comunicado de prensa.
Guerrero reportó una derrama de 941 millones de pesos. Coahuila anunció 705 millones de pesos, con 168 establecimientos participantes y Saltillo como epicentro. San Luis Potosí sumó su propia cifra: 644 millones de pesos, con 310 establecimientos afiliados. Sinaloa, Puebla y otros estados hicieron anuncios equivalentes en sus propios comunicados.
El patrón es tan constante que rara vez se pregunta de dónde sale cada número. Y cuando se revisa la metodología, la respuesta es la misma en todos los casos: ninguna de estas cifras es un conteo, es una multiplicación.
La metodología detrás de estas campañas, que la Secretaría de Turismo federal documenta bajo el sistema DATATUR y que estados y cámaras replican a su escala, parte de multiplicar un gasto promedio del turista por un número estimado de visitantes. Ninguno de los dos insumos surge de un conteo real. El gasto promedio se calcula con encuestas por muestreo, la Encuesta de Ocupación Hotelera y la Encuesta Nacional de Viajes de los Residentes en México (ENVIT), que el INEGI levanta entre una muestra de establecimientos y viajeros, no entre la totalidad. El número de turistas suele extrapolarse de registros de ocupación hotelera.
En campañas como “El Buen Fin” o “La Gran Escapada”, el mecanismo se vuelve todavía más laxo, porque buena parte del dato final se construye con lo que las propias cámaras empresariales, Concanaco y sus filiales estatales, Canaco locales, reportan sobre sus afiliados. Es la misma organización que promueve la campaña, necesita mostrar resultados ante el gobierno federal y la prensa, y termina siendo también la que estima cuánto se gastó. No hay una auditoría independiente de boletos, cortes de caja o bitácoras de taxis detrás de ninguno de estos 44 mil millones nacionales, ni de los 941, los 705 o los 644 millones que cada estado presumió por separado.
La prueba de que el método falla: el Mundial
El ejemplo más claro de qué tan lejos puede desviarse una proyección de este tipo es el Mundial de futbol 2026, que México organizó junto con Estados Unidos y Canadá. Daniel Zaga, socio de Deloitte México, tuvo que recortar en 40% las proyecciones iniciales de turistas para el torneo, después de que el comportamiento real del gasto no correspondiera con las estimaciones.
También se documentó una caída de 5.7% entre el gasto turístico proyectado y el efectivamente registrado. Si un evento de escala mundial, con más instrumentos de medición que una campaña de fin de semana, tuvo que corregirse a la baja en esa magnitud, es razonable dudar de la precisión de cifras que se calculan con muestras más pequeñas y sin ese nivel de escrutinio.
Para ver si alguna de estas cifras estatales puede confirmarse con información independiente, se tomó como caso de prueba San Luis Potosí, no porque su cifra sea más cuestionable que la de otros estados, sino porque es la más reciente disponible, y se revisaron tres fuentes de datos oficiales: recaudación fiscal, encuestas de INEGI y las plataformas abiertas de Banco de México.
La Ley de Ingresos del Estado de San Luis Potosí para el Ejercicio Fiscal 2026 (Decreto 0337, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 24 de diciembre de 2025) fija en $65,785,414 pesos la estimación de recaudación del Impuesto Sobre Hospedaje para todo el año —un dato oficial y auditable, pero del año completo, no de los días específicos de una campaña.
La Encuesta de Viajeros Internacionales del INEGI, que sí cuenta viajeros por muestreo en puntos de entrada en lugar de depender del autorreporte de negocios, registró 9,741 turistas internacionales no fronterizos en SLP durante mayo de 2026, con una derrama superior a 7.3 millones de dólares según datos de INEGI, pero mide solo turismo internacional, una fracción del universo que campañas como “La Gran Escapada” buscan captar.
En el Sistema de Información Económica de Banco de México se pudo confirmar que SLP tuvo 63,951 terminales punto de venta activas a mediados de 2025, cifra que bajó a 57,403 hacia inicios de 2026, pero ni Banxico ni la Comisión Nacional Bancaria y de Valores publican el monto en pesos gastado con tarjeta, desagregado por sector y por estado de forma cruzada. Esa información existe dentro de los bancos y las cámaras de compensación, pero no se hace pública a ese nivel de detalle.
El resultado del ejercicio es el mismo, sin importar qué estado se hubiera elegido como caso de prueba: ningún dato público, fiscal, estadístico o bancario, permite confirmar ni refutar la cifra de derrama que un gobierno estatal anuncia después de una campaña como “La Gran Escapada”. No es una falla de un estado en particular. Es un vacío estructural que se repite en los 32 comunicados que, cada año, multiplican un promedio por un estimado y lo presentan como un hecho consumado.
Entonces, ¿sí comprobó alguien estos datos? ¿Sí aportan al estado o a la ciudad estas altas cifras que continuamente comunican las direcciones de turismo?
No queda de otra que apelar a la confianza, que las autoridades nos den estimaciones basadas en las estadísticas reales y no en inflar datos para mostrar resultados de cara a la elecciones de 2027.
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“En efecto, ayer fue el día de menos homicidios desde hace muchísimos años: 21 homicidios diarios. Y obviamente son personas”
Por: Redacción
Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que, gracias a la implementación de los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad, el 21 de julio de 2026 se registraron 21 homicidios dolosos en todo el país, uno de los niveles diarios más bajos registrados en los últimos años.
“Nosotros entramos el 1 de octubre del 2024, en septiembre de 2024 había 86.9, 87 homicidios dolosos cada día en promedio y ahora, a junio de 2026, lo que llevamos de 2026, tenemos un promedio de 45.4 homicidios. Un promedio quiere decir que hay días en que a lo mejor pasamos de 55 homicidios y hay días en que tenemos menos homicidios”.
“En efecto, ayer fue el día de menos homicidios desde hace muchísimos años: 21 homicidios diarios. Y obviamente son personas, pero estos indicadores nos muestran cómo vamos avanzando”, resaltó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”, que se realizó en el Centro de Convenciones Estado de México en Toluca.
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