México
‘Lozoya imputó a Carlos Salinas y Felipe Calderón’: Riva Palacio
A Salinas se le acusa de su labor como cabildero de inversionistas extranjeros y a Calderon de que privilegió a empresas para el proyecto Etileno XXI
Por: Redacción
De acuerdo con la columna de Raymundo Riva Palacio, publicada hoy en El Financiero, Emilio Lozoya se convirtió en el instrumento útil del presidente Andrés Manuel López Obrador para llevar ante un juez a varios expresidentes de México. El primero en ser puesto ante el escrutinio público, que aún no es judicial, fue Enrique Peña Nieto, “y ahora se sabe que no fue el único”, ya que “el exdirector de Pemex, dentro de su acuerdo con el fiscal Alejandro Gertz Manero para poner a quien le diga el gobierno, a cambio de su libertad y su dinero”, también imputó a los expresidentes Carlos Salinas y Felipe Calderón.
Según Riva Palacio, las acusaciones están contenidas en la denuncia de hechos presentada por Lozoya, por lo cual Salinas y Calderón serán llamados a declarar ante un juez y responder los dichos de quien los incriminó. Las razones por las cuales los señala son, en el caso de Salinas, su labor como cabildero de inversionistas extranjeros en el sector energético durante el periodo en que Lozoya fue director de la empresa del Estado, y en el de Calderón, los supuestos privilegios que le dio a la empresa formada por la brasileña Braskem y la mexicana Idesa, para el Proyecto Etileno XXI.
“Ni Salinas ni Calderón figuraban en los señalamientos de Lozoya durante los tiempos en que vivió bajo la amenaza de la justicia en México, antes de irse a España, ni durante todo el periodo en el cual llevó su caso el abogado Javier Coello Trejo. Las imputaciones fueron realizadas luego de la negociación que encabezó su padre, Emilio Lozoya Thalman, directamente con Coello Trejo para pactar qué diría y contra quién iría 
Riva Palacio señaló que Salinas ha estado en la mira de López Obrador por muchos años, “pero la ira se revigorizó tras la forma como el expresidente operó la distribución y difusión de los videos donde su secretario particular, cuando era el jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, René Bejarano, aparece recibiendo dinero del empresario argentino naturalizado mexicano, Carlos Ahumada, y colocando ligas a 250 mil pesos, y metiéndolos a una bolsa de papel“. Videos similares aparecieron de Carlos Imaz, en ese entonces esposo de Claudia Sheinbaum, que era miembro del gabinete de López Obrador, y a quien el ho y presidente está llevando a la candidatura presidencial en 2024.
“Aunque es reconocido que López Obrador es un político vengativo, la imputación a Salinas es sorprendente. Lozoya Thalman y Salinas son –o eran– amigos desde la universidad, y fueron parte del mismo proyecto político. Más aún, cuando en el gobierno de Enrique Peña Nieto se inició un proceso en contra de Lozoya por presuntos actos de corrupción, su padre pidió a Salinas que intercediera ante Peña Nieto. Desde entonces Lozoya Thalman aseguraba que su hijo tenía, como prueba de su inocencia: muchos videos”.
El columnista añadió que Salinas, en efecto, fue cabildero de inversionistas extranjeros durante el sexenio de Peña Nieto, pero el entonces presidente frenó sus gestiones cuando supo que Salinas hablaba directamente con secretarios de Estado o altos funcionarios para concretar negocios, habló con él y le pidió que en el futuro, cualquier cosa que quisiera, lo tratara directamente con él. “No le fue bien a Salinas, ni lo que esperaba con Peña Nieto, a quien promovió para que ganara la candidatura presidencial”. Refirió que el exdirector de Pemex por su parte, cuando los hijos de Salinas, involucrados en negocios distintos al padre fueron a verlo a Pemex, los maltrató y de acuerdo con personas que supieron de esas reuniones, “los ninguneó”. Se desconocen las razones por las cuales Lozoya se comportó de esa manera con quien lo conoció de niño y con cuyo padre mantuvo una relación de décadas.
En su columna mencionó que con Calderón no tuvo nunca la relación que tuvo él y su familia con Salinas, “pero es el expresidente sobre el cual López Obrador quiere actuar con mayor rigor”. En la denuncia se está tratando de presentar como algo ilegal e ilegítimo que Calderón hubiera pedido a su entonces jefa de Oficina, Patricia Flores, que armara una mesa de seguimiento en Los Pinos sobre el Proyecto Etileno XXI, para que avanzara, aunque esas mesas eran parte de un método de gobierno, no sólo de Calderón ni exclusivo de México, para que los proyectos prioritarios del gobierno no se detuvieran.
El Proyecto Etileno XXI fue impulsado por Calderón cuando fue secretario de Energía durante el gobierno de Vicente Fox, aunque la idea original como una forma de revitalizar el sector petroquímico en el país, fue del entonces director de Pemex, Raúl Muñoz Leos, que lo llamó ‘Proyecto Fénix’. Calderón ha defendido recientemente el valor y la utilidad del Proyecto Etileno XXI.
Funcionarios federales dijeron que la principal acusación es que Calderón autorizó un precio por abajo del mercado para sus insumos, que consideran las autoridades como un subsidio ilegal. Braskem-Idesa lo ha negado y asegura que el precio del gas lo establecía una fórmula que Pemex había utilizado en contratos anteriores por más de tres lustros. Lozoya nunca interrumpió la relación fluida como director de Pemex, pero José Antonio González Anaya, que lo sustituyó, suspendió todos los tratos con la empresa por sospecha de irregularidades.
“Como en el caso de Salinas, donde Lozoya tendrá que probar que se le dieron contratos al expresidente que se puede conjeturar que provocaron un daño al erario, tendrá que hacer lo mismo con Calderón, y demostrar que hubo una ilegalidad que en su momento él no resolvió. Pero esta omisión de Lozoya no es relevante. Lo que importa para el gobierno es llevar ante el juez a Calderón, que le ganó la Presidencia a López Obrador en 2006 por menos de 250 mil votos, y que nunca pudo probar que le cometieron fraude”, finalizó.
Con información de El Financiero.
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La iniciativa incluye cambios al sistema de candidaturas judiciales y nuevas reglas para la organización electoral
Por: Roberto Mendoza
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión turnó a la Cámara de Diputados la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para modificar la reforma judicial y reordenar el calendario electoral constitucional. La propuesta plantea que la elección judicial federal y local se celebre el primer domingo de junio de 2028 y que la revocación de mandato coincida con las jornadas electorales ordinarias. El proyecto forma parte de los temas previstos para un periodo extraordinario del Congreso.
La iniciativa reorganiza la elección judicial mediante distritos por circuito y especialidad, modifica el diseño de boletas y establece que las autoridades electorales no podrán alterar resultados ni asignación de cargos posteriores a la elección.
También prevé reducción de candidaturas mediante insaculación pública, reglas de paridad de género y la creación de una Comisión Coordinadora entre los Comités de Evaluación de los tres Poderes de la Unión
El paquete legislativo también contempla reformas para crear una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas vinculada al INE y adicionar una causal de nulidad electoral por intervención extranjera.
El régimen transitorio establece que los cargos judiciales pendientes de renovación desde 2025 deberán elegirse en 2028 y que las entidades federativas deberán armonizar sus procesos judiciales locales con el modelo federal previsto en la reforma constitucional.
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Con base en esa información los partidos políticos serán responsables de determinar si registran o no dicha candidatura
Por: Redacción
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que enviará a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la propuesta de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para la creación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas dependiente del Instituto Nacional Electoral (INE), con el objetivo de evitar que haya candidatos de cualquier partido político con posibles vínculos con la delincuencia organizada.
“Tiene que ver con evitar que haya algún candidato o candidata de cualquier partido político que tuviera algún riesgo de vínculo con la delincuencia organizada es algo que se ha estado trabajando, platicando desde hace tiempo y ayer tomamos la decisión de que será enviada de una vez porque tiene que tomarse en cuenta para el periodo electoral del 2027”, puntualizó.
La Jefa del Ejecutivo Federal explicó que esta iniciativa está en el marco de la presunción de inocencia que marca la Constitución y destacó que se trata de un mecanismo que permitirá a los partidos políticos saber si una persona que se postula tiene o no algún antecedente, por lo que pueden o no tomarlo en cuenta para sus postulaciones; sin embargo, de encontrarse posible riesgo, las instituciones del Estado mexicano presentarán denuncias.
La consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, explicó que la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas será integrada por 5 consejeros electorales elegidos y votados por un periodo de tres años por el Consejo General del INE.
Esta Comisión servirá de vínculo entre los partidos políticos que voluntariamente decidan participar y las autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia para recibir y consultar los nombres de los aspirantes a candidaturas con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Fiscalía General de la República (FGR)
Detalló que la Comisión funcionaría de la siguiente forma: Los partidos políticos entregan voluntariamente a la Comisión la lista de aspirantes a ser candidatos. La Comisión consulta a las dependencias de seguridad, quienes analizan y determinan si “no existe riesgo” o si “existe riesgo razonable”. Posteriormente la Comisión informa a los partidos políticos si existe o no riesgo razonable, señalando las instancias o dependencias que advierten ese riesgo, con base en ello los partidos políticos son responsables de determinar si registran o no la candidatura; sin embargo, de encontrar información relevante, las instituciones, de acuerdo con sus atribuciones, continuarán con la investigación correspondiente.
Detalló que quienes deseen aspirar a una candidatura deberán como requisito obligatorio manifestar al partido político que lo postule su conformidad para ser evaluados por la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas del INE.
Agregó que el proceso se realizará en condiciones de confidencialidad entre todas las partes y la información que identifiquen las autoridades competentes tendrá carácter reservado para no afectar, en su caso, el debido proceso.
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El proyecto plantea ajustar los comités de evaluación y la organización interna de la Suprema Corte
Por: Roberto Mendoza
La Secretaría de Gobernación entregó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el proyecto presidencial que modifica el sistema de elección judicial: “se busca mejorar la operación de los comités de evaluación, su proceso de evaluación y la selección de personas. También reduce el número de candidaturas propuestas por comité con el fin de simplificar la boleta y que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto en un mecanismo más simple para al asistir a la casilla”.
Sobre el envío de esta iniciativa, la dependencia federal argumentó: “defender la reforma significa reconocerla como una conquista democrática, no de un partido ni de un gobierno, sino de la gente que existió un poder judicial más justo y transparente”.
El texto recibido en el Senado establece una reorganización operativa para el máximo tribunal del país: “Se crean las secciones en la Suprema Corte y con ello se plantea que el trabajo sea más eficaz y reducir los rezagos. Con ello se dejará al pleno de la Corte los asuntos de gran relevancia”.
Al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, equiparó esta nueva figura jurídica con la estructura previa: “Yo considero que estas nuevas secciones son para quitar el rezago y para atender asuntos también de importancia en la corte,
El trámite parlamentario perfila la convocatoria a un periodo extraordinario para que el documento se someta a votación en el Pleno de la Cámara de Diputados el próximo miércoles 27 de mayo. Sobre el debate legislativo acotado a esta entrega, el diputado Monreal precisó: “hay otros temas que se pueden incluir en el Sí, pero no tenemos otros temas, solamente los siete artículos. Pero les decía que no impide que de aquí a mañana se piense en una reforma aparte de esta que se presentó”.
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