México
‘Lozoya imputó a Carlos Salinas y Felipe Calderón’: Riva Palacio
A Salinas se le acusa de su labor como cabildero de inversionistas extranjeros y a Calderon de que privilegió a empresas para el proyecto Etileno XXI
Por: Redacción
De acuerdo con la columna de Raymundo Riva Palacio, publicada hoy en El Financiero, Emilio Lozoya se convirtió en el instrumento útil del presidente Andrés Manuel López Obrador para llevar ante un juez a varios expresidentes de México. El primero en ser puesto ante el escrutinio público, que aún no es judicial, fue Enrique Peña Nieto, “y ahora se sabe que no fue el único”, ya que “el exdirector de Pemex, dentro de su acuerdo con el fiscal Alejandro Gertz Manero para poner a quien le diga el gobierno, a cambio de su libertad y su dinero”, también imputó a los expresidentes Carlos Salinas y Felipe Calderón.
Según Riva Palacio, las acusaciones están contenidas en la denuncia de hechos presentada por Lozoya, por lo cual Salinas y Calderón serán llamados a declarar ante un juez y responder los dichos de quien los incriminó. Las razones por las cuales los señala son, en el caso de Salinas, su labor como cabildero de inversionistas extranjeros en el sector energético durante el periodo en que Lozoya fue director de la empresa del Estado, y en el de Calderón, los supuestos privilegios que le dio a la empresa formada por la brasileña Braskem y la mexicana Idesa, para el Proyecto Etileno XXI.
“Ni Salinas ni Calderón figuraban en los señalamientos de Lozoya durante los tiempos en que vivió bajo la amenaza de la justicia en México, antes de irse a España, ni durante todo el periodo en el cual llevó su caso el abogado Javier Coello Trejo. Las imputaciones fueron realizadas luego de la negociación que encabezó su padre, Emilio Lozoya Thalman, directamente con Coello Trejo para pactar qué diría y contra quién iría . Las pruebas que dijo tener para soportar sus dichos, las deberá presentar formalmente durante el juicio”.
Riva Palacio señaló que Salinas ha estado en la mira de López Obrador por muchos años, “pero la ira se revigorizó tras la forma como el expresidente operó la distribución y difusión de los videos donde su secretario particular, cuando era el jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, René Bejarano, aparece recibiendo dinero del empresario argentino naturalizado mexicano, Carlos Ahumada, y colocando ligas a 250 mil pesos, y metiéndolos a una bolsa de papel“. Videos similares aparecieron de Carlos Imaz, en ese entonces esposo de Claudia Sheinbaum, que era miembro del gabinete de López Obrador, y a quien el ho y presidente está llevando a la candidatura presidencial en 2024.
“Aunque es reconocido que López Obrador es un político vengativo, la imputación a Salinas es sorprendente. Lozoya Thalman y Salinas son –o eran– amigos desde la universidad, y fueron parte del mismo proyecto político. Más aún, cuando en el gobierno de Enrique Peña Nieto se inició un proceso en contra de Lozoya por presuntos actos de corrupción, su padre pidió a Salinas que intercediera ante Peña Nieto. Desde entonces Lozoya Thalman aseguraba que su hijo tenía, como prueba de su inocencia: muchos videos”.
El columnista añadió que Salinas, en efecto, fue cabildero de inversionistas extranjeros durante el sexenio de Peña Nieto, pero el entonces presidente frenó sus gestiones cuando supo que Salinas hablaba directamente con secretarios de Estado o altos funcionarios para concretar negocios, habló con él y le pidió que en el futuro, cualquier cosa que quisiera, lo tratara directamente con él. “No le fue bien a Salinas, ni lo que esperaba con Peña Nieto, a quien promovió para que ganara la candidatura presidencial”. Refirió que el exdirector de Pemex por su parte, cuando los hijos de Salinas, involucrados en negocios distintos al padre fueron a verlo a Pemex, los maltrató y de acuerdo con personas que supieron de esas reuniones, “los ninguneó”. Se desconocen las razones por las cuales Lozoya se comportó de esa manera con quien lo conoció de niño y con cuyo padre mantuvo una relación de décadas.
En su columna mencionó que con Calderón no tuvo nunca la relación que tuvo él y su familia con Salinas, “pero es el expresidente sobre el cual López Obrador quiere actuar con mayor rigor”. En la denuncia se está tratando de presentar como algo ilegal e ilegítimo que Calderón hubiera pedido a su entonces jefa de Oficina, Patricia Flores, que armara una mesa de seguimiento en Los Pinos sobre el Proyecto Etileno XXI, para que avanzara, aunque esas mesas eran parte de un método de gobierno, no sólo de Calderón ni exclusivo de México, para que los proyectos prioritarios del gobierno no se detuvieran.
El Proyecto Etileno XXI fue impulsado por Calderón cuando fue secretario de Energía durante el gobierno de Vicente Fox, aunque la idea original como una forma de revitalizar el sector petroquímico en el país, fue del entonces director de Pemex, Raúl Muñoz Leos, que lo llamó ‘Proyecto Fénix’. Calderón ha defendido recientemente el valor y la utilidad del Proyecto Etileno XXI.
Funcionarios federales dijeron que la principal acusación es que Calderón autorizó un precio por abajo del mercado para sus insumos, que consideran las autoridades como un subsidio ilegal. Braskem-Idesa lo ha negado y asegura que el precio del gas lo establecía una fórmula que Pemex había utilizado en contratos anteriores por más de tres lustros. Lozoya nunca interrumpió la relación fluida como director de Pemex, pero José Antonio González Anaya, que lo sustituyó, suspendió todos los tratos con la empresa por sospecha de irregularidades.
“Como en el caso de Salinas, donde Lozoya tendrá que probar que se le dieron contratos al expresidente que se puede conjeturar que provocaron un daño al erario, tendrá que hacer lo mismo con Calderón, y demostrar que hubo una ilegalidad que en su momento él no resolvió. Pero esta omisión de Lozoya no es relevante. Lo que importa para el gobierno es llevar ante el juez a Calderón, que le ganó la Presidencia a López Obrador en 2006 por menos de 250 mil votos, y que nunca pudo probar que le cometieron fraude”, finalizó.
Con información de El Financiero.
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México
Sale Luisa Maria Alcalde de la dirigencia de Morena; llega Aridana Montiel
Alcalde sustituirá a Ethela Damian que competirá por la gubernaturas de Guerrero
Por: Roberto Mendoza
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la incorporación de la actual dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, al gabinete federal para ocupar la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República tras la salida de Esthela Damián Peralta, quien dejará el cargo para buscar la candidatura del partido oficialista a la gubernatura de Guerrero.
El relevo en la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional recae en Ariadna Montiel Reyes, funcionaria que se desempeñaba como titular de la Secretaría de Bienestar. Este movimiento transfiere el control desde la dependencia responsable de la operación de los programas sociales constitucionales hacia la dirección institucional del partido político en el poder.
El perfil técnico y operativo de Montiel Reyes, con estudios en Arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México, se fundamenta en la titularidad de la Secretaría de Bienestar desde 2022, su gestión como subsecretaria de Desarrollo Social y Humano entre 2018 y 2022, y su cargo como diputada federal en la LXIII Legislatura. La trayectoria de Alcalde Luján, licenciada en Derecho por la misma institución y con estudios de maestría por la Universidad de California, comprende la titularidad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de 2018 a 2023, la Secretaría de Gobernación y la dirigencia nacional de Morena.
Cuestionado en el recinto legislativo sobre la separación del cargo de la dirigente, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, respondió: ” Para mí ha sido buena dirigente, ha sido una mujer que tiene no solo capacidad y talento, sino que ha sido leal al movimiento y una mujer honesta en todos los cargos públicos que ha desempeñado. Para mí es un activo muy importante. Lamento mucho su salida, porque estaba haciendo muy buen trabajo en el partido“.
Respecto a los lineamientos sobre el cambio de funcionarios públicos hacia estructuras electorales, la Presidencia de la República fijó la postura institucional del gobierno: “Cualquiera de los miembros del Gobierno de Morena, de cualquiera de los partidos, puede tomar la decisión de irse de candidato o candidata a un lugar, de participar en una encuesta. Esa es una decisión personal de cada una y cada uno de ellos”.
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Las nuevas consejeras y consejero del INE son: Blanca Cruz García, Frida Gómez Puga y Arturo Chávez López
Por: Roberto Mendoza
La Cámara de Diputados aprobó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política para designar a los tres próximos integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, luego de una jornada legislativa que el coordinador parlamentario Ricardo Monreal definió como dificil por las negociaciones en el bloque oficialista.
El documento definitivo inscribió los expedientes de Blanca Yassahara Cruz García, Frida Denisse Gómez Puga y Arturo Manuel Chávez López. Este consenso requirió modificaciones internas en la coalición de Morena, PT y PVEM, donde se invirtió la cuota de género de la primera propuesta para asegurar el respaldo de los petistas, mientras que los grupos parlamentarios del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano mantuvieron su postura en contra del proyecto.
El desahogo técnico en el tablero electrónico contabilizó 334 votos a favor, 127 en contra y cero abstenciones, por lo que se alcanzó la mayoría calificada, la presidencia de la Mesa Directiva oficializó la elección de los perfiles para su posterior toma de protesta de ley ante el órgano electoral federal.
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El dictamen faculta al Congreso de la Unión para estandarizar las sanciones y protocolos de investigación en las 32 entidades
Por Roberto Mendoza
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 466 votos la minuta proveniente del Senado que reforma el artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución Política para crear una ley general en materia de feminicidio, que establezca bases homogéneas para la tipificación, investigación, persecución y sanción.
El análisis de la Comisión de Puntos Constitucionales advierte que la diversidad de redacciones en los códigos penales estatales produce tratamientos judiciales desiguales para crímenes de la misma naturaleza. La expedición de la nueva normativa centralizada buscará homologar la acreditación de razones de género e integrar en los procesos ministeriales el reconocimiento de violencias sistémicas previas
, tales como la agresión familiar, sexual, económica, digital y psicológica.La modificación constitucional otorga al Poder Legislativo federal la atribución de diseñar los estándares operativos y procedimentales para este delito a nivel nacional. Este cambio jurisdiccional tiene como fin eliminar las discrepancias en las entidades federativas y dotar a las autoridades de un marco legal único que evite vacíos técnicos durante la judicialización de las carpetas de investigación.
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