México
‘Lozoya imputó a Carlos Salinas y Felipe Calderón’: Riva Palacio
A Salinas se le acusa de su labor como cabildero de inversionistas extranjeros y a Calderon de que privilegió a empresas para el proyecto Etileno XXI
Por: Redacción
De acuerdo con la columna de Raymundo Riva Palacio, publicada hoy en El Financiero, Emilio Lozoya se convirtió en el instrumento útil del presidente Andrés Manuel López Obrador para llevar ante un juez a varios expresidentes de México. El primero en ser puesto ante el escrutinio público, que aún no es judicial, fue Enrique Peña Nieto, “y ahora se sabe que no fue el único”, ya que “el exdirector de Pemex, dentro de su acuerdo con el fiscal Alejandro Gertz Manero para poner a quien le diga el gobierno, a cambio de su libertad y su dinero”, también imputó a los expresidentes Carlos Salinas y Felipe Calderón.
Según Riva Palacio, las acusaciones están contenidas en la denuncia de hechos presentada por Lozoya, por lo cual Salinas y Calderón serán llamados a declarar ante un juez y responder los dichos de quien los incriminó. Las razones por las cuales los señala son, en el caso de Salinas, su labor como cabildero de inversionistas extranjeros en el sector energético durante el periodo en que Lozoya fue director de la empresa del Estado, y en el de Calderón, los supuestos privilegios que le dio a la empresa formada por la brasileña Braskem y la mexicana Idesa, para el Proyecto Etileno XXI.
“Ni Salinas ni Calderón figuraban en los señalamientos de Lozoya durante los tiempos en que vivió bajo la amenaza de la justicia en México, antes de irse a España, ni durante todo el periodo en el cual llevó su caso el abogado Javier Coello Trejo. Las imputaciones fueron realizadas luego de la negociación que encabezó su padre, Emilio Lozoya Thalman, directamente con Coello Trejo para pactar qué diría y contra quién iría 
Riva Palacio señaló que Salinas ha estado en la mira de López Obrador por muchos años, “pero la ira se revigorizó tras la forma como el expresidente operó la distribución y difusión de los videos donde su secretario particular, cuando era el jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, René Bejarano, aparece recibiendo dinero del empresario argentino naturalizado mexicano, Carlos Ahumada, y colocando ligas a 250 mil pesos, y metiéndolos a una bolsa de papel“. Videos similares aparecieron de Carlos Imaz, en ese entonces esposo de Claudia Sheinbaum, que era miembro del gabinete de López Obrador, y a quien el ho y presidente está llevando a la candidatura presidencial en 2024.
“Aunque es reconocido que López Obrador es un político vengativo, la imputación a Salinas es sorprendente. Lozoya Thalman y Salinas son –o eran– amigos desde la universidad, y fueron parte del mismo proyecto político. Más aún, cuando en el gobierno de Enrique Peña Nieto se inició un proceso en contra de Lozoya por presuntos actos de corrupción, su padre pidió a Salinas que intercediera ante Peña Nieto. Desde entonces Lozoya Thalman aseguraba que su hijo tenía, como prueba de su inocencia: muchos videos”.
El columnista añadió que Salinas, en efecto, fue cabildero de inversionistas extranjeros durante el sexenio de Peña Nieto, pero el entonces presidente frenó sus gestiones cuando supo que Salinas hablaba directamente con secretarios de Estado o altos funcionarios para concretar negocios, habló con él y le pidió que en el futuro, cualquier cosa que quisiera, lo tratara directamente con él. “No le fue bien a Salinas, ni lo que esperaba con Peña Nieto, a quien promovió para que ganara la candidatura presidencial”. Refirió que el exdirector de Pemex por su parte, cuando los hijos de Salinas, involucrados en negocios distintos al padre fueron a verlo a Pemex, los maltrató y de acuerdo con personas que supieron de esas reuniones, “los ninguneó”. Se desconocen las razones por las cuales Lozoya se comportó de esa manera con quien lo conoció de niño y con cuyo padre mantuvo una relación de décadas.
En su columna mencionó que con Calderón no tuvo nunca la relación que tuvo él y su familia con Salinas, “pero es el expresidente sobre el cual López Obrador quiere actuar con mayor rigor”. En la denuncia se está tratando de presentar como algo ilegal e ilegítimo que Calderón hubiera pedido a su entonces jefa de Oficina, Patricia Flores, que armara una mesa de seguimiento en Los Pinos sobre el Proyecto Etileno XXI, para que avanzara, aunque esas mesas eran parte de un método de gobierno, no sólo de Calderón ni exclusivo de México, para que los proyectos prioritarios del gobierno no se detuvieran.
El Proyecto Etileno XXI fue impulsado por Calderón cuando fue secretario de Energía durante el gobierno de Vicente Fox, aunque la idea original como una forma de revitalizar el sector petroquímico en el país, fue del entonces director de Pemex, Raúl Muñoz Leos, que lo llamó ‘Proyecto Fénix’. Calderón ha defendido recientemente el valor y la utilidad del Proyecto Etileno XXI.
Funcionarios federales dijeron que la principal acusación es que Calderón autorizó un precio por abajo del mercado para sus insumos, que consideran las autoridades como un subsidio ilegal. Braskem-Idesa lo ha negado y asegura que el precio del gas lo establecía una fórmula que Pemex había utilizado en contratos anteriores por más de tres lustros. Lozoya nunca interrumpió la relación fluida como director de Pemex, pero José Antonio González Anaya, que lo sustituyó, suspendió todos los tratos con la empresa por sospecha de irregularidades.
“Como en el caso de Salinas, donde Lozoya tendrá que probar que se le dieron contratos al expresidente que se puede conjeturar que provocaron un daño al erario, tendrá que hacer lo mismo con Calderón, y demostrar que hubo una ilegalidad que en su momento él no resolvió. Pero esta omisión de Lozoya no es relevante. Lo que importa para el gobierno es llevar ante el juez a Calderón, que le ganó la Presidencia a López Obrador en 2006 por menos de 250 mil votos, y que nunca pudo probar que le cometieron fraude”, finalizó.
Con información de El Financiero.
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Asume responsabilidad legislativa por antinomia constitucional y descarta ruptura con el PVEM por reforma en Zacatecas
Por: Roberto Mendoza
El coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, convocó a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a alcanzar un acuerdo interno para definir la titularidad del máximo tribunal y descartó extender la gestión del actual ministro presidente, al tiempo que asumió la omisión del Congreso ante la contradicción de normas en la Constitución.
“El Poder Legislativo tiene responsabilidad al no haber derogado una o al no haber eliminado una de las dos disposiciones. Pero creo que se puede llegar a un acuerdo y hay salida institucional y jurídica, no hay problema”, señaló.
El legislador precisó que, ante la coexistencia de dos preceptos que marcan tanto la asignación por votación popular como la elección por mayoría interna, la solución institucional inmediata recae en el consenso del pleno de ministros mientras el Legislativo no concrete la derogación correspondiente.
Respecto a la renuncia de la magistrada Mónica Soto, el presidente de la Junta de Coordinación Política señaló que compete a la Comisión Permanente calificar la solicitud bajo la figura de causa grave, trámite que históricamente se ha procesado conforme a la tradición parlamentaria sin abrir debate sobre motivos particulares, y afirmó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación opera con total legalidad.
“La Constitución señala que las renuncias solo son por causas graves y quien califica la causa es la Comisión Permanente, aunque la Constitución no define qué son las causas graves (…) por lo pronto el tribunal puede funcionar con plena jurisdicción y plena competencia con la ausencia de dos de sus integrantes”.
Monreal expuso además que las dos posiciones vacantes en la Sala Superior podrían cubrirse mediante la vía de los comicios populares en 2028 o a través de la integración de quienes obtuvieron el segundo lugar en el proceso electivo previo.
Finalmente, el líder de la bancada morenista rechazó que las reformas aprobadas por el Congreso local de Zacatecas para otorgar seis diputaciones plurinominales a los segundos lugares más votados configuren una ventaja indebida para Morena o fracturen la coalición con el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo:
“No le veo, en ninguna medida, ni en ningún lugar, algún beneficio para Morena (…) No se pone en riesgo ninguna alianza, no se pone en riesgo la coalición, no se pone en riesgo el caminar juntos en procesos que vienen”.
Aseguró que la medida somete la mitad de la representación proporcional al escrutinio directo en las urnas y puntualizó que los actores inconformes disponen de los mecanismos jurídicos correspondientes para controvertir la resolución local.
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El paquete legislativo prohíbe la anulación de vuelos de regreso y fija límites de permanencia en pista
Por: Roberto Mendoza
El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, ingresó una serie de 10 reformas para modificar los esquemas operativos de las aerolíneas y terminales aéreas en el país: “Son 10 iniciativas que están para democratizar mejor los viajes en avión”.
El proyecto estipula la asignación obligatoria de asiento para erradicar la sobreventa algorítmica, el reintegro directo de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) a usuarios que no aborden y la prohibición de anular el tramo de retorno si no se utiliza el vuelo de ida.
A la par, determina un tope máximo de permanencia dentro de aeronaves en tierra de una hora para rutas nacionales y dos para internacionales, además del reembolso por cancelaciones notificadas con 48 horas
La iniciativa asigna a las aerolíneas la liquidación inmediata de indemnizaciones al pasajero aun cuando las demoras correspondan a fallas de los aeropuertos: “Si el retraso o la cancelación es responsabilidad del aeropuerto, la obligación de cubrir las compensaciones o indemnizaciones estará a su cargo, y la aerolínea deberá pagarlos de inmediato a la persona pasajera”.
Moreira Valdez convocó a un foro legislativo a finales de septiembre para analizar las condiciones del servicio y someter a debate esquemas de cabotaje aéreo frente a los costos en destinos nacionales.
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Su renuncia fue anunciada en un encuentro de magistrados
Por: Roberto Mendoza
La magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Aralí Soto Fregoso, formalizó su renuncia a su cargo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión con efectos al 31 de agosto de 2026, determinación que dio a conocer en la sede judicial durante la inauguración del Encuentro Nacional de Magistraturas Electorales 2026.
“He tomado la decisión de separarme del cargo como magistrada de la Sala Superior. Ello obedece a un compromiso fuerte, un compromiso asumido y –estimo– cumplido con mi patria, con mi Tribunal, pero también con mi familia”, señaló.
Soto Fregoso, quien presidió el órgano jurisdiccional entre enero de 2024 y octubre de 2025, fue designada originalmente por el Senado de la República el 20 de octubre de 2016 para un periodo improrrogable de nueve años que concluía formalmente el 31 de octubre de 2025, declinando hacer uso de la extensión de mandato hasta 2028 establecida en el régimen transitorio de la reforma al Poder Judicial.
Con su salida, sumada a la conclusión del periodo de la magistrada Janine Otálora Malassis en octubre de 2025, la Sala Superior operará con cinco de sus siete integrantes en funciones a las puertas del proceso electoral 2027.
La separación voluntaria traslada a la Comisión Permanente del Congreso la definición sobre la integración del órgano jurisdiccional, en un escenario donde la legislación reglamentaria no contempla un procedimiento de suplencia inmediata previas a la renovación por voto popular, dejando la disyuntiva de mantener el pleno funcionando con quórum reducido o procesar un nombramiento provisional.
“Por fortuna, los cargos públicos tienen fecha de entrada y de salida, y así fue mi compromiso también con mi familia, tener una temporalidad, que incluso hace unos meses concluyó”, aseguró la aún magistrada.
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