México
‘Lozoya imputó a Carlos Salinas y Felipe Calderón’: Riva Palacio
A Salinas se le acusa de su labor como cabildero de inversionistas extranjeros y a Calderon de que privilegió a empresas para el proyecto Etileno XXI
Por: Redacción
De acuerdo con la columna de Raymundo Riva Palacio, publicada hoy en El Financiero, Emilio Lozoya se convirtió en el instrumento útil del presidente Andrés Manuel López Obrador para llevar ante un juez a varios expresidentes de México. El primero en ser puesto ante el escrutinio público, que aún no es judicial, fue Enrique Peña Nieto, “y ahora se sabe que no fue el único”, ya que “el exdirector de Pemex, dentro de su acuerdo con el fiscal Alejandro Gertz Manero para poner a quien le diga el gobierno, a cambio de su libertad y su dinero”, también imputó a los expresidentes Carlos Salinas y Felipe Calderón.
Según Riva Palacio, las acusaciones están contenidas en la denuncia de hechos presentada por Lozoya, por lo cual Salinas y Calderón serán llamados a declarar ante un juez y responder los dichos de quien los incriminó. Las razones por las cuales los señala son, en el caso de Salinas, su labor como cabildero de inversionistas extranjeros en el sector energético durante el periodo en que Lozoya fue director de la empresa del Estado, y en el de Calderón, los supuestos privilegios que le dio a la empresa formada por la brasileña Braskem y la mexicana Idesa, para el Proyecto Etileno XXI.
“Ni Salinas ni Calderón figuraban en los señalamientos de Lozoya durante los tiempos en que vivió bajo la amenaza de la justicia en México, antes de irse a España, ni durante todo el periodo en el cual llevó su caso el abogado Javier Coello Trejo. Las imputaciones fueron realizadas luego de la negociación que encabezó su padre, Emilio Lozoya Thalman, directamente con Coello Trejo para pactar qué diría y contra quién iría 
Riva Palacio señaló que Salinas ha estado en la mira de López Obrador por muchos años, “pero la ira se revigorizó tras la forma como el expresidente operó la distribución y difusión de los videos donde su secretario particular, cuando era el jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, René Bejarano, aparece recibiendo dinero del empresario argentino naturalizado mexicano, Carlos Ahumada, y colocando ligas a 250 mil pesos, y metiéndolos a una bolsa de papel“. Videos similares aparecieron de Carlos Imaz, en ese entonces esposo de Claudia Sheinbaum, que era miembro del gabinete de López Obrador, y a quien el ho y presidente está llevando a la candidatura presidencial en 2024.
“Aunque es reconocido que López Obrador es un político vengativo, la imputación a Salinas es sorprendente. Lozoya Thalman y Salinas son –o eran– amigos desde la universidad, y fueron parte del mismo proyecto político. Más aún, cuando en el gobierno de Enrique Peña Nieto se inició un proceso en contra de Lozoya por presuntos actos de corrupción, su padre pidió a Salinas que intercediera ante Peña Nieto. Desde entonces Lozoya Thalman aseguraba que su hijo tenía, como prueba de su inocencia: muchos videos”.
El columnista añadió que Salinas, en efecto, fue cabildero de inversionistas extranjeros durante el sexenio de Peña Nieto, pero el entonces presidente frenó sus gestiones cuando supo que Salinas hablaba directamente con secretarios de Estado o altos funcionarios para concretar negocios, habló con él y le pidió que en el futuro, cualquier cosa que quisiera, lo tratara directamente con él. “No le fue bien a Salinas, ni lo que esperaba con Peña Nieto, a quien promovió para que ganara la candidatura presidencial”. Refirió que el exdirector de Pemex por su parte, cuando los hijos de Salinas, involucrados en negocios distintos al padre fueron a verlo a Pemex, los maltrató y de acuerdo con personas que supieron de esas reuniones, “los ninguneó”. Se desconocen las razones por las cuales Lozoya se comportó de esa manera con quien lo conoció de niño y con cuyo padre mantuvo una relación de décadas.
En su columna mencionó que con Calderón no tuvo nunca la relación que tuvo él y su familia con Salinas, “pero es el expresidente sobre el cual López Obrador quiere actuar con mayor rigor”. En la denuncia se está tratando de presentar como algo ilegal e ilegítimo que Calderón hubiera pedido a su entonces jefa de Oficina, Patricia Flores, que armara una mesa de seguimiento en Los Pinos sobre el Proyecto Etileno XXI, para que avanzara, aunque esas mesas eran parte de un método de gobierno, no sólo de Calderón ni exclusivo de México, para que los proyectos prioritarios del gobierno no se detuvieran.
El Proyecto Etileno XXI fue impulsado por Calderón cuando fue secretario de Energía durante el gobierno de Vicente Fox, aunque la idea original como una forma de revitalizar el sector petroquímico en el país, fue del entonces director de Pemex, Raúl Muñoz Leos, que lo llamó ‘Proyecto Fénix’. Calderón ha defendido recientemente el valor y la utilidad del Proyecto Etileno XXI.
Funcionarios federales dijeron que la principal acusación es que Calderón autorizó un precio por abajo del mercado para sus insumos, que consideran las autoridades como un subsidio ilegal. Braskem-Idesa lo ha negado y asegura que el precio del gas lo establecía una fórmula que Pemex había utilizado en contratos anteriores por más de tres lustros. Lozoya nunca interrumpió la relación fluida como director de Pemex, pero José Antonio González Anaya, que lo sustituyó, suspendió todos los tratos con la empresa por sospecha de irregularidades.
“Como en el caso de Salinas, donde Lozoya tendrá que probar que se le dieron contratos al expresidente que se puede conjeturar que provocaron un daño al erario, tendrá que hacer lo mismo con Calderón, y demostrar que hubo una ilegalidad que en su momento él no resolvió. Pero esta omisión de Lozoya no es relevante. Lo que importa para el gobierno es llevar ante el juez a Calderón, que le ganó la Presidencia a López Obrador en 2006 por menos de 250 mil votos, y que nunca pudo probar que le cometieron fraude”, finalizó.
Con información de El Financiero.
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Estado
Juan Carlos Valladares impulsa una transición energética justa y tarifas eléctricas equitativas
El legislador cuestionó a la titular de la CFE sobre las acciones para respaldar proyectos privados de generación renovable
Por: Redacción
El diputado federal Juan Carlos Valladares Eichelmann, del Partido Verde Ecologista de México, subrayó la necesidad de fortalecer la inversión energética y avanzar hacia un modelo que garantice electricidad suficiente, limpia y competitiva para el desarrollo de México.
Durante la comparecencia de la titular en días pasados, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ante la Comisión de Energía, el legislador potosino reconoció los avances financieros de la empresa productiva del Estado, que reporta una utilidad neta acumulada superior a 68 mil millones de pesos
No obstante, Valladares advirtió que el aumento de más del 30 % en los costos de producción, derivado del uso de combustibles fósiles y del lento crecimiento en energías renovables, evidencia la necesidad de acelerar la transición energética.
“La inversión en energía es indispensable para que México siga siendo un destino atractivo para el capital productivo. Sin electricidad limpia y competitiva, ninguna estrategia de atracción de inversiones puede sostenerse a largo plazo”, afirmó Valladares.
Durante su intervención, el legislador cuestionó a la titular de la CFE sobre las acciones para respaldar proyectos privados de generación renovable y el desarrollo de parques industriales, con el objetivo de ampliar la capacidad eléctrica nacional y generar más empleos. También destacó que la transición energética debe ir acompañada de formación técnica y profesional en energías limpias, a fin de asegurar la operación sostenible de los nuevos sistemas eléctricos.
El coordinador de Morena reconoce la legitimidad de las protestas de productores y confirma que el presupuesto “no ajusta para tanta necesidad”
Por: Roberto Mendoza
El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, anunció este miércoles que el Presupuesto de Egresos será analizado una vez que el Senado concluya la votación de la Ley de Ingresos, y anticipó reasignaciones que oscilarán “entre los 17 mil y 18 mil millones de pesos“. En entrevista en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el legislador también reconoció la legitimidad de las protestas de agricultores.
Al ser cuestionado sobre la “agitación social” y los bloqueos de productores, Monreal Ávila sostuvo que son “motivados por demandas legítimas” y que “el problema del campo no debe de soslayarse“. El coordinador parlamentario admitió su “preocupación” por las manifestaciones y señaló que, aunque se buscarán reasignaciones
En paralelo, el diputado Monreal Ávila informó que pospondrá para la próxima semana la presentación de una iniciativa “sobre los bancos“, con el fin de lograr un mayor consenso. El objetivo, detalló, es “que quede prohibido el envío de tarjetas de crédito y de débito que no se solicitan por los usuarios“. La propuesta también busca impedir que las instituciones financieras “cobren anualidades o penalizaciones” a las personas que reciban dichos plásticos sin haberlos solicitado.
El legislador de Morena justificó la iniciativa como una medida de protección a los usuarios. Precisó que la propuesta ya contempla sanciones para las entidades que incumplan, las cuales irán “desde sanciones económicas hasta amonestaciones por parte de la autoridad“, en este caso, la Comisión Nacional Bancaria (CNBV), para quien “persista en enviar plásticos sin la autorización de las personas“.
También lee: Cámara de Diputados aprueba Ley General Contra la Extorsión
Es la ley más importante del periodo, asegura el diputado José Luis Fernández; el delito se perseguirá de oficio y se habilitará la denuncia anónima a través del 089
Por: Roberto Mendoza
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó este martes 28 de octubre el dictamen que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, con lo que se establece un tipo penal único para este ilícito en toda la República. La aprobación en lo particular se alcanzó con 339 votos a favor, 100 en contra y 4 abstenciones, tras una sesión maratónica de más de once horas que inició poco después de las 11:00 de la mañana y concluyó alrededor de las 10:30 de la noche. El proyecto de decreto fue turnado al Senado para sus efectos constitucionales.
En entrevista exclusiva para La Orquesta, el diputado federal potosino José Luis Fernández (PVEM) calificó la ley como una “decisión correcta y acertada” y la consideró “probablemente… la más importante” de la legislatura, excluyendo el presupuesto. Destacó que el ilícito “lastima mucho” y se ha vuelto muy recurrente, en México y también en San Luis. Explicó que la ley general permitirá a San Luis Potosí “armonizar sus leyes locales” y definir con precisión las variantes del delito para tener una autoridad “mucho más coordinada” así como le permitirá a las autoridades combatir la reincidencia.
La nueva ley establece una pena base de seis a quince años de prisión y una multa de cien a quinientas Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a un rango de $11,314 a $56,570 pesos. Además, incluye tres conjuntos de agravantes que pueden incrementar la sanción: el primero, hasta en una tercera parte, si se comete contra comerciantes o empresarios (cobro de cuotas);
Durante la discusión en lo particular, se aceptó una reserva clave presentada por el diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena, para modificar el artículo 21. Monreal argumentó que el dictamen original afectaba la proporcionalidad de la pena, pues sancionaba con 10 a 20 años al servidor público que omitiera denunciar el delito, una pena mayor que la del propio extorsionador (6 a 15 años). Con el cambio avalado, la sanción para el funcionario que, teniendo atribuciones, se abstenga de denunciar, quedó fijada en un rango de cinco a doce años de prisión.
Esta ley general es reglamentaria de la reforma al artículo 73 constitucional, publicada el pasado 9 de octubre de 2025, que facultó al Congreso para legislar en la materia y homologar el tipo penal. El dictamen aprobado consolida una iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y once propuestas de legisladores. Además de las sanciones, la ley ordena la creación de campañas permanentes de prevención y fomenta la denuncia ciudadana anónima para combatir un delito que se investigará de oficio.
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