México
‘Lozoya imputó a Carlos Salinas y Felipe Calderón’: Riva Palacio
A Salinas se le acusa de su labor como cabildero de inversionistas extranjeros y a Calderon de que privilegió a empresas para el proyecto Etileno XXI
Por: Redacción
De acuerdo con la columna de Raymundo Riva Palacio, publicada hoy en El Financiero, Emilio Lozoya se convirtió en el instrumento útil del presidente Andrés Manuel López Obrador para llevar ante un juez a varios expresidentes de México. El primero en ser puesto ante el escrutinio público, que aún no es judicial, fue Enrique Peña Nieto, “y ahora se sabe que no fue el único”, ya que “el exdirector de Pemex, dentro de su acuerdo con el fiscal Alejandro Gertz Manero para poner a quien le diga el gobierno, a cambio de su libertad y su dinero”, también imputó a los expresidentes Carlos Salinas y Felipe Calderón.
Según Riva Palacio, las acusaciones están contenidas en la denuncia de hechos presentada por Lozoya, por lo cual Salinas y Calderón serán llamados a declarar ante un juez y responder los dichos de quien los incriminó. Las razones por las cuales los señala son, en el caso de Salinas, su labor como cabildero de inversionistas extranjeros en el sector energético durante el periodo en que Lozoya fue director de la empresa del Estado, y en el de Calderón, los supuestos privilegios que le dio a la empresa formada por la brasileña Braskem y la mexicana Idesa, para el Proyecto Etileno XXI.
“Ni Salinas ni Calderón figuraban en los señalamientos de Lozoya durante los tiempos en que vivió bajo la amenaza de la justicia en México, antes de irse a España, ni durante todo el periodo en el cual llevó su caso el abogado Javier Coello Trejo. Las imputaciones fueron realizadas luego de la negociación que encabezó su padre, Emilio Lozoya Thalman, directamente con Coello Trejo para pactar qué diría y contra quién iría 
Riva Palacio señaló que Salinas ha estado en la mira de López Obrador por muchos años, “pero la ira se revigorizó tras la forma como el expresidente operó la distribución y difusión de los videos donde su secretario particular, cuando era el jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, René Bejarano, aparece recibiendo dinero del empresario argentino naturalizado mexicano, Carlos Ahumada, y colocando ligas a 250 mil pesos, y metiéndolos a una bolsa de papel“. Videos similares aparecieron de Carlos Imaz, en ese entonces esposo de Claudia Sheinbaum, que era miembro del gabinete de López Obrador, y a quien el ho y presidente está llevando a la candidatura presidencial en 2024.
“Aunque es reconocido que López Obrador es un político vengativo, la imputación a Salinas es sorprendente. Lozoya Thalman y Salinas son –o eran– amigos desde la universidad, y fueron parte del mismo proyecto político. Más aún, cuando en el gobierno de Enrique Peña Nieto se inició un proceso en contra de Lozoya por presuntos actos de corrupción, su padre pidió a Salinas que intercediera ante Peña Nieto. Desde entonces Lozoya Thalman aseguraba que su hijo tenía, como prueba de su inocencia: muchos videos”.
El columnista añadió que Salinas, en efecto, fue cabildero de inversionistas extranjeros durante el sexenio de Peña Nieto, pero el entonces presidente frenó sus gestiones cuando supo que Salinas hablaba directamente con secretarios de Estado o altos funcionarios para concretar negocios, habló con él y le pidió que en el futuro, cualquier cosa que quisiera, lo tratara directamente con él. “No le fue bien a Salinas, ni lo que esperaba con Peña Nieto, a quien promovió para que ganara la candidatura presidencial”. Refirió que el exdirector de Pemex por su parte, cuando los hijos de Salinas, involucrados en negocios distintos al padre fueron a verlo a Pemex, los maltrató y de acuerdo con personas que supieron de esas reuniones, “los ninguneó”. Se desconocen las razones por las cuales Lozoya se comportó de esa manera con quien lo conoció de niño y con cuyo padre mantuvo una relación de décadas.
En su columna mencionó que con Calderón no tuvo nunca la relación que tuvo él y su familia con Salinas, “pero es el expresidente sobre el cual López Obrador quiere actuar con mayor rigor”. En la denuncia se está tratando de presentar como algo ilegal e ilegítimo que Calderón hubiera pedido a su entonces jefa de Oficina, Patricia Flores, que armara una mesa de seguimiento en Los Pinos sobre el Proyecto Etileno XXI, para que avanzara, aunque esas mesas eran parte de un método de gobierno, no sólo de Calderón ni exclusivo de México, para que los proyectos prioritarios del gobierno no se detuvieran.
El Proyecto Etileno XXI fue impulsado por Calderón cuando fue secretario de Energía durante el gobierno de Vicente Fox, aunque la idea original como una forma de revitalizar el sector petroquímico en el país, fue del entonces director de Pemex, Raúl Muñoz Leos, que lo llamó ‘Proyecto Fénix’. Calderón ha defendido recientemente el valor y la utilidad del Proyecto Etileno XXI.
Funcionarios federales dijeron que la principal acusación es que Calderón autorizó un precio por abajo del mercado para sus insumos, que consideran las autoridades como un subsidio ilegal. Braskem-Idesa lo ha negado y asegura que el precio del gas lo establecía una fórmula que Pemex había utilizado en contratos anteriores por más de tres lustros. Lozoya nunca interrumpió la relación fluida como director de Pemex, pero José Antonio González Anaya, que lo sustituyó, suspendió todos los tratos con la empresa por sospecha de irregularidades.
“Como en el caso de Salinas, donde Lozoya tendrá que probar que se le dieron contratos al expresidente que se puede conjeturar que provocaron un daño al erario, tendrá que hacer lo mismo con Calderón, y demostrar que hubo una ilegalidad que en su momento él no resolvió. Pero esta omisión de Lozoya no es relevante. Lo que importa para el gobierno es llevar ante el juez a Calderón, que le ganó la Presidencia a López Obrador en 2006 por menos de 250 mil votos, y que nunca pudo probar que le cometieron fraude”, finalizó.
Con información de El Financiero.
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La mandataria estatal de Chihuahua entregó un documento formal en la sede central de la dependencia en la Ciudad de México
Por: Roberto Mendoza
La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, acudió a la sede central de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México donde entregó un documento y organizó una conferencia de prensa.
“Hoy acudí a la Fiscalía General de la República dando la cara, como siempre lo he hecho. Vuelvo a levantar la voz ante un acto autoritario que pretende, sin respetar la ley, fabricar un caso en mi contra”, señaló.
Luego de entregar un escrito formal ante las autoridades federales, la mandataria sentenció: “A mí en cambio (comparándose con el gobernador con licencia Ruben Rocha) no me han acusado de nada formalmente… hay que decirlo con toda claridad, se me cita bajo la simulación de ser un testigo, pero con la finalidad de fabricarme un delito”.
La mandataria estatal fue requerida para declarar como testigo sobre la operación de agentes extranjeros no acreditados en su estado, que tuvieron un supuesto accidente y murieron, ante lo cual precisó a las afueras del recinto: “Yo hice mi trabajo, defendí a las familias, que esa droga no llegara a nuestros niños en forma de droga, de adicciones”.
El dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Jorge Romero, acompañó a la funcionaria a las afueras de las instalaciones de la Fiscalía e indicó: “Este narcogobierno optó por la persecución. Venimos a denunciar la persecución que se está haciendo a la gobernadora”.
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México
Morena impulsa reformas para fortalecer la democracia, la soberanía y la integridad electoral: Dip. Francisco Castillo
El diputado federal Francisco Castillo respaldó las iniciativas y dictámenes que serán discutidos en el Congreso de la Unión
Por: Redacción
El legislador destacó que las reformas impulsadas desde la Cuarta Transformación representan una actualización profunda del sistema electoral y judicial mexicano frente a los desafíos contemporáneos, como la desinformación digital, la posible injerencia extranjera y la necesidad de garantizar perfiles íntegros en los cargos de representación popular.
“México necesita instituciones fuertes, elecciones auténticas y mecanismos que garanticen que únicamente el pueblo decida el rumbo del país, sin presiones externas ni intereses ajenos a nuestra nación”, expresó.
Francisco Castillo explicó que una de las propuestas más relevantes incorpora como causal de nulidad electoral la intervención extranjera en los procesos democráticos, con el objetivo de blindar constitucionalmente la soberanía nacional y proteger la voluntad ciudadana frente a cualquier intento de manipulación externa
Asimismo, resaltó la iniciativa en materia de integridad de candidaturas, mediante la cual se plantea fortalecer los mecanismos preventivos para que los partidos políticos cuenten con mayores herramientas de evaluación sobre los perfiles que aspiran a cargos de elección popular.
“El pueblo merece representantes honestos, íntegros y comprometidos con la legalidad. Estas reformas buscan fortalecer
Sobre la reforma al Poder Judicial, el diputado señaló que se trata de un paso importante para consolidar un modelo de justicia más democrático, eficiente y cercano a la ciudadanía, perfeccionando los mecanismos de elección judicial, evaluación y capacitación permanente.
Añadió que también se busca ordenar los procesos electorales judiciales para garantizar mejores condiciones de organización, transparencia y participación ciudadana.
Francisco Castillo afirmó que Morena continuará impulsando reformas orientadas a consolidar la transformación democrática del país, fortaleciendo las instituciones públicas bajo principios de soberanía, legalidad, transparencia y justicia social.
“En la Cuarta Transformación creemos en una democracia auténtica, donde el poder emane verdaderamente del pueblo y donde las instituciones respondan al interés nacional y no a privilegios o intereses externos”, concluyó.
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El pleno de San Lázaro avaló el decreto que modifica siete artículos constitucionales y establece nuevas reglas de insaculación
Por: Roberto Mendoza
En sesión extraordinaria que inició poco después de las cinco de la tarde y concluyó pasadas las 10 de la noche, la Cámara de Diputados aprobó por mayoría calificada de 341 votos a favor y 124 en contra las modificaciones a siete artículos de la Constitución Política en materia del Poder Judicial. El decreto establece que la elección de la mitad restante de las personas juzgadoras se trasladará del año 2027 al primer domingo de junio de 2028. Derivado de esta modificación en el calendario, los funcionarios que debían concluir sus encargos en 2027 permanecerán en funciones hasta que los nuevos titulares rindan protesta el 1 de septiembre de 2028.
El documento reconfigura la Suprema Corte de Justicia de la Nación para operar internamente en dos secciones adicionales a su funcionamiento en Pleno. Para el nuevo proceso regulado en el artículo 96, el Senado emitirá la convocatoria a más tardar el 30 de abril previo a los comicios; posteriormente, los Comités de Evaluación seleccionarán a los cuatro perfiles con mayor puntuación y, a través de un sorteo público, la lista se reducirá a dos candidaturas por cargo bajo un criterio estricto de paridad de género.
El Instituto Nacional Electoral asumirá la organización de los distritos, el diseño de boletas simplificadas por especialidad y la instalación de casillas únicas coincidentes con las elecciones ordinarias para realizar el cómputo de votos.
Ante la falta definitiva de un ministro, magistrado o juez por muerte o renuncia, el artículo 98 decreta que la vacante será cubierta por la persona del mismo género que haya ocupado el segundo lugar en la votación previa.
Las entidades federativas y la Ciudad de México están obligadas a replicar este modelo de insaculación y elección en un límite de 60 días naturales, mientras que el Congreso de la Unión cuenta con un plazo perentorio de 90 días para adecuar la legislación secundaria que regulará las nuevas secciones de la Corte y las facultades del Tribunal de Disciplina Judicial.
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