México
‘Lozoya imputó a Carlos Salinas y Felipe Calderón’: Riva Palacio
A Salinas se le acusa de su labor como cabildero de inversionistas extranjeros y a Calderon de que privilegió a empresas para el proyecto Etileno XXI
Por: Redacción
De acuerdo con la columna de Raymundo Riva Palacio, publicada hoy en El Financiero, Emilio Lozoya se convirtió en el instrumento útil del presidente Andrés Manuel López Obrador para llevar ante un juez a varios expresidentes de México. El primero en ser puesto ante el escrutinio público, que aún no es judicial, fue Enrique Peña Nieto, “y ahora se sabe que no fue el único”, ya que “el exdirector de Pemex, dentro de su acuerdo con el fiscal Alejandro Gertz Manero para poner a quien le diga el gobierno, a cambio de su libertad y su dinero”, también imputó a los expresidentes Carlos Salinas y Felipe Calderón.
Según Riva Palacio, las acusaciones están contenidas en la denuncia de hechos presentada por Lozoya, por lo cual Salinas y Calderón serán llamados a declarar ante un juez y responder los dichos de quien los incriminó. Las razones por las cuales los señala son, en el caso de Salinas, su labor como cabildero de inversionistas extranjeros en el sector energético durante el periodo en que Lozoya fue director de la empresa del Estado, y en el de Calderón, los supuestos privilegios que le dio a la empresa formada por la brasileña Braskem y la mexicana Idesa, para el Proyecto Etileno XXI.
“Ni Salinas ni Calderón figuraban en los señalamientos de Lozoya durante los tiempos en que vivió bajo la amenaza de la justicia en México, antes de irse a España, ni durante todo el periodo en el cual llevó su caso el abogado Javier Coello Trejo. Las imputaciones fueron realizadas luego de la negociación que encabezó su padre, Emilio Lozoya Thalman, directamente con Coello Trejo para pactar qué diría y contra quién iría 
Riva Palacio señaló que Salinas ha estado en la mira de López Obrador por muchos años, “pero la ira se revigorizó tras la forma como el expresidente operó la distribución y difusión de los videos donde su secretario particular, cuando era el jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, René Bejarano, aparece recibiendo dinero del empresario argentino naturalizado mexicano, Carlos Ahumada, y colocando ligas a 250 mil pesos, y metiéndolos a una bolsa de papel“. Videos similares aparecieron de Carlos Imaz, en ese entonces esposo de Claudia Sheinbaum, que era miembro del gabinete de López Obrador, y a quien el ho y presidente está llevando a la candidatura presidencial en 2024.
“Aunque es reconocido que López Obrador es un político vengativo, la imputación a Salinas es sorprendente. Lozoya Thalman y Salinas son –o eran– amigos desde la universidad, y fueron parte del mismo proyecto político. Más aún, cuando en el gobierno de Enrique Peña Nieto se inició un proceso en contra de Lozoya por presuntos actos de corrupción, su padre pidió a Salinas que intercediera ante Peña Nieto. Desde entonces Lozoya Thalman aseguraba que su hijo tenía, como prueba de su inocencia: muchos videos”.
El columnista añadió que Salinas, en efecto, fue cabildero de inversionistas extranjeros durante el sexenio de Peña Nieto, pero el entonces presidente frenó sus gestiones cuando supo que Salinas hablaba directamente con secretarios de Estado o altos funcionarios para concretar negocios, habló con él y le pidió que en el futuro, cualquier cosa que quisiera, lo tratara directamente con él. “No le fue bien a Salinas, ni lo que esperaba con Peña Nieto, a quien promovió para que ganara la candidatura presidencial”. Refirió que el exdirector de Pemex por su parte, cuando los hijos de Salinas, involucrados en negocios distintos al padre fueron a verlo a Pemex, los maltrató y de acuerdo con personas que supieron de esas reuniones, “los ninguneó”. Se desconocen las razones por las cuales Lozoya se comportó de esa manera con quien lo conoció de niño y con cuyo padre mantuvo una relación de décadas.
En su columna mencionó que con Calderón no tuvo nunca la relación que tuvo él y su familia con Salinas, “pero es el expresidente sobre el cual López Obrador quiere actuar con mayor rigor”. En la denuncia se está tratando de presentar como algo ilegal e ilegítimo que Calderón hubiera pedido a su entonces jefa de Oficina, Patricia Flores, que armara una mesa de seguimiento en Los Pinos sobre el Proyecto Etileno XXI, para que avanzara, aunque esas mesas eran parte de un método de gobierno, no sólo de Calderón ni exclusivo de México, para que los proyectos prioritarios del gobierno no se detuvieran.
El Proyecto Etileno XXI fue impulsado por Calderón cuando fue secretario de Energía durante el gobierno de Vicente Fox, aunque la idea original como una forma de revitalizar el sector petroquímico en el país, fue del entonces director de Pemex, Raúl Muñoz Leos, que lo llamó ‘Proyecto Fénix’. Calderón ha defendido recientemente el valor y la utilidad del Proyecto Etileno XXI.
Funcionarios federales dijeron que la principal acusación es que Calderón autorizó un precio por abajo del mercado para sus insumos, que consideran las autoridades como un subsidio ilegal. Braskem-Idesa lo ha negado y asegura que el precio del gas lo establecía una fórmula que Pemex había utilizado en contratos anteriores por más de tres lustros. Lozoya nunca interrumpió la relación fluida como director de Pemex, pero José Antonio González Anaya, que lo sustituyó, suspendió todos los tratos con la empresa por sospecha de irregularidades.
“Como en el caso de Salinas, donde Lozoya tendrá que probar que se le dieron contratos al expresidente que se puede conjeturar que provocaron un daño al erario, tendrá que hacer lo mismo con Calderón, y demostrar que hubo una ilegalidad que en su momento él no resolvió. Pero esta omisión de Lozoya no es relevante. Lo que importa para el gobierno es llevar ante el juez a Calderón, que le ganó la Presidencia a López Obrador en 2006 por menos de 250 mil votos, y que nunca pudo probar que le cometieron fraude”, finalizó.
Con información de El Financiero.
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México
PRI solicita al INE la cancelación del registro de Morena y tramita denuncias en Estados Unidos
El partido presentó expedientes ante entidades estadounidenses argumentando intervención del crimen organizado en los comicios de Sinaloa
Por: Roberto Mendoza
Alejandro Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó un recurso formal ante el Instituto Nacional Electoral para anular el estatus jurídico de la actual organización política en el poder: “Aquí está la solicitud para que pierda el registro el narcopartido político Morena. Morena no es un partido político. Morena es un cartel del crimen organizado que entregó la seguridad y la paz de las familias mexicanas”.
Durante la conferencia en el Senado, enmarcada por pantallas y lonas que exigían la extradición de funcionarios, gobernadores y del expresidente de la República, el legislador expuso la presunta cooptación de las instituciones de seguridad estatales: “El Estado de Sinaloa se convirtió en una estructura criminal porque no solo era el gobernador, era el secretario de gobierno, era el de finanzas, eran las fiscalías, eran las policías, era el alcalde de la capital. Se pusieron de acuerdo con los carteles del crimen organizado para ganar las elecciones. Se reunieron con ellos. Les entregaron las fiscalías. Les entregaron las policías. Les entregaron las listas de quienes estaban participando en la elección, los levantaron, los asesinaron”.
El partido ingresó expedientes sancionadores en dependencias extranjeras y anunció una escalada diplomática de sus exigencias: “La denuncia y el escrito y la información en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en el Departamento de Estado de los Estados Unidos y en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Aquí está claro, el brazo político del partido Morena son los carteles del crimen organizado y por eso vamos a iniciar una intensa y contundente gira internacional para denunciar esto. Y por ello las sanciones que pueda establecer el gobierno de los Estados Unidos. Desde que les quiten las visas, los imputen, hagan solicitudes de extradición, es lo que corresponde porque en su facultad, en su ley la tienen”.
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“Exigimos la detención inmediata de Rubén Rocha. Si el gobierno federal no lo quiere detener, entonces es cómplice”, aseguró Ricardo Anaya
Por: Roberto Mendoza
El coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya Cortés, presentó la solicitud formal para convocar a sesión extraordinaria y declarar la desaparición de poderes en Sinaloa: “exigimos que se convoque de inmediato un periodo extraordinario y que este Senado de la República declare la desaparición de poderes en el estado de Sinaloa. Porque no nos confundamos, no solamente el narco se infiltró en el Poder Ejecutivo, en la Fiscalía, en la policía, en su alianza con Morena y con Rocha Moya. También a través de la narcoelección judicial se infiltraron en el Poder Judicial, y es evidente que también están infiltrados en el Poder Legislativo local”.
Sobre la situación procesal del gobernador con licencia y la exigencia de aplicar el Tratado de Extradición, la bancada advirtió similitudes operativas con evasiones previas
La representación legislativa determinó que el retraso en la ejecución de la captura solicitada por el Departamento de Justicia trasladará la responsabilidad judicial a la administración central: “exigimos la detención inmediata de Rubén Rocha Moya y de sus cómplices. Y si el gobierno federal no lo quiere detener, entonces el gobierno federal también es cómplice de Rubén Rocha Moya”.
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México
La Ministra Yasmín Esquivel participó en el Observatorio sobre la calidad democrática y construcción de ciudadanía
Aseguró que la solidez de la democracia no depende únicamente de la pulcritud de sus procesos, sino de la eficacia de sus instituciones para transformar los derechos escritos en realidades palpables
Por: Redacción
La democracia de alta calidad es aquella donde la ciudadanía no solo vota, sino que ejerce su autonomía; donde los derechos sociales no son promesas de campaña, sino obligaciones exigibles ante tribunales independientes”, expresó la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa.
Al participar en la instalación del observatorio sobre la calidad democrática y construcción de ciudadanía, Esquivel Mossa aseguró que la justicia se convierte en el puente entre la voluntad popular y el límite al poder; y que la solidez de la democracia no depende únicamente de la pulcritud de sus procesos, sino de la eficacia de sus instituciones para transformar los derechos escritos en realidades palpables.
En las instalaciones de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), la ministra reconoció que un observatorio con anclaje territorial y vocación pública permitirá comprender cómo se vive el Estado constitucional en la experiencia diaria del ciudadano: “este Observatorio tiene la vocación de ser el espacio donde el rigor académico de la universidad se encuentre con la experiencia operativa de las instituciones, para generar una agenda de fortalecimiento institucional que responda a las necesidades de las juventudes y de las comunidades que se sienten al margen del sistema”, subrayó.
Previamente, la Ministra Esquivel asistió al Encuentro Nacional de Coordinadores del Posgrado Interinstitucional en Derechos Humanos, donde habló del mandato que tienen las autoridades judiciales de promover, respetar proteger y garantizar los derechos humanos, además de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a éstos.
Ante profesores y estudiantes de las instituciones que conforman dicho posgrado, Esquivel Mossa recordó que los derechos humanos se sustentan en la dignidad de las personas, y constituyen una exigencia para una vida digna, libre, sin discriminación.
En el marco del 10º aniversario de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, Yasmín Esquivel también habló del protocolo para juzgar con perspectiva de género; del protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia; con perspectiva de orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales con perspectiva intercultural; protocolo para juzgar en casos de feminicidio, entre otros.
Estas actividades contaron con la presencia de Mónica Aralí Soto Fregoso, Magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; Dante Arturo Salgado González, Rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur; Luis Armando González Plascencia, Secretario General Ejecutivo de la ANUIES; José María Avilés Castro, Subsecretario de Enlace Legislativo y Municipal del Gobierno de BCS.
Así como Sinia Álvarez Ramos, Vocal Ejecutiva del INE en la entidad; Sara Flores de la Peña, Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral de Baja California Sur; Malka Meza Arce, Consejera Presidenta del Instituto Electoral de BCS; y Gabriela Cardoza Coronel, alumna del Doctorado Interinstitucional de Derechos Humanos de la UABCS.
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