#4 Tiempos
Los siete sabios de Grecia | Columna de Víctor Meade C.
SIGAMOS DERECHO.
Las calles se comienzan a limpiar de la propaganda política que contamina tanto al ambiente como a la vista; ya se desahogan las impugnaciones de aquellas candidaturas que no fueron favorecidas por el voto popular; y ya se reúnen las y los gobernadores electos con el Ejecutivo Federal. Sin embargo, la «fiesta de la democracia» aún no termina. Sigue, ahora, la consulta popular.
En agosto del año pasado, senadores de Morena solicitaron a las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Diputados que se realizara una consulta popular para enjuiciar a los expresidentes que hayan cometido actos de corrupción. Así, la ley les requirió recabar alrededor de 1.8 millones de firmas para antes del 15 de septiembre. Un día antes del plazo, Mario Delgado informó que únicamente lograron la firma de alrededor de 300 mil ciudadanos. Entonces, el 15 de septiembre, López Obrador entregó al Senado la propuesta de consulta. Un día después, dicha propuesta fue enviada a la Suprema Corte para revisión, misma que fue turnada al ministro Luis María Aguilar Morales.
La propuesta de consulta realizada por López Obrador constaba de dos elementos: una exposición de motivos y una pregunta. La exposición de motivos, primero, no fue otra cosa más que un análisis simplista, frívolo y extremadamente predecible. De Salinas menciona las políticas neoliberales y privatizaciones; de Zedillo, el Fobaproa; de Fox, la intromisión en las elecciones; de Calderón, la guerra contra el narcotráfico; y de Peña, Odebrecht, Agronitrogenados y la reforma energética. Luego, se jacta de ser un auténtico promotor de la democracia participativa al mencionar las “consultas” realizadas para el NAIM o el Tren Maya, que, bien sabemos, políticamente fueron pura simulación; de su aspecto técnico, ni hablar.
Por tanto, la pregunta propuesta fue: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?” De aprobarse, dice la exposición de motivos, las instituciones responsables (deliberadamente ambiguo) tendrán un enorme respaldo para realizar esa tarea con absoluta libertad. De no aprobarse, “nadie podrá acusarlas de encubrir o solapar conductas ilegales”, lo que sea que eso signifique. López Obrador anticipó que su voto será por el «no». ¿Por qué?
Más allá de todos los despropósitos enunciados en la exposición de motivos, esto último —considero— es particularmente desconcertante. Si se aprobase esa consulta, en términos prácticos se le estarían dando una ronda de aplausos y de buenos deseos a la Fiscalía General de la República, comandada por el obstinado Gertz Manero. De no aprobarse, no se le podría reclamar nada a nadie, si es que entendí correctamente lo planteado en la exposición de motivos. Vale la pena realizar un breve ejercicio mental y pensar: ¿el caso Lozoya sería distinto hoy si se hubiese consultado su investigación y posterior sanción? La consulta planteada en los términos del presidente es meramente electorera. Sólo resta apuntar lo que en una entrevista señaló Juan Velázquez, abogado famoso por defender exitosamente a los políticos más controversiales: las investigaciones iniciadas con motivos políticos nunca llegan a buen puerto.
El proyecto presentado por el ministro Luis María Aguilar propuso la inconstitucionalidad de la consulta por cinco motivos. El primero de ellos es el más obvio: no le corresponde a la ciudadanía decidir si las autoridades deben o pueden proteger los derechos humanos, pues hacerlo es una obligación constitucional. El segundo argumento, considero, es el más sólido: someter a votación la posibilidad de restringir los derechos fundamentales de las víctimas de actos de corrupción cometidos por expresidentes no solo afectaría a las partes del proceso judicial sino a la sociedad en general. El resto de los argumentos versan sobre presunción de inocencia, garantías de protección a los derechos humanos y falta de justificación de por qué debe someterse a consulta una eventual sanción penal a determinadas personas. Resume todo lo anterior el ministro Aguilar diciendo que la propuesta del Ejecutivo es “un concierto de inconstitucionalidades”, lo cual suscribo enteramente.
La gran expectativa que en su momento generó el asunto estuvo bien atendida por el proyecto de Aguilar. Tuvo la gran bondad de ser muy claro, con figuras retóricas interesantes y de ser ampliamente difundido. La sesión de Pleno en que se discutió el proyecto figuró por las gigantes intervenciones del voto de minoría, que defendieron con maestría el mandato constitucional y los derechos de las víctimas. El voto de mayoría, disperso y flojo en su argumentación hizo lo que quiso con la exposición de motivos de López Obrador y le dio una interpretación francamente deficiente. Bajo el argumento de una supuesta maximización del derecho de la ciudadanía a participar en los mecanismos de democracia directa, el voto de mayoría no fue capaz de generar un criterio claro que funja como una directriz para las consultas venideras. El voto de mayoría sucumbió ante las presiones politiqueras del Ejecutivo. 
Al final, la pregunta inicial de la consulta fue modificada a “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?” Según la Corte, esta pregunta no es tendenciosa ni tiene juicios de valor, utiliza lenguaje sencillo, comprensible y permite una respuesta categórica en sentido negativo. Juzgue usted mismo si es así. La nueva pregunta es diametralmente distinta a la original y es particularmente ambigua. ¿Cuáles son los años pasados? ¿A qué actores políticos del pasado se refiere?
El derecho debe tener la principal función de pacificar los conflictos que se suscitan al interior de la comunidad política y desahogarlos mediante el cauce institucional previsto en la ley. El proyecto de Aguilar, aunque perfectible, sí cumplía con una función pacificadora, pues expresaba claramente la inconstitucionalidad de la consulta y le subía el estándar al presidente para que en el futuro se tomara con mayor seriedad la formulación de la exposición de motivos y de la pregunta. Lo acordado en la sesión de Pleno, en contraste, no pacifica nada. México será el mismo país después de que se realice la consulta, aunque la ciudadanía ya habrá pagado el costo (500 mdp) y el desgaste democrático. A su vez, hay que apuntar que lo decidido por la Corte le dio manga ancha al presidente para —hasta ahora, sugerir— someter a consulta temas sensibles como la despenalización del aborto.
Nadie podría oponerse a que se investiguen a fondo a las aberrantes figuras políticas del pasado y a las que siguen en el presente. Sin embargo, legitimar este tipo de ejercicios —que aparentan ser democráticos— es un despropósito frívolo y costoso, por decir lo menos. Quien tenga pruebas, que las presente y que la Fiscalía actúe a la altura, aunque, por la experiencia que demuestran los casos de Lozoya, Salvador Cienfuegos, Rosario Robles y otros, ese panorama se vislumbra complicado.
El 1 de agosto se realizará la consulta y, al menos yo, no saldré a votar en esa simulación por respeto a las víctimas de los actos de corrupción y malos gobiernos. Hacerlo significaría poner en manos de la población su derecho de acceso a la justicia. Se habla de que, si el resultado de la consulta fuera en sentido afirmativo, se instaurarán comisiones de la verdad. Aunque así fuera, reitero, la pregunta presentada por la Corte no ofrece ninguna directriz en cuanto al curso de acción.
La propaganda oficialista ya comienza a publicitar engañosamente que la consulta trata sobre expresidentes, juicios y actores del pasado. Lo anterior me remite al tan necesario Jorge Ibargüengoitia, quien en su novela Estas ruinas que ves, describe a los «Siete sabios de Grecia», que ni eran siete, ni eran sabios, ni eran de Grecia; eran seis cuevanenses —como se le llama a la gente de Cuévano, ciudad ficticia donde tiene lugar la novela— que dominaban la universidad de la localidad. En el caso que nos ocupa, nos encontramos ante una consulta que ni es sobre juicios, ni es sobre expresidentes, ni será de actores políticos del pasado.
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EL CRONOPIO
Antes de la publicación de las novelas el burlador de Sevilla de Tirso de Molina en 1630 y del célebre Don Juan Tenorio: drama religioso-fantástico en dos partes José de Zorrilla en 1844, en el entonces Pueblo de San Luis Minas del Potosí, a los treinta cinco años de fundado, hacía de las suyas un vecino de Cerro de San Pedro Potosí, Miguel de Becerril, quien sería acusado de allanamiento de morada y faltas a la moral pública en 1627.
Miguel de Becerril se enamoraría perdidamente de doña María del Castillo, quien estaba al servicio de Martín del Pozo, Teniente de Capitán General en las Fronteras Chichimecas y Alcalde Mayor, y de su esposa, la señora alcaldesa, donde vivía la sirvienta en las mismas Casas Reales del Pueblo de San Luis Minas del Potosí.
Su intenso amor abrió las venas poéticas de Miguel de Becerril y se convertiría en uno de los primeros poetas potosinos que plasmara sus sentimientos a través de las letras, así como en el género epistolar, al escribir un buen número de cartas a su amada, que ahora se conservan en el archivo de su causa criminal, archivados como pruebas de sus criminales acciones al colarse a la Casa Real en busca de su amada. Así viajaba del Cerro al pueblo para visitar a su amada María del Castillo colándose en las noches al aposento de la amada, entrando posiblemente por lo corrales.
No contento con la complicidad de la noche, tuvo la ocurrencia de violar las Casas Reales en plena luz del día, sin importar que fuera visto por la gente del pueblo. El camino de Cerro de San Pedro al pueblo de San Luis se le hacía pequeño en busca de doña María y aprovechaba los días de fiesta, cuando vacacionaba Becerril estando al acecho de la amada, tratando de encontrar el resquicio adecuado para colarse a la casa, y si no insistía por una de las ventanas que daban a los portales de la plaza pública, y ahí bajo el alféizar agotaba los coloquios infinitos hasta la once y media de la noche, “dando el mal ejemplo y qué decir a todos los vecinos que lo veían tan públicamente hablando con ella a deshoras de la noche y hasta el día, poniendo escándalo en la vía pública”, al decir del promotor Fiscal en la acusación. Era un enamorado goloso, incansable, impenitente.
Cuando le era difícil encontrarse con doña María, recurría a las cartas y le escribía versos, que serían a la larga el cuerpo del delito donde se le comprobó sus escandalosas conductas, que lo llevarían a prisión y al destierro, sentencia que le iba a ser impuesta.
Le escribía a su amada: “pienso asistir a México hasta que la flota parta a España a donde, si Dios no lo remedia, pienso embarcarme para España”.
Te pido que alivies mi enorme pena
si no quieres mirarme desterrado,
por mis desdichas, a la vega amena.
En Cerro de San Pedro, posiblemente fuera minero o quizá como comerciante. Eso sí, perito en artes amatorias, de cierta cultura lo que le permitió escribir de los primeros versos en San Luis, convirtiéndose en uno de los primeros poetas de estas tierras, antes de que fuera desterrado de ellas.
La Real Justicia firmado por Lorenzo Velásquez, Promotor Fiscal, lo acusó formalmente ante el propio Teniente de Capitán General y Alcalde Mayor, de allanamiento de morada, nada menos que la residencia oficial del poder, y por faltas a la moral pública, puesto que platicaba con su prometida a vista y escándalo del pueblo. Por lo cual, “a Vuestra merced suplico mande condenar a condene al dicho Miguel de Becerril en las más graves y establecidas penas en derecho para que le sea castigo y a los demás de ejemplo”.
Miguel fue a dar a la cárcel pública y cinco días después, el 17 de abril de 1628, se firmó la sentencia en que, “Mandaban y mandaron que, vía recta de la dicha prisión, salga desterrado de este Pueblo por tiempo de dos años que corran y se cuenten desde el día que se le notificare este auto, y no lo quebrante, pena que, demás de que será castigada por todo rigor, la cumplirá en las Islas Filipinas sin sueldo”. Atrás dejaba el Cerro de San Pedro y Doña María Castillo.
Sus artes amatorias y su vena poética, anteceden al Don Juan y bien podría ser inspiración de Tirso de Molina y José Zorrilla en esos temas que les dieron fama.
Solo a tu piedad le ruego quiera
dolerse de mí en término tan largo,
pues cuanto más inmediata fuera
en tránsito tan fuerte y tan amargo
socorro hallara entre enemigas gentes
y, habiendo ya quedado a tu cargo,
siquiera porque estamos tan ausentes,
merezca algún favor que alivie el fuego,
que el alma arroja por los ojos fuentes.
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APUNTES
Veremos de qué tan desabridas vienen las campañas para personas juzgadoras. Las federales ya comenzaron, solo una potosina, Alma Delia González, compite entre cientos de perfiles para alcanzar un lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La magistrada, que no se esperaba hace unos meses estar involucrada en un proceso electivo, comenzó su campaña en TikTok y se ha dado a conocer con productos audiovisuales en sus redes sociales.
No hay mucho más que hacer, las reglas del juego así lo contemplan. Los aspirantes a cargos de magistrados y jueces, 74 en total en el estado, comenzarán hasta abril, sin embargo, desde ahora se avizora un escenario pardo, sin emoción ni expectativas aunque sea medianas.
Los cálculos más entusiastas indican que solo entre el 9 y el 14 por ciento de los ciudadanos tienen la intención de participar con su voto en la histórica, primera y extraordinaria elección de ministros, magistrados y jueces que se llevará a cabo el próximo primero de junio.
El bajo interés en el proceso es explicable: No hay un intercambio simbólico entre candidatos y votantes, no hay una promesa de valor que motive al ciudadano a votar en la renovación del Poder Judicial, un poder además que históricamente ha sido distante del ciudadano.
El gran riesgo que ese desinterés generalizado plantea es que grupos, con buenas o malas intenciones, se metan en la movilización pagada el día de la elección.
Con un calculo simple, hay que tomar en cuenta que con mucho menos de 2 mil votos– y eso si es que se llega a una participación de 100 mil potosinos- se pueden ganar los cargos.
De las campañas de los interesados se espera muy poco, todos intentarán colocar su número y color de boleta en la cabeza de la gente, sin embargo no están contemplando que muy difícilmente podremos recordar 74 combinaciones. Ni las del Melate son tan difíciles.
¿Los candidatos qué nos pueden ofrecer? Solo su trayectoria e imparcialidad, de ahí en fuera sus mensajes tenderán a lo emocional y a la confianza que puedan generar de manera orgánica en sus redes. En resumen todos nos dirán las mismas tres cosas: que son buenas personas, que son capaces y que son incorruptibles.
Lamentablemente este mismo punto se podrá poner en duda desde el momento en que algunos se presten al juego de la movilización el día electoral, pues estarían vendiendo su llegada al cargo a cambio de favores.
Ojalá que no se preste ninguno, sean los menos y los que lo hagan pierdan. (Permítame algo de idealismo aunque sea).
Al respecto de la elección, a través de la Secretaría General de Gobierno se hizo un llamado a los organismos electorales, y secretarías de estado involucradas en la seguridad, derechos humanos y Fiscalía para que se unan en la revisión de protocolos en búsqueda de mantener la paz y la gobernabilidad durante las campañas federales, que ya iniciaron, como las estatales que comenzarán los últimos días de abril.
Se busca un proceso “justo y ordenado” y que bueno que haya esas intenciones, no obstante eso de “justo” irónicamente está en veremos porque lo mismo que partidos políticos, gobiernos, instituciones, sindicatos, grupos magisteriales, gremios y hasta el crimen organizado -hay que decirlo- podrían de manera “ordenada” (literalmente por una orden) enviar o comprar con relativa facilidad a cientos de personas con la intención de hacer ganar a candidatos
¿Cómo evitar el asunto de la movilización interesada y peligrosa? La pregunta es para las autoridades y no solo las electorales, que además gastarán una millonada de recursos en la organización de la elección y muy poco en explicar, conmover y convencer al ciudadano común para que vaya a votar libremente.
Por cierto que no juegan a favor los simulacros que se han hecho respecto a los tiempos que se tomará cada ciudadano para emitir su voto, que se calculan desde la entrada de la casilla, identificación, entrega de boletas, votación, inserción de cada boleta en las urnas y retiro, entre 15 y 20 minutos por persona.
Imagine Usted, Culto Público, que cuando llegue usted a la casilla el primero de junio, estén 10 personas formadas antes que usted, el tiempo que le tomará para que sea su turno será de más de 2 horas.
¿Habrá alguien dispuesto a perder tanto tiempo de su domingo por pura buena voluntad y civismo? Esa buena voluntad será directamente proporcional a la cantidad de votantes.
BEMOLES
MORALES
En el parque de Morales hay mas grilla que pasto y las indirectas entre el gobernador y el alcalde están a la orden del día.
En el primer acto, el gobierno del estado anunció la rehabilitación de este sitio desde mayo del año pasado (en plenas elecciones) y entró a intervenirlo sin contar con los permisos que el proyecto requería, por lo tanto, hubo quien encontró en esta omisión motivo para ampararse y detener la obra.
En el segundo acto, el gobierno municipal detuvo el mantenimiento del parque, quizás pensaron algo como que “al fin y al cabo lo estaría llevando el palacio de enfrente”.
En el tercer acto pasó más de un año y ni el gobierno estatal pudo hacer realidad la rehabilitación ni el municipal dio mantenimiento sostenido al sitio.
Ayer Ricardo Gallardo afirmó que Morales cada vez está “más jodido” y es cierto, por su parte el municipio ya por lo menos lo está regando y anunció la inversión en una planta tratadora.
¿Cómo se llamó la obra? Se llamó “Todavía no hay obra”.
Si continúan los celos y pleitos entre palacios, se caerán todos los arboles Moralescos y lo único verde que veremos serán los moños en los puestos de los elotes.
Hasta la próxima
Jorge Saldaña
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TESTEANDO
Estamos a pocos meses del Mundial 2026, y con ello, la lista de países invitados se va llenando poco a poco. Hoy ya conocemos a algunos de los visitantes a Norteamérica el próximo año, y otros que están cerca de firmar su presencia. Revisemos dónde estamos en este momento.
1. Estados Unidos (Anfitrión)
Como uno de los países organizadores, Estados Unidos clasificó automáticamente. Con 11 participaciones en Mundiales, su mejor resultado fue el tercer lugar en 1930. En 2026, buscarán aprovechar la ventaja de jugar en casa para superar sus marcas históricas y llegar lejos en el torneo.
2. México (Anfitrión)
México también clasificó por ser anfitrión. Con 17 participaciones, su mejor desempeño fue llegar a cuartos de final en 1970 y 1986, ambas veces como organizador. En 2026, intentarán romper su famosa “maldición del quinto partido” y avanzar a semifinales por primera vez.
3. Canadá (Anfitrión)
Canadá completó el trío de anfitriones. Con solo dos participaciones previas (1986 y 2022), este será un gran momento para consolidarse como una selección competitiva. Jugando en casa, buscarán dejar huella y ganarse el respeto del mundo del fútbol.
4. Japón
Japón fue el primero en clasificar a través de las eliminatorias asiáticas. Con 7 participaciones en Mundiales, siempre ha llegado hasta octavos de final (2002, 2010, 2018 y 2022). En 2026, su objetivo será superar ese récord y avanzar a cuartos.
5. Nueva Zelanda
Nueva Zelanda aseguró su lugar al ganar las eliminatorias oceánicas. Con solo dos participaciones previas (1982 y 2010), el equipo buscará aprovechar esta oportunidad para ganar experiencia y competir con equipos de mayor nivel.
6. Irán
Irán también clasificó a través de las eliminatorias asiáticas. Aunque ha participado en 6 Mundiales, nunca ha superado la fase de grupos. En 2026, intentarán dar el s alto y avanzar a octavos de final por primera vez.
7. Argentina
Argentina, campeona del mundo en 2022, aseguró su lugar al dominar las eliminatorias sudamericanas. Con tres títulos mundiales (1978, 1986 y 2022), llegan como uno de los grandes favoritos para defender su corona y seguir escribiendo historia.
Por otro lado, tenemos un pequeño grupo de equipos que están cerca y, aunque aún no han asegurado su clasificación, están a un paso de lograrlo. Entre ellos destacan Brasil, Francia, España y Alemania, todas con un historial impresionante en Mundiales y grandes candidatas a brillar en 2026. Mención aparte el caso de Ecuador, que con buen paso en la eliminatoria, hace creer a los suyos.
Por otro lado, existe la clasificación por repechaje, en donde ahora mismo se encuentra Nueva Caledonia, quienes perdieron la final de Oceanía contra Nueva Zelanda (3-0). Aunque no obtuvieron su lugar directo, aún pueden hacerlo ganando su repechaje. La selección de Nueva Caledonia se ubica en el lugar 152 de la FIFA, por lo que es muy probable que tenga que jugar dos partidos en caso de lograr su boleto al Mundial.
Este será un Mundial único, no solo por su expansión a 48 equipos, sino también por su organización trinacional. La fase de grupos contará con 12 grupos de 4 equipos, y los dos primeros de cada grupo avanzarán, junto con los 8 mejores terceros.
El Mundial parece convertirse ahora sí en una fiesta global. Ojalá esto traiga nuevas selecciones y mayor diversidad. Al momento no hay debuts a la vista, pero falta mucho por escribirse, y es muy probable que, por lo menos entre Concacaf y Conmebol, veamos un nuevo invitado a las copas del mundo.
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