SIGAMOS DERECHO.

Las calles se comienzan a limpiar de la propaganda política que contamina tanto al ambiente como a la vista; ya se desahogan las impugnaciones de aquellas candidaturas que no fueron favorecidas por el voto popular; y ya se reúnen las y los gobernadores electos con el Ejecutivo Federal. Sin embargo, la «fiesta de la democracia» aún no termina. Sigue, ahora, la consulta popular.

En agosto del año pasado, senadores de Morena solicitaron a las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Diputados que se realizara una consulta popular para enjuiciar a los expresidentes que hayan cometido actos de corrupción. Así, la ley les requirió recabar alrededor de 1.8 millones de firmas para antes del 15 de septiembre. Un día antes del plazo, Mario Delgado informó que únicamente lograron la firma de alrededor de 300 mil ciudadanos. Entonces, el 15 de septiembre, López Obrador entregó al Senado la propuesta de consulta. Un día después, dicha propuesta fue enviada a la Suprema Corte para revisión, misma que fue turnada al ministro Luis María Aguilar Morales.

La propuesta de consulta realizada por López Obrador constaba de dos elementos: una exposición de motivos y una pregunta. La exposición de motivos, primero, no fue otra cosa más que un análisis simplista, frívolo y extremadamente predecible. De Salinas menciona las políticas neoliberales y privatizaciones; de Zedillo, el Fobaproa; de Fox, la intromisión en las elecciones; de Calderón, la guerra contra el narcotráfico; y de Peña, Odebrecht, Agronitrogenados y la reforma energética. Luego, se jacta de ser un auténtico promotor de la democracia participativa al mencionar las “consultas” realizadas para el NAIM o el Tren Maya, que, bien sabemos, políticamente fueron pura simulación; de su aspecto técnico, ni hablar.

Por tanto, la pregunta propuesta fue: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?” De aprobarse, dice la exposición de motivos, las instituciones responsables (deliberadamente ambiguo) tendrán un enorme respaldo para realizar esa tarea con absoluta libertad. De no aprobarse, “nadie podrá acusarlas de encubrir o solapar conductas ilegales”, lo que sea que eso signifique. López Obrador anticipó que su voto será por el «no». ¿Por qué?

Más allá de todos los despropósitos enunciados en la exposición de motivos, esto último —considero— es particularmente desconcertante. Si se aprobase esa consulta, en términos prácticos se le estarían dando una ronda de aplausos y de buenos deseos a la Fiscalía General de la República, comandada por el obstinado Gertz Manero. De no aprobarse, no se le podría reclamar nada a nadie, si es que entendí correctamente lo planteado en la exposición de motivos. Vale la pena realizar un breve ejercicio mental y pensar: ¿el caso Lozoya sería distinto hoy si se hubiese consultado su investigación y posterior sanción? La consulta planteada en los términos del presidente es meramente electorera. Sólo resta apuntar lo que en una entrevista señaló Juan Velázquez, abogado famoso por defender exitosamente a los políticos más controversiales: las investigaciones iniciadas con motivos políticos nunca llegan a buen puerto.

El proyecto presentado por el ministro Luis María Aguilar propuso la inconstitucionalidad de la consulta por cinco motivos. El primero de ellos es el más obvio: no le corresponde a la ciudadanía decidir si las autoridades deben o pueden proteger los derechos humanos, pues hacerlo es una obligación constitucional. El segundo argumento, considero, es el más sólido: someter a votación la posibilidad de restringir los derechos fundamentales de las víctimas de actos de corrupción cometidos por expresidentes no solo afectaría a las partes del proceso judicial sino a la sociedad en general. El resto de los argumentos versan sobre presunción de inocencia, garantías de protección a los derechos humanos y falta de justificación de por qué debe someterse a consulta una eventual sanción penal a determinadas personas. Resume todo lo anterior el ministro Aguilar diciendo que la propuesta del Ejecutivo es “un concierto de inconstitucionalidades”, lo cual suscribo enteramente.

La gran expectativa que en su momento generó el asunto estuvo bien atendida por el proyecto de Aguilar. Tuvo la gran bondad de ser muy claro, con figuras retóricas interesantes y de ser ampliamente difundido. La sesión de Pleno en que se discutió el proyecto figuró por las gigantes intervenciones del voto de minoría, que defendieron con maestría el mandato constitucional y los derechos de las víctimas. El voto de mayoría, disperso y flojo en su argumentación hizo lo que quiso con la exposición de motivos de López Obrador y le dio una interpretación francamente deficiente. Bajo el argumento de una supuesta maximización del derecho de la ciudadanía a participar en los mecanismos de democracia directa, el voto de mayoría no fue capaz de generar un criterio claro que funja como una directriz para las consultas venideras. El voto de mayoría sucumbió ante las presiones politiqueras del Ejecutivo.

Al final, la pregunta inicial de la consulta fue modificada a “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?” Según la Corte, esta pregunta no es tendenciosa ni tiene juicios de valor, utiliza lenguaje sencillo, comprensible y permite una respuesta categórica en sentido negativo. Juzgue usted mismo si es así. La nueva pregunta es diametralmente distinta a la original y es particularmente ambigua. ¿Cuáles son los años pasados? ¿A qué actores políticos del pasado se refiere?

El derecho debe tener la principal función de pacificar los conflictos que se suscitan al interior de la comunidad política y desahogarlos mediante el cauce institucional previsto en la ley. El proyecto de Aguilar, aunque perfectible, sí cumplía con una función pacificadora, pues expresaba claramente la inconstitucionalidad de la consulta y le subía el estándar al presidente para que en el futuro se tomara con mayor seriedad la formulación de la exposición de motivos y de la pregunta. Lo acordado en la sesión de Pleno, en contraste, no pacifica nada. México será el mismo país después de que se realice la consulta, aunque la ciudadanía ya habrá pagado el costo (500 mdp) y el desgaste democrático. A su vez, hay que apuntar que lo decidido por la Corte le dio manga ancha al presidente para —hasta ahora, sugerir— someter a consulta temas sensibles como la despenalización del aborto.

Nadie podría oponerse a que se investiguen a fondo a las aberrantes figuras políticas del pasado y a las que siguen en el presente. Sin embargo, legitimar este tipo de ejercicios —que aparentan ser democráticos— es un despropósito frívolo y costoso, por decir lo menos. Quien tenga pruebas, que las presente y que la Fiscalía actúe a la altura, aunque, por la experiencia que demuestran los casos de Lozoya, Salvador Cienfuegos, Rosario Robles y otros, ese panorama se vislumbra complicado.

El 1 de agosto se realizará la consulta y, al menos yo, no saldré a votar en esa simulación por respeto a las víctimas de los actos de corrupción y malos gobiernos. Hacerlo significaría poner en manos de la población su derecho de acceso a la justicia. Se habla de que, si el resultado de la consulta fuera en sentido afirmativo, se instaurarán comisiones de la verdad. Aunque así fuera, reitero, la pregunta presentada por la Corte no ofrece ninguna directriz en cuanto al curso de acción.

La propaganda oficialista ya comienza a publicitar engañosamente que la consulta trata sobre expresidentes, juicios y actores del pasado. Lo anterior me remite al tan necesario Jorge Ibargüengoitia, quien en su novela Estas ruinas que ves, describe a los «Siete sabios de Grecia», que ni eran siete, ni eran sabios, ni eran de Grecia; eran seis cuevanenses —como se le llama a la gente de Cuévano, ciudad ficticia donde tiene lugar la novela— que dominaban la universidad de la localidad. En el caso que nos ocupa, nos encontramos ante una consulta que ni es sobre juicios, ni es sobre expresidentes, ni será de actores políticos del pasado.

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