#4 Tiempos
Los siete sabios de Grecia | Columna de Víctor Meade C.
SIGAMOS DERECHO.
Las calles se comienzan a limpiar de la propaganda política que contamina tanto al ambiente como a la vista; ya se desahogan las impugnaciones de aquellas candidaturas que no fueron favorecidas por el voto popular; y ya se reúnen las y los gobernadores electos con el Ejecutivo Federal. Sin embargo, la «fiesta de la democracia» aún no termina. Sigue, ahora, la consulta popular.
En agosto del año pasado, senadores de Morena solicitaron a las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Diputados que se realizara una consulta popular para enjuiciar a los expresidentes que hayan cometido actos de corrupción. Así, la ley les requirió recabar alrededor de 1.8 millones de firmas para antes del 15 de septiembre. Un día antes del plazo, Mario Delgado informó que únicamente lograron la firma de alrededor de 300 mil ciudadanos. Entonces, el 15 de septiembre, López Obrador entregó al Senado la propuesta de consulta. Un día después, dicha propuesta fue enviada a la Suprema Corte para revisión, misma que fue turnada al ministro Luis María Aguilar Morales.
La propuesta de consulta realizada por López Obrador constaba de dos elementos: una exposición de motivos y una pregunta. La exposición de motivos, primero, no fue otra cosa más que un análisis simplista, frívolo y extremadamente predecible. De Salinas menciona las políticas neoliberales y privatizaciones; de Zedillo, el Fobaproa; de Fox, la intromisión en las elecciones; de Calderón, la guerra contra el narcotráfico; y de Peña, Odebrecht, Agronitrogenados y la reforma energética. Luego, se jacta de ser un auténtico promotor de la democracia participativa al mencionar las “consultas” realizadas para el NAIM o el Tren Maya, que, bien sabemos, políticamente fueron pura simulación; de su aspecto técnico, ni hablar.
Por tanto, la pregunta propuesta fue: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?” De aprobarse, dice la exposición de motivos, las instituciones responsables (deliberadamente ambiguo) tendrán un enorme respaldo para realizar esa tarea con absoluta libertad. De no aprobarse, “nadie podrá acusarlas de encubrir o solapar conductas ilegales”, lo que sea que eso signifique. López Obrador anticipó que su voto será por el «no». ¿Por qué?
Más allá de todos los despropósitos enunciados en la exposición de motivos, esto último —considero— es particularmente desconcertante. Si se aprobase esa consulta, en términos prácticos se le estarían dando una ronda de aplausos y de buenos deseos a la Fiscalía General de la República, comandada por el obstinado Gertz Manero. De no aprobarse, no se le podría reclamar nada a nadie, si es que entendí correctamente lo planteado en la exposición de motivos. Vale la pena realizar un breve ejercicio mental y pensar: ¿el caso Lozoya sería distinto hoy si se hubiese consultado su investigación y posterior sanción? La consulta planteada en los términos del presidente es meramente electorera. Sólo resta apuntar lo que en una entrevista señaló Juan Velázquez, abogado famoso por defender exitosamente a los políticos más controversiales: las investigaciones iniciadas con motivos políticos nunca llegan a buen puerto.
El proyecto presentado por el ministro Luis María Aguilar propuso la inconstitucionalidad de la consulta por cinco motivos. El primero de ellos es el más obvio: no le corresponde a la ciudadanía decidir si las autoridades deben o pueden proteger los derechos humanos, pues hacerlo es una obligación constitucional. El segundo argumento, considero, es el más sólido: someter a votación la posibilidad de restringir los derechos fundamentales de las víctimas de actos de corrupción cometidos por expresidentes no solo afectaría a las partes del proceso judicial sino a la sociedad en general. El resto de los argumentos versan sobre presunción de inocencia, garantías de protección a los derechos humanos y falta de justificación de por qué debe someterse a consulta una eventual sanción penal a determinadas personas. Resume todo lo anterior el ministro Aguilar diciendo que la propuesta del Ejecutivo es “un concierto de inconstitucionalidades”, lo cual suscribo enteramente.
La gran expectativa que en su momento generó el asunto estuvo bien atendida por el proyecto de Aguilar. Tuvo la gran bondad de ser muy claro, con figuras retóricas interesantes y de ser ampliamente difundido. La sesión de Pleno en que se discutió el proyecto figuró por las gigantes intervenciones del voto de minoría, que defendieron con maestría el mandato constitucional y los derechos de las víctimas. El voto de mayoría, disperso y flojo en su argumentación hizo lo que quiso con la exposición de motivos de López Obrador y le dio una interpretación francamente deficiente. Bajo el argumento de una supuesta maximización del derecho de la ciudadanía a participar en los mecanismos de democracia directa, el voto de mayoría no fue capaz de generar un criterio claro que funja como una directriz para las consultas venideras. El voto de mayoría sucumbió ante las presiones politiqueras del Ejecutivo. 
Al final, la pregunta inicial de la consulta fue modificada a “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?” Según la Corte, esta pregunta no es tendenciosa ni tiene juicios de valor, utiliza lenguaje sencillo, comprensible y permite una respuesta categórica en sentido negativo. Juzgue usted mismo si es así. La nueva pregunta es diametralmente distinta a la original y es particularmente ambigua. ¿Cuáles son los años pasados? ¿A qué actores políticos del pasado se refiere?
El derecho debe tener la principal función de pacificar los conflictos que se suscitan al interior de la comunidad política y desahogarlos mediante el cauce institucional previsto en la ley. El proyecto de Aguilar, aunque perfectible, sí cumplía con una función pacificadora, pues expresaba claramente la inconstitucionalidad de la consulta y le subía el estándar al presidente para que en el futuro se tomara con mayor seriedad la formulación de la exposición de motivos y de la pregunta. Lo acordado en la sesión de Pleno, en contraste, no pacifica nada. México será el mismo país después de que se realice la consulta, aunque la ciudadanía ya habrá pagado el costo (500 mdp) y el desgaste democrático. A su vez, hay que apuntar que lo decidido por la Corte le dio manga ancha al presidente para —hasta ahora, sugerir— someter a consulta temas sensibles como la despenalización del aborto.
Nadie podría oponerse a que se investiguen a fondo a las aberrantes figuras políticas del pasado y a las que siguen en el presente. Sin embargo, legitimar este tipo de ejercicios —que aparentan ser democráticos— es un despropósito frívolo y costoso, por decir lo menos. Quien tenga pruebas, que las presente y que la Fiscalía actúe a la altura, aunque, por la experiencia que demuestran los casos de Lozoya, Salvador Cienfuegos, Rosario Robles y otros, ese panorama se vislumbra complicado.
El 1 de agosto se realizará la consulta y, al menos yo, no saldré a votar en esa simulación por respeto a las víctimas de los actos de corrupción y malos gobiernos. Hacerlo significaría poner en manos de la población su derecho de acceso a la justicia. Se habla de que, si el resultado de la consulta fuera en sentido afirmativo, se instaurarán comisiones de la verdad. Aunque así fuera, reitero, la pregunta presentada por la Corte no ofrece ninguna directriz en cuanto al curso de acción.
La propaganda oficialista ya comienza a publicitar engañosamente que la consulta trata sobre expresidentes, juicios y actores del pasado. Lo anterior me remite al tan necesario Jorge Ibargüengoitia, quien en su novela Estas ruinas que ves, describe a los «Siete sabios de Grecia», que ni eran siete, ni eran sabios, ni eran de Grecia; eran seis cuevanenses —como se le llama a la gente de Cuévano, ciudad ficticia donde tiene lugar la novela— que dominaban la universidad de la localidad. En el caso que nos ocupa, nos encontramos ante una consulta que ni es sobre juicios, ni es sobre expresidentes, ni será de actores políticos del pasado.
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TESTEANDO
Comienza el torneo de la Liga MX, un torneo previo a la Copa del Mundo es un torneo con reglas diferentes, este año la cosa es simple, solo los ocho mejores de la tabla general calificarán a la liguilla, lo cual reduce las posibilidades de jugar postemporada. Esta situación me hace pensar que San Luis tiene muy pocas chances de colarse entre esos equipos que pelearán por el título al final de la temporada regular.
Pero en fin, como cada inicio, hagamos el ejercicio de pronosticar los puntos que puede llegar a hacer el cuadro potosino, jornada tras jornada.
Jornada 1.- Tigres / derrota (0 puntos)
Jornada 2.- América / derrota (0 puntos)
Jornada 3.- Tijuana / empate (1 punto)
Jornada 4.- Chivas / empate (2 puntos)
Jornada 5.- Necaxa / empate (3 puntos)
Jornada 6.- Querétaro / victoria (6 puntos)
Jornada 7.- Atlas / empate (7 puntos)
Jornada 8.- Puebla / victoria (10 puntos)
Jornada 9.- Mazatlán / victoria (13 puntos)
Jornada 10.- Cruz Azul / derrota (13 puntos)
Jornada 11.- Pachuca / empate (14 puntos)
Jornada 12.- León / victoria (17 puntos)
Jornada 13.- Monterrey / derrota (17 puntos)
Jornada 14.- Toluca / derrota (17 puntos)
Jornada 15.- Pumas / empate (18 puntos)
Jornada 16.- Santos / victoria (21 puntos)
Jornada 17.- Bravos / derrota (21 puntos)
Según el presupuesto, 21 puntos tendrá San Luis al terminar la temporada regular
Siendo realistas, la plantilla de San Luis es muy limitada, con buenos jugadores pero que no puede competir contra las grandes nóminas, es un plantel modesto con pocas incorporaciones y aunque en este torneo parece que tiene diferentes opciones, no aspira a grandes números para revertir por mucho lo sucedido en los torneos anteriores, el equipo humilde tiene que distinguirse por el trabajo y demostrar.
Será un torneo complicado para San Luis, desesperante para la afición y de largo aliento para la prensa y dirigencia del equipo, ojalá que la suerte los apoye y el presupuesto aquí dicho se quede corto, que se sumen más de 21 puntos y se aspire a una calificación, ojalá las cosas mejoren y sea el despertar de una reconciliación con la afición, saquemos la calculadora, el rosario y suframos el bendito futbol mexicano, que al fin, es lo que hay.
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Corredor Humanitario
Ya no es molestia. Ya no es inconformidad. Es hartazgo puro.
Y no, no voy a buscar una palabra más bonita, porque no la hay para describir lo denigrante que resulta usar el transporte público en San Luis Potosí.
Los camiones potosinos son, sin exagerar, de los más caros del Bajío. Hoy el pasaje cuesta 12.50 pesos y, aun así, el servicio es lento, viejo, sucio, impredecible y profundamente irrespetuoso con el usuario.
En Guadalajara, una de las ciudades más importantes del país, el transporte cuesta 8 pesos. En Querétaro, sí, puede llegar a 12 pesos, pero ahí el transporte sí sirve: pasa seguido, es relativamente puntual y no te condena a perder media vida esperando.
Aquí no.
En San Luis Potosí hay personas que esperan 20, 40 minutos o hasta una hora para que pase un camión. Una hora. Solo para subir. Eso no es un “detalle operativo”. Eso es trato indigno.
Aquí mismo, los potosinos repiten que atravesar la ciudad en coche toma 15 o 20 minutos. Pero gracias a un sistema de transporte público miserable, ese mismo trayecto se convierte en una hora con veinte, de los cuales 60 minutos son solo de espera.
En la Ciudad de México, con tráfico brutal y distancias enormes, puedes tardar dos horas en un traslado, sí, pero no esperas. El metro, el pesero, la combi pasan cada 4 o 5 minutos. La ciudad será un caos, pero el transporte no te abandona.
Aquí el usuario espera como si pidiera limosna.
Y por si fuera poco, muchas rutas dejan de operar a las 8 de la noche. Entonces la pregunta es obligada: ¿qué diablos pasa con quienes salen a las 8, 9 o 10 de la noche de trabajar?
Antes, el transporte público funcionaba al menos hasta las 10:30 pm. Hoy ya no. ¿La solución? Que el usuario pague Uber o taxi. Y eso no es ocasional: Es diario, es de lunes a viernes, de lunes a sábado. Para quien gana el salario mínimo —o apenas un poco más— esto es un golpe directo a la cartera.
Y aun así, todavía se atreven… Margarito Terán, líder de los transportistas, dice que 12.50 pesos no les alcanza, que no les “presta” para dar un buen servicio y que necesitan subir el pasaje a 15 pesos (aunque de todos modos se la pelan, porque legalmente no pueden aumentar la tarifa más allá de lo que marca el Índice Nacional de Precios al Consumidor, INPC)
Seamos serios. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes les ha señalado, año tras año, que circulan unidades con más de 10 años de antigüedad, algo que no debería permitirse en la zona metropolitana. Esto no empezó ayer. Pasó con Ricardo Gallardo, pasó con Juan Manuel Carreras y pasó antes.
Han sido omisos profesionales.
Prometen arreglar camiones. Prometen capacitar choferes. Prometen mejorar rutas. Y lo único constante es el mal servicio.
¿Quién no ha sufrido a un chofer grosero? ¿Quién no ha visto a uno hablando por teléfono, con la música a todo volumen, prepotente, echando carreritas con otro camión? ¿Quién no ha vivido eso de que se juntan dos unidades y una avanza a paso de tortuga, importándole poco o nada si el usuario lleva prisa?
Y luego está el clásico: acortar la ruta, aunque no sea su recorrido, porque “ya van tarde”. Y el usuario que se joda: se baja antes, camina, llega tarde, pierde tiempo y pierde dinero.
Eso no es transporte público. Eso es desprecio sistemático al usuario.
Por eso lo digo sin rodeos: si no pueden prestar un servicio digno, háganse a un lado.
Permitan que el Gobierno del Estado busque otra concesionaria que sí pueda, que sí quiera y que sí le alcance. Porque en otros estados ya quedó demostrado que con menos dinero se puede ofrecer un servicio muchísimo mejor.
Y ya ni siquiera es por el precio. Es por el tiempo robado, el maltrato, las unidades decrépitas, la falta total de respeto.
Basta de tratar al usuario como ciudadano de segunda.
Y ojalá —de verdad ojalá— que la secretaria Araceli Martínez Acosta se suba una semana, solo una, al transporte público para ir a trabajar. Que espere, que se desespere, que llegue tarde. A ver si así entiende la indignación diaria de miles de potosinos.
Porque el transporte público no es un favor. Es un derecho. Y en San Luis Potosí, hoy, ese derecho está secuestrado por la mediocridad.
También lee: ¿Y si un día dicen que ya no hay abortos… porque los escondieron todos? | Columna de Ana G Silva
#4 Tiempos
Gabriel Macías un periodista y político potosino en los albores del siglo XX | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash
EL CRONOPIO
Uno de los primeros periódicos que tuvo San Luis Potosí en los últimos años de la lucha armada en la revolución mexicana, fue el periódico Acción, un periódico para los hombres de acción, como rezaba su lema que fue creado por su director y propietario Gabriel Macías que iniciaba actividades en 1919 y permanecería un par de décadas informando a la sociedad potosina.
Gabriel Macías, periodista y político potosino fundó el periódico Acción y posteriormente la Revista Universal. Jugó un importante papel en la vida social potosina, pues impulsó la candidatura al gobierno de San Luis Potosí de Rafael Nieto Compeán que pasaría a la historia como un reformador de los derechos humanos al proponer la autonomía universitaria y el derecho al voto femenino, entre otras iniciativas de trascendencia.
Gabriel Macías participaría en estas iniciativas al ser diputado del congreso potosino en la XXVII Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí, legislando de septiembre de 1921 a septiembre de 1923. Esta legislatura, compuesta por 16 diputados, le tocaría debatir las iniciativas de autonomía universitaria y derecho al voto femenino, siendo ambas aprobadas, en primera instancia, aunque sufrirían obstáculos en su aplicación.
La XXVII legislatura estuvo integrada por: José D. Cervantes, Miguel Compeán, Santiago Rincón Gallardo, Herminio Y. Carreño, Gonzalo N. Santos, Tomás Estrada, Valentín Narváez, Pío Mendoza, José Santos Alonso, Alfredo E. Garza, José Fraga, Lorenzo Nieto, Lamberto Rocha, Manuel Rodríguez Martínez, Crescencio Rivera y Gabriel Macías.
Rafael Nieto fungía como Subsecretario de hacienda en 1919 y aceptaba la candidatura que era apoyada por varios políticos potosinos, entre ellos, Gabriel Macías y los partidos políticos Liberal Obrero, Liberal Reformista y el Reformista Independiente. Para el año de la publicación de la Revista Universal Gabriel Macías había dejado de ser diputado, aunque participaba en la vida política potosina. Creaba así la que puede considerarse la primera revista de divulgación del conocimiento donde cabían las disciplinas científicas y técnicas junto con las de carácter cultural, de interés social que reflejaba la vida cotidiana de principios del siglo XX a nivel mundial, con cierto énfasis en la norteamericana, al participar en los artículos de fondo periodistas estadounidenses.
El periódico Acción que iniciara actividades en 1919, se enfocó en vida política de Rafael Nieto apoyando su candidatura y su gestión, una vez que llegara a la gobernatura del estado, no sin conflictos electorales, pues llegó San Luis Potosí a tener dos gobernadores en funciones, hasta el día de su muerte en el extranjero mientras fungía representaciones diplomáticas. Del mismo modo, las páginas de Acción se vieron enriquecidas con extensos artículos políticos escritos por Rafael Nieto, donde desplegaba sus trabajos como estadista.
Mayores detalles sobre la orientación de La Revista Universal que aparecía como encarte en el periódico Acción, pueden consultar mi artículo: La Revista Universal, primera revista cultural y de corte científico en San Luis Potosí, en:
El periódico Acción, además de ser el medio de comunicación principal a inicios de la década de los veinte en San Luis Potosí, incorporó encartes a color por primera vez en la entidad, tanto en La Revista Universal, como en una sección cómica.
La novedosa característica de la revista fue la portada ilustrada a color, y en algunas partes de los interiores. Como publicación periódica vendría siendo la primera que aparecía con impresión a color en San Luis Potosí. Meses antes de su aparición, el periódico Acción sacaba a la luz otro suplemento dominical completamente a color, que denominaba como “sección cómica”, de al menos cuatro páginas, popularmente conocido como “monitos”. No sabemos si la infraestructura para impresión a color estaba en San Luis Potosí o era impresa en otro lugar. Revista Universal era de aparición semanal y se publicó al menos durante el año de 1925.
También lee: Gonzalo Celorio, su relación con San Luis Potosí | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash
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