#4 Tiempos
Los siete sabios de Grecia | Columna de Víctor Meade C.
SIGAMOS DERECHO.
Las calles se comienzan a limpiar de la propaganda política que contamina tanto al ambiente como a la vista; ya se desahogan las impugnaciones de aquellas candidaturas que no fueron favorecidas por el voto popular; y ya se reúnen las y los gobernadores electos con el Ejecutivo Federal. Sin embargo, la «fiesta de la democracia» aún no termina. Sigue, ahora, la consulta popular.
En agosto del año pasado, senadores de Morena solicitaron a las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Diputados que se realizara una consulta popular para enjuiciar a los expresidentes que hayan cometido actos de corrupción. Así, la ley les requirió recabar alrededor de 1.8 millones de firmas para antes del 15 de septiembre. Un día antes del plazo, Mario Delgado informó que únicamente lograron la firma de alrededor de 300 mil ciudadanos. Entonces, el 15 de septiembre, López Obrador entregó al Senado la propuesta de consulta. Un día después, dicha propuesta fue enviada a la Suprema Corte para revisión, misma que fue turnada al ministro Luis María Aguilar Morales.
La propuesta de consulta realizada por López Obrador constaba de dos elementos: una exposición de motivos y una pregunta. La exposición de motivos, primero, no fue otra cosa más que un análisis simplista, frívolo y extremadamente predecible. De Salinas menciona las políticas neoliberales y privatizaciones; de Zedillo, el Fobaproa; de Fox, la intromisión en las elecciones; de Calderón, la guerra contra el narcotráfico; y de Peña, Odebrecht, Agronitrogenados y la reforma energética. Luego, se jacta de ser un auténtico promotor de la democracia participativa al mencionar las “consultas” realizadas para el NAIM o el Tren Maya, que, bien sabemos, políticamente fueron pura simulación; de su aspecto técnico, ni hablar.
Por tanto, la pregunta propuesta fue: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?” De aprobarse, dice la exposición de motivos, las instituciones responsables (deliberadamente ambiguo) tendrán un enorme respaldo para realizar esa tarea con absoluta libertad. De no aprobarse, “nadie podrá acusarlas de encubrir o solapar conductas ilegales”, lo que sea que eso signifique. López Obrador anticipó que su voto será por el «no». ¿Por qué?
Más allá de todos los despropósitos enunciados en la exposición de motivos, esto último —considero— es particularmente desconcertante. Si se aprobase esa consulta, en términos prácticos se le estarían dando una ronda de aplausos y de buenos deseos a la Fiscalía General de la República, comandada por el obstinado Gertz Manero. De no aprobarse, no se le podría reclamar nada a nadie, si es que entendí correctamente lo planteado en la exposición de motivos. Vale la pena realizar un breve ejercicio mental y pensar: ¿el caso Lozoya sería distinto hoy si se hubiese consultado su investigación y posterior sanción? La consulta planteada en los términos del presidente es meramente electorera. Sólo resta apuntar lo que en una entrevista señaló Juan Velázquez, abogado famoso por defender exitosamente a los políticos más controversiales: las investigaciones iniciadas con motivos políticos nunca llegan a buen puerto.
El proyecto presentado por el ministro Luis María Aguilar propuso la inconstitucionalidad de la consulta por cinco motivos. El primero de ellos es el más obvio: no le corresponde a la ciudadanía decidir si las autoridades deben o pueden proteger los derechos humanos, pues hacerlo es una obligación constitucional. El segundo argumento, considero, es el más sólido: someter a votación la posibilidad de restringir los derechos fundamentales de las víctimas de actos de corrupción cometidos por expresidentes no solo afectaría a las partes del proceso judicial sino a la sociedad en general. El resto de los argumentos versan sobre presunción de inocencia, garantías de protección a los derechos humanos y falta de justificación de por qué debe someterse a consulta una eventual sanción penal a determinadas personas. Resume todo lo anterior el ministro Aguilar diciendo que la propuesta del Ejecutivo es “un concierto de inconstitucionalidades”, lo cual suscribo enteramente.
La gran expectativa que en su momento generó el asunto estuvo bien atendida por el proyecto de Aguilar. Tuvo la gran bondad de ser muy claro, con figuras retóricas interesantes y de ser ampliamente difundido. La sesión de Pleno en que se discutió el proyecto figuró por las gigantes intervenciones del voto de minoría, que defendieron con maestría el mandato constitucional y los derechos de las víctimas. El voto de mayoría, disperso y flojo en su argumentación hizo lo que quiso con la exposición de motivos de López Obrador y le dio una interpretación francamente deficiente. Bajo el argumento de una supuesta maximización del derecho de la ciudadanía a participar en los mecanismos de democracia directa, el voto de mayoría no fue capaz de generar un criterio claro que funja como una directriz para las consultas venideras. El voto de mayoría sucumbió ante las presiones politiqueras del Ejecutivo.
Al final, la pregunta inicial de la consulta fue modificada a “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?” Según la Corte, esta pregunta no es tendenciosa ni tiene juicios de valor, utiliza lenguaje sencillo, comprensible y permite una respuesta categórica en sentido negativo. Juzgue usted mismo si es así. La nueva pregunta es diametralmente distinta a la original y es particularmente ambigua. ¿Cuáles son los años pasados? ¿A qué actores políticos del pasado se refiere?
El derecho debe tener la principal función de pacificar los conflictos que se suscitan al interior de la comunidad política y desahogarlos mediante el cauce institucional previsto en la ley. El proyecto de Aguilar, aunque perfectible, sí cumplía con una función pacificadora, pues expresaba claramente la inconstitucionalidad de la consulta y le subía el estándar al presidente para que en el futuro se tomara con mayor seriedad la formulación de la exposición de motivos y de la pregunta. Lo acordado en la sesión de Pleno, en contraste, no pacifica nada. México será el mismo país después de que se realice la consulta, aunque la ciudadanía ya habrá pagado el costo (500 mdp) y el desgaste democrático. A su vez, hay que apuntar que lo decidido por la Corte le dio manga ancha al presidente para —hasta ahora, sugerir— someter a consulta temas sensibles como la despenalización del aborto.
Nadie podría oponerse a que se investiguen a fondo a las aberrantes figuras políticas del pasado y a las que siguen en el presente. Sin embargo, legitimar este tipo de ejercicios —que aparentan ser democráticos— es un despropósito frívolo y costoso, por decir lo menos. Quien tenga pruebas, que las presente y que la Fiscalía actúe a la altura, aunque, por la experiencia que demuestran los casos de Lozoya, Salvador Cienfuegos, Rosario Robles y otros, ese panorama se vislumbra complicado.
El 1 de agosto se realizará la consulta y, al menos yo, no saldré a votar en esa simulación por respeto a las víctimas de los actos de corrupción y malos gobiernos. Hacerlo significaría poner en manos de la población su derecho de acceso a la justicia. Se habla de que, si el resultado de la consulta fuera en sentido afirmativo, se instaurarán comisiones de la verdad. Aunque así fuera, reitero, la pregunta presentada por la Corte no ofrece ninguna directriz en cuanto al curso de acción.
La propaganda oficialista ya comienza a publicitar engañosamente que la consulta trata sobre expresidentes, juicios y actores del pasado. Lo anterior me remite al tan necesario Jorge Ibargüengoitia, quien en su novela Estas ruinas que ves, describe a los «Siete sabios de Grecia», que ni eran siete, ni eran sabios, ni eran de Grecia; eran seis cuevanenses —como se le llama a la gente de Cuévano, ciudad ficticia donde tiene lugar la novela— que dominaban la universidad de la localidad. En el caso que nos ocupa, nos encontramos ante una consulta que ni es sobre juicios, ni es sobre expresidentes, ni será de actores políticos del pasado.
También lee: El desprecio a la Suprema Corte | Columna de Víctor Meade C.
#4 Tiempos
Si yo lo hago es libertad, y delito cuando me lo hacen | Apuntes de Jorge Saldaña
APUNTES
Culto Público, hijos de la memoria selectiva:
Hay una trampa intelectual que se llama principio de conveniencia: defiendo las reglas cuando me protegen y las ataco cuando me limitan.
Es como yo cuando no me acuerdo de mis deudas ni de lo que no me conviene. O como el burócrata de ventanilla equis que acepta sobornos toda la jornada, pero luego se indigna porque los tránsitos le piden moche y no los baja de “méndigos corruptos”.
Ese comportamiento no es un asunto ni de ideología ni de educación —bueno, igual y sí—, pero desde mi óptica también es un tema de cálculo mañoso. Y aquí, en nuestro estado, donde “el águila paró”, ese cálculo quedó expuesto como fraude nigeriano con faltas de ortografía.
Como todos sabemos, desde hace días circula una narrativa: el Gobierno del Estado persigue periodistas.
La evidencia central fue una fotografía —filtrada por WhatsApp, como siempre— de un supuesto oficio ministerial con una lista de diez comunicadores y activistas a quienes se buscaría aprehender.
La historia se incendió.
Artículo 19, el CPJ y Reporteros Sin Fronteras emitieron alertas. En horas, San Luis era trending de la infamia: “Estado represor”.
¿Así de fácil?
Mejor vayamos con cuidado, porque este caso merece más que reacción de reflejo.
El mismo comunicado de Artículo 19 —institución que respeto y cito con precisión— reconoce que la información sobre una de las detenciones proviene de una “fuente local anónima” que “no ha podido ser verificada”.
La orden de aprehensión, es decir, la foto de WhatsApp que generó la alarma, también llegó de una “fuente local”.
Entonces, las organizaciones que le exigen al Estado máxima transparencia construyeron su denuncia sobre información que ellas mismas admiten no haber podido confirmar.
Claro, eso no invalida su preocupación, pero sí obliga a darle peso específico.
Porque cuando uno revisa quiénes son algunas de las personas detenidas, pues… ya lo he dicho y lo sostengo: Eréndira Reyes Aguillón y su hija Alejandra Hermosillo no son periodistas en ningún sentido técnico ni ético del término. Operan páginas anónimas, sin firma, sin metodología y con expedientes documentados por extorsión a gobiernos municipales.
Christian Herrera, a quien nadie en el gremio conocía antes del escándalo, fue detenido —según la versión no verificada que menciona el propio comunicado de Artículo 19— asaltando una farmacia en Ciudad Valles. Ya desde la celda se declaró dueño de una página de Facebook de amarillismo puro.
A ver…
El periodismo no es una credencial que se activa cuando conviene para reclamar impunidad.
Eso es charoleo del más chafa.
La novedad es que ayer volvió a circular la foto del supuesto oficio ministerial, pero en tres versiones. Sí, tres versiones casi iguales, con distintos nombres y “enviadas muchas veces” en grupos de WhatsApp.
Una con personas desconocidas; otra con presuntos periodistas y activistas, que es la que sostiene la narrativa de persecución; y una más con nombres como Claudia Sheinbaum, AMLO, Belinda y Maradona.


Sí, así de ridículo.
Diversas herramientas de análisis de imagen coinciden en que la versión con periodistas muestra indicadores de construcción posterior a un documento original; es decir, que habría sido hecha a partir de algo real y luego refotografiada.
La versión con figuras de la política nacional y la farándula fue fabricada con intención claramente burlesca, quizá para ridiculizar la fuente o demostrar que el formato era manipulable.
La otra lista, pues sabrá Dios quiénes sean los que ahí aparecen.
Claro, esto no prueba que el oficio sea falso. Incluso podría tratarse de una trampa para restar credibilidad al tema. Pero, de cualquier modo, sí abre una pregunta que nadie —ni los que se dicen parte del ecosistema crítico ni los otros— ha querido responder:
¿De dónde vino el “original”? ¿Quién lo filtró? ¿Quién lo modificó? ¿Quién lo distribuyó? ¿Para qué?
Porque si la lista fue fabricada —o manipulada a partir de un documento real que nada tenía que ver con periodistas—, entonces no estamos ante una persecución: estamos ante un montaje político elaborado, diseñado para activar organismos internacionales, generar presión sobre el gobierno y construir un escudo de impunidad.
Y eso, que yo sepa, tampoco es periodismo.
Por si fuera poco, mientras todo esto ocurre, también circuló ayer un video evidentemente manipulado, y que de lejos huele a elaboración con inteligencia artificial, en el que “aparecen” un periodista y la creadora de contenido Anahí Torres.
En el video, ella se ve que está en un cuarto con hombres armados y dinero. Él la señala, la cuestiona y la exhibe.
A todas luces es una farsa. Es una infamia fabricada. Es violencia digital. Es destrucción reputacional con herramientas tecnológicas.
No estoy defendiendo a ninguno de los que aparecen en el video. Es más, sus nombres son lo de menos.
Lo que sostengo es que usar inteligencia artificial para generar desinformación, restar credibilidad (en caso de tenerla, claro), ridiculizar personas y usar sus imágenes para engañar a la opinión pública es una bajeza. Contra ellos o contra cualquiera.
Pero aquí viene el giro:
Eso que hoy les está pasando a ellos, es exactamente lo que tipifica y castiga el Artículo 187 Ter del Código Penal de San Luis Potosí, conocido como “Ley Serrano”; la misma ley que ese
ecosistema local y nacional han denunciado como instrumento de censura y persecución.
Entonces va otra de mis muy tiernas preguntas:
¿La IA maliciosa es crimen y golpe bajo cuando la padecen ellos, pero herramienta legítima de crítica cuando la usan contra otros?
¿La “Ley Serrano” es censura cuando el gobierno puede usarla contra ellos, pero protección necesaria cuando ellos son las víctimas?
Discúlpenme, pero eso no es una postura de principios. Es principio de conveniencia.
Ojo, porque luego se me alborotan más mis amados haters: no estoy defendiendo al gobierno de Ricardo Gallardo —ni falta le hace— ni justificando la reforma aprobada por el Congreso.
Tampoco estoy descartando que haya acciones reales de la Fiscalía que merezcan escrutinio. Todo lo contrario.
Lo que estoy diciendo es que algo no encaja.
En este caso específico hay demasiadas preguntas sin responder, demasiadas coincidencias narrativas, demasiado dinero de fondo y un timing políticamente demasiado conveniente.
Porque, a ver:
¿A quién le convendría armar un montaje de esta naturaleza para desgastar todos los días al gobierno?
¿Quién tiene los recursos para hacerlo?
¿Quiénes son sus operadores mediáticos?
¿Quién se beneficia a corto y mediano plazo?
No voy a responder por usted, mi Culto Público. Ahí están los nombres, los intereses, los pleitos, los financiamientos y los apellidos conocidos. Cada quien puede hacer su propio crucigrama.
La última porque ya me dio sueño:
A quienes armaron, editaron, manipularon y circularon el video calumnioso contra dos personas, ¿se les debe castigar?
¿O Artículo 19 también debe protegerlos porque solo estaban ejerciendo su libertad de expresión y su derecho a la crítica de forma anónima?
La libertad de expresión es un valor que se defiende con consistencia o no se defiende. No se puede exigir protección de una ley que tú mismo denuncias como censura. No se puede llamar periodista a quien extorsiona. No se puede condenar la IA maliciosa solo cuando tú la padeces.
El problema del principio de conveniencia es que siempre termina devorando a quien lo ejerce.
Hasta la próxima.
Yo soy Jorge Saldaña.
También lee: ¿Como para qué fabricar mártires? | Apuntes de Jorge Saldaña
El Cronopio
Elke Köppen y la sociología visual | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash
EL CRONOPIO
El estudio de las imágenes como medio de comunicación, aprendizaje y generación de nuevo conocimiento, es una de las áreas que están desarrollándose. Pocos estudios en comparación con otros temas, son los que se han realizado en este tema. Nuestro mundo, un mundo de imágenes, que ahora con el advenimiento de las redes sociales, se despliegan, en parte, como transformadoras de la realidad, producen además un detrimento en la capacidad lectora de los jóvenes.
Las imágenes en sí, también requieren de decodificar su significado y reconstruir la narrativa que encierran en su construcción, sea producida por una fotografía y elaborada por otros métodos, incluyendo la iconografía. De esta manera, requiere una alfabetización para su apreciación y su interpretación, lo que la convierte en un recurso pedagógico que es poco aprovechado.
La construcción de nuevo conocimiento en nuestra era nanotecnológica, y astronómica, requiere del manejo de imágenes que adquieren sentido para los especialistas, como medio de extensión de nuestros sentidos para el entendimiento de nuestro mundo. Una imagen dice más que mil palabras, dicen por ahí, pero no siempre estas palabras están al alcance del observador.
Una de las investigadoras que ha incursionado en este tema, y en el uso de las imágenes en el área de biblioteconomía, es la Dra. Elke Köppen que desarrolla lo que llama, sociología visual, que tiene como objetivo alentar el uso de material visual en la investigación social y, en otras áreas del conocimiento.
La Dra. Elke Köppen es investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde participa activamente en el Programa de Investigación Estudios Visuales, enfocándose primordialmente en la fotografía. Su línea de investigación es sobre recursos y sistemas de información en bibliotecas, archivos y repositorios. Ha fincado una destacada carrera académica de más de treinta y nueve años en la UNAM, iniciando en el Instituto de Investigaciones Sociales de dicha institución, generando una buena cantidad de estudios que han sido publicados en revistas y diversas publicaciones internacionales, entre artículos, capítulos de libro y libros coordinados sobre información visual, archivos fotográficos, imágenes científicas graffiti y fotografía.
Su formación inicial es en sociología, de la que obtuvo la licenciatura en la Universidad de Bielefeld, Alemania. Vino a México a continuar sus estudios de posgrado y trabajar en investigación social. Realizó su maestría y posteriormente el doctorado en Bibliotecología y Estudios de la Información en la UNAM.
Elke Köppen ha colaborado como investigadora con receso sabático con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en la Facultad de Ciencias de la Información, en información visual y tecnologías disruptivas. Ha seleccionado a San Luis Potosí como uno de sus puntos de residencia lo que enriquece el ambiente cultural y académico de la ciudad.
La visión estética de las imágenes, principalmente a través de la fotografía, enlaza las áreas de las ciencias sociales y las exactas, resaltando el tema interdisciplinario que pregona el instituto para el que labora, desde su creación, el cual recientemente ha cumplido treinta años de fundado.
Algunos de los libros que le ha publicado la UNAM, son: los trazos de la ciencia, libro que es resultado del cruce de diversas investigaciones sobre procesos históricos de producción de conocimientos científicos y tecnológicos vehiculados por el uso de imágenes. Pero se trata de imágenes elaboradas para distintos destinatarios y con múltiples propósitos: información geográfica, educación moral, pasatiempos, diagnósticos médicos. Otro de ellos es: imágenes en la ciencia, ciencia en las imágenes, libro colectivo de la que fue coordinadora.
También lee: El formador de humanistas, Villaseñor Tejeda | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash
El Cronopio
El formador de humanistas, Villaseñor Tejeda | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash
EL CRONOPIO
Hace setenta y un años iniciaban las actividades académicas de la extinta Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) desaparecida ignominiosamente por motivos políticos en 1962. La UASLP caía en un largo periodo de oscurantismo del que costó salir, en la década de los ochenta, con el esfuerzo de la planta académica que comenzó su formación en la propia UASLP y que redondeara esa formación en universidades e instituciones de vanguardia a nivel mundial.
Sesenta años después se restablecían en la UASLP estudios humanísticos y sociales. Los primeros tiempos de aquella Facultad de Humanidades fueron brillantes y una pléyade de profesores figuraron en el claustro académico de la UASLP, muchos de los cuales han caído en el olvido y que hemos estado recordando en esta columna, tanto a profesores como profesoras que aparecen en el libro Damas de Potosí, perfiles publicados en La Orquesta.
En cuanto a la licenciatura de filosofía, activa en la actualidad en la UASLP, que cumple once años de ser reactivada, pues esta carrera era una de las carreras que existían en aquella Facultad de Humanidades, requiere conocer sus antecedentes y principalmente los profesores que le dieron vida en la década de los cincuenta y principios de los sesenta.
Uno de esos profesores fue José Villaseñor Tejeda, que impartió cátedra en la Facultad de Humanidades potosina de enero de 1958 a agosto de 1962, año y mes en que fue cerrada. A decir de Josefina de Ávila Cervantes, estudiante y profesora de la mencionada Facultad y de quien hemos tratado en esta columna, “el profesor Villaseñor fue el eje silencioso del cual partían y al cual volvían maestros y alumnos”.
En ese lustro de trabajo en la UASLP por formar maestros en filosofía y en letras escribiría su Introducción a la Filosofía, su estudio sobre la Crítica de la Razón Pura y sus ensayos sobre Sócrates, Freud, Proust, Dostoievski, el humanismo y otros temas que fueron publicados en la Revista de la Facultad de Hum anidades, en Letras Potosinas y en Vitral, revista del Instituto de Cultura Superior, así como escritos inéditos consistentes en investigaciones filosóficas, ensayos sobre arte: pintura, cine, literatura.
José Villaseñor Tejeda murió joven, a los cuarenta años, el 23 de diciembre de 1968 en la Ciudad de México a donde fue a laborar al Instituto de Cultura Superior después del cierre de la Facultad de Humanidades. En ese Instituto reestructuró el curso filosofía de la religión que había iniciado en la UASLP.
Villaseñor comenzó sus estudios de filosofía en el Seminario Conciliar de México y para 1947 pasó a la Universidad Nacional Autónoma de México donde terminó sus estudios de maestría en filosofía. Al terminar, ingresó como profesor a la Universidad de Guanajuato donde laboró por un poco tiempo al renunciar en protesta por el despido de un grupo de compañeros de trabajo tratados injustamente por las autoridades escolares.
Su compañera de aventura académica en la UASLP, la mencionada Josefina de Ávila lo retrata en un comentario de recuerdo: “La contrapartida de su historia -la que ofrece tan poco a aquellos que esperan todo de los hechos-, fue (usando términos suyos), su intrahistoria. Para quienes no traducen su propia existencia como un activismo urgente y aceptan, por el contrario, que la aventura del espíritu no puede ser corrida con la esperanza de una respuesta concreta y tranquilizadora sino con la pura actitud contemplativa, encontrarán en su obra una invitación a detenerse ante el misterio develable que envuelve y penetra esto que llamamos el Universo”.
El recuerdo de quienes contribuyeron al desarrollo de nuestras instituciones y, participaron en la formación de la juventud potosina y profesionales que contribuyen al desarrollo social es imprescindible en una institución que se jacta de ser representativa de la educación superior en el país; pero más importante es darles vida manteniendo su obra en difusión.
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