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#LaParadoja Diputados panistas habría solicitado sobornos millonarios para aprobar al fiscal anticorrupción
El periodista Juan José Rodríguez señaló que cada congresista pidió al poder ejecutivo un millón de pesos; ellos lo niegan y aseguran que tomarán acciones
Por: Sebastián Escorza y Luis Moreno
Ayer, el periodista Juan José Rodríguez Medina escribió en su columna titulada “Vamos de mal a peor”, publicada en el diario Pulso, que los diputados y diputadas de la bancada del PAN en el Congreso de San Luis Potosí, así como varios integrantes del resto de los partidos habrían recibido un soborno cada uno por un millón de pesos por parte del Gobierno del Estado para votar a favor de la ratificación de Javier Delgado Sam como consejero de la Judicatura y la elección de Felipe Aurelio Torres Zúñiga como fiscal anticorrupción. En entrevista para La Orquesta, el columnista dijo que fueron los propios congresistas quienes solicitaron los pagos al gobierno de Juan Manuel Carreras:
“Estoy seguro que no fue el ejecutivo el que buscó la vía del soborno, eso vino de los diputados, o de buena parte de ellos y ellas. El gobierno estatal no lo ofreció, eso marca una diferencia aunque finalmente haya dicho que sí a la solicitud. Es la cúspide de los colmos: corromper para designar a un fiscal anticorrupción”.
En el texto original, Rodríguez Medina narró:
“El pasado martes 25 de agosto, víspera de la sesión del Congreso donde se votarían la ratificación de Javier Delgado Sam como consejero de la Judicatura, por segunda ocasión, y la elección del nuevo fiscal anticorrupción, se reunieron en una salita del Centro de Convenciones el representante de la fracción legislativa del Partido Acción Nacional, que por cierto no es diputado, y enviados del Ejecutivo. El arreglo fue relativamente rápido y fácil: los seis votos panistas estaban disponibles a razón de un millón de pesos cada uno. “Hecho”, fue la respuesta. Un anticipo de 200 mil pesos por cabeza sería entregado al día siguiente y el resto unos pocos días después”.
Los votos panistas a los que se refiere el columnista son los de Ricardo Villareal, José Antonio Zapata, Rubén Guajardo, Vianey Montes, Rolando Hervert y Sonia Mendoza, estos dos últimos son aspirantes a candidatos de su partido a la gubernatura de San Luis Potosí.
Sin embargo, párrafos más adelante apunta a que legisladores de todas las bancadas también estarían involucrados:
“Figurarían dos de Morena, uno que oficialmente sigue siendo del PT, uno del Verde, el dizque independiente y uno o dos más de la llamada Chiquillada”.
Al respecto de estos señalamientos, la diputada Sonia Mendoza respondió:
“De manera personal, puedo decir que nunca me he sentado con alguien del gobierno estatal a la hora de tomar una decisión legislativa, ni he participado de este tipo de negociaciones. Desconozco por qué el señor Rodríguez hace este señalamiento, pero todo lo que asevera tiene que comprobarlo, porque son señalamientos altamente complicados”.
La diputada también dijo que espera que en próximos días el coordinador de la bancada del PAN y el presidente del partido llamen a una reunión para definir las acciones que tomaran para contestar como bloque a la acusación:
“Debemos salir pedir que se sancione a los responsables si es que existió esta situación o a quien lanza el señalamiento y no lo puede demostrar”.
El también panista, Rolando Hervert negó haber solicitado dinero para la aprobación del fiscal:
“El Partido Acción Nacional no se presta ni se prestará a ningún chantaje político ni centralista para el fiscal carnal, tan fue así que nuestra propuesta, que fue iniciativa de un servidor y del PAN: la separación y la autonomía del fiscal anticorrupción. No por una pluma o una voz que alguien diga vamos a caer en un juego político. Simplemente exhorto a que si existe alguna situación de ese tipo que lo denuncie por el medio adecuado, no a través de la tinta”.
Hervet agregó que “el implicar a diputados panistas con un presunto acto de corrupción obedece a un tema político por temas electorales, porque saben que es el partido que está con todas las posibilidades de ganar la gubernatura y empiezan los golpes bajos”.
Sonia Mendoza dijo que es incongruente lo escrito por Juan José Rodríguez, pues la mayoría de los integrantes de la fracción panista votaron para rechazar la terna de perfiles enviados por el gobernador Juan Manuel Carreras, sin embargo, el periodista explicó porque la votación no se habría concretado de acuerdo a lo pactado:
“El miércoles 26, los seis diputados albiazules se reunieron con su dirigencia partidista a las ocho de la mañana para recibir la buena nueva y convenir el sentido de sus votos en la sesión que comenzaría dos horas más tarde. En esa reunión, alguien dijo que según el Secretario General de Gobierno, por lo menos una dama de las ahí presentes había recibido varios cientos de miles de pesos con anterioridad, con lo que ardió Troya. La aludida lo negó airada y categóricamente, y exigió que su coordinador de fracción arreglara de inmediato una entrevista de todo el grupo con Alejandro Leal Tovías para aclarar paradas”, una alusión indirecta a la propia Mendoza Díaz.
Juan Francisco Aguilar Hernández, presidente del PAN en San Luis Potosí, afirmó que este viernes buscará reunirse con todos los diputados de sus partido para que expliquen lo ocurrido: “Niego haber estado en la junta a la que se refieren o haber aceptado un arreglo como el señalado”.
La Orquesta pidió un posicionamiento oficial al gobierno estatal, no obstante, el área de comunicación social rechazó hacer declaraciones al respecto.
CÓMO LLEGARÍA EL FISCAL
El pasado 26 agosto, el Congreso del Estado sesionó para elegir, siete meses después de la renuncia de Jorge Vera, a un nuevo fiscal anticorrupción. No obstante, en medio de las protestas de varios grupos de manifestantes que afirmaban que Juan Manuel Carreras pretendía imponer a Felipe Aurelio Torres Zúñiga, los diputados rechazaron la terna enviada por el gobernador y que se completaba con Leticia García Torres y Xóchitl Martínez Calderón. Esto significa que el mandatario deberá formular una nueva, en la que puede incluir a dos de los tres participantes, de ser nuevamente rechazada, podrá designar de forma directa a quién tendrá el cargo.
Ante la inminencia de la nueva votación Juan José Rodríguez afirmó que será mucho más complicado que se vuelvan a ofrecer sobornos para influir en el resultado:
“Siento menos factible que esto ocurra, no solo por el hecho de lo que haya publicado yo. En la fracción del PAN se pelearon cuando se habló de que una de las integrantes había recibido dinero, eso ya establece un grado de dificultad para que se pongan de acuerdo. Pero además va a ser mucho más difícil que acuerden algo así, porque los ojos de la gente estarán muy atentos”.
Finalmente, Rodríguez Medina apuntó que de ser nombrado Torres Zúñiga como fiscal, su gestión no comenzaría en las mejores condiciones: “por lo menos llegará con un desgaste. Él es el más ajeno a su propia circunstancia, porque hasta donde yo sé, nunca participó de ningún tipo de negociación, incluso no sé qué tan enterado estaba, pero va a llegar marcado con algo que ni siquiera le corresponde”.
También lee: Gobierno de SLP habría sobornado a diputados para elección de fiscal anticorrupción
APUNTES
Veremos de qué tan desabridas vienen las campañas para personas juzgadoras. Las federales ya comenzaron, solo una potosina, Alma Delia González, compite entre cientos de perfiles para alcanzar un lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La magistrada, que no se esperaba hace unos meses estar involucrada en un proceso electivo, comenzó su campaña en TikTok y se ha dado a conocer con productos audiovisuales en sus redes sociales.
No hay mucho más que hacer, las reglas del juego así lo contemplan. Los aspirantes a cargos de magistrados y jueces, 74 en total en el estado, comenzarán hasta abril, sin embargo, desde ahora se avizora un escenario pardo, sin emoción ni expectativas aunque sea medianas.
Los cálculos más entusiastas indican que solo entre el 9 y el 14 por ciento de los ciudadanos tienen la intención de participar con su voto en la histórica, primera y extraordinaria elección de ministros, magistrados y jueces que se llevará a cabo el próximo primero de junio.
El bajo interés en el proceso es explicable: No hay un intercambio simbólico entre candidatos y votantes, no hay una promesa de valor que motive al ciudadano a votar en la renovación del Poder Judicial, un poder además que históricamente ha sido distante del ciudadano.
El gran riesgo que ese desinterés generalizado plantea es que grupos, con buenas o malas intenciones, se metan en la movilización pagada el día de la elección.
Con un calculo simple, hay que tomar en cuenta que con mucho menos de 2 mil votos– y eso si es que se llega a una participación de 100 mil potosinos- se pueden ganar los cargos.
De las campañas de los interesados se espera muy poco, todos intentarán colocar su número y color de boleta en la cabeza de la gente, sin embargo no están contemplando que muy difícilmente podremos recordar 74 combinaciones. Ni las del Melate son tan difíciles.
¿Los candidatos qué nos pueden ofrecer? Solo su trayectoria e imparcialidad, de ahí en fuera sus mensajes tenderán a lo emocional y a la confianza que puedan generar de manera orgánica en sus redes. En resumen todos nos dirán las mismas tres cosas: que son buenas personas, que son capaces y que son incorruptibles.
Lamentablemente este mismo punto se podrá poner en duda desde el momento en que algunos se presten al juego de la movilización el día electoral, pues estarían vendiendo su llegada al cargo a cambio de favores.
Ojalá que no se preste ninguno, sean los menos y los que lo hagan pierdan. (Permítame algo de idealismo aunque sea).
Al respecto de la elección, a través de la Secretaría General de Gobierno se hizo un llamado a los organismos electorales, y secretarías de estado involucradas en la seguridad, derechos humanos y Fiscalía para que se unan en la revisión de protocolos en búsqueda de mantener la paz y la gobernabilidad durante las campañas federales, que ya iniciaron, como las estatales que comenzarán los últimos días de abril.
Se busca un proceso “justo y ordenado” y que bueno que haya esas intenciones, no obstante eso de “justo” irónicamente está en veremos porque lo mismo que partidos políticos, gobiernos, instituciones, sindicatos, grupos magisteriales, gremios y hasta el crimen organizado -hay que decirlo- podrían de manera “ordenada” (literalmente por una orden) enviar o comprar con relativa facilidad a cientos de personas con la intención de hacer ganar a candidatos
¿Cómo evitar el asunto de la movilización interesada y peligrosa? La pregunta es para las autoridades y no solo las electorales, que además gastarán una millonada de recursos en la organización de la elección y muy poco en explicar, conmover y convencer al ciudadano común para que vaya a votar libremente.
Por cierto que no juegan a favor los simulacros que se han hecho respecto a los tiempos que se tomará cada ciudadano para emitir su voto, que se calculan desde la entrada de la casilla, identificación, entrega de boletas, votación, inserción de cada boleta en las urnas y retiro, entre 15 y 20 minutos por persona.
Imagine Usted, Culto Público, que cuando llegue usted a la casilla el primero de junio, estén 10 personas formadas antes que usted, el tiempo que le tomará para que sea su turno será de más de 2 horas.
¿Habrá alguien dispuesto a perder tanto tiempo de su domingo por pura buena voluntad y civismo? Esa buena voluntad será directamente proporcional a la cantidad de votantes.
BEMOLES
MORALES
En el parque de Morales hay mas grilla que pasto y las indirectas entre el gobernador y el alcalde están a la orden del día.
En el primer acto, el gobierno del estado anunció la rehabilitación de este sitio desde mayo del año pasado (en plenas elecciones) y entró a intervenirlo sin contar con los permisos que el proyecto requería, por lo tanto, hubo quien encontró en esta omisión motivo para ampararse y detener la obra.
En el segundo acto, el gobierno municipal detuvo el mantenimiento del parque, quizás pensaron algo como que “al fin y al cabo lo estaría llevando el palacio de enfrente”.
En el tercer acto pasó más de un año y ni el gobierno estatal pudo hacer realidad la rehabilitación ni el municipal dio mantenimiento sostenido al sitio.
Ayer Ricardo Gallardo afirmó que Morales cada vez está “más jodido” y es cierto, por su parte el municipio ya por lo menos lo está regando y anunció la inversión en una planta tratadora.
¿Cómo se llamó la obra? Se llamó “Todavía no hay obra”.
Si continúan los celos y pleitos entre palacios, se caerán todos los arboles Moralescos y lo único verde que veremos serán los moños en los puestos de los elotes.
Hasta la próxima
Jorge Saldaña
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El alcalde Enrique Galindo dijo que esta designación permitirá la circulación de vehículos a velocidades no mayores a 30 kilómetros por hora
Por: Bernardo Vera
Enrique Galindo Ceballos, presidente municipal de San Luis Potosí, indicó que existe un proyecto de movilidad para la zona Centro de la capital, en la que las calles principales se adhieran a un esquema de Zona 30, que permita la movilidad de vehículos hasta una velocidad de 30 kilómetros por hora.
El alcalde capitalino detalló que este esquema existe en ciudades como Madrid, España y la Ciudad de México, por lo que se estudiará su viabilidad en la capital potosina.
Además de las calles del cuadro principal d el Centro Histórico, el alcalde Galindo Ceballos indicó que se estudiará esta viabilidad en la calle de Mariano Arista, desde el parque de Morales hasta el Centro Histórico.
Este proyecto permitiría la movilidad de transportes como bicicletas, scooters eléctricos y otros vehículos alternativos, en armonía con el parque vehicular ya existente.
Finalmente, Galindo Ceballos dijo que para dicho proyecto se espera su integración en el Reglamento de Tránsito para la capital potosina, lo que permitiría la ejecución de una posible obra bajo una normativa fundamentada.
También lee: SSPC debe socializar nuevo Reglamento de Tránsito
El magistrado presidente del PJESLP dijo que los organismos deben vigilar que la elección de jueces se realice con ética y responsabilidad
Por: Redacción
Arturo Morales Silva, magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, aseguró que no existen riesgos de injerencia del crimen organizado, partidos políticos o grupos de poder en la elección extraordinaria de jueces y magistrados que se llevará a cabo en este 2025.
El magistrado enfatizó que, desde su perspectiva, no hay indicios de que actores externos busquen influir en el proceso. No obstante, destacó la importancia de que los organismos competentes se mantengan en alerta para garantizar la legalidad y transparencia de la elección.
“Desde mi punto de vista, considero que no existe ese riesgo como tal. Desde luego que los organismos competentes deben estar vigilantes, y también las personas que participan deben hacerlo con ética y responsabilidad por lo justo”, expresó Morales Silva.
La elección extraordinaria de jueces y magistrados es un proceso clave para el sistema judicial del estado, por lo que se espera que se realice bajo estrictos estándares de transparencia e imparcialidad.
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