noviembre 21, 2024

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#LaHerenciaDeCarreras | Las cruces rosas del feminicidio

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El empoderamiento de las mujeres en SLP no responde a un esfuerzo del gobierno estatal, sino a la incansable lucha de activistas y organismos civiles

Por: Karina González

En marzo de 2016 ocurrió el primer feminicidio catalogado como tal en el sexenio de Juan Manuel Carreras López como gobernador de San Luis Potosí. Desde entonces 116 mujeres han perdido la vida a manos de feminicidas en crímenes de odio y violencia de género, según la organización Semáforo Delictivo y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en un análisis sobre los casos ocurridos entre octubre de 2015 y abril de 2021, fecha de su última actualización.

En 2019 se registró el mayor número de feminicidios en el estado con 28 asesinatos de mujeres; en 2018 y 2020 la cifra fue menor solo por un número, ambos años registraron 27 feminicidios; en 2017 se contabilizaron 18, en 2016 se tiene registro de 7 y actualmente, de enero a abril de este 2021, se han cometido 9 asesinatos de mujeres en el estado potosino.

Todo esto, pese a que el 21 de junio de 2017 se emitió la declaratoria de Alerta de Género para seis municipios en San Luis Potosí: la capital potosina, Soledad de Graciano Sánchez, Ciudad Valles, Matehuala, Tamazunchale y Tamuín. Con este decreto el gobierno de Juan Manuel Carreras se comprometió a coadyuvar en la garantía del derecho a una vida libre de violencia de las mujeres y niñas; además, de ejercer algunas obligaciones, tales como:

Reforzar patrullajes preventivos; instalar alumbrado público y mejorar el existente; implementar mecanismos de vigilancia y seguridad pública como videocámaras y postes de emergencia en puntos estratégicos; incrementar la vigilancia en el transporte público; difundir información sobre líneas de apoyo a víctimas de violencia; crear aplicaciones para teléfonos que permitan el acceso inmediato a los servicios de atención y seguridad; capacitación y profesionalización del servicio público en perspectiva de género y de derechos humanos; campañas de prevención; recuperación de espacios públicos; la creación de agrupaciones de seguridad especializadas en género y de reacción inmediata, así como la creación de una unidad especializada para el avance en la investigación de casos de feminicidio; medidas para garantizar el efectivo acceso a la justicia y la reparación integral del daño; y la creación de un grupo especializado en análisis de contextos de violencia, y la armonización legislativa.

De todas las anteriores, ninguna se logró acatar al 100 por ciento, tal como se refleja en los índices delictivos de los últimos seis años; pese a estos datos, en San Luis Potosí la figura de la mujer está cobrando importancia y se refleja en las posiciones de poder que poco a poco de conquistan dentro de la administración pública, la vida social y la industria, reconoció el doctor en criminalística Luis Alberto Osornio Saldívar, quien señaló que este logro, lamentablemente no se debe a las voluntades del gobierno del estado, sino a la incansable lucha de distintos organismos civiles que han alzado la voz para posicionar los derechos de las mujeres.

Indicó que la deuda que se queda en el gobierno estatal no es empoderar a la mujer porque ya existen mujeres empoderadas en San Luis Potosí, que han obtenido cargos de diputadas, senadoras, alcaldesas y actualmente es una mujer quien encabeza el Poder Judicial, “es histórico”, reconoció el experto; sin embargo, dijo, no es un resultado tangible para la lucha que exigen las mujeres y activistas en sus marchas; el reclamo social va mucho más allá que solo una posición laboral o económica; es la sed de justicia ante la indiferencia con las víctimas.

El experto mencionó que en feminicidios, no existe hasta el momento la operatividad adecuada en los elementos de seguridad para afrontar temas como la investigación y por tanto, no existen detenidos, culpables, procesados, ni casos cerrados. Pues según el “mapa de feminicidios” creado por el medio digital feminista La Alcantarilla y la consultoría de desarrollo de proyectos tecnológicos, software y mapas interactivos “Uxmalsoft” ningún caso ocurrido entre 2018 y 2021 ha sido considerado “concluido” por la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí.

“Hemos tenido la capacidad activista enorme pero no hemos tenido una actividad operativa de investigación efectiva y eso es donde debemos de cambiar, por ejemplo la ministerial, los protocolos de investigación, las persecuciones, las pesquisas, las cuestiones periciales forenses, en estas debemos de avanzar”, consideró. Lo anterior se refleja en las marchas y movilizaciones feministas que año con año incrementan el número de participantes.

En 2020, antes de la pandemia de covid-19 se vivió la marcha más importante en conmemoración del 08 de marzo, miles de mujeres caminaron en una protesta por las víctimas de feminicidio y violencia de género que no recibieron justicia, víctimas de desaparición que no cuentan con carpetas de investigación o búsqueda de su paradero; familias que han perdido a una integrante porque en las calles no hay quien cuide el transitar de sus mujeres. En 2020 también se llevó a cabo por primera vez el movimiento “el nueve ninguna se mueve” que provocó que cientos de mujeres dejaran paradas sus labores por un día, visibilizando la fuerza laboral y económica que representan en la vida diaria.

Este 2021 debido a la pandemia las manifestaciones que exigen justicia se vieron limitadas, pero no silenciadas; incluso, el pasado 14 de mayo se conmemoró el Día por la Justicia para las Víctimas de Feminicidio donde se develó un memorial para recordar a las víctimas que siguen sin justicia. En este sitio se dejaron cruces rosas, flores y carteles donde se le recuerda al gobierno de Juan Manuel Carreras la deuda con la seguridad para las mujeres. Por tanto, sin soluciones ni un efectivo sistema de justicia, este problema será una de las herencias más sentidas que Juan Manuel Carreras dejará a San Luis Potosí.

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Buscan en Tabasco a socio facturero de Sánchez Zumaya

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La Fiscalía de aquel estado emitió una ficha de búsqueda para encontrar a David Ignacio Olivares, de 26 años, por lavado de dinero

Por: Redacción

Trascendió que uno de los socios factureros de Gerardo Sánchez Zumaya y que aparece en la red juvenil de lavado de dinero publicada por el diario Reforma se encuentra desaparecido.

Se trata de David Ignacio Olivares Zúñiga, de 26 años de edad, quien forma parte del grupo de conocidos de Gerardo Sánchez Zumaya, acusado de lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos con PEMEX y que se encuentra desaparecido desde el pasado mes de marzo.

La Fiscalía General del Estado de Tabasco emitió una ficha de búsqueda en la que detalla que el pasado 20 de marzo, el socio de Sánchez Zumaya salió de un domicilio en el centro de Villahermosa a bordo de su auto Beat, Chevrolet y no se le volvió a ver.

Cabe mencionar que la investigación del diario Reforma apunta que Olivares Zúñiga emitió 379 comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) con los que, en conjunto con otros socios factureros menores de 30 años con empresas “especializadas” en productos petroquímicos ayudaron a Gerardo Sánchez Zumaya ha logrado encubrir 15 mil millones de pesos.

A la fecha, el joven de 26 años no ha sido localizado cómo tampoco su “socio” Gerardo Sánchez Zumaya se ha pronunciado en sus redes sociales para pedir a la ciudadanía por su localización.

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Estela Arriaga Márquez asume como Senadora por San Luis Potosí

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La nueva legisladora impulsará una agenda enfocada en inclusión, el fortalecimiento de la familia y el impulso al desarrollo del estado

 

Por: Redacción 

Estela Arriaga Márquez tomó protesta este miércoles como senadora de la República en representación del Estado de San Luis Potosí. Durante la sesión ordinaria del Senado, Arriaga Márquez asumió el cargo con el compromiso de trabajar en favor de las y los potosinos, fortaleciendo la voz del estado en el ámbito legislativo nacional.

 

La nueva senadora manifestó su interés en impulsar iniciativas relacionadas con la inclusión, el fortalecimiento de la familia y el impulso al desarrollo del estado. Su cercanía con la ciudadanía será fundamental para representar los intereses de la entidad en el Congreso de la Unión, además de que fortalece al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

en la Cámara Alta.

 

Estela Arriaga reafirma su compromiso de trabajar con dedicación y responsabilidad, consolidando una agenda legislativa que promueva el bienestar y el progreso de todas y todos.

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Fiscalía del Estado también debe investigar a Sánchez Zumaya: Hector Serrano

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El diputado local del Partido Verde comentó que las evidencias dan elementos para que las autoridades verifiquen si efectivamente existe una comisión delictiva

Por: Redacción

El diputado Héctor Serrano Cortés, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso del Estado, señaló que es importante que las autoridades competentes a nivel local realicen una investigación sobre los hechos reportados y publicados por un medio de circulación nacional, en relación a una presunta red dedicada al lavado de dinero del empresario potosino Gerardo Sánchez Zumaya en relación con la empresa Petrogesa.

El legislador señaló que de acuerdo al reportaje publicado, dicha empresa forma parte de una red de factureros, y prestanombres que ha sido usada para lavado de dinero y defraudación fiscal, según se ha dicho ya fue denunciada por estos presuntos delitos ante la Fiscalía d el Estado de Tabasco.

“Las evidencias que se muestran en el medio que expuso la nota dan elementos para que las autoridades dedicadas a compartir delitos verifiquen si efectivamente existe una comisión delictiva de este supuesto empresario que por supuesto involucra a la UIF, a la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí y a la propia Fiscalía General de la República, la fiscalía potosina esta obligada a iniciar la carpeta de investigación respectiva

”, puntualizó.

Lo que se muestra en el reportaje que presentó este medio nacional es simple y llana, es delincuencia organizada, por ello es importante la actuación oportuna de las autoridades competentes para determinar si existe delito a perseguir, finalizó.

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