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#LaHerenciaDeCarreras | Las cruces rosas del feminicidio
El empoderamiento de las mujeres en SLP no responde a un esfuerzo del gobierno estatal, sino a la incansable lucha de activistas y organismos civiles
Por: Karina González
En marzo de 2016 ocurrió el primer feminicidio catalogado como tal en el sexenio de Juan Manuel Carreras López como gobernador de San Luis Potosí. Desde entonces 116 mujeres han perdido la vida a manos de feminicidas en crímenes de odio y violencia de género, según la organización Semáforo Delictivo y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en un análisis sobre los casos ocurridos entre octubre de 2015 y abril de 2021, fecha de su última actualización.
En 2019 se registró el mayor número de feminicidios en el estado con 28 asesinatos de mujeres; en 2018 y 2020 la cifra fue menor solo por un número, ambos años registraron 27 feminicidios; en 2017 se contabilizaron 18, en 2016 se tiene registro de 7 y actualmente, de enero a abril de este 2021, se han cometido 9 asesinatos de mujeres en el estado potosino.
Todo esto, pese a que el 21 de junio de 2017 se emitió la declaratoria de Alerta de Género para seis municipios en San Luis Potosí: la capital potosina, Soledad de Graciano Sánchez, Ciudad Valles, Matehuala, Tamazunchale y Tamuín. Con este decreto el gobierno de Juan Manuel Carreras se comprometió a coadyuvar en la garantía del derecho a una vida libre de violencia de las mujeres y niñas; además, de ejercer algunas obligaciones, tales como:
Reforzar patrullajes preventivos; instalar alumbrado público y mejorar el existente; implementar mecanismos de vigilancia y seguridad pública como videocámaras y postes de emergencia en puntos estratégicos; incrementar la vigilancia en el transporte público; difundir información sobre líneas de apoyo a víctimas de violencia; crear aplicaciones para teléfonos que permitan el acceso inmediato a los servicios de atención y seguridad; capacitación y profesionalización del servicio público en perspectiva de género y de derechos humanos; campañas de prevención; recuperación de espacios públicos; la creación de agrupaciones de seguridad especializadas en género y de reacción inmediata, así como la creación de una unidad especializada para el avance en la investigación de casos de feminicidio; medidas para garantizar el efectivo acceso a la justicia y la reparación integral del daño; y la creación de un grupo especializado en análisis de contextos de violencia, y la armonización legislativa.
De todas las anteriores, ninguna se logró acatar al 100 por ciento, tal como se refleja en los índices delictivos de los últimos seis años; pese a estos datos, en San Luis Potosí la figura de la mujer está cobrando importancia y se refleja en las posiciones de poder que poco a poco de conquistan dentro de la administración pública, la vida social y la industria, reconoció el doctor en criminalística Luis Alberto Osornio Saldívar, quien señaló que este logro, lamentablemente no se debe a las voluntades del gobierno del estado, sino a la incansable lucha de distintos organismos civiles que han alzado la voz para posicionar los derechos de las mujeres.
Indicó que la deuda que se queda en el gobierno estatal no es empoderar a la mujer porque ya existen mujeres empoderadas en San Luis Potosí , que han obtenido cargos de diputadas, senadoras, alcaldesas y actualmente es una mujer quien encabeza el Poder Judicial, “es histórico”, reconoció el experto; sin embargo, dijo, no es un resultado tangible para la lucha que exigen las mujeres y activistas en sus marchas; el reclamo social va mucho más allá que solo una posición laboral o económica; es la sed de justicia ante la indiferencia con las víctimas.
El experto mencionó que en feminicidios, no existe hasta el momento la operatividad adecuada en los elementos de seguridad para afrontar temas como la investigación y por tanto, no existen detenidos, culpables, procesados, ni casos cerrados. Pues según el “mapa de feminicidios” creado por el medio digital feminista La Alcantarilla y la consultoría de desarrollo de proyectos tecnológicos, software y mapas interactivos “Uxmalsoft” ningún caso ocurrido entre 2018 y 2021 ha sido considerado “concluido” por la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí.
“Hemos tenido la capacidad activista enorme pero no hemos tenido una actividad operativa de investigación efectiva y eso es donde debemos de cambiar, por ejemplo la ministerial, los protocolos de investigación, las persecuciones, las pesquisas, las cuestiones periciales forenses, en estas debemos de avanzar”, consideró. Lo anterior se refleja en las marchas y movilizaciones feministas que año con año incrementan el número de participantes.
En 2020, antes de la pandemia de covid-19 se vivió la marcha más importante en conmemoración del 08 de marzo, miles de mujeres caminaron en una protesta por las víctimas de feminicidio y violencia de género que no recibieron justicia, víctimas de desaparición que no cuentan con carpetas de investigación o búsqueda de su paradero; familias que han perdido a una integrante porque en las calles no hay quien cuide el transitar de sus mujeres. En 2020 también se llevó a cabo por primera vez el movimiento “el nueve ninguna se mueve” que provocó que cientos de mujeres dejaran paradas sus labores por un día, visibilizando la fuerza laboral y económica que representan en la vida diaria.
Este 2021 debido a la pandemia las manifestaciones que exigen justicia se vieron limitadas, pero no silenciadas; incluso, el pasado 14 de mayo se conmemoró el Día por la Justicia para las Víctimas de Feminicidio donde se develó un memorial para recordar a las víctimas que siguen sin justicia. En este sitio se dejaron cruces rosas, flores y carteles donde se le recuerda al gobierno de Juan Manuel Carreras la deuda con la seguridad para las mujeres. Por tanto, sin soluciones ni un efectivo sistema de justicia, este problema será una de las herencias más sentidas que Juan Manuel Carreras dejará a San Luis Potosí.
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46% de los casos evaluados por riesgo de suicidio en SLP son de mujeres
Autoridades de salud refuerzan acciones de prevención y atención en salud mental
Por: Redacción
En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer, la titular de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, Leticia Mariana Gómez Ordaz , informó que cerca del 46 por ciento de los casos evaluados por riesgo de suicidio en el estado corresponden a mujeres.
La funcionaria explicó que este dato ha llevado a las autoridades sanitarias a reforzar las acciones de atención y prevención en materia de salud mental, especialmente entre la población femenina.
Gómez Ordaz señaló que la dependencia trabaja en distintos programas orientados a la prevención, así como en campañas de información y sensibilización dirigidas a la población.
Entre las estrategias también se incluye la promoción de la salud sexual y reproductiva , con el objetivo de brindar herramientas informativas que permitan a las personas tomar decisiones responsables sobre su bienestar.
La titular de Salud indicó que estas acciones forman parte de los esfuerzos institucionales para atender problemáticas que afectan de manera particular a las mujeres, tanto en el ámbito de la salud mental como en otros aspectos relacionados con su calidad de vida.
Finalmente, reiteró que la Secretaría de Salud mantiene programas de acompañamiento y prevención para identificar factores de riesgo y fortalecer la atención en salud mental dentro del estado.
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Acciones contra la violencia de género seguirán aunque cambie la alerta: Semujeres
La dependencia explicó que la decisión sobre la alerta corresponde al gobierno federal
Por: Redacción
Gloria Serrato, encargada de despacho de la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva de San Luis Potosí, informó que la dependencia ha buscado establecer diálogo con distintas colectivas feministas luego de la publicación de un desplegado en redes sociales donde se plantean diversas solicitudes institucionales.
La funcionaria explicó que el documento fue firmado por al menos una colectiva y dirigido a varias instituciones, entre ellas la secretaría, por lo que desde la dependencia se intentó contactar a los grupos para dar seguimiento a las peticiones y abrir espacios de conversación.
Serrato señaló que ya se han realizado acercamientos con algunas organizaciones y que continúan pendientes de concretar reuniones con otras colectivas, como Por Ellas y por las Nuestras, para revisar de manera puntual sus planteamientos.
Entre los temas mencionados por los colectivos se encuentra la situación de la Alerta de Violencia de Género, mecanismo que actualmente se mantiene activo en el estado.
La funcionaria explicó que la determinación de mantener, modificar o levantar la alerta corresponde al gobierno federal, por tratarse de un instrumento establecido en la legislación nacional.
No obstante, aseguró que el gobierno estatal continuará con las acciones implementadas a partir de esta declaratoria, las cuales incluyen medidas de seguridad, atención institucional y estrategias de prevención de la violencia contra las mujeres .
Entre estas acciones mencionó la operación de unidades especializadas de la Guardia Civil Estatal para atención a mujeres, módulos de atención, un banco estatal de información sobre violencia de género, diagnósticos de violencias y programas de prevención dirigidos a niñas, niños y adolescentes.
Serrato afirmó que muchas de estas medidas ya se encuentran institucionalizadas mediante decretos, acuerdos y programas publicados en el Periódico Oficial del Estado, por lo que continuarán aplicándose independientemente de las decisiones futuras sobre la alerta.
La funcionaria agregó que el mecanismo de la Alerta de Violencia de Género busca coordinar a las instituciones de los tres niveles de gobierno para fortalecer el acceso a la justicia y la protección de los derechos de las mujeres.
Finalmente, indicó que el estado se mantiene atento a las determinaciones que emita la Federación sobre el seguimiento de este mecanismo y reiteró la disposición de la secretaría para continuar trabajando con organizaciones y autoridades en la prevención de la violencia contra las mujeres.
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Fiscalía advierte aumento de violencia familiar en SLP
María Manuela García señaló que se realizan evaluaciones de riesgo y apoyo psicológico a víctimas; en casos graves incluso se ofrece ingreso a refugios
Por: Redacción
La fiscal general del estado, María Manuela García Cázares, advirtió que en San Luis Potosí se ha registrado un aumento en los casos de violencia familiar, por lo que la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí ha reforzado los mecanismos de atención, evaluación de riesgo y protección para las víctimas.
La fiscal explicó que cuando una persona denuncia este tipo de violencia se activa un proceso de análisis que incluye valoración psicológica para determinar el nivel de riesgo en el que se encuentra la víctima. Indicó que, en los casos donde se detecta un riesgo alto, las autoridades incluso ofrecen a las víctimas la posibilidad de ingresar a refugios de protección.
“Se hace la valoración psicológica y se establece el riesgo que tiene la víctima. Inclusive si se detecta que el riesgo es alto, se le pide a la víctima, si es mujer, que si quiere entrar al refugio”, explicó.
La fiscal señaló que este análisis también influye en las medidas cautelares que pueden solicitarse ante un juez durante el proceso judicial, particularmente cuando se busca evitar que el agresor represente un peligro para la víctima.
Detalló que, dependiendo de las circunstancias del caso, el Ministerio Público puede solicitar medidas como la prisión preventiva justificada si se considera que la persona imputada representa un riesgo elevado.
García Cázares explicó que el estudio de cada denuncia implica revisar cómo ocurrieron los hechos y qué tipo de violencia está sufriendo la persona afectada , ya que este delito puede manifestarse de distintas formas. “La violencia no solamente puede ser física, sino de diversas maneras”, señaló.
En ese sentido, indicó que personal especializado de la fiscalía, incluyendo ministerios públicos y psicólogos, participa en la evaluación de los casos para determinar el tipo de violencia, el nivel de riesgo y las medidas de protección que deben aplicarse.
La fiscal también subrayó que uno de los retos principales en la atención de estos casos es evitar la revictimización de las personas que acuden a denunciar.
Por ello, dijo, se trabaja en la capacitación del personal tanto de ministerios públicos como de policías de investigación para mejorar el trato hacia las víctimas y generar confianza en las instituciones.
“Es muy importante que todos estemos inmersos en que la víctima no debe ser revictimizada”, afirmó.
Finalmente, señaló que brindar una atención adecuada dentro de las fiscalías es fundamental para que las personas afectadas se sientan seguras al presentar una denuncia y puedan avanzar en los procesos legales contra sus agresores.
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