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La violencia homofóbica persiste en SLP
El activista Paul Ibarra habló sobre los últimos eventos en que la comunidad LGBT+ fue víctima de agresiones
Por: Ana G Silva
Hace una semana una pareja homosexual denunció, a través de redes sociales, que fue víctima de discriminación en Plaza Tangamanga, ya que un guardia les pidió que no se besaran o se tomaran de la mano en ese espacio, pues era “una falta a la moral”; luego de esto, la comunidad LGBT+ de San Luis Potosí se manifestó en este centro comercial realizando un “Besotón”. La Orquesta conversó con Paul Ibarra, presidente de la organización civil Red Diversificadores Sociales, quien comentó que este hecho es un retroceso en inclusión y no discriminación para San Luis Potosí.
Paul detalló que el hecho homofóbico ocurrido en Plaza Tangamanga lo sorprendió, pues se creía que ya había notables avances en el tema de la inclusión; sin embargo, “esto demuestra que aún falta mayor educación en los diferentes ámbitos, uno de ellos es el empresarial, pues no existe una capacitación hacia el personal de atención primaria, en este caso de un elemento de seguridad”.
El presidente de la Red de Diversificadores Sociales consideró que es necesario que como requisito para trabajar en algún espacio de este tipo se deban tomar cursos o capacitaciones en derechos humanos; agregó que en México existe una certificación de la “Norma Mexicana NMX R 025 SCFI 2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación” que se puede adquirir, esto debido al legado de discriminación y falta de inclusión en diferentes aspectos y grupos de personas:
“Es importante que exista por lo menos una capacitación, la Comisión de Derechos Humanos las imparte gratuitamente, tampoco es pretexto para las empresas que te digan que no tienen presupuesto para capacitar a sus empleados, a la mayoría se les da cursos de inducción y en uno de estos tendría que haber un módulo particular que toque estos temas, porque lo vemos desde la primaria y secundaria, donde uno de los artículos habla de la no discriminación, que está prohibida y que además existen diferentes grupos en situación de vulnerabilidad y hay que impulsar para que sean incluidos dentro de la dinámica social”.
El activista destacó que personalmente no considera que deba haber sanciones, aunque sí una llamada de atención para que se visibilice y la empresa trabaje en el área de la igualdad y la no discriminación: “porque no creo que no tengan la posibilidad de hacerlo, las acciones punitivas en realidad eso hace enojar a las empresas y que tengan mucha más resistencia, apunto más para que hayan más vías de comunicación y formas en las que podamos de manera conciliatoria realizar actividades que nos puedan ayuda a que las empresas entiendan porque es importante incluir y no discriminar”.
El activista también habló de lo interiorizada que está la discriminación en algunos sectores de la sociedad:
“Después de la manifestación fuimos a cenar algo y en el lugar donde estábamos pusieron la canción de Molotov que hace una apología de crímenes de odio hacia la la comunidad LGBT+, titulada “Puto”, y fue en un espacio LGBT, y me quedé pensando qué está pasando, por qué las demás mesas estaban bailando y cantando y también son de la comunidad; es una canción que le está diciendo a la gente que nos mate, pero hasta ese grado tenemos interiorizada la homofobia y la discriminación”.
Paul Ibarra argumentó que estas conductas se atribuyen a la educación machista y homofóbica que recibimos, pues en la sociedad no se incluye a las personas LGBT+, además de que tampoco se considera como parte de la sociedad de manera cotidiana.
“Como personas LGBT hemos tenido que luchar para ser incluidas de manera más visible, es por eso que existe el mes de junio como el mes del orgullo a nivel internacional, porque es un mes que nos ayuda a reconocer y a rememorar esas situaciones que nos ha llevado a estar en estos momentos en el que estamos, se han conquistado muchas luchas por la gente que ha estado en las calles manifestándose y negociado con el gobierno y las empresas privadas para que existan condiciones para colocarnos unos peldaños adelante, no en las condiciones de igualdad con las personas heterosexuales, pero sí por lo menos un poco más libres de discriminación, tiene que ver con este legado de prejuicios, de estigmas a la comunidad y van a ir desapareciendo mientras vayan existiendo este tipo de cuestiones, como las personas que se quejaban en la Plaza que decían que no tenía que pasar, creo que tiene que pasar más, tiene que haber más visibilidad de personas LGBT, sin que nos escondamos, porque esto ayudará a que cada vez sea más normal dentro de la sociedad”.
También lee: SLP no tiene cifras sobre los crímenes contra integrantes de la comunidad LGBT+
Varios medios difundieron imágenes en las que el presidente municipal aparecería accionando un arma de fuego en la vía pública
Por: Redacción
Imágenes difundidas en redes sociales por varios medios de comunicación muestran, presuntamente, al presidente municipal de San Vicente Tancuayalab, Gilberto González Zumaya, realizando detonaciones de arma de fuego al aire durante un supuesto festejo en la vía pública.
En el video, la persona señalada como el edil acciona el arma en un sitio donde se encuentran habitantes. Disparar al aire implica un riesgo para quienes están cerca, pues el proyectil puede caer y causar lesiones.
El hecho se suma al contexto de seguridad que atraviesa el municipio. El 21 de octubre, la Guardia Civil Estatal detuvo a dos hombres que se identificaron como policías municipales, Pascual “N”, de 43 años, y Nicasio “N”, de 56. Se les imputa portación de arma sin licencia, una pistola calibre 9 milímetros
Dos días antes, el 19 de octubre, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona informó que la Fiscalía General del Estado y la FGR investigan la actividad de grupos criminales en Tanquián de Escobedo y San Vicente Tancuayalab. El 26 de octubre, la SSPC señaló que ambos municipios se encontraban en calma, con presencia de las corporaciones de seguridad y del Ejército.
También lee: Ayuntamiento contrata 100% de obra con constructores potosinos, dijo Galindo
Dijo que el dinero se queda en la economía local y que las obras tienen garantía de tres años
Por: Redacción
Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, informó que en el segundo periodo de su gobierno el 100 por ciento de la obra pública del Ayuntamiento se contrata con constructores potosinos, y que en los cinco años el promedio fue de entre 96 y 98 por ciento. El resto corresponde a obra muy especializada que se contrata fuera.
Explicó que el dinero se queda en el estado, porque la mano de obra, los directores de obra y los materiales son potosinos, y que en algunas colonias se contrató a personal de la propia colonia. Añadió que una parte pequeña de cada contrato se destina al DIF Municipal.
Dijo que en cinco años el Ayuntamiento ha realizado más de 240 obras y que ninguna constructora le ha fallado. Indicó que pidió a los constructores una garantía de 36 meses, cuando la ley obliga a año y medio, y que aceptaron. Como ejemplo, mencionó que el constructor de la avenida Chapultepec, que se deslava por las bajadas de agua, la sigue reparando mientras dure la garantía.
Al plantearle la contratación de empresas foráneas por el gobierno estatal, respondió que cada gobernante tiene sus propios criterios y que no quiere opinar sobre su motivación. Afirmó que él lo hace por San Luis Potosí, porque la obra pública es un detonador económico y el dinero que se invierte en el estado “derrama tres o cuatro veces”, además de dar empleo.
Recordó que obras como el distribuidor Juárez y las de la avenida Salvador Nava las hicieron constructores potosinos, y que ingenieros de la UASLP construyen en el mundo, entre ellos en un túnel de Santiago de Chile. “¿Por qué traer gente de fuera si aquí tenemos capacidad técnica, experiencia, compromiso?”, cuestionó.
Galindo opinó que quien llegue a la alcaldía debe mantener esta política: “Claro que debe seguir como política pública”, dijo.
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El organismo además reportó que en 2024 ninguno de los 254 entes obligados mereció recibir sanción alguna
Con un presupuesto de 25.9 millones en 2024 a la CEGAIP en SLP apenas le alcanzó para atender 392 solicitudes (poco más de una al día)
Por: Ana G Silva
Cada solicitud de información que recibió en 2024 el organismo garante de transparencia de San Luis Potosí equivale a cerca de 66 mil pesos de su presupuesto. En todo el año, no impuso una sola sanción por incumplimientos.
La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) ejerció 25.9 millones de pesos durante 2024 y recibió 392 solicitudes de acceso a la información y protección de datos personales. Así lo reporta el Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Estatal (CNTAIPPDPE) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), publicado el 28 de octubre.
Al dividir el presupuesto ejercido entre las solicitudes recibidas, cada una equivale a 66 mil 71 pesos. Es una proporción: el presupuesto también cubre la resolución de recursos de revisión, la vigilancia de las instituciones obligadas y la capacitación, tareas cuyo costo el censo no desglosa.
Ese mismo año, la CEGAIP tenía bajo su vigilancia a 254 sujetos obligados: dependencias, ayuntamientos, organismos y otros entes que reciben recursos públicos. Reportó no haber sancionado a ninguno por incumplir sus obligaciones de transparencia.
Solo cinco entidades aplicaron sanciones en 2024: Hidalgo, Nuevo León, Nayarit, Aguascalientes y Sinaloa. Entre todas sumaron 349, de las cuales 305 fueron económicas y 44 administrativas, y Hidalgo concentró 41.5 por ciento. En 2022, los organismos garantes del país habían impuesto 1 mil 494.
Más caro por solicitud en otros estados
La proporción no es exclusiva de San Luis Potosí. El organismo del Estado de México ejerció 240.8 millones de pesos y recibió 1 mil 498 solicitudes, alrededor de 160 mil pesos por cada una. En la Ciudad de México, con 153.8 millones y 1 mil 754 solicitudes, fueron unos 87 mil pesos.
En conjunto, los organismos garantes estatales ejercieron 1 mil 506 millones de pesos y recibieron 13 mil 173 solicitudes en 2024, en promedio unos 114 mil pesos por solicitud.
Lo que el censo no mide
El informe no indica cuántas respuestas a solicitudes en San Luis Potosí fueron declaraciones de inexistencia, es decir, cuando la institución responde que “no cuenta con la información”. Tampoco dice cuántas fueron negativas ni cuántos recursos de revisión se presentaron contra ellas.
A escala nacional, 90.6 por ciento de las solicitudes que respondieron los organismos garantes se atendió en el plazo legal. El censo no ofrece ese dato por entidad.
Las cifras retratan el último año completo del modelo anterior. La reforma constitucional publicada en diciembre de 2024 eliminó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y a los organismos garantes locales, entre ellos la CEGAIP.
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