SIGAMOS DERECHO.

 

Para los estudiantes de los primeros semestres de la carrera de Derecho, los paseos no pueden faltar. Bien pueden ser simpáticos días de campo en el congreso local, un paseo por los juzgados o incluso —con una labor logística más demandante— una visita a un penal.  En mi caso, el tour guiado se llevó a cabo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Después de los protocolos de seguridad a la entrada, de apagar los celulares y de observar por varios minutos los murales de José Clemente Orozco, Cauduro y otros, procedimos a observar una muy interesante sesión de Pleno, donde se discutía un proyecto de la recién nombrada Ministra Yasmín Esquivel, quien, por cierto, estaba ausente.  

Al término de la sesión, la treintena de estudiantes primersemestrinos tuvimos la fortuna de charlar con dos ministros. Aquí abro un pequeño paréntesis para precisar un poco sobre el contexto. Apenas un par de semanas antes, el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, había sido sujeto de críticas: había aparecido en el programa de John Ackerman y Sabina Berman y publicado unos polémicos tweets. Por el contrario, casi ningún otro de los y las ministras tenía cuenta de Twitter; mucho menos habían salido a dar entrevistas a ningún medio. Considerando ese escenario, mis preguntas a los dos ministros fueron: ¿Cuál debe ser la relación de los ministros con la vida pública del país? ¿Por qué hay tanta distancia y tan poca comunicación entre la Corte y la ciudadanía?

Ciertamente, es un tema bastante complejo. Por ejemplo, en la Corte Suprema de Estados Unidos, el perfil ideológico de las y los jueces que la integran es conocido desde antes: al tribunal constitucional llegan jueces que son abiertamente conservadores o liberales, según el proyecto de nación del presidente que les haya nominado. En México, el perfil ideológico de las y los ministros se especula analizando sus sentencias y el sentido de sus votos; rara vez aparecen en medios de comunicación; y, para la gran mayoría de la población, la Corte y sus sentencias son completamente irrelevantes, debido al silencio que genera la poca difusión de lo que ahí se decide.

En ese sentido, los ministros me respondieron que lo que buscan es preservar su autonomía y garantizar la división de poderes. Comentaron que durante los 15 años que dura su encargo, los ministros y ministras dejan de asistir a restaurantes, reuniones sociales, bodas y eventos con políticos, incluso aquellos a los que han sido invitados por la Presidencia de la República. También, dan muy pocas entrevistas y no se enfrascan en discusiones sobre el sentido de sus votos. La regla general es que los tribunales sean herméticos, con el objeto de alejarse de cualquier presión que busque influir en lo que se decide en la Suprema Corte; además de ser muy cuidadosos con los simbolismos que puedan demeritar la legitimidad del Poder Judicial.

Traigo a colación esta anécdota para analizar uno de los cambios más importantes que vendrán para la Corte.

El viernes pasado, después de haberse aprobado en el Congreso de la Unión y en 18 congresos locales, la Cámara de Senadores emitió la Declaratoria de Reforma Constitucional, referente a la propuesta de reforma que presentó el Ministro Presidente Arturo Zaldívar el año pasado. Así, en estos días deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación la reforma a siete artículos constitucionales, la promulgación de dos leyes —la Ley de Carrera Judicial y una renovada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación— y reformas a diversos códigos y leyes secundarias.

La iniciativa fue presentada por Zaldívar en una Mañanera, al lado de López Obrador, de Olga Sánchez Cordero y del Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra. La imagen por sí misma fue un tanto bochornosa para la (al menos aparente) independencia que le caracteriza al Poder Judicial. Desde ese momento, el ministro Zaldívar ha tenido poco recato en mostrar su cercanía al Poder Ejecutivo, que impulsó esta reforma muy decididamente.

La autonomía de la Corte estuvo nuevamente cuestionada después de que Zaldívar decidiera romper la regla tácita de que el ministro presidente es el último en presentar sus argumentos al revisar un caso. Durante el debate de la consulta popular, Arturo Zaldívar se asignó la palabra a sí mismo antes que todos y recitó lo que parecía un discurso más político que jurídico, validando la constitucionalidad de la materia con argumentos, por llamarles de una manera, muy endebles.

Más recientemente, Zaldívar acudió a la inauguración de una de las pistas de Santa Lucía. ¿Qué estaba haciendo ahí? Nadie lo sabe; menos cuando los grandes proyectos de infraestructura se están decidiendo en la Corte.

Del contenido de la reforma se dice que fue redactada únicamente en la oficina de Zaldívar; no hubo colaboración con otros ministros, ni con la academia, ni con otras instancias del Poder Judicial. No obstante, haciendo un balance muy general, podemos conceder que el saldo es más positivo que negativo. Por una parte, hay un fortalecimiento a la carrera judicial; mayores herramientas para el combate a la corrupción, nepotismo y violencia de género; y se mejora también a la defensoría pública. Por otra, la reforma contempla una modificación a la manera en que se generan criterios jurisprudenciales: ahora todas las resoluciones del Pleno votadas por una mayoría de ocho votos serán vinculantes para todos los jueces del país. Además, la reforma prevé facultar a los organismos constitucionales autónomos de los estados para que también puedan aplicar controversias constitucionales.

Del lado negativo, la reforma es omisa en hacer algún pronunciamiento sobre el trágico Tribunal Electoral. Además, no hace ninguna modificación al agotado método de designación de ministros, así como al tema de las renuncias. Uno esperaría que después del escándalo de Medina Mora, alguien tomara cartas en el asunto.

Zaldívar ha logrado su cometido y la reforma ha sido aprobada casi exactamente como él la concibió. Con estas modificaciones, es muy probable que la Corte transite a la onceava época del Semanario Judicial de la Federación con él como abanderado de dicho cambio.  Con la reforma, también ha conseguido dotar de mayor poder al presidente del Consejo de la Judicatura Federal, cargo que ocupa el presidente de la Suprema Corte, o sea, él. En resumidas cuentas, Zaldívar ha venido a romper con el paradigmático comportamiento discreto de los ministros; ahora ha adherido su discurso al de la 4T, está activo en redes y acude a inauguraciones (pero no acude al aniversario de la Constitución, por ejemplo). Habrá que prestar atención a sus siguientes movidas. ¿Cómo cambiará su relación con el Ejecutivo, ahora que su reforma fue aprobada? ¿En dónde lo veremos en 2024, cuando termine su encargo?

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