junio 24, 2025

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La historia de la pena de muerte en SLP. ¿Cuándo fue la última ejecución?

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Ricardo Gallardo ha dicho que buscará que a nivel federal se discuta un posible regreso de este tipo de castigos

 

Por: Ana G Silva

El pasado 19 de septiembre, Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, anunció que enviará al Congreso del Estado una iniciativa para proponer la pena de muerte en contra de feminicidas; adelantó que al ser un tema de índole federal, sabe que será rechazada, sin embargo, dijo que se pretende dejar un precedente para incentivar a que el tema llegue al Congreso de la Unión y se regule la ley para permitir este tipo de castigos.

La Orquesta realizó una investigación sobre la historia de la condena de muerte en el país y el estado, además de los países donde aún existe esta pena.

 

EN SAN LUIS POTOSÍ

De acuerdo con la tesis titulada “Criminalidad y justicia penal en San Luis Potosí: el caso de los delitos de sangre, 1755-1786” de maestría en el Colegio de San Luis, se detalla que en el Sistema Penal Novohispano, el delincuente era concebido como un pecador, con derecho a la redención a través de la expiación de sus pecados por medio de penas y castigos. Durante esa época, en el estado la pena de muerte se aplicaba a crímenes como: la traición, homicidios, fuerza a mujeres (violacion o estrupo) y pecado nefando (cualquier acto sodomítico que pusiera en peligro la economía de la creación e impidiera la posibilidad de la colaboración del hombre con Dios).

Una vez consumada la independencia y con el surgimiento de los amparos, existe el antecedente de que en el estado la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisó, durante el período 1870-1910, 12 sentencias de muerte, de las que negó cuatro y concedió ocho.

Aunque en los códigos penales a nivel federal de 1929 la sanción de pena de muerte fue abolida, en el Codigo Penal de San Luis Potosí la condena fue cancelada hasta el 6 de junio de 1968, siendo uno de los ultimos estados en suprimirla, pues fue solo unos días antes de que Nuevo León lo hiciera el 15 de junio de 1968, después fue Morelos el 15 de abril de 1970, Oaxaca el 17 de julio de 1971 y Sonora el 7 de febrero de 1975.

El pasado 19 de septiembre, el gobernador Ricardo Gallardo indicó que propondrá que la pena se restablezca en San Luis Potosí. Esta acción ha sido característica de integrantes del Partido Verde que han presentado la iniciativa en tres ocasiones.

La primera fue cuatro años después de que el presidente Fox la aboliera, el partido propuso restaurarla, esto por la violencia causada por la Guerra Contra el Narcotráfico, la retomó en 2018 para secuestradores y asesinos; en ninguna prosperó. Finalmente, en 2020, luego del asesinato de Fátima (Una niña de 12 años víctima de violación y feminicidio por parte de sus vecinos en 2015 en Ciudad de México), el PVEM presentó otra vez la iniciativa, pero esta vez para violadores, feminicidas e infanticidas, junto a otros 5 diputados de Morena, que fue rechazada por mayoría, tras darse a conocer que el presidente Andrés Manuel López Obrador se mostraba en contra.

 

EN MÉXICO

La pena de muerte en México es muy antigua. En la culturas precoloniales las formas de aplicarla era cruel y dolorosa como: descuartizamiento, decapitación, lapidación, garrote y horca. Ya en la época colonial las autoridades eclesiales del Virreinato de la Nueva España eran las encargadas de imputar estos castigos. Entre los personajes destacados en la historia de México que murieron por esta sentencia se encuentran: Miguel Hidalgo, por “mandato de alevosos homicidios”, y José María Morelos y Pavón, por “herejía y traición”.

Después de la Independencia, las leyes eran las mismas que estaban vigentes durante la colonia y la pena de muerte se aplicaba a enemigos políticos como producto de las guerras o del poder y su abuso, uno de los personajes que fue condenado a esta fue Agustín Ituribide. La normativa fue modificada hasta la Constitución de 1842 en la que se estableció permitirla para asaltantes, asesinos e incendiarios y quedó prohibida para delitos políticos.

De acuerdo con el artículo “La pena de muerte en México, una historia constitucional” de la revista digital Este País: “en la época de la Reforma los liberales plantearon, por vez primera, su eliminación definitiva; sin embargo, la precariedad que imperaba en las cárceles provocó el aplazamiento de tal decisión”.

Dentro de la Constitución de 1857, la pena de muerte se extendió a traidores a la patria en guerra extranjera, a salteadores de caminos, a parricidas, a homicidas con alevosía, premeditación o ventaja, a quines cometieran delitos graves del orden militar y a los de piratería que definiere la ley. Con esto, en 1867 Maximiliano de Habsburgo fue fusilado en el Cerro de las Campanas, Querétaro.

En la investigación “Amparo y pena de muerte en México, 1869-1910”, de la revista Historia y Justicia, el juicio de amparo a esta condena surgió en la segunda mitad del siglo XIX como un instrumento del liberalismo jurídico para garantizar la protección de los derechos fundamentales de los individuos

, por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisó 448 sentencias de muerte en el país en el periodo de 1870 a 1910 de las que anuló 158.

Durante esa época, en 1871, el jurista sonorense Antonio Martínez de Castro logró que en el Código Penal para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, se erradicara la pena de muerte para mujeres y hombres de más de 70 años de edad; además de que no podía llevarse a cabo en público, aunque la ejecución se notificaba al público por medio de carteles expresando el nombre y el delito cometido por el reo.
En la Constitución de 1917, se estableció que la pena de muerte podría “imponerse al traidor a la patria en guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación y ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del orden militar”. Aunque en los códigos penales a nivel federal de 1929, la sanción fue abolida y su aplicación quedó excluida, incluyendo el entonces Distrito Federal, posteriormente cada uno de los estados prohibió la pena de muerte de forma paulatina, aunque en Michoacán ya se había suprimido desde 1924 y la ultima entidad en hacerlo fue Sonora en 1975.

Las últimas ejecuciones oficiales en México ocurrieron en 1957 y 1961: la primera fue a Juan Zamarripa y a Francisco Ruiz Corrales, quienes habían violado y asesinado a dos niñas en la ciudad de Hermosillo, esta fue una ejecución de orden civil; mientras que la segunda fue de orden militar a un soldado llamado José Isaías Constante Laureano acusado de insubordinación y asesinato de superiores, quien fue fusilado en Coahuila.

Pese a que los estados prohibían desde 1975 la pena de muerte de forma general, no fue sino hasta 2005 que el expresidente Vicente Fox abolió la condena en México.

Dos años antes, México había llevado a la Corte Internacional de Justicia una demanda en contra de los Estados Unidos, pues no respetó las obligaciones de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares (un convenio internacional de la ONU) al pasar por alto leyes mexicanas.

 

EN EL MUNDO

Hasta septiembre de 2022, 145 países han abolido la pena de muerte; mientras que otros 60 aún la mantienen y la aplican en su legislación: en algunos de estos para crímenes cometidos en tiempo de guerra y otros para crímenes como el asesinato, robos, violaciones o narcotráfico; también hay naciones donde se puede ser castigado por aspectos relacionados con la libertad de expresión o la orientación sexual.

El primer país del mundo en abolir la pena de muerte fue Venezuela en 1863. Mientras que los últimos en hacerlo fueron la República Centroafricana, el pasado 27 de mayo, aunque su última ejecución fue en 1981; y Malasia el 6 de junio de 2022 donde actualmente mil 281 reclusos que esperan para ser ejecutados.

En 2021, Amnistía Internacional registró 579 ejecuciones en 18 países, es decir, hubo un incremento del 20% respecto al 2020 con 483. La mayoría se produjeron en China, Irán, Egipto, Arabia Saudí y Siria. No obstante, en China muchas de estas muertes se desconocen al estar clasificadas como secretos de estado, al igual que sucede con Corea del Norte y Vietnam que no se incluyeron en el total global de ejecuciones.

 

EL FUTURO

Si Ricardo Gallardo finalmente impulsa  a nivel legislativo la iniciativa, sería la tercera ocasión en que un integrante del Partido Verde, nunca un gobernador, propone reactivar la pena de muerte, no obstante, dados los convenios internacionales a los que México está suscrito y la agenda legislativa del oficialismo es complicado, casi imposible, que prospere. 

Gallardo, pese a lo anterior, ha conseguido que el tema entre en la agenda pública nacional, lo que abre la puerta tal vez no su aprobación, pero sí a hacer una reflexión sobre la necesidad de actualizar el Código Penal.

 

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#NuevoPleito | SCT no sabe sobre obra en El Saucito

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Araceli Martínez advirtió que esta obra obligaría a modificar la ruta de la MetroRed y ello requiere planificación técnica especial

Por: Redacción

La obra del paso deprimido que se construirá sobre la avenida Fray Diego de la Magdalena (frente a la iglesia de El Saucito) al norte de la capital potosina, podría obligar a una modificación importante en la ruta de la MetroRed, advirtió Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) estatal.

La funcionaria declaró que hasta el momento la dependencia no ha recibido notificación oficial sobre el inicio de la obra, ni detalles de su duración o afectaciones viales, pese a que el proyecto contempla intervenir la avenida antes mencionada, una de las rutas centrales del sistema de transporte articulado.

“Por esa razón es muy importante, siempre, la coordinación con todos los niveles de gobierno, para no afectar la operación del sistema de transporte, que de alguna manera implica complicaciones a la ciudadanía”, expresó Martínez Acosta.

La titular de SCT adelantó que si la obra interfiere con el trazo actual de la MetroRed, será necesario desarrollar un plan de contingencia

. Sin embargo, señaló que no cualquier calle puede ser utilizada por los autobuses, debido a sus dimensiones y necesidades técnicas: “Estas unidades son de 12 metros, no pueden circular por todas las calles y la ruta establecida es justamente donde se puede acceder con las unidades”.

El 16 de junio, el alcalde Enrique Galindo anunció que el proyecto del paso deprimido ya cuenta con aprobación vecinal y que será licitado y ejecutado este mismo año, con una inversión que podría superar los 500 millones de pesos. El edil aseguró que la versión actual del proyecto respeta la ruta procesional y mejora la imagen urbana del entorno, sin embargo, que aún no ha dado fechas para el posible arranque de obras.

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Estafan a potosinos a nombre de Gobierno Federal

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Con la promesa de empleos, denuncian fraude s en una inexistente subsecretaría de la SEP en San Luis Potosí

La cabeza de la operación apunta a una mujer que se nombra “gobernadora indígena de San Luis Potosí”

 

Por: Carlos Hernández

A inicios de 2025, cientos de personas en San Luis Potosí comenzaron a construir una esperanza: conseguir un empleo dentro del Gobierno Federal. La oferta les fue presentada como parte de una nueva dependencia adscrita a la Secretaría de Educación Pública (SEP), identificada como la “Subsecretaría de Auditoría y Control”, supuestamente creada para supervisar el uso de recursos públicos en escuelas del país. Nada fue cierto. 

Los indicios apuntan a un elaborado esquema de fraude que podría haber afectado a más de 500 personas (solo en el estado) con una estructura de operación activa y oficinas abiertas en la ciudad. La Orquesta ha recopilado testimonios, documentos y evidencias visuales, y verificó con una fuente al interior del Gobierno Federal que no existe tal subsecretaría, ni ningún órgano con esas funciones o nombre registrado en el Diario Oficial de la Federación.

La supuesta oficina de reclutamiento se ubica en Mariano Ávila #224 en la capital potosina. Según testigos (los cuales pidieron permanecer en el anonimato), ahí fueron atendidos los aspirantes para entregar documentación y cubrir el pago de cuotas para su supuesto ingreso a la “subsecretaría”.

Justo a un costado del inmueble se localiza el domicilio de Norma Judith Loredo Hernández, nombrada “gobernadora indígena” del estado de San Luis Potosí, y señalada como la principal operadora del esquema.


Mariano Ávila #224

Foto de las sesiones para registrar a los supuestos aspirantes donde firman y dan sus documentos

Norma Judith Loredo supuestamente en reuniones con SEGE sobre el tema del #nuevo órgano de Control y Auditoría”

En este lugar se recaban papeles personales, se entrega un supuesto “manual de operaciones” y se les convence de que están siendo parte de un proceso formal de incorporación laboral. Incluso, algunos documentos presentados tienen logotipos del Gobierno de México y sellos apócrifos.


Supuesto manual de operaciones


Documentos con logotipos del gobierno federal y sellos apócrifos

Los reclutadores aparecieron en un programa de televisión abierta de la Ciudad de México titulado “Con M de Mañanita”, donde expusieron públicamente la existencia de la presunta subsecretaría y su operación nacional. Esto fue usado como una forma de validar el proyecto ante los aspirantes y fortalecer la percepción de legitimidad.

Uno de los momentos clave del presunto fraude ocurrió el 14 de enero de 2025, cuando varias personas reclutadas fueron dadas de alta durante dos semanas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Pero, lejos de tratarse de un trámite institucional, la alta se hizo a través de una empresa outsourcing con domicilio en Puebla. Una fuente interna del IMSS confirmó a los afectados que la afiliación duró exactamente 15 días, tras los cuales fueron dados de baja sin explicación oficial.

Parte del presunto esquema incluía una supuesta afiliación obligatoria al “Sindicato Único Nacional de Trabajadores de Auditorías Internas y Control”, el cual no tiene registro oficial conocido. Por este concepto, los denunciantes aseguran que se les pidieron pagos de entre 6 mil a 15 mil pesos para asegurar su entrada como trabajadores de base del Gobierno Federal.


Formato de afiliación del supuesto sindicato

A pesar de que se les prometieron nombramientos y sueldos mensuales cercanos a los 70 mil pesos, hasta ahora nadie ha recibido un solo pago ni una constancia oficial.

Uno de los principales recursos usados para dar veracidad al proyecto fue un supuesto decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, La Orquesta comprobó con fuentes federales que dicho decreto corresponde a otro tema y fue manipulado para aparentar que validaba la existencia de esta nueva subsecretaría. No hay, en ninguna parte del documento, evidencia de que se haya creado una estructura administrativa similar.

Checa el documento dando click AQUÍ.

Las personas afectadas relatan que no solo fueron víctimas de una estafa económica, sino también de una profunda vulneración emocional y social. En su mayoría, se trata de ciudadanos de bajos recursos que vieron en esta oportunidad una manera legítima de mejorar sus condiciones de vida. Se la creyeron.

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Iniciativas ciudadanas no pasan en el Congreso de SLP

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El empresario Jaime Chalita manifestó que respeta la decisión del Legislativo, aunque también ha tenido acercamiento con diputados para el acompañamiento de su iniciativa

Por: Redacción

Jaime Chalita Zarur, ciudadano y empresario potosino, presentó una iniciativa al Congreso del Estado de San Luis Potosí, para reformar la Ley de Hacienda para los Municipios, con el objetivo de permitir que los ayuntamientos otorguen incentivos fiscales a las empresas que acrediten contar con infraestructura sustentable certificada.

En entrevista, habló de las iniciativas ciudadanas que son recibidas por la Legislatura local, y en su mayoría, son desechadas. En ese sentido, manifestó que es una decisión expresa del trabajo legislativo y cuya labor no desestima.

“Si las aprueban o las desechan, es cuestión de la conjunción de lo que quiere hacer el Congreso, lo cual yo respeto”, sostuvo.

El empresario dijo mantener cercanía con el legislador Luis Emilio Rosas Montiel, quien ha orientado el proceso para lograr el avance de dicha propuesta.

El Congreso del Estado de San Luis Potosí ha manifestado en diversas ocasiones que las iniciativas ciudadanas no caducan,

a diferencia de las presentadas por las y los legisladores.

Sin embargo, diversas organizaciones civiles han manifestado en reiteradas ocasiones que las y los diputados no resuelven las iniciativas presentadas desde la sociedad civil en materias como la despenalización del aborto, la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, las consultas y propuestas en favor de las personas con discapacidad, entre otras.

Además que las y los legisladores suelen pronunciarse a favor de algunas de sus causas, pero no dan seguimiento a las mismas. Así mismo, que el acercamiento con ellos es superficial, pues buscan “tomarse la foto”, pero no dan seguimiento a las iniciativas presentadas desde la sociedad civil, con alianzas simuladas y sin notificar del avance de sus propuestas.

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Opinión

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