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¿La gentrificación debe preocupar a San Luis Potosí?
El fenómeno que ha generado manifestaciones para exigir el derecho a la vivienda digna parece ser desconocido para los políticos potosinos
Por: Bernardo Vera
La gentrificación es un fenómeno urbano y social, producido por la apropiación de bienes inmuebles en zonas de nivel socioeconómico bajo, que son adquiridas e intervenidas por desarrolladores urbanos para ofrecer vivienda con una mayor plusvalía, ampliamente influenciada por las condiciones del mercado para su compra, y casi siempre persigue un fin lucrativo, lo que acaba por desplazar a los pobladores originales, para quienes se vuelve incosteable la vida en esos espacios. Aunque esta situación preocupa en casi todo el mundo y ha comenzado a acentuarse en sitios como la Ciudad de México o la zona metropolitana de Guadalajara, en San Luis Potosí las autoridades parecen ignorar por completo su existencia, a pesar de que ya hay señales claras de su presencia en la capital.
Este fenómeno ha marcado una brecha social amplia, pues encarece los precios del mercado inmobiliario y no otorga las condiciones equitativas para la población en el ejercicio de su derecho a una vivienda digna, establecido por el Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Las plataformas digitales que ofrecen vivienda temporal y hospedaje, como Airbnb, se han valido de este fenómeno, dado que las personas adquieren una propiedad, y la ofrecen al público mediante este servicio a costos fuera de proporción, lo que repercute en todo el polígono que rodea a esas viviendas.
Guadalajara es una de las ciudades que padece este fenómeno, donde se ha impulsado un movimiento denominado #ViviendaDigna, bajo la consigna: “Vivienda no es negocio, es un derecho”. Colectivos y asociaciones civiles denuncian a Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, y a Pablo Lemus, presidente municipal de Guadalajara, como los responsables de un proyecto denominado ”Repoblamiento del Centro Histórico”, al señalarlo como una iniciativa que beneficia el interés inmobiliario de particulares.
La manifestación realizada el 30 de noviembre de 2022 pretendía visibilizar las mismas características del problema de gentrificación, pero también hicieron referencia al uso de plataformas digitales y el negocio que el gobierno de Jalisco podría obtener, como ha ocurrido en la Ciudad de México. “Como ya se está viendo en otras ciudades, como en Ciudad de México, hay intenciones de que esto detrás sea únicamente para rentas de plataformas digitales como lo es Airbnb”, señaló uno de los manifestantes.
EL CASO DE SAN LUIS
San Luis Potosí es una ciudad que no ha escapado del problema, y a pesar de ello, no existe conocimiento del mismo entre funcionarios gubernamentales de la entidad potosina, o un apartado en la agenda pública dedicado a controlar o frenar este fenómeno, aun cuando existen visos generales de la gentrificación y el incremento de viviendas bajo sistemas como los de Airbnb. No obstante, lo abordan como competencia desleal de estas plataformas contra el sector hotelero 
José Antonio Lorca Valle, diputado local por Morena del Congreso del Estado de San Luis Potosí, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Turismo del Estado a mediados de diciembre de 2022, misma que fue aprobada el 30 de enero de este año. En ella, se establece que los prestadores de servicio de hospedaje, a través de Airbnb, deberán atender las indicaciones que indique Protección Civil Estatal y Municipal.
El impulsor de esta reforma aseguró que en la actualidad existen más de 300 alojamientos de este tipo en San Luis Potosí, cada uno con capacidad para varios huéspedes. “Es para que todos los establecimientos -casas, hoteles, moteles- cuenten con las mismas regulaciones y las mismas medidas de seguridad y que a su vez compitan de manera leal en el mercado. Esto mete a todos los Airbnbs a que cuenten con las medidas que Protección Civil señala en sus leyes y reglamentos para evitar cualquier accidente o atender cualquier emergencia”, señaló Lorca Valle.
La reforma del morenista no va orientada a atender el fenómeno que el sobreuso del hospedaje que la aplicación ha causado, sino a “generar condiciones de piso parejo entre ambas modalidades”.
Aurora Mancilla, titular de la secretaría de Turismo del estado, refirió que en cuanto a la problemática de sobreexplotación de viviendas bajo el esquema de Airbnb, solicitó el apoyo de la ciudadanía para hacer de conocimiento a las dependencias encargadas. Señaló que Turismo ha realizado trabajos con la consejería jurídica de la Secretaría General de Gobierno, para hacer un cobro de impuesto sobre hospedaje y agregó que no solamente se trata de Airbnb, sino que otras seis plataformas que ofrecen este servicio, tales como “Booking”, “Expedia”, entre otras.
“Nos vamos a reunir con los corporativos de estas empresas que se dedican a rentar hospedaje, y no pasa de este año. En otros estados tienen muy definidos los impuestos que se están cobrando. Nosotros íbamos únicamente por Airbnb, pero ahora resulta que en otros estados también se están cobrando seis plataformas. Estamos siguiendo los modelos de Chiapas, que cobran seis plataformas y sobre ello, es el parámetro que nosotros estamos considerando para hacer este cobro y que sea ‘piso parejo’ para todos”, expuso la secretaria de turismo estatal.
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Centros Libres pasan de 22 a 33 en el estado; la cobertura alcanzará los 58 municipios
Por: Redacción
Gloria Serrato, titular de la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva (Semujeres), informó que para este 2026 se gestionaron casi 40 millones de pesos en recursos federales destinados a fortalecer la atención integral a mujeres en el estado, particularmente en el marco de las acciones relacionadas con la Alerta de Violencia de Género.
Explicó que, a diferencia de años anteriores, los fondos ahora son administrados a través de la Secretaría Nacional de las Mujeres, donde los estados deben concursar mediante proyectos para acceder al financiamiento, dependiendo de su viabilidad y evaluación.
En este contexto, destacó que uno de los principales logros será la ampliación de los llamados Centros Libres, espacios destinados a la atención integral de mujeres en situación de violencia.
“Este año logramos gestionar recursos para abrir 11 centros más, p asando de 22 a un total de 33 en todo el estado”,
Con esta expansión, detalló que se alcanzará cobertura en los 58 municipios, mediante esquemas de atención directa e itinerante.
Serrato explicó que estos centros brindan servicios especializados a través de un equipo multidisciplinario conformado por psicóloga, abogada, trabajadora social, promotora de redes y promotora de derechos humanos, lo que permite atender de manera integral las distintas formas de violencia.
Asimismo, indicó que el modelo de operación es tripartita, ya que: El Gobierno Federal cubre el pago del personal especializado, el Gobierno Estatal aporta equipamiento y los municipios proporcionan los espacios físicos.
Entre los municipios donde ya operan o se fortalecerán estos centros destacan Soledad, Tamuín, Ciudad Valles y Tamazunchale, mientras que este año se sumarán nuevos puntos en Santa María del Río, Villa de Arriaga, Catorce, San Ciro de Acosta, San Vicente y San Martín, entre otros.
Finalmente, la funcionaria subrayó que estos espacios no solo atienden casos de violencia, sino que también forman parte de una estrategia preventiva que busca garantizar el acceso de las mujeres a sus derechos.
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José Guadalupe Torres Sánchez plantea debate sobre delitos graves y responsabilidad de padres o tutores
Por: Redacción
José Guadalupe Torres Sánchez, secretario general de Gobierno de San Luis Potosí, consideró necesario abrir un debate “con mucha responsabilidad” sobre la posibilidad de imponer sanciones más severas a menores de edad que cometan delitos graves, aunque advirtió que el análisis debe contemplar múltiples factores legales y sociales.
El funcionario estatal señaló que este tema no puede resolverse de manera simplista ni a partir de declaraciones aisladas, sino mediante una revisión integral del marco jurídico y sus implicaciones.
“Es un debate que hay que tener con mucha responsabilidad y no únicamente expresarlo en una entrevista”, afirmó.
Torres Sánchez explicó que uno de los elementos centrales en esta discusión debe ser el nivel de violencia ejercida en los delitos, al referirse a casos recientes en el país donde menores han cometido actos de extrema gravedad.
“Tendría que tener como origen el grado o la brutalidad que algún adolescente o niño comete en contra de otro”, sostuvo.
Como ejemplo, mencionó un caso ocurrido en Michoacán, donde un menor de edad agredió a dos maestras, provocándoles la muerte, hecho que calificó como una “brutalidad” y que, dijo, evidencia la necesidad de revisar los alcances de la legislación actual.
“Por supuesto que es una brutalidad y frente a ello parecieran demasiado flexibles”, expresó en referencia a las sanciones vigentes.
No obstante, el secretario general de Gobierno subrayó que cualquier modificación legal debe contemplar también la responsabilidad de los adultos a cargo de los menores, particularmente padres o tutores.
“La responsabilidad debe de abrazar e incluir a sus tutores o a sus padres”, indicó, al señalar que en muchos casos estos actores no son considerados dentro de las consecuencias legales.
Torres Sánchez recordó que, a diferencia de los menores, los padres sí están sujetos a la legislación penal ordinaria, lo que abre la posibilidad de establecer mecanismos de corresponsabilidad más estrictos.
“Estos no olviden que sí son sujetos de una ley ordinaria o común que inclusive permite la reclusión”, apuntó.
En ese sentido, insistió en que el debate debe analizar todas las aristas antes de plantear cambios legales, especialmente ante propuestas impulsadas a nivel federal sobre el endurecimiento de sanciones para menores que cometan delitos de alto impacto.
“Cualquier idea que tienda o sume para poder erradicar este tipo de prácticas es bienvenida”, afirmó.
Finalmente, el funcionario estatal señaló que será necesario esperar a que se formalicen las iniciativas desde el ámbito federal para poder fijar una postura más concreta en San Luis Potosí, aunque adelantó que el estado se mantendrá atento a cualquier propuesta que busque fortalecer la seguridad y la justicia.
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El alcalde de SLP dijo que no existe solicitud formal ni pronunciamiento del Congreso o del municipio de Soledad
Por: Redacción
Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, aseguró que la posible separación del municipio de Soledad de Graciano Sánchez del organismo operador Interapas no ha tenido avances y permanece en el mismo punto que hace años.
El edil señaló que, hasta el momento, no existe una solicitud formal ni un posicionamiento institucional que permita concretar el proceso: “Estamos exactamente igual que hace cuatro años. No hay una solicitud, no hay una petición, no hay un pronunciamiento del Congreso”, afirmó.
Galindo Ceballos añadió que tampoco hay una postura clara por parte de los municipios involucrados, incluido el alcalde de Soledad, Juan Manuel Navarro Muñiz, ni de otras autoridades como Villa de Pozos o Cerro de San Pedro.
En otro tema, el alcalde desmintió versiones sobre un supuesto desmantelamiento de instalaciones del Interapas en Soledad,
Explicó que el nombramiento corresponde, por cortesía política, al gobierno de Soledad, aunque también puede ser definido por la dirección del organismo: “Es una cortesía política que la Junta de Gobierno le deja al alcalde de Soledad”, indicó.
Ante ello, adelantó que buscará dialogar con el edil soledense para que se proponga y nombre a un encargado de despacho en el corto plazo: “Me urgiría que nombraran un encargado ya de Soledad”, concluyó.
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