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La corrupción en Salud: el gran reto de Gallardo
Proveedores fantasmas, medicamentos falsos y simulación, este es el panorama en el Hospital Central
Por: Ana G Silva
Ricardo Gallardo dijo, durante su toma de protesta como gobernador de San Luis Potosí, que se tenía detectado un desfalco de mil 700 millones de pesos en la Secretaría de Salud durante la gestión de Mónica Rangel y el gobierno de Juan Manuel Carreras. Una de las instituciones con mayores señalamientos es el Hospital Central, el cual se ha visto envuelto en compras de medicamentos falsos y contratación de proveedores fantasma, por lo que sanearlo debe ser el primer objetivo de Daniel Acosta Díaz de León, nuevo titular de los servicios de salud.
Al menos en cuatro ocasiones, el gobierno de Juan Manuel Carreras realizó adquisiciones de medicamentos falsos o adulterados, situaciones que incluso la propia Secretaría ha reconocido; sin que hasta el momento haya sanciones para los responsables.
Durante el 2019 y 2020, el Hospital Central compró lotes de dos medicamentos adulterados: Mabthera (contra linfomas y artritis) y Cardioxane (usado como tratamiento de enfermedades cardíacas).
De acuerdo con la denuncia realizada a la Fiscalía General de la República (FGR) por Omar Ramírez Legaspi, jefe del Departamento Jurídico Consultivo de la Comisión Estatal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (Coepris), había empaques decolorados, sellos de violados y etiquetas manipuladas.
Se describió que ninguna de las empresas proveedoras involucradas: Comercializadora y Edificaciones Nare, Comercializadora y Proveedora Aslton y la marca Emco, ligada a Abraham Raymundo Ábrego Torres, operador de Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, estaban autorizadas por los laboratorios fabricantes de los fármacos.
Otro de estos temas de corrupción, se dio a conocer en agosto de 2020 a través de una investigación realizada por Carlos Rubio, periodista de Astrolabio, y la organización Ciudadanos Observando, en donde se reveló un entramado de empresas fantasma a las que el Hospital Centra habría comprado, por adjudicación directa, medicamentos contra el cáncer y equipo por un monto 120 millones de pesos. Dichos proveedores también habrían sido auspiciantes ilícitos de la campaña presidencial del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco.
La Coepris habría concluido que ninguna de las empresas a las que el Hospital Central compró dichos medicamentos habían sido autorizadas por los fabricantes. Las compañías eran, nuevamente, Comercializadora y Edificaciones Nara, Comercializadora y Proveedora Aslon y marca Emco.
El reportaje de Astrolabio detalla que las 18 empresas fueron visitadas por el equipo de investigación, sin que en ninguna encontraran indicios de ser distribuidores de medicamentos o equipo médico.
Ya para agosto de 2021, Ciudadanos Observando reveló que el nosocomio adquirió medicamentos oncológicos falsos para suministrar a mujeres con cáncer de mama durante los años 2017 a 2019, información que fue confirmada días después por Miguel Angel Lutzow Steiner, exsecretario de Salud.
Guadalupe González, vocero de la organización, indicó que adquirieron más de 205 millones de pesos a empresas fantasmas por medicamentos contra el cáncer de mama, de los cuales muchos de ellos son falsos. Los lotes del medicamento señalado como falsificado, son de herceptin (Trastuzumab) de 440 mg frasco ámpula para el cáncer de mama.
Este hecho fue de gran impacto para la sociedad potosina, Juan Francisco Aguilar Hernández, dirigente estatal del PAN, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República para que se investigue y sancione a los responsables de la compra de los medicamentos apócrifos.
Otro caso de corrupción se reveló a principios de mes, pues se difundió un documento de la Secretaría de Salud, con fecha del 1 de septiembre de este año, en el que quedó expuesto que el Hospital realizó la compra de otro medicamento falsificado, llamado Meropenem, un antibiótico usado para tratar infecciones en la piel por bacterias y meningitis. Esta vez la investigación de Coepris constató que proveedores frecuentes de la institución no solo presentan anomalías fiscales, sino también indicios de falsificación de documentos y registros sanitarios.
La compra fue hecha a tres proveedores distintos, los mismos relacionados en la compra de los medicamentos denunciados en 2019 y 2020, es decir, Comercializadora y Edificaciones Nara, Comercializadora y Proveedora Aslon y marca Emco.
La investigación apunta a que otro proveedor, Julio Rubén Sosa González, se le detectó una licencia sanitaria inexistente y no pudo ser localizado; mientras que la empresa Comercializadora GG que tiene una responsable sanitaria, Grecia Marian Azuara Orta, que no comprueba título o cédula profesional relacionado con el área médica, tampoco fue ubicada físicamente.
Luego de estos hechos, el vocero de Ciudadanos Observando indicó que puede haber más casos de compra de medicamentos apócrifos en este hospital y que pudieron haber sido suministrados a pacientes en los últimos años.
Ricardo Gallardo indicó todos estos casos “son indignantes” y también recordó que recientemente se dio a conocer que la Secretaría de Salud almacenó de manera injustificada más de 40 toneladas de medicamentos, lo que provocó desbasto en todo el estado:
“El pueblo no tenía medicinas y ellos lo escondieron, eso no fue correcto, pero peor aún compraron millones de medicamentos falsos para atender el cáncer, eso es no tener madre”.
Por otro lado, el mandatario habría asistido a este hospital el pasado 11 de septiembre en donde recibió la queja de que se gasta 200 mil pesos de luz solo para simular que las nuevas instalaciones del nosocomio se encuentran funcionando; sin embargo, “están sin uso pues ni siquiera está equipado, faltando incluso tazas en los baños”.
Ciudad
Concejales de Pozos se autorizan aguinaldazo: 200 mil a cada uno
Se autorizan aguinaldo de 45 días, bono de “día 7” y devolución del ISR; se repartirán 38 millones entre todos los empleados del municipio
Por: Ana G Silva y Jorge Saldaña
La Comisión de Hacienda del recién creado municipio de Villa de Pozos aprobó una adecuación presupuestal que permitirá entregar prestaciones de fin de año extraordinarias a todos los trabajadores municipales, incluidos los 12 concejales, quienes recibirán un paquete que supera los 200 mil pesos por persona.
De acuerdo a la minuta de la comisión que sesionó el martes pasado por la mañana en poder de este medio, los concejales se autorizaron:
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45 días de aguinaldo (cuando la ley marca un mínimo de 15).
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El pago del llamado “día 7”, que corresponde a los siete días adicionales de los siete meses con 31 días que no se cubren en las quincenas.
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La devolución total del ISR retenido en el aguinaldo, otorgado como prestación o bono.
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Compensaciones adicionales contempladas en el capítulo 1000 del presupuesto.
Sumando su salario mensual aproximado de 28 mil pesos, el aguinaldo ampliado (45 días), el pago del “día 7” y el retorno del ISR, el monto por concejal asciende a unos 200 mil pesos.
El documento incluye una instrucción explícita:
la Tesorería deberá retener el ISR al trabajador y, a la vez, otorgarlo como bono, mientras el municipio paga al SAT la misma cantidad. En la práctica, se trata de una devolución total del impuesto, una práctica poco común en administraciones municipales.
Las prestaciones aprobadas representan un total de 38 millones de pesos, casi el 8% del presupuesto anual de Villa de Pozos, que asciende a alrededor de 500 millones.
La Comisión de Hacienda pidió al tesorero municipal confirmar si existía suficiencia presupuestal para cubrir el gasto. El tesorero, José Luis González Acosta, respondió por escrito: “Sí se cuenta con suficiencia presupuestaria para atender las prestaciones de fin de año.”

El dictamen incluye aguinaldos, gratificaciones, compensaciones a personal por honorarios, pagos de “día 7” y la restitución del ISR para personal operativo, funcionarios y autoridades.
De aprobarse mañana en Cabildo, el paquete quedará formalmente autorizado y se ejercerá en diciembre.
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Ciudad
Soledad concretará su salida de Interapas en 2026: Fernando Gámez
El diputado considera que la desincorporación podría ser la vía para resolver la crisis hídrica en el municipio
Por: Redacción
El diputado local de San Luis Potosí, Luis Fernando Gámez Macías, informó que el Cabildo de Soledad de Graciano Sánchez solicitará al Congreso del Estado autorización para administrar su propio suministro de agua, lo que implicaría su desincorporación de Interapas. Señaló que serán las comisiones legislativas correspondientes las encargadas de evaluar la entrega–recepción del servicio.
De acuerdo con el legislador, se espera que el Cabildo presente formalmente la solicitud ante la Comisión del Agua en enero del próximo año, con la intención de que el proceso avance durante el primer semestre de 2025.
“Yo creo que es 100% viable; incluso Interapas dijo que no pondrá objeción y que están totalmente de acuerdo. Creo que viene una nueva etapa para Soledad”, afirmó Gámez Macías.
El diputado expresó confianza en que los legisladores del Partido Verde, Partido del Trabajo y Nueva Alianza
respaldarán la iniciativa, al considerar que la zona metropolitana necesita un cambio urgente en materia hídrica.Asimismo, destacó que la población del municipio “no puede estar peor de lo que está hoy”, recordando que más de 50 colonias carecen de agua, que se pierde alrededor del 50% del líquido en la red, además de una baja recaudación. Afirmó que Interapas es responsable directa de la crisis hídrica.
Por último, el diputado se pronunció en contra de un aumento en las tarifas de agua, argumentando que mientras no exista un servicio eficiente ni mejoras en la infraestructura, cualquier incremento sería injustificado.
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Destacadas
Ceepac prevé más denuncias por violencia política de género en la próxima elección
Las denuncias pasadas incluyeron limitación de recursos, agresiones y amenazas a familias
Por: Redacción
La consejera Paloma Blanco López, titular del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), advirtió que durante los próximos comicios ordinarios se espera un incremento en las denuncias por violencia política de género, tal como ocurrió en el último proceso electoral del Poder Judicial.
Blanco explicó que, aunque actualmente no se han registrado nuevos casos relevantes más allá de los ya reportados en la elección pasada, el aumento de denuncias es común en periodos electorales. Particularmente, porque en 2024 muchas mujeres —especialmente quienes buscaban un cargo por primera vez en la elección judicial— enfrentaron escenarios adversos al incursionar en campañas políticas sin experiencia previa.
Detalló que el Ceepac fortaleció la cap acitación y acompañamiento a mujeres candidatas a través de redes especializadas y destacó que el área jurídica, la Secretaría Ejecutiva y la Unidad de Género cuentan con certificación para brindar atención de primer contacto a quienes sufran agresiones políticas.
Las denuncias por violencia política recibidas en la elección anterior abarcaron casos diversos: desde limitación al acceso a recursos de campaña hasta agresiones directas, amenazas contra las aspirantes o incluso contra sus familias.
La consejera informó que ya se trabaja en la edición del diagnóstico más reciente sobre violencia política de género en San Luis Potosí, documento que será presentado a medios entre finales de este año o los primeros meses de 2026. Con este análisis, el organismo busca ofrecer un panorama estadístico más claro sobre la incidencia y tipos de agresiones que enfrentan las mujeres que participan en la vida pública.
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