Destacadas
La corrupción en Salud: el gran reto de Gallardo
Proveedores fantasmas, medicamentos falsos y simulación, este es el panorama en el Hospital Central
Por: Ana G Silva
Ricardo Gallardo dijo, durante su toma de protesta como gobernador de San Luis Potosí, que se tenía detectado un desfalco de mil 700 millones de pesos en la Secretaría de Salud durante la gestión de Mónica Rangel y el gobierno de Juan Manuel Carreras. Una de las instituciones con mayores señalamientos es el Hospital Central, el cual se ha visto envuelto en compras de medicamentos falsos y contratación de proveedores fantasma, por lo que sanearlo debe ser el primer objetivo de Daniel Acosta Díaz de León, nuevo titular de los servicios de salud.
Al menos en cuatro ocasiones, el gobierno de Juan Manuel Carreras realizó adquisiciones de medicamentos falsos o adulterados, situaciones que incluso la propia Secretaría ha reconocido; sin que hasta el momento haya sanciones para los responsables.
Durante el 2019 y 2020, el Hospital Central compró lotes de dos medicamentos adulterados: Mabthera (contra linfomas y artritis) y Cardioxane (usado como tratamiento de enfermedades cardíacas).
De acuerdo con la denuncia realizada a la Fiscalía General de la República (FGR) por Omar Ramírez Legaspi, jefe del Departamento Jurídico Consultivo de la Comisión Estatal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (Coepris), había empaques decolorados, sellos de violados y etiquetas manipuladas.
Se describió que ninguna de las empresas proveedoras involucradas: Comercializadora y Edificaciones Nare, Comercializadora y Proveedora Aslton y la marca Emco, ligada a Abraham Raymundo Ábrego Torres, operador de Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, estaban autorizadas por los laboratorios fabricantes de los fármacos.
Otro de estos temas de corrupción, se dio a conocer en agosto de 2020 a través de una investigación realizada por Carlos Rubio, periodista de Astrolabio, y la organización Ciudadanos Observando, en donde se reveló un entramado de empresas fantasma a las que el Hospital Centra habría comprado, por adjudicación directa, medicamentos contra el cáncer y equipo por un monto 120 millones de pesos. Dichos proveedores también habrían sido auspiciantes ilícitos de la campaña presidencial del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco.
La Coepris habría concluido que ninguna de las empresas a las que el Hospital Central compró dichos medicamentos habían sido autorizadas por los fabricantes. Las compañías eran, nuevamente, Comercializadora y Edificaciones Nara, Comercializadora y Proveedora Aslon y marca Emco.
El reportaje de Astrolabio detalla que las 18 empresas fueron visitadas por el equipo de investigación, sin que en ninguna encontraran indicios de ser distribuidores de medicamentos o equipo médico.
Ya para agosto de 2021, Ciudadanos Observando reveló que el nosocomio adquirió medicamentos oncológicos falsos para suministrar a mujeres con cáncer de mama durante los años 2017 a 2019, información que fue confirmada días después por Miguel Angel Lutzow Steiner, exsecretario de Salud.
Guadalupe González, vocero de la organización, indicó que adquirieron más de 205 millones de pesos a empresas fantasmas por medicamentos contra el cáncer de mama, de los cuales muchos de ellos son falsos. Los lotes del medicamento señalado como falsificado, son de herceptin (Trastuzumab) de 440 mg frasco ámpula para el cáncer de mama.
Este hecho fue de gran impacto para la sociedad potosina, Juan Francisco Aguilar Hernández, dirigente estatal del PAN, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República para que se investigue y sancione a los responsables de la compra de los medicamentos apócrifos.
Otro caso de corrupción se reveló a principios de mes, pues se difundió un documento de la Secretaría de Salud, con fecha del 1 de septiembre de este año, en el que quedó expuesto que el Hospital realizó la compra de otro medicamento falsificado, llamado Meropenem, un antibiótico usado para tratar infecciones en la piel por bacterias y meningitis. Esta vez la investigación de Coepris constató que proveedores frecuentes de la institución no solo presentan anomalías fiscales, sino también indicios de falsificación de documentos y registros sanitarios.
La compra fue hecha a tres proveedores distintos, los mismos relacionados en la compra de los medicamentos denunciados en 2019 y 2020, es decir, Comercializadora y Edificaciones Nara, Comercializadora y Proveedora Aslon y marca Emco.
La investigación apunta a que otro proveedor, Julio Rubén Sosa González, se le detectó una licencia sanitaria inexistente y no pudo ser localizado; mientras que la empresa Comercializadora GG que tiene una responsable sanitaria, Grecia Marian Azuara Orta, que no comprueba título o cédula profesional relacionado con el área médica, tampoco fue ubicada físicamente.
Luego de estos hechos, el vocero de Ciudadanos Observando indicó que puede haber más casos de compra de medicamentos apócrifos en este hospital y que pudieron haber sido suministrados a pacientes en los últimos años.
Ricardo Gallardo indicó todos estos casos “son indignantes” y también recordó que recientemente se dio a conocer que la Secretaría de Salud almacenó de manera injustificada más de 40 toneladas de medicamentos, lo que provocó desbasto en todo el estado:
“El pueblo no tenía medicinas y ellos lo escondieron, eso no fue correcto, pero peor aún compraron millones de medicamentos falsos para atender el cáncer, eso es no tener madre”.
Por otro lado, el mandatario habría asistido a este hospital el pasado 11 de septiembre en donde recibió la queja de que se gasta 200 mil pesos de luz solo para simular que las nuevas instalaciones del nosocomio se encuentran funcionando; sin embargo, “están sin uso pues ni siquiera está equipado, faltando incluso tazas en los baños”.
Ayuntamiento de SLP
Sin incrementos y moderada, cabildo capitalino aprueba Ley de Ingresos 2026
Esta sesión se realizó en las instalaciones del Ipicyt en conmemoración del 25 aniversario de la fundación de esta institución
Por: Redacción
El Ayuntamiento de la Capital avaló la propuesta por el orden de los 3 mil 650 millones de pesos, enfocada en ordenar trámites y fortalecer la recaudación. A nombre de la ciudad, el alcalde Enrique Galindo hizo un llamado al Congreso del Estado para analizar esta iniciativa con apertura y sensibilidad.
Durante la sesión ordinaria celebrada este lunes en las instalaciones del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (Ipicyt), el Cabildo de la Capital aprobó por mayoría el proyecto de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2026, en el que se contempla prácticamente el mismo monto que en 2025, por el orden de los 3 mil 650 millones de pesos. El documento será turnado al Congreso del Estado para su revisión y eventual autorización.
El presidente Municipal reiteró su petición —“a nombre de la ciudad”— al Congreso del Estado para que analice la iniciativa con apertura, al ser prácticamente idéntica en cifras a la del ejercicio anterior. Señaló que el próximo año implica compromisos financieros relevantes y que la administración hará un esfuerzo de gestión para responder a las necesidades de la Capital.
Enrique Galindo Ceballos explicó que se trata de una propuesta moderada, con montos similares a los autorizados el año pasado, y que incorpora ajustes normativos orientados a mejorar la eficiencia del Gobierno Municipal. Detalló que la iniciativa revisa y clarifica procesos como licencias de funcionamiento y de construcción, con el objetivo de facilitar que la ciudadanía realice trámites y que más contribuyentes en situación irregular puedan regularizarse.
Esta Sesión Ordinaria de Cabildo se realizó en las instalaciones del Ipicyt en conmemoración del 25 aniversario de la fundación de esta institución.
Destacadas
Caso Rich: dos familias otorgan perdón; el resto exige justicia
Dos familias otorgaron el perdón legal a los imputados tras recibir indemnizaciones de 150 mil y 250 mil pesos
Por: Redacción
En una audiencia larga, tensa y llena de episodios inesperados, dos de las familias de jóvenes lesionadas en el colapso del barandal del antro Rich —tragedia ocurrida el 7 de junio de 2024 en plaza Alttus— decidieron otorgar el perdón legal a los imputados, después de recibir indemnizaciones que oscilaron entre los 150 mil y los 250 mil pesos.
De acuerdo con El Universal San Luis, el acuerdo, alcanzado en una sola sesión, provocó molestia e indignación entre el resto de las víctimas, quienes insisten en que no buscan un arreglo económico, sino justicia.
Ramón Infante, padre de uno de los jóvenes fallecidos, lamentó la decisión de las jóvenes “A” y “R” —quienes acudieron acompañadas de sus madres— de desistir de cualquier acción penal.
“Ese fue el valor que le dieron a su vida y a sus lesiones. Es triste. Pero para nosotros la lucha sigue; no descansaremos hasta que haya una sentencia que deje un antecedente y evite que algo así vuelva a ocurrir”, señaló.
La audiencia se tornó aún más caótica cuando los abogados del despacho LEE, encabezados por el litigante Marco Polo Méndez —representantes de los imputados Nancy N., Ulises N. y Francisco N.— abandonaron la sala de juicios orales, en lo que las demás partes consideraron una maniobra de presión y un acto grave de falta de profesionalismo.
“Fue una audiencia desgastante, llena de tácticas impropias. No se vale dejar botados a los propios representados en plena sala. Es una rebeldía que demuestra nulo compromiso con la verdad”, acusó Infante.
Aunque dos familias aceptaron las compensaciones —150 mil pesos para Andrea Reyna y 250 mil para Renata Portillo, quien era menor de edad el día del accidente— otras víctimas reiteraron que no aceptarán una salida alterna ni un juicio abreviado, figuras a las que la defensa intenta acogerse.
El colapso del barandal, ocurrido en un tercer nivel del antro Rich, dejó dos jóvenes muertos y más de diez heridos. Las investigaciones posteriores revelaron que el lugar operaba con sobrecupo, sin permisos adecuados y sin cumplir con medidas básicas de Protección Civil.
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Ciudad
Galindo reconoce que casi no hay denuncias por daños vehiculares
El Ayuntamiento tiene menos de 10 reportes formales, aunque asegura que atiende el 90% de los baches que llegan por la app Güicho
Por: Redacción
Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, reconoció que son muy pocas las denuncias formales de automovilistas que reclaman daños en sus vehículos debido a los baches de la ciudad. Señaló que, hasta el momento, el Ayuntamiento no tiene más de 10 reportes.
Galindo afirmó que la mayoría de las quejas se quedan en redes sociales, lo cual —insistió— no permite iniciar ningún proceso: “La denuncia en redes no nos ofrece identidad, no sabemos dónde ocurrió ni los detalles. Yo invito a la gente a que se acerque con nosotros.”
El edil explicó que el municipio ha realizado un “esfuerzo muy fuerte” para atender los reportes que ingresan por la aplicación Güicho, donde aseguró que se ha atendido casi el 90% de los reportes. Sin embargo, reconoció que “mucho no llega” por esa vía y que las cuadrillas siguen recorriendo la ciudad para detectar y tapar baches.
Galindo adelantó que para el próximo año se implementará un mecanismo nuevo relacionado con este programa de atención a daños vehiculares, aunque no quiso revelar detalles “hasta que esté consolidado”.
El alcalde también detalló el protocolo que sigue el Ayuntamiento cuando un bache provoca daños o un accidente: Primero se tapa el bache, para evitar más incidentes. Luego se atiende a la persona afectada, siempre y cuando exista una denuncia formal.
Pese a ello, insistió en que la falta de cultura de denuncia limita la posibilidad de que más ciudadanos accedan a este mecanismo de reparación: “Sí llegan muy pocas denuncias formales.”
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